Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00180-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00180-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2021-00180-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00180-01 (4405-2024)
Demandante: José Tobías Cárdenas Castro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
a través de contratos de prestación de servicios- Aportes
pensionales
Decisión: Revoca la decisión que niega las pretensiones de la demanda y
accede parcialmente.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia de 9 de mayo de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda
instaurada por el señor José Tobías Cárdenas Castro en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda y su reforma1.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor José Tobías Cárdenas Castro, por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
Resolución 2774 de 15 de junio de 2021 que le negó su solicitud de
1 Índices 3 y 6 correspondientes a la primera instancia.
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Demandante: José Tobías Cárdenas Castro
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, con el
75% de lo percibido al cumplimiento del estatus jurídico, a los 55 años de edad,
es decir, a partir de 8 de marzo de 2018.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, equivalente al
75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior al cumplimiento del
estatus pensional el 8 de marzo de 2018, que se dé cumplimiento a la sentencia
de acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA, que se le paguen las
diferencias en las mesadas dejadas de percibir con efectividad desde el 8 de
marzo de 2018, los ajustes de valor a que haya lugar, los intereses moratorios a
partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y finalmente
que se condene en costas a la entidad demandada de acuerdo con el artículo
188 del CPACA.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El señor Cárdenas Castro nació el 7 de junio de 1961, por lo que a la fecha de
la presentación de la demanda contaba con más de 55 años de edad.
6. Se desempeñó ante las siguientes entidades:
• Como docente a través de órdenes de prestación de servicios en el
departamento de Boyacá, en los siguientes periodos:
DESDE HASTA
18 de abril de 1995 31 de diciembre de 1995
27 de mayo de 1996 26 de agosto de 1996
30 de agosto de 1996 29 de noviembre de 1996
31 de enero de 1997 30 de junio de 1997
1 de julio de 1997 30 de noviembre de 1997
17 de febrero de 1998 15 de junio de 1998
14 de julio de 1998 30 de noviembre de 1998
28 de enero de 1999 11 de junio de 1999
13 de julio de 1999 26 de noviembre de 1999
31 de enero de 2000 9 de junio de 2000
10 de julio de 2000 1 de diciembre de 2000
28 de febrero de 2002 30 de noviembre de 2002
28 de febrero de 2003 12 de diciembre de 2003
• Posteriormente el departamento de Boyacá nombró al demandante en
provisionalidad el 24 de marzo del 2004, luego en periodo de prueba el 10 de
enero del 2006, y finalmente en propiedad el 31 de mayo del 2007.
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Demandante: José Tobías Cárdenas Castro
• Al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio oficial el señor José Tobías
Cárdenas Castro solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 33 de 1985 y, a través de la Resolución 2774 del 15 de
junio del 2021 se le negó lo solicitado, con base en que su vinculación fue
posterior al 26 de junio de 2003.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
7. Como normas vulneradas citó los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985, 15
numerales 1.° y 2.° de la Ley 91 de 1989, 6.° de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley
115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003; 1 .° y 2.° del
Decreto 3752 de 2003 y demás normas concordantes.
8. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado incurrió
en violación directa de la ley toda vez que desconoció que la labor como docente
oficial, sumada a la actividad en el sector público, acreditan los requisitos exigidos
en la Ley 812 de 2003, para que el demandante sea merecedor de la pensión de
jubilación a los 55 años de edad.
9. Además, los docentes que se vinculen después de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, ambas, se regirían por las disposiciones
legales para los servidores públicos del orden nacional. Por ello para los
servidores públicos docentes vinculados después de 1990, se unificó el régimen
de prestaciones económicas y sociales, con el resto de empleados públicos del
orden nacional. Por ende, a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003,
se les aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley
33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si se trataba de docentes que
tenían aportes al sector privado la Ley 71 de 1988, para la pensión por aportes.
