Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-31-000-2011-00042-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-31-000-2011-00042-01 (3548-2015)
Demandante: Gernis Patricia Díaz Sarmiento
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Guardián de
establecimiento penitenciario y carcelario
Decisión: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. La parte demandante solicitó la nulidad del oficio expedido el 28 de junio de
2010 por el Distrito de Cartagena de Indias que negó la existencia de una relación
laboral, así como, el reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales
a que tiene derecho desde el 1° de octubre de 2000 y hasta el 1° de octubre de
2003, y del 10 de octubre de 2003 hasta el 6 de noviembre de 2017.
3. Como restablecimiento del derecho reclamó que se ordene la liquidación y
pago de una indemnización a título de reparación, equivalente a las prestaciones
sociales comunes que devengan los empleados públicos más su reajuste; el pago
de cesantías por valor de $5.250.000.oo; primas de servicios por valor de
$5.250.000.oo; vacaciones por la suma de $2.625.000.oo; intereses a las cesantías
por $630.000.oo; sanción moratoria por no pago de prestaciones equivalente a
$19.080.000.00, sanción moratoria por no consignación de cesantías
$57.240.000.oo, y subsidio familiar.
4. De la misma manera, solicitó el pago de seguridad social en salud, pensión
1 Folios 2 y 3 del expediente.
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Demandante: Gernis Patricia Díaz Sarmiento
y ARP. Que las condenas sean actualizadas en los términos señalados por el
artículo 178 del C.C.A.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
5. La señora Gernis Patricia Díaz Sarmiento manifestó que prestó sus servicios
personales y remunerados bajo la dependencia y subordinación del Distrito de
Cartagena mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios para el
desempeño de labores en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Cartagena-Cárcel La Ternera en el lapso comprendido entre el 1° de octubre de
2000 y el 1° de octubre de 2003 como guardián, y en el período de 10 de octubre
de 2003 hasta el 6 de noviembre de 2007 en condición de dragoneante.
6. Los trabajos desempeñados eran de carácter personal y subordinado,
atendía las directrices impuestas por los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, bajo un horario determinado, que en muchas ocasiones
se extendía a largas jornadas diurnas y nocturnas.
7. Que el 13 de agosto de 2007, por quebrantos de salud no se presentó al sitio
de trabajo, generándose un llamado de atención por sus superiores, de dicha
situación tuvo conocimiento el secretario del interior de Cartagena, razón por la que
no le fue renovada la vinculación contractual.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación3
8. Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 1°, 2°, 6°, 13, 25, 29, 43, 48, 53, 90, 122, 123,
124, 125 y 209 de la Constitución Política de 1991; 9°, 10, 14, 16 y 23 del Código
Sustantivo de Trabajo; 1°, 7°, 8°, 9°, 10, 42, 49, 50, 76, 77, 78, 113, 117, 118, 134,
154, 155, 165, 168, 172, 176, 181 y 185 del Decreto 407 de 1994; 1° y 5° de la Ley
443 de 1998; Decreto 1042 de 1978 y la Ley 80 de 1993.
9. Como concepto de violación señaló que se vulneró el derecho a la igualdad,
ya que los honorarios percibidos no eran proporcionales a la cantidad y calidad del
trabajo, los funcionarios de planta que ejecutaban similares tareas recibían mejor
salario y prestaciones sociales, las cuales, nunca fueron recibidas por la
demandante.
10. Destacó la configuración de los lineamientos de una relación laboral, al
prestar el servicio de manera personal, con un horario determinado y el
cumplimiento de órdenes de sus superiores, bajo una continua subordinación y
dependencia.
2 Folios 1 y 2 del expediente.
3 Folios 4 y 5 del expediente.
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1.4. Contestación de la demanda4
11. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por conducto de
apoderado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma.
Expresó que el oficio acusado únicamente fue un comunicado con el que la oficina
de talento humano contestó la petición de la demandante, en ésta no se creó,
modificó o extinguió alguna situación jurídica, en gracia de discusión, de aceptarse
la existencia del acto administrativo, no se agotó la vía gubernativa.
12. Se presentó una divergencia entre los hechos y pretensiones contenidos en
la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda radicada ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, pues, la liquidación presentada en la
Procuraduría General de la Nación ascendió a la suma de $64.755.000, en cambio,
la acción estableció como cuantía un valor superior a $90.000.000, de igual manera,
las pretensiones 2 y 3 de la demanda no fueron incluidas en el escrito de
agotamiento del requisito de procedibilidad.
13. La relación contractual no genera la erogación de beneficios económicos de
carácter laboral, fueron claras las obligaciones y los derechos indicados en los
contratos de prestación de servicios, toda vez que las designaciones legales y
reglamentarias que por regla general se proveen con concurso de méritos forjan la
relación laboral de la que se derive el pago de salarios y prestaciones sociales.
14. Formuló como excepciones las siguientes: i) falta de los requisitos formales
de la demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa; ii) falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación ante el Ministerio
Público; iii) inexistencia del acto administrativo que se pretende anular; iv) cobro de
lo no debido y v) innominada o genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia5
15. El 30 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la
nulidad del oficio acusado y ordenó al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias a reconocer y pagar a la demandante las prestaciones sociales a las cuales
tiene derecho tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios correspondientes a los siguientes períodos: i)
1° de octubre de 2000 al 1° de octubre de 2003 y del 10 de octubre de 2003 al 6 de
noviembre de 2007, igualmente, ordenó el pago de los aportes a las entidades de
seguridad social en su debida proporción.
16. Como sustento de la decisión expresó que no se configuró la excepción de
falta de requisitos formales de la demanda por indebido agotamiento de la vía
gubernativa, pues la reclamación administrativa fue presentada el día 5 de octubre
4 Folios 4 y 5 del expediente.
5 Folios 206 a 219, ibidem.
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de 2009 ante la entidad territorial y en ella se solicitó el reconocimiento y pago de
las prestaciones de la demanda; dicha petición se contestó con el oficio expedido
el 28 de junio de 2010, de ahí que, se agotó la vía gubernativa, bajo el entendido
de que podía demandarse directamente al no proceder ningún recurso en su contra,
siendo ese oficio un acto administrativo y por ende no prosperó la excepción de
inexistencia del acto administrativo demandado.
17. No se acreditó la excepción de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial, según se observó en los folios 8 y 9 del expediente fue allegada la
constancia suscrita por la Procuraduría 176 Judicial I para asuntos administrativos
en la que constató que efectivamente se convocó a conciliación, siendo declarada
fallida la diligencia.
