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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00680-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00680-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 1 de la parte resolutiva de la anterior sentencia, que quedará así: «DECLARAR la nulidad de las resoluciones 1563 del 17 de marzo de 2020 y 5036 del 13 de noviembre de 2020, por medio de las cuales la Secretaría de Educación de Pereira, en representación de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a la señora Martha Lucía Guevara, así como de aquellos que la hayan confirmado de haberse proferido, por las consideraciones expuestas en esta sentencia». TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia. 65 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00680-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00680-01 (1991-2023)
Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 71 de 1988. Subtema 3. Acceso
material a la administración de justicia – integración de las decisiones que niegan el
derecho pensional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 24 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta
de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Martha Lucía Guevara solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
negativo que se configuró por la falta de respuesta de la entidad accionada a la petición
de reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, presentada el 29
de marzo de 2019. Afirmó que es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley
71 de 1988, toda vez que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito presentado el 6 de noviembre de 20191, la señora Martha
Lucía Guevara por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2,

1 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 01.
2 En adelante FOMAG.

1

Radicación: 66001-23-33-000-2019-00680-01 (1991-2023)
Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto configurado por la falta de respuesta a la petición presentada el 29 de marzo de
2019, por medio de la cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación por aportes a la señora Martha Lucía Guevara.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, a partir del 24
de mayo de 2017, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios anterior al cumplimiento del
estatus pensional.

4. Solicitó que se declare la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el
salario; se ordene el pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la fecha de
consolidación del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo aquel, sumas
que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC. También, que se dé cumplimiento al fallo
según los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); y se condene en costas a la parte
vencida.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Martha Lucía Guevara nació el 24 de mayo de 1962; prestó sus
servicios al sector privado y cotizó al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS),
hoy COLPENSIONES, entre el 31 de octubre de 1986 y el 10 de junio de 1994, durante
«367,57» semanas, equivalentes a 2.573 días.

7. La accionante prestó sus servicios como docente a través de órdenes de
prestación de servicios al municipio de Pereira, por 988 días, entre el 19 de marzo de
1998 y el 12 de diciembre de 2003. Luego, el 26 de enero de 2004, fue nombrada
maestra oficial, afiliada al FOMAG, hasta el 30 de junio de 2005; y nuevamente a partir
del 22 de julio de 2005 al 28 de marzo de 2019.

8. El 29 de marzo de 2019 solicitó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación por aportes, prevista en la Ley 71 de 1988, al considerar
que cumplía con los requisitos exigidos para tal fin, esto es, tener 55 años de edad y
20 de cotizaciones. No obstante, la entidad no dio respuesta alguna a la fecha de
presentación de la demanda.

3 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 2 a 34.
2

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Radicación: 66001-23-33-000-2019-00680-01 (1991-2023)
Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política, artículos 13, 48, 53, 54 y 230.
• Ley 71 de 1988, artículo 7.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1994, artículo 115.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 2709 de 1994, artículos 7 y 8.

9. Sostuvo que el acto administrativo acusado vulnera de manera directa la
Constitución Política y la ley, comoquiera que desconoce la normativa que rige el
régimen pensional de los docentes.

10. Relató que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 previó que tienen derecho a una
pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más si es varón, o 55
o más si es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones en el
ISS y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público. Dicha
pensión debe liquidarse con el 75% del salario que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, según el artículo 8 ibidem.

11. Afirmó que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos
nombrados desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los
requisitos, a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional.

12. Indicó que, con posterioridad, la Ley 812 de 2003 en el artículo 81 dispuso que,
a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma, les es aplicable
el régimen pensional previsto en las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, según el caso. En
cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio oficial a partir
del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003. Tal criterio se mantuvo en el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de
2005.

13. Precisó que tal normativa no exigió de forma específica algún tipo de vinculación
al servicio docente, de lo cual se deduce que el solo hecho de prestar el servicio en la
educación pública oficial otorga el beneficio de la aplicación de la ley anterior a la Ley
100 de 1993, por favorabilidad y en virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formas. Por tal razón, las vinculaciones por órdenes de prestación de servicios no
pueden desconocer el carácter de docente oficial que tuvo la accionante como
trabajadora del municipio de Pereira durante los años 1998 a 2003.

14. Señaló que la señora Martha Lucía Guevara se vinculó al servicio docente oficial
el 19 de marzo de 1998, esto es, con anterioridad al 27 de junio de 2003, razón por la
cual no le aplica la Ley 812 de 2003 para efectos del reconocimiento de su derecho
pensional; pero sí la Ley 71 de 1988 en concordancia con la Ley 91 de 1989. En tal
3

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Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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sentido, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por
aportes a partir de la fecha en la que consolidó el estatus pensional, esto es, el 24 de
mayo de 2017, momento en el que acreditó 55 años y 20 de servicio.

