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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00089-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00089-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 23 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2022-00089-00 Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento del Cauca para el período constitucional 2022-2026. PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno. TERCERO TÉNGASE en cuenta la renuncia al poder otorgado por el Consejo Nacional Electoral a la abogada Yaneth Linares Vega, en los términos del artículo 76 del Código General del Proceso. ADVERTIR que la notificación de este fallo a la referida entidad se deberá realizar entonces a través de su representante legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00089-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

24 de noviembre de 2022

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00089-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento del Cauca para
el período constitucional 2022-2026.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veintidós (2022).

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00089-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandados: Acto electoral de Jorge Hernán Bastidas Rosero y
Ermes Evelio Pete Vivas como representantes a la
Cámara por el departamento del Cauca, período
constitucional 2022-2026.
Tema: Inscripción de listas de candidatos a corporaciones
públicas mediante coalición de partidos y movimientos
políticos con personería jurídica. Inciso 5º del artículo
262 constitucional.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar sentencia de única
instancia en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 9 de mayo del 20221, el señor José Manuel
Abuchaibe Escolar, actuando en nombre propio, interpuso demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral (art.139 de la Ley 1437 de 2011), en el
que cuestionó la legalidad del acto de elección de los señores Jorge Hernán
Bastidas Rosero y Ermes Evelio Pete Vivas2, elevando de forma concreta las
siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
CAUCA contenido en el documento E-26 CAM de fecha 23 de marzo de 2022.

1
De conformidad con la actuación No. 4 del Sistema SAMAI.
2
En el escrito inicialmente presentado, el demandado dirigió su pretensión respecto de todos los elegidos a la Cámara de
Representantes por la circunscripción del Cauca. Tras la inadmisión y corrección de la demanda, el despacho consideró
que el reparo se dirige en contra de la elección de los señores Jorge Hernán Bastidas Rosero y Ermes Evelio Pete Vivas,
toda vez que se alega una irregularidad frente a la inscripción de la lista que soportó su aspiración.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00089-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento del Cauca para
el período constitucional 2022-2026.

SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que se
excluya la lista del PACTO HISTORICO del cómputo general de votos contenidos
en el E-26, de acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer en el presente
escrito.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un nuevo
escrutinio de los votos depositados en el Departamento de Putumayo (sic) en las
elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE CAUCA, periodo 2022 - 2026, escrutinio
que deberá practicarse con base únicamente en los registros que no se declaren
afectados de nulidad en virtud del proceso a que dé lugar esta demanda.

CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva
declaración de elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE CAUCA, periodo 2022 - 2026, se ordene
expedir y efectivamente se expidan las nuevas credenciales de Representantes a la
Cámara por esa circunscripción territorial para el periodo citado a quienes
correspondan, y que se comunique la anterior novedad al Consejo Nacional
Electoral, al Presidente de la República, al señor Registrador Nacional del Estado
Civil y a sus delegados para el Departamento del Cauca, al señor Ministro del
Interior, al señor Gobernador del Departamento del Cauca, y al señor Presidente
del Tribunal Administrativo del mismo Departamento.”

1.2. Hechos

2. Relató que el 13 de marzo del corriente año se llevaron a cabo las elecciones
legislativas. Como resultado de estas, mediante el formulario E-26CAM del 23 de
marzo del 2022, se declararon electos como representantes a la Cámara por el
departamento del Cauca, a los demandados.

3. Indicó que los ciudadanos Jorge Hernán Bastidas Rosero y Ermes Evelio Pete
Vivas, fueron inscritos por el “Pacto Histórico”, el cual está integrado en virtud de
un acuerdo de coalición programática y política por distintas colectividades, entre
ellas, el movimiento político “Colombia Humana”.

4. Precisó que la última de las organizaciones políticas mencionadas obtuvo su
personería jurídica en atención a lo ordenado en la sentencia SU-316 del 2021,
considerando, entre otros aspectos, que “Colombia Humana” recibió el apoyo en
una votación superior al 3% de la elección presidencial llevada cabo en el año
2018, resaltando que dicho partido no participó en las elecciones al Congreso de
la República celebradas en la misma anualidad.

5. Manifestó que la personería jurídica de “Colombia Humana”, al ser otorgada con
fundamento en los sufragios depositados para una elección presidencial, estos no
le habilitaban para ser parte de la coalición denominada “Pacto Histórico”, en
atención a que el artículo 262 de la Constitución Política exige que los entes
coligados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos en las

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el período constitucional 2022-2026.

elecciones anteriores en la respectiva circunscripción.

6. Refirió que “[l]a votación obtenida por COLOMBIA HUMANA en el Departamento del
Cauca fue de 324.640 de un total de 484.777 en las presidenciales del 2018. Lo que
supera ampliamente el 15%. Por todos los aspectos analizados COLOMBIA HUMANA NO
PODRÍA CONFORMAR UNA COALICIÓN DE MINORIAS”.

1.3. Concepto de violación

7. De la interpretación de la demanda y su corrección 3, el despacho conductor
del proceso al momento de dictar la providencia de admisión determinó que el
accionante pretende demostrar la configuración de la causal de nulidad referida a
la infracción de norma superior4, toda vez que la inscripción de la lista de
coalición denominada “Pacto Histórico” no cumplió con los requisitos
establecidos en el inciso quinto del artículo 262 constitucional, en lo relativo a
que los partidos que la conforman hubieren obtenido hasta el 15% de los votos
válidos en la elección anterior, en la misma circunscripción.

8. El demandante indicó que, para verificar dicho requisito, el formulario E-6 de
inscripción de candidatos incluye la votación de los partidos que conforman el
acuerdo de coalición, presentando los resultados obtenidos en las elecciones
anteriores, en el caso concreto, las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en
el 2018.

9. Resaltó que respecto del partido Colombia Humana, en cuanto hace a la lista
presentada en el departamento del Cauca, fue incluido como integrante del
“Pacto Histórico” con cero (0) votos.

10. Razonó que la Corte Constitucional, en la decisión que le otorgó personería
jurídica al partido Colombia Humana, reconoció que las curules que se conceden
a la fórmula que ocupa el segundo lugar en las elecciones presidenciales, tienen
un mandato representativo que le permite ejercer el derecho de la oposición de
forma efectiva. Sin embargo, se concluyó en la misma sentencia, la existencia de
un déficit de garantía respecto de dicho derecho fundamental, toda vez que no
se permite reconocer la personería jurídica al movimiento que, sin contar con
dicho requisito, obtuvo una votación considerable en las elecciones
presidenciales.

