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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00018-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00018-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00018-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de julio de 2022

Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00
Demandante: FERNANDO CAMPOS POLO
Demandado: ACTO DE ELECCIÓN DEL SEÑOR CHARLES ROBIN
AROSA CARRERA, COMO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, PERIODO 2022-2024

Temas: Exigencias para ser rector del ente educativo, existencia de la terna ante
la falta de requisitos de uno de sus integrantes, trámite de las recusaciones al
interior del Consejo Superior Universitario.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar sentencia de única
instancia en el expediente de la referencia, en el cual se cuestiona la legalidad del
acto de elección del señor Charles Robin Arosa Carrera, como rector de la
Universidad de los Llanos, para el periodo 2022-2024, contenido en la Resolución
No. 060 del 13 de diciembre de 2021, dictada por el Consejo Superior de ese ente
autónomo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El señor Fernando Campos Polo, el 28 de enero de 20221, en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437
del 2011, elevó las siguientes pretensiones:

“1.1. Que se declare la NULIDAD del acto administrativo ‘Resolución Superior No.
060 de 2021 – Por la cual se designa a través de elección el Rector de la Universidad
de los Llanos para el período institucional entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de
diciembre de 2024’, expedida el 13 de diciembre de 2021 por parte del Consejo
Superior de la Universidad de los Llanos, (…) publicada en el Diario Oficial, del día 20
de diciembre de 2021 (…), acto administrativo a través del cual se declaró electo al
señor CHARLES ROBIN AROSA CARRERA identificado con cédula de ciudadanía
No. 86.041.336 de Villavicencio y se designó como Rector de la Universidad de los
Llanos, para el periodo institucional comprendido entre el 1º de enero de 2022 y el 31
de diciembre de 2024, de conformidad con la convocatoria realizada a través de la
Resolución Superior 020 de 2021 del 18 de junio de 2021.

1
Según informe de “Entrega de expediente en el despacho de la magistrada Rocío Araújo Oñate, del 31 de enero de 2022,
se manifiesta que la demanda fue recibida el 28 de enero de 2022 a las 2:56 p.m.”

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1.2. Como consecuencia de esta nulidad, se ordene a la Universidad de los Llanos
convocar a nuevas elecciones para ocupar el cargo del Rector de la Universidad de
los Llanos para el periodo institucional 2022-2024”.

1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control

2. Del escrito introductorio se advierten los siguientes:

3. El 18 de junio de 2021, el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos - en
adelante UNILLANOS – expidió la Resolución No. 020, por medio de la cual
convocó y reglamentó el procedimiento de elección de su rector para el periodo
2022-2024.

4. El artículo 3º del acto de convocatoria prescribió las causales de inelegibilidad
dentro del trámite eleccionario, estableciendo que la postulación de candidaturas
estaría prohibida para aquellos ciudadanos que dentro del año anterior a la fecha
de inscripción hubieren suscrito contratos con la universidad, salvo que se tratare
del ejercicio de la docencia.

5. Asimismo, el artículo 3º de la Resolución No. 020 del 18 de junio de 2021
contempló que los candidatos a la rectoría de la UNILLANOS debían acreditar
mínimo 5 años de experiencia administrativa en cargos del nivel directivo,
definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - en adelante
DAFP -, “…de los cuales, por lo menos 4 años debían corresponder a Instituciones de
Educación Superior (IES)”.

6. Para probar la experiencia comentada, los aspirantes al empleo de rector
debían aportar “certificaciones suscritas por el representante legal o jefe de recurso
humano o quien haga sus veces en la entidad de donde provinieran. Las certificaciones
allegadas deben describir denominación y nivel de empleo, el tiempo de servicio y las
funciones desempeñadas”.

7. En este trámite de designación, el plazo de inscripción de candidaturas se
adelantó entre el 25 de junio y el 14 de julio de 2021. Dentro de los 20 candidatos
registrados, figuraron los nombres del demandante, del demandado2 y del señor
Javier Díaz Castro.

8. Indicó el demandante que al momento de la inscripción del demandado como
candidato3, tenía vigente un contrato de prestación de servicios con UNILLANOS,
bajo la denominación de comisión de estudios, el cual fue otorgado a través de la
Resolución Superior No. 025 de 20184, cuyo soporte es el acuerdo de voluntades
No. 07 del 5 de julio de 20185.

2
Inscrito el 14 de julio de 2021.
3
Según el demandante, el sr Arosa Carrera se inscribió el 14 de julio de 2021, conforme se encuentra en el siguiente link:
https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/elecciones/2021- 1/elecciones-rector, el acta de aspirantes inscritos.
4
Resolución Superior 025 de 2018-Por medio del cual se le concede la Comisión de Estudio a Charles Robín Arosa Carrera
5
Contrato de Comisión de Estudio N° 07 de 2018-Contrato firmado entre el señor Charles Robín Arosa Carrera y la
Universidad de los Llanos

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9. Culminada la fase de inscripción, la Comisión de Verificación de Requisitos
encargada de valorar las hojas de vida y anexos de los participantes en la
contienda, fue conformada por 6 miembros, dentro de los que se destacaban:

Cargo o dignidad Nombre
Representante de estudiantes ante el CSU Señor José Fernando Saavedra Sua
Secretario General de UNILLANOS Señor Giovanny Quintero Reyes
Asesor Jurídico de UNILLANOS Señor Medardo Medina Martínez
Jefe de personal de UNILLANOS Señor Víctor Efrén Ortiz

10. El 14 de julio de 2021, el señor Urley Guerrero Nagles formuló escrito de
recusación contra los integrantes de la Comisión Verificadora, señores Giovanny
Quintero Reyes, Medardo Medina Martínez y Víctor Efrén Ortiz. El mismo día, el
señor Julián Camilo Mahecha Rojas recusó al señor José Fernando Saavedra Sua
–“miembro del Consejo Superior Universitario y Presidente de la comisión verificadora” -.
Los escritos se fundamentaron en la cercanía existente entre estos evaluadores y
algunos aspirantes al cargo de rector.

11. El 23 de julio de 2021, el Consejo Superior Universitario declaró infundada la
recusación incoada en contra del señor José Fernando Saavedra Sua, mediante
Resolución No. 026. Ello por cuanto la solicitud presentada no se adecuaba a
ninguna de las causales contenidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

12. El mismo 23 de julio de 2021, el Consejo Superior Universitario dictó la
Resolución No. 027 con la que determinó que la consulta democrática a la que
debían ser sometidos los nombres de los aspirantes habilitados en la carrera por
la rectoría de UNILLANOS se efectuaría de manera virtual.

13. El 5 de agosto de 2021, por medio de la Resolución No. 831, las recusaciones
elevadas contra los señores Giovanny Quintero Reyes, Medardo Medina Martínez
y Víctor Efrén Ortiz, integrantes de la Comisión de Verificación de Requisitos,
fueron despachadas desfavorablemente, al no advertirse el conflicto de intereses
alegado por el señor Urley Guerrero Nagles.

14. El 11 de agosto de 2021, el Consejo Superior de UNILLANOS expidió la
Resolución No. 030 reanudando el procedimiento eleccionario tras la absolución
de las recusaciones referidas.

15. El 14 de septiembre de 2021, la Comisión Verificadora de Requisitos dio a
conocer la lista de candidatos habilitados conformada por:

CANDIDATOS HABILITADOS
Señor Charles Robin Arosa Carrera -demandado-
Señor Fernando Campos -demandante-
Señor Javier Díaz Castro
Señor Pablo Emilio Cruz Casallas

16. Señaló que el ciudadano Hugo Olarte, le solicitó al Consejo Superior
Universitario excluir de la lista de candidatos al señor Javier Díaz Castro porque
no acreditó en debida forma la experiencia administrativa en cargos del nivel

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directivo como lo exigía la convocatoria; petición que fue objeto de análisis por el
mencionado cuerpo colegiado en las sesiones extraordinarias 025 y 026 de 2021
(no se precisaron las fechas), en las que 3 integrantes indicaron que el referido
aspirante no cumplía requisitos y los 4 restantes se abstuvieron y/o votaron en
blanco.

17. El 13 de diciembre de 2021, el Consejo Superior de UNILLANOS designó, a
través de Resolución No. 060, al señor Charles Robin Arosa Carrera como rector
de ese ente autónomo universitario, periodo 2022-2024. Su posesión tuvo lugar el
22 de diciembre siguiente.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

18. Estimó desconocidos los principios y/o derechos de imparcialidad, debido
proceso, a elegir y ser elegido, moralidad pública y acceso a la administración
pública consagrados en la Constitución Política; los artículos 11.5 y 24 del
Acuerdo Superior 003 de 2021 (estatuto general de la UNILLANOS), 3 de la
Resolución Superior 020 de 2021 (convocatoria), 67 de la Ley 30 de 1992, 8
(numerales 1, 3 y 4) y 12 de la Ley 1437 de 2011.

19. Lo anterior por las razones que a continuación se sintetizan:

1.3.1. Incumplimiento de los requisitos mínimos por parte del demandado

20. Subrayó que según el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 “(l)os integrantes de los
Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad
de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos” (negrilla fuera de texto) y;
que de conformidad con los artículos 64 de la misma ley y 10.9 del Acuerdo 003
de 2021, el rector de UNILLANOS es miembro del Consejo Superior de la
institución educativa.

21. Aseveró que de conformidad con el artículo 3º de la Resolución No. 020 del 18
de junio de 2021 -reglamento de la convocatoria para la elección de rector-, en
consonancia con el artículo 11.5 de los estatutos generales de la institución 6-
Acuerdo Superior 003 de 2021-, ningún candidato pudo suscribir contratos con la
UNILLANOS dentro del año anterior a la fecha de su inscripción.

22. En ese orden, manifestó que el señor Charles Robin Arosa Carrera -para el
momento del registro de su candidatura- era profesor de tiempo completo en el
ente educativo, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y gozaba desde
2018 de una comisión de estudios, atribuida a través de la Resolución No. 025 de
ese año.

23. Destacó que para el otorgamiento de la comisión de estudios debe suscribirse
un contrato de permanencia con la Universidad, de conformidad con el artículo 70

6
Que consagra los requisitos de los integrantes del Consejo Superior Universitario.

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del Acuerdo Superior 002 de 20047 y el artículo 2.2.5.5.33 del Decreto 1083 de
20158.

24. Informó que esa situación administrativa -comisión de estudios- había
implicado para el demandado la firma del contrato No. 07 del 5 de julio de 2018,
con el que el señor Arosa Carrera se había comprometido a permanecer vinculado
con la institución por el doble del tiempo de duración de la comisión concedida.

25. Puntualizó que ese contrato fue prorrogado en 3 oportunidades 9, siendo la
última, el 15 de junio de 2021, poco tiempo antes de la inscripción de la
candidatura del acusado a la rectoría de la UNILLANOS para el periodo estatutario
2022-2024.

26. En consonancia, el demandante sostuvo que la elección del señor Charles
Robin Arosa Carrera había transgredido los postulados de la convocatoria, pues
dentro del año anterior al registro de su aspiración había suscrito acuerdo de
voluntades con el ente autónomo universitario.

27. Agregó que fueron vulnerados “(l)a garantía de imparcialidad, al debido proceso,
derecho a elegir y ser elegido, derecho a la moralidad pública, derecho a la administración
de justicia de los demás aspirantes habilitados, al favorecer al mencionado candidato
habilitado, por no exigir el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto y
Resoluciones Superiores que reglamentaron la elección para el cargo de Rector de la
Universidad de los Llanos, a pesar de conocer que el señor AROSA tenía un contrato
suscrito vigente con la Universidad bajo la acreditación de su comisión de estudios al
momento de su inscripción, actuación que va en contra vía del principio de imparcialidad y
los fines del estado, al poner en igualdad de condiciones a una persona que
evidentemente no cumplía con la totalidad de las condiciones exigidas”.

1.3.2. Incumplimiento de requisitos mínimos por parte de 2 de los aspirantes
habilitados

28. La parte actora indicó que el listado definitivo de candidatos habilitados para
acceder a la rectoría de UNILLANOS estuvo compuesto por aspirantes que no
habían cumplido los requisitos para ello.

29. En este punto, reiteró el caso del demandado, quien estaba incurso en una
causal de inelegibilidad, al haber suscrito contrato con ese ente autónomo
universitario.