15. Adujo que debían tenerse en cuenta los periodos en los que la accionante
estuvo vinculada a través de órdenes de prestación de servicio, toda vez que estos
pueden computarse para efectos pensionales.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
por las siguientes consideraciones4:

16. Afirmó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes
nacionalizados que se vincularon hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen del que gozaban en cada entidad territorial, de acuerdo con las normas
vigentes; y los nacionales y los que se vincularan a partir del 1 de enero de 1990, se
regularían por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en
el futuro, con las excepciones previstas en dicha ley.

17. Añadió que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su
entrada en vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el
régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional de
la Ley 91 de 1989.

18. Sostuvo que de conformidad con lo señalado en las leyes 6 de 1945; 33 de
1985; 71 de 1988; y 91 de 1989; además de los decretos 1160 de 1989 y 3752 de
2003, para el reconocimiento de la pensión de jubilación los docentes deben cumplir
con los requisitos de la edad y tiempo de servicios, lo que les permite percibir una
mesada equivalente al 75% del promedio de los factores devengados en el año
anterior a la fecha de adquisición del estatus.

19. Indicó que, en cuanto a la pensión por aportes, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988
y los decretos 1160 de 1989, 2709 de 1994 y 3752 de 2003, establecen que el derecho
le asiste a todo docente que acredite en cualquier tiempo 20 años o más de
cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales (en
adelante ISS), hoy COLPENSIONES, y en uno o varias entidades de previsión social del
sector público. La referida prestación será equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales percibidos el año anterior al estatus.

20. Manifestó que la entidad no ha actuado en contra de los derechos laborales de
la demandante, puesto que no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión

4 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
4_004CONTESTACIONPODERANEXOSFOMAG.
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Sociales del Magisterio

de jubilación por aportes a su favor, teniendo en cuenta que no cumple los
presupuestos exigidos para el efecto.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, profirió
sentencia el 24 de noviembre de 2022, a través de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Al respecto, (i) declaró la nulidad del acto acusado; (ii)
condenó a la entidad accionada a reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor
de la accionante, de conformidad con la Ley 71 de 1988; y (iii) se abstuvo de condenar
en costas a la parte vencida. La providencia se fundó en los siguientes argumentos5:

22. Aclaró, como cuestión previa, que, si bien la entidad accionada dio respuesta a
solicitud pensional de la demandante a través de la Resolución 1563 del 17 de marzo
de 2020, confirmada por la Resolución 5036 del 13 de noviembre de 2020, lo cierto es
que dichos actos administrativos se profirieron sin competencia, de acuerdo con el
artículo 83 del CPACA. Lo anterior, toda vez que la administración aun cuando se
hubiese configurado el silencio administrativo negativo, tenía como plazo para
contestar la petición hasta antes de la notificación del auto admisorio de la demanda,
lo cual ocurrió el 9 de octubre de 2020. Por ende, se continuaría con el estudio de
legalidad del acto ficto configurado por la no respuesta a la solicitud presentada por la
accionante el 29 de marzo de 2019.

23. Señaló que la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y dispuso que, a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, se les reconocería solamente una pensión de jubilación
bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional. En
cambio, aquellos docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían
el régimen prestacional que venían gozando en cada entidad territorial.

24. Indicó que, posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que,
a partir de su entrada en vigor, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres.

25. Precisó que, además, el referido artículo 81 dispuso que para el caso de los
docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que, por la remisión de
esta, es el contenido en las leyes 33 de 1985 o 71 de 1988.

26. Explicó que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril de
2019 definió (i) que los factores a tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión
de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes concernientes,
enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, comoquiera que se les aplica el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Mientras que, (ii) para el caso de los vinculados
a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de

5 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
24_024SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA.
5

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Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Prestaciones Sociales del Magisterio, a quienes les aplica el régimen pensional de
prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores a incluir
son los señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones.

27. Adujo que en la sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 20166 la
Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la actividad docente, incluida la
que no se deriva de un vínculo laboral directo con el Estado, debe tenerse en cuenta
para efectos pensionales. Esto, al concluir que la labor del profesor contratista no es
independiente, pues el servicio se presta de manera personal y subordinada al
cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación.

28. Resaltó que, en el caso particular, según los documentos que obran en el
expediente, la demandante cumplió 55 años el 24 de mayo de 2017, en tanto nació el
24 de mayo de 1962; y realizó cotizaciones al ISS entre el 31 de octubre de 1986 y el
1995, habiendo trabajado en el sector privado.

