Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00011-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00011-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00011-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
28 de julio de 2022
Demandante: Edison Bioscar Ruíz Valencia
Demandado: Presidente de la República
Rad: 11001-03-28-000-2022-00011-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Simple Nulidad
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00011-00
Demandante: EDISON BIOSCAR RUÍZ VALENCIA
Objeto de control: Numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 del 14
de diciembre de 2020 expedido por el presidente de la
República y el Ministerio del Interior
Temas: Requisitos para la inscripción de candidatos por la
Circunscripción Especial de las Comunidades Negras a la
Comisión Consultiva de Alto Nivel de que trata el artículo
45 de la Ley 70 de 1993
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – NIEGA PRETENSIONES
Corresponde a la Sala dictar sentencia de única instancia en el marco del proceso
de simple nulidad de la referencia, en el cual se solicitó la anulación del numeral 3º
del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Edison Bioscar Ruíz Valencia presentó demanda de nulidad 1, el 21
de enero de 20222, contra el numeral 3º del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 del
14 de diciembre de 20203, expedido por el Gobierno Nacional, en este caso
integrado por el presidente de la República y el ministro del Interior, mediante el
1 Inicialmente el actor presentó demanda de nulidad por inconstitucionalidad, en auto del 2 de
febrero de 2022, el despacho ponente la inadmitió y le concedió el término legal para que adecuara
el medio de control al de nulidad simple. Mediante correo electrónico enviado el 14 de febrero de
2022, el señor Edison Bioscar Ruiz Valencia subsanó la demanda.
2 Conforme obra en los documentos del proceso en el sistema SAMAI del Consejo de Estado, la
demanda se presentó electrónicamente.
3 “Por el cual se sustituye el Capítulo 1, relacionado con la conformación y reglamentación de la
Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, prevista en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993, se adiciona el Capítulo 5, relacionado
con el Registro de instituciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras y se adiciona el Capítulo 6, relacionado con la Participación de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, al Título 1, de la Parte 5, del Libro 2 del Decreto
1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
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cual se sustituye el Capítulo 1 y se adicionan los Capítulos 5 y 6 al Título 1 de la
Parte 5 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior No. 1066 de 2015, elevando de forma concreta las siguientes
pretensiones:
“6.1. Que se declare de inmediato la nulidad del numeral 3º del Artículo 2.5.1.6.2
del Decreto No. 1640 de 2020 que reza: “Ser o haber integrado alguna de las
instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
6.2. Que se ordene al Presidente de la República, acogerse en esta materia, a lo
dicho por el Consejo Superior de la Judicatura, La Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, órganos de cierre de sus jurisdicciones en las siguientes
decisiones:4”
1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control, expuestos en la
demanda
2. El Congreso de la República expidió la Ley 649 del 2001, por la cual se
reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia.
3. En el artículo 3º de la mencionada ley, se establece que los candidatos que
aspiren a una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción
especial de las comunidades negras deberán pertenecer a ella y ser avalados
previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de
Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
4. El presidente de la República expidió el Decreto No. 1066 de 2015, único
reglamentario del sector administrativo del Ministerio del Interior, donde se
estableció la regulación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y de los requisitos
para el registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
5. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1640 del 14 de
diciembre de 2020, “Por el cual se sustituye el Capítulo 1, relacionado con la
conformación y reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, prevista en el artículo
45 de la Ley 70 de 1993, se adiciona el Capítulo 5, relacionado con el Registro de
instituciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y se
adiciona el Capítulo 6, relacionado con la Participación de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, al Título 1, de la Parte 5, del Libro 2 del
Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
1.3. La norma demandada es del siguiente tenor: (en negrilla el aparte
demandado).
4 “Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia del 26 de septiembre de 2014, sin identificar
número o radicado. Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2015 y Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 14 de julio de 2016. Sin identificar el radicado.
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“Decreto 1640 de 2020. Capítulo 6. Participación. ARTÍCULO 2.5.1.6.2.
Avales. Quienes aspiren a ejercer derechos étnicos de participación y
representación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, serán
avalados por un Consejo Comunitario o forma o expresión organizativa de
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente
inscrita y actualizada en el Registro Público de instituciones de representativas, y
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la
expresión o forma organizativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras.
2. Contar con la certificación de pertenencia étnica.
3. Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
PARÁGRAFO. Los anteriores requisitos se aplicarán sin detrimento de la
autonomía de los Consejos Comunitarios, expresiones y formas organizativas de
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.”.
1.4. Como normas vulneradas señaló el artículo 35 de la Ley 649 de 20016 y
los artículos 3, 4, 13, 40, 107 y 177 de la Constitución Política.
1.5. El concepto de violación contenido en la demanda se resume de la
siguiente manera:
6. En primer lugar, el actor adujo que el artículo 3 de la Ley 649 de 2001,
estableció únicamente dos requisitos que deben cumplir quienes aspiren a la
Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, esto es: i) pertenecer a las
comunidades negras y ii) ser avalados por una organización inscrita ante el
Ministerio del Interior.
7. En su sentir, la norma acusada contraría la Ley 649 de 2001, por que le
adiciona requisitos a los establecidos en su artículo 3° para aspirar a la
Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
8. Considera que el presidente de la República excedió su competencia
reglamentaria al exigir que los candidatos deban ser o haber integrado alguna de
las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas,
5 ARTÍCULO 3º. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de las
comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción
especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del
Interior.
6 Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia.
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raizales y palenqueras, para poder aspirar por esa circunscripción. Lo anterior, por
cuanto modificó la Ley 649 de 2001, sin tener facultades para ello, ya que
únicamente el legislador tiene competencia para derogar o modificar la ley.
9. En segundo lugar, expuso que el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del
Decreto 1640 de 2020 limita la soberanía popular, consagrada en el artículo
3º de la Constitución Política, porque impide que las personas que no han
participado de ninguna forma en organizaciones de negritudes, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, puedan ser candidatos a la Cámara de Representantes
por esas circunscripciones especiales.
10. Como sustento de dicho cargo, indicó que la pertenencia a los grupos de
negritudes no se pierde por la ausencia de esa participación, y que, en su
soberanía, ese grupo, es el que en las urnas y democráticamente está llamado a
elegir a sus representantes populares.
11. En consecuencia, sostuvo que la norma demandada transgrede el principio
fundamental de soberanía popular, porque no es del resorte del presidente de la
República someter a las personas que pertenecen a estos grupos a ninguna clase
de filtros o requisitos para postular sus nombres a los cargos de elección popular.
12. En tercer lugar, estimó que la norma demandada es contraria al
derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 Superior, porque
establece unos requisitos adicionales a los previstos por la Constitución Política
para aspirar al Congreso de la República, privilegiando a las personas que han
estado de alguna manera vinculados a ciertos espacios de participación o son
miembros consultivos, en nombre de las comunidades de negritudes;
discriminando a quienes no lo han estado, con lo cual se constituye en una
desventaja o condición de debilidad, el hecho de no haber pertenecido a alguna
organización de las comunidades negras.
13. En cuarto lugar, argumentó que el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del
Decreto 1640 de 2020 transgrede el artículo 40 de la Constitución, porque
restringe los mecanismos previstos en esa disposición para que el ciudadano haga
efectivo su derecho fundamental de participación en la conformación, ejercicio y
control del poder político.
14. Finalmente, en relación con el artículo 107 de la Constitución Política indicó
que “esta norma es vulnerada por la disposición que hemos atacado debido a que, una
de las formas de constituir partidos políticos, es a través de la circunscripción especial de
negritudes, inscribiendo una lista de aspirantes a la Cámara y obteniendo una curul, que
le otorga derecho a solicitar y obtener personería jurídica, pero que hoy se reserva solo a
quienes hacen parte de la buena voluntad de los consultivos de las negritudes.”
15. El artículo 177 superior lo señaló vulnerado debido a que la norma
demandada estableció nuevos requisitos para acceder a la Cámara de
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Representantes como espacio de participación.
1.6. Actuaciones Procesales
1.6.1. Admisión y traslado de la solicitud de medida cautelar
16. En decisiones separadas del 23 de febrero de 2022, se admitió la demanda
y se ordenó correr traslado de la medida cautelar a la parte demandada por el
término de 5 días; esto último, al considerar que no se reunían los requisitos
establecidos en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 para decretarla de
urgencia, pues no se advirtieron suficientes elementos fácticos y probatorios que
justificaran prescindir del derecho de contradicción que le asiste al Gobierno
Nacional como autoridad demandada.
1.6.2. Traslado de la medida cautelar
1.6.2.1. Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
17. Con escrito enviado por correo electrónico el 3 de marzo de 2022, la
apoderada del presidente de la República y del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, en esa doble condición, solicitó negar la suspensión
provisional del acto demandado.
18. Lo anterior al considerar que el Decreto 1640 de 14 de diciembre de 2020
goza de presunción de legalidad y se expidió en ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida y conferida por el Constituyente al ejecutivo en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, así como en ejercicio de las
facultades atribuidas en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 6 7 del
Convenio 169 de 1989 de la OIT –Organización Internacional del Trabajo -,
aprobado mediante Ley 21 de 1991.
1.6.2.2. Ministerio del Interior
19. Con escrito del 8 de marzo de 2022, el apoderado de la referida cartera
ministerial solicitó que se negara la medida de suspensión provisional contra el
Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020, expedido por el Gobierno Nacional.
20. Consideró que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
requerida para que se decrete la medida cautelar solicitada y que la norma
7 “Artículo 6 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a)
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los
cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan.”
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acusada fue proferida con competencia por el presidente de la república, conforme
a lo dispuesto en los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, 45 de la
Ley 70 de 1993 y 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, aprobado mediante Ley
21 de 1991.
21. Explicó que en el marco de reglamentación del artículo 45 de la Ley 70 de
1993 se expidió el Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020, resultado de un
proceso de consulta previa que se desarrolló a través del Espacio Nacional de
Consulta Previa de medidas legislativas y administrativas de carácter general
susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, regulado mediante el Decreto 1372 de 2018.
