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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2018-00801-03

Nulidad electoral: contra acto de elección de alcalde local

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2018-00801-03

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral interpuesta por el señor Gustavo Martínez Betancurt contra el Decreto 1392 de 25 de octubre de 2017, por el cual el alcalde mayor de Cartagena (E) nombró al señor Carlos Mario Mieles Bello como alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, de conformidad con las consideraciones consignadas en este proveído. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 13001-23-33-000-2018-00801-03

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de julio de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de alcalde local / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO CAPITAL – Aplicable al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias / RÉGIMEN DE DISTRITO ESPECIAL – Marco normativo aplicable al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena

En relación con el marco jurídico aplicable a los distritos especiales, como entidades territoriales sometidas a un régimen político, administrativo y fiscal propio, orientado a dotarlas de mayor autonomía para impulsar el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el Constituyente de 1991 decidió constituirlos o reconocerlos directamente, como expresión de su voluntad de sustraerlos prima facie de las normas del ordenamiento municipal ordinario, las cuales solo les resultan aplicables de forma subsidiaria. Así, en cuanto al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el artículo 328 superior, resolvió «conservar su régimen y carácter», según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 1987 que lo creó. (…). Lo dispuesto en su artículo 2º debe interpretarse de conformidad con lo previsto en los artículos 322 a 327 de la Carta Magna de 1991, que consagran el régimen político, fiscal y administrativo actual del Distrito Capital de Bogotá y la normativa que los desarrolla, en particular, el Decreto 1421 de 1993, que corresponde a su estatuto orgánico, dictado por el Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el artículo 41 constitucional, que derogó el anterior Decreto 3133 de 1968. (…). En este orden, son varias las decisiones judiciales que, en sede de control abstracto de constitucionalidad, han avalado de tiempo atrás el propósito superior de extender el régimen especial del Distrito de Bogotá a las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, en lo no regulado por sus respectivas normas especiales, tal como lo disponen sus propios actos legislativos de carácter constitutivo, a partir de las cuales bien se puede concluir, en consonancia con la línea jurisprudencial que integran, que: (i) El artículo 238 de la Constitución reconoce y mantiene el régimen y carácter de Distrito Turístico y Cultural de la ciudad de Cartagena de Indias, a partir de su creación en el Acto Legislativo 01 de 1987; (ii) bajo tales disposiciones, se enfatiza que la regulación de las normas especiales que rigen dicho ente territorial solo puede ser obra del Congreso de la República como legislador democrático, es decir, que existe reserva de ley sobre la materia; y (iii) sin desconocer la especificidad y autonomía de los distritos de la Costa Atlántica para dotarse de estatuto orgánico propio, es voluntad del Constituyente permitir que se les extienda el régimen especial del Distrito Capital de Bogotá y, subsidiariamente, el régimen municipal común, de conformidad con la ley.

Así las cosas, en desarrollo de las normas constitucionales en mención e implementación de las anteriores tesis pretorianas, se expidieron las siguientes normativas de carácter especial, aplicables al Distrito de Cartagena, en las que se enfatiza su primacía sobre las normas generales y la aplicación subsidiaria del régimen municipal, ante lagunas que no tengan prevista una remisión normativa expresa a otras regulaciones, tales como el Estatuto Orgánico de Bogotá, a fin de superarlas: (i) Ley 768 de 2002 «Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta», que en su artículo 2º dispuso que: «En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas en la C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios»; y (ii) Ley 1617 de 2013 «Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales», que en su artículo 2º indica que los distritos son entidades territoriales organizadas de acuerdo con lo previsto en la Carta Magna y se encuentran sujetos a un régimen especial, aclarando en su inciso final que: «En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios»; y en el parágrafo correspondiente precisó que: «Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos los distritos creados y que se creen, a excepción del Distrito Capital de Bogotá».

ALCALDE LOCAL - Causales de inhabilidad / ALCALDE LOCAL – A los mandatarios locales de Cartagena les aplica las prohibiciones genéricas que rigen para todos los servidores públicos

El régimen de inhabilidades de los alcaldes locales de los distritos especiales de la Costa Caribe ha sido estudiado a profundidad por esta Sección, en sendas sentencias del 30 de marzo y 29 de junio de 2017, en las que ha concluido que no existe norma especial que lo regule y que, ante tal vacío normativo, no es posible acudir directamente al Estatuto de Bogotá, establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993 que, en su artículo 84 define que no podrán ser designados como tales «(…) quienes estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles», señaladas en el artículo 66 ejusdem, por tanto no existe norma expresa en las Leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013 que contenga tal remisión normativa. (…). Por su parte, en la segunda de estas sentencias, al delimitar las causales de inhabilidad exigibles a los alcaldes locales de Barranquilla, se explicó que ante la ausencia de norma especial y remisión normativa sobre la materia y, ante la obligación de interpretar restrictivamente tales prohibiciones que encarnan verdaderos límites al derecho político a ser elegido, tampoco era viable llenar esa laguna jurídica acudiendo, con carácter supletorio, a las normas generales del régimen municipal, comoquiera que en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, no se enuncian tales requisitos negativos para el cargo de alcalde local y, a diferencia, del Estatuto del Distrito Capital, tampoco se fijó que fueran aplicables las mismas previstas para los integrantes de las Juntas Administradoras locales. (…). En este orden, al no existir tampoco en las disposiciones especiales que rigen al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena causales de inhabilidad específicas para sus alcaldes locales ni remisiones al régimen de otros entes territoriales, incluido el del Distrito Capital de Bogotá, y, teniendo en cuenta que la normativa prevista para los municipios tampoco regula esta materia, entonces se reitera la tesis de esta Sección de aplicar a estos mandatarios locales las prohibiciones genéricas que rigen para todos los servidores públicos.

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de alcalde local / ALCALDE LOCAL – La eventual nulidad electoral de carácter subjetivo que tiene relevancia jurídica es la que recae directamente sobre el elegido y no sobre los demás candidatos / NULIDAD ELECTORAL – La publicación del acto demandado es un cargo nuevo que no amerita pronunciamiento de fondo

En cuanto al primero [de los motivos de inconformidad], referido a que se omitió en forma equivocada estudiar de fondo la eventual configuración de la causal de inhabilidad que se invocó contra la señora Yolanda Wong Baldiris, de conformidad con el artículo 179.8 superior, en virtud de haber sido incluida en la terna de candidatos que presentó la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena para la designación de su alcalde local. (…). [E]ste reproche del peticionario carece de fundamento en tanto que, contrario a su dicho, la tesis del Tribunal no resulta extraña a la naturaleza de este medio de control en la medida en que su vocación es precisamente la de controlar la legalidad de los actos de elección, como es el caso del Decreto 1392 de 2017, por el cual se designó al [demandado] (…) por sobre la señora Yolanda Wong Baldiris y el señor Enrique Miguel Charris Gonzáles, como alcalde de la referida localidad y, en ese orden, lejos de separarse de la línea jurisprudencial vigente sobre la materia que se acaba de reseñar, lo que hizo el a quo fue reiterarla. Así las cosas, la eventual configuración de una causal de nulidad electoral de carácter subjetivo que tiene relevancia jurídica en sede de nulidad electoral es la que recae directamente sobre el elegido, más no sobre los demás candidatos, teniendo en cuenta: (i) el carácter personal, excepcional, taxativo y de interpretación restrictiva que tienen las inhabilidades, las cuales en consecuencia no se pueden proyectar sobre personas distintas a quien incurre en ellas (desde la perspectiva subjetiva de la causal del art. 275.5 del CPACA); y (ii) la imposibilidad de llevar a cabo un análisis de incidencia de orden objetivo sobre el impacto directo y trascendental en el resultado de la elección de las eventuales inhabilidades que recaen sobre quienes participaron en ella como candidatos pero no resultaron designados (desde la perspectiva de la expedición irregular). En tal virtud hay lugar a despachar desfavorablemente este cargo dual de la impugnación. En relación con la segunda acusación del recurrente, alega que no fueron valoradas todas las pruebas aportadas para acreditar la configuración de la prohibición, lato sensu, del artículo 179.8 superior en el caso del señor Carlos Mario Mieles Bello, de modo tal que se pasó por alto que se inscribió, fue postulado y nombrado como alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, mientras simultáneamente tenía la calidad de contratista del distrito, para funciones públicas de asesoría jurídica en la Escuela de Gobierno y Liderazgo. (…). En consecuencia, esta Sala observa que el primero de tales presupuestos [que una misma persona sea elegida para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo] no se cumple en referencia a los alcaldes locales, comoquiera que no ejercen un cargo de elección popular sino que son designados por el alcalde mayor de terna enviada por la Junta Administradora Local correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 de la Constitución Política y, por tanto, se trata de una prohibición que no les resulta aplicable; y adicionalmente, en este caso particular, tampoco se encontraría satisfecho el segundo presupuesto en cuanto no se puede predicar coincidencia de periodos cuando el designado, señor Carlos Mario Mieles Bello, ostentaba la condición de contratista más no de servidor público del Distrito de Cartagena y, entonces, no tenía vínculo laboral vigente con la Administración, por lo que el impugnante confunde aquí el plazo de ejecución de la orden de prestación de servicios No.

