Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-01159-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-01159-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2017-01159-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Demandante: LISSETTE MOISSL VILLALBA Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD -
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Síntesis del caso: los demandantes pretenden que los entes públicos demandados les
reparen los perjuicios materiales e inmateriales irrogados a raíz del desplazamiento forzado
padecido el 22 de octubre de 1999 cuando tuvo lugar una incursión paramilitar en el
corregimiento de Bajo Grande en jurisdicción de San Jacinto (Bolívar), hecho que imputan a
las Fuerzas Armadas estatales, respecto de quienes aducen que no brindaron protección
alguna a las víctimas y, por el contrario, actuaron como colaboradores del grupo armado
ilegal.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante1 contra la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar2 por medio de la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad del
medio de control, conforme a lo expuesto precedentemente.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la falta de legitimación en la causa
promovida por el Ministerio del Interior, conforme a lo expuesto
precedentemente.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
anotadas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin costas” (pg. 20, ED 78, expediente electrónico SAMAI índice
2. - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
1
ED 78, expediente electrónico, SAMAI índice 2.
2
ED 74, expediente electrónico, SAMAI índice 2.
2
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 12 de diciembre de 20173, la señora Lissette Moissl
Villalba y Josef Beltrán Miossl presentaron demanda de reparación directa4 en contra
de la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Armada Nacional,
Ejército Nacional y Policía Nacional con las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar indemnización integral a la
víctima por concepto de perjuicios morales y materiales, por haber
incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción u omisión, que
dieron por resultado la masacre y el desplazamiento masivo, ocurrido el
día 22 de octubre de 1999, en el asentamiento BAJO GRANDE –
BOLÍVAR, corregimiento del municipio de SAN JACINTO – BOLÍVAR,
COLOMBIA.
SEGUNDO: Condenar a los demandados LA NACIÓN – MINISTERIO DEL
INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL –
ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL a pagar a mi poderdante, por
concepto de lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la vida en
relación, pérdida de oportunidad como consecuencia del desplazamiento
forzado al que fue sometido.
TERCERO: Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de
entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación de
reparación, conforme a lo establece la ley.” (fl. 3
ED_01DEMANDADEREPARA(.pdf) - expediente electrónico - SAMAI
índice 2.).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora Lissette Moissl Villalba y su hijo Josef Beltrán Moissl residían en el
corregimiento Bajo Grande en jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar),
hasta que el 22 de octubre de 1999 hombres fuertemente armados pertenecientes al
Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandados por
Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias “El Gordo”, arribaron a dicho lugar con el objetivo
3
Fl 1, ED_01DEMANDADEREPARA(.pdf) - expediente electrónico, SAMAI índice 2.
4
Fls 1 a 12, ED_01DEMANDADEREPARA(.pdf) - expediente electrónico, SAMAI índice 2.
3
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
de secuestrar, desplazar y dar muerte a sus habitantes, los miembros de ese grupo
armado ilegal reunieron a los pobladores en la plaza y con lista en mano los
llamaron, acto seguido asesinaron a cuatro personas.
2) Las Fuerzas Armadas de Colombia, integradas por la Armada Nacional, Policía
Nacional y el Ejército Nacional conocieron de los referidos hechos, no obstante, no
ejercieron acciones para evitar la incursión paramilitar, por el contrario, obraron como
colaboradores del grupo armado ilegal quienes hurtaron el ganado e incendiaron los
terrenos dedicados a la agricultura, acontecimiento que provocó que los
demandantes fueran víctimas de desplazamiento forzado.
3. Contestación de las entidades demandadas
El 1 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y
ordenó la notificación personal de la Nación - Ministerio del Interior, Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Nación – Ministerio de Defensa - Armada
Nacional, Nación Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Nación Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional5.
3.1 Nación – Ministerio del Interior
Mediante memorial del 12 de diciembre de 2019 se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en las siguientes excepciones: (i) “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, porque no existe relación alguna entre las funciones que
desempeña y las causas que dieron lugar al daño alegado, máxime cuando este fue
propiciado por terceros ajenos al Estado y los entes encargados de garantizar el
orden público son el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional y, (ii)
“caducidad del medio de control de reparación directa”, dado que los hechos
ocurrieron el 22 de octubre de 1999 y la demanda se presentó el 21 de diciembre de
20176.
