Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00674-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00674-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2021-00674-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2021-00674-01 (3446-2025)
Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: vinculación antes del 31 de diciembre de 1980. Subtema
2: 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado. Subtema 3: requisitos para
el reconocimiento de la pensión gracia – acreditados. Subtema 4: la acreditación de la calidad
de docente nacionalizado no está supeditada a los certificados expedidos por el sistema de
CETIL.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar el 31 de octubre de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a lo solicitado, por lo
que la accionada apeló la decisión insistiendo en que no se cumple con los requisitos
legales de la prestación reclamada. La Sala confirmará la decisión de primera instancia,
en la medida en que se encuentra acreditado el tiempo de servicio docente de 20 años,
con vinculación territorial o nacionalizada, para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
Radicación:13001-23-33-000-2021-0067400 (3446-2025)
Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Lilia América Quintero Mejía, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 11 de octubre de 20211, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:
a. Se declare la nulidad de la Resolución RDP 003429 del 5 de febrero de
2019, por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión
gracia.
b. Se declare la nulidad del acto administrativo ADP002049 del 20 de
marzo de 2019, que declaró extemporáneo el recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación, interpuesto contra la Resolución RDP 003429 del 05
de febrero del 2019.
c. Se declare la nulidad del acto administrativo ADP006763 del 22 de
octubre de 2019, que rechazó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto
contra el acto administrativo ADP002049 de 20 de marzo de 2019.
d. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por
la Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus (18 de octubre de 2014), con inclusión de
todos los factores salariales devengados, ajustes e indexaciones a que haya
lugar. También que se condene en costas.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La accionante nació el 12 de octubre de 1957, por lo que cumplió la edad de 50
años el 12 de octubre de 2007. Laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas con vinculación de carácter territorial y nacionalizada, así:
(a) desde el 7 de septiembre de 1978 hasta el 27 de septiembre de 1978, en
virtud del Decreto 859 del 31 de agosto de 1978, dictado por el departamento de
Bolívar, que la nombró subdirectora de la Escuela Rural de Niñas del Limón del
municipio de Mompox.
(b) a partir del 27 de septiembre de 1978 hasta el 13 de febrero de 1979, con
ocasión del Decreto 918 del 27 de septiembre de 1978, expedido por el
departamento de Bolívar;
(c) del 24 de marzo de 1995, en virtud del Decreto 0136 del 21 de marzo de
1995, dictado por el alcalde del municipio de Mompox, como docente de la
1 Samai, Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, ACTADEREPARTO.
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Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
Escuela Urbana de Juan XXIII.
(d) a partir del 3 de febrero de 1997 en adelante –inclusive hasta la fecha de
radicación de la demanda– en virtud del traslado efectuado a través del Decreto
024 del 3 febrero de 1997, a la Escuela Urbana Mixta Juan B del Corral –
actualmente Institución Educativa Técnica Colegio Nacional Pinillos–.
4. Cumplidos el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a
la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, pero su petición fue negada a través
de la Resolución RDP 003429 del 5 de febrero de 2019, que indicó que el tiempo de
servicio prestado no se ajusta al establecido para el reconocimiento de dicha pensión,
por lo que no podía otorgarse esta, máxime que todos los requisitos debían haberse
cumplido al 29 de diciembre de 1989. Contra dicha decisión presentó recurso de
reposición y, en subsidio, el de apelación, que fueron declarados extemporáneos a
través del acto administrativo ADP002049 del 20 de marzo de 2019del acto
administrativo ADP002049 del 20 de marzo de 2019, contra el que interpuso el recurso
de queja que también se rechazó por extemporáneo por el acto acusado ADP006763
del 22 de octubre de 2019.
5. La demandante estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como
docente territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con honradez, consagración y buena conducta. Añadió, que interpuso los recursos a
los que se hizo alusión en la oportunidad procesal correspondiente.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
6. En la demanda se citan las siguientes normas como vulneradas:
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 4 de 1996.
• Decreto 2277 de 1979.
• Decreto 2480 de 1996.
7. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que en su caso la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio docente.