30. Igualmente, el accionante refirió el caso del señor Javier Díaz Castro, quien, a
pesar de haber sido habilitado, no cumplía con la experiencia administrativa
exigida en el trámite. En ese punto, recordó que los candidatos a la rectoría de
UNILLANOS debían acreditar 5 años en asuntos administrativos en cargos del
nivel directivo -de acuerdo con la reglamentación fijada por el DAFP para el efecto-
7
ARTÍCULO 70°: Cuando se concede una comisión de estudios a un profesor, éste adquiere los siguientes compromisos
con la universidad:
a. Suscribir con la Institución un contrato que lo obligue a permanecer vinculado a ella por el doble del tiempo de duración
de la comisión y en el que constarán los compromisos académicos referentes a los estudios que adelantará (…)”
8
ARTÍCULO 2.2.5.5.33 Obligaciones del empleado en la comisión de estudios. El empleado público que se le confiera
comisión de estudios al interior o al exterior deberá suscribir convenio (…).
9
Primera prórroga: 26 de julio del 2019. Segunda prórroga: 29 de julio de 2020.

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de los cuales 4 debían corresponder a experiencia adquirida en Instituciones de
Educación Superior, según el artículo 3 de la Resolución Superior 020 de 2021 y
el artículo 24.4 del Acuerdo Superior 03 de 2021.

31. Tras explicar lo anterior, el demandante informó que para acreditarla, el señor
Javier Díaz Castro había allegado certificación de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS del 10 de julio de 2014, firmada por el director administrativo y
financiero de la institución -señor Miguel Ángel Cortés González-, en la que se
establecía que Díaz Castro había ocupado el empleo de director general de
investigaciones y desarrollo empresarial desde el 9 de enero de 2006 hasta el 13
de abril de 2011.

32. Expuso que, en el marco del procedimiento eleccionario para la escogencia
del rector de la UNILLANOS, las autoridades competentes habían requerido a la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS con el propósito de corroborar la
veracidad de la certificación arrimada por el señor Javier Díaz Castro 10.

33. Arguyó que el rector de esa corporación universitaria, señor Enrique Medina
Quintero, mediante escritos del 17 y 28 de septiembre de 2021, dio cuenta que el
señor Díaz Castro, lejos de haber desempeñado el cargo de director general de
investigaciones y desarrollo empresarial, había fungido como simple catedrático y
que la certificación aportada carecía de validez, pues no había sido suscrita por el
funcionario competente dentro de su organigrama.

34. Más allá de lo anterior, objetó el mérito de ese documento al precisar que:
• El empleo de director general de investigaciones y desarrollo empresarial
de una universidad privada -como lo era la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS- no se encontraba dentro de los cargos del nivel directivo
definidos por el DAFP, como lo exigía la convocatoria (artículo 3 de la
Resolución Superior 020 de 2021).

• La experiencia administrativa a acreditar debía serlo en instituciones
públicas u oficiales de educación superior y no privadas.

• La certificación presentada por el señor Javier Díaz Castro no fue firmada
por el representante legal de la Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS; no especificó el nivel del cargo desempeñado y las funciones
relacionadas no son de índole directivo.

• Los órganos e instancias directivas de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS son solo el Consejo Superior, el Consejo de delegados, el
rector y el Consejo Académico -de acuerdo con sus estatutos- por lo que el
cargo de director general de investigaciones y desarrollo empresarial no
puede ser tenido como directivo.

35. A pesar de todo lo anterior, el accionante refirió que la candidatura del señor
Javier Díaz Castro fue habilitada para participar en el marco del proceso
10
Mediante Oficios 2021-EE000906 del 24 de septiembre de 2021.

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eleccionario, incluso en desconocimiento del derecho a la igualdad, teniendo en
cuenta que otras postulaciones como las de los señores Jacinto Azcarate Serrano,
Germán Ramírez Garzón, Fernando Campos Polo y Luis Carlos Guzmán
Rodríguez fueron rechazadas porque las certificaciones aportadas no cumplían el
artículo 3 de la Resolución Superior 020 de 2021, en especial, en cuanto al nivel
directivo de los empleos desempeñados11.

36. Agregó que la situación del aspirante Díaz Castro fue analizada por el Consejo
Superior Universitario en sesiones extraordinarias 025 y 026 de 2021, en las que
se incurrieron en las siguientes irregularidades:

• 3 miembros del Consejo consideraron que el referido aspirante no cumplía
los requisitos y los 4 restantes se abstuvieron o votaron en blanco, por lo
que no se evidencia una decisión mayoritaria del cuerpo colegiado en torno
a la posibilidad del señor Díaz Castro de continuar en el proceso de
designación.

• El análisis de dicha situación quedó consignado en un acta, que no ha sido
publicada, y no en un acto administrativo, lo que impidió la posibilidad de
interponer los recursos de ley contra la decisión adoptada.

• “(…) a pesar de los hechos conocidos por posible fraude y aparente falsificación
en documento privado algunos consejeros y miembros del Consejo Superior
Universitario determinaron en contravía de su reglamento12, pues la mayoría de
sus miembros votaron a favor de excluir al aspirante Díaz (3)Tres, los demás se
abstuvieron y votaron en blanco, decidieron avalar la candidatura del Señor Javier
Díaz Castro, pasando por encima de mis derechos tales como:” igualdad, debido
proceso, elegir y ser elegido, moralidad pública y administración de justicia

37. Concluyó indicando que la habilitación de las candidaturas del demandado y
del señor Javier Díaz Castro, quienes fueron considerados en la consulta, afectó la
postulación de los otros 2 aspirantes -en especial la del demandante- que sí
cumplían con la totalidad de los requisitos para ser elegidos.

1.3.3. Vulneración de los artículos 8 y 12 de la Ley 1437 de 2011

38. Señaló que las recusaciones formuladas por el señor Urley Guerrero Nagles
contra los miembros de la Comisión Verificadora de Requisitos, señores Giovanny
Quintero Reyes, Medardo Medina Martínez y Víctor Efrén Ortiz, fueron resueltas a
través de la Resolución No. 831 del 5 de agosto de 2021.

39. Sin embargo, destacó que el referido acto administrativo no había sido
publicado, ni comunicado a los aspirantes e interesados en el proceso de
designación del rector, transgrediendo los deberes de información que
correspondían a las autoridades públicas. Sobre el particular especial énfasis hizo
en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 8 de la Ley 1437 de 201113.
11
Frente al señor Campos Polo se precisó que finalmente por vía de reclamación logró su inclusión en la lista de
habilitados.
12
Acuerdo Superior 013 de 2016- Reglamento del Consejo Superior de Unillanos-Definición del tipo de voto
13
ARTÍCULO 8. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona
información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios

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40. Asimismo, afirmó que la Resolución No. 027 del 23 de julio de 2021 -mediante
la cual se determinó celebrar de manera virtual la consulta previa, fue publicada
tardíamente (13 días después) el 5 de agosto de esa anualidad.

41. De otra parte, refirió que, a la luz de las previsiones del artículo 12 de la Ley
1437 de 201114, la presentación de solicitudes de recusación en el marco de los
procedimientos administrativos conlleva la suspensión automática de estos, hasta
tanto no se resuelvan.

42. De esta manera, adujo que el trámite de la elección del rector de la
UNILLANOS, periodo 2022-2024, estuvo suspendido desde el 14 de julio de 2021
-fecha en la que se habían formulado recusaciones contra algunos de los
integrantes de la Comisión de Verificación de Requisitos- y el 5 de agosto del
mismo año, momento para el cual se despacharon desfavorablemente la totalidad
de éstas.

43. Afirmó que, a pesar de la suspensión de ese procedimiento, el Consejo
Superior de la UNILLANOS expidió el 23 de julio de 2021 la Resolución No. 027
con la que estableció que la consulta previa se llevaría a cabo de manera virtual.

44. Es decir, la UNILLANOS había regulado fases esenciales del proceso en un
periodo en el que éste se encontraba suspendido a la espera de respuesta a
algunas recusaciones.

2. Trámite

45. Admitido el presente medio de control mediante auto del 17 de marzo de 2022
por la Sala Electoral y negada la suspensión provisional de sus efectos, se
presentaron las siguientes Intervenciones:

2.1. Demandado, Charles Robin Arosa Carrera

46. A través de apoderado indicó que, aunque la Resolución 020 de 2021, prevé
en el artículo 3º que quien aspire al cargo de rector, no puede haber contratado
con la universidad un año antes de la fecha de la inscripción, también precisa una
salvedad y es que se trate del ejercicio de la docencia.

47. En este orden, resaltó que suscribió con la institución educativa el contrato de
comisión de estudios No. 07 de 2018, prorrogado en dos ocasiones, en razón del
ejercicio como docente en la Universidad de los Llanos, con el compromiso de
servir a ésta por un periodo de tiempo igual al doble de la comisión que le fuera
otorgada.

impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: 1. Las normas
básicas que determinan su competencia. (…), 3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas
las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad, 4. Los actos administrativos de carácter general
que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos.
14
“La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la
recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el computo de los términos para que proceda el silencio administrativo
se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo”.

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48. Adujo que en su condición de profesor y durante el tiempo que perdure la
comisión, le son reconocidos los salarios y demás prestaciones, conforme lo
establece la cláusula cuarta del contrato de comisión de estudios, de lo que se
desprende que no existe solución de continuidad que permita deducir que realizó
actividades ajenas a sus labores de docente.

49. Destacó que el contrato de comisión de estudios no se encuentra sometido al
estatuto general de la contratación pública que trata la Ley 80 de 1993, por lo que
no es de aquellos que se sancionan con inhabilidad para aspirar al cargo de rector
de la institución, puesto que tiene relación directa y exclusiva con su actividad
como docente de la Universidad de los Llanos, de allí que no pueda concluirse que
es un contratista ajeno a la Universidad, puesto que ese acuerdo de voluntades
surge precisamente por sus funciones como profesor universitario.

50. Sostuvo que en sentencia 01411 del 201715, el Consejo de Estado dijo en
relación con el contrato de comisión de estudios que:

“Sobre la comisión es importante señalar, por ahora, que se presenta cuando un
servidor ‘[…] por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las
funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo
o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo
de que es titular […]’, como lo dispone el artículo 75 del Decreto 1950 de 1973. Esta
situación administrativa puede presentarse bajo cuatro modalidades que son la
comisión (i) de servicio (ii) de estudio (iii) para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción y (iv) para atender invitaciones.

En el caso particular de las comisiones de estudio es preciso anotar que se
encuentran consagradas para que el servidor se capacite, adiestre o perfeccione
sus competencias y habilidades en el ejercicio de las funciones propias del empleo
del que es titular o de los servicios a cargo de la entidad a la que se encuentra
vinculado (art. 84, Decreto 1950 de 1973).

Los derechos, obligaciones, garantías y, en general, las condiciones bajo las cuales
ha de concederse la comisión de estudios, además de tener regulación en los
Decretos 1950 de 1973, 1050 de 1997 y 3555 de 2007, pueden estar consagrados
en resoluciones o circulares que dicte cada entidad a efectos de instruir los
procedimientos a seguir y, además, puede estar acompañada de la suscripción de
un contrato entre las partes intervinientes”.

51. Lo expuesto para concluir que, “el contrato celebrado entre mi representado y la
Universidad de los Llanos no lo inhabilitaba en su aspiración para ser elegido Rector de la
Institución”.

52. En cuanto a la vulneración del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 indicó, que
presentadas las recusaciones contra los miembros de la Comisión Verificadora, se
suspendió la etapa que les correspondía, la revisión de los requisitos de los
aspirantes, y que “la directriz informativa, concerniente al mecanismo que habría de
usarse para celebrar la consulta previa a la selección, no reñía en forma alguna con las
resultas del trámite de habilitación y ninguno de los integrantes del Consejo Superior se
encontraba recusado o impedido para ejercer sus funciones”.

15
El apoderado del demandado refiere la sentencia 01411 de 2017 del Consejo de Estado, sin precisar radicado,
demandante, demandado, Sección, etc.

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Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

53. Añadió que “el hecho de brindar la información en torno al mecanismo de elección,
no tenía incidencia alguna en las resultas de la contienda, precisando que el
procedimiento de consulta democrática para la conformación de la terna definitiva de
candidatos había de llevarse a cabo de manera virtual, no fue objeto de reproche ni es
pretensión invocada por el actor en el escrito de demanda”.

54. Frente a la vulneración del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, adujo que no es
dable afirmar que existió inobservancia de esta normativa, en razón a que el
numeral 4º de la misma estableció que las autoridades deben efectuar la
publicación de los actos administrativos de carácter general, por tanto la
Resolución electoral No. 0831 de 2021, -por la cual se resuelve una recusación- al
tener interés particular, debe notificarse a las personas sobre las cuales se
generan efectos específicos, esto es, al recusante y al recusado, como ocurrió en
el caso de autos mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2021.

55. Añadió, que mediante correo del día siguiente se le informó al presidente de la
Comisión Verificadora que la recusación fue declarada infundada, por lo que se le
instó a que reanudara su labor. Así, el trámite de recusación adelantado por la
Universidad de los Llanos se surtió respetando los principios del debido proceso y
publicidad, sin que se vislumbre afectación alguna a la transparencia del proceso
eleccionario.