18. Que la interesada prestó sus servicios como guardián en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Cartagena, en virtud del Convenio Interadministrativo
1580 de 2000, celebrado ente la entidad territorial y el INPEC, desde el mes de
octubre de 2000 con una remuneración mensual de $700.000 y del 10 de octubre
de 2003 al 6 de noviembre de 2007 se desempeñó como dragoneante distrital;
demostrándose los elementos constitutivos de la relación laboral, debido a que las
labores ejercidas correspondían a las mismas funciones asignadas a los empleados
públicos que ostentaban el mismo cargo, se acataban órdenes emanadas del
director de la cárcel distrital de Cartagena y el secretario del interior y convivencia
ciudadana de la entidad territorial, los cuales actuando como superiores jerárquicos
asignaron directrices sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo, se percibió una
remuneración y el trabajo se llevó a cabo de manera subordinada y continua.
1.6 Recurso de apelación
19. La parte demandada6 solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia,
reiterando que el oficio de 29 de junio de 2010, expedido por la directora de talento
humano no es un acto administrativo, pues no creó, modificó ni extinguió una
situación jurídica con respecto a la demandante, solamente fue una respuesta a la
solicitud de reconocimiento de obligaciones laborales, y, por ende, tampoco se
agotó la vía gubernativa porque no interpuso los recursos de ley.
20. Que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial no se realizó
en debida forma por dos razones, existieron discrepancias entre la cuantía indicada
en la convocatoria y lo pretendido en la acción, así mismo, existieron puntos no
debatidos en la conciliación extrajudicial que, si fueron señalados en la demanda,
esto genera que dichos puntos no puedan ser ventilados en el proceso.
21. No es procedente el reconocimiento de las prestaciones sociales por el término
laborado a través de órdenes de prestación de servicios, pues lo que se presentó
fue una coordinación del servicio contratado, a pesar de que se celebren contratos
6 Folios 221 a 224 del expediente.
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consecutivamente, no es dable inferir el surgimiento de los elementos de la relación
laboral. Y que por más de que se hubiere estipulado un horario de trabajo, no hace
surgir la relación laboral, ya que, es necesario una coordinación entre las
actividades asignadas al contratista y las demás para poderse satisfacer el objeto
contractual, situación que no implica el grado de subordinación.
1.7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
22. La parte demandante, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
así como, el agente del Ministerio Público, guardaron silencio7.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política
de 1991 y en lo preceptuado por los artículos 11, 12, 34 y 36 de la Ley 270 de
19968; 129 del Decreto 01 de 1984 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
2.2. Problemas jurídicos
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar:
¿el oficio demandado constituye o no un acto administrativo?, de ser positiva la
respuesta, debe determinarse si ¿se agotó en debida forma o no la vía gubernativa?
En caso afirmativo, ¿si existió una relación laboral encubierta entre la señora Gernis
Patricia Díaz Sarmiento y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
comprendido entre el 1° de octubre de 2000 y el 6 de noviembre de 2007, por
haberse prestado el servicio bajo subordinación?
De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación ¿se encuentra o no afectada por
el fenómeno de la prescripción?
Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta ¿tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir
con ocasión a dicho vínculo?
7 De acuerdo al informe secretarial visible en el folio 239 del expediente.
8 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
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2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
25. En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
26. En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el
numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una
relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones
sociales; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la
subordinación continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración
(artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo).
27. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber: i)
el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con
la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario
de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.
28. Igualmente, estableció unas reglas así: i) los contratos de prestación de
servicios no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se
suscriben con personas naturales; ii) existe un término de 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, en los contratos de prestación de servicios
que presenten interrupciones, que de no superarse, se puede concluir «la
existencia de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades»; de allí que de
encontrarse acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la finalización del
vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente solución de continuidad
entre contratos, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir
de sus fechas de finalización, por lo que de no presentarse la reclamación en ese
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período, operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes
a pensión que no están sometidos a dicho término; iii) es improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
29. La parte demandada señaló que el oficio de 29 de junio de 2010 no era
pasible de control judicial pues únicamente contestó la reclamación de acreencias
laborales, así mismo, destacó que no se interpusieron los recursos que procedían
contra la decisión y debido a ello faltó el agotamiento de la vía gubernativa.
30. Pues bien, es pertinente explicar que «los actos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son los actos
definitivos, entendidos como toda manifestación de voluntad 9 general o
eventualmente, concreta o específica, unilateral10 de quienes ejercen funciones
administrativas, que crean, reconocen, transmiten, modifican o extinguen derechos
y obligaciones11 o situaciones jurídicas subjetivas»12.
31. Por lo tanto, únicamente las decisiones que concluyen un procedimiento
administrativo o aquellas que afecten derechos o intereses, o impongan cargas,
sanciones y obligaciones que modifican o alteran situaciones jurídicas
determinadas, son susceptibles de control de legalidad por parte de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, de ahí que, las que impulsan la actuación, y no
otorgan alguna solución de fondo a las solicitudes de los administrados o las que
se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son
cuestionables por vía judicial.
32. En ese sentido, contrario a lo interpretado por el recurrente, la Sala considera
que el acto acusado decidió de fondo la petición de reconocimiento de la relación
laboral subyacente y el consecuente restablecimiento con el pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales requeridas por la señora
Gernis Patricia Díaz Sarmiento. Dándole fin a la actuación administrativa pues
expresó los motivos y circunstancias por los cuales negaba tal solicitud; así: «de la
9 En palabras del Tratadista Luciano Parejo Alonso, «toda manifestación de juicio, de conocimiento o de deseo
realizada por una AP en ejercicio de una potestad administrativa»
10 El Tratadista Jaime Orlando Santofimio, señala que es unilateral porque proviene exclusivamente por una
sola vía, que para tal efecto es de la Administración. En el texto, Acto Administrativo publicado por la Escuela
Judicial Lara Bonilla, se dice que «el acto administrativo unilateral sometido al control jurisdiccional, es el acto
jurídico que al manifestar la voluntad de la Administración está destinado a producir efectos en derecho, pues
contiene una decisión de naturaleza administrativa».
11 Conclusión obtenida de la lectura que sobre la Teoría del Acto Jurídico trata diferentes autores como
Bonnecasse, Baudry Lacantinerie, Borja Soriano, Eduardo García de Enterría, Jaime Orlando Santofimio y
Jaime Vidal Perdomo.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”, auto de 6de
agosto de 2015, radicación número: 41001-23-33-000-2012-00137-01(4594-2013) CP Sandra Lisset Ibarra
Vélez (E).
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anterior manera, resolvemos su reclamación administrativa, hecha mediante
derecho de petición y da por agotada la vía gubernativa».
