Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-01189-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-01189-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-01189-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01189-02 (0355-2026)
Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional Cartagena
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1: juez y
magistrado. Reiteración jurisprudencial. Subtema 2: prescripción. Subtema 3. Integración de
la proposición jurídica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la entidad demandada, contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 12 de mayo de 2025,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La actora, quien se desempeñó en los cargos de juez y magistrada, solicita el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, como un emolumento mensual adicional al salario básico, y la
reliquidación de sus prestaciones sociales. El Tribunal accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Inconformes con esta decisión, ambas partes
interpusieron recurso de apelación. La entidad demandada solicita la revocatoria del
fallo, al considerar que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de dicha
prima y que, además, no existe disponibilidad presupuestal para su pago. Por su parte,
la actora sostiene que no operó el fenómeno de la prescripción.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Betty Fortich Pérez, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01189-02 (0355-2026)
Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 10 de mayo
de 2016, con las siguientes pretensiones1:
2.1.1. Pretensiones
2. La accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 832 del 30 de
junio de 2015, dictada por el director ejecutivo de Administración Judicial y del acto
ficto negativo que se configuró por la falta de respuesta al recurso de apelación
presentado contra la referida resolución. Además, reclamó que se inapliquen los
decretos salariales dictados por el Gobierno nacional desde el año 2008.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió la reliquidación de todas las
prestaciones sociales (prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones,
vacaciones, bonificación por servicios prestados y cesantías parciales), causadas
durante los años 1993 a 2007 y 2008 a 2014, teniendo en cuenta la prima especial de
servicios como factor salarial.
4. Además, solicitó que los valores adeudados por concepto de la reliquidación de
las prestaciones sociales sean indexados con el IPC y que la sentencia se cumpla en
los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA.
2.1.2. Hechos
5. La demandante prestó sus servicios como juez desde el 30 de agosto de 1985
y en el empleo de magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, entre los años 1993
a 2014, según consta en el certificado expedido por la Dirección de Administración
Judicial.
6. Relató que los decretos dictados por el presidente de la República para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial, desde
1993 a 2010, determinaban que la prima especial de servicios no tenía carácter
salarial. Por lo tanto, la Rama Judicial desde 1993 a 2014, no incluyó como factor
salarial el porcentaje de la prima especial.
7. Toda vez que la entidad accionada tomó el 30 % del salario básico mensual
como prima no constitutiva de factor salarial, la consecuencia fue la reducción del
salario básico mensual, por lo tanto, ese 30 % no se tuvo en cuenta para liquidar las
prestaciones sociales.
8. Para la demandante, el Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de abril de
1 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 1,
cuaderno principal, págs. 2 a 12.
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Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2014, declaró la nulidad parcial de los decretos reglamentarios de los años 1993 a
2007, solo en cuanto a los artículos en los cuales se establecía que «la prima especial
de servicios no constituía salario». Agregó que los decretos expedidos desde el año
2008 también son inconstitucionales y deben ser inaplicados.
9. El 27 de octubre de 2014, la actora solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial la reliquidación de las prestaciones sociales para que se
incluyera la prima especial de servicios como factor salarial; sin embargo, la
Resolución 832 de 2015 negó la petición, por lo tanto, interpuso recurso de apelación,
pero no obtuvo respuesta.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. La demandante citó las siguientes normas violadas: el artículo 53 de la
Constitución Política, y las leyes 4 de 1992, 270 de 1996 y 1437 de 2011.
11. Expuso como concepto de violación, que el Gobierno nacional excedió su
potestad reglamentaria al presentar como prima especial un valor equivalente al 30 %
del sueldo básico que, en la práctica, fue despojado de efectos salariales, con lo cual
se redujo la base de liquidación de las prestaciones sociales.
12. Afirmó, además, que la Ley 4 de 1992, dictada en desarrollo del artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, fijó criterios para la regulación del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y prohibió desmejorar sus
salarios y prestaciones. Finalmente, señaló que, conforme al entendimiento
constitucional de las primas, estas deben representar un incremento en la
remuneración y no una disminución o desmejora de las condiciones laborales.