29. Señaló que la accionante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del
Municipio de Pereira en calidad de docente, por un total de 24,88 años, así:

• A través órdenes de prestación de servicios, a partir del 19 de marzo de 1998 y
hasta el 12 de diciembre de 2003, de manera interrumpida.
• Desde el 26 de enero de 2004, fue vinculada a la docencia oficial en
provisionalidad, hasta el 30 de junio de 2005.
• A partir del 22 de julio de 2005 fue nombrada en propiedad; labor que
desempeñaba al 28 de marzo de 2019, fecha en la que presentó la solicitud
pensional ante la administración.

30. Definió que como la señora Martha Lucía Guevara ejerció en calidad de docente
vinculada a través de contratos de prestación de servicios, del 19 de marzo de 1998 al
12 de diciembre de 2003, es decir con antelación a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, y cotizó al ISS, le es aplicable el régimen pensional de la Ley 71 de 1988. Por
consiguiente, al acreditarse que cumple con más de 55 años de edad y 20 de servicios,
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes.

31. Afirmó que de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, la referida
prestación debe reconocerse y pagarse por la última entidad de previsión a la que se
efectuaron los aportes, siempre y cuando el tiempo de estos haya sido mínimo de 6
años. En consecuencia, dado que la demandante se encuentra afiliada al FOMAG y
reporta un periodo consecutivo superior a 6 años, tal Fondo es el responsable del
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes reconocida. Ello, sin
perjuicio de que la entidad pueda reclamar a COLPENSIONES las cuotas partes que en
efecto correspondan.

32. Resaltó que en atención a que debe primar el principio de sostenibilidad
financiera del sistema en razón de los aportes a los que el municipio de Pereira estaba
obligado por virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos con la

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
6

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Sociales del Magisterio

accionante, se ordenaría al FOMAG realizar las actuaciones interadministrativas
pertinentes para que se adelantara el cobro respectivo, únicamente de las sumas
faltantes por concepto de cotizaciones a pensión pendientes (si existieren) y, en todo
caso, solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida autoridad como
empleadora de la demandante. Esto por los períodos durante los cuales se evidenció
el vínculo laboral basado en sendas relaciones contractuales.

33. Señaló que la pensión reconocida corresponde al 75% del salario mensual
promedio en el último año anterior a la adquisición del estatus — del 24 de mayo de
2016 al 24 de mayo de 2017—, comoquiera que a la accionante no la cobija la
prohibición de recibir doble asignación del erario contenida en el artículo 128 de la
Constitución Política. En cuanto a los factores para liquidar la mesada pensional, indicó
que serían únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones, conforme con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
en el caso particular, la asignación básica.

34. Determinó que no se condenaría en costas a la parte vencida, toda vez que no
existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por tal
concepto en primera instancia, con fundamento en el artículo 365 del CGP, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA.

2.4. Recurso de apelación

35. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia, para que se revoque
en cuanto ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes,
y su compatibilidad con el salario que percibe la demandante. Lo anterior, bajo los
siguientes argumentos7:

36. Manifestó que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su aplicación al
personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
que está cobijado por el régimen pensional previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, el cual estableció que los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados a partir del 1 de enero de 1990,
tenían derecho, mientras cumplan con los requisitos, a una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año y gozarían del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional.

37. Adujo que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 dispuso que a partir de su entrada
en vigor a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. Mientras que
a los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, les cobijaba
el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

38. Señaló que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, estableció la pensión de jubilación
por aportes, es decir, aquella que se obtiene de la suma de los tiempos de cotización
en los sectores público y privado. Por virtud de la ley, los empleados oficiales y los
trabajadores particulares que acreditaran, 55 años si es mujer y 60 años si es varón y,

7 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
26_026RECURSOFOMAG.
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Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de
previsión social o las que hagan sus veces, con los efectuados en el Seguro Social,
tendrían derecho a recibir la prestación de jubilación dada la acumulación de aportes
derivados de la relación de trabajo de carácter particular y oficial.

39. Sostuvo que, de la lectura aislada de la norma anterior, se concluye que cuando
un docente afiliado al FOMAG se retiró del servicio y reingresó luego de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, deben aplicársele las normas vigentes a la fecha de su
nuevo ingreso.

40. Adujo que los factores que deben tenerse en cuenta en la liquidación de la
pensión son los previstos en la Ley 62 de 1985, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta, además, aquellos que hayan
servido de base para calcular los aportes.