33. Fue la misma administración quien le indicó a la demandante que la vía
gubernativa hoy, actuación administración se encontraba terminada, sin manifestar
que contra esa decisión procedían recursos, en tal sentido la demandante no
estaba en la obligación de interponer alguno. Razón por la cual, este reparo no
prospera.
2.5. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
34. Otro punto de apelación se relaciona con el requisito de procedibilidad de la
conciliación, que en sentir de la demandada no se efectuó correctamente al existir
diferencias en la cuantía invocada en la solicitud y lo pretendido en la demanda, y
por la existencia de puntos no debatidos en la petición de convocatoria que si fueron
incluidos en la demanda.
35. A propósito, el jefe de la oficina asesora jurídica de la alcaldía de Cartagena,
dando cumplimiento al auto de 24 de agosto de 2011 proferido por el juez de
primera instancia, aportó la copia de la solicitud de conciliación radicada por la
interesada, en la que se señaló que el objeto de esta era:
«1-. Que en audiencia de conciliación el DISTRITO TURÍSTICO DE CARTAGENA
DE INDIAS, representado por la doctora JUDITH PINEDO FLORES, en su condición
de Alcalde Mayor elegida popularmente, revoque el acto administrativo mediante el
cual negó la existencia de la relación laboral entre esta y mis apadrinados y en su
lugar reconozca la existencia de una relación laboral entre el DISTRITO DE
CARTAGENA y mis mandantes, durante todo el tiempo en que prestaron sus
servicios como guardianes y dragoneantes, por orden del distrito en la CÁRCEL DE
SAN SEBASTIÁN DE TERNERA, dicho tiempo es el siguiente:
[…]
• Gernis Díaz Sarmiento, desde el mes de octubre de 2000, hasta el 1° de octubre de
2003 en el cargo de guardián y posteriormente desde el día 10 de octubre de 2003,
hasta el día 06 de noviembre de 2007 en el cargo de Dragoneante.
2-. Que como consecuencia de la existencia de la relación laboral reconocida ordene
la liquidación y pago de una indemnización a título de reparación, equivalente a las
prestaciones sociales comunes que devengan los empleados públicos durante el
periodo en que mis apadrinados prestaron sus servicios, cuya liquidación se hará con
base en el monto en el monto de los honorarios que perciben de forma mensual,
dentro de las prestaciones solicito el pago de cesantías, primas, vacaciones,
intereses de cesantías, auxilio de transporte, seguridad social integral, (salud,
pensión, arp, subsidio familiar y demás), dicho valores serán liquidados con
fundamento en el tiempo de servicio laborado y los salarios u honorarios devengados
los cuales fueron así:
[…]
Gernis Díaz Sarmiento devengaba un salario de setecientos mil pesos mensuales
($750.000.00)
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De acuerdo a los salarios devengados se le adeudan a mis mandantes unas
prestaciones laborales en cifras superior a las ciento cincuenta millones de pesos
que se determinarían así.
[…]
Y a la señora Gernis Díaz Sarmiento, se le adeudaría la suma de $5.200.000.00., por
concepto de cesantía, la suma de $5.250.000.00, por concepto de primas, la suma
de $2.625.000.00, por concepto de vacaciones, la suma de $630.000.00, por
concepto de intereses de cesantía, la suma de $270.000, por concepto de mora en
el pago de prestaciones y la suma de $25.500.000.00, por concepto de mora en la
consignación de cesantías a un fondo.
Quedando pendiente por liquidar, a todos mis apadrinados indemnización por no
pago en seguridad social integral, subsidio familiar».
36. En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se invocaron como
pretensiones:
«1-. Que declare la NULIDAD del acto administrativo expedido por el DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, correspondiente al oficio de fechas 28 de junio de del
2010, en los que niega y desconoce los derechos de orden laboral administrativo que
reclama la señora GERNIS DÍAZ SARMIENTO, durante los siete años en que prestó
sus servicios como guardián y dragoneante en la cárcel distrital, tiempo que
transcurrió desde el primero de octubre de 2000, hasta el 1° de octubre del 2003 en
el cargo de guardián y posteriormente desde el día 10 de octubre de 2003, hasta el
día 6 de noviembre de 2007 en el cargo de dragoneante y en su lugar se reconozca
la relación laboral existente entre la demandante y el ente demandado.
2-. Que como consecuencia de la existencia de la relación laboral administrativa
reconocida, se ordene la liquidación y pago de una indemnización a título de
reparación, equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los
empleados públicos en el cargo que ella ocupó durante el periodo en que mi
apadrinada prestó sus servicios, y cuya liquidación que se haga con base en el monto
de los honorarios que percibía de forma mensual mi mandante o en el evento en que
dichos montos sean reajustados por determinarse que lo que percibía era inferior a
lo que le correspondía, en proporción a los salarios que devengan los empleados que
ocupan el mismo cargo, en atención al principio de igualdad, dichas liquidaciones de
prestaciones sociales en calidad de indemnizaciones deberán liquidarse de acuerdo
al monto de los honorarios reajustados.
3-. Que se ordene el reajuste de lo devengado por mi mandante durante los siete
años en que prestó sus servicios en cuantía igual a los salarios que devengan o
devengaban cualquier funcionario público que ocupe el mismo cargo que ocupó mi
mandante».
37. Nótese que no existen diferencias entre lo pretendido en la convocatoria de
conciliación prejudicial y lo reclamado en la demanda, en los dos escritos se solicitó
la declaratoria de nulidad del acto administrativo que negó la relación laboral
subyacente y el pago de las prestaciones sociales percibidas por los empleados de
planta en el lapso comprendido entre el 1° de octubre de 2000 y el 1° de octubre
de 2003 y del 10 de octubre de 2003 al 6 de noviembre de 2007.
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38. Tampoco es cierto que se presentaron aspectos no debatidos en la
conciliación, contenidos en la demanda, pues ambas se fundamentaron en la
prestación de servicios sin independencia y autonomía como guardián y
dragoneante en la cárcel La Ternera de Cartagena, bajo la subordinación y
dependencia de sus jefes inmediatos. Frente a la presunta diferencia en la cuantía
establecida en la conciliación y en el escrito de la demanda, se advierte que
obedeció a que las liquidaciones realizadas por el sujeto procesal corresponden al
día de radicación de la convocatoria a conciliación y la presentación de la acción,
respectivamente. Por lo tanto, no prospera el cargo formulado por la parte
demandada.
2.6. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico
39. Se verificará si se configuraron los elementos de la relación laboral
subyacente o encubierta.