10. En este caso el accionante se encuentra vinculado a la docencia con
anterioridad al 23 de junio de 2003 y, a partir de ese momento se entiende como
vinculado para los efectos del cumplimiento del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
2.2. Contestación de la demanda2.
11. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con base
en que se le deben aplicar al accionante las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003
en atención a su fecha de vinculación al Fondo, tal como lo dispone la Ley 812
de 2003.
12. En ese sentido, explicó que los docentes nacionalizados que se vincularon
hasta el 31 de diciembre de 1989, mantendrían el régimen que han venido
2 Índice 13 del expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia.
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gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y
los nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, se regularían
por las disposiciones vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan
en el futuro, con las excepciones consagradas en dicha ley.
13. Según lo anterior, no era posible reconocer la condición de empleado público
al demandante, mientras se desempeñó bajo la modalidad de OPS por el periodo
1995 a 2003, toda vez que si bien existen algunos pronunciamientos del Consejo
de Estado que habían tenido en cuenta tal modalidad para otras prestaciones,
ellos se habían proferido para casos concretos.
14. En este caso, como el accionante ingresó al servicio oficial docente en el año
2004, no cumple con el requisito de la vinculación antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003 para ser beneficiario de la aplicación de la Ley 33 de 1985, sino que
su situación se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
15. Formuló la excepción de «legalidad de los actos administrativos
demandados».
2.3. La sentencia apelada3.
16. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de 9 de mayo de
2024 declaró probada la excepción de «legalidad de los actos administrativos
atacados de nulidad», negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
17. Para ello, hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el régimen
pensional de los docentes y con ello, de la Ley 33 de 1985 que establece que los
empleados oficiales con 20 años de servicio y 55 de edad tienen derecho a una
pensión del 75% del salario promedio del último año de servicio. Igualmente se
refirió a la Ley 91 de 1989 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y la Ley 812 de 2003 que estableció dos regímenes pensionales:
uno para los docentes vinculados antes de su vigencia y otro para los vinculados
después.
18. En cuanto a la pensión bajo la Ley 33 de 1985, se requiere: i) formar parte
del régimen anterior a la Ley 812 de 2003, ii) tener 55 años de edad, y iii) servir
20 años al sector oficial docente.
19. Estableció que ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 previeron un régimen
«especial». Tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994, pues ratificó el régimen de
jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985 seguía
siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones
de jubilación de los docentes reconocidos en su tiempo al amparo de la Ley 6ª
de 1945 o el Decreto 3135 de 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985, lo fueron
3 Índice 18 ibidem.
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bajo disposiciones «generales» de pensiones del sector administrativo, que no
tuvieron el carácter de «especiales».
20. Señaló que a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no se les aplica el régimen de transición de la Ley 100 de
1993, por cuanto su artículo 279, los exceptuó expresamente del Sistema Integral
de Seguridad Social. Lo anterior encuentra fundamento en que el artículo 4.° de
la Ley 91 de 1989, en concordancia con el numeral 1.° del artículo 5.° ibidem,
previó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tendría a
cargo la atención de las prestaciones sociales de los docentes, lo cual no era
compatible con el régimen previsto en la Ley 100 de 1993.
21. Entonces, lo relevante para determinar si al docente debe aplicársele el
régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley 33 de 1985 o Ley 71
de 1988, no es si cumplió con los requisitos del régimen de transición de la Ley
100 de 1993; sino la fecha de vinculación con la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
22. Que los tiempos laborados por un docente con una vinculación contractual a
través de sucesivos contratos u órdenes de prestación de servicios con entidades
públicas o a su servicio, es decir, por medio de la figura del docente contratista,
no deben ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión.
23. Después de examinar el acervo probatorio estableció que el actor nació el 7
de junio de 1961, por lo que cumplió los 55 años el 8 de marzo de 2018.