3.2 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Contestó el 22 de octubre de 2019, se opuso a todas y cada una de las pretensiones
de la demanda porque no existe nexo causal entre su actuar y el daño expresado por
5
Fls. 27 a 29, ED_12AUTODEPRONUNCIA(.pdf) -expediente electrónico – SAMAI índice 2.
6
Fls. 62 a 75, ED_26EXPEDIENTE(.pdf) – expediente electrónico– SAMAI índice 2.
4
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
los demandantes, razón por la cual formuló las excepciones que a continuación se
relacionan: (i) ¨hecho de un tercero”, por el hecho de que el desplazamiento, según el
propio relato de la demanda, fue perpetrado por un grupo armado ilegal y, (ii) “falta
de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto no existió falla en el servicio que
diera lugar al desplazamiento forzado de quienes integran la parte activa de litis7.
3.3 Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Armada Nacional
Por escrito del 7 de enero de 2020 contestó la demanda la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y Armada Nacional en el sentido de oponerse a las
pretensiones de la demanda, con sustento en lo cual aludió a la configuración de las
siguientes excepciones: (i) “falta de integración del litisconsorcio necesario”, debido a
que al presente proceso debió llamarse al municipio de San Jacinto (Bolívar) y al
departamento de Bolívar quienes son las primeras autoridades encargadas de la
seguridad y les asiste la función de tomar medidas necesarias para garantizar la vida
de los pobladores; (ii) “caducidad”, porque si bien el desplazamiento forzado es un
daño continuado, en la zona donde habitan los demandantes se presentaron las
condiciones para que pudieran retornar en los términos establecidos en la sentencia
SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional para accionar por dicha causa; (iii) “falta
de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa Nacional”, en vista
de que no son el Ejército Nacional ni la Armada Nacional los llamados a prestar
protección a los particulares, pues su función principal es la defensa de la soberanía
del territorio nacional, (iv) “existencia de políticas gubernamentales frente a la
reparación por desplazamiento forzado”, por razón de que el Gobierno Nacional ha
implementado políticas de indemnización para las víctimas desplazadas por la
violencia a través de varía vías tales como la jurisdicción penal, la Justicia Especial
Para la Paz mediante sendos incidentes de reparación integral y a través de Acción
Social, entre otras y, (v) “hecho de un tercero”, en atención a que no está probada
ninguna intervención estatal en la causación del daño, sino por terceros ajenos al
Estado8.
4. Audiencia inicial
El 1 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar llevó a cabo la
correspondiente audiencia inicial en la cual no advirtió ninguna irregularidad en el
7
Fls. 35 a 50, ED_37CONTESTACIONDEL(.pdf) – expediente electrónico – SAMAI índice 2.
8
Fls. 103 a 113, ED_37CONTESTACIONDEL(.pdf) – expediente electrónico – SAMAI índice 2.
5
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
proceso y frente a las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y
“caducidad” postergó la decisión para ser decidida de fondo en el momento de dictar
sentencia, además, declaró no probada la excepción de “falta de integración del
litisconsorcio necesario”9.
5. La sentencia de primera instancia
El 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las súplicas
de la demanda10 con fundamento en las siguientes consideraciones:
1) Frente a la excepción de caducidad, el daño padecido por los demandantes tiene
la característica de ser continuado sin que aparezca en el proceso que estos hayan
logrado retornar al lugar de origen conforme a una certificación expedida por el
personero de San Jacinto (Bolívar) ni que exista arraigo por cuenta de su
reubicación.
2) Se encuentra acreditado el daño consistente en el desplazamiento sufrido por la
parte actora, esto con sustento en la inclusión de los accionantes en el Registro
Único Nacional de Víctimas como medio idóneo para acreditar esa condición.
3) Acerca de la imputación, no se encontró prueba alguna en el proceso que permita
constatar que en el hecho del desplazamiento forzado hubieran participado
activamente los miembros de la Fuerza Pública, tampoco que tuvieran conocimiento
de la situación de vulnerabilidad de los demandantes frente al actuar de grupos
armados irregulares.
4) No hay lugar a la condena en costas a la parte vencida porque las víctimas de
desplazamiento forzado son personas de especial protección constitucional, dada su
condición socioeconómica y situación de vulnerabilidad.
6. Recurso de apelación
El 12 de marzo de 2022, los demandantes presentaron recurso de apelación11 en el
cual solicitaron que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las
pretensiones de la demanda por las siguientes razones de inconformidad:
9
ED 53 – expediente electrónico – SAMAI índice 2.