40. La celebración de las órdenes de prestación de servicios por parte de la
entidad territorial tuvieron como fundamento el convenio interadministrativo 1580
de 16 de noviembre de 2000, negocio jurídico en el que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario de Cartagena se comprometió a recibir en la cárcel de
Cartagena a los contraventores enviados por las autoridades de la entidad
territorial, y ésta se obligó a prestar los servicios de seguridad y vigilancia del
pabellón en el que serían custodiados, así como, a contar continua y
permanentemente con el recurso humano para el tratamiento progresivo de estos13.
41. Las órdenes de prestación de servicios de la demandante no se suscribieron
por parte del INPEC, según dan cuenta las certificaciones emitidas por la
subdirectora de gestión contractual y por la subdirectora de talento humano de la
sede de Bogotá del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en los oficios
2018IE0100091 y 2018EE008858714, quienes aseveraron que la demandante no
celebró ningún contrato con la institución ni laboró con la entidad bajo alguna
vinculación ordinaria de planta o como contratista.
42. La directora de talento humano de la alcaldía de Cartagena por medio del
Oficio AMC-OFI-0105600-2018 de 19 de septiembre de 2018 especificó que luego
de revisar los archivos de la planta central de empleados de la alcaldía y de los
archivos del personal contratado por prestación de servicios, no se encontró que la
actora gozara de algún tipo de vinculación con la entidad territorial. Lo que
igualmente certificó el secretario del interior y convivencia en el oficio AMC-OFI-
0133966-2018 de 22 de noviembre de 2018.
43. Sin embargo, esta última dependencia mediante oficio de 15 de septiembre
13 De ello también da cuenta la certificación signada el 21 de agosto de 2008 por el director del establecimiento
penitenciario y carcelario de Cartagena en la cual mencionó que el desempeño de funciones acaeció en virtud
del Convenio Interadministrativo Distrito-Inpec 1580 de 2000.
14 Notificados el 10 de septiembre de 2018 y 12 de octubre de 2018, respectivamente.
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de 2005, había certificado que la demandante trabajó como guardián del
establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena a partir de octubre de 2000,
de ahí que, la Sala estime necesario darle credibilidad a este documento, y en
respuesta dada por el director del archivo general la entidad territorial en Oficio
AMC-OFI-0151962-2024 de 31 de octubre de 2024 dio información respecto de
algunas órdenes de prestación de servicios cuyas copias se encuentran adjuntas
al expediente.
44. Así, sobre la prestación personal del servicio de la demandante, existen
en el proceso las órdenes de prestación de servicios 0141 de 1° de febrero de 2005,
632 de 18 de julio de 2005,138 de 27 de enero de 2006, 323 de agosto de 2006, 43
de 6 de febrero de 2007, 335 de 31 de mayo de 2007 y 734 de 10 de diciembre de
2007 que dan cuenta que la señora Gernis Patricia Díaz Sarmiento ejecutó
actividades de manera personal en el establecimiento penitenciario y carcelario La
Ternera como guardián durante los períodos comprendidos entre el 1° de febrero y
el 31 de julio de 2005, 18 de julio a 17 de diciembre de 2005, 9 de febrero a 9 de
agosto de 2006, 10 de agosto a 29 de diciembre de 2006, 6 de febrero a 5 de mayo
de 2007, 1° de junio a 31 de octubre de 2007 y de 10 a 31 de diciembre de 2007.
45. Igualmente, se encuentra documento del día 30 de enero de 2005, del
director, subdirector y del comandante de vigilancia del establecimiento
penitenciario y carcelario de Cartagena en el cual certificaron la prestación del
servicio de la demandante en la institución como guardiana durante el mes de enero
de dicha anualidad, «en cumplimiento a lo establecido en el convenio
interinstitucional INPEC-DISTRITO N° 1580 de 2000, de acuerdo a (sic) lo
establecido en la O.P.S., emitida por la Administración Distrital Secretaría del
Interior, Alcaldía Mayor de Cartagena»15.
46. Asimismo, se advierte que los señores Blas Darwim Salazar Valencia en
calidad de comandante de vigilancia y Antonio Martínez Madero actuando como
director del establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena en Oficio de 31
de octubre (no se especificó la anualidad) dirigido a la alcaldía de Cartagena,
expresaron lo siguiente:
«Que la señora GERNYS P DIAZ SARMIENTO identificado con CC […] de Cartagena
se desempeña como guardián en el establecimiento penitenciario y carcelario de
Cartagena: Funciones establecidas en el código penal y de procedimiento penal, en
su título IV: Administración de personal penitenciario y carcelario: en los Art. 44 al
Art. 49.
Art 44 de los Deberes
a) Observar una conducta digna.
b) Cooperar con la dirección en todo lo que atienda a la resocialización de los
reclusos.
15Folio 60 del archivo titulado «36_RECIBEMEMORIAL_35482015MEMORIALREMI_0_20241115135321061»,
índice 64 de Samai.
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c) Custodiar y vigilar constantemente en el centro penitenciario y carcelario, custodiar
las remisiones locales, diligencia judicial, hospitales, observando en todo caso la
vigilancia visual.
d) Requisar cuidadosamente a los detenidos conforme al reglamento.
e) Custodiar a los condenados o detenidos que trabajaban fuera del establecimiento.
f) Realizar entrenamiento que mejoren su capacidadfísico, participar en
entrenamiento que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros
de reclusión.
ART. 47: SERVICIO DE LOS GUARDIANES EN LOS PATIOS.
a) prestara sus servicios en los patios y pabellones de los centro de reclusión con
bastón de mando e impedirá la entrada de armamento cualquiera que sea categoría.
Las funciones anteriormente detalladas en el código penitenciario y carcelario (ley
65/93) son las realizadas diariamente en este establecimiento y que la señora
GERNYS P DIAZ SARMIENTO (h)a cumplido a cabalidad desde la fecha de su
ingreso en Enero 05 2001, realizando un curso de 03 meses dictado por funcionarios
instructores de la escuela ENRIQUE LOW MULTRA DE LA CIUDAD DE BOGOTA.
Comenzando labores 07 de marzo del 2001, hasta la fecha, lo anterior se puede
constatar en los libros de servicio que reposan en el comando de guardia.
[…]»16.(sic en la cita)
47. Igualmente, obra en el plenario certificación de 21 de agosto de 2008 del
director del establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena en la que se
indicó:
«Que la señora GERNIS DIAZ SARMIENTO […], laboró en este
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de
Cartagena, desde el día 10 de octubre de 2003 hasta el día 6 de noviembre
de 2007. Desempeñando el cargo de DRAGONEANTE DISTRITAL, mediante
convenio interadministrativo Distrito-Inpec Nro. 1580 de 2000».17 [Sin en la
cita].