24. En cuanto al tiempo de servicios ante el departamento de Boyacá inició el 5
de abril de 1995, a través de órdenes de prestación de servicios, hasta el 30 de
noviembre de 2003 en varios periodos. Luego fue nombrado como docente en
provisionalidad por el Decreto 0166 del 25 de febrero del 2004 y a partir del 24
de marzo del 2004 en provisionalidad. Finalmente, por Decreto 946 del 25 de
octubre de 2005 se le nombró en periodo de prueba y por Decreto 1393 del 31
de mayo del 2007 se le nombró en propiedad al servicio del departamento de
Boyacá.
25. Estimó entonces que fue afiliado por primera vez al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del nombramiento realizado a
través del Decreto 0166 del 25 de febrero del 2004 y a partir del 24 de marzo del
2004 (fecha de posesión). Por ello, su afiliación fue posterior al 26 de junio de
2003 fecha de la entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003.
26. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
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2.4. Recurso de apelación
27. El apoderado del accionante4 presentó recurso de apelación, donde solicitó
que se acceda a las pretensiones de la demanda.
28. Para ello reiteró que a los docentes pertenecientes a la transitoriedad del
régimen pensional se les aplica la normativa del sector público nacional,
indicándose que les son atribuibles a estos las Leyes 6 de 1945, 33 y 62 de 1985,
y el Decreto 3135 de 1968, según sea el caso.
29. Insistió en que su actividad como docente, sumada a la actividad en el sector
público, acreditan los requisitos exigidos en la Ley 812 de 2003, que en su artículo
81 establece que los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
vinculados con anterioridad al 26 de junio de 2003, están cobijados por el régimen
pensional previsto en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para
ese momento.
30. En su criterio, la misma norma indica que el docente debía estar «vinculado»,
situación probada dentro del proceso sin que deba exigírsele al docente
requisitos adicionales, al ser una carga desproporcionada, ya que estaba en
cabeza de la entidad territorial realizar la respectiva afiliación al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, esto porque los aportes de pensión son
derechos ciertos, indiscutibles e imprescriptibles, y exigir más requisitos al
demandante aparte de probar que existió una vinculación como docente antes
del 26 de junio de 2003, es violentar un derecho fundamental, teniendo en cuenta
el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia T-234 del 19 de junio
de 2018.
31. Además, en sentencia del 17 de junio de 2022, el Consejo de Estado, bajo
radicado 4678-2021, con ponencia del consejero William Hernández Gómez, se
pronunció respecto a la vinculación por medio de órdenes de prestación de
servicios de una docente, donde señaló que la aplicación de uno u otro régimen
está condicionada a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial
que acredite cada docente. Allí se consideró que deben atenderse las labores
desarrolladas a través de órdenes de prestación de servicio anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 para el reconocimiento pensional.
32. Según lo indicó, esa conclusión encuentra respaldo en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, en la
cual se precisó que la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación
de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es
ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación,
en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
4 Índice 64 ibidem.
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autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.
33. Por ende, el tiempo laborado como docente por orden de prestación de
servicios por parte del demandante se debe tener en cuenta como tiempo de
servicio demostrando su primera vinculación al servicio de la docencia oficial
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, con lo que queda exceptuado de lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al pronunciamiento
señalado.
34. Finalmente señaló que la prohibición de doble asignación del Tesoro Público
consagrada en la Constitución Política fue regulada por el artículo 19 de la Ley
4ª de 1992, pero en el sector de los docentes el literal g) de dicho artículo
conservó las compatibilidades que existían para sus asignaciones, por lo que
para disfrutar de dicha prestación económica no se requiere del retiro del servicio,
esto porque a la fecha el demandante continúa laborando como docente oficial y
realizando sus aportes a pensión al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio.
2.5. Alegatos de segunda instancia
35. La apoderada del accionante se pronunció en esta oportunidad5 para
señalar que el Consejo de Estado ha considerado que los docentes oficiales que
laboraron mediante órdenes de prestación de servicios merecen una protección
especial. Sin embargo, se está exigiendo al docente, quien actualmente cuenta
con 63 años, adelantar un trámite judicial adicional para declarar la existencia de
la relación laboral, lo cual es una carga desproporcionada. Además, la Corte
Constitucional ha resuelto que los empleadores no pueden evadir sus
obligaciones y que los trabajadores no deben quedar desamparados frente a su
derecho pensional.