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Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
2.2. Contestación de la demanda
8. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque se pretende el reconocimiento de la pensión gracia con tiempos laborados con
posterioridad al 1 de enero de 1990 y solo pueden tenerse en cuenta aquellos
laborados hasta 31 de diciembre de 1989, conforme a la unificación del régimen
pensional de los docentes oficiales, esto es, a la luz de la Ley 91 de 1989, que acabó
con la distinción o clasificación de docentes nacionales y nacionalizados y en la que
se sostuvo que las vinculaciones posteriores al 1 de enero de 1990 tienen el mismo
régimen de los servidores públicos y, por tanto, derecho a una sola pensión como la
de jubilación, lo cual se acompasa a la sentencia C-489 de 2000, la cual excluye del
reconocimiento de la pensión en cuestión a los docentes que no hubieren acreditado
al totalidad de los requisitos a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.
9. Por otra parte, la demandante no probó que estuvo en el servicio docente por
más de 20 años, mediante vinculación departamental, municipal, distrital o
nacionalizada. Al contrario, las probanzas dan cuenta que la mayor parte de su
vinculación fue de carácter nacional, por lo que no es dable reconocerle la pensión
gracia.
10. Sostuvo que el acto administrativo ADP 02049 del 20 de marzo de 2019 fue
notificado el 1 de abril de 2019, por medio de correo electrónico, según la base oficial
de notificaciones de esa entidad, por lo que la oportunidad procesal de presentar los
recursos de ley era hasta el día 8 de abril de 2019, plazo que no se respetó 2.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia del 31 de octubre de
20233, accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° RDP 003429 del 05 de
febrero del 2019 mediante el cual la UGPP niega el reconocimiento, liquidación y pago
de la Pensión Gracia a favor de la señora LILIA AMERICA QUINTERO MEJIA, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ORDENA a la UGPP -
reconocer y pagar una pensión de gracia a favor de la señora LILIA AMERICA
QUINTERO MEJIA, la cual se debe realizar sobre el 75 % del promedio mensual de
todos los conceptos legales devengados en el último año anterior a la fecha del estatus
pensional, es decir, entre el 18 de octubre de 2013 y el 18 de octubre de 2014,
debidamente indexada.
TERCERO: Las sumas que se reconozcan a favor del demandante serán ajustadas
aplicando la siguiente fórmula:
2 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 18CONTESTACION.
3 Samai, Tribunal, índice 00037, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 37, 44_SENTENCIA.
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Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
Índice final
R=Rh
Índice inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (RH), que es la suma adecuada, multiplicando por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia) sobre el índice inicial vigente a la fecha de que
debió efectuarse el pagó de la obligación.
CUARTO: DECLARAR prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 10 de octubre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: DECLARAR no probadas las demás excepciones propuestas por la parte
demandada.
SEXTO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme lo dispuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia y previas las anotaciones de
rigor, ARCHIVAR el expediente, previa devolución del remanente, si existiere.
12. Indicó que se probó que la demandante contaba con más de 50 años de edad
al momento de presentar la reclamación administrativa y ejerció la labor con honradez,
buena conducta y consagración, porque obra en el expediente el certificado expedido
por la Procuraduría General de la Nación, en el que se informa sobre la ausencia de
sanción disciplinaria, así como las diferentes declaraciones extra juicio sobre la buena
conducta en el ejercicio de sus funciones.
13. Señaló que de las pruebas obrantes en el expediente se tenía que la accionante
acumuló un total de tiempo de servicio de más de 20 años de carácter territorial. Lo
anterior, sumado a que estuvo vinculada por primera vez como docente territorial
antes del 31 de diciembre de 1980.
14. Por lo anterior, sostuvo que en atención a la situación fáctica probada y acorde
con las premisas normativas de la materia, resultaba claro que los cargos de ilegalidad
estaban llamados a prosperar, pues se demostró el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, de acuerdo con las leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 91 de 1989; por lo que se desvirtúo la presunción de legalidad
del acto demandado.
15. No obstante, señaló que como la pensión gracia se hizo exigible el 18 de
octubre de 2014, la demandante le solicitó a la administración el reconocimiento de
ella el 12 de octubre de 2018, momento a partir del cual el término de la prescripción
se suspendió por 3 años —hasta el 12 de octubre de 2021—, periodo en el que se
presentó la demanda, el 11 de octubre de 2021, de manera tal que se encontraban
prescritas únicamente las mesadas pensionales causadas «con anterioridad al 10 de
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octubre de 2018».
