Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00358-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2012-00358-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00358-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2012-00358-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)1
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
bonificación por gestión judicial. Subtema 2: prescripción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de septiembre de 2023, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, quien ejerció como fiscal ante Tribunal, solicita la nulidad del acto
administrativo expedido por la Fiscalía General de la Nación que le negó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo
devengado por los magistrados de alta corte, con la inclusión de los ingresos anuales
de los congresistas. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar
que operó la prescripción.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El señor Carlos Restrepo Ortegón, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 28 de septiembre de 2012, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con las siguientes
pretensiones:
2. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 60000-6-1-
11377 del 10 de julio de 2012, expedido por la Dirección Seccional Administrativa y
Financiera, que negó el reajuste y pago de la diferencia causada por no haberle
reconocido la bonificación por compensación, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 28
de febrero de 2007, teniendo como base «lo que por todo concepto percibe un
1 Expediente híbrido.
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
magistrado de alta corte», y lo percibido por los congresistas con «la equivalencia de
ingresos que la ley contempla para estos dos últimos cargos».
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad a pagar
las diferencias salariales que resulten de aplicar el Decreto 610 de 1998, respecto de
las normas posteriores, que corresponde al «valor de los ingresos percibidos por todo
concepto por parte de un congresista, que es lo mismo que debe recibir un magistrado
de alta corte, por el hecho de haberse declarado la nulidad del decreto 4040, mediante
sentencia del Consejo de Estado con fecha de 14 de diciembre de 2011». Indicó que
consiste en el reajuste «que por ingresos resulte adeudársele hasta nivelar sus
ingresos al equivalente al 80% del total de los ingresos que por todo concepto recibe
un congresista en equilibrio con un magistrado de alta corte, a partir del 1 de enero de
2001, y en adelante hasta el 28 de febrero de 2007, fecha en que se produce su retiro
de la entidad; siguiendo los porcentajes establecidos en el Decreto 610 de 1998».
4. Adicionalmente, solicitó que los valores adeudados sean actualizados y que la
sentencia se cumpla en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA2.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El señor Carlos Restrepo Ortegón prestó sus servicios en la Fiscalía General de
la Nación en el cargo de fiscal delegado ante Tribunal del 1 de enero de 2001 hasta el
28 de febrero de 2007.
7. Dado que desempeñó el cargo de fiscal delegado ante Tribunal, la Fiscalía le
reconoció la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, equivalente al
70% del valor total devengado anualmente por un magistrado de alta corte. Empero,
esta norma fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la
sentencia del 14 de diciembre de 20113. Por lo tanto, la entidad debe pagar la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale al 80% de lo
devengado anualmente por un magistrado de alta corte.
8. Narró que el 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte guarda
equivalencia con lo que percibe por todo concepto un congresista.
9. El 25 de junio de 2012, el accionante presentó reclamación administrativa para
obtener el pago de la diferencia entre las dos bonificaciones.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 2, 25, 29 y 53.
El Decreto 610 de 1998.
Ley 4 de 1992.
2 Folios 17 a 25.
3 Proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, Conjuez Ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
11. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de
1998 volvió a ser aplicable.
12. Indicó que el acto administrativo demandado está viciado de nulidad por
desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los fiscales
delegados ante Tribunal. Igualmente, aseveró que desconoce los derechos al debido
proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a una remuneración mínima vital
y móvil, en tanto, reiteró que la Fiscalía de forma arbitraria pagó un salario menor al
fiscal delegado.
13. Así las cosas, el accionante tiene derecho al pago del 80% de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas.
2.2. Contestación de la demanda
14. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. En
este sentido, indicó que el actor se posesionó desde el 1 de enero de 2001, en el
empleo de fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y que
según el Decreto 4040 de 2004 le pagaron la bonificación de gestión judicial del 70%.
Esto, acorde con «el régimen optado por el doctor Carlos Restrepo Ortegón».