36. Sostuvo que los aportes pensionales son imprescriptibles y su recaudo puede
decretarse en cualquier momento. Por lo tanto, solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y reconocer la pensión de jubilación conforme a
las leyes invocadas en la demanda.
37. La parte demandada guardó silencio.
5 Índice 10, SAMAI. Segunda instancia.
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2.6. Concepto del Ministerio Público
38. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó revocar
la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda6.
39. Para ello, señaló en síntesis que, los tiempos de servicios laborados mediante
órdenes de prestación de servicio son válidos para efectos pensionales, en cuyo
caso no se requiere de la previa declaración judicial de la relación laboral, por
cuanto se da aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas,
ante la naturaleza de la profesión que hace que los docentes vinculados mediante
órdenes de prestación de servicios deban recibir el mismo trato que aquellos
vinculados mediante una relación legal y reglamentaria; sumado al hecho que los
aportes a pensiones son imprescriptibles. Así las cosas, es viable que se
compute, para el reconocimiento pensional del señor José Tobías Cárdenas
Castro, el tiempo laborado como docente al servicio de la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá, esto es, desde el 18 de abril de 1994 al
12 de diciembre 2003, mediante órdenes de prestación de servicios, y por ende
su vinculación al servicio educativo es anterior a la vigencia de la Ley 812 de
2003, lo que le da derecho a gozar del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 91 de
1989 en concordancia con la Ley 33 de 1985.
40. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
41. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
42. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
6 Índice 11. SAMAI. Segunda instancia.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.2. Problemas jurídicos
43. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor José
Tobías Cárdenas Castro tiene derecho a que su labor como docente a través de
órdenes de prestación de servicios le sea computada para que la pensión de
jubilación le sea reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985? En caso de que la
respuesta al anterior interrogante sea afirmativa deberá determinar si ¿es
compatible el salario con la pensión de jubilación cuyo reconocimiento se
ordena?
44. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al (i) Régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019, (ii) La vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional; (iii) la compatibilidad entre
la pensión de jubilación docente y el salario y (iv) se verificará el acervo
probatorio.
3.3. Primer problema jurídico. ¿El señor José Tobías Cárdenas Castro tiene
derecho a que su labor como docente a través de órdenes de prestación de
servicios le sea computada para que la pensión de jubilación le sea
reconocida a la luz de la Ley 33 de 1985?
3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
45. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado8 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»
8Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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46. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda de esta Corporación
previos los siguientes razonamientos:
«[…]
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte
del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
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65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.
47. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.° de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados
a partir del 1.° de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y
33 de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de
servicios y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
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régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
48. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.
3.3.2. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.
49. Esta Subsección en múltiples pronunciamientos ha tenido en cuenta el tiempo
laborado por el docente mediante contratos de prestación de servicios para el
reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como es el caso de la
pensión gracia, bajo las siguientes consideraciones:
«En el presente caso, el actor arguye en su recurso de apelación que cumple con
los requisitos para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues tal «[…] como
consta en la certificación laboral expedida por la autoridad competente que d[a] fe
[de] los servicios prestados por los docentes bajo la modalidad de contratos u OPS
se prueba la relación laboral y la continuidad en la misma, que se prolonga hasta
la actualidad, ahora nombrad[o] legalmente; sin que deban exigirse o tramitarse
otros tipo[s] de pruebas para el efecto, por lo cual tampoco es esencial que para
acudir a la vía judicial, que el [… interesado] haya pedido en vía gubernativa a la
entidad demandada la declaratoria de la relación laboral en este tipo de contrato».
En cuanto a la referida inconformidad, hay que decir que le asiste razón en la
medida en que resulta irrelevante que algunos de los períodos relacionados en la
certificación del 23 de julio de 2010 (f. 26), el accionante los haya laborado a través
de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento
que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el
cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado
demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o
distrital en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en
cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).
Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a
la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, ya que las funciones
que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía
de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes
restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a
percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
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trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»9.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]»10, y si el intérprete judicial, «[…] en
un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP […]»11.
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.”12
50. Esta misma decisión se adoptó por parte de la Subsección B13, Sección
Segunda, donde atendió a los tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia dentro de un
mismo proceso judicial, tal como lo ha señalado:
«[…] conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido recientemente
esta corporación, se han validado esos períodos para que sean computados con
el ejercido en propiedad, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, dado que esa situación particular desentraña una verdadera
relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, y porque los
maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario y, además, porque deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia14.»
9 Sentencia C-517 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10 Sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11
Ibidem.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero
ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
13 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., Bogotá, D. C., veintitrés (23)
de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 15001-23-31-000-2012-00276-01(2922-15).
14 En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección B, sentencias (i) del 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014); (ii) del 1º de diciembre de 2016, radicación 15001-23-31-000-2010-01554-01
(3333-2015); y (iii) del 23 de febrero de 2017, radicación 7000123-33-000-2013-00205-01 (3183-2014). M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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51. Igualmente la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201615 estableció que la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.
52. Adicionalmente, en materia de aportes pensionales, la aludida sentencia de
unificación de la Sección Segunda de esta Corporación16, precisó que frente a
los aportes para pensión no opera el fenómeno de prescripción, en atención
a la condición periódica del derecho pensional que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales,
al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno,
por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. Así las cosas,
precisó lo siguiente:
«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad,
por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del
CPACA)30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello
puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y
acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado
mediante una relación de trabajo.
Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, dado· que al estar involucrados en este
tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables
(cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez
comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que
prevé el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal tramite31), en
armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial».
15 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
16 Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
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53. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección en
sentencia de 6 de febrero de 202017, explicó que el pronunciamiento que se
efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de
tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse
en dos escenarios con connotaciones diferentes:
(i) El primero, referido al caso en que se persiga la declaración de
existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones laborales
y prestacionales, evento en el que debe darse previamente el
agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de
garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así
mismo el total cumplimiento de la sentencia.
(ii) El segundo escenario se presenta en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos
de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se
adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión.
Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el
Decreto 3135»18 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al
indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual
estuvo afiliado al cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y
que en los casos de acumulación de periodos de servicios la entidad o
empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas
17 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
18 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.
1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad
de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o
por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo
de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto,
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y,
si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto
la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal,
se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de
la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el
proyecto de reconocimiento de la pensión.» (Negrilla de la Sala).
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oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo servido en cada una de aquellas.
54. Al resolver el caso concreto en la citada decisión de 6 de febrero de 202019
se reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de
servicios para efectos del reconocimiento de pensional, donde se estimó lo
siguiente:
«[…]
Para este caso, se encuentra probado que el demandante cuenta con más de 64
años20, por lo que no se compadece con los postulados constitucionales que
imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado,
exigirle la presentación de un nuevo proceso ordinario para demandar el
reconocimiento pensional. Como se dijo, tales usuarios de la justicia deben ser
objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales, atendiendo el tiempo extenso que podría transcurrir la resolución
de un nuevo conflicto ante la jurisdicción a través del trámite de un proceso
ordinario promovido únicamente para acreditar un mes y medio de labor, cuando,
como se dijo, en los certificados laborales se indicó que seguía laborando en el
departamento de Norte de Santander como docente y por cuanto la entidad no
refirió su desvinculación en la contestación.
Por esta razón, advierte la Sala que en este caso debe dar aplicación las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en tanto
constituye precedente vinculante de obligatoria aplicación «para los casos que
guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno
de la cosa juzgada21, como sucede en el sub judice, dado que la providencia
apelada no ha quedado ejecutoriada»22.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el demandante tiene derecho a su
reconocimiento pensional a luz de lo señalado por la Ley 33 de 1985, y las reglas
de unificación dictadas por la Sección Segunda de esta Corporación en la
sentencia citada ut supra, […]».