16. No condenó en costas a la parte demandada.
17. Mediante auto del 28 de junio de 20244, el Tribunal aclaró el numeral cuarto de
la parte motiva de la sentencia, en el sentido de indicar que se encontraban prescritas
las mesadas pensionales causadas «con anterioridad al 12 de octubre de 2015».
2.4. Recurso de apelación
18. La demandada, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación5 para que
se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
19. La accionante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizado. Indicó que
para establecer el carácter territorial o nacional de los nombramientos el a quo6 debió
analizar los actos de nombramiento, la autoridad que los profirió, la plaza docente y
de dónde provenían los pagos laborales respectivos.
20. En relación con lo anterior, sostuvo que resulta indispensable tener en cuenta
la procedencia de los recursos para el pago del salario de la docente, toda vez que si
los servicios fueron sufragados con dineros provenientes del Situado Fiscal o del
Sistema General de Participaciones, aquellos no pueden tenerse como válidos para
reclamar el derecho a la pensión gracia, toda vez que son recursos exógenos al ser
transferidos por la Nación a las entidades territoriales, sin que por ello dejen de ser
recursos nacionales, lo cual encuentra respaldado en la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018.
21. Con todo, señaló que la parte demandante no aportó en sede administrativa ni
judicial los elementos materiales probatorios requeridos para demostrar, sin lugar a
equívocos, que su vinculación fue de carácter territorial – nacionalizada, pues, según
dijo, el único documento válido para el efecto es la certificación tipo CETIL, conforme
al Decreto 726 de 2018, cuyo aporte es una carga de la parte peticionaria, que no fue
allegado al proceso de la referencia.
22. Finalmente, solicitó que se declaren prescritas las mesadas pensionales
causadas con anterioridad a los 3 años que antecedieron a la reclamación
administrativa, para lo cual debe tenerse en cuenta la fecha del estatus pensional, que
se consolida con el cumplimiento de los requisitos de edad y de tiempos de servicios,
en los estrictos términos de la normativa que regula la prestación bajo estudio.
4 Samai, Tribunal, índice 00045, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 45, 52_AUTORESUELVE_ACLARASENTENCIA.
5 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 51RECURSODEAPELACION.
6 Juez de primera instancia.
6
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Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
23. Mediante auto del 21 de enero de 20267, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
2.6. Ministerio público
24. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto,
en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, pues, al igual que el a
quo, encuentra acreditado el tiempo de servicio docente de 20 años, con vinculación
territorial o nacionalizada, desde antes del 31 de diciembre de 1980, para accederse
al derecho de la pensión gracia8.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que accedió las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 9 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
27. ¿Los documentos aportados al expediente son válidos y demuestran el tiempo
de servicio docente, territorial o nacionalizado, prestado antes del 31 de diciembre de
1980, así como el requisito de los 20 años de servicios docente de esa misma
naturaleza a efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la
demandante, o era necesaria la certificación CETIL?
28. ¿Es dable tener en cuenta el período durante el cual los salarios de la
demandante fueron financiados por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones, pues correspondería a una vinculación de tipo nacional?
7 Samai, índice 00005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 5, 8_AUTOQUEADMITE.
8 Samai, índice 00009, ed_expediente_expdig(.rar) NroActua 9_MEMORIAL_FLF_11ONCEPTO.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
29. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 10,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que hayan desempeñado el empleo
con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
30. La Ley 116 de 192811 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
31. Posteriormente, la Ley 37 de 193312 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
32. Por su parte, la Ley 91 de 198913, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
33. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
10 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1014 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
34. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199715,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
35. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201816,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
14 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Radicación:13001-23-33-000-2021-0067400 (3446-2025)
Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
36. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados17, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal18; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
17 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
18 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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Demandada: UGPP
37. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
38. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:
• Edad
39. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Lilia América Quintero Mejía nació el 12 de
octubre de 1957, según copia de su cédula de ciudadanía19, en consecuencia, cumplió
la edad de 50 años el 12 de octubre de 2007.