56. Respecto del aspirante Javier Díaz Castro, resaltó que se reprochó que el
documento que aportó para acreditar la experiencia administrativa era espurio, “ sin
embargo, tal aseveración solo podía ser declarada a través de autoridad competente, en
consideración a que en el trámite de selección de habilitados impera el principio de la
Buena Fe”.

57. Precisó que con el ánimo de evitar que el señor Díaz Castro participara en el
proceso de elección se presentó una acción de tutela que conoció el Juzgado
Séptimo Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, que
respectivamente negó las pretensiones y declaró improcedente el mecanismo
constitucional.

2.2. Ministerio de Educación

58. Mediante apoderado invocó la excepción de falta de legitimación en la causa,
“toda vez que dentro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de los Llanos, la
entidad que represento y de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 30 de
1992, cuenta con tan solo un (1) voto dentro del máximo órgano de dirección, motivo por
el cual muchas de las decisiones pueden adoptarse dentro del seno del órgano directivo,
sin el debido consenso con la cartera ministerial, ello en razón a la ausencia de mayorías
que representen los intereses la entidad”.

59. En cuanto al fondo del asunto, indicó que no advierte hechos o fundamentos
de derecho que desvirtúen la presunción de legalidad del acto acusado. De otro
lado, recordó que hace parte de la autonomía de las instituciones de educación
superior designar sus autoridades académicas y administrativas, “por lo que frente a
las pretensiones de la demanda, ésta (sic) cartera ministerial debe circunscribirse a las
decisiones mayoritarias del Consejo Superior Universitario”.

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Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

2.3. Intervención de la Universidad de los Llanos

60. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando, que:
61. El contrato suscrito entre el profesor Charles Robin Arosa Carrera y la
institución educativa fue en virtud de la comisión de estudios que le fue otorgada,
por ende, obedece a la actividad que desarrolla como docente universitario, por lo
que está dentro de la excepción señalada en el artículo 3 de la Resolución
Superior 020 de 2021, en concordancia con los artículos 11 y 24 del Acuerdo
Superior 003 de 2021, normas que se invocaron como desconocidas.

62. En cuanto a la presunta vulneración del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011,
porque no se publicó la Resolución 831 del 5 de agosto de 2021 y se dio a
conocer tardíamente la Resolución 026 del 23 de julio de 2021, -que resolvieron
las recusaciones-, indicó por una parte, que se trata de actos administrativos
particulares que deben notificarse no publicarse, y de otro, que su notificación se
debe realizar a los directos interesados, los señores Urley Guerrero Nagles y
Julián Camilo Mahecha Rojas, que fueron quienes elevaron las recusaciones, de
manera tal que el actor no está legitimado en la causa por activa para alegar un
perjuicio o la vulneración de un derecho frente a dicha situación.

63. Los escritos de recusación interpuestos por los ciudadanos antes señalados
no suspendieron de forma total el proceso de elección del rector de UNILLANOS,
pues no se dirigieron contra los integrantes del Consejo Superior de la institución
educativa, sino frente a la actuación de los miembros de la Comisión Verificadora,
de manera tal que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, lo que
se suspendió fue la etapa de “revisión del cumplimiento de requisitos”, que se
reanudó el 6 de agosto de 2021, después de que se notificaran los actos
administrativos que resolvieron las recusaciones.

64. Precisó que la Resolución Nº 027 del 23 de julio de 2021, que se dictó
mientras se resolvían las peticiones de los señores Urley Guerrero Nagles y Julián
Camilo Mahecha Rojas, se expidió como un acto administrativo de trámite, “ toda
vez que para la época no se había conjurado el tema de la pandemia del COVID 19,
definiéndose únicamente la forma en que se llevaría a cabo la consulta previa, la cual
había sido establecida en la Resolución Superior Nº 020 de 2021, por lo tanto, no interfirió
en las decisiones del Comité de Verificación, ni modificó el cronograma de elección”, de
manera tal que no se advierte que con su emisión se haya desconocido el
ordenamiento jurídico o causado algún perjuicio.

65. Invocó como excepción la “carencia de objeto respecto del cargo enrostrado por
indebida habilitación de candidatos, “por cuanto el aspirante Javier Díaz Castro, no
cumplía con la experiencia administrativa exigida en el trámite”, en consideración a que
el elegido fue el profesor Charles Robin Arosa Carrera, por lo tanto, el estudio de
la nulidad electoral recae únicamente sobre él, de conformidad con el numeral 5
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y no respecto de los demás candidatos.

66. Añadió que “así lo ha expresado el H. CONSEJO DE ESTADO, en sentencia del 8
de julio de 2021, M.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, acción de nulidad electoral

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Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
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Nº 13001233300020180080103 y ratificado en el numeral 117 contenido en la página 25
del auto que admitió el presente medio de control”.

67. No obstante lo anterior, indicó que la habilitación de la candidatura del señor
Javier Diaz Castro a pesar de las circunstancias destacadas por el peticionario,
obedeció a que la certificación para acreditar la experiencia administrativa en
empleos del nivel directivo que aportó aquél es original, “ con sellos de la institución,
ratificada por quien la expidió y respaldada por una serie de documentos que aportó como
revistas publicadas por la Institución IDEAS, en donde aparece el nombre del aspirante
dentro de la planta directiva de la entidad, de tal suerte que en honor a todos los principios
y derechos fundamentales Constitucionales esto es, buena fe, presunción de inocencia,
debido proceso, favorabilidad, a elegir y ser elegido y el derecho al acceso de funciones y
cargos públicos, los cuales deben ser efectivamente garantizados, el Consejo Superior
Universitario decidió mantenerlo en la lista de aspirantes habilitados dentro de la
convocatoria para la designación por elección del empleo de Rector de la Universidad de
los Llanos”.

2.4 Trámite de sentencia anticipada

68. En auto del 13 de junio de 2022, se decidieron las excepciones previas y
mixtas, se fijó el litigio y se ordenó correr traslado a los sujetos procesales para
alegar de conclusión.

69. En lo que hace a las excepciones, se negó la prosperidad de la falta de
legitimación en la causa por pasiva16 propuesta por el Ministerio de Educación
Nacional y por activa de UNILLANOS frente al accionante.

70. Frente a las pruebas, se decretaron las documentales aportadas con la
demanda, la contestación y el trámite de la medida cautelar, respecto de las
cuales no se evidenció que se hubiera formulado tacha o desconocimiento.

71. En firme las anteriores decisiones, se ordenó el traslado para alegar de
conclusión, etapa procesal en la que intervinieron los siguientes sujetos
procesales:

2.5. Alegatos de conclusión

2.5.1. Demandante

72. El 30 de junio de 2022, reiteró la solicitud de nulidad de la Resolución No. 060
de 2021, por medio de la cual se designó al rector de la Universidad de los Llanos.

16
Se advirtió que el ministro de educación nacional o su delegado integran el Consejo Superior y además lo preside, por lo
que es su principal vocero; situación que lo legitima para actuar en un proceso en el que se controvierte la decisión del
órgano colegiado del que hace parte, razón de orden normativo que justificó que se le notificara el auto admisorio de la
demanda. Respecto a la falta de legitimación en la causa del demandante, se precisó que el hecho de que éste no haya
sido quien promovió las actuaciones que dieron origen a actos de trámite o preparatorios como las resoluciones 026, 027 y
831 de 2021, o uno de sus destinatarios, no impide que, como persona que es, ejerza el medio de control de nulidad
electoral y, en virtud de él, alegue irregularidades contra el acto de designación del rector de la Universidad de los Llanos,
pues señalar que hubo irregularidad por la presunta falta de publicidad de las resoluciones citadas, da a conocer una
situación que podría viciar la legalidad de una decisión de interés general, circunstancia para la cual en modo alguno se le
exige a las personas, como incorrectamente lo estima la institución educativa, una relación sustancial de carácter particular
con la elección cuestionada o las decisiones que le preceden.

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Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
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73. En razón de lo anterior, pidió: “… INAPLICAR el acto administrativo demandado,
por cuanto los actos previos, se encuentran viciados de legalidad, y estos guardan
relación directa con el acto de elección, La pretensión de (sic) se sustenta en el siguiente
antecedente: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala del 18 de febrero de 2016,
radicación 25000-23-41-000-2015-00101-02 CP. Alberto Yepes Barreiro, que señaló: “(…)
los actos (sic) trámite o preparatorios no son pasibles de control judicial, puesto que
desde la perspectiva de la nulidad electoral solo lo son aquellos a través de los cuales se
hace la elección, el nombramiento o el llamamiento a proveer vacantes, respectivamente.
(…) Por supuesto, ello no implica que si se presentan vicios en los actos de trámite o
preparatorios que dieron origen al acto de designación, aquellos queden sustraídos del
control judicial, pues lo que sucede es que dichas anomalías se estudiarán por el juez
electoral cuando analice la legalidad del acto definitivo”.

74. Señaló que no se dio cumplimiento al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, en
tanto, se presentaron recusaciones que no se resolvieron en los términos allí
previstos, como ocurrió con los miembros del comité evaluador.

75. De otra parte, insistió que el señor Arosa Carrera no acreditó el cumplimiento
del requisito exigido en el Acuerdo Superior 003 de 2014, “Estatutos de la
Universidad” en donde se estableció en sus artículos 11 y 24 que no podía haber
contratado con la universidad un año antes de la inscripción, salvo que se trate del
ejercicio de la docencia. En este caso, se demostró en el plenario que suscribió
con el ente educativo el acuerdo de voluntades de comisión de estudios 07 de
2018, prorrogado en 2 ocasiones, lo que lo hacía inelegible a la luz de las normas
invocadas.

2.5.2. Demandado

76. El 11 de julio de 2022, mediante apoderado, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda al concluir que no se demostró la ocurrencia de los 3
vicios alegados por el demandante en el presente asunto como pasa a explicarlo:

77. Ilustró que el contrato de comisión de estudios celebrado entre la Universidad
de los Llanos y el demandado no es de aquellos que estructuren la inhabilidad
alegada, dado que es una situación administrativa de las que regula el artículo 22
del Decreto 2400 de 196817, naturaleza jurídica refrendada por los artículos
2.2.5.5.1. 2.2.5.5.21, 2.2.5.5.22, 2.2.5.5.33 y 2.2.5.5.35 del Decreto 1083 de
201518.

78. Manifestó que el Consejo de Estado19 ha ratificado que la comisión de
servicios es una situación administrativa que se confiere a los empleados públicos
con el fin de adelantar capacitación o mejoramiento académico para el ejercicio de
sus funciones y, durante la misma éste tiene derecho al reconocimiento y pago de
la remuneración del cargo del cual es titular.

17
"Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones"
18
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
19
Hizo mención a las sentencias 2005-03463/2191-2008, 2014 sin señalar más datos y las sentencias 2005-01250-01/2268-
2010, 2011 del año 2010 de donde indicó fueron proferidas por la Sección Segunda de la Corporación.

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79. Adujo que en decisión de la Sección Segunda de esta Corporación 20, se
estableció que el contrato de comisión no se rige por la Ley 80 de 1993, dado que
tiene su génesis en el vínculo laboral del comisionado, luego el régimen al que
debe someterse es el especial propio de la relación legal y reglamentaria de los
empleados públicos.

80. En lo que hace a las recusaciones de los miembros de la comisión de
verificación para determinar la acreditación de requisitos de los candidatos,
sostuvo que éstas fueron resueltas mediante la Resolución Superior N° 026 del 23
de julio de 2021 y la Resolución Rectoral N° 0831 del 05 de agosto de 2021,
decisiones que, por tratarse de actos administrativos de carácter particular, fueron
expedidos y notificados en debida forma a los interesados, contrario a lo
manifestado por el actor, que erróneamente considera que debieron publicarse en
la página web de la Universidad de los Llanos, otorgando la connotación
equivocada de un acto administrativo general.

81. En cuanto a la Resolución Superior N° 027 del 23 de julio de 2021, manifestó
que fue la “…única expedida en el interregno entre la solicitud de recusación y su
resultado, no tenía propósito diferente al de establecer que la consulta previa encaminada
a la democrática selección de los aspirantes al cargo, se haría de manera virtual, aspecto
formal inherente al mecanismo de su pre selección, ajeno a la competencia de la
Comisión Verificadora, sin que tuviese incidencia alguna en las reglas objetivamente
establecidas para la elección del Rector, facultad de la que hizo uso el Consejo Superior
Universitario y no la citada comisión. Por los argumentos antes expuestos, que se
encuentran plenamente probados en el caso de marras, es claro que el cargo no está
llamado a prosperar, teniendo en cuenta que las recusaciones interpuestas en contra de
algunos de los miembros de la Comisión Verificadora fueron tramitadas conforme a las
disposiciones legales aplicables, …”

82. Finalizó su escrito, aduciendo que la inclusión del señor Javier Díaz Castro en
la lista de aspirantes al cargo de rector no vicia la elección en tanto la Sala
Electoral21 ha entendido: “…que la eventual configuración de una causal de nulidad
electoral de carácter subjetivo que tiene relevancia jurídica en sede de nulidad electoral es
la que recae directamente sobre el elegido, más (sic) no sobre los demás candidatos,
teniendo en cuenta: (i) el carácter personal, excepcional, taxativo y de interpretación
restrictiva que tienen las inhabilidades, las cuales en consecuencia no se pueden
proyectar sobre personas distintas a quien incurre en ellas (desde la perspectiva subjetiva
de la causal del art. 275.5 del CPACA); y (ii) la imposibilidad de llevar a cabo un análisis
de incidencia de orden objetivo sobre el impacto directo y trascendental en el resultado de
la elección de las eventuales inhabilidades que recaen sobre quienes participaron en ella
como candidatos pero no resultaron designados”.