55. Finalmente es de resaltar que esta Subsección en sentencia de 23 de mayo
de 2024, dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2019-01673-0123 (1950-
2023) estimó que los tiempos de servicios desarrollados a través de contratos de
prestación de servicios previos al año 2003, eran aptos para lograr el
reconocimiento pensional docente según las previsiones de transición del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida
en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989 y que remite
para efectos pensionales al régimen de los empleados públicos del orden
19 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
20 Como se aprecia de copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 31, que indica que el accionante
nació el 17 de mayo de 1955.
21 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
22 Sentencia de esta misma Subsección, de 6 de junio de 2019, con ponencia del Dr. Rafael Suárez Vargas,
radicación número: 05001-23-33-000-2014-02096-01(5149-16. Actor: MARÍA OFELIA ÚSUGA PÉREZ.
23 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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nacional, consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985. Vale la pena traer a
colación algunos de los fundamentos de dicha decisión:
«[…]
Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe
recordarse es que las vinculaciones de un docente en interinidad, incluso bajo la
modalidad contractual de OPS, no impide considerar tales tiempos para
establecer el régimen pensional aplicable.
En realidad, en estas contrataciones el ejercicio material de la labor educativa
bajo una relación laboral encubierta, que, aunque no se declarará como tal en
este proceso por no ser parte del litigio, permite advertirla, considerarla y afirmarla
judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión ordinaria de
jubilación.
Lo expuesto se asegura en la medida en que la sola naturaleza de las funciones
ejercidas por la accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación
de servicios con el distrito capital de Bogotá, dan cuenta de que en atención al
principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
Constitucional, y sin necesidad de concederle judicialmente la calidad de
empleada pública, aquella sí puede ser asimilada a una docente con un vínculo
oficial formal a lo largo de los lapsos enlistados.
Esto como consecuencia de la esencia propia de dicha ocupación,18 más aún
tratándose de una educadora en interinidad quien, como se planteó en el marco
normativo, finalmente cumple las mismas funciones de un profesor titular con
derechos de carrera, pues su vínculo, a pesar de ser temporal, lo que busca es
suplir la necesidad o urgencia de ocupar la vacante de un servidor público del
magisterio.»
56. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en atención a la
clara línea jurisprudencial sobre la materia de esta Subsección y de la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201624 según la cual la vinculación de docentes
bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de
su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público de educación.
3.3.3. Caso concreto.
57. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo de Boyacá, negó las pretensiones
de la demanda, para lo cual consideró que los periodos en los que el actor laboró
bajo órdenes de prestación de servicios no eran computables para el
reconocimiento de la pensión solicitada, por lo que al vincularse a la docencia el
24 de marzo del 2004, con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, no
le eran aplicables las previsiones de la Ley 33 de 1985.
24 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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58. Por su parte, el apelante indicó que en este caso deben atenderse a los
periodos laborados por contratos de prestación de servicios para determinar la
fecha de vinculación al servicio docente oficial, con lo que, si la vinculación fue
anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se le deben aplicar las
disposiciones de la Ley 33 de 1985. Además, es compatible la pensión de
jubilación docente con el salario percibido.
59. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.
3.3.3.1. Hechos demostrados
➢ Edad del demandante: De acuerdo con copia de la cédula de ciudadanía
y el registro civil de nacimiento allegados en el índice 6, folios 23 y 26 pdf25,
el señor José Tobías Cárdenas Castro nació el 7 de junio de 1961 y por
tanto cumplió los 55 años de edad el 7 de junio de 2016.
➢ Tiempos de servicios.
Al efecto se acreditaron dos etapas:
Primera etapa: departamento de Boyacá por órdenes de prestación
de servicios.