1.6.2.3. Coadyuvante de la parte demandada - Ronald José Valdés Padilla
22. Con escrito enviado por correo electrónico el 9 de marzo de 2022, el señor
Ronald José Valdés Padilla, quien aduce actuar en su condición de delegado ante
el Espacio Nacional de Consulta Previa8, solicitó que se negara la medida de
suspensión provisional del Decreto 1640 de 2020. Consideró que el actor no
cumplió con la carga argumentativa requerida para demostrar la violación de las
normas en que se funda, así como tampoco, los requisitos establecidos en el
artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, para que sea decretada.
1.6.2.4. Coadyuvantes del demandante
23. Por su parte, los señores María Amalfi Ramos Narváez, Wilson Rentería
Riascos, Jairo Andrés Rodríguez Palacios, Gonzalo Vallecilla Caicedo, también
adujeron actuar en calidad de delegados Nacionales del Espacio Nacional de
Consulta Previa9 y manifestaron coadyuvar la solicitud de nulidad del Decreto
1640 de 2020, al considerar que fue expedido sin haberse cumplido el requisito de
la consulta previa.
1.6.2.5 Concepto del Ministerio Público
24. El 9 de marzo de 2022, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de
Estado solicitó negar la pretensión de suspensión de los efectos del numeral 3 del
artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020.
25. Con fundamento en los conceptos “comunidad negra” y “consejo
comunitario”10, así como en la composición que tienen en este último las
Asambleas Generales y las Juntas de los Consejos Comunitarios, advirtió que
ambas figuras son instancias o instituciones de participación.
8 Al efecto adjunto el Acta de la Sesión Novena del Espacio Nacional de Consulta Previa de
Medidas Legislativas y de Amplio Alcance Susceptibles de Afectar la (s) Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el marco del proceso de consulta previa del 26 de
junio de 2018 al 29 de junio de 2018 y del 30 de junio de 2018 a 1 de julio de 2018. Código: AN-
CP-P02-F01. Del 2 de julio de 2018. Su firma aparece al número 20 de la planilla adjunta.
9 No adjuntaron ningún documento que acreditara la calidad que alegan tener.
10 Definidos en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995, respectivamente.
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26. Dijo que, como la pertenencia a esas instancias o a otras, únicamente
podrá certificarse por esas comunidades, pues son las únicas que conocen la
forma de organización y funcionamiento interno, el requisito resulta congruente
con la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno de las comunidades
negras, raizales y palenqueras, quienes son las que postulan a sus candidatos,
bajo la consigna fundamental del derecho a elegir y ser elegido.
27. Bajo este panorama, concluyó que el requisito del numeral 3 del artículo
2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020, no implicó un desbordamiento de la facultad
reglamentaria, por cuanto una interpretación consecuente con el espíritu de la
autonomía de las comunidades negras y toda su estructura organizativa, indica su
plena armonía con la disposición legal que se dice infringida.
1.6.3. Auto que resolvió la medida cautelar
28. Con providencia del 17 de marzo de 2022, la Sala de la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó la medida cautelar de suspensión solicitada, al advertir
que prima facie, la Ley 649 de 2001 establece cuales son los dos requisitos para
inscribir candidatos, motivo por el cual el Decreto 1640 de 2020 así los consagró en
los numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.6.2.
29. De la confrontación y análisis de las normas, indicó que el tercer requisito
contenido en el texto que se demanda -numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del decreto 1640
de 2020-, está referido, precisamente, al aval para la conformación de la Comisión
Consultiva de Alto Nivel y no a un requisito adicional o distinto para participar en las
circunscripciones especiales afrocolombianas como lo entiende el demandante, por
lo que, en esa etapa del proceso, concluyó que no quedó verificada la contradicción
normativa alegada por el solicitante de la medida cautelar.
1.7. Contestación de la demanda
1.7.1. Presidente de la República y Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
30. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de marzo de 2022, la
apoderada del presidente de la República y del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, en esa doble condición, solicitó negar las pretensiones
de la demanda.
31. Afirmó que el Gobierno Nacional tenía competencia para la expedición del
Decreto 1640 de 2020, conforme lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política – potestad reglamentaria necesaria para la cumplida
ejecución de las leyes, el artículo 45 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 6 del
Convenio 169 de 1989 de la OIT, aprobado mediante Ley 21 de 1991.
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32. Las normas anteriormente referidas le dan la facultad al ejecutivo para
reglamentar la Comisión Consultiva de Alto nivel, las departamentales y la distrital
de Bogotá, así como el Registro Único Nacional de Instancias de Representación
y el componente de participación de la Ley 70 de 1993, máxime cuando en la
expedición del decreto que se acusa se llevó a cabo todo el proceso en garantía
de los derechos de las comunidades negras.
33. Manifestó que en la expedición del Decreto 1640 de 2020 se surtió todo el
proceso de consulta previa, el cual reseñó de la siguiente manera:
“El 20 de julio de 2017, el Ministerio del Interior ante el Espacio Nacional de
Consulta Previa inició la consulta previa del Decreto 1640 de 2020 y definió la ruta
metodológica en Acta del 29 de julio de 2017. Igualmente, es de referir que en el
2019 se hicieron las revisiones del texto protocolizado y en sesión plenaria del
Espacio Nacional de Consulta Previa llevada a cabo del 4 al 8 de marzo de 2020 en
Cali se ratificó el compromiso de la expedición del Decreto que aquí se demanda.
Aunado a lo anterior, conviene indicar que el 3 de agosto de 2020, en el marco de la
XV versión plenaria del ENCP11, las comunidades NARP designaron una
subcomisión para que acompañara el proceso de revisión de comentarios y
modificaciones al texto protocolizado con el fin de que se expidiera el Decreto 1640
de 2020, que aquí se demanda.
Siguiendo con lo anterior, el 6 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior presentó
ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel el texto del proyecto de Decreto 1640 de
2020, se remitieron los anexos y las comunidades negras designaron una
subcomisión que realizaría las recomendaciones, de conformidad con el artículo 60
de la Ley 70 de 1993.
Los días 29 y 30 de octubre de 2020 se llevó a cabo sesión con la Subcomisión
Accidental de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, con el fin de recibir las
recomendaciones de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y por último, en sesión del
Espacio Nacional de Consulta Previa del 12 al 19 de noviembre de 2020 se
presentó informe de la Subcomisión y se protocolizó el proyecto de decreto por
parte de la plenaria, solicitando la expedición del Decreto 1640 de 2020, que aquí el
objeto de demanda, a la mayor brevedad posible.”
34. Afirmó que el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto, pues el
constituyente introdujo restricciones razonables al mismo, como sucede en el caso
de los candidatos de las circunscripciones indígenas.
35. Adujo que el Decreto 1640 de 2020 goza de presunción de legalidad, lo cual
impone al demandante la carga de alegar e indicar el presunto concepto de
violación, circunstancia que a su juicio no acaeció, ya que no se hizo de manera
clara y puntual.
36. Transcribió las motivaciones del acto demandado y señaló que “la Corte
Constitucional de manera reiterada ha reconocido los requerimientos para los aspirantes a
cargos de elección popular de las comunidades étnicas, manifestado que estos requisitos
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se asemejan a los establecidos por el inciso quinto del artículo 171 de la Constitución,
además de ser razonables por estar orientados a la selección de quien mejor conozca los
intereses y problemas de las comunidades indígenas colombianas.”
37. Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Presidencia y del presidente de la República y la indebida
representación de la Nación, en aplicación de los artículos 115 de la
Constitución Política y 159 de la Ley 1437 de 2011, indicando que, al tenor de
esas disposiciones, la primera autoridad administrativa no puede ser sujeto
procesal en tanto carece de capacidad para comparecer al proceso.
38. En cuanto al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, señaló que como en este caso no conformó el Gobierno Nacional en la
expedición del Decreto 1640 de 2020, no está legitimado para concurrir al
proceso.
1.7.2. Ministerio del Interior
39. El 21 de abril de 2022, el apoderado de esta cartera ministerial solicitó no
acceder a la pretensión de nulidad del numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto
1640 de 2020, al estimar que no se configura ninguna de las causales
contempladas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, para tal efecto.
40. En primer lugar, señaló que el demandante desconoce el artículo 115 de la
Constitución Política, al manifestar que fue el presidente de la República quien
profirió el Decreto 1640 de 2020, porque conforme con la referida norma, este fue
producto de una decisión de Gobierno, el cual está integrado por el ministro del
Interior y la primera autoridad administrativa, en tanto esa disposición indica que
“Ningún acto del Presidente (…) tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y
comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento
Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.”.
41. En segundo término, expresó que el hecho señalado por el demandante,
relativo a que la norma es nula porque contradice el artículo 3 de la Ley 649 de
2001 y la Constitución Política en sus artículos 3, 4, 13, 40, 107 y 177, no se trata
de un hecho sino de sus apreciaciones subjetivas acerca del numeral 3 del artículo
2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020, las cuales deberá probar el demandante
conforme lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso.
42. En tercer orden, reiteró los argumentos expuestos en el trámite de la
medida cautelar para defender la legalidad de la disposición en punto de haber
sido expedida con competencia y sin violación de las normas en que debió
fundarse. Por un lado, insistió en que la norma acusada fue proferida con
competencia por el ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 189
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numeral 11 de la Constitución Política, 45 de la Ley 70 de 1993 y 6 del Convenio
169 de 1989 de la OIT, aprobado mediante Ley 21 de 1991.
43. Por el otro, indicó que el artículo 176 de la Constitución fue reglamentado
por la Ley 649 de 2001; el artículo 55 transitorio constitucional lo fue por la Ley 70
de 1993, que contiene disposiciones para el reconocimiento del derecho a la
propiedad colectiva, uso de la tierra y protección del ambiente, entre otros, en
cuyo artículo 45 de la Ley 70 de 1993 se previó que “El Gobierno Nacional
conformará una Comisión Consultiva de alto nivel, con la participación de representantes
de las comunidades negras de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Costa Atlántica y
demás regiones del país a que se refiere esta ley y de raizales de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento de lo dispuesto en la presente ley”.