• Vinculación docente
40. Obra la copia del Decreto 859 del 31 de agosto de 197820, por medio de la cual
el gobernador del departamento de Bolívar nombró a la señora Lilia América Quintero
Mejía subdirectora de la Escuela Rural Niñas de El Limón (Mompox), en reemplazo
de la señora Nerys Yolanda Camargo, a quien se le aceptó la renuncia a su cargo.
41. Se encuentra la copia del acta del 7 de septiembre de 1978, que da cuenta que
en esa fecha se presentó Lilia América al despacho del alcalde del municipio de
Mompox a tomar posesión del cargo de subdirectora de la Escuela Rural Niñas de El
Limón de ese municipio, para el cual fue nombrada, según se dijo, mediante el Decreto
859 del 31 de agosto de 1978 de la Gobernación del Departamento de Bolívar.
42. Según la copia del Decreto 878 del 5 de septiembre de 197821, a través de ese
acto administrativo, el gobernador del departamento de Bolívar trasladó a Quintero
Mejía de la Subdirección de la Escuela Rural Niñas de El Limón a la Subdirección de
la Concentración Escolar Alonso de Heredia (Mompox), en reemplazo de Ana María
Miranda, a quien se le aceptó la renuncia.
43. Obra la copia del Decreto 0918 del 27 de septiembre de 197822, por medio del
cual el gobernador del departamento de Bolívar aclaró el Decreto 878 del 5 de
septiembre de 1978, en el sentido de que el traslado de América Quintero era para la
Escuela Urbana Cuarta (Mompox) y no para la Concentración Escolar Alonso de
Heredia.
44. Se encuentra la copia del Decreto 0136 del 21 de marzo de 199523, por medio
19 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp.26.
20 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 30 Y 31.
21 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 36.
22 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 33 Y 34.
23 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 5.
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Demandada: UGPP
de la cual el alcalde del municipio de Mompox nombró a la señora Lilia America
Quintero Mejía como docente en la Escuela Urbana de Juan XXIII de Mompox.
45. Según la copia del acta del 24 de marzo de 1995 24, ese día la peticionaria se
presentó al despacho del alcalde del municipio de Mompox con el objeto de tomar
posesión del cargo de profesora de la Escuela Urbana de Juan XXIII, para el cual fue
nombrada mediante el Decreto 0136 del 21 de marzo de 1995.
46. Obra la copia el Decreto 024 del 3 de febrero de 1997 25, mediante el cual el
alcalde encargado del municipio de Mompox trasladó a la demandante de la Escuela
Urbana Mixta Juan XXII a la Escuela Urbana Mixta Juan B. del Corral.
47. Se encuentra en el expediente el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - Secretaría de Educación Departamental de Bolívar del 12 de septiembre
de 201826, en el que se acredita que la vinculación de la accionante, respecto de los
nombramientos realizados mediante los decretos 859 del 31 de agosto de 1978 y 0918
del 27 de septiembre de 1978, fue de carácter nacionalizado, desde el 7 de septiembre
de 1978 hasta el 27 de septiembre de 1978 y del 27 de septiembre de 1978 al 13 de
febrero de 1979, respectivamente
48. Según la copia del formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
Secretaría de Educación Departamental de Bolívar del 12 de octubre de 2018 27, la
designación efectuada a través de los decretos 0136 del 21 de marzo de 1995 y 024
del 3 de febrero de 1997, fue del orden municipal.
49. En la referida copia del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, también consta que la demandante inició labores desde el 24 de marzo
de 1995, y que para el 12 de octubre de 2018, fecha de expedición de ese formato,
contaba con 19 años, 6 meses y 23 días de servicios laborados.
50. En resumen, la parte demandante acreditó los siguientes tiempos de servicios:
Entidad Acto Situación Desde Hasta Total
territorial administrativa Año de 365
días
Escuela Decreto 859 del 31 Subdirectora 7/09/1978
Rural Niñas de agosto de 1978
de El Limón
(municipio
de Mompox) 5 meses y 10
días
24 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 6.
25 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 4.
26 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 44 Y 45.
27 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 02ANEXODEMANDA, pp. 39.
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Demandada: UGPP
Escuela Decreto 878 del 5 de Subdirectora 13/02/1979
Urbana septiembre de 1978. (Nacionalizado)
Cuarta Aclarado por el
(municipio Decreto 0918 del 27
de Mompox) de septiembre de
1978.