2807 del 25 de abril de 2017, por siete (7) meses, con la modalidad de empleo público de periodo fijo, prevista en el artículo 1, literal c) de la Ley 909 de 2004 y, en consecuencia, este cargo de la apelación será despachado desfavorablemente. (…). [F]rente a la tercera censura del peticionario, referida a que el acto demandado nunca fue publicado en la Gaceta Distrital Virtual de Cartagena, tal como lo prescribe el artículo 65 del CPACA, en concordancia con el artículo 164, numeral 2, literal a) ejusdem y, por tanto, carece de validez, acierta el Ministerio al señalar que se trata de una cuestión nueva, en la medida en que no fue planteada en la demanda y, por tanto, tampoco hizo parte de la fijación del litigio y el problema jurídico que se resolvió en la sentencia objeto del presente recurso, por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo al respecto. En efecto, esta Sección ha precisado que el ad quem no puede desbordar, en principio, los planteamientos que sustentan el recurso de alzada, así como tampoco los elementos fácticos y jurídicos que integran el objeto de la litis, es decir, que debe observar fielmente los límites materiales tanto de la apelación como de la propia demanda. (…). [S]e evidencia que los cargos están dirigidos a demostrar, tal como se reitera en la impugnación, que al menos uno de los candidatos de la terna que integró la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte para la designación de su alcalde local, se encontraba incurso en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 179, numeral 8 de la Constitución Política, por haber ostentado la condición de servidor público mientras participaba del procedimiento eleccionario en un empleo cuyo periodo coincidía, al menos parcialmente, con el del referido cargo. En esa medida, se alega que se configuraron los vicios de infracción de norma superior, expedición irregular y violación del régimen de inhabilidades, sin hacer mención alguna a la publicación del acto acusado como causal de nulidad, planteamiento que se propuso únicamente en esta segunda instancia, con base en el debate que se presentó sobre la caducidad del presente medio de control, el cual se zanjó por auto del 6 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que el juicio de legalidad a cargo de esta jurisdicción es autónomo y se dirige específicamente a controlar el apego de los actos demandados a la normativa vigente, desde un enfoque objetivo e integral, teniendo en cuenta que su validez se configura desde su formación mientras que su efectividad viene dada por situaciones posteriores a su nacimiento, ajenas al juicio de nulidad electoral, en cuanto la publicidad no hace parte de los presupuestos de su juridicidad, por lo que se rechazará también este último motivo de inconformidad.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el marco jurídico aplicable a los distritos especiales, según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 1987 que lo creó, consultar: Corte Constitucional. Sentencia C-538 del 24 de mayo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sobre el régimen jurídico de los distritos se integra con las disposiciones constitucionales correspondientes, las leyes especiales dictadas para ellos, las normas especiales de remisión expresa, y en lo no regulado por éstas, con las normas legales que conforman el régimen municipal ordinario, consultar: Corte Constitucional. Sentencia C-503 del 4 de noviembre de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Respecto del régimen de inhabilidades de los alcaldes locales de los distritos especiales de la Costa Caribe por cuanto no existe norma especial que lo regule y que, ante tal vacío normativo y no es posible aplicar el Estatuto de Bogotá, consultar: Consejo de estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 08001-23-33-000-2015-00860-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de junio de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 08001-23-3-000-2016-00648-01. De la materialización de una causal de inhabilidad, que constituye un reproche de carácter subjetivo, es un asunto que converge en la órbita personal del elegido o nombrado, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de septiembre de 2020, M.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 19001-23-33-000-2019-00357-01. De la presunta inhabilidad en la que estaba incurso quien no resultó electo y que ello no tendría incidencia en el resultado toda vez que tal circunstancia no cambiaría el hecho de que quien resultó electo fue otra persona, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de febrero de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 63001-23-33-000-2017-00212-01. De la inhabilidad que no resulta aplicable a los alcaldes locales, por no tratarse de cargos de elección popular, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de mayo de 2006, M.P. Filemón Jiménez Ochoa, radicación 08001-23-31-000-2004-00525-02 (3923). De la configuración de la causal de inhabilidad de alcalde local que requiere de la demostración de dos elementos o condiciones principales, consultar: Consejo de estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de agosto de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 23001-23-31-000-2003-01418-01. De los límites materiales de la apelación que deben ser observados por el ad quem que no puede desbordar, en principio, los planteamientos que sustentan el recurso de alzada, así como tampoco los elementos fácticos y jurídicos que integran el objeto de la litis, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00100-01.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 179 NUMERAL 8 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 323 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 328 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1987 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1421 DE 1993 – ARTÍCULO 66 / DECRETO 1421 DE 1993 – ARTÍCULO 84

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00801-03

Actor: GUSTAVO MARTÍNEZ BETANCURT

Demandado: CARLOS MARIO MIELES BELLO – ALCALDE DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y EL CARIBE NORTE DE CARTAGENA

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Apelación contra sentencia

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del 24 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

El 4 de diciembre de 2018, el señor Gustavo Martínez Betancurt, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, establecido en el artículo 137 del CPACA, solicitó que se anule el Decreto 1392 de 25 de octubre de 2017, por el cual el alcalde mayor de Cartagena (E) nombró al señor Carlos Mario Mieles Bello como alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte. Asimismo, requirió como medida cautelar la suspensión de los efectos de dicho acto.

Hechos

Como sustento de lo anterior, reseñó los siguientes elementos fácticos:

El 11 de julio de 2017, el Alcalde Mayor de Cartagena (e) expidió el Decreto 0901 “Por medio del cual se convoca a la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, a Asamblea Pública para la elaboración de la terna, de la que se nombrará del (sic) Alcalde de dicha localidad y se dictan otras disposiciones”, modificado parcialmente por los Decretos 1273 y 1353 del 20 de septiembre y 10 de octubre del mismo año, respectivamente.

El 13 de octubre de 2017, la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte postuló la terna de candidatos para el respectivo cargo de alcalde local, integrada por Yolanda Wong Baldiris, Carlos Mario Mieles Bello y Enrique Miguel Charris Gonzáles.