48. Certificación suscrita el 18 de febrero de 2004 por el director de la cárcel
distrital de San Diego en la que se señaló «Que la señora GERNY (sic) PATRICIA
DIAZ SARMIENTO […] presta sus servicios en la Cárcel Sumarial la Ternera,
desempeñándose como guardiana, con un salario mensual de $644.640, vinculada
por contrato».18
49. Certificación firmada el 2 de enero de 2008 por el director del establecimiento
penitenciario y carcelario de Cartagena en la que puntualizó «Que la señora
GERNYS PATRICIA DIAZ SARMIENTO […], estuvo vinculada al EPMSCCAR
como guardiana, adscrita el cuerpo de custodia y vigilancia desde el 10 de octubre
de 2.003 hasta el 6 de noviembre de 2007 mediante convenio de hecho entre el
INPEC y la ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA, de quien recibió honorarios
16
Folios 61 y 62 del archivo titulado «36_RECIBEMEMORIAL_35482015MEMORIALREMI_0_20241115135321061», índice
64 de Samai.
17 Folio 13 del expediente
18 Folio 14, ibidem.
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y demás emolumentos durante los períodos mencionados. Durante el tiempo
referido observó buen desempeño en sus labores».19
50. Ahora bien, se aportó la certificación expedida el 15 de septiembre de 2005
por el secretario del interior y de convivencia de Cartagena en la que se consignó
que la accionante desempeñó sus funciones como guardián del establecimiento
penitenciario y carcelario de la entidad territorial a partir de octubre del 2000, en
virtud del convenio interadministrativo 1580 de 16 de noviembre de 2020,
documento al que no se le puede otorgar credibilidad, pues mal podría iniciarse un
vínculo contractual con fundamento en un convenio que para la fecha no existía.
Razón por la cual, la Sala no puede tener como fecha de inicio de la relación laboral
encubierta octubre de 2000.
51. En ese orden, tampoco se tendrá como extremos de la relación subyacente
el indicado en el certificado referido en el párrafo 46, pues los demás documentos
acompañados al proceso coinciden como fecha de inicio de la prestación de
servicios de la demandante desde el 10 de octubre de 2003 hasta el 6 de noviembre
de 2007, fecha última que se mantendrá incólume para no afectar al apelante único
que en este caso es la entidad demandada, pues quedó probado que laboró en el
mes de diciembre de 2007 en virtud del contrato 734 de 10 de diciembre de 2007.
52. Igualmente, dentro del proceso se prueba el elemento de la remuneración,
pues por la prestación personal del servicio se pactaron unos montos como
honorarios en las órdenes de prestación de servicios celebradas entre las partes,
de igual manera, con el certificado de 2 de enero de 2008 expedido por el director
del establecimiento penitenciario y carcelario se constata que la demandante
percibía una remuneración mensual por las labores desempeñadas.
53. En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la
continuada subordinación y dependencia, se recuerda que, la Sala ha afirmado
que «implica una superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien
se atribuye esta facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación
«más que una facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal,
por medio de las normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen
cualquier tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar
la correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de
carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar de
ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»20.
19 Folio 15, ibidem.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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54. En ese orden en el caso concreto, se tiene que la entidad recurrente
cuestiona la sentencia de primera instancia, dado que considera que en el asunto
bajo estudio no se encuentran acreditados los elementos de juicio suficientes que
demuestren que el servicio realizado por la actora en la cárcel La Ternera de
Cartagena fue bajo subordinación, por el contrario, lo que se presentó fue la
coordinación de actividades y si bien se estipuló horario de trabajo, hace parte de
la coordinación para poder cumplir el objeto contractual pactado.
55. Con las pruebas documentales se demuestra que la señora Gernis Patricia
Díaz Sarmiento celebró múltiples órdenes de prestación de servicios que tenían por
objeto la ejecución de labores como guardián en el establecimiento penitenciario y
carcelario La Ternera del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para
custodiar la población carcelaria de contraventores, mediante la imposición de
orden y disciplina interna, así como también, cumplir y hacer cumplir las normas y
reglamentos de los reclusos.
56. Entre las funciones contractuales se encontraban las siguientes: a) llevar el
libro de registro para el control de las visitas de los internos a las entradas y salidas;
b) realizar requisas a los visitantes de los internos y de los visitantes que lleguen al
penal; c) realizar vigilancia en los patios e instalaciones del penal durante el día y
la noche o realizar el control del personal en los patios e instalaciones del penal
durante el día y la noche; d) cerrar las celdas diariamente para dejar salarios a los
internos, vigilarlos y custodiarlos o cerrar las celdas y hacer recorridos de las
instalaciones del penal durante la noche; e) abrir las celdas diariamente para dejar
a los internos (as), cuando estos se exalten agotando el dialogo o abrir las celdas
diariamente para dejar salir a los reclusos, vigilarlos y custodiarlos; f) calmar los
ánimos de los internos (as), cuando estos de exalten agotando el dialogo y g) las
demás que tengan relación con el objeto principal de la orden de prestación de
servicios.
57. Así mismo, en el oficio de 31 de octubre sin año de expedición signado por
los señores Blas Darwim Salazar Valencia en calidad de comandante de vigilancia
y Antonio Martínez Madero actuando como director del establecimiento
penitenciario y carcelario de Cartagena, indicaron que la demandante ha cumplido
con las funciones establecidas en el Código Penitenciario o Carcelario desde el
momento de la incorporación al servicio como guardián, a saber: a) observar una
conducta digna; b) cooperar con la dirección en todo lo que atienda a la
resocialización de los reclusos; c) custodiar y vigilar constantemente en el centro
penitenciario y carcelario, custodiar las remisiones locales, diligencia judicial,
hospitales, observando en todo caso la vigilancia visual; d) requisar
cuidadosamente a los detenidos conforme al reglamento; e) custodiar a los
condenados o detenidos que trabajaban fuera del establecimiento; f) realizar
entrenamiento que mejore su capacidad físico, participar en entrenamiento que se
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programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión 21 y g)
prestar servicios en los patios y pabellones de los centros de reclusión con bastón
de mando e impedir la entrada de armamento cualquiera que sea la categoría22.
58. De acuerdo con las actividades pactadas y las funciones establecidas en el
Código Penitenciario y Carcelario, se tiene que su labor se circunscribió al cuidado
y custodia de personas privadas de la libertad en el establecimiento penitenciario
en el que ejecutaba las órdenes de prestación de servicios.