Traslado
Escuela Decreto 0136 del 21 Docente 24/03/1995 Traslado municipal
Urbana de de marzo de 1995
Juan XXIII
(municipio
de Mompox)
Escuela Decreto 024 del 3 de Docente 12/10/201828 23 años, 6
Urbana febrero de 1997 meses y 29 días
Mixta Juan municipal
B. del Corral
(municipio
de Mompox)
Tabla 1. Vinculaciones parte demandante. Elaboración propia
• Actos demandados
51. La UGPP, mediante la Resolución RDP 003429 del 5 de febrero de 2019 29,
negó el reconocimiento de la pensión gracia solicitada el 12 de octubre de 2018.
3.5. Caso concreto
52. Se cuestiona que la accionante cumpla con los requisitos para obtener la
pensión gracia, por un lado, porque para efectos de demostrar el tipo de vinculación y
el tiempo de servicio docente era necesario aportar la certificación CETIL, por el otro,
que, si la labor docente fue financiada con recursos del Situado Fiscal, tampoco
resultan válidos los tiempos, pues se trataría de una vinculación nacional.
53. La Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, para lo cual hará el análisis relacionado con la validez de los
documentos relacionados en el acápite de hechos probados a efectos de demostrar el
requisito del tiempo de servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, y de
superarse este supuesto habrá lugar a determinar si se acreditaron los 20 años de
servicios docente con vinculación territorial – nacionalizada. Finalmente, la incidencia
de los recursos con los que fueron pagados los servicios docentes.
3.5.1. Vinculación docente y tiempo de servicio
54. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se recuerda que para
demostrar la calidad de docente, de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 del 21 de
junio de 2018, se requiere: a) la copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza
a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales; o b) también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
28 Fecha del formato único para la expedición de certificado de historia laboral
.
29 Samai, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2,1ED_ 20EXPEDIENTEADMINISTRATIVO, pp 293 a 296.
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cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.
55. En ese orden de ideas, para la Sala los documentos relacionados con los actos
de nombramiento y de posesión, así como el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, tienen pleno valor probatorio para acreditar la vinculación del docente,
en este caso, la de la señora Lilia América Quintero Mejía.
56. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado30, las copias simples tienen el mismo
valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.
57. Así que, como no se evidencia normativa alguna que exija, para el
reconocimiento de una pensión gracia, la presentación en original de los actos de
nombramiento ni de las certificaciones que dan cuenta del tipo de vinculación docente,
y tampoco se tacharon de falsas las documentales aportadas en copia simple por la
demandante a este proceso, es válido darles valor probatorio a los documentos
referidos párrafos atrás.
58. Por otro lado, como también lo ha precisado esta Sala, « contrario a lo expuesto
por el recurrente no es el certificado CETIL el único documento que resulta válido para
certificar el tiempo y tipo de vinculación de la docente demandante; puesto que, esta
corporación ha indicado que aquella calidad se puede acreditar a través de otros medios
probatorios, tales como, el acta de nombramiento o certificación expedida por la entidad
nominadora»31.
59. En el mismo sentido, esta Subsección en sentencia del 26 de noviembre de
202532 señaló:
Fíjese que esta Sala ha sostenido que, a partir de un análisis probatorio integral de los
medios de prueba obrantes en el expediente, es posible alcanzar el convencimiento
necesario para reconocer la pensión gracia, sin que resulte indispensable aportar
certificados del sistema CETIL, además de que en este caso la entidad demandada no
cuestionó la autenticidad de los documentos aportados dentro del expediente, que
fueron tenidos en cuenta por el tribunal de primera instancia para acceder a las
pretensiones de la demanda y corroborados en esta providencia.
60. En virtud de lo anterior, no es dable sostener que la vinculación docente que se
pretende acreditar no es válida para el reconocimiento de la pensión gracia porque no
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.
exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp.
19001233300020210021401 (2289-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 68001-23-33-000-2016-00864-01 (0379-2023), M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo.
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se aportaron los formularios del CETIL, en especial, cuando se allegaron al proceso
los actos de nombramiento que permiten precisar la naturaleza de aquella 33.