11. En atención a ello, la referida corporación judicial consideró que al
encontrarse acreditado que el señor Gustavo Petro Urrego obtuvo más de 8
millones de votos en la segunda vuelta presidencial, ocupó la curul como
senador de la República en ejercicio del derecho personal que se deriva del

3
La demanda fue inadmitida mediante providencia del 17 de mayo del 2022. El escrito de subsanación fue presentado el 20
de mayo del 2022.
4
Contenida en el artículo 137 de la Ley 1437 del 2011.

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artículo 112 constitucional y se declaró en contra del Gobierno Nacional de turno,
era procedente otorgar tal prerrogativa al movimiento Colombia Humana, como
una forma de permitir el derecho a la oposición política que le asiste.

12. A su juicio, toda vez que el referido partido político que integró la coalición
obtuvo su personería jurídica con fundamento en la votación obtenida en las
elecciones presidenciales del año 2018, era necesario contabilizar los votos
obtenidos en dicha contienda en el departamento del Cauca o a nivel nacional, lo
que implica que la sumatoria de las colectividades que suscribieron el acuerdo, y
posteriormente inscribieron candidatos en dicha circunscripción, supera
ampliamente el 15% límite fijado por la norma superior.

1.4. Trámite procesal

13. Con providencia del 17 de mayo del 2022, se dispuso la inadmisión de la
demanda5.

14. El 20 de mayo del 2022, el accionante presentó escrito en el que manifestó
corregir los yerros identificados en la decisión antes mencionada.

15. En auto del 6 de junio de la presente anualidad, se ordenó la admisión del
medio de control, efectuar las notificaciones y vinculaciones pertinentes, así como
disponer del término de traslado para contestar la demanda, entre otros.

1.5. Contestación de la demanda

16. En la oportunidad establecida para ello6, se presentaron las siguientes
intervenciones:

17. Del Consejo Nacional Electoral. A través de apoderada judicial, la autoridad
electoral consideró que, respecto de los demandados, no se presentó solicitud de
revocatoria de su inscripción como candidatos a la Cámara de Representantes por
la circunscripción del departamento del Cauca, razón por la cual, no tuvo la
oportunidad de conocer en sede administrativa de las presuntas irregularidades

5
Se dispuso corregir el escrito inicial en los siguientes términos: “(i)De considerar que respecto del acto de elección
demandado se presentan causales de nulidad subjetivas y objetivas, deberá presentar por separado los escritos iniciales
que contengan dichas irregularidades, a fin de que las mismas sean tramitadas en procesos independientes dada la
improcedencia de su acumulación. (ii) Si a su juicio, respecto del acto demandado se configura la causal de nulidad
dispuesta en el numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, la misma deberá desarrollarse de forma independiente
de otras situaciones de anulación y precisar los argumentos jurídicos y elementos de convicción que conlleven a concluir
que, respecto del documento electoral de la inscripción, se presentan datos contrarios a la verdad o que el mismo fue
alterado a efectos de modificar el resultado de la voluntad popular. (iii)Si, por el contrario, los motivos de inconformidad se
fundamentan en un desconocimiento del artículo 262 constitucional, en punto de los requerimientos allí dispuestos para la
presentación de listas a corporación públicas bajo la figura de la coalición, debe centrar su argumentación bajo la causal de
nulidad de infracción de norma superior del artículo 137 de la Ley 1437 del 2011. (iv)De considerarlo, deberá desarrollar las
razones por las cuales, según su dicho, la elección demandada se encuentra afectada por falsa motivación, como causal
genérica de nulidad de los actos administrativo (art. 137 Ley 1437 del 2011)”
6
De conformidad con el paso al despacho obrante en la actuación No. 31 del sistema SAMAI, el término para la
contestación de la demanda transcurrió hasta el 18 de julio del 2022. En consideración a ello, se certificó que todas las
intervenciones fueron arrimadas al expediente de manera oportuna.

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el período constitucional 2022-2026.

ahora alegadas en la demanda de la referencia. Con fundamento en ello,
consideró procedente negar las pretensiones de la demanda.

18. De los demandados. En su memorial, el apoderado de los elegidos7 solicitó
negar la nulidad deprecada respecto del acto de elección cuestionado. Como
fundamento de lo anterior, consideró que el accionante efectúa una interpretación
extensiva de las posibles consecuencias derivadas del fallo de la Corte
Constitucional que ordenó el reconocimiento de la personería jurídica al
Movimiento Político Colombia Humana.

19. En relación con ello, manifestó que la referida autoridad judicial no refiere en
sus consideraciones a los requisitos para la conformación de coaliciones
establecidos en el artículo 262 constitucional, siendo claro que los efectos de la
determinación adoptada en la sentencia de unificación 316 de 2021, se limitaron al
análisis del derecho a la oposición.

20. De otra parte, resaltó que la mencionada disposición jurídica exige que la
contabilización del 15% de votos se realice frente a los sufragios depositados en la
respectiva circunscripción. Así las cosas, a su juicio, el demandante pretende que
las cifras de una votación efectuada en la circunscripción nacional sean
consideradas respecto de una coalición de partidos que presentó candidatos en la
circunscripción departamental del Cauca.

21. Finalmente, consideró que las organizaciones políticas con personería jurídica
que conformaron la coalición Pacto Histórico, y respecto de las cuales se observa
su participación en la elección inmediatamente anterior en la circunscripción del
Cauca, obtuvieron un total de 8.210 votos, lo que, según su dicho, es muy inferior
al límite porcentual establecido por la norma constitucional.

22. De la Registraduría Nacional del Estado Civil 8. En su intervención, se limitó
a proponer la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
considerando que dicha entidad carece de competencia frente a los hechos
debatidos en el presente proceso. Señaló que su función, se limita a la
organización logística de los comicios, por lo que no centra su actividad en la
verificación de inhabilidades u otras circunstancias que deben ser verificadas por
los partidos o movimientos políticos que realizan las postulaciones.

23. Así mismo, refirió que, en punto de las inscripciones, de conformidad con la
Ley 1475 del 2011, la verificación que realiza la autoridad electoral es de orden
formal, como son el formulario de inscripción, fotocopia del documento de
identidad, la aceptación de la candidatura, entre otros.

7
Sergio Andrés Ardila Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.017.790, portador de la tarjeta profesional No.
172.726 del Consejo Superior de la Judicatura.
8
Apoderada: Luz Dary Dueñes Picón, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.550.251, portadora de la tarjeta
profesional No. 170.052 del Consejo Superior de la Judicatura.

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el período constitucional 2022-2026.

1.6. Auto que decide excepciones previas, decreta pruebas y ordena dictar
sentencia anticipada

24. En providencia del 23 de agosto del 2022, la consejera ponente decidió
sobre la excepción propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil 9.