2.2. Contestación de la demanda
13. El apoderado de la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda.
14. Señaló que en la Rama Judicial coexisten, desde el 1.º de enero de 1993, dos
regímenes salariales y prestacionales: el ordinario o de los no acogidos, aplicable a
quienes estaban vinculados con anterioridad a esa fecha y optaron por conservar el
régimen anterior, y el de los acogidos, que cobija a quienes decidieron someterse a
las nuevas disposiciones salariales o se vincularon con posterioridad.
15. Con fundamento en ello, afirmó que la demandante pertenece al régimen de los
acogidos. Agregó que, para los jueces sometidos a ese régimen, la remuneración
mensual está integrada por la asignación básica, la prima especial y, desde 2013, la
bonificación judicial; sin embargo, precisó que la prima especial carece de naturaleza
salarial, salvo para aportes a pensión desde 1996. En ese sentido, invocó el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 y la sentencia C-279 de 1996 de la Corte Constitucional para
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Demandante: Betty Fortich Pérez
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sostener que dicho 30 % no constituye factor salarial y, por tanto, no debe incluirse en
la liquidación de prestaciones como primas, vacaciones, cesantías y bonificación por
servicios prestados.
16. Sostuvo que la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de
Estado dentro del proceso de simple nulidad contra los decretos salariales de la Rama
Judicial expedidos entre 1993 y 2007, únicamente anuló los apartes que regulaban la
prima especial como un componente que, en la práctica, desmejoraba la remuneración
de los servidores beneficiarios, por contrariar los criterios de la Ley 4 de 1992. Precisó
que dicho fallo no se pronunció sobre los decretos posteriores, esto es, los expedidos
entre 2008 y 2014, ni tampoco desvirtuó el carácter no salarial de la prima especial
previsto en el artículo 14 de esa ley.
17. Agregó que la nulidad declarada no obedeció a que la prima especial tuviera
naturaleza salarial, sino a que la forma en que fue regulada por el Gobierno implicó
una merma injustificada del salario de los funcionarios. En ese sentido, afirmó que el
carácter no salarial de la prima especial no fue objeto de controversia en esa decisión,
pues dicho aspecto ya había sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-279 de 1996. Por ello, concluyó que la prima especial no constituye factor salarial.
18. Propuso las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario,
ausencia de causa petendi y prescripción2.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia dictada el 12 de mayo
de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas. En efecto, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 832 proferida el 30 de junio de
2015 por la demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva De
Administración Judicial de Cartagena y del acto administrativo ficto o presunto negativo
que confirmó el anterior, por no resolver el recurso de apelación interpuesto contra el
primer acto, mediante el cual negó el derecho de la demandante al reconocimiento,
reliquidación e inclusión de la prima especial del 30% y pago de diferencias salariales
y prestaciones sociales, y se inapliquen los decretos de 2008 en adelante porque
niegan ese carácter salarial.
SEGUNDO: CONDENAR, en consecuencia, a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer, liquidar y pagar, retroactivamente, a
la Dra. Betty Fortich Pérez identificada con cédula de ciudadanía No. 9.265.612, desde
el día veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011) en adelante, hasta cuando se
haya incluido tal derecho, prima especial, en su salario y prestaciones y se haya
2 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 1,
cuaderno principal, págs. 153 a 173.
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Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
desempeñado como juez de la República, las diferencias salariales existentes entre las
sumas devengadas y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales.
TERCERO: ORDENAR que se hagan los descuentos de ley a la parte demandante,
respecto de las sumas que reciba tras la reliquidación que dispuso por esta Sala,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, en forma
parcial, a partir del día veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011) hacia atrás,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Por
consiguiente, las sumas causadas con anterioridad a dicha fecha se encuentran
prescritas.
QUINTO: DECLARAR NO PROBADA ninguna otra excepción propuesta por la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte demandada al pago de costas
procesales a favor de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
20. Como fundamento de la decisión, el a quo consideró que la actora laboró en la
Rama Judicial como juez y magistrada de Tribunal desde el año 1993 a 2007 y de
2008 a 2014, y que tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios
como una adición del salario básico, así como a la reliquidación de las prestaciones
sociales «con el 100 % del salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial».