44. Explicó que en el marco de la reglamentación del artículo 45 de la Ley 70
de 1993 se expidió el Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020, resultado de un
proceso de consulta previa que se desarrolló a través del Espacio Nacional de
Consulta Previa de medidas legislativas y administrativas de carácter general,
susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, regulado mediante el Decreto 1372 de 2018, donde las
mismas comunidades a través sus representantes establecieron la necesidad de
contar con dicho requisito para cualificar la representación de los mismos antes los
diferentes espacios.
45. Finalmente, afirmó que las reglas de representación y participación política
general no son aplicables en temas especiales que por Constitución Política y en
desarrollo de la Ley 70 de 1993 se han reconocido a esas comunidades como
grupo étnico, pues para tales efectos se les debe aplicar la normatividad especial
que rija para cada caso, esto es, la Ley 649 de 2001, cuyos artículos segundo y
tercero regulan lo correspondiente a los candidatos de las comunidades indígenas
y negras, respectivamente, para las circunscripciones especiales a la Cámara de
Representantes.
46. En cuarto lugar, expresó que la norma reglamentaria atacada tampoco fue
expedida de manera irregular, porque: i) la profirió la autoridad competente ii) el
ordenamiento jurídico no establece un procedimiento especial para su expedición
iii) cumple con las formalidades de ley al estar sustentado en lo dispuesto por el
artículo 45 de la Ley 70 de 1993, artículo 3 del Convenio 189 de la OIT y la
potestad reglamentaria de que trata el artículo 189 de la Constitución Política.
47. En quinto orden, advirtió que su expedición no desconoció el derecho de
audiencia y defensa, por cuanto, para los actos reglamentarios generales,
impersonales y abstractos, el cumplimiento de esa exigencia se manifiesta
propiamente en que el acto sea proferido en ejercicio de las competencias
legalmente atribuidas a la respectiva autoridad, salvo que se haya establecido un
procedimiento especial, caso en el cual deberá seguirse el mismo, con lo cual,
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correspondía al actor la carga de demostrar esa circunstancia, y que no se
presenta en este caso.
48. En sexto lugar, señaló que la norma demandada no obedece a una falsa
motivación, pues con los hechos alegados por el demandante no se evidencia que
haya ocurrido o pudiese probarse alguna de las causales bajo las cuales prospera
la falsa motivación, a saber: i) que los hechos que la Administración tuvo en cuenta
como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro
de la actuación administrativa; ii) que la Administración omitió tener en cuenta hechos que
sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una
decisión sustancialmente diferente.
49. En orden séptimo, reseñó que el Decreto 1640 de 2020 no fue expedido
con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió, esto es, el
Gobierno Nacional, en tanto correspondió al ejercicio de la potestad reglamentaria,
se ocupó de desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida ejecución y
desenvolvimiento, sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los parámetros
establecidos en aquélla.
50. Finalmente, se refirió a la presunción de legalidad de los actos
administrativos, para concluir que el demandante tiene la carga de procesal de
indicar las normas violadas, explicar el concepto de su violación y probarlos, so
pena de verse frustrada su pretensión de nulidad.
51. De acuerdo con todos sus argumentos, pidió declarar la improcedencia de
la acción por no configurarse ninguna causal de nulidad, o, en su defecto, no
acceder a las pretensiones del accionante, por cuanto el Decreto 1640 de 2020 no
viola norma de la Constitución Política.
1.8. Pronunciamientos sobre las excepciones
1.8.1. Parte demandante
52. El demandante insistió en la declaratoria de nulidad de la norma
cuestionada, advirtiendo que el cargo de violación de las disposiciones en que
debía fundarse el acto no se refiere, como lo entiende la apoderada del presidente
de la República, a la facultad reglamentaria en sí misma, sino a la usurpación de la
potestad legislativa del Congreso para modificar la ley, único autorizado para tal
efecto por el artículo 150 constitucional.
53. Manifestó que el exceso en la potestad reglamentaria del presidente de la
República, prevista en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución, acaeció
porque mediante la norma acusada se modificaron los requisitos previstos en el
artículo 3 de la Ley 649 de 2001 para aspirar como candidato a las curules que en
virtud del artículo 176 Superior, les corresponden a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras en la Cámara de Representantes.
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54. In extenso reiteró las normas y el concepto de violación contenido en la
demanda, concluyendo que ni el primer mandatario ni las comunidades étnicas en
ejercicio del derecho de consulta previa, están autorizados para modificar la ley y
que, si bien todas las normas jurídicas son susceptibles de variarse, ello debe
ocurrir por la vía que el mismo orden jurídico lo establece. Consecuentemente, si
se trata de modificar la Ley 649 de 2001 en su artículo 3, ello debe ocurrir
mediante un proyecto de ley que cumpla con las etapas regladas de la consulta
previa.
55. En punto de la consulta previa, frente a la cual en la contestación se indicó
que se llevó a cabo, advirtió que la apoderada del presidente y de la Presidencia
de la República, no pudo demostrar que se cumplió con los requisitos exigidos por
el Decreto 1372 de 2018, quedando en evidencia que las comunidades no fueron
consultadas en el territorio y que ni siquiera intervino alguna de las comisiones
establecidas en la norma citadas, si no que dicho trámite se circunscribió a una
subcomisión, la cual no tenía por qué intervenir, ya que no hubo un evento
imprevisto o coyuntural que lo ameritara.
56. Sin exponer argumentos, el actor pidió declarar no probadas las
excepciones de falta de legitimación por pasiva e indebida representación
alegadas por la apoderada del primer mandatario.
1.8.2. Coadyuvante de la parte demandada - Ronald José Valdés Padilla
57. El 29 de abril de 2022, se opuso a la pretensión de nulidad por ausencia de
configuración de las causales previstas en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
58. Estimó que los cargos de violación esgrimidos en la demanda no pasan de
ser apreciaciones subjetivas y que la norma demandada no es ilegal ni
inconstitucional, en la medida en que fue proferida en cumplimiento de la consulta
previa y responde al derecho a la autonomía, la autodeterminación y el
autogobierno que tanto la Constitución como el Convenio 169 de la OIT reconocen
a las comunidades negras, raizales y palenqueras en la postulación de candidatos
a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial.
59. Expresó que el requisito de “Ser o haber integrado alguna de las instituciones
de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras” no
es caprichoso y debe interpretarse de forma sistemática con lo previsto en el
parágrafo de dicho artículo y lo contemplado en el artículo 3 de la Ley 649 de
2001, para arribar a la conclusión que para ser elegido a la Cámara de
Representantes por la circunscripción especial debe hacerse parte de una
institución de participación.
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60. Concluyó que de la armonización que surge entre el numeral 3 del artículo
2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020 y lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 649 de
2001 desvirtúa la incompatibilidad con normas de orden constitucional o la
extralimitación de índole reglamentaria esgrimida por el accionante, y enfatizó en
que la disposición atacada realza la autonomía de la que gozan las comunidades
negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia T-576 de 2014.
1.9. Auto que resolvió las excepciones, fijó el litigio, decretó pruebas y corrió
traslado para alegar de conclusión
61. En providencia del 13 de junio de 2022, se declaró no probadas las
excepciones de indebida representación de la Nación y falta de legitimación en la
causa por pasiva en relación con el presidente de la República y, se abstuvo de
emitir pronunciamiento sobre la propuesta por el Ministerio del Interior, al ser de
mérito.
62. Se introdujeron las pruebas documentales aportadas por las partes, esto es,
copia del Decreto 1640 de 2020 y su memoria justificativa, allegados con la
demanda y su contestación, respectivamente.
63. Igualmente, se incorporaron las pruebas documentales aportadas por el
coadyuvante, esto es i) la certificación del 1 de octubre de 2018, expedida por la
Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales
y Palenqueras del Ministerio del Interior, en la que consta su calidad de Delegado
ante el Espacio Nacional de Consulta Previa de las medidas legislativas y
administrativas de amplio alcance susceptibles de afectar las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y, ii) la copia del acta de la
Sesión Novena del Espacio Nacional de Consulta Previa de las medidas
legislativas y administrativas de amplio alcance susceptibles de afectar las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, llevada a cabo del
26 de junio al 2 de julio de 2018 en el marco del proceso de consulta previa del
Decreto 1640 de 2020.
64. Se negó la inspección judicial solicitada por la parte actora, al no ser
conducente e idónea para verificar el cumplimiento del requisito de la consulta
previa.
65. Finalmente, se ordenó al Ministerio del Interior allegar la totalidad del
expediente administrativo del decreto acusado, lo que comprende el soporte
correspondiente del proceso de consulta previa que se surtió en torno a ella, con
la correspondiente certificación de completitud de los documentos allegados.
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1.10. Alegatos de conclusión
1.10.1 Presidente de la República y Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
66. Tras reiterar los argumentos presentados en el escrito inicial, manifestó que
conforme con lo dispuesto expresamente por el legislador en la Ley 649 de 2001,
“por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”,
quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a
la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial deberán ser
miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior.
67. En relación con lo anterior, puso de presente que esta exigencia se plasmó
en el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 que dispone que quienes aspiren a ejercer
derechos étnicos de participación y representación de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras deberán ser avalados por un Consejo
Comunitario debidamente inscrito y cumplir con el requisito de “ser o haber
integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras”, pues aquello no es más que el desarrollo de
la “regulación de lo ya dispuesto de manera expresa por el Legislador en la Ley 649 de
2001, al condicionar que quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras
para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial
deberán ser miembros activos de la respectiva comunidad, avalada previamente por una
organización debidamente inscrita.”
68. Concluyó que la norma demandada se expidió en desarrollo de lo dispuesto
por el legislador en la Ley 649 de 2001 y solicitó negar las pretensiones de la
demanda, ante la ausencia de violación de las normas constitucionales.
69. Precisó que el Gobierno Nacional tenía competencia para la expedición del
Decreto 1640 de 2020 conforme lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, el artículo 45 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 6 del
Convenio 169 de 1989 de la OIT, aprobado mediante Ley 21 de 1991.