25. Así mismo, se fijó el litigio y se dispuso la incorporación y decreto de pruebas
de naturaleza documental. Adicionalmente, en aplicación del artículo 182A de la
Ley 1437 del 2011, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión y dictar
sentencia anticipada.

1.7. Alegatos de conclusión

26. En el término otorgado para el efecto, se presentó la intervención del señor
José Manuel Abuchaibe Escolar, quien reiteró los argumentos presentados en
el escrito inicial, como sustento de la nulidad deprecada respecto del acto
electoral aquí demandado.

27. Adicionalmente, en aplicación del artículo 271 de la Ley 1437 del 2011,
solicitó que el asunto fuera decidido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sustentando aquello en la importancia jurídica y la necesidad de
sentar jurisprudencia sobre el asunto que se debate.

28. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su memorial
de alegatos finales, insistió sobre la falta de legitimación en la causa de dicha
entidad en relación con los cargos de nulidad elevados frente al acto electoral
demandado, con fundamento en iguales circunstancias a las que fueron
expuestas en su escrito de contestación.

29. Así mismo, refirió brevemente a la posibilidad de dar aplicación directa al
inciso quinto del artículo 262 constitucional a fin de permitir las listas de coalición
a corporaciones públicas, siendo que el Consejo Nacional Electoral señaló que
frente a las colectividades políticas que reciben su personería jurídica como
resultado de una decisión judicial o administrativa, no es procedente contabilizar
votos para la determinación del 15% exigido por la referida disposición jurídica,
toda vez que no participaron en una elección anterior.

30. Los demandados, a través de su apoderado judicial, manifestaron que al
interior del proceso se demostró que la norma constitucional presuntamente
desconocida señala que los votos para la determinación del 15% son los
depositados en la respectiva circunscripción, por lo que la tesis sostenida por el
demandante carece de asidero, toda vez que pretende que los sufragios

9
Sobre este particular, se declaró como no probada la misma, en la medida en que la referida entidad tiene la
competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción de las listas de candidatos a corporaciones
públicas bajo la figura de la coalición.

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el período constitucional 2022-2026.

obtenidos en una elección nacional sean tenidos en cuenta para un certamen del
orden territorial.

31. De otra parte, señaló que los argumentos del accionante proponen una
interpretación extensiva de las consideraciones efectuadas en la sentencia SU-
316 del 2021, en tanto dicha decisión no se abordó el contenido y aplicación del
inciso 5º del artículo 262 constitucional.

32. Finalmente, puso de presente el contenido del formulario E-6CAM, en donde
se observa que las colectividades políticas que conformaron la coalición PACTO
HISTÓRICO en el departamento del Cauca no superaron el 15% de los votos
válidamente depositados en la elección anterior.

33. El Consejo Nacional Electoral reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.

1.8. Intervención del Ministerio Público

34. En concepto 2022-09-NE-165 del 29 de septiembre del 2022, la procuradora
séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar la pretensión de
nulidad del acto electoral de los señores Jorge Hernán Bastidas Rosero y Ermes
Evelio Pete Vivas, como representantes a la Cámara por el departamento del
Cauca.

35. En síntesis, señaló que el parámetro de la votación para determinar el 15%
exigido por el inciso 5º del artículo 262 constitucional son las elecciones
parlamentarias inmediatamente anteriores a la fecha de la inscripción de la lista
por coalición, por lo que no resulta válido que para ello se acuda a los sufragios
depositados en una elección presidencial.

36. Como fundamento de su conclusión, presentó una interpretación sistemática
y teleológica de la norma, para señalar que (i) el artículo 262 constitucional
responde a la regulación de la forma de integración de las corporaciones
públicas y (ii) busca garantizar la representación de las minorías políticas en
aquellas, lo cual solo tiene sentido en la conformación del Congreso de la
República y no en las elecciones uninominales para elegir al presidente.

37. Señaló que “[e]l ejecutivo actúa como actor de la uniformidad nacional, de los
consensos y, por ende, es el representante de todos los sectores. En términos
constitucionales, “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional”-art. 188,
C.P.- (…) Esta última categoría de elecciones, si bien origina el derecho a obtener
personería jurídica bajo la idea de participar en la oposición política y generar
representación para las ideas derrotadas; también es claro que no opera como
delimitante para perder la personería jurídica ni adquirirla en los términos precisos del
artículo 108 constitucional, el cual se aplica a las minorías, dada la votación obtenida en

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la apuesta electoral para elegir representantes a la Cámara y miembros del Senado de
la República.”

38. Manifestó que:

“Eso permite interpretar que, mientras el Acto Legislativo 02 de 2015, en relación
con el artículo 262, inciso 5 constitucional, tuvo como propósito la protección de las
minorías políticas con la conformación de coaliciones y la garantía de la personería
jurídica a partir de los votos obtenidos en las votaciones para Senado y Cámara de
Representantes, la valoración de la concesión de personería jurídica de la segunda
votación en las presidenciales partió de la base cierta de generar derechos, tales
como la oposición política y la garantía para las personas derrotadas de estar
representadas; esto, en un escenario de representación en el Congreso de las ideas
políticas que, aunque derrotadas, recibieron un apoyo significativo de ciudadanos
en ejercicio de su derecho a la participación política.”

39. Dicho lo anterior, consideró que en el caso concreto se encuentra
demostrado que las colectividades que participaron en la coalición “Pacto
Histórico” en la circunscripción del Cauca para las elecciones parlamentarias,
acataron las exigencias de la norma constitucional, toda vez que sumados los
votos de aquellos partidos y movimientos políticos que participaron en las
legislativas del 2018, no superan el 15% de los votos válidamente depositados
en el mencionado departamento.

1.9. Otros memoriales

40. En escrito del 31 de octubre del 2022, el demandante, señor José Manuel
Abuchaibe Escolar, desistió de la solicitud elevada en sus alegatos de conclusión
para que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asumiera el
conocimiento del asunto y dictara sentencia de unificación.

41. Dicha petición fue aceptada por el despacho ponente en providencia del 2 de
noviembre del 2022.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

42. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley
1437 de 201110 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala

10
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de
la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los
gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades
públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan
aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.

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Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y fallar en
única instancia el proceso de la referencia.

2.2. Cuestión previa

43. Como fue reseñado en los antecedentes de esta providencia, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en sus alegatos de conclusión, insistió en su falta de
legitimación en la causa, al considerar que carece de competencia alguna
respecto de las circunstancias que fundamentan la pretensión anulatoria elevada
por el demandante.