21. Explicó que el Gobierno nacional, al expedir los decretos anuales salariales de
la Rama Judicial, hizo una interpretación equivocada por la cual despojó de efectos
salariales el 30 % del sueldo básico, lo que condujo a la disminución de las
prestaciones sociales. Esto en tanto, según el fallo del 2 de septiembre de 2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala de Conjueces, la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico, por tanto, los beneficiarios tienen
derecho al pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor, al
reconocimiento de la prima como un incremento y a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 30 % que había sido excluido.
22. En cuanto a la prescripción, explicó que el referido fallo del 2 de septiembre de
2019 determinó que para la contabilización de la prescripción se tiene en cuenta la
fecha de la reclamación administrativa, por lo tanto, como la reclamación se presentó
el 27 de octubre de 2014, operó la prescripción de los derechos causados antes del
27 de octubre de 20113.
3 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2., doc. 017,
sentencia de primera instancia.
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Demandante: Betty Fortich Pérez
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2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte actora
23. La parte actora interpuso apelación adhesiva únicamente contra el aparte de la
sentencia que declaró la prescripción trienal y, por ello, negó parcialmente el reajuste
y pago del 30 % de salarios y prestaciones sociales reclamados en la demanda. En
este sentido, sostuvo que el proceso pretende la reliquidación de salarios y
prestaciones entre 1993 y 1998, porque dicho 30 % fue descontado ilegalmente del
salario básico para sufragar la prima especial, cuando conforme al artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, esa prima debía ser adicional al salario y no parte de él.
24. Afirmó que el derecho al reajuste salarial y prestacional solo se hizo plenamente
exigible a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014, que retiró del
ordenamiento los decretos que contrariaban la Ley 4 de 1992, razón por la cual no
podían declararse prescritos los derechos laborales salariales y prestacionales
causados entre 1993 y 1998.
25. Por otra parte, señaló que si se admitiera la tesis de la prescripción trienal, el
término solo podía comenzar a correr desde la ejecutoria del fallo del 29 de abril de
2014, pues solo entonces revivió efectivamente el derecho a reclamar el 30 % de
salarios y prestaciones. Incluso agregó que tratándose de prestaciones periódicas, el
CPACA permite reclamarlas en cualquier tiempo. Con base en todo lo anterior, solicita
modificar la condena para que se ordene el reajuste del 30 % de salarios y
prestaciones entre enero de 1993 y diciembre de 1998, con indexación e intereses, y
condenar en costas a la demandada4.
2.4.2. Parte demandada
26. La Rama Judicial interpuso recurso de apelación para señalar que la decisión
del a quo no tuvo en cuenta que los ingresos de los magistrados de Tribunal no pueden
sobrepasar los topes del Decreto 610 de 1998. En otras palabras, «el 80% de la
bonificación por compensación para los magistrados y cargos homólogos es un límite
que no puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios».
27. Según la entidad, no hay lugar al reconocimiento de la prima especial de
servicios, porque desde la vigencia del Decreto 610 de 1998 ya se estableció una
nivelación salarial, a través de la bonificación por compensación.
28. Por último, planteó la imposibilidad presupuestal de cumplir la condena respecto
4 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2., doc. 022,
recursoapelaciondte.
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de los valores causados antes del 1° de enero de 2021. Indicó que el Decreto 272 de
2021 estableció la prima especial del 30 % como adicional al salario básico; sin
embargo, precisó que dicho decreto solo tuvo efectos fiscales desde el 1° de enero de
2021. En consecuencia, aunque la prima empezó a pagarse por nómina desde 2021,
afirmó que no es viable pagar los valores retroactivos anteriores, porque no existe
apropiación presupuestal suficiente asignada por el Ministerio de Hacienda. Añadió
que asumir esas obligaciones sin disponibilidad presupuestal vulneraría las reglas del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, por lo que la entidad insiste en que no puede pagar
las sumas ordenadas en la sentencia5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 3 de febrero de 2026, el despacho ponente admitió los
recursos de apelación, y dispuso que el proceso ingresara al despacho para dictar
sentencia6.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde
decidir el presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso
primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Cuestión previa
31. En el presente caso, la actora solo pidió la nulidad de la Resolución 832 del 30 de
junio de 2015 y del acto ficto que se configuró porque la entidad no respondió el recurso
de apelación, según consta en la demanda presentada el 10 de mayo de 2016. Sin
embargo, el director ejecutivo de administración judicial resolvió el recurso de
apelación, a través de la Resolución 5335 del 5 de agosto de 2016.