15. Adicionalmente, señaló que el referido decreto gozó de presunción de legalidad,
por lo tanto, las situaciones jurídicas consolidadas continuaron amparadas por dicha
presunción hasta el 2011, cuando fue declarado nulo por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
16. Señaló que operó la prescripción porque el accionante se retiró del servicio el 28
de febrero de 2007 y presentó la reclamación administrativa el 25 de junio de 2012,
esto es, 5 años después de la desvinculación4.
2.3. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 14 de
septiembre de 2023, se estuvo a lo resuelto en el fallo de la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas. Como fundamento de la decisión expuso que operó la
prescripción de los derechos reclamados en el proceso, debido a que el funcionario
laboró en la Fiscalía General de la Nación hasta el 28 de febrero de 2007. De modo
que el interesado tenía tres años para reclamar, plazo que venció el 28 de febrero de
20105.
18. Sin embargo, el actor presentó la petición el 25 de junio de 2012. Por
consiguiente, en criterio del Tribunal de haber solicitado la reliquidación en tiempo
4 Folios 95 a 115.
5 Samai, índice 85 del expediente en el Tribunal, proceso con radicado 76001233300520120035800.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
oportuno, sí hubiese tenido el derecho a obtener la reliquidación salarial acorde con la
referida sentencia del 2 de septiembre de 20196.
2.4. Recurso de apelación de la parte actora
19. El apoderado del señor Carlos Restrepo Ortegón solicitó que se revoque el fallo
de primera instancia al afirmar que no operó la prescripción, puesto que para la fecha
de la reclamación administrativa no habían transcurrido más de 7 meses desde la
fecha en que el derecho fue exigible.
20. La parte recurrente explicó que la exigibilidad del derecho nació cuando quedó
ejecutoriada la sentencia de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y solo a partir de esta fecha empezó a correr el
término de prescripción. Resaltó entonces que «es prerrequisito para dar aplicación a
la prescripción del derecho, que este se encuentre en un estado jurídico que conlleve
a su exigibilidad».
21. A juicio del apelante, la providencia impugnada incurrió en un error al considerar
que el plazo trienal de prescripción venció el 28 de febrero de 2010, toda vez que la
reclamación «nació desde el momento en que fue exigible el derecho, reitero, desde
la ejecutoria del fallo que declaró nulo el Decreto 4040, lo que nos lleva de manera
fácil a entender que no operó el fenómeno de prescripción».
22. Adicionalmente, señaló que en el presente caso es inaplicable la sentencia de la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 2 de septiembre
de 2019, por falta de identidad entre los supuestos de hechos analizados en los dos
casos7.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
23. A través de auto del 20 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y se dispuso que el expediente ingresara al despacho
para proferir sentencia8.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde a la
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-
02 (2204-18), CE-SUJ-016-S2-19, C.P. Carmen Anaya de Castellanos.
7 Samai, índice 89, plataforma del Tribunal proceso con radicado 76001233300520120035800.
8 Samai, índice 9.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Sala definir si:
26. ¿No operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación, puesto que el derecho solo fue exigible una vez quedó ejecutoriada la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, sin que en este caso sea
relevante la fecha de retiro del servicio?
27.¿Es improcedente aplicar la sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019, debido a que los
supuestos de hecho son diferentes?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
28. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados9 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201310, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó
la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados
a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre
niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de
finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo
gradual de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una
política de "nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía
ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto,
esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla,
propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero
recibirían el 60% de lo percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer
nivel del artículo 15; para el segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados
al 70 y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del
salario idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer
nivel y los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación
salarial, la "prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por
9 Y autoridades equivalentes.
10
M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
compensación" y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor
salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.
29.En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 11, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en
los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes.
30. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199812 dictado por el presidente de la República.
31.En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
i) Carácter permanente;
ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
iv) los beneficiarios son los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los magistrados
auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a los
fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal
Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
v) se paga mensualmente;
vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
11 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
12 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
32. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201613, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
33. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
34. En el mismo sentido, concluyó que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta
corte]».
35. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»14.
36. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con
radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
del 2 de septiembre de 201915, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
37. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación16. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
38.Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc».