44. Ante ello, resulta procedente señalar que la Sala no se resolverá nuevamente
sobre dicho particular, en la medida en que dicha situación ya fue atendida por el
despacho conductor en auto del 23 de agosto del 2022, sin que tal decisión fuera
objeto de recurso alguno por la entidad interesada.

2.3. Problemas jurídicos

45. De conformidad con la fijación del litigio efectuada en el auto del 23 de
agosto del 202211, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto
electoral demandado, determinando si resulta aplicable o no a la lista de
candidatos inscrita a la Cámara de Representantes por el departamento del
Cauca, que integran el acuerdo de coalición denominado Pacto Histórico, el
requisito establecido en el artículo 262 constitucional, específicamente, en lo
atinente a la acreditación de quienes la componen para que en su sumatoria
hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento de los votos válidos
de la respectiva circunscripción. De resultar aplicable, si tal disposición se
cumplió para dichos candidatos, en las circunstancias antes descritas

46. A efectos de responder lo anterior, es necesario profundizar en los siguientes
subproblemas jurídicos:

a) ¿Resultan predicables las exigencias del artículo 262 constitucional
respecto del movimiento político Colombia Humana que integró el acuerdo
de coalición denominado Pacto Histórico, considerando que esta
colectividad obtuvo su personería jurídica hasta el año 2021, como
consecuencia de una orden judicial?

b) ¿Es viable considerar que la autoridad electoral, al momento de inscribir
la lista de la coalición denominada Pacto Histórico, debió sumar los votos
obtenidos por Colombia Humana, en las elecciones presidenciales del año
2018 y con ello determinar si se acreditó la cifra mínima del 15% de votos
requerido por la norma?
11
La cual quedó en firme, toda vez que sobre tal decisión no se interpuso recurso alguno.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento del Cauca para
el período constitucional 2022-2026.

47. Bajo esta perspectiva, la Sala, para efectos metodológicos, abordará los
siguientes temas: (i) la interpretación del inciso 5º del artículo 262 constitucional,
en cuanto hace a los requisitos para la inscripción de listas de candidatos a
corporaciones públicas; (ii) el contenido de la sentencia SU-316 del 2021 de la
Corte Constitucional y las razones de tal decisión y (iii) el caso concreto.

2.4. El contenido del inciso quinto del artículo 262 constitucional y la
interpretación jurisprudencial sobre el asunto.

48. A través del Acto Legislativo 02 del 2015 12, se modificó y subrogó el artículo
262 constitucional, incluyendo la posibilidad de los partidos y movimientos
políticos de presentar listas de candidatos a corporaciones públicas bajo la figura
de la coalición. El tenor literal del inciso quinto de dicha norma señala:

“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan
obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la
respectiva circunscripción, podrán presentar listas de candidatos en coalición para
corporaciones públicas.”

49. Sobre el particular, es importante realizar las siguientes consideraciones:

50. En su momento, la jurisprudencia de esta Sección 13 señaló que en el
ordenamiento jurídico colombiano no existe una definición del término coalición
más allá de la mera mención de la figura en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994,
en el que se señala “(…) los partidos y movimientos que concurran a las elecciones
formando coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes
estatales a la campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de
gastos.”

51. En adición a ello, se refirió entonces que las coaliciones son alianzas
propias del proceso democrático, que no se encuentran prohibidas
expresamente por el ordenamiento constitucional y legal 14.

52. Desde el punto de vista normativo, se tiene que a través del Acto Legislativo
1 del 2019, por medio del cual se modificó el artículo 107 constitucional, se
consagró la posibilidad de escoger y postular candidatos a través de la figura de
las coaliciones, al señalar lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así:

12
Artículo 20.
13
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez
Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00
14
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermudez Bermudez
Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00. Reiterado en: Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación
11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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el período constitucional 2022-2026.

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más
de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley. (…)” (Se resalta)

53. De otra parte, a nivel legal, con la expedición de la Ley 1475 de 2011 se
establece explícitamente en la legislación la posibilidad de inscribir candidatos a
cargos uninominales por coalición y se dictan normas específicas sobre los
aspectos que deben contener los acuerdos, el carácter vinculante de los mismos,
y la forma de proceder en caso de faltas absolutas de candidatos elegidos por
coaliciones. Ya en vigencia de dicha norma, la jurisprudencia de esta Sección ha
concluido, en cuanto a coaliciones, que:

“(…) (i) las coaliciones y alianzas se toman como equivalentes en el ordenamiento
jurídico interno, (ii) las mismas se pueden realizar con fines pre-electorales y post-
electorales, (iii) el requisito fundamental es el acuerdo de voluntades entre las
organizaciones políticas, (iv) se requiere que la inscripción sea avalada si la
coalición o alianza se surte únicamente entre partidos y movimientos políticos con
personería jurídica, pero si de la misma participa un movimiento social o grupo
significativo de ciudadanos es viable que la inscripción se haga por firmas con la
garantía de seriedad, y (v) ninguno de los coaligados puede inscribir, por
separado, otra lista o candidato para el mismo certamen electoral” 15 (énfasis de la
Sala)

54. La Sala reitera que no es en virtud del desarrollo legal surtido hasta el año
2011 que fue entendido y reconocido el derecho de las agrupaciones políticas a
coaligarse, por lo que dicha figura resulta propia del ejercicio político y, por ende,
no puede ser desconocida de manera general o caprichosa como una
manifestación propia del derecho de asociación amparado también desde
el orden constitucional16.

55. Dicho lo anterior, se analiza el contenido del artículo 262 constitucional.
Como lo ha referido la Sala 17, se encuentra que con la reforma efectuada
mediante el Acto Legislativo 02 del 2015 a dicha disposición se
constitucionalizaron dos aspectos relativos a las coaliciones:

15
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.
250002331000201100775-02.
16
Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
17
Ídem.

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(i) Impone al legislador el deber de regular aspectos propios del
funcionamiento de aquellas y

(ii) De manera autónoma e independiente consagra y regula el derecho de
presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas bajo
condiciones específicas.

56. Esta Sección ha referido18, en cuanto hace al segundo de los puntos antes
descritos, que el derecho de los partidos políticos a presentar candidatos a
corporaciones públicas mediante la figura de la coalición 19 se desarrolló por
el constituyente derivado en los siguientes términos:

1. Se prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos

2. Exige la verificación de la personería jurídica

3. Impone comprobar que los entes coaligados, sumados hayan obtenido una
votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos

4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.