2.5.3. Ministerio de Educación Nacional

83. El 13 de julio de 2022 solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.

20
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 26 de octubre de 2017, M.P:
William Hernández Gómez, radicado No. 25000232600020050141101 (3207-15).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 8 de julio de 2021, M.P: Luis
Alberto Álvarez Parra, radicado No. 13001233300020180080103

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84. Reiteró que ese ente ministerial cuenta con una participación minoritaria en el
seno del órgano de elección “...ya que en el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de los Llanos cuenta con 1 representante, de los Diez (10) integrantes, de los
cuales ocho (9) son miembros con voz y voto y un último integrante con voz, pero sin voto
(el rector de la institución), dentro de ésta organización administrativa, sin embargo, varias
de las decisiones pueden ser adoptadas sin que el ministerio esté de acuerdo, teniendo
en cuenta que dentro del órgano deliberatorio opera la lógica de las mayorías”.

85. Resaltó que la elección de los directivos de la universidad es el resultado del
autogobierno, con el que se materializa el principio de autonomía universitaria
previsto en el artículo 69 Superior que prevé que “...las universidades podrán darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley
establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado”.

86. Destacó que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, desarrollar sus programas académicos,
define las labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorga los títulos correspondientes, selecciona sus profesores, admite sus
alumnos y adopta sus regímenes en cumplimiento de su misión social y función
institucional.

87. Mencionó que esta Corporación ha señalado que “...las instituciones de
educación superior oficiales son una categoría de entidades públicas de origen
constitucional, con prerrogativas especiales justificadas por el servicio público que tienen
encomendado. Por lo tanto, deben asegurar el interés general de formación académica de
las personas, la libertad de pensamiento, la generación de nuevo conocimiento y el
desarrollo libre de las ideas, como lo pregona el artículo 4º de la Ley 30 de 1992 (...)”, por
lo que resulta crucial asegurar un gobierno universitario democrático, que
propenda por la correcta administración de los recursos púbicos y la gestión de los
programas y proyectos de la institución.

2.5.4. La Universidad de los Llanos

88. El 13 de julio de 2022 manifestó que debe mantenerse en el ordenamiento
jurídico la Resolución No. 060 del 13 de diciembre de 2021, toda vez que la
elección del rector se realizó conforme con lo dispuesto en su normativa, por lo
que solicitó que se negarán las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.

89. Afirmó que el demandado no desconoció los artículos 30 de la Resolución No.
020 del 18 de junio de 2021, y 11.5 del Acuerdo Superior No. 003 de 2021 del
Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, en razón a que con el contrato
de comisión de estudios No. 07 del 5 de julio de 2018 prorrogado en tres
oportunidades el 26 de julio de 2019, el 29 de julio de 2020 y el 15 de junio de
2021, en realidad se trata de una situación administrativa otorgada mediante la
Resolución Superior 025 de 2018, además “...se encuentra dentro de la excepción
‘salvo que se trate del ejercicio de la docencia’, en consideración a que se realizó en
ejercicio del desempeño de su labor como docente (...) la postura del H. Consejo de
Estado es que esta clase de contratos, no se encuentra sometida a los lineamientos de la

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Ley 80 de 1993, sino a las normas del derecho laboral público, que le son propias de las
situaciones administrativas”.

90. Explicó que no resulta pertinente, ni relevante establecer si el señor Javier
Díaz Castro acreditó en debida forma el requisito de experiencia de cinco años,
toda vez que no tiene la virtualidad para viciar de nulidad la designación por
elección, en razón a que “...El Rector elegido fue el profesor CHARLES ROBIN AROSA
CARRERA, por lo tanto, el estudio de la nulidad electoral recae únicamente sobre él, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y no respecto de
los demás candidatos, conforme lo expresó el H. CONSEJO DE ESTADO, en sentencia
del 8 de julio de 2021, M.P. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, Acción de Nulidad
Electoral Nº 13001233300020180080103 (...)”.

91. Destacó que los actos administrativos que resolvieron las recusaciones son de
trámite, de carácter particular y concreto, por tanto, su enteramiento se hace a las
partes, esto es al recusante y al recusado, requerimiento que fue atendido por la
universidad. En ese orden, como el demandante no presentó ninguna recusación,
no existía deber funcional de informarle las decisiones.

92. Sostuvo que el 23 de julio de 2021 se resolvió primero la recusación
presentada en contra de José Fernando Saavedra Sua, representante de los
estudiantes ante el CSU y luego se definió la forma en que se realizaría la
consulta previa.

93. Precisó que las recusaciones que se formularon fue respecto de algunos
integrantes de la comisión verificadora designada por el Consejo Superior
Universitario, encargada de la revisión del cumplimiento de requisitos, implicaron
que el trámite que se suspendió inmediatamente, atendiendo el artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011 “...suspendiéndose la revisión del cumplimiento de requisitos y
continuando el 6 de agosto de 2021, respetando el debido proceso, siendo resuelta
declarándose infundada a través de la Resolución Rectoral Nº 0831 de 2021 y
comunicada a través del correo electrónico el 5 de agosto de 2021”.

94. Resaltó que los escritos de recusación interpuestos por los ciudadanos Urley
Guerrero y Julián Camilo Mahecha Rojas, no suspendieron de forma total el
proceso de elección del cargo de rector, debido a que no se estaba recusando a
los integrantes del Consejo Superior de la Universidad; en esa medida, hubo
suspensión de la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos a cargo de la
comisión verificadora.

95. Afirmó que, respecto de la recusación contra José Fernando Saavedra Sua,
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad, se
resolvió el 23 de julio de 2021 y de conformidad con las pruebas aportadas el
CSU, primero resolvió la recusación y luego se especificó la forma en que se
realizaría la consulta previa. “La definición del mecanismo para efectuar la consulta,
quedó pendiente de decidirse (presencial o virtual) cuando se expidió la convocatoria,
porque se requería conocer la evolución de la emergencia sanitaria en la que se
encontraba el país por el Virus Covid 19, empero, esta decisión era del Consejo Superior
Universitario, no de la Comisión Verificadora frente a la cual recayeron las recusaciones, y

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esta decisión tampoco tenía incidencia alguna en la fase de verificación de requisitos que
debía cumplir la Comisión Verificadora recusada.”

96. Por último, señaló que conforme con el procedimiento adelantado para la
elección del rector de la universidad, no se configuró ninguna irregularidad, ni los
reproches alegados tienen alguna vocación de prosperidad, máxime que el
Consejo Superior Universitario respetó las fases de la convocatoria, los plazos, y
garantizó el debido proceso de todos los aspirantes e intervinientes en el trámite
electoral.

2.6. Concepto del Ministerio Púbico

97. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, mediante escrito
del 13 de julio de 2022, solicitó que se negara la nulidad del acto de elección del
señor Charles Robin Arosa Carrera como rector de la Universidad de los Llanos,
periodo 2022-2024.

98. Precisó que la Resolución No. 020 del 18 de junio de 2021, dispuso como uno
de los requisitos para aspirar al cargo de rector, no haber contratado con el ente
universitario un año antes de la fecha de la inscripción, salvo que se trate del
ejercicio de la docencia; en esa medida, el contrato 07 de 2018 de comisión de
estudios, suscrito el 5 de julio de 2018 entre la universidad y el señor Charles
Robín Arosa Carrera, según las obligaciones pactadas “...fue obligar al comisionado
a permanecer vinculado con la Universidad de los Llanos por el doble de tiempo de
duración de la comisión en el cual se constataría los compromisos académicos, a tal
punto que debía allegar semestralmente al consejo de Facultad de Ciencias Económicas,
un informe detallados de las actividades académicas desplegadas en el término de la
comisión. Para garantizar esas obligaciones, el comisionado debió constituir una póliza
equivalente al 50% del valor del contrato”.

99. Agregó que el contrato de comisión de estudios se formalizó por fuera del
periodo inhabilitante, pues el requisito consiste en “No haber contratado” dentro
del año anterior a la fecha de inscripción; es decir, no se refiere al término de
ejecución del acuerdo de voluntades, en el que entran las prórrogas referidas por
el demandante; siendo evidente que la celebración ocurrió en el año 2018 y las
inscripciones para las postulaciones se abrieron en el año 2021, esto es, con tres
años de diferencia.

100. Destacó que uno de los recusados era parte del Consejo Superior
Universitario y los otros tres, el secretario general, el asesor jurídico y el jefe de
personal, eran integrantes de la comisión verificadora de documentos, pero no
hacían parte el CSU, lo que permite concluir que la causa que daba origen a la
suspensión del proceso de la elección del rector de UNILLANOS había
desaparecido el 23 de julio de 2021, puesto que la recusación presentada el 14 de
julio de 2021 contra el integrante del Consejo Superior Universitario quedó
resuelta en esa fecha, de manera contraria a los intereses del recusante.

101. Recordó que el trámite de elección solo se suspende cuando los recusados
sean los integrantes del colegiado elector, pero no cuando se trate de otros

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funcionarios; en ese sentido, “...la recusación contra los funcionarios de UNILLANOS
no tenía por qué suspender el proceso de elección del Rector, pues ese trámite contaba
con una regulación especial y diferente, propia de la autonomía universitaria, según quedó
consignado en la Resolución No. 08321 de 2021. De allí que el Consejo Superior de la
Universidad de los Llanos ostentara la legitimidad para expedir la Resolución No. 027 del
23 de julio de 2021, después de haber sido resuelta la recusación contra uno de sus
integrantes”; por ende, no se advierte que se haya desconocido el artículo 12 del
CPACA.

102. Adujo que los actos que resolvieron las recusaciones, dispusieron la
notificación a los interesados de la actuación adelantada, es decir al recusante y a
los recusados con la finalidad de tener seguridad jurídica sobre la situación de los
involucrados, lo que no vicia, ni incide de manera negativa el proceso de elección
del rector de la UNILLANOS, pues tales decisiones son de carácter particular y
concreto y fueron comunicados y/o notificados a las partes interesadas.

103. Resaltó que sobre la falta de acreditación de requisitos del señor Javier
Díaz Castro, no es posible extenderla al demandado, comoquiera que el primero
no resultó elegido, en ese orden, precisó que la presunta inhabilidad cuestionable
sería sobre quien resulta elegido, siendo superfluo su estudio frente a quien no
ostenta el cargo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

104. De conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 149 de la
Ley 1437 de 201122 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y
tramitar en única instancia el proceso de la referencia.

2.2. Problema Jurídico

105. Se circunscribirá a determinar si debe o no permanecer en el ordenamiento
jurídico la Resolución No. 060 del 13 de diciembre de 2021, mediante la cual el
Consejo Superior de la Universidad de los Llanos designó como rector al señor
Charles Robin Arosa Carrera.

106. Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:

(I) Si el señor Charles Robin Arosa Carrera al haber suscrito con la Universidad
de los Llanos, el contrato de comisión de estudios No. 07 del 5 de julio de 2018,
prorrogado el 26 de julio del 2019, 29 de julio de 2020 y 15 de junio de 2021,
desconoció o no en su aspiración a la rectoría de la institución educativa, el

22
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 5. De la nulidad de
los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional. Esto en
consideración, a que la designación cuestionada recae en el rector, representante legal del ente universitario, según el
artículo 24 del Estatuto General de la Universidad de los Llanos, contenido en el Acuerdo Superior 003 de 2021.

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artículo 3º de la Resolución No. 020 del 18 de junio de 2021 23 y el artículo 11.5
del Acuerdo Superior 003 de 202124 del Consejo Superior de la Universidad de
los Llanos, según los cuales para ser rector del ente universitario se requiere
“no haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la inscripción,
salvo que se trate del ejercicio de la docencia”.