3.3.2. Bonificación de gestión judicial
39. El Decreto 4040 de 200417, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
40. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
41. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional, y secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso con
radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de octubre
de 2019.
16 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
17 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en
los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.
42. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
43. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201118 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
44. La Sala de conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
45. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
46. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de la
República dictó el Decreto 1102 de 201219, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 20
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P.
Carlos Arturo Orjuela Góngora.
19 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
20 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
47. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».
3.3.3. Sobre la prescripción
48. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección
Segunda21, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se
predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción
de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza
no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto
de ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad
prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la prestación debida,
salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso
del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro del cual se debe exigir
el cumplimiento de la obligación, so pena de que se extinga».
49.En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón de la
sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el demandado o la
declaratoria de oficio por el juez».
50. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el patrimonio
público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se reconozcan
derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del proceso,
[tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido a su
conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está, de la
no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción extintiva
puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»22.
51. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.
52. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33-000-
2013-00666-01 (0833-2016).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,
proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado oficial
formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
53. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201123, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.
54. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201924, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».
55. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199825 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
56. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 9 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre
de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante
dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al
salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían
efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la
prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), C.P.
Carlos Arturo Orjuela Góngora.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del
25 de septiembre de 2001.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre
de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción
por haber presentado reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de
regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de diciembre de 2004».
57.En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
i) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
ii) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
iii) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
58. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
3.4. Hechos probados relevantes
59. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
60. Según la constancia de servicios y el extracto de hoja de vida, el señor Carlos
Restrepo Ortegón ejerció el cargo de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito para el
1 de enero de 2001 y consta como fecha de retiro el 1 de marzo de 200726.
61.La referida constancia de servicios prestados precisa que devengó la bonificación
de gestión judicial27. Asimismo, obran en el proceso los certificados de salarios
devengados por esos mismos periodos de tiempo, donde aparecen los pagos por
concepto de la bonificación de gestión judicial desde 2005 a 200728.
62. En escrito del 25 de junio de 2012, el actor solicitó a la Fiscalía General de la
Nación el reconocimiento de la bonificación por compensación, desde el 1 de enero de
2001 «y en adelante hasta el 28 de febrero de 2007 (sic), fecha en la que se produce
su retiro, como fiscal delegado ante Tribunal». Pidió que fuera liquidada «con el 80%
de lo que recibe un magistrado de alta corte o un congresista, teniendo en cuenta la
homologación de remuneración de estos dos últimos funcionarios, consagrada en la
Constitución Nacional». Señaló que no operó la prescripción porque los 3 años
26 Folios 172 a 174.
27 Folio 172.
28 Folios 178 a 183.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
empezaron a correr desde el fallo del 14 de diciembre de 2011 del Consejo de Estado,
que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 200429.
63. A través del oficio 60000-6-1-11377 del 10 de julio de 2012, la Dirección Seccional
Administrativa y Financiera de Bogotá indicó que no consideraba «viable el
reconocimiento, liquidación y pago de porcentajes correspondientes a la bonificación
por compensación. […] Podemos colegir que aunque el Decreto 4040 de 2004, al que
se acogió voluntariamente el doctor Carlos Restrepo Ortegón fue declarado nulo
mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, esto no implica que deba cancelarse
al doctor Restrepo Ortegón, lo estipulado en el Decreto 610 de 1998. Pues son estos
dos regímenes de contenido contrario, y lo estipulado en la ley es específico para cada
uno de ellos, por lo que podemos establecer que no incurrimos en falta alguna, al no
acceder a sus pretensiones». Además, indicó que el retiro del servicio fue el 28 de
febrero de 2007, y la reclamación se interpuso el 27 de junio de 2012, fecha para la
cual ya había operado la prescripción del derecho.
3.5. Caso concreto
64. En el asunto bajo análisis, la accionante, quien ejerció el cargo de fiscal delegado
ante Tribunal, solicitó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, teniendo en
cuenta los ingresos anuales de los congresistas. El Tribunal negó las pretensiones de
la demanda, con fundamento en que operó la prescripción de los derechos pedidos en
el proceso, dado que presentó la reclamación pasados más de 5 años desde el retiro
del servicio.
65. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación con
fundamento en que el derecho no se extinguió por prescripción, toda vez que la
prerrogativa solo fue exigible una vez quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, sin que sea relevante la fecha de retiro del servicio.
Además, precisó que es inaplicable el fallo del 2 de septiembre de 2019 de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado.
66. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
se acreditó que el señor Carlos Restrepo Ortegón fue fiscal delegado ante Tribunal
desde el 1 de enero de 2001 y la fecha de retiro fue el 1 de marzo de 200730; el 25 de
junio de 2012 presentó la reclamación administrativa, para obtener el reconocimiento
de la bonificación por compensación del 1 de enero de 2001 al 28 de febrero de 200731;
petición que fue negada por la entidad en el oficio demandado 32. También está
probado en el proceso lo devengado por el demandante desde 2001 a 200733.
67. En este orden de ideas, en primera medida, la Subsección precisa que el actor
quien ejerció el cargo de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito es beneficiario de la
bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo, se
destaca que percibió la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004
29 Folios 2 y 3.
30 Folios 172 a 174.
31 Folios 2 y 3.
32 Folios 7 a 11.
33 Folios 178 a 183.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
(hecho que no es discutido por las partes), y que la entidad considera que no procede
el pago de la diferencia del 10%. Esto, al estimar que la declaratoria de nulidad del
Decreto 4040 de 2004 no implica el desconocimiento de situaciones jurídicas
consolidadas, pues durante su vigencia los pagos realizados se fundaron en la
normativa vigente.
68. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
69. Cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201634, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías, «para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio
a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
70. También señaló que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, debe observar «para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas». Así pues, la
discusión sobre la liquidación de la prima especial de los magistrados de altas cortes
se resolvió en la providencia de conjueces de 2016.
71. Entonces, se reitera que el derecho discutido en el proceso está regulado en el
Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse hasta alcanzar
el tope del 80%, y que conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de
hacer el cálculo correcto de la bonificación por compensación.
72. En segundo lugar, la Sala considera respecto a la prescripción que la regla general
es que operó para los derechos causados antes del 2 de diciembre de 2004, salvo que
la parte acredite que presentó una petición. Por otra parte, del 3 de diciembre de 2004
al 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, debido a la coexistencia de los
Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004. Esto en atención a lo considerado en los fallos
de la Sala de Conjueces del 15 de mayo de 201635 y del 2 de septiembre de 201936.
73. En el presente caso, el periodo reclamado se causó desde el 1 de enero de 2001
hasta el 28 de febrero de 2007. Entonces como la petición se interpuso el 25 de junio
de 201237, se extinguieron por prescripción los derechos causados entre el 1 de enero
de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Ciertamente, para interrumpir la prescripción
desde el 1 de enero de 2001 la parte interesada debió presentar la reclamación entre
el «5 de octubre de 2001 al 2 de diciembre 2004», como lo precisó el auto del 7 de
octubre de 201938. Por tanto, solo procede el pago de aquellos causados entre el 3 de
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02(0845-15).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
37 La demanda se presentó el 28 de septiembre de 2012.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
diciembre de 200439 y el 28 de febrero de 2007.
74. En tercer lugar, la Sala no considera que deba inaplicar el fallo del 2 de septiembre
de 201940, por «falta de identidad respecto de la ratio decidendi que existe entre los
dos fallos». Nótese que el auto 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 9
de septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre
de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante
dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al
salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios
podían efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara
la prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde
el 3 de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de
octubre de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad
del Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes hayan interrumpido la
prescripción por haber presentado reclamación durante el tiempo que no hubo
coexistencia de regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de diciembre 2004».
(Resaltado por la Sala).
75. Así pues, contrario a lo indicado por la parte actora, el objeto de litigio en la
presente providencia y el fallo de 2019, no debe ser idéntico, para que lo considerado
en esta última sentencia pueda aplicarse al caso bajo análisis en lo concerniente a la
prescripción. Ciertamente, «la ratio decidendi es la regla de la decisión. Consiste en
un enunciado concreto, contenido en la sentencia, que define el caso o el pleito,
mediante la formulación de una regla (es decir, de un enunciado normativo) especial
que manda, permite o prohíbe algo), cuya aplicación genera la decisión o resuelve el
caso concreto»41.