57. Finalmente, es de señalar que desde la exposición de motivos del Acto
Legislativo 02 del 201520, el cual incluyó la referida regulación, se tiene que la
finalidad de la misma es lograr el fortalecimiento de la participación democrática
de los partidos y movimientos políticos, garantizándole a ellos, bajo ciertas
condiciones de tipo objetivo -votos de la respectiva circunscripción-, la
posibilidad de aunar esfuerzos para la consecución de espacios de
representación en corporaciones públicas y permitir de esta manera, defender
los mismos los ideales y programas que representan y por los cuales los
ciudadanos votan.

2.5. La sentencia SU-316 del 2021: acceso a la personería jurídica como
garantía del derecho a la oposición.

18
Ídem.
19
Sobre este punto, la Sala en la sentencia que se ha venido citando previamente señaló: “Conforme con lo anterior, desde
el punto de vista exegético es evidente que del contenido gramatical de la norma constitucional bajo estudio se tiene que,
por una parte, se ha impuesto el deber al legislador en materia de coaliciones de regular, aspectos propios de su
funcionamiento y, por otra parte, de manera autónoma y específica se consagra y regula de manera directa un derecho,
esto es, el relativo a presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas, bajo ciertas condiciones,
dispuestas de manera específica por el Constituyente derivado.”
20
En este sentido, desde su contexto histórico y finalista, la reforma introducida por el acto Legislativo 002 de 2015, al inciso
5 del artículo 262 Constitucional, deja claro que dicho acto estaba dirigido desde su génesis 20, entre otras, cosas, a “para
abordar en forma integral un ajuste institucional cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento de la democracia y de
nuestro sistema político” y, por tanto, incluyó entre sus objetivos el de “1. Modificar disposiciones electorales dirigidas a
fortalecer la democracia”

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58. En la sentencia SU-316 del 16 de septiembre del 2021 21, la Corte
Constitucional, en sede de revisión, decidió sobre la acción de tutela interpuesta
por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego y Álvaro Moisés Ninco Daza
en contra del Consejo Nacional Electoral, ante la negativa de dicha autoridad de
reconocer la personería jurídica al entonces grupo significativo de ciudadanos
“Colombia Humana”.

59. La referida corporación judicial, en su análisis, manifestó que “(i) todos los
ciudadanos tienen el derecho de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos
políticos, sin limitación alguna (arts. 1, 3, 40 numeral 3 y 107 superiores); (ii) las formas de
agrupación política reconocidas en las Leyes Estatutarias 130 de 1994 y 1475 de 2011,
reflejan alternativas de participación democrática, y se ven profundamente influenciadas
por el concepto de democracia participativa adoptado en la Constitución Política de 1991;
y (iii) el artículo 108 superior, según ha sido modificado a través de dos actos legislativos
de los años 2003 y 2009, busca fortalecer y consolidar partidos políticos como célula
básica del sistema electoral, con identidad ideológica, plataforma programática y apoyo
popular suficientes para garantizar su permanencia en el tiempo por encima de la
tradición personalista.”22

60. Así mismo, reconoció que “(i) el derecho fundamental a la oposición e
independencia política es una condición esencial de la democracia participativa; y (ii) el
artículo 24 del Estatuto de Oposición constituye un desarrollo directo del inciso cuarto del
artículo 112 superior, y permite la consolidación de una alternativa de poder mediante la
incorporación del candidato derrotado a la bancada de su organización política en el
Congreso, permitiendo, además, que las personas que votaron por la opción derrotada
también se encuentren representadas.”23

61. Bajo estas consideraciones, constató el Alto Tribunal que existe un vacío
normativo para aquellas candidaturas independientes que aspiran a la
Presidencia de la República a través de grupos significativos de ciudadanos,
movimientos sociales o agrupaciones políticas sin personería jurídica, en la
medida en que se les reconoce un espacio de representación en el Congreso de
la República, mas no el acceso efectivo al conjunto de garantías consagrados en
el artículo 112 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

62. Se señaló en la decisión en comento, que las curules que se obtienen por el
derecho personal tanto en el Senado de la República como en la Cámara de
Representantes, tienen un mandato ontológico de representación, en la medida
en que buscan que la opción política derrotada en las elecciones presidenciales
al ocupar el segundo lugar, tengan un espacio en dichas corporaciones públicas
para la defensa de sus programas e ideales y consolidarse como una verdadera
opción de poder.

21
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22
Ídem.
23
Ídem.

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63. Por lo dicho, se determinó necesario efectuar una interpretación que
garantizara la el carácter expansivo del principio democrático y bajo esta,
establecer que es necesario hacer efectivo el derecho a la oposición de la
organización política que obtuvo una representación ciudadana suficiente en las
elecciones presidenciales, y conforme con ello, otorgarle el reconocimiento de la
personería jurídica como mecanismo que le permite ejercer todas las
prerrogativas reconocidas constitucional y legalmente.

64. Conforme con lo dicho, la Corte Constitucional en sentencia SU-316 del
202124, fijó una regla de decisión que se puede resumir de la siguiente manera:

65. En relación con el contenido del artículo 112 constitucional, desarrollado por el
artículo 24 de la Ley 1909 del 201825, se observa un vacío normativo que conlleva a
una afectación del derecho a la oposición política, en tanto no existe regla expresa
que permita que el grupo significativo de ciudadanos sin personería jurídica que
obtuvo las curules en el Senado de la República y la Cámara de Representantes
con fundamento en el derecho personal, acceda a dicho reconocimiento, como
mecanismo que garantiza de forma efectiva el goce pleno del núcleo esencial del
derecho fundamental a la oposición. Ello conlleva a efectuar una interpretación
extensiva del artículo 108 constitucional, para considerar que, con lo dispuesto en el
Acto Legislativo 02 del 2015, se creó un nuevo escenario para el reconocimiento de
personería jurídica, para lo que se requiere (i) haber obtenido más del 3% de la
votación en las elecciones de presidente de la República (ii) haber aceptado la curul
por derecho personal y, (iii) declararse en oposición al Gobierno de turno.

2.6. Caso concreto

66. Conforme fue expuesto en el concepto de la violación, el demandante
considera que el acto electoral de los señores Jorge Hernán Bastidas Rosero y
Ermes Evelio Pete Vivas como representantes a la Cámara por el departamento
del Cauca, es nulo, en tanto al momento de la inscripción de la lista de coalición
denominada “Pacto Histórico” no se cumplieron los requisitos del inciso 5º del
artículo 262 constitucional.

67. Según su dicho, respecto del movimiento político “Colombia Humana”, era
necesario contabilizar los votos obtenidos por el señor Gustavo Petro Urrego en
las elecciones presidenciales del año 2018, toda vez que fue con fundamento en

24
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25
ARTÍCULO 24. CURULES EN SENADO Y CÁMARA DE REPRESENTANTES. Los candidatos que sigan en votos a
quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a
ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de
estas corporaciones, e integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras. Terminados los
escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales. Quienes resultaren elegidos
mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en
las opciones previstas en el artículo 6o de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización política.