(II) Si en el análisis de legalidad del acto de designación del señor Charles
Robin Arosa Carrera como rector de la Universidad de los Llanos, resulta o no
pertinente y relevante, establecer si otro de los aspirantes, concretamente, el
señor Javier Díaz Castro, acreditó o no en debida forma el requisito de
experiencia de 5 años en asuntos administrativos en cargos del nivel directivo,
de los cuales 4 debían ser en instituciones de educación superior, conforme lo
previsto en el artículo 3 de la Resolución Superior 020 de 2021 y el artículo 24.4
del Acuerdo Superior 003 de 2021 del Consejo Superior de la institución
educativa.

(III) De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante:

1. Si a partir de los documentos allegados y recaudados dentro del trámite de
designación del rector de la Universidad de los Llanos periodo 2022-2024,
relativos a la experiencia laboral del candidato Javier Díaz Castro, puede
considerarse que éste acreditó en debida forma el requisito de experiencia de 5
años en asuntos administrativos en cargos del nivel directivo, de los cuales 4
debían corresponder en instituciones de educación superior, teniendo
especialmente en cuenta, los reproches que sobre el particular realizó la
demanda frente a la valoración de la señalada documentación por la institución
educativa.

2. Si la habilitación de la candidatura del señor Javier Díaz Castro, pese a las
reclamaciones realizadas contra la misma, fue o no producto de una decisión
mayoritaria al interior del Consejo Superior Universitario de la Universidad de
los Llanos.

3. Si respecto de la anterior decisión debió concederse durante el proceso
electoral la posibilidad de impugnarla, y en caso afirmativo, si tal garantía se
concedió o no a los interesados.

(IV) De qué manera debían darse a conocer las Resoluciones 027 del 23 de
julio de 2021 y 831 del 5 de agosto de 2021, mediante las cuales al interior del
proceso de elección del rector de la Universidad de los Llanos periodo 2022-
2024, se estableció que la consulta previa debía celebrarse de forma virtual y se
resolvieron algunas recusaciones, respectivamente, a fin de verificar si la forma
como se publicitaron tales decisiones desconoció o no lo establecido en los
numerales 1, 3 y 4 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los
argumentos expuestos por el demandante en la materia.

23
“Por la cual se convoca, reglamenta y establece el procedimiento para designar por elección al Rector de la Universidad
de los Llanos para el período institucional comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024”.
24
Estatutos generales de la Universidad de los Llanos.

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(V) Si el hecho de que se haya proferido por el Consejo Superior Universitario la
Resolución 027 del 23 de julio de 2021, mediante la cual se determinó que la
consulta previa dentro del trámite de elección del rector de la institución debía
efectuarse de forma virtual, aunque sólo hasta ese día se expidió la Resolución
026 que resolvió la recusación presentada contra el señor José Fernando
Saavedra Sua (representante de los estudiantes), y estaba pendiente de
decisión la recusación formulada contra los señores Giovanny Quintero Reyes
(secretario general), Medardo Medina Martínez (asesor jurídico) y Víctor Efrén
Ortiz (jefe de personal), constituyó o no una vulneración del artículo 12 de la
Ley 1437 de 2011 en cuanto establece: “la actuación administrativa se suspenderá
desde la manifestación de impedimento o desde la presentación de la recusación,
hasta cuando se decida”.

Frente este interrogante resulta necesario precisar, si a la luz del artículo antes
señalado, normas concordantes y el contenido de las respectivas recusaciones,
si estás sólo afectaban la competencia de la Comisión de Verificación, como lo
sostiene la institución educativa, o también impedían que las demás
autoridades actuaran dentro del trámite electoral hasta que no se resolvieran
aquéllas (las recusaciones).

(VI) De comprobarse la configuración de alguna o algunas de las
irregularidades de naturaleza objetiva alegadas por la parte actora, si tuvieron o
no incidencia en el resultado de la designación.

2.3 Caso concreto

107. La Sala, para efectos metodológicos, y para una mayor claridad respecto
del estudio de los cargos de nulidad propuestos, procederá a estudiar cada uno de
los temas centrales de las preguntas descritas, presentando frente a cada una de
ellos (i) los elementos teóricos pertinentes; (ii) los aspectos debidamente probados
al interior del plenario y (iii) la conclusión a la que arrima esta judicatura sobre
cada particular.

2.3.1 Procedimiento de elección del rector de la Universidad de los Llanos

108. En punto de la autonomía universitaria, consagrada a nivel constitucional en
el artículo 6925 del texto Superior, ha sido entendida por la jurisprudencia
constitucional como “la capacidad de auto regulación filosófica y de autodeterminación
administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación
superior”26.

109. La institución comprende, en su núcleo esencial, entre otros, una dimensión
correspondiente con la organización interna (política y administrativa) de la

25
ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El
Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales
para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a
la educación superior.
26
Sentencias T-310 de 1999, T-097 de 2016, T- 277 de 2016, T-580 de 2019 y T-106 de 2019.

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comunidad universitaria. En decisión de unificación reciente27, la Corte
Constitucional analizó este último aspecto, resaltando la forma en que dicho
componente de la autonomía de las instituciones de educación superior se
entiende desde el principio participativo y democrático. Dada la importancia del
desarrollo jurisprudencial, se cita en extenso las consideraciones expuestas en la
providencia referida:

“6.1. La Universidad, su gobierno y el desarrollo de la autonomía en el marco del
principio democrático y participativo.

Como se advirtió en la sección anterior, una de las dimensiones de la autonomía
universitaria es la organización interna (política y administrativa) que, junto a las
demás facultades de autogestión, les dan a las entidades de educación superior la
capacidad para desarrollar su objetivo en relación con el conocimiento y con el
aporte a la sociedad.

En la sentencia SU-115 de 2019, la Corte Constitucional determinó que el
autogobierno (para gestionar, administrar y autoverificar) se concreta en los
estatutos de la universidad. Estos recogen los mecanismos diseñados para la toma
de decisiones sobre la comunidad universitaria o sobre cualquiera de sus miembros,
como expresión de voluntad universitaria.

Además, dicha voluntad requiere de la existencia de autoridades establecidas en
garantía del pacto social interno entre los integrantes de la comunidad universitaria y
del pacto social externo entre la comunidad nacional y la universitaria. Las
autoridades solo pueden reflejar este doble pacto cuando hayan llegado a dirigir a la
comunidad mediante el principio de participación democrática y se afiancen en la
participación de la comunidad universitaria en relación con las determinaciones que
le conciernen.

Este tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el
autogobierno como elemento de la autonomía administrativa. Este incluye
varias facultades para la institución de educación superior:

La universidad tiene la libertad de elaborar sus propios estatutos, definir su
régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación
y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección
y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo,
aprobar y manejar su presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la
actividad académica.

La autodeterminación administrativa o política de las instituciones de educación
superior supone que a ellas les corresponde su autorregulación filosófica y
administrativa. En consecuencia, la Constitución les autoriza a: i) crear y
modificar los estatutos universitarios; ii) diseñar los mecanismos de elección,
designación y períodos de sus directivos y administradores; iii) fijar los
programas académicos, los planes de estudio y las actividades docentes, científicas
y culturales; iv) precisar los mecanismos de selección docente y estudiantil; v)
asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y vi) administrar los bienes
y recursos de la institución.

El régimen particular de las universidades públicas establece condiciones
especiales para ellas en cuanto a la organización y la elección de directivas,
como del personal docente y administrativo. Además, establece el estatuto
básico u orgánico y las normas que se deben aplicar para su creación,
reorganización y funcionamiento y que los reglamentos internos de las

27
Corte Constitucional. Sentencia SU-621 del 2021. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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universidades estatales deben observar las normas que lo componen, sin perjuicio
de la autonomía universitaria.

La dirección de las universidades públicas está a cargo del Consejo Superior
universitario, del Consejo Académico y del rector. Estas instituciones internas
deben representar al Estado y a la comunidad académica y garantizar en
dichos escenarios decisionales la efectividad de los derechos políticos,
derivados del principio de participación democrática. (…)

En conclusión, la autonomía universitaria contempla el derecho de los entes
de educación superior de darse su propio reglamento y establecer las
condiciones de acceso a los cargos directivos. En cumplimiento de esta
premisa, se deben respetar los límites constitucionales y legales que orientan
el ejercicio de dichos postulados en los escenarios de decisión democrática
que se dan dentro de esas instituciones.” (énfasis de la Sala).

110. Precisado lo anterior, y como punto de partida necesario para el análisis
posterior de los cargos de nulidad planteados en la demanda, se pone de presente
entonces el procedimiento para la elección del rector de la Universidad de los
Llanos, en los siguientes términos:

111. El artículo 65 en su literal e) de la Ley 30 de 199228, establece que una de
las funciones de los consejos superiores universitarios es designar y remover al
rector en la forma que lo prevean sus estatutos. Esta norma fue replicada por el
numeral 6 del artículo 20 del Acuerdo Superior No. 003 de 2021 -Estatutos
General-.

112. En el artículo 24 ídem, se establecieron los requisitos para ser rector, entre
los que se encuentran:

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
2. Poseer título universitario y título de posgrado a nivel de maestría,
especialización médica o doctorado legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia como docente universitario de tiempo completo de por
lo menos cinco (5) años o acreditar por lo menos siete mil doscientas
(7200) horas de cátedra universitaria.
4. Acreditar experiencia administrativa de por lo menos cinco (5) años, en
cargos del nivel directivo según el Departamento Administrativo de la
Función Pública, de los cuales por lo menos cuatro (4) años deben
corresponder a Instituciones de Educación Superior (IES).
5. No pertenecer al Consejo Superior de la Universidad por lo menos un (1)
año antes de la inscripción.
6. No haber sido Rector en propiedad en vigencia de este Estatuto.

113. La anterior normativa establece su excepción en el parágrafo 1 ibidem,
donde se indicó que el rector que aspire a ser reelegido no le aplican los requisitos
5 y 6.

114. En caso de reelección, el parágrafo 2 ejusdem, señala que ello es factible
siempre y cuando haya cumplido mínimo con el 70% de los indicadores de gestión

28
ARTÍCULO 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario: … e) Designar y remover al rector en la forma que
prevean sus estatutos.

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del Plan de Acción Institucional que le fue aprobado por el CSU, al inicio de su
primer período.

115. El artículo 26 de los estatutos de la Universidad de los Llanos, establece
que la designación de su rector se hará por medio de convocatoria abierta
reglamentada por el CSU mediante resolución superior en la cual se fija el
procedimiento de selección. Esta deberá expedirse durante el mes de junio del
último año del período institucional y la designación se concretará antes de
finalizar el mes de agosto, comprendiendo las siguientes fases:

A. Inscripción de aspirantes. Es la fase en la que los aspirantes deben
acreditar los requisitos exigidos para tal efecto.

B. Revisión del cumplimiento de requisitos. Es la fase que desarrollará la
Comisión designada con tal propósito por el Consejo Superior Universitario,
tendiente a verificar que el aspirante acredita la totalidad de los requisitos
exigidos por la convocatoria; la comisión estará conformada por:

• Dos representantes del Consejo Superior Universitario;
• Dos representantes del Consejo Académico;
• El secretario general;
• El asesor Jurídico;
• El jefe de personal;

Esta fase podrá contar con la veeduría de Control Interno de Gestión,
sindicatos y los demás estamentos de la Universidad.

C. Presentación de la propuesta del Programa de Gobierno para la
Universidad, ante la Comunidad Universitaria. Es la fase de
socialización y análisis argumentado de las propuestas de los programas de
gobierno, realizadas por cada uno de los aspirantes a ser elegido como
rector, con la comunidad universitaria en cada uno de los estamentos que
intervienen en la consulta.

D. Consulta previa: Es la fase en la que la lista de aspirantes admitidos será
sometida a votación de los estamentos de: i) estudiantes, ii) profesores de
tiempo completo, iii) empleados públicos de carrera, iv) provisionales y
trabajadores oficiales y, v) egresados.

El voto cumplirá con la siguiente ponderación:

• Treinta por ciento (30%) de los profesores de tiempo completo;
• Treinta por ciento (30%) de los estudiantes;
• Veinte por ciento (20%) de los empleados públicos de carrera, provisionales
y Trabajadores Oficiales y;
• Veinte por ciento (20%) de los egresados.

El porcentaje se aplicará sobre el total de la votación obtenida por el aspirante
en cada uno de los estamentos.

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Cuando en el censo electoral aparezcan votantes con 2 o más condiciones por
pertenecer a 2 o más estamentos universitarios, podrá optar a ejercer su
derecho a participar en la consulta del estamento que mayor ponderación
tenga asignada.

La ubicación que obtengan los candidatos en la consulta por la ponderación de
votos no define un orden de elegibilidad.

• Cuando el número de candidatos sea superior a 3 el Consejo Superior
Universitario conformará una terna de candidatos aptos para ser
designados con quienes hayan obtenido la mayor votación.
• Cuando el número de candidatos sea inferior a 3 el Consejo Superior
Universitario conformará la lista de candidatos aptos para ser designados
con el total de candidatos que se hayan sometido a la consulta.

