República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00984-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema 1: la intervención del delegado del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del fondo educativo
regional en el acto de nombramiento no modifica la calidad de docente territorial o
nacionalizado. Subtema 2: el tiempo de servicio como docente en programas de
alfabetización es válido para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
Subtema 3: la acreditación de la calidad de docente nacionalizado no está supeditada
a los certificados expedidos por el sistema de CETIL.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida
el 27 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través de los cuales se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, al considerar que no acreditó una
vinculación docente de carácter territorial antes del 31 de diciembre de 1980. La Sala
confirmará la sentencia de primera instancia que accedió al reconocimiento de la
referida prestación, toda vez que el demandante sí probó la condición de maestro
oficial antes de la fecha antes señalada y, además, los 20 años de servicio docente
de carácter territorial o nacionalizado para efectos del reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito presentado el 1 de septiembre de 20201, el señor Jesús
Orlando Benavides Torres, por conducto de apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la UGPP, de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan2.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó la nulidad de la Resolución RDP 007889 del 26 de
marzo de 2020 del subdirector de determinación de derechos pensionales de la
UGPP, que le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación
solicitada, y de la Resolución RDP 011090 del 6 de mayo de 2020 del director de
pensiones de la UGPP, que confirmó el primer acto administrativo.
3. Pretendió que los tiempos de servicio prestados como docente alfabetizador,
comprendidos entre el 16 de septiembre de 1977 y el 31 de enero de 1979, y entre el
1 de enero de 1990 y el 31 de mayo de 2020, se declaren que corresponden a una
relación laboral de carácter oficial y, por consiguiente, que son válidos para el
reconocimiento y pago de la mencionada prestación.
4. Requirió, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP al
reconocimiento y pago de la pensión gracia en un monto mensual equivalente al 75 %
del promedio mensual de los salarios y factores salariales devengados entre el 17 de
agosto de 2008 y el 17 de agosto de 2009, fecha en la que consideró que adquirió el
estatus para gozar de la señalada prestación. También, que el pago se haga efectivo
a partir del 20 de enero de 2017, en aplicación del principio de prescripción trienal,
puesto que la solicitud respectiva se efectuó el 20 de enero de 2020.
5. Solicitó condenar al demandado a) al reconocimiento y pago de los reajustes y
demás beneficios de ley, en especial la mesada semestral y los intereses de mora
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; b) al cumplimiento de la sentencia,
según los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y c) a pagar las costas procesales.
2.1.2. Hechos
6. El accionante indicó que nació el 2 de junio de 1958, por lo que el 2 de junio de
2008 cumplió 50 años.
7. Resaltó que el 17 de agosto de 2009 cumplió 20 años de experiencia docente
1 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0005OficioRemiteDemanda.pdf.
2 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0001NulidadRestablecimientoDelDerecho.pdf.
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Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
oficial. Por lo tanto, considera que esa es la fecha que debe tenerse en cuenta para
establecer el estatus pensional.
8. Manifestó que conforme al artículo 4 de la Resolución 356 del 16 de septiembre
de 1977 de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y el acta de posesión
respectiva, fue nombrado maestro alfabetizador en el municipio de Pasto,
perteneciente a la misma entidad territorial, prestando sus servicios del 16 de
septiembre de 1977 al 6 de septiembre de 1978 en el Centro Mercedario. Asimismo,
resaltó que tomó posesión el 26 de septiembre de 1977, con retroactividad al 16 de
septiembre del mismo año.
9. Indicó que de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 128 del 7 de
septiembre de 1978 de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño fue
ratificado como profesor alfabetizador en el señalado municipio, prestando sus
servicios del 7 de septiembre de 1978 al 31 de enero de 1979 en el Centro Santo
Sepulcro.
10. Respecto de los periodos anteriores, el accionante afirmó que su vinculación
como docente alfabetizador fue de carácter departamental por un total de 1 año, 4
meses y 14 días, tiempo anterior al 31 de diciembre de 1980.
11. Refirió que en virtud del Decreto 386 del 25 de abril de 1990 de la Gobernación
de Nariño y el acta de posesión correspondiente, fue nombrado docente de tiempo
completo en el municipio de Gualmatán, correspondiente a la misma entidad territorial,
prestando los servicios desde el 1 de enero de 1990 hasta el 1 de septiembre de 2020
(fecha de presentación de la demanda) en el Colegio San José, hoy Institución
Educativa San José. Del mismo modo, resaltó que tomó posesión el 30 de abril de
1990, con retroactividad al 1 de enero de 1990.
12. Frente al periodo anterior, precisó el demandante que su vinculación como
docente de tiempo completo fue de carácter nacionalizado. Igualmente, señaló que,
en total, ha laborado por más de 30 años.
13. Relató que solicitó, a través de escrito del 20 de enero de 2020, el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP, con el lleno de los requisitos
para acceder a la mencionada prestación. Sin embargo, la Subdirección de
Determinación de Derechos Pensionales de la entidad demandada, a través de la
Resolución RDP 007889 del 26 de marzo de 2020, negó su reconocimiento y pago al
considerar que no acreditó vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 ni se
encontraba vinculado a la docencia oficial.
14. Señaló que el 2 de abril de 2020 interpuso el recurso de apelación contra el
acto administrativo citado en precedencia y que el director de pensiones de la UGPP,
mediante la Resolución RDP 011090 del 6 de mayo de 2020, confirmó el acto
recurrido.
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Demandada: UGPP
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
15. Identificó como normas desconocidas las siguientes:
• Constitución Política, artículos 1, 2, 13, 25, 53 y 83.
• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
16. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante transcribió apartes de
la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia. Concluyó que la entidad se apartó del
ordenamiento jurídico e hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio
docente al no computar los periodos laborados como docente alfabetizador y docente
de tiempo completo.
2.2. Contestación de la demanda
17. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso las siguientes excepciones de mérito3:
18. En primer lugar, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y
legales, al considerar que la negativa al reconocimiento pensional se realizó con
sujeción a la ley.
19. En segundo lugar, cobro de lo no debido, al referir que no se reúnen los
requisitos para efectuar el reconocimiento de la pensión gracia. Bajo ese entendido,
al actor no le asiste derecho alguno para fundamentar con mérito las pretensiones de
declaración y de condena, resultando inane el cobro que persigue con estas.
20. Finalmente, prescripción, al señalar que las prestaciones sociales prescriben
en el término de tres años contados a partir de la última petición. Aquella se contará
desde que la obligación se haya hecho exigible. Asimismo, la jurisprudencia ha
expresado que aunque la pensión de jubilación y el derecho a los reajustes no
prescriben, las mesadas sí, razón por la cual están prescritas todas las obligaciones
pensionales, reliquidaciones, reajustes, intereses corrientes y/o moratorios, y la
indexación, que se hubieren causado con anterioridad a los tres años de presentación
de la última petición.
2.3. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 27 de octubre de 2021,
mediante la cual a) declaró la nulidad de las resoluciones RDP 007889 del 26 de
marzo de 2020 y RDP 011090 del 6 de mayo de 2020; b) ordenó a la UGPP reconocer
3 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2, 0023
CONTESTACIÓN DEMANDA.
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y pagar una pensión gracia de jubilación al accionante, efectiva a partir del 17 de
agosto de 2009, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado
durante el año previo a la adquisición de su derecho, esto es, entre el 17 de agosto
de 2008 y el 17 de agosto de 2009; c) declaró prescritas las mesadas pensionales
anteriores al 20 de enero de 2017; d) negó las demás pretensiones de la demanda y;
e) condenó en costas a la parte demandada.
22. La providencia se fundó en las siguientes consideraciones4:
23. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la pensión
gracia, analizó si el accionante cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 114 de
1913, esto es: a) acreditar más de 50 años; b) haber servido en el magisterio por un
término no menor de 20 años con vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31
de diciembre de 1980 y; c) haber desempeñado el cargo con honradez, consagración
y buena conducta.
24. Frente al primer requisito, indicó que con la copia del registro civil de nacimiento
y la cédula de ciudadanía, tenía por acreditado que el señor Jesús Orlando Benavides
Torres nació el 2 de junio de 1958, por lo que cumplió los 50 años el 2 de junio de
2008.
25. Respecto del segundo requisito, señaló que la vinculación comprendida entre
el 16 de septiembre de 1977 y el 31 de enero de 1979, efectuada mediante las
resoluciones 356 de 1977 y 128 de 1978, tuvo una duración de 502 días, esto es, 1
año, 4 meses y 1 día, periodo durante el cual el actor ejerció como docente de orden
departamental.
26. Del mismo modo, refirió que la vinculación comprendida entre el 1 de enero de
1990 y el 17 de agosto de 2009, efectuada mediante el Decreto 386 de 1990, tuvo una
duración de 7168 días, a saber, 19 años, 7 meses, 2 semanas y 2 días, periodo
durante el cual el peticionario ejerció como docente de orden territorial, suficiente para
completar los 20 años de servicio y acceder a la prestación.
27. Resaltó que la modalidad de vinculación en las plazas cofinanciadas con
recursos del orden nacional o cuyo servicio se paga con recursos del situado fiscal no
implica que se transforme la naturaleza de la vinculación territorial. Igualmente, que
se acoge el pronunciamiento del 27 de agosto de 2015 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado5, según la cual los dineros girados a las entidades
territoriales provenientes del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones,
con el propósito de cubrir pasivos pensionales de salud, educación y otros sectores,
hacen parte de los recursos propios de los entes territoriales.
28. En cuanto al tercer requisito, explicó que el demandante no registra proceso
4 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2, 039.
SENTENCIA FAVORABLE.
5 Rad. 2014-00287. M.P. Germán Alberto Bula Escobar.
5
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disciplinario en el que hubiese sido sancionado, ni se desvirtuó que su labor la
ejerciera con honradez y consagración, por el contrario, los documentos dan cuenta
de la conducta exigida para ser beneficiario de la mencionada prestación.
29. Precisó que no se demostró que el accionante hubiese percibido ni perciba otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
30. Así las cosas, concluyó que el señor Jesús Orlando Benavides Torres cumplió
con los requisitos que la Ley 114 de 1913 establece para acceder a la pensión gracia
de jubilación, puesto que se vinculó como docente municipal antes del 31 de diciembre
de 1980, acreditó tener más de 50 años de edad, prestó sus servicios por más de 20
años a la docencia y no se evidenció sanción disciplinaria.
31. Por último, en aplicación del artículo 188 del CPACA, impuso condena en
costas a la parte demandada y a favor de la parte demandante, teniendo en cuenta
que la representación judicial y el trámite procesal implican gastos que debió asumir
esta última. Lo anterior, por cuanto la Honorable Corte Constitucional, en la sentencia
C- 157 de 2013, se pronunció sobre la necesidad de imponerlas de manera objetiva,
de conformidad con el Código General del Proceso.