10
ED 74 – expediente electrónico – SAMAI índice 2.
6
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
1) El tribunal no evaluó de manera integral las pruebas del proceso, las cuales
corroboran que los entes estatales no tomaron las medidas pertinentes sino hasta
después de ocurrido el desplazamiento, ya que las correspondientes acciones
militares fueron realizadas con posterioridad, según informe emitido por el Ministerio
de Defensa a través del oficio no. 788 de 2018.
2) A pesar de que no hubo denuncias por la situación presentada, la jurisprudencia
nacional ha establecido que en los casos de desplazamiento la situación de peligro
se presume cognoscible y previsible en los municipios donde hay presencia de
grupos armados al margen de la ley, situación en la cual se encontraba el
corregimiento Bajo Grande perteneciente el municipio de San Jacinto (Bolívar), lo
cual se prueba con la “orden fragmentaria del 25 de octubre de 1999” que alude a la
situación de desplazamiento de dicha zona, acontecimiento que los organismos de
seguridad no conocieron sino casi un (1) mes después; una reacción más temprana
hubiera evitado el desafortunado desenlace ya que, a partir de la orden de
operaciones no. 66/ CBACIM31-S3-375, a dicho territorio se habían movilizado
unidades militares desde el 8 de octubre de 1999.
3) Constituye un hecho notorio la irrupción en el año 1998 de un éxodo campesino en
la región del Magdalena Medio que obligó al Gobierno Nacional a instalar una mesa
de diálogo, producto de lo cual hubo una escalada de la violencia en los municipios
de la zona de influencia donde sus líderes estaban en una situación de riesgo
extraordinario.
4) El desplazamiento ocurrido en el corregimiento de Bajo Grande debe ser
estudiado en el contexto en que vivía la población víctima de desplazamiento y
violencia sistematizada perpetrada por parte de grupos armados paramilitares.
7. Actuación surtida en segunda instancia
Mediante auto del 13 de septiembre de 2022 se profirió auto que admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte actora (SAMAI, índice 4), el cual fue notificado a
las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (SAMAI, índices 6 a 9).
11
ED 76 – expediente electrónico – SAMAI índice 1.
7
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
En el término previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 201112, el
Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada de Intervención no. 6, rindió
concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia porque, si
bien la parte demandante expresa que la situación de conflicto armado en el
departamento de Bolívar era un hecho notorio, de este hecho no se deriva,
necesariamente, que las Fuerzas Armadas tuvieran participación directa en los
hechos de la demanda ni nexo alguno con las AUC que operaban en la zona,
tampoco existe prueba que indique que con antelación al 22 de octubre de 1999 los
demandantes pusieran en conocimiento de las autoridades demandadas la presencia
de grupos armados irregulares13.
Las partes no se pronunciaron en el referido plazo y el expediente ingresó para fallo
el 22 de octubre de 2022 (SAMAI, índice 11).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional, 3) conclusión
y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si los entes demandados son patrimonial y
extracontractualmente responsables del daño alegado por los demandantes
consistente en el desplazamiento forzado que padecieron a partir del 22 de octubre
de 1999, a raíz de la perpetración de una serie de actos violentos ejercidos por
miembros de las AUC en el corregimiento Bajo grande en jurisdicción del municipio
de San Jacinto (Bolívar).
12
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que, en su texto vigente aplicable al presente caso,
dispone: "4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado
por los demás intervinientes”.
13
Fls. 1 a 22 ED 92 - expediente electrónico – SAMAI índice 2.
8
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
La primera instancia consideró que no existía caducidad del medio de control de
reparación directa, pero, negó las pretensiones de la demanda porque no encontró
nexo causal alguno entre el daño y la participación de las entidades de derecho
público demandadas; en la apelación, la parte demandante insiste en la
responsabilidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas sobre la base de
considerar que se trató de un hecho notorio frente al cual debieron desplegarse
acciones tendientes a brindar seguridad y protección a las víctimas.
La sentencia de primera instancia será revocada, debido a que se evidencia la
presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay lugar a
analizar y decidir el fondo y mérito del asunto.
2. Análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional
1) Con relación al término para presentar la demanda en forma oportuna cuando se
pretende la reparación directa, es necesario destacar que los hechos que motivaron
el inicio del presente proceso, según el escrito inicial, tuvieron lugar en el año 1999,
es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
2) En ese sentido, en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 188714, la
normativa aplicable para realizar el cómputo de la caducidad en este caso es la
vigente para el tiempo en que el respectivo término la caducidad empezó a correr,
esto es, el numeral 8 del artículo 136 del CCA que preceptuaba lo siguiente:
“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES (…).
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público
o por cualquiera otra causa”.
3) En el asunto puesto a consideración de la Sala el daño alegado es el
desplazamiento forzado sufrido por los demandantes, hecho que aseguran en la
14
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones (…)”.
9
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
demanda tuvo ocurrencia el 22 de octubre de 1999 cuando miembros de las
Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) incursionaron de manera violenta en el
corregimiento de Bajo Grande en jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar),
fecha que coincide con lo expresado por Lissette Moissl Villalba en declaración
juramentada rendida el 5 de mayo de 2015 ante la Personería Municipal de San
Jacinto Bolívar15, circunstancia fáctica que las partes no ponen en discusión y que
implica que los actores tuvieron conocimiento del daño desde el momento mismo en
que este se produjo, razón por la cual la demanda debió ser formulada dentro de los
dos (2) años siguientes a esa fecha.
4) Ahora bien, sobre esto último, es necesario poner de presente que la Sala Plena
de esta Sección mediante sentencia de 29 de enero de 202016 unificó su
jurisprudencia y señaló que en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, resultan aplicables las reglas
de caducidad previstas para la reparación directa, criterio este avalado por la Corte
Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU-312 del 13 de agosto
de 202017.
5) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que, para contabilizar el término de caducidad de las pretensiones
indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado, se deben observar las siguientes
subreglas:
a) El término de caducidad establecido por el legislador se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.
15 En esa oportunidad la señora Lissette Moissl Villalva expresó lo siguiente: “me llamo como viene
dicho (…) resido en el barrio VILLA ALEGRÍA del MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLÍVAR,
manifiesto que soy desplazada del corregimiento BAJO GRANDE, jurisdicción de San Jacinto
(Bolívar), desde el día 22 de octubre del año 1999 (…).” (ed. 5, fl. 1, expediente electrónico SAMAI,
índice 2).
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente
no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
17
MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
b) La contabilización de ese plazo para las súplicas indemnizatorias derivadas del
delito de desaparición forzada, se sujeta a la regulación legal expresa prevista para
el efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas
aquellas empezará a correr el término de ley, dado que, para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.
6) En ese orden de ideas, en el presente caso no hay elemento de juicio que permita
considerar que los demandantes se encontraban en una situación material de
carácter particular, especial y grave que les impidiera presentar la respectiva
demanda de reparación directa, pues, aunque no se desconoce que el
desplazamiento forzado genera consecuencias negativas para quienes lo padecen,
esta Sala18 ha dicho que esta situación no constituye, por sí misma, un justificación
válida para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia, toda vez que, a diferencia de otros derechos que
únicamente pueden ser ejercidos o disfrutados en sitios específicos –propiedad,
usufructo, entre otros-, la justicia opera a nivel nacional19 y, por ende, es un derecho
al que se puede acceder aun en situaciones irregulares como la de desplazamiento
forzado, pues, de conformidad con el artículo 134D del Decreto - Ley 01 de 1984 –
vigente para la época de los hechos-, era posible presentar la demanda de
responsabilidad en el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o en el
domicilio del particular demandado; por tanto, tampoco se encuentra razonable
considerar que la situación de desplazamiento justifique la imposibilidad de acceso a
la administración de justicia.
7) Sobre esto último, es pertinente recordar que en la sentencia SU-254 de 201320 la
Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad por
hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual los dos (2) años
establecidos por la ley para presentar las respectivas demandas de reparación
18
Auto de 18 de noviembre de 2021, proceso no. 2019-03150-01 (67078), MP Fredy Ibarra Martínez.
19
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 la justicia opera de
manera desconcentrada no solo con el fin de optimizar el ejercicio de la función sino también para
garantizar la facilidad en el acceso a los posibles usuarios de la administración judicial.
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-254 de 2013, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
directa pueden ser contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida decisión
judicial -22 de mayo de 201321-, como garantía de acceso a la administración de
justicia a un sector especial y vulnerable de la población.
8) De modo que, en este caso, el término de caducidad para formular las
pretensiones de reparación directa debe contabilizarse, a más tardar, a partir del 23
de mayo de 2013 -día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013, por
ser esta fecha más favorable a los demandantes.