Al proceso se allegó copia de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre el demandante y el departamento de Boyacá, visibles a
folios 30 y s.s. del índice 6 de la primera instancia, así como en la
certificación expedida el 11 de septiembre de 2020 por parte de la
Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, que obra en los
folios 82 y s.s. del mismo índice de la primera instancia:
ÓRDENES DE OBJETO DESDE HASTA FOLIOS Y
PRESTACIÓN DE CONSTANCIA
SERVICIOS QUE OBRA A
FOLIOS 82 Y
S.S. ÍNDICE 6
1ª
INSTANCIA
35 Servicios de 18 de abril de 31 de diciembre 30 a 32
docencia en 1995 de 1995 Anexos de la
matemáticas y reforma de la
física. demanda.
Índice 6 de la
primera
instancia
25 Archivo correspondiente a la demanda visible en el expediente digitalizado de la primera instancia.
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9.C Servicios de 27 de mayo de 26 de agosto de 33 a 35
docencia en 1996 1996 Ibidem
matemáticas y
física.
130.C Servicios de 30 de agosto de 29 de noviembre 36 a 38
docencia en 1996 de 1996 Ibidem
matemáticas y
física.
004.C Servicios de 29 de enero de 30 de junio de 39 a 41
docencia en 1997 1997 Ibidem
matemáticas y
física.
237.C Servicios de 1° de julio de 30 de noviembre 42 a 44
docencia en 1997 de 1997 Ibidem
matemáticas y
física.
101.C Servicios de 2 de febrero de 15 de junio de 45 a 47
docencia en 1998 1998 Ibidem
matemáticas y
física.
098.C Servicios de 13 de julio de 30 de noviembre 48 a 50
docencia en 1998 de 1998 Ibidem
matemáticas y
física.
098.C Servicios de 28 de enero de 11 de junio de 51 y 52
docencia en 1999 1999 Ibidem
matemáticas y
física.
140.C Servicios de 13 de julio de 26 de noviembre 53 a 55
docencia en 1999 de 1999 Ibidem
matemáticas y (certificación
física. folio 98. Índice 6.
1ª Inst.)
029.C Servicios de 31 de enero de 9 de junio de 56 a 58
docencia en 2000 2000 Ibidem
matemáticas y
física.
077.C Servicios de 10 de julio de 1° de diciembre 59 a 61
docencia en 2000 de 2000 Ibidem
matemáticas y
física.
0943 S.G.P Servicios de 25 de febrero de 30 de noviembre 62 a 64
docencia en 2002 de 2002 Ibidem
matemáticas y
física.
2317 S.GP. SEC Servicios de 25 de febrero de 30 de noviembre 65 y 66
docencia en 2003 de 2003 Ibidem
matemáticas y
física. Prórroga hasta el 67 Ibidem
12 de diciembre
de 2003
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60. De acuerdo con lo anterior, se tiene que el demandante laboró a través de
órdenes de prestación de servicios 5 años, 10 meses y 12 días, esto es
atendiendo a un año de 365 días.
➢ Segunda etapa. Desempeño docente a través de relación legal y
reglamentaria.
61. Al proceso se allegaron los siguientes documentos que dan cuenta de su
nombramiento como docente en el departamento de Boyacá, en provisionalidad,
periodo de prueba y en propiedad, como se aprecia a continuación:
• Decreto 0166 del 25 de febrero del 2004 por el cual se nombró al
demandante en el cargo de docente en provisionalidad al servicio del
departamento de Boyacá. Fecha de posesión. 24 de marzo del 2004 (folios
68 a 71 y 108 índice 6 SAMAI. 1ª Instancia.).
• Decreto 946 del 25 de octubre de 2005 por el cual se nombró al señor José
Tobías Cárdenas Castro para desempeñar el cargo de docente de
matemáticas al servicio del departamento de Boyacá, en periodo de
prueba. Fecha de posesión: 28 de noviembre del 2005. (folios 72 a 77
índice 6 SAMAI1ª Instancia.).
• Decreto 1393 del 31 de mayo del 2007 por el que se nombró al accionante
en propiedad para desempeñar el cargo de docente de matemáticas al
servicio del departamento de Boyacá. Fecha de posesión: 31 de mayo del
2007. (folios 78 a 81 y 109 índice 6 SAMAI 1ª Instancia.). Según la
certificación de 11 de septiembre de 2020 visible a folio 110 del índice 6
de la primera instancia, el demandante continuaba laborando.