32. Ahora bien, en el sub judice, el auto admisorio de la demanda fue dictado el 27 de
noviembre de 20237, por consiguiente, acorde con el criterio de la Subsección
contenido en la sentencia del 3 de julio de 20258, procede integrar la Resolución 5335
5 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 020
recursoapelacionddo.
6 Samai, índice 4.
7 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 007.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 66001-23-33-000-2019-00680-01
(1991-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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del 5 de agosto de 2016 a la cuestión debatida, toda vez que fue proferida antes de la
expedición y notificación del admisorio.
33. Sobre el particular debe decirse que el artículo 163 del CPACA dispone que
«cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar
con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se
entenderán demandados los actos que los resolvieron». En este orden de ideas,
procede integrar la proposición jurídica completa con la Resolución 5335 del 5 de
agosto de 2016, que resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución 832 del
30 de junio de 2015.
3.3. Problema jurídico
34. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
3289 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
¿La actora no tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios porque
la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 ya había previsto la
nivelación salarial establecida por la Ley 4 de 1992, por tanto, se desbordaría el tope
del 80 %?
¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un argumento
válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias salariales y
prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %, aun
cuando la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición del sueldo?
¿No operó la prescripción parcial del derecho al reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales por el pago del 30 % de prima especial de servicios?
35. Para resolver los interrogantes se realizarán algunas consideraciones sobre la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos
proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, se
destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverá el problema planteado.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.4. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.
3.4.1. El régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial y la prima especial
de servicios
36. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
37. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199310 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…]
38. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de
determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de
dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de
jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones11, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
10 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
11 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
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Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
39. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».
40. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias
jurídicas»12.
41. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de
2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama
Judicial, de la justicia penal militar y de la Procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»13.
42. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-
00(121-03).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
00(1831-07).
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01189-02 (0355-2026)
Demandante: Betty Fortich Pérez
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servidores».
43. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014 declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»14. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 15.
44. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»16.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-
00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
15 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).
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1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
3.5. Hechos probados
45. Según la constancia del 17 de octubre de 2014, expedida por el coordinador de
asuntos laborales del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de la Rama
Judicial de Bolívar, la señora Betty del Rosario Fortich Pérez prestó sus servicios en
la Rama Judicial desde el 30 de agosto de 1985, en propiedad, y para la fecha de
expedición del certificado, desempeñaba el cargo de magistrada de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cartagena17.
46. Acorde con el certificado laboral del 17 de junio de 2015, firmado por el coordinador
de asuntos laborales del área de talento humano de la Dirección Seccional de la Rama
Judicial de Bolívar, la señora Betty del Rosario Fortich Pérez fue vinculada desde el
30 de agosto de 1985 hasta el 31 de diciembre de 2014. Este documento informa los
salarios pagados desde el año 1993 a 2014, con la inclusión de los siguientes
17 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 01, pág.
31.
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Demandante: Betty Fortich Pérez
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emolumentos: prima especial, bonificación por compensación, gastos de
representación, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de
vacaciones y prima de servicios18.
47. El certificado laboral del 17 de junio de 2016, de Talento Humano de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bolívar indica que la actora ingresó a la Rama
Judicial el 30 de agosto de 1985 y desempeñó los siguientes cargos19:
Cargo Fecha inicio Fecha fin
Juez Municipal 30/08/1985 19/10/1989
Juez Circuito 20/10/1989 31/05/1996
Magistrado Tribunal 01/06/1996 31/12/2003
Magistrado Tribunal 01/01/2004 31/12/2014
48. El 27 de octubre de 2014, la señora Betty Fortich Pérez presentó una reclamación
administrativa ante el director seccional de Administración Judicial de Bolívar con
fundamento en que la entidad le había reconocido las prestaciones durante los años
1993 a 2014, sin incluir como factor salarial el 30 % que le correspondía por la prima
especial de servicios. Relató que la sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la
nulidad parcial de los decretos salariales de los años 1993 a 2007, en cuanto a los
artículos que señalaban que la prima especial de servicios del 30 % no era factor
salarial. Por consiguiente, la peticionaria reclamó la reliquidación del sueldo básico
desde 1993 a 2014, así como de las prestaciones sociales20.
49. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, mediante la
Resolución 832 del 30 de junio de 2015, negó el reconocimiento de las diferencias
salariales y el pago de prestaciones sociales. Explicó que, si bien la sentencia del 29
de abril de 2014 declaró la nulidad parcial de los decretos salariales de 1993 a 2007,
la Dirección no era competente para incluir un rubro destinado al incremento salarial
de los empleados públicos, ya que dicha atribución le correspondía al Gobierno
nacional. Señaló que no había sido expedido el decreto salarial para los funcionarios
del régimen del Decreto 57 de 1993. Finalmente precisó que «en el caso concreto de
la doctora Betty Fortich Pérez, pertenece al régimen de acogidos y se le cancelaron
los salarios que establecían los decretos salariales proferidos por el Gobierno
nacional»21.
50.El director ejecutivo de Administración Judicial, en la Resolución 5335 del 5 de
agosto de 2016, al resolver el recurso de apelación confirmó la Resolución 832 de
18 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 01,
págs. 182 a 189.
19 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 01, pág.
232.
20 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 01,
págs. 212 a 213.
21 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 01,
págs. 17 a 23.
13
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Demandante: Betty Fortich Pérez
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2015 al estimar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideraba que una
sentencia de simple nulidad no constituía un título para autorizar la adición de
recursos22.
3.6. Caso concreto
51. En el asunto bajo estudio, la accionante prestó sus servicios como juez y
magistrada y solicita la nulidad de la resolución que negó el pago de la prima especial
de servicios como adición del 30 %, así como la reliquidación de las prestaciones
sociales causadas sobre el 30 % en que se disminuyó el salario porque la entidad lo
imputó erróneamente como la prima especial sin carácter salarial23.
52. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, declaró la prescripción de los derechos causados antes del 27 de octubre
de 2011 y ordenó el reconocimiento desde el 27 de octubre de 2011 de la prima
especial de servicios, las diferencias salariales y las prestaciones entre las sumas
devengadas y lo que debió percibir.
53. Las dos partes interpusieron recursos de apelación. La accionante señaló en
síntesis que no había lugar a declarar la prescripción y que se debía modificar la
sentencia para ordenar el pago desde el año 1993; que se declare no probada la
excepción de prescripción; y que se condene en costas a la entidad. A su turno, la
entidad demandada sostuvo que la accionante no tenía derecho al reconocimiento de
la prima especial de servicios porque el Decreto 610 de 1998, que reguló la
bonificación por compensación ya comprendía una nivelación salarial del 80 % de lo
devengado por los magistrados de altas cortes; y que no existía disponibilidad
presupuestal para realizar el pago de las acreencias causadas antes de la expedición
del Decreto 272 de 2021.
54. Visto lo anterior, con el objeto de resolver los recursos de apelación, en el proceso
está acreditado que la señora Betty del Rosario Fortich Pérez prestó sus servicios
como juez desde el 30 de agosto de 1985 hasta el 31 de mayo de 1996 y como
magistrada de Tribunal del 1° de junio de 1996 al 31 de diciembre de 2014. En punto
del reconocimiento y pago de la prima especial, y la reliquidación de prestaciones, la
actora presentó reclamación administrativa el 27 de octubre de 2014. Petición que fue
negada por la entidad en la Resolución 832 del 30 de junio de 2015, confirmada en la
Resolución 5335 del 5 de agosto de 2016.
55. Cabe anotar que a la demandante se le pagaron los salarios y las prestaciones
con una base salarial del 70 %, pues el 30 % se reconocía a título de prima especial,
22 Samai, índice 2, expediente digital, 4ED_EXPEDIENTE_03552026TestigoDocum(.pdf) NroActua 2, doc. 01,
págs. 205, 214 a 231.
23 De conformidad con el artículo 163 del CPACA, si el acto fue objeto de recursos ante la administración se
entenderán demandados los actos que los resolvieron.
14
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fraccionamiento que la entidad estimó procedente porque los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional lo establecían, por consiguiente, este aspecto no
es discutido por las partes.