70. Expuso lo anterior, a efectos de evidenciar la competencia del Ejecutivo
para proferir el Decreto 1640 de 2020, en tanto las normas anteriormente referidas
le dan competencia para reglamentar la Comisión Consultiva de Alto Nivel, las
departamentales y la distrital de Bogotá, así como el Registro Único Nacional de
Instancias de Representación y el componente de participación de la Ley 70 de
1993, y reiteró que en la expedición del Decreto que se acusa se llevó a cabo todo
el proceso en garantía de los derechos de las comunidades negras.
71. Citó la sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 2014 para afirmar que
el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto, por lo que el establecimiento de
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ciertos requisitos para ser elegidos en representación de las comunidades negras
y poblaciones étnicas, concuerdan y actúan en pro de las mismas comunidades,
pues permiten que sean representadas por las personas que mayor y mejor
conocimiento tengan de las necesidades de la comunidad, así como contar con la
certeza de que la persona efectivamente hace parte del grupo.
72. Por otro lado, en relación con la consulta previa, adujo que en la expedición
del Decreto 1640 de 2020 se surtió todo el proceso de consulta previa, ya que, el
20 de julio de 2017, el Ministerio del Interior inició la consulta previa del Decreto
1640 de 2020 ante el Espacio Nacional de Consulta Previa y definió la ruta
metodológica en el Acta del 29 de julio de 2017.
73. Afirmó que, en el 2019, se hicieron las revisiones del texto protocolizado y
en sesión plenaria del Espacio Nacional de Consulta Previa llevada a cabo del 4 al
8 de marzo de 2020 en Cali, se ratificó el compromiso de la expedición del decreto
que aquí se demanda.
74. Puso de presente que el 3 de agosto de 2020, en el marco de la XV versión
plenaria del Espacio Nacional de Consulta Previa, las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras designaron una subcomisión para que
acompañara el proceso de revisión de comentarios y modificaciones al texto
protocolizado con el fin de que se expidiera el Decreto 1640 de 2020.
75. Informó que el 6 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior presentó ante
la Comisión Consultiva de Alto Nivel, el texto del proyecto de Decreto 1640 de
2020, espacio donde se remitieron los anexos respectivos, y las comunidades
negras designaron una subcomisión para realizar las recomendaciones, de
conformidad con el artículo 60 de la Ley 70 de 1993.
76. Finalmente, entre el 29 y 30 de octubre de 2020, se llevó a cabo la sesión
con la subcomisión con el fin de recibir las recomendaciones de la Comisión
Consultiva de Alto Nivel y, por último, en reunión del Espacio Nacional de Consulta
Previa del 12 al 19 de noviembre de 2020 se presentó el informe de la
subcomisión, se protocolizó el proyecto por parte de la plenaria y se solicitó la
expedición del Decreto 1640 de 2020.
77. En consecuencia pidió: “Asistida de los argumentos de hecho y de derecho
expuestos precedentemente, respetuosamente solicito a su señoría negar las
pretensiones de la demanda toda vez que el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto
1640 de 2020 no es violatorio de los artículos 3, 13, 40 y 177 de la Constitución Política,
máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto de manera expresa por el Legislador en el
artículo 3 de la Ley 649 de 2001, “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la
Constitución Política de Colombia”, donde se encuentra consagrado que quienes aspiren
a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de
Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva
comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de
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Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior y por otra parte, que el
Gobierno Nacional si tenía competencias para la expedición del Decreto 1640 de 2020,
conforme la potestad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, el artículo 45 de la Ley 70 de 1993 y el artículo 6 del Convenio 169 de 1989 de la
OIT y por último si se tiene en cuenta que efectivamente se llevó a cabo el proceso de
consulta previa en la expedición de la norma que se acusa, conforme se expuso en líneas
precedentes.”
1.10.2. Ministerio del Interior
78. El apoderado de la referida cartera ministerial transcribió los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y solicitó (i) se declare improcedente
la acción de nulidad simple presentada por Edison Bioscar Ruíz, ya que no se
configura ninguna de las causales del artículo 137 del CPACA; (ii) no acceder a
las pretensiones del accionante.
1.10.3. Coadyuvante Ronald José Valdés Padilla
79. Solicitó se negaran las pretensiones de la demanda, al considerar que no le
asiste razón a la parte actora, porque se limitó a pedir la nulidad de la norma
demandada basándose en la simple enunciación de artículos constitucionales, sin
dar claridad a sus razones o los motivos de la vulneración de dichas disposiciones.
80. Afirmó que el Decreto 1640 de 2020 goza de legalidad y fue expedido por el
presidente de la República en ejercicio de sus funciones y en desarrollo del
artículo 45 de la Ley 70 de 1993.
1.11. Concepto de la Agente del Ministerio Público12
81. La delegada de la Procuraduría General de la Nación solicitó negar la
nulidad del numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020, para lo cual
elevó los siguientes argumentos:
82. Manifestó que tanto la norma demandada como el artículo 3 de la Ley 649
de 2001, dan cuenta que los miembros de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras que aspiren a ejercer derechos étnicos,
tienen que cumplir con algunos requisitos, y estos, a su vez, deben ser certificados
por los respectivos pueblos.
83. Sin embargo, advirtió que unas son las exigencias para ser parte de la
Comisión Consultiva de Alto Nivel y para el registro de Consejos Comunitarios,
mientras que otros son las condiciones para ser candidato de las comunidades a
la Cámara de Representantes por la circunscripción especial.
12 Actuación 80. Sistema SAMAI. El concepto fue presentado por la Procuradora Séptima Delegada
ante el Consejo de Estado.
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84. Afirmó que la Comisión Consultiva fue creada en el artículo 45 de la Ley 70
de 1993 y que esta norma le dio la potestad al Gobierno Nacional para su
conformación sin ninguna restricción, por lo que el Ejecutivo tiene plena y amplia
competencia para su regulación de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución.
85. Además, encontró que dicha circunstancia es congruente con las normas
citadas en la memoria justificativa del Decreto 1640 de 2020 por parte del
ejecutivo, esto es, el artículo 45 de la Ley 70 de 1993 y la Ley 21 de 1991,
aprobatoria del Convenio 169 de 1989 de la OIT y manifestó que “disiente de su
armonización o conjugación con el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, por cuanto si bien
ambas normas mencionan o derivan en el otorgamiento de avales, cada uno de ellos tiene
una finalidad de intervención o participación distinta, aunque confluyan en un punto, la
autonomía de las comunidades para expedirlos.”
86. Expuso que el concepto de “instituciones de participación” es amplio y
redunda en la autonomía de la respectiva forma de organización
afrodescendientes, para lo cual citó el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020
cuyo parágrafo determina la prevalencia de la potestad discrecional de las
expresiones y formas organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
87. De lo anterior concluyó: “…que, si bien se establecen unos requisitos para el
otorgamiento de los avales para ser parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las
comunidades afrodescendientes, siendo aquellos certificados por las propias
comunidades en el marco de su autonomía, en el orden de establecer el integrante del
colectivo étnico, las instancias participativas u organizativas y la condición de los
miembros al interior de la colectividad, los avales a los que hace alusión el artículo que se
demanda, lo son para hacer parte precisamente de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, y
no, en principio, para otros escenarios como el de representación política, como pretende
extrapolarlo erradamente el demandante. En síntesis, pese a que ambas normas hacen
referencia a escenarios de participación, a la necesidad de un aval, y a su otorgamiento
por parte de las diferentes formas de organización que adopten las comunidades en cita,
el aval requerido en cada caso tiene unos requisitos o formalidades diferentes, como
quiera que, se emplean en escenarios disímiles, por lo que no puede entenderse que se
trata de una extralimitación reglamentaria que exceda la órbita de otra ley, como lo es la
649 de 2001.”
88. Por otra parte, consideró que el Gobierno Nacional no excedió su
competencia reglamentaria, ya que la norma demandada se ajusta a la
Constitución y a la ley, y en el caso de la Ley 649 de 2001, indicó que dicha
disposición no hace remisión expresa ni tácita a modificar los requisitos del
artículo tercero frente al otorgamiento de avales para acceder a corporaciones de
elección popular.
89. Adicionalmente, observó que, de las pruebas obrantes en el expediente,
especialmente del Acta AN-P-P02-F01 se advertía la acreditación del
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cumplimiento del requisito relacionado con la consulta previa de cara a la
disposición demandada.
90. Manifestó que no se vulneran las normas constitucionales indicadas en el
escrito de demanda, “si se parte del hecho que la interpretación del numeral 3 del
artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020, es consecuente y
consonante para sus precisos efectos y campo de acción, con el ordenamiento jurídico,
esto es, con la conformación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel del Gobierno
conforme los señala el artículo 45 de la Ley 70 de 1993.”
91. En concreto, adujo que no se vulnera el principio de soberanía popular, por
cuanto es la comunidad afrodescendiente la que tiene que expedir la certificación
del cumplimiento de los requisitos del aspirante a cualquiera de los escenarios.
92. Tampoco encontró que se desconociera el derecho político de elegir y ser
elegido, ya que los requisitos dispuestos, incluido el de “Ser o haber integrado
alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas
raizales y palenqueras”, son consecuentes con la construcción y el diseño colectivo
al cual está atada la organización de esas comunidades, según el principio de
diversidad étnica y lo regulado por la Ley 70 de 1995 sobre el derecho a la
propiedad colectiva.
93. Finalmente, puso de presente: “Tampoco se da al traste con lo regulado en el
artículo 177 constitucional, teniendo en cuenta que, según lo interpretado, el numeral 3
del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020 no desbordó o
sobrepasó la facultad reglamentaria del Presidente de la República en los términos del
artículo 45 de la Ley 70 de 1993, como tampoco, en comparación con lo dispuesto en el
artículo 3 de la Ley 649 de 2001 “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la
Constitución Política de Colombia”, habida cuenta que se trata de una regulación
particular y unívoca para las circunscripciones especiales. En ese sentido, la disposición
demandada no se opone o riñe con los requisitos para ser elegido representante a la
cámara: tener más de 25 años y ser ciudadano en ejercicio. En armonía con lo anterior,
no se puede aceptar el desconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a fundar,
organizar y desarrollar partidos (art. 107, C.P.), por cuanto la disposición del numeral
demandando se enmarca en una cualificación especial y autónoma, prescrita para los
grupos étnicos, a quienes se les asignó disposiciones particulares y únicas para la
participación en el proceso electoral, tales como las dispuestas en la Ley 649 de 2001,
sobre las que no existe contradicción o desbordamiento alguno.”