El 17 de octubre de 2017, el señor Gustavo Martínez Betancurt presentó escrito de petición dirigido al alcalde mayor (e) de Cartagena para que, en observancia de los principios de transparencia e igualdad entre los aspirantes, «considere la posibilidad de abstenerse de nombrar Alcalde para la localidad Uno» y, en su lugar, proceda a devolver la terna postulada, por cuanto alegó que dos de sus integrantes se encontraban inhabilitados: (i) la señora Yolanda Wong Baldiris, quien se desempeñaba como directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo del distrito, encargada de las funciones de alcalde de esa localidad, código 030, grado 51, por Decreto No. 0398 del 9 de marzo de 2017; y (ii) el señor Carlos Mario Mieles Bello, quien había celebrado con el ente territorial referido el contrato No. 2807 del 25 de abril de 2017, con registro presupuestal No.198 del 15 de mayo de 2017, por un valor de $23.100.000, para ejecutarse en un plazo de 7 meses, cuyo objeto era la «PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE ATENCIÓN “DE UNA” QUE LIDERA LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO».

No obstante lo anterior, el alcalde mayor de Cartagena (e) expidió el Decreto No. 1392 del 25 de octubre de 2017, «Por medio del cual se nombra Alcalde Local de la Localidad Histórica y del Caribe Norte» al señor Carlos Mario Mieles Bello.

Normas violadas y concepto de la violación

Como fundamento jurídico, invocó los cargos de infracción de normas superiores y expedición irregular en cuanto que, a su juicio, con la adopción del acto objeto de censura se quebrantaron los artículos 122, 123, 126, 127 y 179 de la Constitución Política; 124, 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994; 39 y 41 de la Ley 734 de 2002, así como las siguientes disposiciones distritales: Decretos 1284 de 2010; 0901 de 2017; 1273 de 2017 y 0581 de 2004, que versan sobre el procedimiento de elección correspondiente.

Específicamente, alegó que la señora Yolanda Wong Baldiris y el señor Carlos Mario Mieles Bello se encontraban incursos en las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 179, numeral 8 de la Constitución Política y el artículo 124, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, por cuanto durante todo el procedimiento eleccionario ostentaron la condición de servidores públicos en Cartagena cuyos respectivos periodos coincidían parcialmente con el del cargo de alcalde local: la primera, en su doble calidad de directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo del ente territorial y alcaldesa local encargada; y el segundo, como contratista con funciones de asesor jurídico en esa misma dependencia, esto es, de carácter públicas, según se desprende de la lectura de la cláusula 2 que las consagra, por lo que su designación debe ser anulada en consideración a los precedentes establecidos por esta Sección en sentencias del 11 de mayo de 2006 (Exp. 2004-00525- 3923) y del 29 de junio de 2017 (Exp. 08001-23-33-000-2016-00648-01). En consecuencia, concluye que la terna no era tal debido a que los ediles habían postulado candidatos abiertamente inhabilitados, en contra de los decretos distritales que reglamentan esta elección, lo que terminó por viciarla de nulidad.

Estimó que tales causales resultan aplicables en la medida en que no existe ley especial ni remisión normativa referidas a las inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes locales y, por tanto, para la provisión de tal cargo se deben observar los requisitos negativos previstos para todos los servidores públicos en la Constitución Política, así como en el régimen municipal regulado en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 734 de 2002, lo mismo que en la Ley 80 de 1993.

Trámite de la demanda

Mediante auto del 13 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó la demanda, de conformidad con el artículo 169, numeral 1° de la Ley 1437 de 2011, luego de adecuar su trámite al del medio de control de nulidad electoral, contemplado en el artículo 139 de dicha normativa, al considerar que «(…) una acción ejercida ante la jurisdicción contencioso administrativa, debe reconocerse por sus motivos y finalidades, y no por la denominación que de la misma haga el demandante».

En este sentido, dio aplicación al artículo 164, numeral 2° sobre la oportunidad para presentar la demanda contra un acto electoral y concluyó que el libelo introductorio se interpuso por fuera del plazo de treinta (30) días que prescribe la ley.

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación en su contra, para que se admitiera su libelo introductorio bajo la modalidad de nulidad simple, en la medida en que la causal que la soportaba era la infracción de las normas en que debía fundarse el acto acusado, la cual corresponde a las genéricas que señala el artículo 137 del CPACA, mas no a las específicas del artículo 275 ejusdem, que rigen en materia electoral.

A través de auto del 9 de mayo de 2019, esta Sección revocó el auto que rechazó la demanda, para que el a quo «la inadmita con el propósito de que se allegue la constancia de la publicación del Decreto 1392 de 25 de octubre de 2017 y, una vez ello ocurra, se pronuncie respecto a si es posible o no su admisión».

En cumplimiento de lo ordenado, el Tribunal Administrativo de Bolívar, por auto del 25 de junio de 2019, requirió al Concejo y al Distrito de Cartagena para que «dentro del término de la distancia (sin exceder de cinco (5) días),» allegaran copia del acto demandado con su correspondiente constancia de publicación y/o notificación. Dicho requerimiento fue reiterado en auto del 30 de julio siguiente, en razón a que para entonces no se habían aportado tales documentos.

Mediante respuesta allegada el 31 de julio de 2019, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Concejo Distrital de Cartagena manifestó que en los archivos de esa corporación no reposaba el Decreto 1392 de 25 de octubre de 2017, teniendo en cuenta que la competencia para su expedición es del alcalde mayor. Por su parte, el Distrito de Cartagena no emitió pronunciamiento alguno, mientras que el demandante radicó un memorial en el cual solicitó que, por no existir constancia de la publicación de aquel, se procediera a la admisión de la demanda.

Por auto del 13 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar inadmitió la demanda, de conformidad con lo dispuesto por esta Sección en el referido auto del 9 de mayo del mismo año, «para que el actor subsane las falencias, concernientes en adaptar la demanda al contencioso electoral de conformidad con los requisitos y procedimiento que dispone el art. 139 de la ley 1437 de 2011 y con base en el título VIII (artículos 275-296), de la norma ibídem, en orden a garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia» y le concedió el término de tres (3) días para tal efecto.

Por memorial del 21 de agosto de 2019, el demandante presentó su escrito de subsanación del libelo inicial, en el sentido de ajustarlo al referido medio de control, agregando al concepto de la violación, la causal de nulidad electoral del artículo 275, numeral 5 del CPACA y, en tal virtud, reformuló sus pretensiones en los siguientes términos:

1.- Que se declare NULO el DECRETO No.1392 del 25 de Octubre de 2017, Por medio del cual se nombra al Alcalde Local de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Señor CARLOS MARIO MIELES BELLO de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, emitido por el Distrito de Cartagena de Indias, D. T. y C., para el periodo institucional que resta en la ciudad entre 2017-2019.
2.- Que se declare la nulidad electoral de los actos de declaratoria de elección de la conformación de la terna presentada por la Junta Administradora Local de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, a través del Acta No. 175 del 13 de Octubre de 2017, por presentar dentro de la terna 2 SERVIDORES PÚBLICOS, inhabilitados a aspirar al cargo de Alcalde Local.
3.- Que como consecuencia de lo anterior, se le ordene al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena de indias (sic), encargado, y/o a quien lo represente o haga sus veces, conformar una nueva Terna de conformidad con la convocatoria contenida en el Decreto 901 de julio 11 de 2017, 1273 de Septiembre 20 de 2017 y Decreto 1353 de Octubre 10 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para que la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte nuevamente la integre con aspirantes a la Alcaldía Local que no estén incursos en inhabilidades, impedimentos o prohibiciones de la lista de candidatos que participó en dicha convocatoria, que sí reunieron los demás requisitos de ley y estén actualmente disponibles.

A través de auto del 28 de agosto del mismo año, el a quo admitió el medio de control de la referencia y negó la suspensión provisional deprecada. En relación con el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad electoral, advirtió que no pudo constatar su configuración en el caso, por cuanto, pese a los múltiples requerimientos hechos al Distrito de Cartagena para que enviara la constancia de la publicación del acto acusado, no se obtuvo respuesta.