56. Hecho que se corrobora con la ratio decidendi de la sentencia de simple nulidad
del Consejo de Estado que anuló parcialmente los decretos salariales en cuanto
redujeron el salario al imputar el 30% a título de la prima especial de servicios sin
carácter salarial, donde consideró:
De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992,
es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con
la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a)
del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de
1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente
para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar
su nulidad24.
57. En el mismo sentido se pronunció la Sala de Conjueces, en el fallo de 2019 25, al
indicar que «para la sala, demostrado está que a partir de la expedición de los Decretos
51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996
y sucesivos, el Gobierno nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen
salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima
especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad
constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a
ella, quitándoles la posibilidad de ese 30 %».
58. Entonces, solo con la expedición del Decreto 272 de 2021, el Gobierno nacional
estableció que la prima especial de servicios sería adicional a la asignación básica.
59. Así pues, para dar respuesta a lo alegado por la entidad en el recurso de apelación,
nótese que la demandante se encuentra en una situación fáctica y jurídica análoga a
la que dio origen a la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del 2 de septiembre
de 2019. En consecuencia, le asiste el derecho al reconocimiento de la prima especial
de servicios del 30 % contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un plus de
la asignación básica, y a la reliquidación de las prestaciones sociales calculadas sobre
la base del 100 % del salario básico, en tanto, la entidad empleadora sustrajo el 30 %
del salario para imputarlo a título de la prima especial sin carácter salarial.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-
00 (1686-07), M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).
15
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60. Al respecto, es del caso reiterar que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó la
creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin
carácter salarial. La Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4 de 1992, estableció que
la prima especial formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación. Asimismo, los decretos anuales dictados por el Gobierno nacional para
fijar las normas del régimen salarial y prestacional reiteraron que la prima especial es
un emolumento sin carácter salarial, equivalente al «treinta por ciento (30 %) del salario
básico mensual». En el mismo sentido, esta Sección, en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, señaló que «la prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».
61. Debe decirse también que la bonificación por compensación no es incompatible ni
excluye el reconocimiento de la prima especial de servicios, puesto que los decretos
610 de 1998 y 1102 de 2012 que la regulan no establecen dicho condicionamiento, de
modo que se trata de dos emolumentos compatibles. Lo que no obsta para que al
cumplirse la sentencia se tenga en cuenta el límite del 80 % o la igualación en este
porcentaje respecto a lo devengado por los magistrados de alta corte, previsto en los
citados decretos.
62. En efecto, la bonificación por compensación tiene las características que a
continuación se enuncian26:
i) Carácter permanente;
ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos que la
prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes a salud;
iv) los beneficiarios son los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los magistrados auxiliares de la
Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura;
a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de Unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal
de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y
al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;
v) se paga mensualmente;
vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal siguiente aumentó al
70% (2000);
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 76001-23-33-000-2012-00358-02
(7616-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
63. Ahora bien, en lo que respecta a la imposibilidad presupuestal alegada por la
entidad demandada, para realizar los pagos de las obligaciones anteriores al 1°. de
enero de 2021, la Sala recuerda que las restricciones presupuestales no constituyen
una causa válida para negar el reconocimiento de un derecho prestacional27. Es decir,
las dificultades financieras o de ejecución presupuestal no eximen a la administración
del deber de reconocer y pagar los derechos que hayan sido debidamente causados.
En este sentido, la Corte Constitucional28 ha reiterado que «la situación económica y
presupuestal que afrontan un gran número de entidades públicas no justifica el
incumplimiento de las obligaciones laborales»29.
64. Por consiguiente, se desestima lo alegado en el recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada.
65. En lo que respecta a los reparos de la parte actora, relativos a que se debe modificar
el fallo del Tribunal porque no debió declarar la prescripción, la Sala trae lo considerado
por la sentencia del 2 de septiembre de 201930, dictada por la Sección Segunda, Sala
de Conjueces la cual consideró que «para la contabilización de la prescripción del
derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso
la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto
3135 de 1968 y 1848 de 1969».