61. Ahora, como se vio párrafos atrás, la pensión gracia tuvo como finalidad
compensar a los educadores adscritos a entidades territoriales en razón de la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con sus homólogos nacionales;
sin embargo, ese objetivo en principio perdió fundamento en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se dispuso que tal beneficio sería compatible con
la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial[mente] de la Nación».
62. Es claro, entonces, que con la expedición de la Ley 91 de 1989 se buscó
desmontar el reconocimiento de la pensión gracia, porque, básicamente, ya no había
una situación de desigualdad en las asignaciones salariales de los docentes.
63. No obstante, a pesar de que la ley en comento buscó poner fin a la pensión
gracia, fijó unas reglas en aras de reconocerla a quienes cumplieran con los requisitos
allí establecidos. Al respecto, en el numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, se dijo:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
64. A raíz de las diferentes interpretaciones alrededor del anterior artículo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación 34 en
cuanto al entendimiento que debe otorgársele, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
33 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2026,
exp. 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01
(3018-2017).
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antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.
65. Al respecto, esta corporación sostuvo que, de la lectura de la citada normativa,
se tenía que la pensión gracia se reconoce a los docentes que estén dentro de los
siguientes supuestos: a) vinculados «hasta el 31 de diciembre de 1980»; b) que
«tuviesen o llegaren a tener derecho»; c) que «cumplan con la totalidad de los
requisitos» previstos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado.
66. En relación con el siguiente requisito, consistente en «tuviesen o llegaren a
tener derecho», indicó que se refiere a dos eventos, a saber: el primero a la posibilidad
de reconocer la pensión gracia a los docentes que antes o al momento de promulgarse
la Ley 91 de 1989 –29 de diciembre de 1989– hubieran cumplido con la totalidad de
los requisitos legalmente establecidos para el efecto, con una vinculación territorial o
nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, mientras que el segundo consiste
en reconocerle tal derecho a los maestros que acrediten las condiciones con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando se demuestre una
experiencia docente territorial o nacionalizada antes de esa fecha.
67. Desde esa lectura, dijo la corporación, la normativa tiene otro límite temporal
que atañe a que la pensión gracia solo puede reconocerse a los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980. Es así que el derecho está en cabeza del docente
que haya tenido una vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre
de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que
la desarrollaron, sin importar el momento en que logre acreditar los requisitos, es decir,
puede ser a partir del 1 de enero de 1981, inclusive, o después del 29 de diciembre
de 1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.
68. Lo anterior se ratificó en la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,
en la que esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980» no exige que la vinculación esté vigente para esa fecha, sino que
lo relevante es haberse desempeñado como docente territorial o nacionalizado con
antelación a ese momento. En tal sentido, se sostuvo:
la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada
objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral
vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para
efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad no
puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional.
69. Así las cosas, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado
a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia es que la
vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, caso en el
cual es válido también incluir el tiempo laborado posteriormente, siempre y cuando se
demuestren como nacionalizado o territorial.
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70. A la luz de las anteriores consideraciones, de las pruebas documentales
referidas en el acápite de hechos probados, se tiene lo siguiente:
71. Conforme con la copia del Decreto 859 del 31 de agosto de 1978, el gobernador
del departamento de Bolívar nombró a Lilia América Quintero Mejía subdirectora de la
Escuela Rural Niñas de El Limón del municipio de Mompox.
72. En virtud de ese decreto, la demandante ejerció la actividad docente a partir del
7 de septiembre de 1978, según da cuenta la copia del acta de posesión de esa misma
fecha, en la que se indica que Lilia América se presentó al despacho del alcalde del
municipio de Mompox a tomar posesión del cargo para el cual había sido nombrada
mediante el Decreto 859 del 31 de agosto de 1978 de la Gobernación del
Departamento de Bolívar.
73. Es así que, se encuentra que la demandante fue nombrada por una entidad
territorial, esto es, por el gobernador del departamento de Bolívar quien expidió el
Decreto 859 del 31 de agosto de 1978, y que, como se vio, la designó subdirectora de
de la Escuela Rural Niñas de El Limón del municipio de Mompox de ese mismo
departamento, por lo que es dable concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación
de la demandante fue territorial - nacionalizada.