La sentencia apelada

La Sala de decisión No. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 24 de febrero de 2021, resolvió negar las pretensiones de la demanda, por considerar que: (i) la terna postulada por la Junta Administradora Local fue integrada en debida forma, a partir de los documentos aportados en la inscripción por los candidatos, dentro de los que se encontraba las respectivas declaraciones juramentadas de no estar incursos en causal de inhabilidad alguna; (ii) la eventual inhabilidad de la señora Yolanda Wong Baldiris, por estar vinculada con la Administración Distrital como directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo y alcaldesa encargada de la Localidad Histórica y del Caribe Norte durante el procedimiento eleccionario, no puede ser objeto de estudio a través de este medio de control, porque no fue ella la designada y, en consecuencia, carece de incidencia en el resultado; y (iii) el señor Carlos Mieles Bello no se encuentra inhabilitado en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales No. 2807, que suscribió con el referido ente territorial, por un plazo de 7 meses, contados a partir de su suscripción el 25 de abril de 2017 en cuanto esta forma de vinculación no le otorgó la condición de servidor público y el plazo de ejecución feneció el 25 de octubre de 2017, fecha de su nombramiento como alcalde local; en ese orden no se configuraron las causales invocadas en su contra por la parte actora.

El recurso de apelación

El demandante, en memorial remitido el 16 de marzo de 2021, interpuso recurso de apelación contra tal decisión para, en su lugar:

(…) declarar la Nulidad del Acta #175 de fecha 13 de octubre/2017 expedida por la Junta Administradora Local de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, mediante la cual esta Junta eligió la TERNA para Alcalde de la misma Localidad mencionada, por venir viciada de nulidad, y, en consecuencia, también la Nulidad del Decreto 1392 del 25 de octubre de 2017 mediante el cual se nombra al Alcalde Local de esa misma localidad, por parte del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por provenir este nombramiento de una terna viciada de NULIDAD y por falta de publicación de este mismo decreto.

Lo anterior, al estimar que en el curso del proceso se demostró que al menos uno de los candidatos de la terna que integró la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte para la designación de su alcalde local, se encontraba incurso en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 179, numeral 8 de la Constitución Política, por haber ostentado la condición de servidor público mientras participaba del procedimiento eleccionario en un empleo cuyo periodo coincidía, al menos parcialmente, con el del referido cargo y, en esa medida, reiteró que se configuraron los vicios de infracción de norma superior, expedición irregular y violación del régimen de inhabilidades, luego de especificar los siguientes motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia.

El a quo dejó de lado el análisis de la inhabilidad en mención en el caso de la señora Yolanda Wong Baldiris porque, en su criterio, no había lugar a llevarlo a cabo en la medida en que no resultó elegida y, por tanto, no se puede predicar incidencia alguna de su parte en la elección, lo cual valoró como «extraño y desacertado», teniendo en cuenta que ella obtuvo la votación más alta en la etapa de postulación mientras simultáneamente estaba vinculada al gobierno distrital, en su calidad de directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo del ente territorial, encargada de las funciones de alcaldesa de dicha localidad, por lo que era la favorita para ser escogida por el primer mandatario de la ciudad. En ese orden, concluyó que era evidente que ella no podía inscribirse como candidata y, por ende, al ser incluida en la triada por los ediles en contra de lo dispuesto en los Decretos Distritales 0581 de 2004, 0901, 1273 y 1353 de 2017, entre otros, que prohíben elegir en tal dignidad a personas inhabilitadas, aquel acto preparatorio quedó viciado, afectando la validez del acto definitivo sub judice.

No fueron valoradas todas las pruebas aportadas para acreditar la configuración de la causal del artículo 179.8 superior en el caso del señor Carlos Mieles Bello, de modo tal que se pasó por alto que si bien el contrato de prestación de servicios No. 2807 se celebró el 25 de abril de 2017, solo hasta el 25 de mayo siguiente se expidió el registro presupuestal No. 198 y, en consecuencia, esa es la fecha de inicio de su ejecución prevista por un plazo de 7 meses, en los términos de sus cláusulas 6 y 24, que se extendió entonces hasta el 24 de diciembre de 2017 y no hasta el 25 de octubre, fecha de la elección controvertida, como equivocadamente lo interpretó el Tribunal Administrativo de Bolívar; es decir, que él fue nombrado siendo aún contratista del distrito.

Es menester concluir que, como a la fecha la Alcaldía Mayor de Cartagena aún no ha publicado el acto demandado en la Gaceta Distrital, creada mediante el Decreto No. 0985 del 5 de julio de 2016, de conformidad con el inciso primero del artículo 65 del CPACA, en concordancia con el artículo 164, numeral 2, literal a) ejusdem, aquel no es obligatorio y carece de validez.

Trámite del recurso de apelación

A través de auto del 17 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 24 de febrero del mismo año, que denegó las pretensiones de la demanda, al encontrar que se presentó de forma motivada y oportuna, en razón a que la referida providencia le había sido notificada mediante mensaje de datos del miércoles 10 de marzo, por lo que el término de su ejecutoria corrió entre el 15 y el 19 de marzo, teniendo en cuenta que los dos (2) días de que trata el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, para efectos de notificaciones por medios electrónicos.

Una vez recibido el expediente en la Secretaría de la Sección Quinta de esta corporación, se procedió a realizar el reparto del asunto, cuyo conocimiento fue asignado al despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, según consta en acta del 29 de abril de 2021, el cual profirió auto del 5 de mayo siguiente que admitió la impugnación y ordenó correr los traslados procedentes, de conformidad con los artículos 292 y 293 del CPACA, en concordancia con los artículos 2 y 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Surtidas las notificaciones y los traslados ordenados, el expediente ingresó al despacho el 24 de mayo de 2021, para efectos de dictar sentencia de segunda instancia, junto con los alegatos de conclusión formulados por el demandante y el concepto del Ministerio Público.

Alegatos de la parte actora

Dentro del término concedido a las partes para formular sus alegatos de conclusión únicamente se pronunció la parte actora, por memorial del 13 de mayo de 2021, en el sentido de reiterar los cargos de su apelación, especialmente el referido a la falta de publicación del Decreto 1392 del 25 de octubre de 2017 como causal de nulidad, en esta oportunidad, asociándolo a la causal de nulidad invocada inicialmente por expedición irregular. Finalmente, cierra su escrito sintetizando sus reproches contra el fallo del a quo respecto de la causal de nulidad electoral del artículo 275,numeral 5 del CPACA, en los siguientes términos:

¿POR QUÉ ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD LA TERNA PARA ALCALDE LOCAL Y EL DECRETO DE NOMBRAMIENTO 1392 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017?

Tanto la Terna escogida o elegida por la Junta Administradora Local de la Localidad Histórica y del Caribe Norte el día 13 de octubre del 2017, como consta en el Acta 175 de 2017 (VER ANEXO), como el NOMBRAMIENTO mediante DECRETO No. 1392 DE 25/OCTUBRE/2017(ANEXADO) están viciados de NULIDAD por el simple motivo o razón legal de que de la candidata escogida en la Terna, YOLANDA WONG BALDIRIS, al mismo tiempo que participaban de este concurso abierto, reglado y público para Alcalde Local de la Localidad Histórica, también se desempeñaba simultáneamente, paralelamente, como SERVIDORA PÚBLICA, año 2017, la primera como Directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito de Cartagena y encargada de las Funciones de Alcalde Local, del mismo cargo y del mismo nivel distrital al cual venía aspirando, y el segundo, porque este Decreto 1392 de 2017, nunca fue publicado, nunca tuvo validez jurídica en el ordenamiento legal, PROHIBIDOS por la Ley, viciando de NULIDAD, tanto la Terna como el nombramiento de Alcalde Local, pues, no podían ser elegidos ni nombrados para más de un cargo público, al coincidir los períodos respectivos en el tiempo, aun cuando fueren parcialmente (artículo 179, numeral 8 de la Carta Política), así como Nunca fue publicado como lo ordena el artículo 65 de la ley 1437 de 2011 y el decreto 0985 del 5 de julio de 2016.