41. Alegó que conforme se probó, la demandante se vinculó al servicio docente el
22 de julio de 2005, razón por la cual le es aplicable el régimen prestacional establecido
en la Ley 812 de 2003, esto es, el de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. No obstante, no tiene derecho al reconocimiento de una pensión, comoquiera
que no demostró las 1.300 semanas de cotización que exige el artículo 33 de la Ley
100 de 1993.

42. Resaltó que no es posible reconocer la calidad de empleado público a la
demandante, en los tiempos en los que trabajó bajo la modalidad de OPS, toda vez que
no existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento
de la docente en dicha condición.

2.5. Trámite procesal

43. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.

2.6. Ministerio Público

44. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto9.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

45. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

8 Samai, índice 07.
9 Samai, índice 10.

8

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Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.2. Cuestión previa

46. En el asunto particular se solicitó la declaratoria de nulidad del acto ficto
negativo que se configuró por la falta de respuesta de la entidad accionada a la
solicitud de reconocimiento de una pensión presentada por la demandante el 29 de
marzo de 2019. Al respecto, se señala que de acuerdo con el inciso segundo del
artículo 83 del CPACA10, en los eventos en que la ley establezca un plazo superior a 3
meses para resolver la petición, el silencio administrativo negativo se configurará un
mes después del vencimiento del término correspondiente. Tal situación resulta
aplicable al caso de autos, toda vez que para la resolución de peticiones de
reconocimiento pensional se previó un plazo de 4 meses, de conformidad con el
artículo 19 del Decreto 656 de 199411 y lo ha expuesto la Corte Constitucional12, salvo
que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del artículo 1 de
la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.

47. En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se indica en la
parte considerativa del Decreto 1272 de 201813, este a través del artículo
2.4.4.2.3.2.414 ratificó el plazo de 4 meses para resolver las solicitudes de
reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del FOMAG. Asimismo, los artículos
2.4.4.2.3.2.10 y 2.4.4.2.3.2.16 previeron el término de 2 meses para la resolución de
las peticiones que amparen los riesgos de invalidez y muerte de responsabilidad del
mencionado fondo.

48. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la petición de reconocimiento
de la pensión de jubilación se presentó el 29 de marzo de 201915, el plazo de 4 meses
para resolver venció el 29 de julio de 2019; lo que quiere decir que la configuración del
acto ficto negativo, según el inciso segundo del artículo 83 del CPACA, tuvo lugar un
mes después, el 29 de agosto de 2019.

10 Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición

sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que
esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de
la fecha en que debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda. (Se destaca)
11 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan

acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso
puedan exceder de cuatro (4) meses.
[…]».
12 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556

de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras.
13 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el

reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones».
14 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el

riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o
las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de
los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario».
15 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 81 a 87.
9

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Demandante: Martha Lucía Guevara
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Sociales del Magisterio

49. Establecido el momento en que surgió el acto cuya nulidad se pretende, es claro
que al radicarse la demanda el 6 de noviembre de 201916, se había configurado meses
atrás el acto ficto negativo producto acusado.

50. Precisado lo anterior, se destaca que el medio de control de la referencia si bien
se admitió el 17 de enero de 2020, se notificó a la parte pasiva el 14 de octubre del
mismo año17. En dicho lapso, según se acreditó en el plenario, la Secretaría de
Educación del Municipio de Pereira, en representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, adelantó dos actuaciones: (i) profirió la
Resolución 1563 del 17 de marzo de 2020, que negó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez a la accionante18; y (ii) dictó la Resolución 5036 del 13 de noviembre
de 2020 que confirmó la primera al resolver el recurso de reposición.

51. Ello, resulta relevante, debido a que el objeto de este proceso gira en torno al
reconocimiento de una pensión a favor de la señora Martha Lucía Guevara, de manera
que el pronunciamiento de la autoridad involucrada sobre el particular podría tener
incidencia en el análisis que se emprende en esta oportunidad y/o en las decisiones
que se adopten. Esto, en especial, cuando se observa que la petición que dio origen a
las resoluciones 1563 y 5036 de 2020, es la misma que permite considerar la
existencia del acto ficto demandado.

52. En cuanto a la primera resolución y contrario a lo indicando por el Tribunal, se
estima que fue dictada oportunamente, pues la administración conservaba la facultad
para pronunciarse sobre la petición del 29 de marzo de 2019 hasta antes de que se
notificara la admisión de la demanda contra el acto ficto acusado, como se desprende
del artículo 83 del CPACA que en su inciso tercero señala:

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las
autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo
que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que
habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda. (Se destaca)

53. En efecto, como la notificación de la admisión de la demanda se efectuó el 14
de octubre de 2020, la entidad accionada conservaba la competencia para proferir la
Resolución 1563 del 17 de marzo de 2020, contrario a lo definido por el juez de primera
instancia.