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ellos que la Corte Constitucional, en sentencia SU-316 del 2021 le otorgó la
personería jurídica a dicha colectividad política.

68. Así las cosas, señaló que no era procedente que en el formulario E-6 de
inscripción de la referida lista, se señalara que “Colombia Humana” suma cero
(0) votos para la determinación del 15% exigido por la norma constitucional, pues
lo procedente era incluir, al menos, los sufragios obtenidos por la referida
candidatura presidencial en el departamento del Cauca.

69. La Sala anticipa que el razonamiento del accionante no es de recibo, al
considerar los siguientes argumentos:

70. De lo probado en el proceso:

71. En atención a la actividad probatoria desplegada por las partes, así como por
aquella dispuesta de oficio por el despacho conductor de la presente actuación,
la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

72. De la participación del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en las
elecciones presidenciales del año 2018.

73. El 15 de marzo del 2018, entre la representante legal del Movimiento
Alternativo Indígena Social26 y los suscriptores del grupo significativo de
ciudadanos “Colombia Humana”, se suscribió acuerdo de coalición 27 con el fin de
presentar a los señores Gustavo Francisco Petro Urrego y Ángela María Robledo
como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República,
respectivamente, para el período constitucional 2018-2022.

74. Dicha candidatura fue inscrita mediante el formulario E-6PRE del 16 de
marzo siguiente28, confirmada mediante el documento electoral E-8PRE del 20
del mismo mes y año29.

75. En la segunda vuelta presidencial del año 2018, conforme al formulario E-
26PRE del 21 de junio, se tiene que la coalición “PETRO PRESIDENTE”, obtuvo
un total 8.040.449 votos30. En el Cauca, dicha fórmula obtuvo un total de 295.432
sufragios31.

76. De la obtención de la personería jurídica del movimiento político
Colombia Humana.

26
Señora Martha Isabel Peralta Epieyu
27
SAMAI. Actuación No. 54. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_AVALPETRO2018(.pdf) Nro
Actua 54”
28
SAMAI. Actuación No. 54. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_E6PETRO20181PD(.pdf) Nr
oActua 54”
29
SAMAI. Actuación No. 54. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_E8PETRO2018(.pdf) NroAc
tua 54”
30
SAMAI. Actuación No. 39.
31
Ídem.

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el período constitucional 2022-2026.

77. A través de la Resolución No. 7417 del 15 de octubre del 2021, el Consejo
Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-316 del
2021 de la Corte Constitucional, le reconoce personería jurídica al movimiento
Colombia Humana, por las consideraciones que fueron expuestas en acápites
precedentes32.

78. De la inscripción de la lista de candidatos por la coalición PACTO
HISTÓRICO a la Cámara de Representantes por el departamento del Cauca
y del resultado de la elección parlamentaria en dicha circunscripción el 13
de marzo del 2022.

79. El 10 de diciembre del 2021, los representantes legales del Polo Democrático
Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo
Indígena y Social, Partido Comunista Colombiano y el Movimiento Político
Colombia Humana, suscribieron el denominado “ACUERDO DE COALIACIÓN
PROGRAMÁTICA Y POLITICA ENTRE (…) PARA INSCRIBIR LISTAS DE
CANIDATOS/AS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL DE CAUCA (sic) PARA LAS ELECCIONES DEL 13 DE MARZO DEL
2022 PERÍODO CONSTITUCIONAL 2022-2026”33.

80. La cláusula tercera del referido documento señala que:

“CLÁUSULA TERCERA: Conforme a lo dispuesto por el artículo primero de la
Resolución No. 2151 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, se INSCRIBEN y
AVALAN a los siguientes ciudadanos como candidatos de los partidos y/o
movimientos con personería jurídica que firman el presente acuerdo al lista cerrada o
de voto no preferente a la CÁMARA DE REPRESENTANTES POR
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE CAUCA de coalición denominada “PACTO
HISTÓRICO”, mediante el mecanismo del consenso político, para el periodo
constitucional 2022 – 2026, en las elecciones a realizarse el próximo 13 de marzo de
2022. Las candidaturas serán las siguientes:

No. NOMBRE COMPLETO CEDULA H M FILIACION
POLITICA
1 JORGE HERNÁN BASTIDAS ROSERO 76305999 X MOVIMIENTO
POLÍTICO
COLOMBIA
HUMANA
2 ERMES EVELIO PETE VIVAS 76007613 X MOVIMIENTO
ALTERNATIVO
INDÍGENA Y
SOCIAL MAIS
3 GEMA LÓPEZ DE JOAQUI 34532991 X UNIÓN
PATRIÓTICA UP
4 EUGENIO GÓMEZ 10521457 X UNIÓN
PATRIÓTICA UP

32
Ver supra, capítulo 2.5.
33
SAMAI. Actuación No. 25. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_ACUERDOCOALICIONPA(.pdf ) NroActua 25”

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el período constitucional 2022-2026.

81. La inscripción de los candidatos antes señalados se realizó mediante el
formulario E-6CAM del 13 de diciembre del 2021 34. El documento electoral
mencionado, en punto de la votación obtenida por los referidos partidos y
movimientos políticos en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo del 2018
señala:

82. En cuanto hace a la verificación del cumplimiento de los requisitos del inciso
quinto del artículo 262 constitucional, se observa que el formulario E-6CAM del
13 de diciembre del 2021, reporta lo siguiente:

34
SAMAI. Actuación No. 47. Archivo “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RESPUESTAAREQUERIM(.pdf ) NroActua 47”

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el período constitucional 2022-2026.

83. Estudio de los argumentos de la demanda

84. Conforme a cada uno de los hechos relevantes debidamente probados al
interior del proceso, la Sala considera lo siguiente:

85. En estricto sentido, el movimiento político Colombia Humana no
participó en una elección anterior en la respectiva circunscripción.

86. Como fue puesto de presente, el movimiento político “Colombia Humana”
nació como tal tras el reconocimiento de la personería jurídica efectuado en la
Resolución No. 7417 del 15 de octubre del 2021 35, dictada por el Consejo
Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia SU-316 del
2021 de la Corte Constitucional.

87. Así las cosas, al momento de la inscripción de los candidatos por la lista de
la coalición “Pacto Histórico” en el departamento del Cauca, si bien la “Colombia
Humana” contaba con el reconocimiento de su personería jurídica, no es
procedente considerar que la autoridad electoral debía de contabilizar los votos
de la elección inmediatamente anterior, en la medida en que no pudo haber
participado en la misma, en tanto no existía en estricto sentido.