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia del 24 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda.

Concepto del agente del Ministerio Público

Mediante concepto No. 2021-05-NE-115 del 21 de mayo de 2021, la procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se confirme la providencia apelada, con base en: (i) La impertinencia de invocar la causal de inhabilidad del artículo 179, numeral 8 de la Constitución, comoquiera que no es lo mismo que una persona ingrese al servicio público por elección popular a que sea designado o nombrado en un empleo, en este caso del nivel distrital, y, en tal virtud, reitera que su relevancia de circunscribe al ámbito de los cargos de elección popular; (ii) la falta de sustentación frente a la presunta configuración de la causal consagrada en el artículo 124, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, la cual por demás no resulta aplicable a los alcaldes locales, en la medida en que se refiere expresamente a los ediles sin que haya lugar a interpretaciones extensivas, por tratarse de prohibiciones; (iii) el carácter novedoso del cargo de apelación por la falta de publicidad del acto demandado, en los términos del artículo 65 del CPACA, en razón a que no fue propuesto en la demanda y, por tanto, tampoco se abordó en el fallo impugnado, de modo tal que el ad quem no puede pronunciarse al respecto.

CONSIDERACIONES

Competencia

En los términos de los artículos 150 y 152, numeral 9 del CPACA, corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación presentado por el demandante contra la sentencia del 24 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral interpuesta contra el Decreto 1392 de 25 de octubre de 2017, por medio del cual el alcalde mayor de Cartagena (E) nombró al señor Carlos Mario Mieles Bello como alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.

Problema jurídico

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el señor Gustavo Martínez Betancurt, esta Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 24 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la presente demanda de nulidad electoral.

Para tal efecto, se deberá resolver el siguiente problema jurídico, de conformidad con los cargos de impugnación en contraste con los argumentos del a quo: ¿El nombramiento del señor Carlos Mario Mieles Bello como alcalde de la localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena está viciado por infracción de norma superior, expedición irregular y la causal de nulidad del artículo 275.5 del CPACA, en la medida en que él y la señora Yolanda Wong Baldiris, integrantes de la terna postulada por la respectiva Junta Administradora Local, se encontraban presuntamente incursos en la causal de inhabilidad del artículo 179, numeral 8 de la Constitución Política?

Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento de fondo, se analizará: (i) el régimen general del Distrito de Cartagena; (ii) Las causales de inhabilidad aplicables a sus alcaldes locales; y finalmente (iii) el caso concreto.

El régimen general del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

En relación con el marco jurídico aplicable a los distritos especiales, como entidades territoriales sometidas a un régimen político, administrativo y fiscal propio, orientado a dotarlas de mayor autonomía para impulsar el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el Constituyente de 1991 decidió constituirlos o reconocerlos directamente, como expresión de su voluntad de sustraerlos prima facie de las normas del ordenamiento municipal ordinario, las cuales solo les resultan aplicables de forma subsidiaria. Así, en cuanto al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el artículo 328 superior, resolvió «conservar su régimen y carácter», según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 1987 que lo creó, el cual prescribió que:

Artículo 1º La ciudad de Cartagena de Indias, capital del Departamento de Bolívar, será organizada como un Distrito Turístico y Cultural. El legislador podrá dictar para él un estatuto especial sobre su régimen fiscal, administrativo su fomento económico, social y cultural.

Sobre las rentas que se causen en Cartagena de Indias, la ley determinará la participación que le corresponda a la capital de Bolívar.

Artículo 2º Lo dispuesto para el Distrito Especial de Bogotá por la Constitución Nacional en sus artículos 171, 182, parágrafo del 189 y 201, se aplicará al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Artículo 3º Este Acto legislativo rige desde su sanción.

Lo dispuesto en su artículo 2º debe interpretarse de conformidad con lo previsto en los artículos 322 a 327 de la Carta Magna de 1991, que consagran el régimen político, fiscal y administrativo actual del Distrito Capital de Bogotá y la normativa que los desarrolla, en particular, el Decreto 1421 de 1993, que corresponde a su estatuto orgánico, dictado por el Gobierno nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el artículo 41 constitucional, que derogó el anterior Decreto 3133 de 1968. Al respecto, la Corte constitucional explicó:

Se recuerda que mediante el Acto Legislativo número 1 de 1987, se erigió a la Ciudad de Cartagena de Indias, capital del Departamento de Bolívar, en Distrito Turístico y Cultural. En los artículos 1° y 2° de dicho acto, se dispuso a su vez que el legislador podía expedir para tal distrito un estatuto especial sobre su régimen fiscal, administrativo y su fomento económico, social y cultural, precisándose además, que lo dispuesto por la Constitución para el Distrito Especial de Bogotá, se aplicaría al Distrito de Cartagena de Indias.

(…)

El interés que asistió a los Constituyentes Derivados de la época, para extender a los Distritos Especiales de la Costa Atlántica el régimen del Distrito Especial de Bogotá, se hizo evidente durante el trámite de aprobación de las respectivas reformas. En efecto, tanto en las exposiciones de motivos, como en las ponencias a los proyectos de acto legislativo que dieron origen a los distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, expresamente se menciona, en cada uno de ellos, la intención de extender a estas ciudades el régimen jurídico del entonces Distrito Especial de Bogotá, transformado por la Constitución de 1991 en “Distrito Capital”.

Así, en la exposición de motivos al Acto Legislativo número 15 de 1986, “por medio del cual se erige la ciudad de Cartagena de Indias, Capital del Departamento de Bolívar, en Distrito Especial”, se afirmó sobre el particular:

“Como es de todos conocido, el artículo 199 de la Carta contempla la figura del Distrito Especial de Bogotá, y autoriza su no sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. A su vez, nuestra constitución, en su artículo 6°, consagra estatutos especiales para el régimen fiscal, administrativo y el fomento económico, social y cultural. Simplemente, queremos extender la posibilidad de estos beneficios a una ciudad como nuestra Cartagena, declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad y merecedora de todo estímulo para su progreso.” (Resaltado del original).

En este orden, son varias las decisiones judiciales que, en sede de control abstracto de constitucionalidad, han avalado de tiempo atrás el propósito superior de extender el régimen especial del Distrito de Bogotá a las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, en lo no regulado por sus respectivas normas especiales, tal como lo disponen sus propios actos legislativos de carácter constitutivo, a partir de las cuales bien se puede concluir, en consonancia con la línea jurisprudencial que integran, que: (i) El artículo 238 de la Constitución reconoce y mantiene el régimen y carácter de Distrito Turístico y Cultural de la ciudad de Cartagena de Indias, a partir de su creación en el Acto Legislativo 01 de 1987; (ii) bajo tales disposiciones, se enfatiza que la regulación de las normas especiales que rigen dicho ente territorial solo puede ser obra del Congreso de la República como legislador democrático, es decir, que existe reserva de ley sobre la materia; y (iii) sin desconocer la especificidad y autonomía de los distritos de la Costa Atlántica para dotarse de estatuto orgánico propio, es voluntad del Constituyente permitir que se les extienda el régimen especial del Distrito Capital de Bogotá y, subsidiariamente, el régimen municipal común, de conformidad con la ley.

Así las cosas, en desarrollo de las normas constitucionales en mención e implementación de las anteriores tesis pretorianas, se expidieron las siguientes normativas de carácter especial, aplicables al Distrito de Cartagena, en las que se enfatiza su primacía sobre las normas generales y la aplicación subsidiaria del régimen municipal, ante lagunas que no tengan prevista una remisión normativa expresa a otras regulaciones, tales como el Estatuto Orgánico de Bogotá, a fin de superarlas: (i) Ley 768 de 2002 «Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta», que en su artículo 2º dispuso que: «En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas en la C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios»; y (ii) Ley 1617 de 2013 «Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales», que en su artículo 2º indica que los distritos son entidades territoriales organizadas de acuerdo con lo previsto en la Carta Magna y se encuentran sujetos a un régimen especial, aclarando en su inciso final que: «En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios»; y en el parágrafo correspondiente precisó que: «Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos los distritos creados y que se creen, a excepción del Distrito Capital de Bogotá» (subrayados fuera del original).