54. Distinto ocurre con la Resolución 5036 del 13 de noviembre de 2020, que
confirmó la 1563 de 2020, pues se dictó cuando la parte accionada tenía conocimiento
de la existencia de un proceso judicial en el que se discutía la negativa del
reconocimiento de la pensión de la señora Martha Lucía Guevara.
16 Segundo día hábil siguiente al 9 de octubre de 2020, al envío del mensaje de datos con la admisión de la

demanda, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas para implementar
las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales
y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica» (norma vigente para la época), que dispone: «[…] La notificación personal se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr
a partir del día siguiente al de la notificación […].
Ver: Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 01.
17 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento 3-
003ACUSENOTIFICACIONDEMANDADOS.
18 No existe prueba dentro del expediente que permita evidenciar si la resolución se notificó a la demandante.

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55. Frente a las circunstancias descritas, en aras de garantizar el derecho de
acceso material a la administración de justicia, estima la Sala imperativo integrar los
referidos actos administrativos a la cuestión debatida, pues el primero, confirmado por
el segundo, reemplazó el acto ficto demandado, de manera tal que resultaría inane
solo pronunciarse sobre la legalidad de este último; máxime cuando todos ellos
negaron el derecho a la pensión que reclama la accionante y tienen como causa común
la petición del 29 de marzo de 2019.

56. Esta alternativa también tiene asidero desde de la teoría de la causa petendi,
en la medida que las resoluciones 1563 y 5036 de 2020, no variaron sustancialmente
la situación que dio lugar a la presentación de la demanda, es decir, la negativa de la
entidad accionada al reconocimiento y pago de la pensión solicitada; hecho alrededor
del cual las partes han tenido la oportunidad de ejercer ampliamente el derecho de
contradicción, motivo por el cual la precisión que se hace sobre la identificación de las
decisiones involucradas, en forma alguna vulnera prerrogativas fundamentales. Por el
contrario, aboga por la adopción de decisiones judiciales que resuelvan de manera
integral las controversias atinentes a la protección del derecho constitucional a la
seguridad social.

57. En consecuencia, en el evento de llegarse a confirmar el fallo de primera
instancia, que reconoció una pensión de jubilación a favor de la demandante, habrá
lugar a modificarse el numeral 1 de la parte resolutiva, en lo referente a declarar la
nulidad de las resoluciones 1563 y 5036 de 2020, en lugar del ficto que dio lugar a la
demanda.

3.3. Problemas jurídicos

58. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

59. ¿La señora Martha Lucía Guevara tiene derecho a que, en su condición de
maestra oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la
Ley 71 de 1988, con fundamento en la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que se
vinculó por primera vez al servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, mediante OPS19?

60. ¿La pensión de jubilación por aportes es compatible con la prestación del
servicio docente?

61. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (iv) el reconocimiento

19 Órdenes de prestación de servicios.

11

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pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los docentes; y (v) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente.

62. A partir de las anteriores consideraciones: (vi) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (vii) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
los problemas jurídicos planteados.

3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.4.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

63. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

64. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198920, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

65. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

66. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

67. Sin embargo, la Ley 812 de 200321 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

20 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
21 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
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68. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.4.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201922

69. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

70. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a
la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

71. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

72. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
22 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

73. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)23.

74. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

75. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%24, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el

23 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

76. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

77. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección25, tales como:

(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
78. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.4.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

79. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

25 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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80. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

81. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201626 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

82. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual27»28 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

83. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
27 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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84. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752
de 2003, a las entidades territoriales o las entidades de previsión social a las que se
hubieren realizado los aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las
prestaciones sociales de los docentes que se hubieren causado con anterioridad a su
afiliación al FOMAG. Por esta razón, tales autoridades serán responsables de la omisión
en el pago de los aportes en los lapsos laborados por contratos de prestación de
servicios y en esa medida deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener
su respectivo pago.

85. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo de
los empleadores que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100 de
1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores del
gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa causa;
(iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos 24 y
57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas al
pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

86. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

87. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199429, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

88. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

29 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
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3.4.4. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes

89. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral,
acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión en punto a si podían acceder a
los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

90. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de
la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente —Ley
33 de 1985 —, especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.

91. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

92. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 630 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198531 y demás
normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

93. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que
los factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica,
[los] gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por
servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso, las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre
los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

30 La referida norma fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, esta Sección, mediante

sentencia del 15 de mayo de 2014 declaró su nulidad parcial, puntualmente «en la parte que derogó el artículo 6
del Decreto 2709 de 1994». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 15 de mayo de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00620-00(2427-11), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
31 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

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94.En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:

(i) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando
sobre ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en
los antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad
de precisar los conceptos que debían servir de base para la liquidación de
la pensión.
(ii) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido
reconocidos normativamente como factores salariales por la autoridad
competente, y servido de base para las cotizaciones a seguridad social; lo
que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la
segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base
para calcular los aportes a seguridad social.

95. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio de
favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen
los aportes correspondientes.

96. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»,
y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de agosto de 2018
de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en la que
frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que32:

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

97. Ahora bien, retomando la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta
Subsección recientemente, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 33, expuso
cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes, a saber:

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-23-

33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).

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(i) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989
incluía la aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía
parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional».
(ii) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la
remisión que hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos
pensionales de los docentes, al régimen del sector público nacional.
(iii) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que
no pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de
1988 supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles
completar el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de
aportes en sectores público y privado.
(iv) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su
vida laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios
pensionales.
(v) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales
que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten
de un régimen especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado
normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque
las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».

98. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo público
bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable
para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector público como
en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia
laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya
existentes.

99. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de 1988
es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que remite la
Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere
55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser
acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará
con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.

100. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
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a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior
resulta más favorable.

101. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso-Administrativo de esta corporación34, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.4.5. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

102. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades35, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197236 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197937 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199338 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia39, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de

34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
35 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
36 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
37 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
38 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
39 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

21

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jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201940 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

(vi) El artículo 1941 de la Ley 344 de 199642, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»43.

(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4544 del Decreto
1278 de 200245, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200346), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202447 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública48.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

103. La anterior conclusión ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea

41 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
42 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
44 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
45 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
46 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
48 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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vinculados con anterioridad49 o posterioridad50 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

104. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

105. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

3.5. Hechos probados

106. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

107. La señora Martha Lucía Guevara nació el 24 de mayo de 1962, según copia del
registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía51.

108. La accionante tiene un total de 357,57 semanas, equivalentes a 6 años, 11
meses y 12 días, cotizadas al ISS, hoy COLPENSIONES, en el sector privado, de acuerdo
con el reporte de semanas cotizadas en pensiones de dicha entidad, actualizado a 20
de febrero de 2019, que reposa en el expediente52.

Entidad Desde Hasta
PEDRO N QUINTERO SOT 31/10/1986 09/02/1987
CONADIS LTDA Y CIA S 11/02/1987 03/02/1991
EXTRAS CALI LTDA 01/10/1991 04/02/1992
LANIER COLOMBIA S.A. 13/03/1992 10/06/1994
COOMES 01/01/1995 30/06/1995

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
50 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
51 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 78 a 80.
52 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 38 a 39.
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109. La peticionaria prestó servicios a la Secretaría de Educación del Municipio de
Pereira, en calidad de docente, a través de órdenes de prestación de servicios (OPS),
según la constancia emitida el 8 de marzo de 2019 por la Dirección Administrativa de
Prestación del Servicio Educativo y Administrativo de la Secretaría de Educación del
mismo ente territorial, por un total de 2 años, 7 meses y 1 día, como se muestra a
continuación53:

Desde Hasta Tiempo
19/03/1998 03/04/1998 15 días
13/04/1998 30/04/1998 18 días
04/05/1998 30/05/1998 27 días
01/06/1998 12/06/1998 12 días
13/07/1998 31/07/1998 19 días
03/08/1998 31/08/1998 29 días
01/04/2000 14/04/2000 14 días
24/04/2000 30/04/2000 7 días
01/05/2000 31/05/2000 1 mes y 1 día
01/06/2000 16/06/2000 16 días
17/07/2000 31/07/2000 15 días
01/08/2000 31/08/2000 1 mes y 1 día
01/09/2000 30/09/2000 30 días
01/11/2000 01/12/2000 1 mes y 1 día
23/07/2001 31/08/2001 1 mes y 9 días
22/10/2001 30/11/2001 1 mes y 9 días
27/02/2002 22/03/2002 26 días
01/04/2002 30/04/2002 30 días
02/05/2002 28/06/2002 1 mes y 27 días
15/07/2002 13/12/2002 4 meses y 29 días
20/01/2003 11/04/2003 2 meses y 22 días
24/04/2003 04/07/2003 2 meses y 11 días
21/07/2003 20/08/2003 1 mes
21/08/2003 30/09/2003 1 mes y 10 días
01/10/2003 31/10/2003 1 mes y 1 día
01/11/2003 12/12/2003 1 mes y 12 días

110. La demandante se vinculó al servicio docente oficial, en provisionalidad, a la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, a partir del 26 de enero de 2004
hasta el 30 de junio de 2005, equivalente a 1 año, 5 meses y 5 días, conforme con
el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido el 8 de
marzo de 2019 por la misma entidad54.