66. En sustento de lo dicho, la Sala de Conjueces consideró que mientras los decretos
salariales estuvieron vigentes produjeron efectos, por lo tanto, existía la exigibilidad
del derecho, de modo que sí corrió el término de prescripción, así adujo que:
Aun así, sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las
discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la
prescripción, por no tener claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en
principio, este se causó con la vigencia de la norma que la creó y, en adelante, con las
liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que
anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los correspondientes
decretos expedidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos —
parcialmente—, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección
27 En similares términos se pronunció la Subsección en la sentencia del 10 de julio de 2025, M.P. Elizabeth Becerra
Cornejo, sentencia del 10 de julio de 2025, proceso con radicado 76001-23-33-004-2016-01696-02 (3631-2024).
28 Ver sentencias T-399 de 1998, SU-995 de 1999, SU-484 de 2008.
29 En este mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 8 de agosto de 2025, M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo, proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00255-02 (6600-2024).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
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Radicación: 13001-23-33-000-2016-01189-02 (0355-2026)
Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a
juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (…) la Ley» y consagraron una
liquidación en detrimento de los derechos laborales de los servidores públicos
beneficiarios de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto
es, el Decreto 57 de 1993.
(…)
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se
hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la
Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 57 de 19933132. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el
derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.
67. En aplicación del anterior precedente, y en consonancia con los decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, la Sala considera que la exigibilidad del derecho surgió desde
que la prima especial de servicios se reglamentó en el Decreto 57 de 1993; de modo
que, el término de prescripción del derecho a tal emolumento, se interrumpe con la
presentación de la reclamación administrativa.
68. Así, teniendo en cuenta que los interesados podían reclamar el derecho a la prima
especial de servicios desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993 —7 de enero
de 1993—, en tanto conocían de su existencia como acreencia laboral, se tiene que
en cada caso particular la prescripción se interrumpe en el momento en el que se
presenta la respectiva solicitud del derecho ante la administración.
69. Descendiendo al caso particular, la actora se acogió al régimen salarial establecido
en el Decreto 57 de 1993. De suerte que, para el 7 de enero de 1993, fecha en la que
entró en vigor el Decreto 57 de 1993, estaba vinculada a la Rama Judicial en calidad
de juez, por tanto, el derecho a la prima especial de servicios era exigible. Entonces,
como la demandante reclamó el 27 de octubre de 2014 e interpuso la demanda el 10
de mayo de 2016, se configuró la prescripción extintiva del derecho al pago de las
acreencias por concepto de la prima especial, causadas antes del 27 de octubre de
2011, tal como lo consideró el Tribunal.
31 En aplicación del principio de sostenibilidad fiscal, introducido a nuestro ordenamiento jurídico a través del Acto
Legislativo No. 3 del 2011, los derechos económicos, sociales y culturales que predica la Constitución del 91 solo
pueden ser garantizados a través del tiempo siempre que se garantice el mantenimiento sostenible de la deuda
pública; en otras palabras, dicho instrumento constituye un medio para alcanzar de manera progresiva, las
finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho. En tal sentido, los jueces en sus fallos deben tener en
cuenta no solo las garantías de los administrados sino la sostenibilidad fiscal, en un plano en el que ninguno afecte
desproporcionadamente al otro.
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70. Ahora bien, los aportes a pensión sobre la prima especial son procedentes desde
la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en la medida en que consideró que dicha
prestación es factor de cotización únicamente para pensión. En este punto, se aclara
que la prescripción extintiva de los derechos no impacta el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por tratarse de una prestación
irrenunciable e imprescriptible que tiene el propósito de asegurar un ingreso
económico cuando se materializa el riesgo de vejez cubierto por las respectivas
cotizaciones.
71. Lo anterior resulta relevante, en la medida en que la prescripción no se extiende
al derecho a la realización de los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, por concepto de (i) la prima especial de que trata el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, y de (ii) la diferencia salarial del 30 % de la asignación básica, a
que tenía derecho la accionante como consecuencia de la omisión en el
reconocimiento y pago de la prima especial y de que el salario se liquidó sobre el 70%
y no sobre el 100 % como correspondía, desde el 7 de enero de 1993.
72. Esto quiere decir que, para la liquidación de los aportes a seguridad social en
pensión, (i) del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996,
debe efectuarse teniendo como base el 100 % de la remuneración básica mensual; (ii)
y desde la entrada en vigor de la referida norma, con base en la anterior asignación
del 100 % más el 30 % correspondiente a la prima especial.