59. No es posible deducir que se trataba de la coordinación de actividades entre
la contratista y el beneficiario del Convenio Interadministrativo 1580 de 16 de
noviembre de 2000, toda vez que las labores exigían brindar servicios de seguridad
de forma permanente y continuada, es decir, garantizar los servicios de vigilancia y
custodia de las personas que ingresaban al centro penitenciario y de los reclusos,
realizar el control del personal que se encontrara en los pabellones, celdas, patios
e instalaciones del establecimiento de reclusión, dejar constancia en un libro diario
de las entradas y salidas de los reclusos junto a las novedades que se presentaren
en el turno; todas ellas denotan la falta de autonomía en su ejecución y conllevan
la presunción de subordinación por la naturaleza de la labor.
60. En sentencia T-195/15 de 17 de abril de 2015 la Corte Constitucional23
señaló que «la población privada de la libertad se encuentra en una relación de
especial sujeción con el Estado, y el ejercicio de algunos de sus derechos depende
de la adecuada provisión del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, precisamente porque
es el órgano encargado de brindar seguridad, cuidar y permitir el desplazamiento
dentro y fuera de los establecimientos de reclusión», por ello, el Estado adquiere la
posición de garante frente a los reclusos y dentro del personal que integra el
Sistema Penitencia y Carcelario los guardianes adquieren una relevancia en la
medida que son los encargados de garantizar el la protección y cuidado de los
reclusos dentro y fuera de sus sitios de reclusión, por tal razón, el realizar la
vigilancia de los patios e instalaciones de la cárcel, calmar los ánimos de los
internos cuando estuvieren exaltados, requisar a los visitantes del penal y de los
detenidos e impedir el ingreso de armamento actividades que, además de ser
permanentes, acorde con las reglas de la sana crítica, no se pueden ejercer con
independencia, escenario que exige le continua necesidad de la prestación del
servicio contratado y son parte del giro ordinario de del establecimiento
penitenciario y carcelario La Ternera de Cartagena.
61. También, del contenido de los documentos relativos al memorando 036 de
13 de agosto de 2007 firmado por el comandante de remisiones del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario del establecimiento penitenciario y carcelario
de Cartagena con destino al director general del Inpec, y el oficio de 14 de agosto
21 Las funciones de que tratan los literales A hasta F fueron preceptuadas en el artículo 44 del Código
Penitenciario y Carcelario.
22 Esta función se consagró en el artículo 47 del Código Penitenciario y Carcelario.
23 MP María Victoria Calle Correa.
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de 2007 signado por el comandante vigilancia del establecimiento penitenciario y
carcelario de Cartagena, se evidencia que la demandante en el ejercicio de sus
funciones estuvo sometida a la imposición de tiempos, modo y lugar de la
prestación de sus servicios, pues, en los citados documentos se informó al director
general del Inpec y al director de la cárcel la ausencia de la señora Díaz Sarmiento
al sitio de trabajo sin un permiso autorizado con el objeto de que tomaran los
correctivos pertinentes; aspecto que denota el ejercicio por funcionarios de la
institución del -ius variandi-, lo que anula cualquier atisbo de autonomía e
independencia en la realización de las actividades que le fueron encomendadas,
de ahí que, en el presente caso se probó el elemento de la subordinación, pues la
actividad desarrollada por la demandante no es de aquellas que puedan ejecutarse
de manera autónoma y libre.
62. Por lo tanto, se considera que se acreditaron los elementos de la relación
laboral, siendo pertinente determinar si las actividades o tareas a desarrollar
correspondieron a las que tenían asignadas los servidores de planta.
63. En ese sentido, se tiene el Oficio de 28 de mayo de 2012 emanado del
director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de
Cartagena en el que precisó que las funciones de los guardianes distritales
adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a través de órdenes de
prestación de servicios no tenían ninguna diferencia con las labores ejecutadas por
éstos y los dragoneantes adscritos al sistema de carrera administrativa de la
autoridad administrativa.
64. De todos modos, para la celebración de las órdenes de prestación de
servicios 0141 de 1° de febrero de 2005, 632 de 18 de julio de 2005, 138 de 27 de
enero de 2006, 323 de agosto de 2006, 43 de 6 de febrero de 2007, 335 de 31 de
mayo de 2007 el director de la dirección de talento humano de la entidad territorial
certificó que «revisada la planta global de personal vigente en la alcaldía mayor de
Cartagena de Indias, se constató que no existe personal suficiente para cubrir las
necesidades de apoyo a los siguientes procesos desarrollados en el
establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena, conforme al proyecto
asistencia integral de internos (as) contraventores del Distrito de Cartagena».
65. En ese orden, si bien se declaró la existencia de una relación laboral
encubierta, ello no implica que la demandante obtenga la categoría de empleado
público, pues no median los componentes necesarios para la existencia una
relación legal o reglamentaria en los términos del artículo 122 de la Carta Política.
66. Será el ente territorial el responsable de la condena, pues el Decreto 1817
de 1964 determina que le corresponde a los departamentos, intendencias,
comisarías y distritos, la creación, organización, dirección, administración,
sostenimiento y vigilancia de las colonias agrícolas para la ejecución de las
sentencias condenatorias dictadas en procesos por conductas antisociales, bajo la
supervigilancia del Ministerio de Justicia.
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67. De la misma manera, la Ley 65 de 1993 estipula que los entes territoriales
pueden crear, fusionar o suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas que
implique la privación de la libertad, así como de las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad, por orden de autoridad policiva. En ese sentido, en los presupuestos
municipales y departamentales se deben incluir las partidas necesarias para los
gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, alimentación, vigilancia, entre
otros.
2.7. Análisis de la Sala frente al cuarto problema jurídico
68. Una vez comprobada la existencia de la relación laboral encubierta entre la
contratista y la entidad pública, corresponde determinar si esta fue objeto o no de
interrupción.
69. Se tiene que el lapso comprendido entre el 10 de octubre de 2003 y el 6 de
noviembre de 2007 la prestación del servicio fue continua y no hubo interrupciones
superiores a 30 días hábiles, por lo que no hay lugar a declarar la existencia de
solución de la continuidad en el servicio.
70. Así entonces, como el extremo final del vínculo contractual entre las partes
se dio el 6 de noviembre de 2007, la demandante presentó reclamación ante la
entidad el 5 de octubre de 200924, interrumpiendo una sola vez el término trienal de
prescripción; la demanda fue radicada el 27 de enero de 201125; es decir antes de
que transcurrieran 3 años desde la reclamación, de forma que no se configuró el
fenómeno de la prescripción de los emolumentos prestacionales a los que tiene
derecho.