88. Desde esta perspectiva, dicho criterio objetivo establecido por la norma no
puede ser verificado, en tanto resulta en un imposible desde el punto de vista
fáctico.

89. Ahora bien, tampoco es acertado considerar que se debía incluir la votación
obtenida por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego en las elecciones
presidenciales del año 2018, así dichos sufragios hayan sido aquellos que la
Corte Constitucional consideró para efectos de otorgar la personería jurídica al
movimiento político “Colombia Humana”, por las siguientes razones:

90. Las elecciones se llevaron a cabo en diferentes circunscripciones.

91. El inciso 5º del artículo 262 constitucional señala que, “[l]os partidos y
movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación
de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones
públicas”. (énfasis de la Sala)

92. El concepto de circunscripción electoral refiere al ámbito territorial en el cual
los votos depositados, constituyen el fundamento para el reparto de los escaños
entre candidatos o partidos36. Así las cosas, se trata de una delimitación espacial

35
SAMAI. Actuación No. 37. Archivo “Expediente 1(.zip) NroActua 37.”
36
Registraduría Nacional de Estado Civil. Glosario Electoral. Consultado en https://www.registraduria.gov.co/-Glosario-
electoral,225-

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el período constitucional 2022-2026.

que permite establecer quiénes serán los ciudadanos habilitados para participar
en la elección de un funcionario a través del voto popular, en tanto estos deben
residir en la misma para poder sufragar.

93. Conforme con ello, se tienen elecciones que se llevan a nivel nacional, en la
cual, el territorio colombiano constituye una sola circunscripción electoral y por lo
mismo, todos los ciudadanos pueden participar sin restricciones de orden
geográfico en aquellos. Piénsese, por ejemplo, la elección de los senadores de la
República.

94. De otro lado, tenemos aquellos procesos democráticos que atienden a
criterios geográficos que no incluyen a todo el territorio nacional, sino a parte
integrante de este (por ejemplo, el departamento) en la cual se busca que sólo
los ciudadanos que residen allí elijan a quienes los representarán en una
determinada posición. En esta categoría, por ejemplo, tenemos la elección de los
concejos municipales y de las asambleas departamentales.

95. En atención a dicho concepto, que expresamente se consagra en el
mencionado inciso 5º del artículo 262 constitucional cuando hace referencia a la
“(…) respectiva circunscripción”, debe entenderse entonces que los sufragios que
se tienen en cuenta para la determinación del 15% entre las colectividades
coaligadas, debieron haber sido depositados en el territorio en el cual se lleva
cabo la elección a la cual pretenden participar 37.

96. En otras palabras: si la lista de candidatos por coalición a una corporación
pública busca participar en las elecciones para elegir representantes en un
departamento o a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual antes
referido se mira respecto del apoyo ciudadano obtenido por los partidos y
movimientos coaligados en el espacio geográfico que se corresponda con
aquel en el cual se lleva a cabo la elección.

97. Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de circunscripción, que
como se expuso en forma precedente, refiere al marco territorial en el cual los
ciudadanos pueden depositar sus votos que soportarán la declaratoria de
elección que posteriormente realiza la autoridad electoral. Bajo esta
consideración, es claro que la figura referida, deviene en un elemento objetivo y
verificable que permite establecer la fuerza electoral de los partidos coaligados
que pretenden acceder a un espacio de representación en una corporación
pública.

98. Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo nivel nacional, mientras que los

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datos%20o%20partidos.
37
Ver supra, párrafo 51 de esta providencia.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento del Cauca para
el período constitucional 2022-2026.

representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los departamentos que
conforman el territorio colombiano.

99. Como fundamento normativo de ello, se tiene lo señalado en el artículo 176
constitucional, que refiere a que “la Cámara de Representantes se elegirá en
circunscripciones territoriales y especiales”, indicando que “cada departamento y el
Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial ”. De otra parte, el
artículo 190 del texto superior, refiere que el presidente de la República será
elegido por la mitad más uno de los votos que “depositen los ciudadanos”, lo que
permite entender que se trata de una circunscripción nacional.

100. Bajo esta consideración, es claro que la forma de elección presenta una
diferencia sustancial en cuanto hace a la circunscripción electoral en las
cuales estas se llevan a cabo, toda vez que, de un lado, la primera tiene como
fundamento la sumatoria de todos los votos obtenidos en el territorio colombiano,
mientras que la segunda se declara con el soporte del total de votos válidamente
depositados en el ente territorial que elige el correspondiente representante.

101. Así las cosas, conforme a lo dicho, es improcedente contabilizar la
votación obtenida a nivel nacional por la coalición “PETRO PRESIDENTE” en el
año 2018 a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos de una lista
que busca un espacio de representación en una corporación pública que se elige
al nivel territorial.La tesis del demandante presenta una dificultad práctica en
el caso concreto.

103. De otra parte, en gracia de discusión, de aceptar la postura propuesta en
la demanda, lo cierto es que respecto de esta se observa una dificultad práctica
para entrar a determinar cuáles serían los votos a tener en cuenta respecto del
partido “Colombia Humana” y sumar los mismos con aquellos obtenidos por los
demás partidos coaligados.

104. Recuérdese que los señores Gustavo Francisco Petro Urrego y Ángela
María Robledo, participaron como fórmula en las elecciones presidenciales del
año 2018, bajo la figura de una coalición entre el Grupo Significativo de
Ciudadanos Colombia Humana y el partido político Movimiento Alternativo
Indígena y Social -MAIS-.

105. En atención a la forma de participación, se tiene entonces que los votos
depositados a favor de dicha opción política se contabilizan a favor del candidato
presentado por la coalición, sin que sea posible identificar si los mismos
pertenecen a una u otra de las organizaciones que hacen parte del acuerdo.

106. Así las cosas, si se acepta la tesis propuesta por el demandante, la
pregunta que surge entonces es ¿cuántos de los votos a favor de la coalición
“PETRO PRESIDENTE” a nivel nacional o en el departamento del Cauca

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pertenecen el grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana hoy partido
político con personería jurídica?

107. Responder al anterior interrogante es fundamental, toda vez que no debe
perderse de vista que la norma constitucional -inciso 5º del artículo 262-, exige
que la determinación del 15% se realice frente a la votación obtenida por cada
una de las colectividades que integran el acuerdo de coalición que deriva en la
inscripción de candidatos a una corporación pública determinada.