Las causales de inhabilidad de los alcaldes locales de Cartagena.

El régimen de inhabilidades de los alcaldes locales de los distritos especiales de la Costa Caribe ha sido estudiado a profundidad por esta Sección, en sendas sentencias del 30 de marzo y 29 de junio de 2017, en las que ha concluido que no existe norma especial que lo regule y que, ante tal vacío normativo, no es posible acudir directamente al Estatuto de Bogotá, establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993 que, en su artículo 84 define que no podrán ser designados como tales «(…) quienes estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles», señaladas en el artículo 66 ejusdem, por tanto no existe norma expresa en las Leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013 que contenga tal remisión normativa. Al respecto, en la primera de tales providencias se argumentó que:

Para el recurrente, el régimen del Distrito Capital sí es aplicable por virtud de lo dispuesto en la Ley 768 de 2002 (…) Conclusión que justificó, además, con el argumento de haber sido la intención del Constituyente al convertir a Barranquilla en Distrito Especial, la de extenderle el régimen especial originalmente establecido para el Distrito Capital. Como lo anota el Ministerio Público, la conclusión que el apelante pretende desprender de la norma en comento realmente evidencia una lectura equivocada de la misma.

Ciertamente, lo que la norma establece es una regla frente a la prevalencia de las normas de carácter especial sobre las de carácter general que constituyen el régimen ordinario de los municipios y de los otros entes territoriales.

Adicionalmente en la norma se establece que para llenar los vacíos legislativos de las normas especiales, siempre que aquellas -las especiales- no hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a otros tipos de entidades territoriales ni a las disposiciones a las que se sujeta el Distrito Capital de Bogotá, se aplicarán las disposiciones previstas para los municipios.

En este contexto, debe darse aplicación al régimen de la Capital, única y exclusivamente, cuando quiera que a aquel se haya remitido una norma especial lo que, como no ocurrió en el caso que nos ocupa (…).

Por su parte, en la segunda de estas sentencias, al delimitar las causales de inhabilidad exigibles a los alcaldes locales de Barranquilla, se explicó que ante la ausencia de norma especial y remisión normativa sobre la materia y, ante la obligación de interpretar restrictivamente tales prohibiciones que encarnan verdaderos límites al derecho político a ser elegido, tampoco era viable llenar esa laguna jurídica acudiendo, con carácter supletorio, a las normas generales del régimen municipal, comoquiera que en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, no se enuncian tales requisitos negativos para el cargo de alcalde local y, a diferencia, del Estatuto del Distrito Capital, tampoco se fijó que fueran aplicables las mismas previstas para los integrantes de las Juntas Administradoras locales. En ese sentido, en la segunda de tales sentencias se explicó que:

Para la Sala, en el caso concreto, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los Alcaldes Locales de Barranquilla al no estar regulado expresamente en norma especial ni en la Constitución o la Ley, y por no existir remisión expresa a disposiciones de otros entes territoriales, ni al previsto para el Distrito Capital de Bogotá, se deben aplicar las normas previstas por (sic) los municipios, es decir, lo regulado en la Ley 136 de 1994, con las modificaciones hechas a esta por la Ley 617 de 2000.

Revisado por esta Sección las disposiciones previstas para los municipios y como lo afirmó en su concepto el Ministerio Público, en esta instancia, tal normativa no consagra un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los Alcaldes Locales; y tal como ya se indicó teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar analogías o interpretaciones extensivas en tratándose de normas prohibitivas como son las inhabilidades, no es posible aplicar la norma señalada por el demandante para alcalde mayor del artículo 37 de la Ley 617 de 2002.

Entonces, en este caso, las inhabilidades a aplicar serían las comunes a todos los servidores públicos, como son las establecidas en la Constitución Política (artículo 122, 126, 179-8), en la Ley 734 de 2002 (artículo 38, numerales 1º, 2º. 3º); en la Ley 80 de 1993, artículo 8ª, numeral 2º, literales a, b, c y d., pero no fueron objeto de demanda ni fueron discutidas en el proceso.

En este orden, al no existir tampoco en las disposiciones especiales que rigen al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena causales de inhabilidad específicas para sus alcaldes locales ni remisiones al régimen de otros entes territoriales, incluido el del Distrito Capital de Bogotá, y, teniendo en cuenta que la normativa prevista para los municipios tampoco regula esta materia, entonces se reitera la tesis de esta Sección de aplicar a estos mandatarios locales las prohibiciones genéricas que rigen para todos los servidores públicos.

Caso concreto

En el sub judice, la Sala observa que la parte actora, en su escrito de apelación contra la sentencia del 24 de febrero de 2021, por la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar denegó las pretensiones de la demanda, formuló tres (3) cargos o motivos de inconformidad contra tal decisión, los cuales se abordarán enseguida, en el orden en que fueron sintetizados en los antecedentes de este proveído, así:

5.1. En cuanto al primero, referido a que se omitió en forma equivocada estudiar de fondo la eventual configuración de la causal de inhabilidad que se invocó contra la señora Yolanda Wong Baldiris, de conformidad con el artículo 179.8 superior, en virtud de haber sido incluida en la terna de candidatos que presentó la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena para la designación de su alcalde local, pese a que de principio a fin del procedimiento eleccionario se desempeñó como directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo del ente territorial, encargada de las funciones correspondientes al referido cargo por proveer, encuentra la Sala que le asiste razón al juez de primera instancia cuando concluyó: «(…) que este argumento no tiene la vocación de anular el acto demandado, comoquiera que la señora Yolanda Wong no resultó electa, y por consiguiente, resulta superfluo examinar si aquella estaba inhabilitada o no», razonamiento que se encuentra en concordancia con lo establecido por la jurisprudencia electoral, que señala:

Bajo estas glosas, es diáfano que la materialización de una causal de inhabilidad constituye un reproche de carácter subjetivo, dado que, como se explicó previamente, es un asunto que converge en la órbita personal del elegido o nombrado. Así las cosas, la presunta inhabilidad de la señora Méndez Torres, no es excelsa, pues no resultó elegida. Es por ello que, esta situación no es óbice para impactar la inscripción de los demás aspirantes que conformaron la lista al Concejo Municipal de Popayán. En el mismo sentido, se pronunció la Sección Electoral del Consejo de Estado en un caso con derroteros similares al aquí analizado:

“La irregularidad que sustenta este cargo se basa en la ausencia de calidades de esa candidata para resultar electa, lo cual corresponde a una circunstancia de carácter particular, que únicamente es predicable de esa persona en concreto, que es a quien se endilga la omisión. Por ende, se reitera, la inobservancia de tal requisito de la edad sólo tiene la potencialidad de afectar a ese preciso individuo, valga la pena aclarar, siempre y cuando haya resultado electo”.

De lo expuesto queda claro que, la eventual inhabilidad de la señora Méndez Torres no tiene la capacidad de adentrarse en la legitimidad de la inscripción de los demás aspirantes, y su estudio sería procedente en el marco del juicio de nulidad electoral si ella hubiera sido elegida, pues bajo esa perspectiva, existiría un acto pasible de control (Subrayado fuera del original).

En el mismo sentido, pero específicamente en el escenario de designaciones por el sistema de ternas, en desarrollo del concurso para ser contralor del Departamento del Quindío, periodo 2016-2019, se explicó que:

La Sala concuerda con el Ministerio Público y encuentra que este reproche no tiene la vocación de modificar la sentencia de primera instancia, comoquiera que la señora Tabares no resultó electa, y por consiguiente, resulta superfluo examinar si aquella estaba inhabilitada o no.