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
94. Esta Sala es competente para conocer y fallar el asunto de la referencia en
única instancia, de conformidad con lo contenido en el artículo 149 numeral 1º de
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la Ley 1437 del 201113 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, toda vez que se demanda la nulidad simple de
un acto de contenido electoral expedido por el presidente de la República y el
ministro del Interior.
2.2. Problema jurídico
95. De conformidad con los planteamientos de la demanda, así como las
razones de defensa expuestos por la parte demandada, demás vinculados a la
presente actuación y teniendo en cuenta la fijación del litigio, corresponde a esta
Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
(i) ¿Al introducir el requisito previsto en el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del
Decreto 1640 de 2020, el Gobierno Nacional adicionó exigencias, distintas de
las contempladas en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, para ser candidato
a Representante a la Cámara por la circunscripción especial de las
comunidades negras, afrodescendientes raizales y palenqueras?
(ii) ¿Por esta vía el Gobierno Nacional excedió su competencia reglamentaria
de la ley prevista en el artículo 189.11 de la Constitución?
(iii) ¿Fue expedido el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de
2020 con desconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa del
que gozan las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y
palenqueras, respecto de las medidas legislativas y administrativas de amplio
espectro que los afectan?
(iv) ¿Resulta contrario a la soberanía popular (art. 3 superior), quebranta el
derecho a la igualdad (art. 13 de la C.P) y el derecho fundamental de
conformación, ejercicio y control de poder político (art. 40 ejusdem); limita la
posibilidad de organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, así
como a la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse (art. 107 constitucional);
contraria el artículo 177 superior; y con todo ello vulnera la supremacía
constitucional (art. 4 de la C.P) el requisito, constitutivo del cargo de la
demanda, previsto en el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de
2020?
96. Para efectos metodológicos, (i) se resolverán los primeros dos problemas
jurídicos de manera conjunta, (ii) para luego analizar si se desconoció el derecho
fundamental de la consulta previa y, (iii) finalmente, se resolverá sobre la presunta
vulneración de las normas constitucionales invocadas con la demanda.
13 Art. 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (…) 1. De la nulidad de los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o
entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que
se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en
los tribunales administrativos.
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2.3. Potestad reglamentaria del presidente de la República y el requisito
establecido en el numeral 3 del artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2020
97. En primer lugar y para destacar las facultades en virtud de las cuales se
profirió el Decreto 1640 de 202014, se advierte que, en su encabezado,
efectivamente el Gobierno Nacional invocó el ejercicio de la potestad
reglamentaria que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, en
armonía con el artículo 45 de la Ley 70 de 1993 cuya reglamentación se le
encargó por el legislador y el artículo 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT.
98. En segundo lugar y con el propósito de delinear el alcance y contenido de la
potestad reglamentaria, esta Sección15 ha resaltado que, como lo indica la Corte
Constitucional, dicha facultad “busca contribuir a la concreción de los contenidos
abstractos de la ley, con el fin de hacer posible su aplicación mediante la expedición de
los actos administrativos16”17.
99. En efecto, si bien el artículo 150 Superior dispone que corresponde al poder
legislativo hacer las leyes, lo cierto es que la ley no goza de un alto grado de
plenitud, porque no cuenta con el nivel de precisión o detalle requerido para su
“cumplida ejecución”. Por esta razón, resulta absolutamente necesario que el
presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria y como
suprema autoridad administrativa, entre a colaborar con el poder legislativo
expidiendo los actos administrativos que se requieran para que las leyes puedan
ejecutarse.18
100. Igualmente, esta Corporación ha expuesto:
“Como lo ha indicado el Consejo de Estado19 en su jurisprudencia, entre más
general y amplia haya sido la regulación por parte de la ley, más forzosa es su
reglamentación en cuanto que este mecanismo facilitará la aplicación de la ley al
caso concreto. A contrario sensu, cuando la ley ha detallado todos los elementos
que se requieren para ser aplicada al caso particular, no amerita expedir reglamento
alguno. En este orden, la potestad reglamentaria no es ilimitada sino que está
supeditada a la ley que reglamenta, en tanto no puede ser modificada, adicionada, o
alterada, porque ello implica invadir la órbita competencial del Congreso de la
República. En relación con los límites de la potestad reglamentaria del presidente, el
Consejo de Estado ha señalado:
14 El Decreto 1640 de 2020 indicó: “en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, 45 de la Ley
70 de 1993 y 6 del Convenio 169 de 1989 de la OIT, aprobado mediante Ley 21 de 1991
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27.08.2020. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad.
11001-03-25-000-2019-00519-00
16 Sentencia C-1005 del 15.10.2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Corte Constitucional, sentencia C-810 del 5 de noviembre de 2014, M.P. Mauricio González
Cuervo.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 17.07.2008. M.P. María Nohemí Hernández
Pinzón. Rad. 11001-03-24-000-2008-00009-00
19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 10.08.2017, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto. Rad. 05001-23 31 000 2006 03105 01(20464).
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“Para el ejercicio de la atribución en cuestión, el ejecutivo debe limitarse a
desarrollar la ley y subordinarse a su contenido, en ese orden, no le está dado
introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones,
ampliar o restringir el sentido de la ley, como tampoco puede suprimirla o modificarla
ni reglamentar materias que estén reservadas a ella, pues excedería sus
competencias e invadiría las asignadas por la Constitución al legislador. Igualmente,
es importante precisar que no todas las leyes son susceptibles de ser
reglamentadas. Para el efecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. Existen
materias cuya regulación está reservada a la ley, caso en el cual, al legislador le
corresponde desarrollarla de manera exclusiva. 2. Las leyes que deban ser
ejecutadas por la administración no pueden ser objeto de regulación. 3. Cuando la
ley ha sido formulada de manera tan detallada y los temas en ella contenidos han
sido desarrollados en forma tan minuciosa, que en principio, no necesitaría de
reglamentación”20.
En este orden, los decretos dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria no
implican un pleno ejercicio de la atribución de producir normas jurídicas, sino que
están sometidos a un doble límite; de una parte, a la ley que reglamenta y, de otra, a
las demás leyes que hacen parte del orden jurídico superior, a lo cual, se debe
agregar la imposibilidad que tiene el Gobierno de invadir materias deferidas
exclusivamente al legislador.”21
101. Como se indicó en precedencia, el ejercicio de esta potestad conferida al
presidente de la República se materializó respecto del artículo 4522 de la Ley 70 de
1993, norma que creó la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, como mecanismo para la
protección y desarrollo de los derechos y de la identidad de esos grupos.
102. A juicio del actor, el numeral tercero del artículo 2.5.1.6.2 introdujo un
requisito adicional para obtener el aval regulado en el artículo 3º23 de la Ley 649
de 2001, es decir, aquel que otorga la organización inscrita ante la Dirección de
Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior a quienes aspiren a ser
candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de
Representantes por esta circunscripción especial, por lo que el presidente de la
república excedió su potestad reglamentaria.
103. Al respecto, lo primero que relieva esta Sala, es que, tanto la inscripción de
candidatos a la Cámara de Representantes por las circunscripciones especiales de
la comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, como la
integración de la Comisión Consultiva de Alto Nivel como instancia de participación y
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 6.07.2017, M.P. William Hernández Gómez.
Rad. 11001-03-24-000-2008-00390-00(0585-09).
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 14.05.2020. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Rad. 11001-03-24-000-2015-00542-00
22 ARTÍCULO 45. El Gobierno Nacional conformará una Comisión Consultiva de alto nivel, con la
participación de representantes de las comunidades negras de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó,
Nariño, Costa Atlántica y demás regiones del país a que se refiere esta ley y de raizales de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el seguimiento de lo dispuesto en la presente ley.
23 ARTÍCULO 3º. Candidatos de las comunidades negras. Quienes aspiren a ser candidatos de las
comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción
especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una
organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del
Interior.
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representación de esas mismas comunidades, materializan el derecho a elegir y ser
elegido consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política.
104. Lo segundo, que quienes aspiren a representar a las comunidades negras,
afrodescendientes, raizales y palenqueras en la Comisión Consultiva de Alto Nivel
del artículo 45 de la Ley 70 de 1993, como aquellos que procuren representarlas en
la Cámara de Representantes, deben ser avalados previamente por el Consejo
Comunitario o por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de
Comunidades Negras del Ministerio de Interior24.
105. No obstante, en el caso de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, así como
para las consultivas departamentales, el reglamento demandado determinó que,
para la obtención de dicho aval se debía cumplir con el requisito de “ser o haber
integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras,
afrocolombianas raizales y palenqueras.”.
106. Es decir, la exigencia mencionada se contempló, únicamente, para obtener el
aval en relación con el ejercicio de los derechos de participación desarrollados en la
Ley 70 de 1993, más no para regular los requisitos exigidos para obtener el aval
establecido en el artículo 3 de la Ley 649 de 2001, lo que se corrobora de la lectura
del Capítulo 6 del Decreto 1640 de 2020, el cual contiene dos disposiciones entre las
que se encuentra la aquí demandada, como se explica a continuación.
CAPÍTULO 6 – PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 2.5.1.6.1. Certificación de ARTÍCULO 2.5.1.6.2. Avales. Quienes
pertenecía étnica. En el marco de los aspiren a ejercer derechos étnicos de
principios de autodeterminación y participación y representación de las
autonomía, los Consejos Comunitarios y comunidades negras, afrocolombianas,
expresiones y formas organizativas de las raizales y palenqueras, de conformidad con
Comunidades Negras, Afrocolombianas, lo dispuesto en el presente decreto, serán
Raizales y Palenqueras expedirán avalados por un Consejo Comunitario o
certificación de pertenencia étnica de los forma o expresión organizativa de
miembros de su censo, para los efectos de comunidades Negras, Afrocolombianas,
la representación de dichas comunidades en Raizales y Palenqueras, debidamente
los diferentes espacios de participación y inscrita y actualizada en el Registro Público
elección contemplados en la Ley 70 de 1993 de instituciones de representativas, y deberá
y en el ordenamiento jurídico. cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer al censo del respectivo
Consejo Comunitario o ser integrante de la
expresión o forma organizativa de
comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
2. Contar con la certificación de pertenencia
étnica.