108. Así las cosas, en tanto es imposible determinar cuántos votos obtuvo la
“Colombia Humana” en las elecciones presidenciales del año 2018, por cuanto
los mismos no fueron para dicha colectividad sino para un candidato presentado
en coalición para un cargo uninominal, la cual se rige por las reglas propias del
artículo 29 de la Ley 1475 del 2011 38, lo cierto es que se presenta una dificultad
práctica a efectos de establecer en efectos cuál sería el monto a tener en cuenta
para establecer el cumplimiento del requisito del artículo 262 constitucional.

109. La regla de decisión creada en la sentencia SU-316 del 2021 no varía la
forma de interpretación y aplicación de los requisitos del inciso 5º del
artículo 262 constitucional.

110. Finalmente, la Sala considera que las razones que fundamentan la
sentencia SU-316 del 2021 no implican una variación en la interpretación y
aplicación de los requisitos que se determinan por el artículo 262 constitucional
para la presentación de candidatos a corporaciones públicas mediante la figura
de la coalición.

38
Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o
con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de
coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella.
Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la
coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. En el caso de las campañas presidenciales también
formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato. En
el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los
candidatos. Parágrafo 1. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos;
mecanismo mediante el cuál se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a
gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos
partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y
auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que
hubiere lugar a reemplazar al elegido. Parágrafo 2°. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por
tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no
podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto, será
causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición.
Parágrafo 3°. En caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el gobernador, según
el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que
inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a
un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato. No podrán ser encargados o
designados cómo gobernadores o alcaldes para proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se
encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del
artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de
elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.

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111. En primer lugar, es de señalar que las consideraciones efectuadas por la
Corte Constitucional en la referida decisión giraron en torno a la garantía del
derecho a la oposición de la opción política derrotada en las elecciones
presidenciales, que accede a las curules que por derecho personal consagran el
artículo 112 constitucional y el Estatuto de la Oposición (artículo 24 de la Ley
1909 del 2018) y que obtiene un apoyo ciudadano de hasta el 3% de los votos
válidamente depositados.

112. Así las cosas, lo que se observa es que la referida corporación judicial
interpretó el artículo 108 Superior -en punto del reconocimiento de la personería
jurídica- frente a las nuevas regulaciones constitucionales y legales que
consagraron mecanismos para permitir la consolidación de nuevas fuerzas
políticas a través del acceso al Congreso de la República a quienes ocuparon el
segundo lugar en las elecciones presidenciales y la representatividad de sus
votantes.

113. Lo anterior tiene ciertas implicaciones en cuanto hace al estudio adelantado
por la Corte Constitucional y el posible impacto que ello tiene respecto de la
aplicación del inciso 5º del artículo 262 Superior.

114. Si bien es claro que la referida corporación judicial hizo referencia a la
necesidad de contar con un factor objetivo que permitiera establecer al apoyo
ciudadano, para lo cual, acudió al valor del 3% de los votos válidos de una
elección conforme lo señala el artículo 108 de la Constitución, lo cierto es que
dicha circunstancia no implica, en sí misma, que la elección presidencial y el
ejercicio del derecho personal adquieran la connotación de elecciones
parlamentarias.

115. El razonamiento efectuado en la sentencia SU-316 del 2021, en todo
momento parte de la naturaleza del ejercicio del derecho personal, entendiéndolo
como una “elección indirecta” al Congreso de la República que se deriva de la
consecuencia de ocupar el segundo lugar en las presidenciales correspondientes
y que son “ontológicamente de mandato representativo” de quienes votaron por
la fórmula que ocupó el segundo lugar en la contienda, pero en ninguna medida
se asimila la misma a la elección de los parlamentarios por la vía ordinaria.

116. Así las cosas, no se puede considerar que los votos que soportan el acceso
a las curules por el derecho personal se conviertan, por dicha circunstancia, en
sufragios que fueron depositados en una elección parlamentaria y muchos
menos en una que se lleva al nivel territorial, pues ambas elecciones difieren en
cuanto hace al tipo de autoridad a elegir a la forma de acceder al cargo.

117. Conforme con lo dicho, es claro que los alcances de la decisión de la Corte
Constitucional no impactan la forma en que se aplica e interpreta el inciso 5º del
artículo 262 Superior, en tanto que las razones de decisión de la sentencia SU-

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316 del 2021, responden a una elección diferente y a las consecuencias propias
de la misma.

Conclusiones

118. Conforme con lo dicho, se tiene entonces que el cargo por infracción de
norma superior no resultó demostrado en el presente asunto, pues la tesis
propuesta por el demandante no se compadece con los requisitos de la norma
constitucional presuntamente desconocida.

119. Por un lado, el partido político “Colombia Humana” no participó de una
elección anterior, en tanto nació solamente hasta el 2021 mediante una orden
judicial, y, adicionalmente, la votación que el accionante pretende sea
contabilizada en la conformación de la coalición “Pacto Histórico” se depositó en
una elección que lleva a cabo en una circunscripción diferente.

120. De otra parte, de aceptar la tesis del señor Abuchaibe Escolar, se presenta
una dificultad práctica para establecer los votos que fueron depositados a favor
del entonces grupo significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, dado que su
participación en las presidenciales de 2018 se dio bajo la figura de la coalición.

121. Finalmente, las anteriores consideraciones no cambian al estudiar las
razones de la decisión SU-316 del 2021, en la medida en que en dicha
oportunidad, la Corte Constitucional interpretó el artículo 108 constitucional en el
contexto de las garantías del derecho a la oposición y el ejercicio del derecho
personal a ocupar una curul en el Congreso de la República por la fórmula que
ocupó un segundo lugar en las elecciones presidenciales, todo ello en el
contexto de dicho cargo uninominal, lo que permite entender que abordó
cuestiones de una elección diferente a la que se regula por el inciso 5º del
artículo 262 Superior.

2.7. Otras consideraciones

122. Finalmente, se advierte que mediante memorial radicado por la abogada
Yaneth Linares Vega, apoderada del Consejo Nacional Electoral, presentó
renuncia al poder otorgado por la entidad. Con el escrito, acompañó la
comunicación enviada a dicha autoridad, en la que se le informa esta
circunstancia. En tales condiciones, se tendrá en cuenta dicha renuncia en los
términos del artículo 76 del Código General del Proceso.

123. En anterior a lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

III. FALLA

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el período constitucional 2022-2026.

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso
alguno.

TERCERO TÉNGASE en cuenta la renuncia al poder otorgado por el Consejo
Nacional Electoral a la abogada Yaneth Linares Vega, en los términos del artículo
76 del Código General del Proceso. ADVERTIR que la notificación de este fallo a
la referida entidad se deberá realizar entonces a través de su representante legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salvamento parcial de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclaración de voto

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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