En este orden de ideas, y pese a que el recurrente tiene razón cuando asegura que, contrario a lo concluido por el tribunal, sí allegó prueba de la presunta inhabilidad en la que estaba incursa la señora Tabares, lo cierto es la referida ciudadana no resultó electa y, por lo tanto, pronunciarse sobre su capacidad o no para acceder al cargo resulta inocuo.

A la misma conclusión se arriba, si este cargo se analiza desde la perspectiva de la expedición irregular, en el entendido en que el acto es nulo porque en el trámite se permitió la participación de personas no habilitadas, pues incluso si la restricción de acceso al cargo se encontrara acreditada, aquella no tendría incidencia en el resultado, toda vez que tal circunstancia no cambiaría el hecho de que quien resultó electo fue el señor Germán Barco López y no la señora Laura Tabares.

Por tanto, este reproche del peticionario carece de fundamento en tanto que, contrario a su dicho, la tesis del Tribunal no resulta extraña a la naturaleza de este medio de control en la medida en que su vocación es precisamente la de controlar la legalidad de los actos de elección, como es el caso del Decreto 1392 de 2017, por el cual se designó al señor Carlos Mario Mieles Bello por sobre la señora Yolanda Wong Baldiris y el señor Enrique Miguel Charris Gonzáles, como alcalde de la referida localidad y, en ese orden, lejos de separarse de la línea jurisprudencial vigente sobre la materia que se acaba de reseñar, lo que hizo el a quo fue reiterarla.

Así las cosas, la eventual configuración de una causal de nulidad electoral de carácter subjetivo que tiene relevancia jurídica en sede de nulidad electoral es la que recae directamente sobre el elegido, más no sobre los demás candidatos, teniendo en cuenta: (i) el carácter personal, excepcional, taxativo y de interpretación restrictiva que tienen las inhabilidades, las cuales en consecuencia no se pueden proyectar sobre personas distintas a quien incurre en ellas (desde la perspectiva subjetiva de la causal del art. 275.5 del CPACA); y (ii) la imposibilidad de llevar a cabo un análisis de incidencia de orden objetivo sobre el impacto directo y trascendental en el resultado de la elección de las eventuales inhabilidades que recaen sobre quienes participaron en ella como candidatos pero no resultaron designados (desde la perspectiva de la expedición irregular).

En tal virtud hay lugar a despachar desfavorablemente este cargo dual de la impugnación.

5.2. En relación con la segunda acusación del recurrente, alega que no fueron valoradas todas las pruebas aportadas para acreditar la configuración de la prohibición, lato sensu, del artículo 179.8 superior en el caso del señor Carlos Mario Mieles Bello, de modo tal que se pasó por alto que se inscribió, fue postulado y nombrado como alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, mientras simultáneamente tenía la calidad de contratista del distrito, para funciones públicas de asesoría jurídica en la Escuela de Gobierno y Liderazgo, bajo la supervisión de la señora Yolanda Wong Baldiris. En este punto, la procuradora séptima delegada estimó que la causal invocada resulta impertinente en la medida en que está dirigida expresamente a los congresistas y se extiende a los demás funcionarios de elección popular, entre los que no se encuentran los alcaldes locales.

Al respecto, lo primero que llama la atención de la Sala es que el precedente citado por el demandante para soportar esta acusación, esto es, la sentencia del 11 de mayo de 2006, es contrario a su posición litigiosa, dado que en esa providencia la Sección confirmó el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda por justamente considerar que tal inhabilidad no resulta aplicable a los alcaldes locales, por no tratarse de cargos de elección popular y, en tal virtud, estimó que el cargo no estaba llamado a prosperar. En este sentido, se explicó que:

El actor señaló que la demandada se encontraba inhabilitada para ser designada Alcaldesa Local, conforme a lo previsto en el numeral 8, del artículo 179 de la Constitución Política, porque había sido elegida edil de la Junta Administradora Local del Norte Centro Histórico para el período 2004-2007, renunciando a éste cargo antes de posesionarse, configurándose la coincidencia de períodos entre Edil y Alcaldesa Local de la Localidad Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla. En el caso observa la Sala que la demandada no incurrió en la prohibición de la doble elección, porque si bien está probado que la señora María Helena Esparza Sánchez fue elegida Edil de la Junta Administradora Local Norte-Centro Histórico del Distrito de Barranquilla para el período 2004-2007, según Acta Parcial de Escrutinios de Votos, formulario E-26, su designación como Alcaldesa de la Localidad antes citada para el mismo período, no fue efectuada mediante elección sino a través de nombramiento que realizó el Alcalde Mayor del Distrito de Barranquilla, tal como se evidencia del Decreto 126 de 15 de marzo de 2004 ahora demandado.

En efecto, el artículo 5º de la Ley 768 de 2002, corrobora que la designación de Alcaldes Locales se produce mediante nombramiento. De acuerdo con lo precedente, es indudable que en el caso examinado no se configura la causal de inhabilidad alegada, porque como se vio, la demandada no fue elegida simultáneamente para la Junta Administradora de la Localidad Norte-Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla y como Alcaldesa Local, sino que su elección se produjo solamente para aquella Corporación de elección Popular. La Sala debe precisar que la norma constitucional invocada como transgredida, no puede ser aplicada por vía analógica al presente caso, para asimilar las expresiones de “elegido” y “nombrado”, en primer término, porque al contener aquella una causal de inhabilidad, su interpretación es restrictiva y, en segundo lugar, porque aquellos conceptos, corresponden a figuras jurídicas diferentes que no pueden ser asimilables. Además, tampoco se configura el segundo presupuesto que da lugar a la causal de inhabilitante, referido a la coincidencia de períodos, por cuanto para ello se requiere que cuando se produzca la elección respecto de la cual se predica la inhabilidad del elegido, éste se encuentre ejerciendo otro cargo de elección popular. (subrayado fuera del original)

En este orden, la jurisprudencia electoral ha destacado desde entonces que la configuración de esta causal requiere de la demostración de dos elementos o condiciones principales, a saber:

La primera, relativa a la elección, pues se trata de impedir que una misma persona sea elegida para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo. La segunda, es la simultaneidad o coincidencia de los períodos en los que se ha elegido al demandado. En otras palabras, para que se configure la inhabilidad no basta que se demuestre que una persona ha sido elegida dos veces, sino que es indispensable que se pruebe que el período de esas elecciones o nombramientos coincidieron en el tiempo.

En consecuencia, esta Sala observa que el primero de tales presupuestos no se cumple en referencia a los alcaldes locales, comoquiera que no ejercen un cargo de elección popular sino que son designados por el alcalde mayor de terna enviada por la Junta Administradora Local correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 de la Constitución Política y, por tanto, se trata de una prohibición que no les resulta aplicable; y adicionalmente, en este caso particular, tampoco se encontraría satisfecho el segundo presupuesto en cuanto no se puede predicar coincidencia de periodos cuando el designado, señor Carlos Mario Mieles Bello, ostentaba la condición de contratista más no de servidor público del Distrito de Cartagena y, entonces, no tenía vínculo laboral vigente con la Administración, por lo que el impugnante confunde aquí el plazo de ejecución de la orden de prestación de servicios No. 2807 del 25 de abril de 2017, por siete (7) meses, con la modalidad de empleo público de periodo fijo, prevista en el artículo 1, literal c) de la Ley 909 de 2004 y, en consecuencia, este cargo de la apelación será despachado desfavorablemente.