2.8. Análisis de la Sala frente al quinto problema jurídico
71. Una vez constatada la relación laboral encubierta entre las partes, se genera
el derecho a la indemnización con el reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir por la demandante del orden territorial, pues disponer que se
haga con lo que devenga un empleado de planta, ocasiona serias dificultades de
ejecución y genera incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta
claro quién debe definir, ni bajo qué criterios cuál sería el servidor público con el
que debe equipararse el contratista y, si tal determinación se delega a la entidad
demandada, surgen inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir
al contrato y, a partir de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál
servidor cumplía funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al
perfil profesional del demandante?, ¿Deberá tener en cuenta únicamente la
24 Folio 10 del expediente.
25 Folio 40, ibidem.
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formación del beneficiario de la orden, su experiencia, o solo el monto de los
honorarios que devengaba?
Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación e incluso de existir el cargo en planta,
subsiste el problema de que quienes acceden a esos cargos no lo hacen mediante
concurso de mérito ni están sometidos al mismo régimen de responsabilidad penal,
fiscal y disciplinaria. En esas condiciones, cualquier decisión en ese sentido
devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.
Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia
se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se
superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la
entidad. En este punto, es pertinente advertir que ni siquiera en aquellos eventos
en que se persigue la nivelación salarial este es un ejercicio posible pues, aunque
la parte cumpla algunas funciones similares a las de un cargo de igual jerarquía,
ello no implica que haya identidad total entre ambos para que sea procedente, ya
que para reconocerla es necesario probar el cumplimiento total de las funciones del
cargo frente al cual se reclama la nivelación.
Respecto de la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega el
desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de una entidad,
pero con menor salario al de su par, esta Subsección ha desarrollado jurisprudencia
sobre las condiciones de procedencia de las pretensiones, al indicar14:
«(…) Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la
función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se
remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las
mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación
y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El
incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias
desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de
hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra,
ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos (…)» (negrilla de la Sala).
En materia de pruebas, en la misma providencia se expresó:
«(…) Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de
una diferencia en su remuneración porque considera que las funciones y
demás condiciones que cumple resultan asimilables a las de otro empleo
cuya asignación es mayor, debe acreditar necesariamente que existe un
criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si se presenta un
trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se comprueba
fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable:
a) cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades
que las de la plaza comparada, b) contaba con idéntica preparación
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o perfil al de un funcionario que ocupa el cargo contrastado, y c)
acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el
empleo cotejado»
La Corte Constitucional también ha precisado:15
«(…) En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera
arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a
algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”.
Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada
obedece a criterios objetivos y no meramente formales,
aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero
admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial,
ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales
ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se
reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma
labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando
(v) las responsabilidades son iguales. (…)» (Negrilla de la Sala).
Para la Sala, es claro, que si tratándose de relaciones laborales regulares, esto es
cuando los servidores de los que se predica la igualdad fueron vinculados mediante
nombramientos presumidos de legalidad es tan riguroso el análisis de los requisitos
de la igualdad, mucha más dificultad se presenta cuando uno de ellos está
vinculado mediante contrato de prestación de servicio.
Ahora, una situación diferente se presentaría, si en cada caso el juez realizara el
análisis que propone la sentencia citada y encuentra las equivalencias a que se
refiere dicha sentencia, pero es claro que en este caso y en los que se vienen
fallando, ese análisis se deja en manos de la entidad y con esa situación, considera
la Sala que las sentencias que se están profiriendo no solucionan definitivamente
el conflicto y lejos están de prestar mérito ejecutivo para hacerse efectivas, veamos:
El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer. De manera más
contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de incumplimiento, pueda
ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un proceso ejecutivo, el cual
está concebido para hacer efectivo de manera breve y sumaria un derecho ya
declarado y definido; no para determinar o encontrar este derecho.
Considera la Sala que decisiones como la que hoy se revisa no solo, son
inejecutables, sino que, en lugar de solucionar el conflicto, generan otro debate que
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es ajeno al proceso ejecutivo, como es el de probar con posterioridad a la sentencia
estos asuntos que debieron definirse en ella. Podríamos decir que se están
dictando sentencias incompletas, para que sea la administración la que las
complete y sin darle elementos claros de cómo hacerlo, porque eso corresponde al
Juez.
Como se dijo esto genera falta de claridad en la sentencia, y ello genera para la
administración muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de
no ser compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo
y solicitar el mandamiento de pago, obligando a realizar en la demanda el análisis
de a cuál cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario
para completar la sentencia.
Este tipo de decisiones además comporta otra dificultad, y es que no hay forma de
saber si se está fallando infra petita perjudicando al trabajador, porque no hay
posibilidad de comparar entre los honorarios y el salario al cual se equipara;
dificultad que se traslada al recurso de apelación, porque si hay apelante único no
es posible saber si adoptando una u otra forma de liquidación, cual podría ser más
desfavorable a ese apelante único.
En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo a
la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la Sala
modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y
preste verdadero mérito ejecutivo teniendo en cuenta los honorarios pactados y
liquidará la condena de manera concreta. Dichos honorarios constituirán la base
para calcular las prestaciones sociales a que haya lugar conforme lo dispuesto en
los Decretos 1042 y 1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional aplicable a
los empleados públicos.
Estas, corresponden a aquellas a cargo del empleador y a las que tiene derecho un
servidor público vinculado a una entidad pública del orden territorial, por ser la
demandada de tal orden, según las exigencias previstas en las normas antes
citadas, es decir, las vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
cesantías, intereses a las cesantías, subsidio de alimentación y la prima de
servicios de que trata el Decreto 2531 de 2014, a partir de 2015.
72. Sin embargo, no se reconocerá la prima de servicios por cuanto este derecho
se concedió a los empleados públicos territoriales a partir del 1 de enero de 2015,
mediante el Decreto 2351 de 2014, época posterior a la relación laboral encubierta
aquí probada.
73. Lo que igualmente ocurre con la bonificación por servicios prestados, que se
otorgó a través del Decreto 2418 de 2015 a los empleados públicos del nivel
territorial a partir del 1 de enero de 2016.
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74. La liquidación de las prestaciones se hará con fundamento en los honorarios
pactados, pero como en el expediente no obra prueba del monto devengado en
2003, a la cifra percibida en el año 2004, se le descontará el IPC de este, para así
obtener un valor acorde con la realidad del proceso del 2003.
75. En ese sentido como en el año 2004 la demandante devengó $644.640, a
este monto se le resta el IPC de este año (7.83%) arrojando como resultado la suma
de $594.358 que será la tenida en cuenta por concepto de honorarios del año 2003
para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales.