3. Ser o haber integrado alguna de las
instituciones de participación de las
24 Dejando por fuera a las organizaciones de base.
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comunidades negras, afrocolombianas
raizales y palenqueras.
PARÁGRAFO. Los anteriores requisitos se
aplicarán sin detrimento de la autonomía de
los Consejos Comunitarios, expresiones y
formas organizativas de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras.
107. En efecto, como se observa del cuadro anterior, en dicho capítulo se
incluyeron dos normas perfectamente diferenciables en su contenido y alcance. Una
es la correspondiente al artículo 2.5.1.6.125, que trata sobre la certificación de
pertenencia étnica, para los efectos de la representación de las comunidades
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en los diferentes espacios de
participación y elección contemplados tanto en la Ley 70 de 1993, como en las
demás normas que integran el ordenamiento jurídico, es decir, incluyendo el artículo
3 de la Ley 649 de 2001.
108. Lo anterior por cuanto al hacer referencia a los espacios de participación, no
los limita a los regulados en el Decreto 1640 de 2020 o la Ley 70 de 1993, sino que,
al usar el término “y en el ordenamiento jurídico” amplía el margen de aplicación a
otros espacios de participación distintos a los regulados en el mencionado decreto,
esto es, a los regulados en todo el ordenamiento jurídico, conclusión que se extrae
de la literalidad de la norma.
109. Por el contrario, en la segunda disposición regulada en el capítulo 6º del
Decreto 1640 de 2020, esto es, el artículo 2.5.1.6.2 demandado, el Gobierno
Nacional optó por una redacción distinta al hacer referencia a los espacios de
participación en los cuales se requiere del aval allí regulado.
110. En concreto, indicó que dicho aval es un requisito para el ejercicio de los
derechos de representación y participación de las comunidades étnicas “de
conformidad con lo dispuesto en el presente decreto”, es decir, en el marco de lo
regulado en el Decreto 1640 de 2020.
111. En otras palabras, se observa que en este artículo, el Gobierno Nacional no
utilizó el término “ordenamiento jurídico”, sino que indicó expresamente, que el aval,
con los requisitos expuestos en los numerales 1 a 3 de la disposición, es una
exigencia para el ejercicio de los derechos de representación y participación
regulados en el Decreto 1640 de 2020, acto administrativo que desarrolla el artículo
45 de la Ley 70 de 1993.
25ARTÍCULO 2.5.1.6.1. Certificación de pertenecía étnica. En el marco de los principios de
autodeterminación y autonomía, los Consejos Comunitarios y expresiones y formas organizativas
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras expedirán certificación de
pertenencia étnica de los miembros de su censo, para los efectos de la representación de dichas
comunidades en los diferentes espacios de participación y elección contemplados en la Ley 70 de
1993 y en el ordenamiento jurídico.
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112. Así las cosas, es claro que esta disposición se ocupa de desarrollar el aval
otorgado por el respectivo Consejo Comunitario para el ejercicio de los derechos de
participación en el marco de la reglamentación de la Ley 70 de 1993, por lo que, el
requisito establecido en el numeral 3 del artículo al que se viene haciendo referencia,
no puede hacerse extensivo a quienes aspiran a ser candidatos a la Cámara de
Representantes por la circunscripción especial de las comunidades negras,
afrodescendiente, raizales y palenqueras, regulada en el artículo 3 de la Ley 649 de
2001.
113. Se reitera, lo anterior se corrobora al confrontar las dos disposiciones
señaladas, pues el artículo 2.5.1.6.2 limita los espacios de participación a aquellos
regulados en el propio Decreto 1640 de 2020, esto es, la Comisión Consultivas de
Alto Nivel y las departamentales, mientas que el artículo 2.5.1.6.1 se refiere
expresamente a éstas y a cualquier otra desarrollada en otras normas del
ordenamiento.
114. Como lo expuso la agente del Ministerio Público, unos son los requisitos
para ser parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y para el registro de
Consejos Comunitarios, y otras las condiciones exigidas para ser candidato a la
Cámara de Representantes por la circunscripción especial que corresponde a
estos grupos.
115. Lo anterior pone en evidencia la inviabilidad del planteamiento elevado por
la parte actora, derivada del hecho de que a la disposición se le imputa un
contenido normativo y un alcance que no tiene, por las siguientes razones:
116. Aunque correlacionados en punto del reconocimiento y garantía de los
derechos fundamentales de los que son titulares las comunidades étnicas, el
ámbito y objeto de la regulación previstas en la Ley 70 de 1993 y en la Ley 649 de
2001 difieren entre sí y cada uno de ellos abarca especialidades distintas.
117. Por un lado, la Ley 70 de 1993 desarrolla el artículo 5526 transitorio de la
Constitución Política, ocupándose de reconocer a la población afrocolombiana el
26 Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la
presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial
que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata
el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades
involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la
ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. Parágrafo
1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten
similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la
comisión especial aquí prevista. Parágrafo 2. Si al vencimiento del término señalado en este
artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que el se refiere, el Gobierno procederá a
hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.
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derecho a la propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales; el derecho a
preservar y conservar su identidad cultural; el derecho al aprovechamiento
preferencial de los recursos naturales y mineros en sus territorios; así como el
derecho a su desarrollo autónomo y a la participación en las decisiones estatales
que los afectan.
118. Como garantía de estos dos últimos derechos -autonomía y participación-,
la Ley 70 de 1993 previó la figura de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, de cuyo
desarrollo se ocupa el Decreto 1640 de 2020 por expresa disposición del artículo
45 de la mencionada ley, mientras que la Ley 649 de 2001 reglamenta el artículo
176 de la Constitución, modificado por el artículo 6 del Acto legislativo 02 de 2015,
en punto de los requisitos exigidos a quienes pretendan ser candidatos a la
Cámara de Representantes por las circunscripciones especiales, dentro de las
cuales están las dos que corresponden a las comunidades negras,
afrodescendientes, palenqueras y raizales.
119. Como el artículo demando no hace referencia expresa a su aplicación en
relación con las normas de la Ley 649 de 2001, de su contenido resulta imposible
derivar la consecuencia que se le pretende endilgar, relativa a la modificación de
los requisitos del artículo 3 de la Ley 649 de 2001 frente al otorgamiento de avales
para acceder a corporaciones de elección popular propiamente dichas.
120. Si bien, la disposición demandada se refiere al aval requerido en el marco
del ejercicio del derecho a elegir y ser elegido del cual son titulares los miembros
de estas comunidades en virtud de la Ley 70 de 1993 y sus dos primeros
requisitos coinciden con aquellos establecidos en el artículo 3 de la Ley 649 de
2001, lo cierto es que, por este solo hecho, no se puede concluir razonablemente
que el Gobierno Nacional hubiere derogado tácitamente o modificado la referida
norma, máxime si se tiene en cuenta que ni en el encabezado ni en las
motivaciones del acto administrativo se hizo mención a esa disposición legal.
121. En ese sentido, para la Sala es claro que el Gobierno Nacional conformado
en este caso por el presidente de la República y el ministro del Interior no
excedieron la potestad reglamentaria y, por ende, no se presenta una violación del
artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, como tampoco del artículo 3 de
la Ley 649 de 2001.
122. Concretamente, lo normado en el acto administrativo demandado derivó de la
disposición legal 45 de la Ley 70 de 1993, que creó la Comisión Consultiva de Alto
Nivel de las Comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, como
mecanismo para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad de esos
grupos y que le ordenó al Gobierno Nacional su conformación, por lo que, la Sala
encuentra que no le asiste razón al demandante al afirmar que el inciso tercero del
artículo 2.5.1.6.2. hubiere sido expedido excediendo la competencia reglamentaria.
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2.4. Consulta previa
2.4.1. Como derecho fundamental
123. El derecho a la consulta previa es el fundamento para la protección de las
garantías de participación democrática de las minorías étnicas, en la toma de
decisiones que afecten, de forma considerable o con amplio alcance, su integridad
como tales, en los diversos aspectos de su existencia -costumbres, tradiciones,
territorio, supervivencia física, entre otros aspectos-27.
124. La jurisprudencia constitucional ha explicado que la consulta previa
desarrolla el derecho a la participación, a partir de una interpretación sistemática
de los artículos 40 y 330 de la Constitución, así como del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, que dispuso28 que los Estados miembros
de dicho instrumento estaban obligados a proteger a los pueblos indígenas y
tribales “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.”
125. En efecto, considerando que dicho mecanismo fue consagrado en una
primera oportunidad a través del Convenio 169 de la OIT, la Corte Constitucional
en sentencia SU – 039 de 1997, determinó que la consulta previa adquiere la
connotación de derecho fundamental, siendo necesario que dicha garantía –y las
demás que se buscan hacer efectivas a través de ella-, se materialice a través de
un trámite consultivo que debe ser anterior a la adopción de cualquier medida que
afecte directamente a los pueblos étnicos.
126. A su vez, se ha reconocido que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT,
establece los parámetros para la procedencia de la consulta previa, del cual se
resalta el que las comunidades deben ser consultadas “cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.
127. Los titulares de la consulta son los pueblos, tanto indígenas como tribales,
que reúnen características particulares que los distinguen del resto de la sociedad
y que reivindican tal diferencia, en ejercicio de su derecho a determinar su propia
identidad o pertenencia, de conformidad con sus propias costumbres y tradiciones.