2.4. Recurso de apelación
32. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque la decisión de primera instancia y se le exonere
de toda responsabilidad. Fundamentó su inconformidad en las siguientes razones6:
33. La vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 se considera de carácter
nacional, puesto que los actos de nombramiento contenidos en las resoluciones 356
del 16 de septiembre de 1977 y 128 del 7 de septiembre de 1978, aun cuando fueron
suscritas por el secretario de educación pública de Nariño y el delegado del Ministerio
de Educación Nacional, emanaron de este último, en razón a que tenía a su cargo el
manejo y la financiación de los programas de alfabetización en el ramo de la educación
para adultos, de lo que se infiere que son de naturaleza nacional los tiempos laborados
por el actor como maestro de educación no formal anteriores al 31 de diciembre de
1980.
34. Los tiempos laborados como docente desde el año 1990 no están debidamente
acreditados, toda vez que deben registrarse en el formato electrónico del sistema de
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (en adelante CETIL) y, mientras la
entidad certificadora no expida la constancia correspondiente a través de dicho
sistema, no comienzan a correr para la autoridad competente los términos legales
para el reconocimiento pensional conforme lo establece el Decreto 726 de 2018.
35. El tiempo de servicio prestado por el actor en el municipio de Gualmatán,
6 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2, 041. RECURSO
DE APELACIÓN 2020-984.
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departamento de Nariño, a partir de 1990 es de carácter nacional, en el entendido de
que, pese a ser certificado por el ente territorial para el cual laboró, corresponde a una
nueva vinculación, es decir, cuando un docente presenta retiro y posterior ingreso,
pierde la naturaleza de la vinculación inicial y, al efectuarse un nuevo nombramiento,
se genera una distinta.
36. El hecho de percibir emolumentos y prestaciones financiadas con recursos del
presupuesto nacional para el sector educativo, a través del Sistema General de
Participaciones de la Nación y/o del situado fiscal, no permite el reconocimiento del
derecho pensional pretendido. Las transferencias que la Nación efectuaba a las
entidades territoriales, en vigencia del Acto Legislativo 1 de 1968 y hasta antes de la
aplicación de la Ley 60 de 1993, por concepto de situado fiscal, no eran recursos
cedidos por la Nación a las entidades y, por ende, no podían catalogarse como
propios. La distribución de los ingresos corrientes de la Nación a los fondos educativos
regionales tenía por finalidad atender exclusivamente obligaciones o servicios a su
cargo, actividad que realizaban como administradores y no propietarios de dichos
fondos. Por ello, los actos de nombramiento y remoción de docente que dictaban otras
autoridades, se suscribían en calidad de delegados o agentes del Gobierno nacional.
37. Asimismo, no basta con que el docente tenga la condición de docente territorial
o que haya cumplido los 20 años de servicio oficial, se requiere además que acredite
no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. En ese entendido, si el accionante es docente territorial, pero percibe sus
salarios o subvenciones de la Nación, no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia.
38. Con fundamento en el salvamento de voto realizado por Paulo León Espala
Pantoja, magistrado de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Nariño,
debe distinguirse entre los recursos propios de los entes territoriales y los recursos
que aun estos perciben por transferencia de la Nación. Al tratarse de recursos de
destinación específica, no puede una entidad territorial enviarlos a otro destino que a
bien tenga, como si ocurriese con los recursos propios. En ese orden de ideas, el
percibir emolumentos y prestaciones financiadas con recursos del presupuesto
nacional para el sector educativo a través del Sistema General de Participaciones de
la Nación, no permite el reconocimiento del derecho pensional que se pretende.
39. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se rige por el artículo 392 del
Código del Procedimiento Civil, hoy artículo 365 del Código General del Proceso. Sin
embargo, el Consejo de Estado, a través de la jurisprudencia, señala que, en materia
de costas, aún bajo la égida de la Ley 1437 de 2011, no es suficiente identificar de
forma automática a la parte vencida, sino que debe considerarse a) la naturaleza de
los conflictos que se resuelven en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no
tienen un contenido puramente económico, sino que está involucrado el interés
público y el reclamo de derechos de los ciudadanos ante la administración, ámbito
distinto al de la jurisdicción civil, así como las circunstancias particulares del caso y;
b) que el fundamento de las costas procesales es sancionar el abuso del derecho o el
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desgaste judicial innecesario, lo que supone analizar la conducta de las partes en el
trámite.
40. Al respecto, la actuación de la accionada se ajusta a un adecuado ejercicio del
derecho de acceso a la administración de justicia, sin que la defensa implique el abuso
del derecho, por el contrario, existe fundamento razonable y el recurso interpuesto no
es meramente dilatorio. Asimismo, indicó que el demandante no acreditó haber
incurrido en gasto alguno. Por lo tanto, no existe conducta reprochable que obligue a
la UGPP a asumir las costas procesales.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
41. Por medio de auto del 19 de agosto de 20257 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandada. Además, se ordenó notificar personalmente al
procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA,
y a las partes de conformidad con el artículo 201 ibidem, modificado por el artículo 50
de la Ley 2080 de 2021.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
42. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problemas jurídicos
43. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y debido a la competencia del juez
de segunda instancia, según el artículo 3288 del Código General del Proceso,
corresponde a la Sala definir si:
44. ¿El demandante acreditó un tiempo de servicio docente de 20 años con
vinculación territorial o nacionalizada que permita el reconocimiento de la pensión
gracia?
7 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
11_Autoqueadmite_18982025_0_20250819132733340.
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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45. ¿El Tribunal debía valorar o no la conducta de la demandada durante el proceso
para condenar en costas?
46. Antes de resolver los interrogantes planteados se realizarán algunas
consideraciones en torno a la pensión gracia y a los criterios objetivo–valorativo y
subjetivo en materia de condena en costas. Seguidamente se destacarán los hechos
que se encuentran probados en el presente trámite.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
47. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19139,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñen el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
48. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
49. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
50. Por su parte, la Ley 91 de 198912, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
51. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43
de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a
su propio presupuesto.
52. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714,
en los siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.
53. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.
M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad y; haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.
54. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos
fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley
24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal17; y (ii) por el
16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
17 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar.
55. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hubiesen trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, y que cumplan con 20 años de servicio en
establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con
vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del
orden nacional.
3.3.2. De la condena en costas
56. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso». En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como
son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.» 18.
57. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
3.3.2.1 Del «criterio subjetivo» en la condena en costas
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero
de 2025, rad. núm. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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58. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 19 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»20.
59. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso21, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»22.
60. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes23. En ese sentido, antes de
su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o
mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección24 ha precisado lo siguiente:
[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)25.
3.3.2.2. Del «criterio objetivo valorativo» en la condena en costas
19 https://dle.rae.es/disponer.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
abril de 2016, rad. núm. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2024, rad. núm. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de
diciembre de 2016, rad. núm. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición
de la Ley 2080 de 2021: (a) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, rad. núm. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (b) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, rad. núm. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (c) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, rad. núm. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y (d) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, rad. núm. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
25 Ibidem.
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61. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.
62. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en
todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley
446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la
conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el
legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes»,
para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los
que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un
inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los
casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento
legal».
63. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o
adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo26 para su imposición (adoptado
desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre
«dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo
365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual
se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal
condicionamiento27.
64. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»28.
26 En sentencia de 23 de julio de 2020, Rad. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández
Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
[…]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-
00022 01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
27 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección Primera,
sentencia del 29 de agosto de 2024 rad. núm. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. núm. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988); y iii) Sección Cuarta,
sentencia del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de
diciembre de 2021, rad. núm. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
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3.3.2.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado
65. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, mas no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente29),
el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en
costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.
3.4. Hechos probados
66. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala tiene
por acreditados los siguientes:
• Edad
67. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere
haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, el señor Jesús Orlando
Benavides Torres nació el 2 de junio de 1958, según el registro civil de nacimiento30 y
la cédula de ciudadanía31; en consecuencia, cumplió la edad de 50 años el 2 de junio
de 2008.
• Tiempo de servicio
68. Laboró como maestro alfabetizador en el Centro Mercedario del municipio de
Pasto, desde el 16 de septiembre de 1977 hasta el 6 de septiembre de 1978. De ello
da cuenta la Resolución 356 del 16 de septiembre de 197732 del secretario de
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
30 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 8.
31 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 7.
32 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 9.
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educación pública del departamento de Nariño y el acta de posesión del 26 de
septiembre de 197733. El demandante tomó posesión el 26 de septiembre de 1977,
con retroactividad al 16 de septiembre del mismo año.
69. Como extremo final de la anterior vinculación se tiene el 6 de septiembre de
1978, debido a que desde el día siguiente se le efectuó otro nombramiento, como se
expone a continuación. Además, respecto de estos extremos temporales, que también
se relacionaron en la demanda y en el fallo impugnado, no hubo discusión dentro del
trámite judicial.
70. Posteriormente, laboró como profesor alfabetizador en el Centro Santo
Sepulcro del mismo municipio, desde el 7 de septiembre de 1978 hasta el 31 de enero
de 1979. Esto se evidencia en la Resolución 128 del 7 de septiembre de 197834 del
secretario de educación pública de Nariño y; la nómina del 31 de enero de 1979 del
Fondo Educativo Regional de Nariño35.
71. Como extremo final de la anterior vinculación se tiene el 31 de enero de 1979,
en atención a que se evidencia un recibo del pago de nómina por todos los días de
ese mes, en favor del peticionario, por lo que razonablemente se infiere que
desempeñó el cargo al menos hasta la mencionada fecha.
72. De lo anterior, se advierte que del 16 de septiembre de 1977 al 31 de enero de
1979, el tiempo total laborado en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, fue
de 1 año, 4 meses y 15 días.
73. Con posterioridad, laboró como docente de tiempo completo en el Colegio
Nacionalizado San José del municipio de Gualmatán, desde el 1 de enero de 1990
hasta el 6 de febrero de 1991. De ello da cuenta el Decreto 386 del 25 de abril de
199036 del gobernador del departamento de Nariño; el acta de posesión del 30 de abril
de 199037 y; el formato único para la expedición de certificado de historial del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de Educación Municipal
de Pasto38. El accionante tomó posesión el 30 de abril de 1990, con retroactividad al
1 de enero de 1990.
74. Acto seguido, fue trasladado a la Concentración Escolar de Integración Popular
del municipio de Pasto, desde el 7 de febrero de 1991 hasta el 26 de agosto de 1997
y, posteriormente, al Liceo Central Femenino del mismo municipio, desde el 27 de
33 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 11.
34 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 12.
35 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 17.
36 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 18.
37 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 19.
38 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folios 20 -21.
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agosto de 1997 hasta el 29 de agosto de 1999. Esto se evidencia en el referido formato
único para la expedición de certificado de historial.
75. Por último, fue incorporado a la Institución Educativa Municipal Ciudadela
Educativa de Pasto, desde el 30 de agosto de 1999 hasta el 11 de octubre de 2004 y
desde el 12 de octubre de 2004 hasta el 3 de diciembre de 2019 (fecha de emisión
del certificado). De ello da cuenta el referido formato único para la expedición de
certificado de historial y los formatos únicos para la expedición de certificados de
salarios39 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Secretaría de
Educación Municipal de Pasto.
76. De lo anterior se infiere que, del 1 de enero de 1990 al 3 de diciembre de 2019,
el tiempo total laborado en el municipio de Gualmatán y de Pasto, departamento de
Nariño, fue de 29 años, 11 meses y 3 días.