76. Por ello se reconocerá el auxilio de transporte debido a que no se cumplen los
requisitos establecidos en la Ley 15 de 1959 y los Decretos 3771 de 2003, 4361 de 2004,
4726 de 2005, 4581 de 2006 y 4966 de 2007, a través de los cuales se fijó el monto del
auxilio de transporte en los años en que la demandante estuvo vinculada, para las personas
que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
77. Asimismo, se reconocerá el subsidio auxilio de alimentación, pues
conforme con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 serán acreedores de este, aquellos
empleados que no tuvieron una asignación básica que haya superado los dos salarios
mínimos mensuales legales vigentes, evento en el que se encuentra la demandante.
78.
Respecto al subsidio familiar, el artículo 20 de la Ley 21 de 1982 enuncia que
tienen derecho a este en dinero, especie y servicio, los trabajadores cuya remuneración
mensual fija o variable no sobrepase el límite de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($
34.200.00) o la suma que equivalga a cuatro veces el salario mínimo legal, en proporción
al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas
económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la
sociedad. En ese orden, la parte demandante no acreditó tener personas a su cargo razón
por la cual, no se concederá esta prestación.
79. Sobre la prestación de calzado y vestido de labor, se tiene que la demandante
también satisface el presupuesto exigido por la Ley 70 de 1988 para acceder a ella,
(devengar menos de dos salarios mínimos legales mensuales) además, de tener una
antigüedad mayor a tres meses. Su reconocimiento deberá realizarse en dinero por
haberse producido el retiro del servicio, a título de indemnización por cada año de servicio,
teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al
momento de la adquisición de la dotación. Razón por la cual, se reconocerá a la
demandante este concepto por el tiempo de acreditación de la relación laboral encubierta.
Liquidación de prestaciones sociales:
LIQUIDADO
Desde IPC IPC AUXILIO AUXILIO
# HONORARI AUXILIO
# meses AUXILIO DE DE
Dias O PROMED. DE
FINA complpo DE TRANSPT. ALIMENT
Año INICIAL por MENSUAL ALIMEN
L r año TRANSPT. INDEXAD INDEXAD
año POR AÑO T
O O
2003 151,5 53,07 81 2,8 594.358,00 37.500 107.052 28.805 82.230
2004 151,5 55,99 365 12 644.640 41.600 112.563 30.675 83.002
2005 151,5 58,70 365 12 700.000 44.500 114.851 32.363 83.526
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2006 151,5 60,73 180 6 700.000 47.700 118.995 33.982 84.773
2006 151,5 61,33 180 6 751.073 47.700 117.831 33.982 83.944
2007 151,5 64,82 306 10 750.000 50.800 118.732 35.512 83.000
SUBTOTAL $690.024 $500.475
INTERES PRIMA DE PRIMA DE
CESANTIA VACACIONES
SOBRE LA PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE VACACIONES
CESANTIA VACACIONES
CESANTIA NAVIDAD VACACION
INDEXADA
INDEXADA INDEXADA INDEXADA INDEXADA
137.752 393.242 10.618 140.129 400.028 74.325 212.176 74.325 212.176
741.325 2.005.908 244.052 674.926 1.826.243 363.436 983.400 363.436 983.400
804.913 2.077.417 252.752 732.819 1.891.347 393.826 1.016.434 393.826 1.016.434
373.065 930.666 55.840 358.143 893.440 195.421 487.505 195.421 487.505
400.220 988.640 59.318 384.211 949.095 208.189 514.277 208.189 514.277
708.696 1.656.393 168.952 649.683 1.518.466 355.433 830.732 355.433 830.732
SUBTOTAL $8.052.266 $791.532 $7.478.619 $4.044.524 $4.044.524
TOTAL $25.601.964
80. No obstante, sobre los aportes a seguridad social en salud y pensiones el
juez explicó que se ordenaría el pago de los porcentajes de cotización
correspondientes derivados del vínculo laboral que existió entre las partes, en ese
sentido, ordenó el pago de dichos aportes en los lapsos de reconocimiento de la
relación laboral a las entidades de seguridad social en su debida proporción.
81. De conformidad con las reglas plasmadas en la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, aunque se le haya reconocido una relación laboral a la
contratista, no procede la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud
que sufragó bajo el régimen contractual.
82. Y la sentencia SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 sobre los
porcentajes a cotización pensional precisó la imprescriptibilidad los aportes
pensionales, por lo tanto, la Administración deberá determinar mes a mes si existe
diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el
contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador26.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Expediente: 23001-23-33-
000-2013-00260-01 (0088-15)
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83. Ahora, si bien el a quo ordenó el pago de las cotizaciones pensionales, lo
procedente era que: i) la entidad demandada determinara si se presenta alguna
diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el
contratista, y cotizara al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, y ii) el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar
o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
84. Lo atinente a la seguridad social en salud como se trata de cubrir
contingencias pasadas y no se probó alguna no hay lugar al reconocimiento de
estos aportes.
85. Si bien estos aspectos no fueron objeto de reproches en el recurso de
apelación, lo cierto es que el ad quem puede verificarlo, ya que, está dentro de la
órbita de discusión de la declaratoria de la existencia de la relación laboral
subyacente y el restablecimiento del derecho, igualmente, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 328 del Código General del Proceso, el juez de
segundo grado no puede mantener reconocimientos irregulares.
86. En consecuencia, se modificará el numeral tercero del fallo en el sentido de
ajustar el pago de las cotizaciones pensionales a la luz de la sentencia de
unificación SUJ2 CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2006 y se confirmará en los
otros puntos la decisión recurrida.
2.9. Condena en costas
87. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
88. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
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89. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
90. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia
a la parte vencida, es decir, a la demandada. Para el efecto, conforme con el artículo
366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 30 de septiembre
de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda radicada por la señora
Gernis Patricia Díaz Sarmiento contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, el cual quedará así:
«TERCERO: Condenar consecuencialmente, al Distrito de Cartagena de
Indias, a reconocer y pagar a favor de la actora señora Gernis Patricia Díaz
Sarmiento, por concepto de prestaciones sociales la suma equivalente a
Veinticinco Millones Seiscientos un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos
($25.601.964) liquidada de conformidad a los honorarios pactados, por el
periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2003 y el 6 de noviembre de
2007; así como la dotación de calzado y vestido de labor; por lo dicho en la
motivación.
Así mismo, ordenar a la entidad demandada tomar el ingreso base de
cotización pensional a efectos de determinar, mes a mes, si existe diferencia
entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista,
y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, la demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador.
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Demandante: Gernis Patricia Díaz Sarmiento
Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo
60 de la Ley 446 de 1998.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada.
CUARTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y
efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA
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