5.3. Finalmente, frente a la tercera censura del peticionario, referida a que el acto demandado nunca fue publicado en la Gaceta Distrital Virtual de Cartagena, tal como lo prescribe el artículo 65 del CPACA, en concordancia con el artículo 164, numeral 2, literal a) ejusdem y, por tanto, carece de validez, acierta el Ministerio al señalar que se trata de una cuestión nueva, en la medida en que no fue planteada en la demanda y, por tanto, tampoco hizo parte de la fijación del litigio y el problema jurídico que se resolvió en la sentencia objeto del presente recurso, por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo al respecto. En efecto, esta Sección ha precisado que el ad quem no puede desbordar, en principio, los planteamientos que sustentan el recurso de alzada, así como tampoco los elementos fácticos y jurídicos que integran el objeto de la litis, es decir, que debe observar fielmente los límites materiales tanto de la apelación como de la propia demanda, teniendo en cuenta que traspasarlos:

86. (…) implicaría un desconocimiento de las garantías al debido proceso de los integrantes del extremo pasivo de la relación procesal -para el caso concreto, la elegida y la duma departamental- ya que desde la génesis de la actuación no garantizó que estos pudieran controvertir los fundamentos de la irregularidad alegada, así como aportar o solicitar el decreto de las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para defenderse de la misma.

87. De otra parte, es de resaltar que conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, la finalidad del recurso de apelación se centra en “que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.”, aspecto que a su vez delimita la competencia funcional del ad quem, quien en principio, no podrá actuar más allá del marco normativo descrito en precedencia. Adicionalmente, la redacción de la norma permite entender que el estudio en segunda instancia, se remite de forma concreta a la “cuestión decidida”, es decir, los asuntos de hecho y de derecho que han sido presentados al funcionario judicial previo a que se adopte la decisión que en derecho corresponda, por lo que en sana lógica debe concluirse también, que los argumentos de quien recurre, deben también limitarse a estos.

88. Bajo esta perspectiva, es claro entonces que no es procedente que mediante el escrito de alzada, se propongan cargos o hechos nuevos sobre los cuales el decisor de primera instancia no tuvo la oportunidad de analizar, así como, se insiste, los interesados no contaron con la posibilidad material de presentar sus razones en contra.

Cuando se detallan los hechos y el concepto de la violación que se desarrollaron en el libelo introductorio y su escrito de subsanación, se evidencia que los cargos están dirigidos a demostrar, tal como se reitera en la impugnación, que al menos uno de los candidatos de la terna que integró la Junta Administradora de la Localidad Histórica y del Caribe Norte para la designación de su alcalde local, se encontraba incurso en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 179, numeral 8 de la Constitución Política, por haber ostentado la condición de servidor público mientras participaba del procedimiento eleccionario en un empleo cuyo periodo coincidía, al menos parcialmente, con el del referido cargo. En esa medida, se alega que se configuraron los vicios de infracción de norma superior, expedición irregular y violación del régimen de inhabilidades, sin hacer mención alguna a la publicación del acto acusado como causal de nulidad, planteamiento que se propuso únicamente en esta segunda instancia, con base en el debate que se presentó sobre la caducidad del presente medio de control, el cual se zanjó por auto del 6 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que el juicio de legalidad a cargo de esta jurisdicción es autónomo y se dirige específicamente a controlar el apego de los actos demandados a la normativa vigente, desde un enfoque objetivo e integral, teniendo en cuenta que su validez se configura desde su formación mientras que su efectividad viene dada por situaciones posteriores a su nacimiento, ajenas al juicio de nulidad electoral, en cuanto la publicidad no hace parte de los presupuestos de su juridicidad, por lo que se rechazará también este último motivo de inconformidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral interpuesta por el señor Gustavo Martínez Betancurt contra el Decreto 1392 de 25 de octubre de 2017, por el cual el alcalde mayor de Cartagena (E) nombró al señor Carlos Mario Mieles Bello como alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, de conformidad con las consideraciones consignadas en este proveído.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

ARTÍCULO 179 (Constitución Política). No podrán ser congresistas: (…)
8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
ARTÍCULO 124 (Ley 136 de 1994). INHABILIDADES. Sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezcan la Constitución y la ley, no podrán ser elegidos miembros de Junta Administradora Local quienes: (…)
3. Sean miembros de las corporaciones públicas de elección popular, servidores públicos o miembros de las Juntas y consejos directivos de las entidades públicas.
CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN QUINTA. Auto del 9 de mayo de 2019, Exp. 130001-23-33-000-2018-00801-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro
CLÁUSULA 6 – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de SIETE (7) mes(es) a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
CLÁUSULA 24 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y para su ejecución la expedición del registro presupuestal por parte del Distrito.
El traslado del recurso de apelación corrió del 11 al 13 de mayo de 2021, después de haber sido puesto a disposición de las partes el 7 y 10 de los mismos mes y año; y el traslado al Ministerio Público corrió del 14 al 21 de mayo siguientes.

Sobre el desarrollo histórico del Distrito de Cartagena de Indias, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-538 del 24 de mayo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte Constitucional. Sentencia C-646 del 24 de agosto de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia C-503 del 4 de noviembre de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell, que concluyó que la categoría de alcalde mayor conferida al primer mandatario de Bogotá es propia también de los distritos de la Costa Atlántica, en la medida en que: «interpretando la voluntad del constituyente, el régimen constitucional que regula a Santafé de Bogotá, Distrito Capital, es igualmente aplicable, con arreglo a las prescripciones especiales que establezca la ley, a los Distritos de Cartagena y Santa Marta». Sentencia C-538 de 2005 del 24 de mayo de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, referida al alcance de la potestad de los distritos costeros de dividir su territorio en localidades, señaló que: 9.2. Las facultades de los distritos especiales de la Costa Atlántica de dividir su territorio en localidades: Como arriba se vio, los actos legislativos que dieron origen a la creación de los distritos especiales de la Costa Atlántica tuvieron como propósito extender el régimen jurídico especial de Bogotá a las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla; a esta conclusión se llega con facilidad a partir del estudio de la exposición de motivos de los proyectos correspondientes, y de lo dicho durante el debate parlamentario que llevó a la consagración de las respectivas reformas constitucionales, cuando expresamente se aludió a la intención de cubrir a dichas ciudades del litoral caribe con los “beneficios” del régimen especial de la capital de la República». Sentencia C- 313 del 5 de mayo de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la viabilidad financiera de los municipios y distritos, sintetizó que: «4.1.5. En suma, el régimen jurídico de los distritos se integra con las disposiciones constitucionales correspondientes, las leyes especiales dictadas para ellos, las normas especiales de remisión expresa [v.gr. al régimen del Distrito Capital] y en lo no regulado por éstas, con las normas legales que conforman el régimen municipal ordinario».

Consejo de estado. Sección Quinta. Sentencia del 30 de marzo de 2017, exp. 08001-23-33-000-2015-00860-01 y Sentencia del 29 de junio de 2017, exp. 08001-23-3-000-2016-00648-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Que es la norma que menciona en el recurso de apelación, aunque transcribe el artículo anterior de la Ley 136 de 1994, que fue modificado.
Consejo de Estado. Sección Quinta, 10 de septiembre de 2015, exp: 2014-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sobre este tema consultar la sentencia del 6 de mayo de 2013, Exp. 2010-00044, 2010-00047 y 2010-00048. M.P. Susana Buitrago Valencia.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de septiembre de 2020, exp. 19001-23-33-000-2019-00357-01, M.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado. Sección Quinta Sentencia del 8 de febrero de 2018, exp. 63001-23-33-000-2017-00212-01, M.P. Alberto Yepes Barreriro.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 11 de mayo de 2006, exp. 08001-23-31-000-2004-00525-02 (3923), M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
Consejo de estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de agosto de 2002, exp. 23001-23-31-000-2003-01418-01, M.P. Darío Quiñones Pinilla.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 15001-23-33-000-2020-00100-01, M.P. Rocío Araújo Oñate

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00801-03
Demandante: Gustavo Martínez Betancurt

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