74. Posteriormente, según la copia del Decreto 878 del 5 de septiembre de 1978,
a través de ese acto administrativo, el gobernador del departamento de Bolívar
trasladó a Quintero Mejía de la Subdirección de la Escuela Rural Niñas de El Limón a
la Subdirección de la Concentración Escolar Alonso de Heredia del municipio de
Mompox, acto que fue aclarado mediante el Decreto 0918 del 27 de septiembre de
1978, en el sentido de que el traslado era para la Escuela Urbana Cuarta de ese
mismo municipio y no para la Concentración Escolar Alonso de Heredia.
75. En relación con lo anterior, es necesario recordar que los traslados a otras
instituciones educativas son circunstancias respecto de las cuales la jurisprudencia de
esta Sección35 ha precisado que se tratan de situaciones administrativas que no
afectan la naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un nuevo
nombramiento, lo que implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido
alteración», por tanto, la vinculación de la peticionaria continuó siendo territorial –
nacionalizada desde el 27 de septiembre de 1978.
76. Lo anterior guarda relación con el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio - Secretaría de Educación Departamental de Bolívar del 12 de
septiembre de 2018, en el que se indica que la vinculación de la accionante, respecto
de los nombramientos realizados mediante los decretos 859 del 31 de agosto de 1978
y 0918 del 27 de septiembre de 1978, fue de carácter nacionalizado, desde el 7 de
septiembre de 1978 hasta el 27 de septiembre de 1978 y del 27 de septiembre de
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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1978 al 13 de febrero de 1979, respectivamente.
77. En ese orden, se tiene por satisfecho el requisito temporal de haber estado
vinculada a una plaza departamental, municipal o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.
78. Con posterioridad, según la copia del Decreto 0136 del 21 de marzo de 1995,
el alcalde del municipio de Mompox nombró a la señora Lilia América Quintero Mejía
docente en la Escuela Urbana de Juan XXIII de ese municipio, cargo del que tomó
posesión el 24 de marzo de 1995. Luego, mediante el Decreto 024 del 3 de febrero de
1997 fue trasladada a la Escuela Urbana Mixta Juan B. del Corral.
79. Al revisar el acto de designación, teniendo en cuenta la autoridad que efectuó
esta y la institución educativa en la que desempeñaría el servicio docente la
peticionaria, se estima que este es de carácter territorial – municipal.
80. Inclusive, según la copia del formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
• Secretaría de Educación Departamental de Bolívar del 12 de octubre de 2018, el
servicio prestado con ocasión los decretos 0136 del 21 de marzo de 1995 y 024 del 3
de febrero de 1997, fue del orden municipal.
81. En atención a lo anterior, Lilia América Quintero Mejía se desvinculó de la
docencia entre el 14 de febrero de 1979 y el 23 de marzo de 1995, pero al retomar el
ejercicio de su profesión fue nombrada a través de un acto expedido por una autoridad
del orden municipal a fin de que prestara sus servicios en una institución educativa del
municipio de Mompox, por lo que durante su trayectoria profesional ostentó la calidad
de maestra territorial o nacionalizada, de la cual gozó desde antes del 31 de diciembre
de 1980, lo que le permitió conservar su expectativa legítima de obtener la pensión
gracia al cumplir con posterioridad los requisitos para tal efecto, como se reiteró en la
sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018.
82. Finalmente, es dable poner de presente que, la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en especial la mencionada sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
CE-SUJ-SII-11-2018, ha dejado claro que en materia de pensión gracia la naturaleza
de la vinculación docente depende de la naturaleza de la autoridad nominadora y de
la plaza a ocupar, esto es, que sea territorial o nacionalizada.
83. En ese orden, es importante recordarle a la UGPP que el origen de los recursos
destinados a la financiación de los salarios de los docentes no incide en la
determinación del tipo de vinculación, pues se insiste, lo «esencialmente relevante
frente al reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza» con
carácter territorial o nacionalizado, en especial si los entes territoriales una vez reciben
las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones se convierten
en su propiedad, conforme a la referida sentencia de unificación.