77. En resumen, a partir de las resoluciones y decretos de nombramiento, las actas
de posesión, las nóminas, el formato único para la expedición de certificado de historia
y demás documentos aportados al expediente, se acredita que el demandante prestó
el servicio docente durante los siguientes periodos:
Institución Cargo Acto Periodo Tiempo
educativa administrativo Fecha de Fecha de laborado
inicio finalización
Centro Maestro Resolución 16/09/1977 06/09/1978 11 meses
Mercedario alfabetizador 356 del 16 de y 21 días
(municipio de septiembre de
Pasto) - 1977
nombramiento Acta de
posesión del
26 de
septiembre de
1977
Centro Santo Profesor Resolución 07/09/1978 31/01/1979 4 meses y
Sepulcro alfabetizador 128 del 7 de 25 días
(municipio de septiembre de
Pasto) - 1978
nombramiento
Colegio Profesor de Decreto 386 01/01/1990 06/02/1991 1 año, 1
Nacionalizado tiempo del 25 de abril mes y 6
San José completo de 1990. días
(municipio de Acta de
Gualmatán) - posesión del
nombramiento 30 de abril de
1990
Concentración Docente Decreto 269 07/02/1991 26/08/1997 6 años, 6
Escolar de del 7 de meses y
39 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folios 23 y 26.
17
Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
Integración febrero de 20 días
Popular 199140
(municipio de
Pasto) -
traslado
Liceo Central Docente Decreto 0161 27/08/1997 29/08/1999 2 años y 3
Femenino del 27 de días
(municipio de agosto de
Pasto) - 199741
traslado
Institución Docente Decreto 1191 30/08/1999 11/10/2004 5 años, 1
Educativa del 30 de mes y 12
Municipal agosto de días
Ciudadela 199942
Educativa de
Pasto
(municipio de
Pasto) -
incorporación
Institución Docente Decreto 0614 12/10/2004 03/12/2019 15 años, 1
Educativa del 12 de (fecha de mes y 22
Municipal octubre de expedición días
Ciudadela 200443 del
Educativa de certificado)
Pasto
(municipio de
Pasto) -
incorporación
Total tiempo 31 años, 3
de servicio meses y
19 días
Tabla 1. Tiempos de servicios (elaboración propia)
• Actos demandados
78. La UGPP, mediante la Resolución RDP 007889 del 26 de marzo de 202044,
negó al demandante el reconocimiento y pago de la pensión gracia, solicitada el 20
de enero de 202045, al considerar que no acreditó vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 ni se encontraba vinculado a la docencia oficial.
79. El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. No
40 Menciona en el formato único para la expedición de certificado de historia de la secretaría de educación municipal
de Pasto.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folios 30-31.
45 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folios 4 - 6.
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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
obstante, la UGPP, mediante la Resolución 01109046 del 6 de mayo de 2020, confirmó
totalmente el acto recurrido.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la verificación de requisitos para la obtención de la pensión gracia
80. En cuanto al primer problema jurídico planteado, deberá establecerse si el señor
Jesús Orlando Benavides Torres cumplió con la totalidad de los requisitos para obtener
la pensión gracia, esto es, a) acreditar más de 50 años; b) haber servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años, a partir de una vinculación territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y; c) haber desempeñado el cargo
con honradez, consagración y buena conducta.
81. Frente al primer requisito, sin que sea objeto de discusión, se tiene que el
demandante cumplió 50 años el 2 de junio de 2008.
82. En lo concerniente al tercer requisito, se tiene, sin que sea un aspecto de la
controversia, que de conformidad con el certificado de antecedentes de la Procuraduría
General de la Nación47 el demandante no registra sanciones ni inhabilidades vigentes,
de manera tal que no se advierten elementos de juicio para desvirtuar la presunción de
buena fe que ampara las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas,
que también cobija a los servidores del Estado.
3.5.1.1. Vinculación docente del 16 de septiembre de 1977 al 31 de enero de
1979
83. Respecto al segundo requisito, se evidencia que la inconformidad de la parte
demandada frente a lo decidido por el Tribunal radica en la naturaleza de las
vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980, esto es, del 16 de septiembre de
1977 al 31 de enero de 1979; así como también, las posteriores a 1990, a saber, del
1 de enero de 1990 al 3 de diciembre de 2019.
84. De la vinculación del 16 de septiembre de 1977 al 31 de enero de 1979, la
accionada indicó que esta se torna nacional por haber intervenido el Ministerio de
Educación Nacional en las resoluciones de nombramiento 356 del 16 de septiembre
de 1977 y 128 del 7 de septiembre de 1978, puesto que para dicha época la Nación
tenía a cargo el manejo y financiación de los programas de alfabetización y educación
para adultos.
85. Por el contrario, el juez de primera instancia consideró que la modalidad de
vinculación en las plazas cofinanciadas con recursos del orden nacional o cuyo servicio
se paga con recursos del situado fiscal no implica que se modifique la naturaleza de la
46 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folios 42-45.
47 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 29.
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Demandada: UGPP
vinculación territorial y, en consecuencia, no afecta el derecho a acceder a la pensión
gracia, siempre y cuando se trate de docentes nacionalizados o territoriales.
86. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 21 de junio de 201848 señaló:
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
87. También la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en
sentencia del 16 de octubre de 202549 precisó:
En el expediente se observa el Decreto 1758 del 30 de octubre de 1995, el cual fue
firmado por el gobernador del Valle del Cauca, el secretario de educación
departamental y el representante del Ministerio de Educación Nacional. En el
encabezado del acto se establece que el nombramiento fue realizado por el
gobernador en ejercicio de las facultades legales con intervención del Fondo Educativo
Regional del Valle del Cauca (FER).