111. La accionante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Municipio
de Pereira, como docente, en propiedad, del 22 de julio de 2005 al 20 de febrero de
2019, según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral,

53 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 42 a 44. Además, reposan en el expediente las órdenes
de trabajo vistas en el mismo documento, págs. 45 a 70.
54 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 71 a 72.
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expedido por la entidad en la última fecha, por un total de 13 años, 6 meses y 29
días55.

112. La demandante devengó del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017, según el formato único para la expedición de
certificado de salarios, expedido el 25 de febrero de 2019, los siguientes «factores
salariales»56:

• Asignación básica.
• Bonificación mensual docentes.
• Pago sueldo de vacaciones.
• Prima de navidad.
• Prima de servicios.
• Prima de vacaciones docentes.
• Bonificación pedagógica.

113. El 29 de marzo de 2019 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión57. No obstante, mediante la Resolución 1563 del 17 de marzo de 2020,
confirmada a través de la Resolución 5036 del 13 de noviembre de 2020, la Secretaría
de Educación del Municipio de Pereira, en representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de una pensión
de vejez a su favor, al considerar que no acreditó el requisito de las semanas cotizadas
exigido para el efecto por la Ley 100 de 199358.

3.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

114. La parte recurrente afirmó que la señora Martha Lucía Guevara se vinculó al
servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo
que es beneficiaria del régimen pensional previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.

115. Ahora bien, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la accionante,
se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el establecido en la Ley
71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados en los sectores oficial y
privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no la restringió. En cambio, a
aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres.

116. Adicionalmente, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que

55 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 73 a 75.
56 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 76 a 77.
57 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documento
1_001ESCRITOMEDIOCONTROLANEXOS(.PDF), págs. 81 a 87.
58 Samai, gestión en otros despachos, 66001233300020190068000, índice 16, documentos
16_016RESPUESTAOFICIO0680, pág. 36, y15_015MEMORIALAPODERADODEMANDANTE, págs. 12 a 16.
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cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación59 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

117. Por otra parte, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
sentencia, los maestros vinculados mediante contratos de prestación de servicios no
ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los docentes-empleados
públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y subordinada a los
reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así que, como lo
definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 201660, carecen de autonomía en el desarrollo de
su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de las autoridades
educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral que está sometida
a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una protección especial
por parte del Estado.

118. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia61:

(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»62 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Radicado número
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del
2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
62 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.

119. Por consiguiente, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a
través de contratos de prestación de servicios resulta válido para efectos pensionales,
en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.

120. Aclarado lo anterior, y según se detalló en el acápite de hechos probados de
esta sentencia, se tiene que la señora Martha Lucía Guevara laboró por primera vez
en el servicio docente oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —27
de junio de 2003—, esto es, desde el 19 de marzo de 1998, a través de contrato de
prestación de servicios; vínculo que, conforme se expuso anteriormente es válido para
efectos pensionales. Por ende, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y comoquiera que
según se probó en el plenario, acumuló tiempos de servicio públicos y privados,
durante 24 años, 6 meses y 17 días63, es beneficiaria del régimen pensional
previsto en la Ley 71 de 1988.

121. En tal sentido, se destaca que, según el artículo 7 de la mencionada ley, por ser
mujer debía acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o
discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una tasa
de reemplazo del 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el
último año de servicio, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709 de 1994; además de la Ley 62 de 1985 y las normas especiales.

122. Así, toda vez que la señora Martha Lucía Guevara cumplió 55 años el 24 de
mayo de 2017 y acumuló, como se dijo antes, un total de 24 años, 6 meses y 17 días
de cotización, al momento en que en que presentó la solicitud pensional —29 de marzo
de 2019—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes, en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto
2709 de 1994.