9) Por consiguiente, como en el presente asunto no se demostró una situación o
circunstancia de imposibilidad material alguna para acceder a la administración de
justicia, se concluye que si se contabiliza el término para presentar la demanda
desde el día siguiente al de ejecutoria de la sentencia referida (23 de mayo de 2013),
se advierte que los actores acudieron a esta jurisdicción por fuera del término de dos
(2) años previsto para el efecto en el artículo 136-8 del CCA -norma vigente al
momento de desplazamiento forzado ocurrido el 22 de octubre de 1999-, porque
cuando presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de mayo de 201722
el término bienal previsto en la norma procesal ya había expirado; en consecuencia,
se declarará la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
10) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con los
criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de
enero de 202023 para el análisis de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado24, postulados que fueron acogidos por la Corte Constitucional
en sentencia SU-312 de 202025 con la aclaración de que el juez contencioso
administrativo debe analizar las particularidades de cada asunto en concreto, y que
la desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le
21
El 22 de mayo de 2013 cobró ejecutoria la sentencia SU-254 de 2013.
22
Págs. 1 a 4, ED 6 expediente electrónico, SAMAI índice 2.
23
Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-00144-
01(61033) A, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
24
Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
25
Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por
otras vías26.
11) La Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 202327 y
agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite
para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y
posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no encuentra necesario
readecuar el trámite en el caso concreto debido a que las particularidades del mismo
no permiten avizorar que ello pueda dar lugar a un cambio en el sentido de esta
decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la demanda hay
absoluta certeza de que desde el conocimiento del hecho dañoso y de la supuesta
participación del Estado operó la caducidad y no hay ningún elemento probatorio que
permita inferir que los demandantes estuvieron impedidos para ejercer el derecho de
acción.
3. Conclusión
El estudio de los elementos fácticos y jurídicos previamente analizados llevan
consigo a tomar la determinación de revocar la sentencia del 30 de septiembre de
2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró no probada la
excepción de caducidad y negó las pretensiones, por cuanto la demanda fue
radicada de manera extemporánea, pues, aunque para el cómputo de la caducidad
se tome en cuenta el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia SU-254
de 2013 de la Corte Constitucional (el 23 de mayo de 2013) que dispuso reglas
especiales para el cálculo de la caducidad en materia de desplazamiento forzado, el
cual es posterior a la fecha de los hechos que produjeron el daño (22 de octubre de
1999), para cuando se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el plazo de 2
años consagrado en numeral 8 del artículo 136 del CCA ya había trascurrido.
4. Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, salvo en los procesos en se
ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se
26
Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra
del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
27
Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.
13
Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el artículo 365
del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte
vencida en el proceso (…) cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias”.
En este caso, se advierte que la primera instancia se abstuvo de condenar en costas
a los demandantes, no obstante, en atención a la precitada regla del artículo 365 del
Código General del Proceso y en vista de que se revocará totalmente la sentencia
del inferior, es preciso condenar a la parte actora a pagar las costas por concepto de
gastos y expensas en ambas instancias, en la medida de su comprobación, las
cuales serán liquidadas por el tribunal de origen en forma concentrada según lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP.
De otra parte, respecto de las agencias en derecho, el numeral 4 del artículo 366 del
CGP dispone que para su liquidación debe tenerse en cuenta “la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente”, de este modo, en atención a que los demandantes han sido víctimas
del desplazamiento forzado y son personas de especial protección constitucional, se
fijará a modo de agencias en derecho la cantidad de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente en favor la parte demandada28.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Revócase la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la
demanda.
28
Este mismo criterio fue expuesto por esta Subsección en sentencia del 5 de diciembre de 2023,
radicación no. 13001-23-33-000-2017-01122-01 (68.675), MP Alberto Montaña Plata.
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01159-01 (68.652)
Actor: Lissette Moissl Villalba y otro
Reparación directa
Apelación de sentencia
2º) En lugar de lo anterior, declárase la caducidad del medio de control de
reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la
demanda.
3°) Condénase en costas por concepto de expensas y gastos en ambas instancias a
la parte demandante, las cuales deberán liquidarse por la primera instancia de forma
concentrada en caso de haberse causado.
4º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho en segunda instancia el total de un
(1) salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta providencia, a cargo de
los demandantes y en favor de la parte demandada.
5º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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