76. La sentencia SU – 047 de 2009 consideró que «la ratio decidendi es la formulación
general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o
razón general, que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es si se
quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva».
77. Por ende, el fallo del 2 de septiembre de 2019 y el auto del 7 de octubre del mismo
año, que la aclaró, sí contienen una ratio decidendi sobre el estudio de la prescripción
de la bonificación por compensación, y que es aplicable al presente caso, en armonía
con la normativa que regula el citado fenómeno extintivo.
78. En consecuencia, se revocará el fallo apelado, para en su lugar declarar la nulidad
del acto administrativo; declarar que operó la prescripción de los derechos causados
antes del 2 de diciembre de 2004; ordenar el pago de las diferencias entre la
bonificación de gestión judicial y la bonificación por compensación del Decreto 610 de
1998 desde el 3 de diciembre de 200442 hasta el 28 de febrero de 2007; y ordenar
descontar los pagos que se hicieron por concepto de la bonificación de gestión judicial.
39 Fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
41 Quinche Ramírez, Manuel Fernando, El precedente judicial y sus reglas, Ed. Legis. 2020. Pág. 26.
42 Fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
79. Así pues, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable43 e imprescriptible44,
se ordenará que la entidad reliquide y pague los aportes hechos al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones en favor del demandante, por las diferencias
dejadas de pagar por la bonificación por compensación, desde el 1 de enero de 2001
y hasta el 28 de febrero de 200745.
4. Costas
80. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario46 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
81. Por lo tanto, no hay lugar a imponer dicha condena, en atención a que no se
advierte que la entidad demandada haya incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
82. El señor Carlos Restrepo Ortegón, en la calidad de fiscal ante Tribunal tiene
derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas entre el pago de la
bonificación de gestión judicial y la bonificación por compensación, desde el 3 de
diciembre de 200447 hasta el 28 de febrero de 2007, dado que operó la prescripción
de los derechos causados antes del 2 de diciembre de 2004; sin perjuicio del pago de
aportes a pensión que son imprescriptibles.
43 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
45 Esto acorde con los límites temporales de la reclamación administrativa y la demanda.
46 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
47 Fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revocar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del 14
de septiembre de 2023, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva. En su lugar se dispone:
Primero: Declarar la nulidad del oficio 60000-6-1-11377 del 10 de julio de 2012,
dictado por la Fiscalía General de la Nación.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho condenar a la Nación- Fiscalía
General de la Nación a reconocer y pagar las diferencias adeudadas por la bonificación
por compensación del Decreto 610 de 1998 que sumada a la prima especial de
servicios debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de las altas cortes, durante el período comprendido entre el 3 de
diciembre de 2004 hasta el 28 de febrero de 2007, en los términos ordenados en la
parte motiva. A este valor se deben descontar los valores pagados por concepto de la
bonificación de gestión judicial. Sin que en todo caso se supere el tope del 80% fijado
por el Gobierno nacional.
Tercero: Declarar que operó la prescripción de los derechos causados antes del 2 de
diciembre de 2004.
Cuarto: Ordenar la reliquidación y pago de los aportes hechos al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones en favor del demandante, por las diferencias dejadas
de pagar por la bonificación por compensación, desde el 1 de enero de 2001 y hasta
el 28 de febrero de 2007.
Quinto: La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto: Dar cumplimiento a este proveído dentro de los términos establecidos para ello
por los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Séptimo: Aceptar la renuncia al poder presentada por Héctor Alfonso Carvajal
Londoño en los términos del memorial que obra a índice 15 de Samai, al reunir los
requisitos dispuestos por el artículo 76 del CGP.
Octavo: Sin condena en costas en las dos instancias.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00358-02 (7616-2023)
Demandante: Carlos Restrepo Ortegón
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.