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Radicación:13001-23-33-000-2021-0067400 (3446-2025)
Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
84. En consecuencia, como la demandante cumplió los 50 años el 12 de octubre
de 2007 y ejerció funciones en virtud de vinculaciones territoriales desde antes del 31
de diciembre de 1980, corresponde verificar en qué momento completó los 20 años
de servicio docente territorial o nacionalizado. Para tal efecto, en esta oportunidad es
posible tener en cuenta la totalidad de su experiencia laboral, relacionada en el acápite
de hechos probados.
85. En ese orden de ideas, mediante la siguiente tabla (num. 2), que a su vez extrae
los extremos temporales de las vinculaciones laborales de la demandante,
relacionados en la tabla 1, se constata que aquella cumplió los 20 años de servicio
docente para la obtención de la pensión gracia el 9 de octubre de 2014, así:
Periodo en
años, meses
Fecha Inicial Fecha Final y días Días
07/09/1978 13/02/1979 0 – 5 - 10 160
24/03/1995 09/10/2014 19 – 6 – 25 7.140
Total días 7.300
Tabla 2. Extremos temporales para establecer los 20 años de servicio
86. Los cálculos de las tablas 1 y 2, con el fin de que el cómputo de los periodos se
acerque más a la realidad, se efectúo a partir de los días calendario, lo que a su vez
conlleva a que por regla general cada año equivalga a 365 días. En ese orden de
ideas, los 20 años (que son los exigidos por la obtención de la pensión gracia)
corresponden a 7.300 días36, que en el caso de la peticionaria se cumplieron el 9 de
octubre de 2014.
87. Entonces, se encuentra que, para el 12 de octubre de 2018, cuando solicitó el
reconocimiento de la pensión gracia ante la administración, cumplía con todos los
requisitos legales para el reconocimiento de esta.
3.5.2. De la verificación de la fecha en que se consolidó el estatus pensional
88. En lo que respecta a la consolidación del estatus pensional, como fue un
aspecto de controversia en el recurso de apelación, la Sala encuentra que la
peticionaria cumplió 50 años el 12 de octubre de 2007 y completó los 20 de servicio
en la docencia oficial el 9 de otubre de 2014, como se ilustró líneas atrás,
particularmente en la tabla número 2.
89. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que como la
demandante consolidó el estatus pensional el 9 de octubre de 2014, fecha en la cual
completó los 20 años de servicio docente oficial, la solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia fue presentada el 12 de octubre de 2018 y la demanda el 11 de octubre
de 2021, operó la prescripción de las mesadas pensionales causadas antes del 12 de
octubre de 2015, como acertadamente lo señaló el Tribunal en el auto del 28 de junio
de 2024, a través del cual aclaró el fallo de primera instancia.
36 365 x 20 = 7.300.
19
Radicación:13001-23-33-000-2021-0067400 (3446-2025)
Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
90. Así las cosas, se modificará la sentencia de primera instancia en los siguientes
aspectos:
• La fecha de consolidación del estatus pensional, que corresponde al 9 de
octubre de 2014, y no el 18 de octubre de 2014.
• Como consecuencia de lo anterior, para el cálculo de la prestación, debe
tenerse en cuenta lo devengado del 9 de octubre de 2013 al 9 de octubre de
2014.
3.6. Conclusión
91. La Subsección concluye, a partir del estudio de la normativa aplicable a la
pensión gracia, de los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la
valoración integral del acervo probatorio, que la señora Lilia América Quintero Mejía
cumple los requisitos para acceder a dicha prestación, pues se acreditó que sus
vinculaciones correspondieron a plazas de carácter territorial – nacionalizadas, lo que
le permite cumplir con el requisito de los 20 años de servicio.
4. Costas
92. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
93. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación:13001-23-33-000-2021-0067400 (3446-2025)
Demandante: Lilia América Quintero Mejía
Demandada: UGPP
Falla:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar el 31 de octubre de 2023, aclarada mediante providencia del
28 de junio de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual quedará
así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la UGPP - reconocer
y pagar una pensión de gracia a favor de la señora LILIA AMERICA QUINTERO
MEJIA, la cual se debe realizar sobre el 75 % del promedio mensual de todos los
conceptos legales devengados en el último año anterior a la fecha del estatus
pensional, es decir, entre el 9 de octubre de 2013 y el 9 de octubre de 2014,
debidamente indexada. Con efectos fiscales desde el 12 de octubre de 2015.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
Tercero. No condenar en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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