(…)
Valoradas estas pruebas en conjunto, para la Sala es claro que el nombramiento
público efectuado por el gobernador del Valle del Cauca mediante el Decreto 1758 del
30 de octubre de 1995 encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989
tiene para el personal nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad territorial
atendiendo la autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio de
Educación Nacional que consagran los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.
(…)
Se puede deducir con claridad que no se trató de un nombramiento de carácter
nacional, como lo consideró el Tribunal, en cuanto no hubo ejercicio de facultades
nominadoras del Gobierno Nacional.
88. A la luz del anterior criterio, el tiempo laborado por el señor Jesús Orlando
Benavides Torres en el Centro Mercedario y en el Centro Santo Sepulcro,
comprendido del 16 de septiembre de 1977 al 31 de enero de 1979, es del orden
territorial, teniendo en cuenta que las designaciones las efectuó el secretario de
educación pública de Nariño a través de las resoluciones 356 del 16 de septiembre de
1977 y 128 del 7 de septiembre de 1978, circunstancia que para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia no cambió en virtud de la intervención del
48 Rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
49 Rad. 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
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Demandada: UGPP
delegado del Fondo Educativo Regional del Ministerio de Educación Nacional y de los
recursos financiados por la Nación.
89. Ahora bien, la UGPP también señaló que debido a que el demandante prestó
sus servicios como alfabetizador para adultos, el tiempo de servicio bajo tal condición
no puede computarse, debido a que fue en el marco de la educación no formal.
90. Al respecto, lo primero que debe decirse es que el ejercicio de la docencia en
programas de educación de adultos en el nivel de alfabetización, conforme lo dispuso
el artículo 7.º del Decreto 1830 de 1966, tiene como misión específica la enseñanza
de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades
profesionales y habilitar al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación
general básica y a los de formación profesional.
91. Con la expedición del Decreto 378 de 1970, «por el cual se establece la
educación primaria para adultos en todo el territorio nacional», se incluyó, además de
la enseñanza referida con anterioridad, los estudios de ciencias sociales y naturales y
el de formación religiosa.
92. En el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, «por el cual se adoptan normas sobre
el ejercicio de la profesión docente», se previó lo siguiente:
Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan
genéricamente educadores.
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este
Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones
de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y
orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo.
93. Ahora, la Sala estima pertinente señalar que la labor de alfabetización fue
definida expresamente en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 0428 del 7 de febrero
de 1986 y, a su turno, en el artículo 6 del Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997
que indicó:
Para efectos del presente decreto la alfabetización es un proceso formativo tendiente
a que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de
manera transformadora, en su contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos,
valores y habilidades a través de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura
propia de su comunidad.
El proceso de alfabetización hace parte del ciclo de educación básica primaria y su
propósito fundamental es el de vincular a las personas adultas al servicio público
educativo y asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la educación y la
consecución de los fines de la educación consagrados en el artículo 5º de la Ley 115
de 1994.
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Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
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94. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 27 de mayo de 201550, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve, explicó en los siguientes términos por qué quienes ejercen la labor de
alfabetización no desempeñan una tarea administrativa, sino docente, que permite
catalogar a los que la realizan, en representación del Estado, como maestros oficiales:
Al respecto, las normas en cita le permiten a la Sala arribar a la conclusión de que la
instrucción en alfabetización, dispuesta por el Gobierno Nacional, implica el ejercicio
de la actividad docente en estricta observancia de los contenidos curriculares
diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a las necesidades y el
entorno de la comunidad educativas del país.
Ello, a diferencia de lo considerado por el Tribunal, no comporta el ejercicio de una
actividad administrativa sino, por el contrario, de la actividad docente propiamente
dicha en la que un educador transmite, a través de un método pedagógico, las
nociones de lectoescritura a una población adulta previamente definida.
Sobre este mismo particular, resulta relevante destacar que, esta Sección ha sostenido
en forma consistente e invariable que la labor docente, a diferencia de lo expresado
por el Tribunal, se concibe como la prestación de un servicio público subordinado al
cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación51. Así las
cosas, estima la Sala, no le asiste la razón al Tribunal cuando afirma que dicho
servicio, tratándose de docentes alfabetizadores, corresponde a una tarea
eminentemente administrativa y voluntaria.
Lo anterior, toda vez que independientemente de los contenidos que estos transmitan
en ejercicio de su cátedra, llámese educación formal, no formal o instrucción por
alfabetización, su condición no es otra que la de docentes oficiales.
95. A partir de la caracterización de la alfabetización y de la precisión de su ejercicio
como una labor docente de carácter oficial, esta corporación de manera reiterada ha
indicado que el tiempo laborado en dicha tarea válidamente puede computarse para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, como lo justificó la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de septiembre de 2025 52,
así:
En este punto, debe destacarse que a través del Decreto 1830 de 1966 se reglamentó
la educación para adultos, cuyo artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye
la etapa inicial de programas más amplios de educación de adultos y tiene como misión
específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la
iniciación en actividades profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a
los cursos de educación general básica y a los de formación
profesional». Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria
para adultos en todo el territorio nacional y mediante el artículo 2 del Decreto 2277 de
197953 se dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de
adultos.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, exp. 25000-23-25-
000-2012-01126-01(2823-13).
51 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: Dr. Jesús María
Lemos Bustamante, Expediente No. interno 2460-2003, Actora: Sonia Stella Prada Cáceres.
52 Rad. 76001 23 33 000 2021 00954 01 (0390-2025), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
53 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
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Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
42. Esta Corporación ha sostenido que la labor docente de alfabetización es
computable para efectos de acceder a la pensión gracia, así54:
«De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria, por
lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder a
la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como ya
se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los maestros
que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado.»