No se reemplazará al inscrito que, habiendo participado en la consulta, y haga
parte de la terna o lista de aptos para ser elegidos, renuncie a su aspiración. El
proceso de designación por elección solo se declarará desierto ante ausencia
total de candidatos que hagan parte de la lista de aspirantes aptos para ser
elegidos.

E. Designación del Rector. Es la fase en la que el Consejo Superior
Universitario designa al Rector de la Universidad, actuación que se surtirá
en el mes de agosto anterior al inicio del período institucional.

116. Analizado así el trámite de elección del rector, se determinará el régimen de
los impedimentos y las recusaciones para posteriormente entrar a resolver el caso
concreto.

2.3.2 Régimen de los impedimentos y las recusaciones

117. El trasfondo de las recusaciones y los impedimentos, es el de asegurar la
independencia e imparcialidad de quienes de acuerdo con la ley deben adoptar
una decisión y deben separarse del proceso por la configuración de alguna de las
causales taxativamente señaladas en la ley29. Ello significa que se persigue el
ejercicio probo de la función. Por ello, como lo ha manifestado la Sala 30, los
impedimentos y recusaciones se han instituido como una garantía de la
imparcialidad de la autoridad, a quien dentro de sus competencias tiene potestad
de tomar decisiones de naturaleza administrativa, electoral o judicial, pues el
ejercicio de tales competencias implica el respeto de los principios de
transparencia, imparcialidad y moralidad, como improntas que caracterizan el
desempeño de las atribuciones en garantía del interés general y de los derechos e
intereses de los particulares y que evitan que circunstancias ajenas inclinen de
forma ilegítima su decisión.

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 1 de febrero de 2018.
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00083-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 2 de abril de 2020. Exp. 11001-03-
28-000-2020-00040-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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118. Sobre la importancia de los principios de imparcialidad y transparencia, que
salvaguardan la institución de los impedimentos y las recusaciones, ha indicado la
Corte Constitucional31:

“…8. Los impedimentos y las recusaciones son instituciones de naturaleza
procedimental, concebidas con el propósito de asegurar principios sustantivos de
cara al recto cumplimiento de la función pública (art. 209 CP). Con ellas se
pretende garantizar condiciones de imparcialidad y transparencia de quien tiene a
su cargo el trámite y decisión de un asunto (art. 29 CP), bajo la convicción de que
solo de esta forma puede hacerse realidad el postulado de igualdad en la aplicación
de la Ley (art. 13 CP).

Ambas figuras “están previstas de antiguo en todos los ordenamientos y
jurisdicciones[66], aunque con distintos alcances y particularidades”[67]. Como es
sabido, el impedimento tiene lugar cuando la autoridad, ex officio, abandona la
dirección de un proceso, mientras que la recusación se presenta a instancia de
alguno de los sujetos procesales, precisamente ante la negativa del funcionario para
sustraerse del conocimiento de un caso[68]. En lo que se refiere concretamente a la
recusación, esta parte de la premisa de que lo que se evalúa es “si el interés de
quien se acusa de tenerlo es tan fuerte, que despierta en la comunidad una
desconfianza objetiva y razonable de que el juez podría no obrar conforme a
Derecho por el Derecho mismo, sino por otros intereses personales”[69].

119. Es así como, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 determina expresamente
que cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público o de quien ejerza transitoriamente
dicha función, este debe declararse impedido para adelantar o sustanciar las
actuaciones administrativas respectivas, realizar investigaciones, practicar
pruebas o pronunciar decisiones definitivas. Así mismo, establece la posibilidad
que, en caso de no manifestar su intención de separarse del asunto, pueda ser
recusado.

120. En igual sentido, el procedimiento previsto para los impedimentos y
recusaciones, consagrado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, refleja un rito
específico que, entre otras cosas, vela de manera clara por la salvaguarda de la
imparcialidad e independencia de la que toda actuación administrativa debe
dotarse y, en tal virtud, define que estas se “suspenderá[n] desde (…) la presentación
de la recusación, hasta cuando se decida”, una vez el recusado manifieste “si acepta o no
la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación”;
es decir, se garantiza que la actuación no pueda continuar, hasta tanto se hayan
definido de fondo las alegaciones relacionadas con las posibles causales de
impedimento o recusación.

121. Esto último quiere decir, que la actuación administrativa, esto es, los trámites
faltantes para adoptar la decisión de fondo deberán suspenderse hasta tanto se
resuelva la necesidad o no de separar del proceso a quien tiene la capacidad de
decidir sobre éste.

122. Como se señaló anteriormente, quien se encuentra en una causal de
impedimento o recusación, es separado del proceso para imprimirle transparencia

31
Corte Constitucional. Sentencia C - 532 de 2015. 19 de agosto de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

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a la actuación y dotarla de imparcialidad. En razón de estos principios, quien
resulta recusado no puede más que separarse de cualquier asunto relativo a la
sustanciación de las actuaciones administrativas32, realizar investigaciones,
practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, hasta tanto se defina su
situación.

2.2.3 Resolución de los problemas jurídicos planteados

A. Sobre la comisión de estudios

123. Conforme con la fijación del litigio corresponde a esta Sala determinar si
procede la nulidad de la Resolución No. 060 del 13 de diciembre de 2021, por la
cual el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, designó como rector al
señor Charles Robin Arosa Carrera, para lo cual se hace necesario establecer:

124. Si el señor Arosa Carrera al haber suscrito con la Universidad de los Llanos,
el contrato de comisión de estudios No. 07 del 5 de julio de 2018, prorrogado el 26
de julio de 2019, 29 de julio de 2020 y 15 de junio de 2021, desconoció o no, en su
aspiración a la rectoría de la institución educativa, el artículo 3º de la Resolución
No. 020 del 18 de junio de 2021 y el artículo Superior de la Universidad de los
Llanos, según los cuales para ser rector del ente universitario se requiere “no haber
contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la inscripción, salvo que se
trate del ejercicio de la docencia”.

125. Al respecto, se encuentra acreditado:

126. Acuerdo No. 002 del 9 de julio de 200433, -estatuto de profesores de
UNILLANOS-, establece como derechos de éstos, la participación en programas
de actualización académica, disfrute de licencias, comisiones y permisos previstos
en el régimen legal vigente, entre otros; en cuanto, a las comisiones de estudio
dispuso que pueden acceder a ellas los docentes de tiempo completo y medio
tiempo debidamente escalafonados, según los planes o programas de
capacitación adoptados por la institución de educación.

127. Mediante Resolución Superior No. 025 del 13 de abril de 2018 se aprobó la
comisión de estudios de tiempo completo al profesor Charles Robin Arosa Carrera,
por el término de un año, prorrogable hasta por 3 veces, para lo cual el
comisionado debía cumplir con las garantías correspondientes en virtud del
contrato de comisión de estudios, así como adquirió compromisos con la
universidad entre otros, de suscribir con la institución un contrato que lo obligue a
permanecer vinculado a ella por el doble del tiempo de duración de la comisión y
en el que constaran los compromisos académicos referentes a los estudios que
adelantara.

128. Contrato de comisión de estudios No. 07 del 4 de julio de 2018 suscrito entre
la Universidad de los Llanos y el demandado señor Arosa Carrera, cuyo objeto es

32
Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
33 “Por el cual se adopta el Estatuto de profesores de la Universidad de los Llanos”

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Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

“...otorgar comisión de estudios de tiempo completo al profesor Charles Robin Arosa
Carrera, adscrito a la facultad de Ciencias Económicas para realizar el doctorado en
administración en la Universidad Nacional de Colombia”, por el término de un año a
partir del 1º de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, prorrogables hasta por tres
veces más. Dentro de las obligaciones del comisionado, está la de “...suscribir con
la Institución un contrato que lo obligue a permanecer vinculado a ella por el doble del
tiempo de duración de la comisión y en el que estarán los compromisos académicos
referentes a los estudios que adelantará”.

129. Acuerdo Superior No. 011 del 14 de septiembre de 2018 34, que establece el
procedimiento para otorgar comisión de estudios para la formación posgraduada a
nivel maestría y doctorado de los profesores de carrera de la Universidad de los
Llanos.

130. Prórroga No. 1 del contrato de comisión de estudios No. 07 de 2018, suscrita
el 26 de julio de 2019, en la que se amplía el plazo por un año, desde el 1º de
agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 2020.

131. Prórroga No. 2 del contrato de comisión de estudios No. 07 de 2018, suscrita
el 29 de julio de 2020, en la que el término de la comisión se otorga por un año
desde el 1º de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.

132. Prórroga No. 3 del contrato de comisión de estudios No. 07 de 2018, suscrita
el 15 de junio de 2021, en la que el plazo va desde el 1º de agosto de 2021 hasta
el 31 de julio de 2022.

133. Conforme con las pruebas citadas, se advierte que a quien se le otorgue una
comisión de estudios, se compromete con la universidad: a) suscribir con la
institución un contrato que lo obligue a permanecer vinculado a ella por el doble
del tiempo de duración de la comisión y en el que constarán los compromisos
académicos referentes a los estudios que adelantará; b) suscribir una póliza de
garantía; c) presentar informes semestrales o por periodo académico sobre las
actividades y evaluaciones propias de los estudios cursados; d) al finalizar el
término de la comisión, deberá reintegrarse a sus funciones; y, e) presentar el
título respectivo en un plazo no superior a 6 meses después del reintegro.

134. Se evidencia que el contrato de comisión de estudios No. 07 del 5 de julio de
2018, encuadra en una situación administrativa toda vez que como se indicó en el
objeto, se otorgó al profesor Charles Robín Arosa Carrera, adscrito a la facultad de
Ciencias Económicas para realizar el doctorado en administración en la
Universidad Nacional de Colombia, en la que el comisionado se obliga a seguir
vinculado con el ente universitario por el doble del tiempo de duración de la
comisión, es decir que a través del acuerdo de voluntades se materializa el
compromiso del demandado de permanecer en la universidad.

34 “Por la cual se establece el procedimiento y se definen los requisitos para otorgar comisión de estudios y el apoyo
económico para la formación posgraduada a nivel de maestría y doctorado de los profesores de carrera de la Universidad
de los Llanos”

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Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

135. Adicionalmente se observa que el contrato es académico y fue concedido
como un beneficio al que tienen derecho los docentes de tiempo completo y medio
tiempo, debidamente escalafonados en la UNILLANOS, conforme con lo
establecido en el Acuerdo 002 del 9 de julio de 2002 que contiene el estatuto de
profesores.

136. En este sentido, en cuanto a la comisión de estudios, la jurisprudencia del
Consejo de Estado35 ha indicado que “…se presenta cuando un servidor «[…] por
disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de
su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende
transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es
titular […]», como lo dispone el artículo 75 del Decreto 1950 de 1973. Esta situación
administrativa puede presentarse bajo cuatro modalidades que son la comisión (i) de
servicio (ii) de estudio (iii) para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción y
(iv) para atender invitaciones”.

137. En esa medida las comisiones de estudio tienen la finalidad de capacitar,
adiestrar o perfeccionar las competencias y habilidades en el ejercicio de las
funciones propias del empleo del que es titular el servidor; por tanto, “…un contrato
de esa naturaleza tiene su génesis en la vinculación laboral del comisionado al
empleo público del que es titular, luego el régimen al que debe someterse es el
especial propio de la relación legal y reglamentaria de los empleados públicos o de
la relación contractual laboral para los trabajadores oficiales. Se trata pues de un
acuerdo de voluntades entre la Administración pública y el servidor al que se le confiere
la comisión con el único objetivo de regular una situación administrativa, lo que
hace incuestionable que lo que en ellos se define es el desarrollo y ejecución de
relaciones laborales de derecho público respecto de las cuales abunda jurisprudencia de
esta Corporación en la que se excluye la aplicación del estatuto contractual contenido en
dicha ley por tratarse de asuntos de diferente índole, que tienen regulación en una
normativa especial”.

138. Al respecto, la Sección Tercera36 de esta Corporación, ha indicado que “...las
comisiones de estudio no gozan ni de la naturaleza ni de las características de los
contratos estatales, puesto que, su título jurídico proviene esencialmente de una
relación laboral con ocasión de una vinculación legal y reglamentaria, cuyo propósito
es lograr la capacitación de los empleados o funcionarios que alcancen niveles de
excelencia, quienes se hacen acreedores a esta situación siempre que reúnan las
condiciones exigidas por la norma reglamentaria (...)”.