73. En este orden de ideas, como el Tribunal dispuso el pago de aportes a pensión
solamente sobre las sumas a título de la prima especial de servicios, causadas desde
el 27 de octubre de 2011, tal decisión se modificará para en su lugar ordenar a la
entidad demandada efectuar el pago de las cotizaciones al referido sistema en favor
de la accionante, correspondientes al reconocimiento de la prima especial de servicios
y a la diferencia salarial causada por el fraccionamiento de la remuneración. Se aclara
que en ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional. En todo caso, lo dispuesto será procedente
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas
no se hayan cancelado por la entidad previamente.
74. Además, la accionante sostuvo que el derecho al pago de la prima especial y pago
de las prestaciones sociales no está afectado por el fenómeno de la prescripción,
porque el CPACA prevé que la reclamación puede ser presentada en cualquier tiempo.
Sin embargo, es pertinente precisar que la figura de la caducidad regulada en el
artículo 164 (numeral 1, literal c) del CPACA, que permite demandar en cualquier
tiempo cuando se solicita la nulidad de actos que reconocen o niegan prestaciones
periódicas, no se debe confundir con el fenómeno extintivo de la prescripción de tres
años, previsto en los artículos 41 de los decretos 3135 de 1968 y 102 del 1848 de
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Demandante: Betty Fortich Pérez
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1969. Por lo tanto, aunque en el evento de las prestaciones periódicas el legislador
permita que el medio de control no esté sometido a un plazo de caducidad, ello de
modo alguno equivale a que todos los derechos laborales reclamados sean
imprescriptibles.
75. Contrario a lo sostenido en el recurso de apelación de la parte actora, no hay lugar
a condenar en costas a la entidad demandada, ya que según el criterio mayoritario de
la Subsección para su imposición se requiere que haya actuado con temeridad o mala
fe, lo cual no está acreditado en el proceso.
76. Por consiguiente, se desestiman los argumentos del recurso de apelación de la
parte actora, y se impone confirmar parcialmente el fallo apelado.
4. Conclusión
77. La Subsección concluye que la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios del 30 % como suma adicional al salario, dado
que la entidad descontó erradamente dicho porcentaje de la remuneración y lo imputó
como prima especial sin carácter salarial. También tiene derecho a la reliquidación de
sus prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico, cuyo pago será efectivo
desde el 27 de octubre de 2011, en virtud de la prescripción. El reconocimiento procede
hasta la vigencia del Decreto 272 de 2021.
78. En cuanto a los aportes a pensión, dada su naturaleza imprescriptible, procede la
reliquidación de la cotización del 7 de enero de 1993 hasta el 28 de diciembre de 1996,
entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100 % de la
remuneración básica mensual, sin descontar el 30 % que la entidad había imputado
como prima. Y desde la vigencia de la referida norma, con base en la anterior
asignación más el 30 % correspondiente a la prima especial, hasta la vigencia del
Decreto 272 de 2021. En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán
exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.
79. Igualmente, en atención a lo establecido en la cuestión previa se modificará el
numeral primero del fallo apelado para declarar la nulidad de la Resolución 5335 del 5
de agosto de 2016, que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución 832 de
2015.
5. Costas
80. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 33 de la
33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Bolívar del 12 de mayo de 2025, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Segundo: Modificar el numeral primero que quedará así: declarar la nulidad de la
Resolución 832 del 30 de junio de 2015 y de la Resolución 5335 del 5 de agosto de
2016, que negaron el pago de la prima especial del 30 % y de las diferencias salariales
y prestaciones sociales.
Tercero: Adicionar el numeral segundo para señalar que el pago de las diferencias
salariales y prestacionales procede hasta la vigencia del Decreto 272 de 2021.
Cuarto: Adicionar el numeral tercero en el sentido de ordenar reliquidar y pagar los
aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en favor de la
señora Betty Fortich Pérez, (i) del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la
Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100 % de la remuneración básica mensual;
(ii) y desde la entrada en vigor de la referida norma, con base en la anterior asignación
más el 30 % correspondiente a la prima especial, hasta la vigencia del Decreto 272 de
2021. En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional.
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Betty Fortich Pérez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Por último, lo dispuesto será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por
concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado por la entidad
previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.
Quinto: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.
En firme esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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