Así las cosas, resulta necesario determinar si los servicios prestados por el actor como
maestro de adultos en la entidad territorial son computables para acceder a la pensión
gracia, teniendo en cuenta que la actividad desempeñada como maestro alfabetizador
encaja dentro de la normatividad aplicable, siempre y cuando el vínculo tenga el
carácter de territorial o nacionalizado.
96. Con fundamento en lo anterior, el tiempo laborado como alfabetizador por el
señor Jesús Orlando Benavides Torres en el Centro Mercedario y en el Centro Santo
Sepulcro, comprendido del 16 de septiembre de 1977 al 31 de enero de 1979, es
computable para efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia, por haberse
prestado en el nivel territorial.
3.5.1.2. Vinculación docente del 1 de enero de 1990 en adelante
97. De otra parte, frente a la vinculación del 1 de enero de 1990 al 3 de diciembre
de 2019, la demandada sostuvo que no resulta válida para el reconocimiento de la
pensión gracia por tres razones a saber: a) porque la plaza fue financiada con recursos
del orden nacional, a través del Sistema General de Participaciones, de manera tal
que aquella no es territorial; b) porque los tiempos laborados como docente desde el
año 1990 no fueron debidamente acreditados en el formato electrónico CETIL; c) y
debido a que cuando un maestro se retira del servicio oficial y luego se regresa, pierde
la naturaleza de la vinculación inicial.
98. En cuanto a la primera razón, se reitera, como se indicó en anterior acápite y
en el marco teórico de esta providencia, que el argumento del origen de los recursos
para la prestación del servicio docente, provenientes del Sistema General de
Participaciones, no constituye una razón válida para catalogar que las plazas
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-
33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: a) del 15 de
agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); b) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-
23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), c) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01
(4850-2016); d) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); e) del 29 de julio
de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); f) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-
42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); g) del 23 de junio de 2022,
radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
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financiadas a partir de estos son de carácter nacional, pues recuerda, como se indicó
en fallo de unificación del 21 de junio de 201855, que:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).
99. Respecto a la segunda razón esgrimida para poner entredicho que la
vinculación laboral del peticionario con posterioridad del 1 de enero de 1990 es
territorial, se reitera que para probar la naturaleza de la plaza, como se indicó en fallo
de unificación antes señalado, en principio «se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial».
100. En ese orden de ideas, como también lo ha precisado esta Sala, «contrario a lo
expuesto por el recurrente no es el certificado CETIL el único documento que resulta válido
para certificar el tiempo y tipo de vinculación de la docente demandante; puesto que, esta
corporación ha indicado que aquella calidad se puede acreditar a través de otros medios
probatorios, tales como, el acta de nombramiento o certificación expedida por la entidad
nominadora»56.
101. En el mismo sentido, esta Subsección en sentencia del 26 de noviembre de
202557 señaló:
Fíjese que esta Sala ha sostenido que, a partir de un análisis probatorio integral de los
medios de prueba obrantes en el expediente, es posible alcanzar el convencimiento
necesario para reconocer la pensión gracia, sin que resulte indispensable aportar
certificados del sistema CETIL, además de que en este caso la entidad demandada no
cuestionó la autenticidad de los documentos aportados dentro del expediente, que
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia
25000234200020130468301(3805-14) CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp.
19001233300020210021401 (2289-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 68001-23-33-000-2016-00864-01 (0379-2023), M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo.
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Demandada: UGPP
fueron tenidos en cuenta por el tribunal de primera instancia para acceder a las
pretensiones de la demanda y corroborados en esta providencia.
102. En virtud de lo anterior, no es dable sostener que la vinculación comprendida
entre el 1 de enero de 1990 al 3 de diciembre de 2019 no es válida para el
reconocimiento de la pensión gracia porque no está registrada en el CETIL, en
especial, cuando se allegó al proceso el acto de nombramiento que permitió que el
demandante se desempeñara como docente durante el anterior periodo, esto es, el
Decreto 386 de 199058 del gobernador del departamento de Nariño, en el que intervino
este y su secretario de educación, es decir, autoridades territoriales, que no se
advierte hayan actuado en representación de una entidad pública del orden nacional,
por lo que del referido acto administrativo se desprende una vinculación de carácter
territorial, contrario a lo indicado por la accionada.
103. Finalmente, en cuanto al argumento según el cual cuando un maestro se retira
del servicio oficial y luego se regresa, pierde la naturaleza de la vinculación inicial, se
observa que fue planteado de manera general, sin que se explique cuáles fueron las
situaciones administrativas o interrupciones en la prestación del servicio docente, que
a juicio de la UGPP ocasionaran que el demandante dejara de ostentar la condición
de docente territorial.
104. No obstante lo anterior, como se explicó en el acápite de hechos probados de
esta providencia, se evidencia que el accionante de forma ininterrumpida ha prestado
el servicio docente desde el 1 de enero de 1990, y que si bien con posterioridad a su
nombramiento en una plaza territorial fue trasladado e incorporado a varias
instituciones educativas; se recuerda que las situaciones administrativas no afectan la
naturaleza de la vinculación, ya que «no constituyen un nuevo nombramiento, lo que
implica que el tipo de vinculación tampoco ha sufrido alteración»59.
105. Por consiguiente, el hecho de que el señor Benavides Torres después de su
nombramiento de carácter territorial en el Colegio Nacionalizado San José, pasara a
otras instituciones educativas, no significó que se transformara el carácter de su
vinculación.