139. En este orden de ideas, en el evento de que la inhabilidad cobije a todos los
acuerdos de voluntades, sea que se trate de un contrato estatal o de aquellos que
se deriven de las relaciones laborales, se advierte que la norma que se aduce
desconocida, contempla como excepción los que impliquen el “ejercicio de la
docencia”, situación en la que se enmarca el contrato de comisión de estudios No.
07 de 2018, pues a través de él, el demandado se comprometió a prestar sus
servicios a la Universidad por el doble del tiempo de duración de la comisión de
estudios, con el fin de que la institución educativa pudiera verse beneficiada de los
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 26 de octubre de 2017,
M.P. William Hernández Gómez, Radicado No. 25000-23-26-000-2005-01411-01 (3207-15).
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 17 de febrero de 2005,
expediente No. 15.688

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Demandante: Fernando Campos Polo
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

conocimientos adquiridos por el docente, al ser replicados en la comunidad
universitaria.

140. En este orden de ideas, advierte la Sala que el artículo 3º, numeral 4 de la
Resolución 020 de 202137, no ha sido vulnerado, por ende, no existe afectación
alguna que altere la expedición del acto de elección demandado.

B. Falta de requisitos del ternado Javier Díaz Castro

141. Respecto al interrogante referido a si en el análisis de legalidad del acto de
designación del señor Arosa Carrera como rector de la Universidad de los Llanos,
resulta pertinente y relevante establecer si otro de los aspirantes, el señor Javier
Díaz Castro, acreditó o no en debida forma el requisito de experiencia de 5 años 38,
se hace necesario precisar que es un asunto que no es relevante, toda vez que la
pretensión de la demanda está dirigida a cuestionar la legalidad del acto de
elección como rector del demandado. Al respecto esta Sección ha señalado que:

“Así las cosas, la eventual configuración de una causal de nulidad electoral de
carácter subjetivo que tiene relevancia jurídica en sede de nulidad electoral es
la que recae directamente sobre el elegido, más (sic) no sobre los demás
candidatos, teniendo en cuenta: (i) el carácter personal, excepcional, taxativo y de
interpretación restrictiva que tienen las inhabilidades, las cuales en consecuencia no
se pueden proyectar sobre personas distintas a quien incurre en ellas (desde la
perspectiva subjetiva de la causal del art. 275.5 del CPACA); y (ii) la imposibilidad de
llevar a cabo un análisis de incidencia de orden objetivo sobre el impacto directo y
trascendental en el resultado de la elección de las eventuales inhabilidades que
recaen sobre quienes participaron en ella como candidatos pero no resultaron
designados (desde la perspectiva de la expedición irregular)39.

142. Así las cosas, la presunta indebida habilitación de otros candidatos no es
susceptible de estudio en el proceso de la referencia, razón por la que no se hará
pronunciamiento frente a los interrogantes que se plantearon en relación con el
punto, de haber sido afirmativa la respuesta. Adicionalmente, vale precisar que en
este caso solo se alegó la falta de requisitos de otro candidato, y no una
irregularidad en la terna por su indebida conformación.

C. Sobre la notificación de algunos actos de trámite del proceso electoral

143. En relación con la forma como debían darse a conocer las Resoluciones 027
del 23 de julio de 2021 y 831 del 5 de agosto de 2021, mediante las cuales al
interior del proceso de elección del rector de la Universidad de los Llanos periodo
2022-2024, se estableció que la consulta previa debía celebrarse de manera
virtual y, se resolvieron algunas recusaciones, respectivamente, corresponde
37
“ARTÍCULO 3. Requisitos. Conforme al Artículos (sic) 11 y 24 del Acuerdo Superior No. 003 de 2021 –Estatuto General-
podrán participar dentro de la convocatoria quienes cumplan los siguientes requisitos:
Requisitos Generales
1. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.
2. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.
3. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.
4. No haber contratado con la Universidad, 1 año antes de la fecha de la inscripción, salvo que se trate del ejercicio de
la docencia; o quienes se hallen con él, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
5. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el momento de la inscripción. (…)”.
38
Conforme con lo previsto en los artículos 3 de la Resolución Superior 020 de 2021 y 24.4 del Acuerdo Superior 003 de
2021 del Consejo Superior de la institución educativa.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 8 de julio de 2021, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, Radicado No. 13001-23-33-000-2018-00801-03.

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verificar si la forma como se publicitaron desconoció o no lo previsto en los
numerales 1, 3 y 4 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. Para lo anterior, se tiene
acreditado que:

144. La Resolución No. 027 del 23 de julio de 2021, por la cual se definió que la
consulta previa se haría de forma virtual, dispuso de manera general que se
publicaría.

145. Es de reseñar, que este acto administrativo es de carácter general, en la
medida en que se dirigió a toda la comunidad universitaria con el propósito de
informar sobre el cambio de metodología de una de las etapas del proceso de
elección, el cual fue publicado en la página web de la UNILLANOS, conforme lo
prevé el artículo 68 del Acuerdo Superior 003 de 2021, -Estatuto General de la
Universidad de los Llanos-, que dispone:

“ARTÍCULO 68. ENTERAMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los
actos de carácter general que expida la Universidad, su enteramiento será
cumplido a través de su publicación en la página web de la Universidad. Los
Actos Administrativos de carácter particular y concreto, su enteramiento será
cumplido de la manera y en los términos en que lo dispone el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAFO. En lo concerniente a la elección de dignatarios del Consejo Superior
Universitario y el Rector que realice la Universidad, el acto de convocatoria y
elección deberá surtir la publicación en el diario oficial, este último dentro de los
quince (15) días siguientes.” (negrillas fuera de texto).

146. En ese orden, al tratarse de un acto de carácter general expedido por la
Universidad, el cual fue publicado en la página web del ente educativo el 17 de
agosto de 202140, se entienden acreditadas las previsiones del artículo 68 del
Acuerdo Superior 003 de 2022 –Estatuto General de la Universidad de Los Llanos-
norma de carácter especial que reguló la materia conforme su autonomía.

147. Ahora bien, sobre el particular la parte accionante alega que dicha
publicación se realizó de manera tardía, en la medida en que la Resolución 027
del 23 de julio de 2021, solo fue publicada el 5 de agosto de la misma anualidad,
conclusión que no comparte la Sala, teniendo en cuenta que la referida consulta
inicialmente se fijó entre el 19 y el 23 de agosto de 202141, y aún más relevante,
se reprogramó para el 28 de octubre del mismo año42, de manera tal que con
suficiente antelación se informó a la comunidad universitaria del cambio de
modalidad en la participación a fin de que efectivamente hiciera parte del proceso
eleccionario en el contexto de la pandemia por Covid-19.

40
Consultar el enlace: https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/elecciones/2021-1/elecciones-rector descrito
en el Anexo 1, que contiene la relación de documentos relevantes aportados por las partes intervinientes en el proceso, que
forma parte del auto del 13 de junio de 2022, por el cual se “...Decide sobre excepciones previas y/o mixtas, fija el litigio,
decreta pruebas y corre traslado para a legar de conclusión para dictar sentencia anticipada”.
41
Según el artículo 15 de la Resolución Superior No. 020 de 2021.
42
A través del artículo 2° de la Resolución Superior N° 034 del 1° de septiembre de 2021, por la cual se establece el
calendario de las actividades de las fases 3, 4 y 5 de la convocatoria para la designación del rector y se modifica la
Resolución Superior No. 020 de 2021.

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148. Esta misma conclusión se predica del presunto desconocimiento del numeral
4º del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, en lo que hace a su falta de publicación,
en tanto la norma del CPACA, señala:

“ARTÍCULO 8o. DEBER DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades
deberán mantener a disposición de toda persona información completa y
actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a
través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio
telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:

(…) 4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos
de interés público relativos a cada uno de ellos.” (Destacado fuera de texto).

149. Al publicarse, como quedó demostrado, la Resolución No. 027 del 23 de julio
de 2021 en la página web de la institución educativa, se atendieron los preceptos
superiores que regulan la materia, razón por la cual frente a este no se advierte el
vicio alegado.

150. En cuanto a la Resolución No. 831 del 5 de agosto de 2021, por la cual el
rector ad-hoc declaró infundada la recusación presentada por el ciudadano Urley
Guerrero Nagles, dispuso en la parte resolutiva que se notificara al recusante y a
los servidores públicos recusados.

151. El anterior acto administrativo es de carácter particular y concreto, toda vez
que tenía como finalidad producir efectos jurídicos frente a destinatarios
individualmente considerados, en este caso los recusados, de manera tal que
frente al mismo resulta aplicable el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, que
establece que las decisiones de dicha naturaleza deben notificarse “ en los términos
establecidos en las disposiciones siguientes”, es decir, de manera personal o en su
defecto a través de aviso (arts. 67-69 del CPACA).

152. De lo probado en el presente trámite, se tiene que el mencionado acto
administrativo señaló que debía ponerse en conocimiento del recusante y los
recusados43, para lo cual la institución educativa envió los respectivos correos
electrónicos el 5 de agosto de 2021 a los mencionados destinatarios, con lo cual
garantizó su notificación personal, que resultaba aplicable teniendo en cuenta la
naturaleza particular y concreta de la decisión, según los artículos 66 y 67 de la
Ley 1437 de 2011.

153. De otra parte, al tener la naturaleza de acto particular, no resulta pertinente
invocar la aplicación de los numerales 1, 3 y 4 del artículo 8 de la Ley 1437 de
2011, que hacen referencia a la obligación de las autoridades de mantener a
disposición de la ciudadanía, a través de su página web: i) información atinente a
las normas básicas que determinan sus competencia; ii) las regulaciones,
procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los
particulares frente al respectivo organismo o entidad y; iii) los actos administrativos

43
La Universidad de los Llanos aportó la Notificación de la Resolución Rectoral 0831 de 2011, en la que se evidencia que el
5 de agosto de 2021, se envió a los correos urleyg1@gmail.com, dquintero@unillanos.edu.co y
mmmedina@unillanos.edu.co

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de carácter general que expidan, pues se trata de determinaciones de naturaleza
disímiles al acto administrativo mediante el cual se resolvió una recusación.

154. De esta forma, se observa que las Resoluciones 027 del 23 de julio de 2021 y
831 del 5 de agosto de la misma anualidad, se dieron a conocer teniendo en
cuenta su naturaleza y el mecanismo que según el ordenamiento jurídico resultaba
pertinente, razón por la cual no se advierte en manera alguna violación al principio
de publicidad ni a los numerales 1, 3 y 4 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.

D. Trámite de las recusaciones

155. Corresponde ahora determinar si hubo vulneración del artículo 12 de la Ley
1437 de 2011, por el hecho de que el Consejo Superior de la Universidad de los
Llanos haya expedido la Resolución No. 027 del 23 de julio de 2021 44, a pesar de
que aún no se habían resuelto las recusaciones presentadas contra el secretario
general, el asesor jurídico y el jefe de personal. Al respecto, es preciso tener en
cuenta los siguientes elementos probatorios:

155. El 14 de julio de 2021 el señor Julián Camilo Mahecha Rojas recusó al señor
José Fernando Saavedra Sua, quien tenía la doble condición de ser miembro del
Consejo Superior Universitario y presidente de la comisión verificadora de las
hojas de vida.

156. El 14 de julio de 2021, el señor Urley Guerrero Nagles, recusó a los señores
Giovanni Quintero Reyes secretario general de UNILLANOS, Medardo Medina
Martínez asesor jurídico de la Universidad y Víctor Efrén Ortiz, jefe de personal del
ente universitario, en su condición de miembros de la comisión encargada de
verificación de los requisitos de los candidatos a rector.

157. A través de la Resolución No. 026 del 23 de julio de 2021, el Consejo
Superior Universitario de UNILLANOS declaró infundada la recusación formulada
por el ciudadano Mahecha Rojas contra el señor Saavedra Sua, como
representante de los estudiantes y presidente de la comisión verificadora, al
encontrar que no se señaló ninguna de las causales previstas en el artículo 11 de
la Ley 1437 de 2011, pues se limitó a mencionar que el recusado no tenía la
calidad de estudiante para representar ese estamento, frente a lo cual se informó
que se encuentra activo, según el Sistema Información Académica Universitaria –
SIAU, al estar matriculado para el primer semestre del periodo académico de
2021.

158. Posteriormente, con la Resolución Superior No. 027 del 23 de julio de 2021,
el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, definió la forma virtual para la
realización de la consulta previa prevista en el artículo 17 de la Resolución
Superior No. 020 de 2021, por lo que ordenó a la vicerrectoría de recursos
universitarios, a la oficina jurídica y a la oficina de sistema que adelantaran las

44
Por la cual se definió que la consulta previa se haría de manera virtual

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gestiones y trámites ante entidades externas a fin de garantizar dicha etapa del
proceso de elección.

159. Mediante Resolución No. 0831 del 5 de agosto de 2021, el rector ad-hoc de
la Universidad de los Llanos declaró infundadas las recusaciones interpuestas
contra el secretario general, el asesor jurídico y el jefe de personal de la
UNILLANOS, al considerar que no se encontraban configurados los elementos
mínimos que permitieran predicar la concurrencia de un conflicto de intereses en
cabeza de estos.