123. En punto al estatus pensional, se estima, como bien lo determinó el Tribunal, lo
adquirió el 24 de mayo de 2017, fecha en la que cumplió 55 años —nació el 24 de
mayo de 1962—, momento para el cual tenía más 20 años de aportes —los cuales
alcanzó el 3 de agosto de 201464— acumulados en las diferentes entidades de
63 Total que resulta de la suma del tiempo de servicios (i) cotizados al ISS: 6 años, 11 meses y 12 días; (ii) laborados

a través del órdenes de prestación de servicios a la secretaría de Educación del Municipio de Pereira, en calidad
de docente: 2 años, 7 meses y 1 días; (iii) periodo laborado al sector público como docente en provisionalidad: 1
año, 5 meses y 5 días; y (iv) la última vinculación al sector público como docente, en propiedad: 13 años, 6 meses
y 29 días, conforme se detalló en el acápite de hechos probados de esta sentencia.
64 De acuerdo con lo siguiente:

1. Se observa que al 30 de junio de 1995 la accionante cotizó al ISS: 6 años, 11 meses y 12 días.
2. Se tiene que, entre el 19 de marzo de 1998 y el 12 de diciembre de 2003, laboró como docente, por OPS: 2 años,
7 meses y 1 día.
3. Luego, se vinculó a la docencia oficial, afiliada al FOMAG, del 26 de enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2005,
durante: 1 año, 5 meses y 5 días.
4. Al sumar los anteriores periodos, se encuentra que, al 30 de junio de 2005 acreditaba 10 años, 11 meses y 18
días de servicios.
5. Se destaca que finalmente se vinculó como docente en propiedad el 22 de julio de 2005.

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Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

previsión social, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto
2709 de 1994.

124. Adicionalmente, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del
estatus pensional —24 de mayo de 2017— y la petición de reconocimiento —29 de
marzo de 2019— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se
interrumpió por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado
en el Decreto 1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el fenómeno prescriptivo
de mesada alguna.

125. Por otra parte, se destaca que conforme se ha dispuesto en otras oportunidades
por la Sala, y lo decidió el juez de primera instancia, la pensión reconocida debe
calcularse con el promedio de lo devengado durante el año anterior a aquel en el que
la docente adquirió el estatus de pensionada, porque una vez consolidado el derecho
puede percibir la pensión sin necesidad de retirarse del servicio, como se explicó en el
numeral 3.3.5. de esta providencia.

126. Así las cosas, al evidenciarse que la demandante cumple con los requisitos de
edad y tiempo de servicios para ser beneficiaria del régimen pensional establecido en
la Ley 71 de 1988, se desestiman los argumentos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse. Lo anterior,
dejando claro que en el asunto objeto de análisis la entidad recurrente, en calidad de
apelante único, no discutió la liquidación que de la pensión reconocida efectuó el
Tribunal Administrativo de Risaralda.

127. Al respecto, se advierte que la parte recurrente en la alzada no discutió en
concreto la inclusión de la asignación básica como único factor a tener en cuenta en
el ingreso base de la pensión, según lo dispuso el Tribunal en primera instancia.

3.7. Conclusión de la decisión

128. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la señora Martha Lucía Guevara se vinculó con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable es el
previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que tiene más de 55 años de
edad y 20 de cotizaciones en los sectores público y privado, se estima que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a partir de
la adquisición del estatus pensional.

129. En consecuencia y teniendo en cuenta que se involucró al estudio las
resoluciones 1563 del 17 de marzo de 2020 y 5036 del 13 de noviembre de 2020,
habrá de confirmarse parcialmente la sentencia de primera instancia. En tal sentido,
se modificará el numeral 1 de la parte resolutiva, en cuanto a declarar la nulidad de los

6. Así, corresponde establecer, desde el 22 de julio de 2005, instante para el cual tenía 10 años, 11 meses y 18
días de servicios, cuánto debía trabajar la demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 30 de junio de 2005, tenía acumulados: 10 años, 11 meses y 18 días. Tiempo faltante para los 20 años: 9
años, 12 días.
La accionante volvió a trabajar el 22 de julio de 2005.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 9 años: 22 de julio de 2005 + 9 años = 22 de julio de 2014
(ii) Se suma 12 días: 22 de julio de 2014 + 12 días = 3 de agosto de 2014
Por lo tanto, la accionante completó sus 20 años de servicios el 3 de agosto de 2014.
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Demandante: Martha Lucía Guevara
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

actos en mención, como se expuso en el acápite de cuestión previa de esta
providencia.

3.8. Costas

130. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 65 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

131. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 24 de noviembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 1 de la parte resolutiva de la anterior sentencia,
que quedará así:

«DECLARAR la nulidad de las resoluciones 1563 del 17 de marzo de 2020 y
5036 del 13 de noviembre de 2020, por medio de las cuales la Secretaría de
Educación de Pereira, en representación de la Nación- Ministerio de Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez a la señora Martha Lucía
Guevara, así como de aquellos que la hayan confirmado de haberse proferido,
por las consideraciones expuestas en esta sentencia».

TERCERO: Sin condena en costas en segunda instancia.

65 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Sociales del Magisterio

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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