128. Con base en el Convenio 169 de la OIT se plantea la existencia de dos
elementos para identificar a los destinatarios de la consulta previa. Un elemento
objetivo, dado por las características particulares que los distinguen del resto de la
sociedad. Y otro subjetivo, dado por la reivindicación de tal diferencia, en ejercicio
27 Corte Constitucional. Sentencia C-175 del 18.03.2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
28 Artículo 6º del Convenio 169 de la OIT.
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de su derecho a determinar su propia identidad o pertenencia, según sus propias
costumbres y tradiciones.29
129. Desde esa perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha entendido como
titulares del derecho a la consulta previa a las comunidades que presentan rasgos
culturales y sociales compartidos u otra característica que la distinga de la
sociedad mayoritaria y que tienen conciencia sobre su pertenencia a un grupo
humano étnicamente diverso.30
2.4.2. La consulta previa en el caso concreto
130. De las pruebas allegadas al expediente, la Sala observa que, contrario a lo
afirmado por la parte actora, en relación con la norma demandada, se llevó a cabo
el proceso de consulta previa, en garantía de dicho derecho fundamental, como se
resume a continuación.
131. La versión inicial del proyecto de decreto presentada en el 2017 por el
Gobierno Nacional al Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas
Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de Afectar a la
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se titulaba “Por el
cual se conforma y reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, prevista en el artículo 45 de la Ley 70
de 1993, se fijan los requisitos para el Registro Único de Consejos Comunitarios y Formas
Organizativas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y
se dictan otras disposiciones”
132. Dicha versión constaba de 5 capítulos, no incluía uno titulado participación y
tampoco contenía una disposición que regulara los avales requeridos por los
miembros de las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras a efectos
de participar en los distintos escenarios de representación.
133. Según el Acta de reunión de consulta previa para los proyectos de
reglamentación de la Ley 70 de 1993 del 20 de julio de 2017 código AN-CP-P02-
F1, se llevó a cabo reunión en el hotel Tequendama – Salón Rojo, a la cual
asistieron los delegados de las comunidades y los representantes de los
Ministerios del Interior, Educación, Minas, así como de la Defensoría del Pueblo y
de la Procuraduría General de la Nación.
134. En dicha ocasión, el texto del entonces proyecto de decreto fue presentado
y se designó a la Comisión VI31 del Espacio Nacional de Consulta Previa como
competente para su revisión.
29 Cfr. Sentencia SU-133 del 28.02.2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
30 Cfr. Sentencia SU-133 del 28.02.2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
31 Comisión Jurídica, Justicia ancestral, derechos humanos, víctimas, paz y posconflicto.
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135. Con posterioridad, el Ministerio del Interior mediato Oficio del 28 de julio de
2017 No. OFI17-28029-DCN-2300, convocó “a los Delegados y Delegadas de la
Comisiones: Segunda, Quinta y Sexta del Espacio Nacional de Consulta Previa de
Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance Susceptibles de Afectar a la
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. los días 28, 29 y 30 de
julio de 2017, en el Hotel San Fernando Real, ubicado en la Calle 5 B 1 No. 36 – 40 de la
Ciudad de Cali para: Surtir la etapa de Preconsulta dentro del Proceso de Consulta Previa
de los Proyectos de Decretos Por los cuales se reglamentan los Capítulos IV, V, VII y El
Componente de Participación de la Ley 70 de 1993.”
136. De conformidad con el “Acta de sesión pre-consulta proceso de consulta
previa para los decretos reglamentarios capítulos IV, V, VII y el componente de
participación de la Ley 70 de 1993 Comisiones segunda, quinta y sexta del ENCP,
No. AN-CP-P02-F01”, se llevó a cabo la reunión convocada los días 29, 30 y 31 de
julio de 2017 entre los delegados de dichas comisiones y los representantes del
Gobierno Nacional.
137. En dicha ocasión se presentó una propuesta de ruta metodológica del
Gobierno Nacional para el proceso de consulta previa de los decretos
reglamentarios de los capítulos IV, V y VII y el componente de participación de la
Ley 70 de 1993 a la sesión conjunta de las comisiones II, V y VI y luego de
revisada, se llegó a una concertación.
138. Por lo anterior, se dio apertura del proceso de consulta previa de los
Decretos reglamentarios de los capítulos IV, V y VII y el componente de
participación de la Ley 70 de 1993.
139. De conformidad con el Acta Código SI-G1-F1 “Sesión de Comisión VI Espacio
Nacional de Consulta Previa de medidas legislativas y administrativas de carácter general
que afectan a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sobre la
consulta previa a la reglamentación del componente de participación según lo consagrado
en la Ley 70/93”, los días 19 y 20 de febrero de 2018, la Comisión VI y el Gobierno
Nacional avanzaron en el proceso de consulta previa.
140. Con posterioridad, los días 23 a 28 de febrero de 2018 se realizó la
presentación de informes de las comisiones II, V y VI sobre la reglamentación de
los respectivos capítulos de la Ley 70 de 1993, según el Acta Código AN-CP-P02-
F01 “Sesión del VI Espacio Nacional de Consulta Previa de medidas administrativas y
legislativas de amplio alcance susceptibles de afectar a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras”.
141. La Comisión VI fue nuevamente convocada los días 1, 2 y 3 de junio de
2018, con el fin de avanzar en la construcción del capítulo de participación del
proceso de reglamentación de la Ley 70 de 1993 (OFI18-20180-DCN-2300).
142. Según la convocatoria OFI18-22705-dcn-2300 del 13 de junio de 2018, la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
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Palenqueras del Ministerio del Interior conforme al artículo 14, numeral 6 del
Decreto 2893 de 2011 y teniendo en cuenta la última sesión de la Comisión VI
desarrollada los días 1 y 2 de junio de 2018 y en atención a las reuniones
interinstitucionales del 8 y 12 de junio de 2018, se convocó nuevamente a los
Delegados y Delegadas de dicha Comisión los días 21 al 25 de junio de 2018, a la
ciudad de Santiago de Cali, con el fin de:
(i) Avanzar en el proceso de Consulta Previa en la etapa de preacuerdos del
Proyecto de Decreto en el marco del proceso de reglamentación de la Ley 70 de
1993.
(ii) Sesión conjunta de las Comisiones I y VI para construir “conjuntamente la
Propuesta de protocolo de consulta previa, en cumplimiento a la sentencia T-576 de
2014, emanada por la Corte Constitucional. Esta propuesta será socializada
posteriormente ante la plenaria del ENCP” en cumplimiento a lo acordado en
Plenaria del ENCP del 24 al 28 de febrero de 2018.
143. La propuesta de texto presentada por la Comisión VI del ENCP el 26 de
junio de 2018, fue la siguiente:
CAPITULO IV
PARTICIPACION
ARTÍCULO NUEVO 25: DE LOS AVALES. De conformidad con el artículo 3 numeral
3 de la ley 70 de 1993 quienes aspiren a ejercer derechos étnicos de participación y
representación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y
Palenqueras, para ser avalados por un consejo comunitario, forma o expresión
organizativa deberá cumplir de forma concurrente los siguientes requisitos:
a) Pertenecer al censo del respectivo consejo comunitario. Pertenecer a la
comunidad negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera respectiva.
b) Ser integrante del consejo comunitario, Expresión o forma organizativa de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
c) Ser o Haber integrado alguna de las instancias de participación de las
comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras.
PARAGRAFO. Los anteriores requisitos se aplicarán sin detrimento de la autonomía
de los consejos comunitarios, expresiones y formas organizativas de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras.
144. El 1 de julio de 2018 se presentó el preacuerdo de texto con la Comisión VI,
en dicho documento se incluyó el artículo objeto de esta demanda. El texto
propuesto y el preacuerdo protocolizado en la plenaria del ENCP, es el siguiente:
PROPUESTA MODIFICATORIA PREACUERDO
COMISIÓN
ARTÍCULO NUEVO 25: DE LOS AVALES. Artículo 29. Avales. Quienes aspiren a
De conformidad con el artículo 3 numeral 3 ejercer derechos étnicos de participación y
de la ley 70 de 1993 quienes aspiren a representación de las Comunidades Negras,
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ejercer derechos étnicos de participación y Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de
representación de las Comunidades conformidad con lo dispuesto en el presente
Negras, Afrocolombianas, raizales y decreto, serán avalados por un consejo
Palenqueras, para ser avalados por un comunitario, forma o expresión organizativa
consejo comunitario, forma o expresión debidamente inscrita y actualizada en el
organizativa deberá cumplir de forma registro único de instituciones de
concurrente los siguientes requisitos: representativa, y deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Pertenecer al censo del
respectivo consejo comunitario. Pertenecer 1. Pertenecer al censo del respectivo consejo
a la comunidad negra, Afrocolombiana, comunitario. Ser integrante de la Expresión o
Raizal y Palenquera respectiva. forma organizativa de Comunidades Negras,
b) Ser integrante del consejo Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
comunitario, Expresión o forma 2. Contar con la certificación de pertenencia
organizativa de Comunidades Negras, étnica.
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 3. Ser o haber integrado alguna de las
c) Ser o Haber integrado alguna de instancias de participación de las
las instancias de participación de las comunidades Negras, Afrocolombianas
comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras.32
Raizales y Palenqueras.
PARAGRAFO. Los anteriores requisitos se
PARAGRAFO. Los anteriores requisitos se aplicarán sin detrimento de la autonomía de
aplicarán sin detrimento de la autonomía de los consejos comunitarios, expresiones y
los consejos comunitarios, expresiones y formas organizativas de comunidades
formas organizativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras.
Palenqueras.
145. Ahora, la apoderada del presidente de la República informó que en el año
2019 se hicieron las revisiones del texto protocolizado y que, en sesión plenaria
del Espacio Nacional de Consulta Previa llevada a cabo del 4 al 8 de marzo de
2020 en Cali, se ratificó el compromiso de la expedición del acto que aquí se
demanda.
146. Aunado a lo anterior, puso de presente que el 3 de agosto de 2020, en el
marco de la XV versión plenaria del Espacio Nacional de Consulta Previa, las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras - NARP -
designaron una subcomisión para que acompañara el proceso de revisión de
comentarios y modificaciones al texto protocolizado con el fin de que se expidiera
el Decreto 1640 de 2020.
147. Siguiendo con lo anterior, indicó que el 6 de octubre de 2020, presentó ante
la Comisión Consultiva de Alto Nivel el texto del proyecto de Decreto 1640 de
2020, se remitieron los anexos y las comunidades negras designaron una
subcomisión que realizaría las recomendaciones, de conformidad con el artículo
6033 de la Ley 70 de 1993.