106. En consecuencia, del análisis de la trayectoria docente del peticionario, la
vinculación comprendida del 16 de septiembre de 1977 al 31 de enero de 1979, por
un total de 1 año, 4 meses y 15 días, es de carácter territorial y la vinculación
comprendida del 1 de enero de 1990 al 3 de diciembre de 2019, por un total de 29
años, 11 meses y 3 días, es de carácter nacionalizado, tiempo que resulta suficiente
para otorgar la prestación reclamada.
58 Samai, índice 2, expediente digital, 9ED_EXPDIGITA_OneDrive_20250704zip(.zip) NroActua 2,
0004Anexos.pdf, folio 18.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16
de marzo de 2023, exp. 17001-23-33-000-2015-00695-01 (4210–2017), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
3.5.1.3. Conclusión
107. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración integral de las
pruebas recaudadas en el proceso, se concluye que al señor Jesús Orlando
Benavides Torres le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia,
puesto que acreditó los 20 años de servicio docente de carácter territorial o
nacionalizado.
3.5.2. De la verificación de la fecha en que se consolidó el estatus pensional
108. En lo que respecta a la consolidación del estatus pensional, si bien este aspecto
no fue objeto de controversia en el recurso de apelación, la Sala encuentra que, de
conformidad con el cómputo de tiempo de servicios acreditado en el expediente, para
el 17 de agosto de 2009, el señor Jesús Orlando Benavidez registraba un total de 21
años y 1 día. Se destaca esta fecha porque fue la señalada por la sentencia
impugnada como el instante en el que se adquirió el estatus pensional.
109. No obstante, se advierte que el peticionario, que cumplió 50 años de edad el 2
de junio de 2008, completó los 20 de servicio al magisterio el 15 de agosto de 2008.
Esto teniendo en cuenta que frente a la primera vinculación del 16 de septiembre de
1977 al 31 de enero de 1979, transcurrió 1 año, 4 meses y 15 días, por lo que los 18
años, 7 meses y 15 días faltantes para cumplir las dos décadas de servicios, deben
computarse desde la segunda vinculación—que se desarrolló de manera
ininterrumpida—, que tuvo lugar desde 1 de enero de 1990, lo que permite concluir
que el tiempo de servicio para adquirir la pensión gracia se cumplió el 15 de agosto
2008. En ese orden, se modificará la decisión.
110. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que el demandante
consolidó el estatus pensional el 15 de agosto de 2008, fecha en la cual completó los
20 años de servicio al magisterio. La solicitud de reconocimiento de la pensión gracia
fue presentada el 20 de enero de 2020 ante la demandada, en consecuencia, el
mencionado fenómeno solo operó respecto de las mesadas causadas con
anterioridad al 20 de enero de 2017, en los términos dispuestos por el a quo. Así las
cosas, únicamente se modificará la fecha de consolidación del estatus pensional
consignada en la providencia.
3.5.3. De la condena en costas
111. En cuanto al segundo problema jurídico planteado, deberá establecerse si el
Tribunal Administrativo de Nariño debía valorar o no la conducta de la demandada
durante el proceso para condenar en costas.
112. La referida autoridad judicial fundamentó su decisión así:
Teniendo en cuenta que la representación judicial y el trámite procesal implican gastos
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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00984-01 (1898-2025)
Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
que debió asumir la parte demandante, se impondrán costas en contra de la
demandada y a favor del demandante de conformidad con el contenido del artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
cuales se liquidarán por la Secretaría del Juzgado de primera instancia, con fundamento
en el Acuerdo que sobre agencias en Derecho emitiera el H. Consejo Superior de la
Judicatura y aquello que se encuentre demostrado en el expediente, de conformidad
con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
Lo anterior, por cuanto es la H. Corte Constitucional la que, en sentencia C - 157 de
2013 decidió sobre la necesidad de imponerlas, en forma objetiva, de conformidad con
el contenido del Código General del Proceso.
113. En ese sentido, tal y como se explicó en el acápite 3.3.2 de esta providencia,
esta Subsección de forma mayoritaria60 ha optado por el criterio subjetivo, razón por la
cual considera que para decretar la condena en costas en primera instancia el Tribunal
debía analizar la conducta de la parte vencida con el fin de verificar si actuó de forma
temeraria o de mala fe.
114. Así las cosas, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, no se observa que la parte demandada haya obrado de mala
fe o con temeridad. Por el contrario, se evidencia que actuó en ejercicio de su derecho
de defensa y de contradicción, sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar
u obstruir el curso del proceso. Así, la Subsección considera que no había lugar a
condenar en costas en primera instancia, de manera tal que se revocará sobre el
particular el fallo impugnado.
115. Por las mismas razones, tampoco hay lugar a imponer dicha condena frente a
las actuaciones adelantadas en segunda instancia.
116. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 27 de octubre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, el cual quedará así:
SEGUNDO.- Ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, reconocer y pagar
una pensión gracia de jubilación al señor Jesús Orlando Benavides Torres, efectiva a
partir del [15 de agosto de 2008], en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio de todo lo devengado durante el año previo a la adquisición de su
derecho, esto es, entre el [15 de agosto de 2007 y el 15 de agosto de 2008].
Teniendo en cuenta que se trata de pagos de tracto sucesivo, los valores que se
60 Se precisa que la magistrada ponente sobre la condena en costas considera que el criterio objetivo – valorativo
es el que debe aplicarse, por las razones que se sintetizan en la nota al pie 29 de este escrito.
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Demandante: Jesús Orlando Benavides Torres
Demandada: UGPP
adeudan se actualizarán mes por mes, aplicando la fórmula indicada en la parte motiva
de la providencia.
Decláranse prescritas las mesadas pensionales anteriores al 20 de enero de 2017.
Segundo. Revocar el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
27 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, para en su lugar negar
la condena en costas.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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