160. Conforme con lo anterior, advierte la Sala que a pesar de que las
recusaciones se presentaron el 14 de julio de 2021 y fueron resueltas en su
totalidad hasta el 5 de agosto de la misma anualidad, el 23 de julio de 2021 se
profirió la Resolución No. 027, acto administrativo que definió que la consulta
previa se haría en forma virtual.

161. Ante esta situación durante el proceso se han planteado dos tesis, la del
demandante que considera que con la expedición de la Resolución No. 027 del 23
de julio de 2021 se incurrió en una irregularidad, toda vez que no debió proferirse
porque el proceso eleccionario se encontraba suspendido con ocasión de las
recusaciones presentadas, en aplicación del artículo 12 del CPACA que señala:
“La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o
desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida”.

162. Por otra parte, el demandado y la Universidad justifican su proceder, con el
argumento de que las recusaciones que estaban pendientes de resolver solo
afectaron a la Comisión Verificadora, no al Consejo Superior, pues se dirigieron
contra los integrantes de la primera, no del segundo que fue el que dictó la referida
resolución.

163. Para resolver la citada disyuntiva, vale la pena subrayar, teniendo en cuenta
el cronograma del proceso eleccionario, contenido en el acto que lo convocó y
reglamentó (Resolución 020 de 2021), que el periodo de inscripción de candidatos
se programó entre el 25 de junio y el 14 de julio de 2021 y la revisión de los
documentos de los aspirantes por parte de la Comisión Verificadora se adelantaría
entre el 15 y 21 de julio de 2021.

164. Se destacan las anteriores situaciones, porque las recusaciones presentadas
se elevaron el 14 de julio de 2021, esto es, un día antes de que empezara el
proceso de revisión de documentos por la Comisión Verificadora, es decir, previo a
que se adelantara la fase de verificación de requisitos mínimos, que resultaba
indispensable para que continuara el trámite eleccionario.

165. Esta circunstancia es relevante, porque el procedimiento para designar al
rector de la Universidad de los Llanos para el periodo 2022-2024 es uno solo, y
como lo indica la resolución que lo reglamentó45, fue diseñado por fases

45
Resolución Superior No. 020 de 2021

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sucesivas, en las que del resultado de una depende la siguiente, por ejemplo, la
inscripción, la revisión de requisitos de los aspirantes, la resolución de reclamación
contra los excluidos, la definición de la lista de elegibles, la presentación de las
propuestas de éstos, la consulta estamentaria, la conformación de la terna y la
designación propiamente dicha.

166. Esto significa que si el trámite es uno solo, a pesar de que está diseñado en
varias fases, en las que intervienen distintos responsables, verbigracia, la
Comisión Verificadora, que revisa el cumplimiento de los requisitos de los
candidatos y el Consejo Superior que resuelve las reclamaciones planteadas por
los aspirantes excluidos y ordena la publicación de la lista de elegibles 46, cuando
se presentaron las referidas recusaciones, toda la actuación administrativa quedó
suspendida hasta la resolución de éstas, pues así lo indica el último inciso del
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, que no prescribe que solo se suspende la
parte del trámite que está a cargo de los recusados, o que las autoridades cuya
imparcialidad no fue cuestionada pueden seguir actuando.

167. A juicio de la Sala el hecho de que la norma antes señalada no distinga que
con las recusaciones se suspende parcialmente la actuación administrativa resulta
lógico y coherente, en la medida que si está en tela de juicio la imparcialidad de
las autoridades que dentro de ésta deben adoptar decisiones, la resolución de tal
cuestión es necesaria a efectos de predicar que sus determinaciones se
encuentran acordes con el ordenamiento jurídico, y por ende, que las acciones
que se adelanten con base en ellas también se presumen legales, lo que
difícilmente podría predicarse si el trámite respectivo no se interrumpe y los
recusados continúan interviniendo y con posterioridad se establece que desde que
se cuestionó su imparcialidad debieron ser separados del procedimiento
respectivo.

168. Por lo tanto, no se comparte el argumento según el cual, como las
recusaciones pendientes no estaban dirigidas contra los integrantes del Consejo
Superior Universitario en virtud de su pertenencia a dicho órgano colegiado,
respecto de éste el procedimiento eleccionario no se encontraba suspendido y
podía seguir actuando, verbigracia, dictando la Resolución No. 027 del 23 de julio
de 2021, mientras se resolvían las recusaciones contra los integrantes de la
Comisión Verificadora, pues se itera, éstas por disposición de la ley imponían la
suspensión de la actuación administrativa, no sólo parte de la misma, sobre todo
cuando en el caso de autos, para el momento en que se radicaron estaba por
iniciar la fase de verificación de requisitos de los candidatos, la cual resultaba
indispensable para continuar con las demás fases del proceso, motivo por el cual
primero correspondía esclarecer las dudas sobre la imparcialidad de los
encargados de esa labor, y sólo cuando tal asunto estuviera resuelto, adelantar
cualquier otra actuación atinente al trámite de designación, como definir la forma
en que se llevaría a cabo la consulta estamentaria.

46
Según la anterior resolución.

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169. Bajo ese entendido, el ente universitario incurrió en una irregularidad al
expedir la Resolución No. 027 del 23 de julio de 2021 a pesar de que no se
hubieran resuelto la totalidad de las recusaciones interpuestas; además, no tiene
relevancia el hecho de que ese acto administrativo sea de trámite, pues como se
dijo en precedencia, la norma de manera general establece la suspensión de la
actuación administrativa desde que se presenta la recusación hasta que se
resuelva, sin que determine que en el entretanto pueden expedirse actos de
trámite o preparatorios sobre temas ajenos a aquélla, pues la norma es precisa y
clara en señalar sin realizar condicionamientos o excepciones, que lo que
corresponde abordar antes de cualquier otro asunto son los cuestionamientos a la
transparencia e imparcialidad del trámite eleccionario.

2.5. Análisis de incidencia de la irregularidad advertida

170. Advertida la referida irregularidad, corresponde establecer si tuvo o no
incidencia en el resultado de la designación, pues sólo en caso afirmativo habría
lugar a declarar la nulidad de ésta, en virtud del principio de eficacia del voto,
según el cual como lo ha destacado esta Sección, “en los procesos de índole
objetiva, es decir aquéllos en los cuales de (sic) discute la ocurrencia de irregularidades
en la votación o en los escrutinios, el acto electoral solamente puede ser anulado si se
demuestra que dichas irregularidades tienen la incidencia de modificar el resultado de la
contienda electoral. De lo contrario, debe preservarse la voluntad legítima mayoritaria de
los electores”47.

171. En el mismo sentido, ha señalado la Sala Electoral del Consejo de Estado:

“(…) (La) legislación por excelencia para las elecciones por voto popular, en su
catálogo de principios, destaca el llamado principio de eficacia del voto, definido
como la preponderancia de la interpretación que le dé validez al voto para que
así represente la expresión de la libre voluntad del elector.

Principios análogos y de redacción similar se encuentran en el principio del efecto
útil de la norma o la ponderación que hace el Código Civil frente a las máximas de
interpretación de la ley, en las que se encuentran en tensión, en mayor o menor
grado, las posibles interpretaciones o aspectos hermenéuticos frente a la aplicación
de las normas.

Por eso, en forma constante, la jurisdicción electoral ha entendido y así lo ha
manifestado a los sujetos procesales, a lo largo de sus pronunciamientos judiciales,
que el hecho de que exista y se prueben irregularidades en el proceso de (sic)
electoral administrativo, no conlleva per se la nulidad del acto electoral que la
declara.

Para el lector desprevenido y en grado sumo acontece con los sujetos procesales,
les parece casi paradójico que habiéndose demostrado irregularidades, se
mantenga al elegido en su cargo o curul.

Pues bien no ha de olvidarse que se encuentran en tensión varios derechos, unos
de espectro mucho más amplio que deben ser protegidos, así pues el ejercicio de
los derechos fundamentales políticos a elegir y ser elegido tiene su alter ego como
ser político público en la voluntad popular, en la democracia y en el mantenimiento

47
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 54001-23-
33-000-2016-00002-01.

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www.consejodeestado.gov.co
35

Demandante: Fernando Campos Polo
Demandado: Charles Robin Arosa Carrera
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00018-00

de la institucionalidad del Estado en el que una de sus manifestaciones es
propender por garantizar la evolución normal del desenvolvimiento del Estado, a
través de los servidores designados por el conglomerado.

Es por ello, que con base en el principio de la eficacia del voto o del efecto útil de la
norma, acreditadas las irregularidades, ha de pasarse a una última etapa dentro del
iter del proceso electoral, para adentrarse en el análisis del impacto de esos votos
espurios en el resultado definitivo que dio al elegido el triunfo, pues mientras aquel
no sea mutado o modificado a tal punto que se tenga certeza que había otro
participante con mejor derecho, la declaratoria de la elección se mantendrá
incólume (Destacado fuera de texto)48

123. Bajo la perspectiva del mentado principio, en el asunto planteado lo primero
que observa la Sala es que el demandante en lo atinente a la falta de participación
de jurados y testigos electorales, y por ende, frente a las situaciones relevantes de
la votación y el escrutinio, únicamente argumentó que la ausencia de tales sujetos
conllevó a que no se advirtieran oportunamente las irregularidades relativas al
número y ubicación de las planchas en el tarjetón de votación, y por ende, que no se
hubieren adoptado los correctivos respectivos frente a una situación que a su juicio
incidió en el resultado de la elección.

124. Como se expuso ampliamente en el apartado 2.4.1 de esta providencia, tan
pronto se advirtió la situación expuesta por el actor sobre los tarjetón (sic) de
votación se tomaron los correctivos pertinentes, y aún más relevante, dicha
circunstancia en manera alguna significó que se pusiera en riesgo el derecho a
ejercer el voto de manera libre, segura e informada, ni que se indujera en error a los
electores, por lo que a su vez, que no se haya brindado la posibilidad de presentar
testigos que eventualmente hubieren advirtieran lo ocurrido, tampoco tiene la
virtualidad de haber afectado el resultado de la jornada electoral.

125. Además de la situación antedicha el demandante en forma alguna hizo alusión
a irregularidades atinentes a la votación y los escrutinios en las que hubieren podido
intervenir los jurados y en especial los testigos, es decir, no concretó de qué manera
la ausencia de éstos afectó el proceso electoral y mucho menos su resultado.

126. Por lo tanto, no existen situaciones claras, concretas y específicas a partir de la
(sic) cuales pueda evaluarse de qué manera la ausencia de los testigos afectó el
resultado de la elección, y por ende, no se avizoran razones suficientes para
considerar que el hecho de no haber permitido la intervención de aquéllos justifique
que se anule una decisión producto de la voluntad mayoritaria”49 (Subrayado fuera
de texto).

172. Bajo tal perspectiva, sin pasar por alto que en los procesos electorales, sean
o no de carácter popular50, pudo incurrirse en irregularidades como la expedición
de la Resolución No. 027 del 23 de julio de 2021, aunque para ese momento el
trámite se encontraba suspendido con ocasión de las recusaciones presentadas
contra algunos integrantes del Comité de Verificación, debe analizarse en virtud
del principio de eficacia al voto, si tal error tuvo o no incidencia en el resultado de
la elección.

48
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de, 15 de diciembre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad. 13001-
23-33-000-2016-00106-01.
49
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate Rad. 11001-03-28-
000-2019-00036-00.
50
El principio de eficacia al voto también ha sido aplicado por esta Sección en procesos electorales de carácter no popular,
como puede apreciarse en la providencia señalada en el anterior pie de página y en la sentencia del 3 de febrero de 2022,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2021-00033-00, a propósito de la designación del representante de las
directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba”.

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173. A juicio de la Sala la respuesta al interrogante es negativa, toda vez que con
el anterior acto administrativo simplemente se definió la modalidad virtual de la
consulta estamentaria, debido a la pandemia por Covid 19 y la imperativa
necesidad de adoptar medidas para evitar su propagación, sin que se advierta a
partir de los elementos de juicio aportados al presente trámite, que esta
circunstancia en sí misma incidió en el resultado de elección, o dicho de otro
modo, que de no haberse proferido tal resolución el 23 de julio de 2021 no habría
quedado elegido el demandado; máxime que las recusaciones fueron resueltas
antes de que la Comisión de Verificación rindiera el informe.

174. Tampoco se evidencia que por el hecho de que el Consejo Superior
Universitario se anticipara al dictar la mencionada resolución aunque estaban
pendientes de resolver algunas recusaciones, se hayan desconocido las garantías
mínimas de los candidatos o del electorado, en especial cuando con ella se
implementó una medida para preservar la vida y salud, motivo por el cual a partir
de la referida irregularidad no hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado, so
pena de sacrificar desproporcionadamente una decisión en la que participaron los
distintos estamentos universitarios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente
decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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