32 Negrilla fuera de texto
33 “La reglamentación de la presente ley se hará teniendo en cuenta las recomendaciones de las
comunidades negras beneficiarias de ella, a través de la comisión consultiva a que se refiere la
presente ley”.
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148. Finalmente, puso de presente que los días 29 y 30 de octubre de 2020 se
llevó a cabo sesión con la Subcomisión Accidental de la Comisión Consultiva de
Alto Nivel, con el fin de recibir las recomendaciones de la Comisión Consultiva de
Alto Nivel y, por último, en sesión del Espacio Nacional de Consulta Previa del 12
al 19 de noviembre de 2020 se presentó informe de la Subcomisión y se
protocolizó el proyecto de decreto por parte de la plenaria, solicitando la
expedición del Decreto 1640 de 2020, que aquí es objeto de demanda.
149. Del recuento, se observa con toda claridad que el texto de la norma que se
demanda fue producto de las concertaciones entre el Gobierno Nacional y el
Espacio Nacional de Consulta Previa del cual se delegó a la Comisión VI.
150. En concreto, se advierte el desarrollo genuino de un espacio de negociación
para lograr un acuerdo con las comunidades negras, afrodescendientes,
palenqueras y raizales sobre las medidas que las afectan directamente, en
desarrollo del principio de buena fe que debe guiar la actuación de las partes, y
que permitió, efectiva y materialmente, una participación activa e incidente de esas
comunidades.
151. Sobre este tópico la jurisprudencia de la Corte Constitucional34 ha explicado
que, el significado de la participación activa es que no pueda admitirse como tal a
la simple notificación de los pueblos interesados o a la celebración de reuniones
informativas, porque para que esa participación sea efectiva, el punto de vista de
los pueblos debe tener incidencia en la decisión que adopten las autoridades
concernidas.
152. Al respecto, la Sala advierte que este elemento se materializó en la consulta
previa que se analiza, pues el texto del proyecto de decreto presentado por el
Gobierno Nacional al Espacio Nacional de Consulta Previa fue objeto de
modificaciones fruto, precisamente, de ésta, tanto así que la introducción del
aparte normativo demandado provino de su propio seno y dentro del proceso de la
consulta previa.
153. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la
parte actora cuando afirma que no se llevó a cabo la consulta previa respectiva en
relación con el componente de participación de la Ley 70 de 1993, pues de la
valoración en conjunto de las pruebas allegadas al expediente, se advierte
claramente que se garantizó dicho derecho fundamental.
154. Cuestión diferente es que el actor no comparta o tenga inconformidades
con la manera en que el Espacio Nacional de Consulta Previa llevó a cabo dicho
proceso respecto de los grupos representados. Sobre este aspecto, la Sala reitera
34Ver al respecto las Sentencias de la Corte Constitucional T-129 del 03.03.2011. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, C-389 del 27.07.2016. M.P. María Victoria Calle Correa, SU-133 del 28.02.2017.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, SU- 217 del 18.04. 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
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que la apreciación resulta subjetiva, en tanto las probanzas dan cuenta de que en
este caso concreto el Gobierno Nacional surtió la consulta previa, de manera que
la protección de esta garantía fundamental fue efectiva y no meramente formal.
155. En consecuencia, verificado y probado que se llevó a cabo el proceso de
consulta previa del Decreto 1640 de 2020, y que concretamente dicho proceso se
realizó respecto de la disposición demandada y, que este no fue meramente
formal porque permitió una participación efectiva de la comunidad, el cargo será
negado.
2.5. Violación de normas constitucionales - artículos 3, 13, 40, 107 y 177
156. La violación de estas normas constitucionales se fundamenta en la afirmación
que hace la parte actora, según la cual, el inciso tercero del artículo 2.5.1.6.2. del
Decreto 1640 de 2020 impide que las personas que no han participado de ninguna
forma en organizaciones de negritudes, afrocolombianas, raizales y palenqueras,
puedan ser candidatos a la Cámara de Representantes de esas circunscripciones
especiales, pues, a su juicio, se trata de un requisito adicional a los establecidos en
el artículo 3 de la Ley 649 de 2001.
157. No obstante, como se indicó en el capítulo 2.3 de la parte motiva de esta
providencia, la norma demandada no introduce un requisito adicional para aquellos
que quieran presentarse como candidatos a la Cámara de Representantes por la
circunscripción especial de negritudes.
158. Sumado a lo anterior, el artículo acusado no hace referencia únicamente a
“los consultivos” como lo expresa la parte actora, sino que se refiere a los
integrantes de las instituciones de participación y tiene como fin garantizar el
derecho a elegir y ser elegido de las comunidades afrocolombianas, raizales y
palenqueras, pues lo pretendido es que sean representados por quienes
verdaderamente hacen parte de la respectiva comunidad, por lo que no se
advierte la violación de los artículos 13, 40, 107 y 177 Superiores.
159. Al respecto, el Consejo de Estado35, en armonía con lo dispuesto por la Corte
Constitucional, ha establecido que, si bien el artículo 2 de la Ley 70 de 1993 contiene
unos criterios para identificar a una persona como miembro de la comunidad
afrodescendientes, es posible que no todas las condiciones se encuentren presentes
o sean determinantes para concluir que una persona o un grupo hacen parte, o no,
de aquella.
160. En todo caso, se resalta que la Corte Constitucional en la sentencia C-169
de 2001, al pronunciarse sobre los requisitos que deben cumplir quienes quieran
ser candidatos a la Cámara de Representantes de las comunidades negras,
35Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 14.07.2016. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Rad. 11001-03-28-000-2014-00099-00
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concluyó que “se trata de una condición razonable, que pretende dotar de un mínimo de
seriedad y veracidad a la inscripción de estos candidatos (…)”.
161. Conforme con lo anterior, de la literalidad de la norma demandada no se
advierte vulneración del artículo 40 de la Constitución, según el cual, toda persona
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,
sino que, por el contrario, se desarrolla dicho derecho dentro del marco
constitucional y en protección de la misma comunidad, porque es a esa
comunidad a la que corresponde, en la órbita de su autonomía, determinar si una
persona pertenece, o no, a ella.
162. En relación con la presunta vulneración al principio de igualdad, la Corte
Constitucional ha explicado que dicho principio tiene dos facetas, la primera de
ellas, relativa a una igualdad formal, contemplada en el inciso primero del artículo
13 superior y según el cual, los ciudadanos merecen el mismo trato ante la ley.
163. La segunda faceta, “reconoce las condiciones diferenciales de existencia entre
distintos grupos sociales, se manifiesta a través de la denominada “igualdad material”.
Como lo prescriben los incisos segundo y tercero del artículo 13 superior, el Estado
colombiano debe adoptar medidas promocionales y dar un trato especial –de carácter
favorable–, a las personas y grupos vulnerables o a los sujetos en condición de debilidad
manifiesta. Esta visión social del Estado, refleja una organización política comprometida
con la satisfacción de ciertas condiciones y derechos materiales, que reconoce las
desigualdades que se presentan en la realidad, y frente a las cuales es necesario adoptar
medidas especiales para su superación con el fin de garantizar un punto de partida
equitativo entre los ciudadanos.”36
164. Ahora, el numeral tercero del artículo 2.5.1.6.2. no vulnera el principio de
igualdad en los términos expuestos por el actor, pues, se reitera, dicha disposición
no restringe la participación para los miembros “consultivos”, como lo afirma el
accionante, sino que hace referencia a aquellas personas que han integrado
alguna institución de participación, con fin de obtener el aval para conformar la
Comisión Consultiva de Alto Nivel establecida en el artículo 45 de la Ley 70 de
1993.
165. En punto de lo anterior, la Sala comparte lo señalado por la Agente del
Ministerio Público al rendir su concepto en relación con la suspensión provisional
de la norma demandada, referido a que en los conceptos contenidos en la Ley 70
de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995, de “comunidad negra”37 y “consejo
comunitario”38, respectivamente, así como la composición que tienen en este
36 Corte Constitucional, Sentencia C-220 del 19.04.2017. M.P. José Antonio Cepeda Amará.
38 Definidos en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995, respectivamente. Ley 70 de 1993.
Artículo 1, numeral 5. Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia
de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Decreto 1745 de 1995. Artículo 3º.
Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona
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último las Asambleas Generales39 y las Juntas de los Consejos Comunitarios40,
cualquiera de esas figuras se reputan instancias o instituciones de participación.
166. En esa medida, el requisito resulta congruente con la autonomía, la
autodeterminación y el autogobierno de las comunidades negras, raizales y
palenqueras, porque es la propia colectividad la que determina, en el marco de su
propia organización, quiénes pueden aspirar a representarlos en los distintos
escenarios de participación por cumplir con la exigencia de pertenencia a ellas.
167. Así las cosas, la medida que el actor considera discriminatoria por reducir el
espectro de pertenencia a una comunidad negra, afrodescendiente, raizal y
palenquera a la condición de “haber sido consultivo”, no lo es. Todo lo contrario,
constituye una medida afirmativa y de autonomía dispuesta por el Estado a
iniciativa del Espacio Nacional de Consulta Previa, a través de la cual se
promueve y garantiza el autorreconocimiento de esas comunidades, a efectos de
que sean ellos quienes decidan quiénes serán sus representantes en los espacios
de participación, cualquiera que ellos sean.
168. Teniendo en cuenta lo anterior, este cargo será negado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de nulidad del numeral 3 del artículo
2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 14 de diciembre de 202041 por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las
Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los
demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.
39 Decreto 1745 de 1995. Artículo 4º.La Asamblea General. Para los efectos del presente Decreto,
la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las
personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el
censo interno.
40 Artículo 7º.La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad
de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado
un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos
reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus
integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.
41 “Por el cual se sustituye el Capítulo 1, relacionado con la conformación y reglamentación de la
Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, prevista en el artículo 45 de la Ley 70 de 1993, se adiciona el Capítulo 5, relacionado
con el Registro de instituciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras y se adiciona el Capítulo 6, relacionado con la Participación de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, al Título 1, de la Parte 5, del Libro 2 del Decreto
1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.”
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SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente
decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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