➢ Reclamación Administrativa
• El señor José Tobías Cárdenas Castro solicitó el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación el 15 de octubre del 2020, teniendo en cuenta
los tiempos laborados como docente a través de órdenes de prestación de
servicios y los aportes que había hecho en virtud de su afiliación al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (fl. 130 a 136 índice 6
SAMAI 1ª Inst.).
• A través de la Resolución 2774 del 15 de julio de 2021, proferida por la
Secretaría de Educación de Boyacá se negó su solicitud pensional, con
base en que su vinculación a la docencia ocurrió después de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, y al no cumplir con los requisitos
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previstos en las Leyes 100 de 1993 y 797 del 2003. (fl. 24 a 26 índice 6
SAMAI 1ª Inst.).
3.3.4. Análisis sustancial
62. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala de Subsección precisa que,
a diferencia de lo señalado por el a quo, los tiempos laborados por el demandante
mediante órdenes de prestación de servicios son computables a efectos de
cumplir con el tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación
como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial.
63. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, la Sala advierte que se encuentra demostrado que el
señor Cárdenas Castro, nació el 7 de junio de 1961 y por tanto cumplió los 55
años de edad el 7 de junio de 2016.
64. De igual forma, está acreditado que se encuentra vinculado al servicio
docente desde el 18 de abril de 1996 cuando ingresó por contrato de prestación
de servicios en el departamento de Boyacá esto es, con anterioridad y a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como se advierte del análisis de los
tiempos de servicios desarrollado en el acápite anterior, en consecuencia, goza
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33
de 1985.
65. Como ya se analizó, la circunstancia de laborar bajo órdenes de prestación
del servicio, de ninguna manera altera el hecho de que su vinculación al servicio
docente ocurrió desde el año 1995, como quedó debidamente probado.
66. En tal sentido, no le asiste razón al Tribunal frente a que no le resultaba
aplicable la Ley 33 de 1985, pues como se dejó expuesto, los docentes
vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en
este caso, se encuentran exceptuados de la aplicación del régimen general de
pensiones allí previsto. Por tanto, la normatividad que regula la situación
pensional del accionante es la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el literal b) del
numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los factores pensionales son
aquellos sobre los que se efectuaron los respectivos aportes, de acuerdo con el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
67. En ese orden de ideas, de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, al demandante le son
aplicables las siguientes reglas, en virtud del régimen pensional previsto en las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
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✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
68. Así las cosas, el señor Cárdenas Castro cumplió los 55 años de edad y
acreditó más de 20 años de servicios:
ENTIDAD BENEFICIARIA VINCULACIÓN TIEMPO EN DÍAS
Departamento de Boyacá Contrato prestación de 5 años, 10 meses y 12 días.
servicios docentes
Departamento de Boyacá 614 días
Provisionalidad
Departamento de Boyacá Periodo de prueba 548 días
Departamento de Boyacá 4862 días hasta la fecha de
Propiedad
expedición de la certificación el 11
de septiembre de 2020
TOTAL Tiempo laborado por órdenes de prestación de servicios:
5 años, 10 meses y 12 días
Tiempo laborado en relación legal y reglamentaria:
16 años, 6 meses y 2 días
Total:
22 años, 4 meses y 14 días hasta la fecha de expedición de
la certificación el 11 de septiembre de 2020.
69. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el señor Cárdenas Castro acreditó
el tiempo de servicios, por tanto, adquirió el estatus el 27 de abril de 2018 cuando
completó 20 años, esto es, teniendo en cuenta el lapso laborado bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios y mediante vinculación legal y
reglamentaria, motivo por el cual le asiste derecho al reconocimiento pensional
de conformidad con la Ley 33 de 1985.
70. De acuerdo con esto, del certificado de factores salariales allegado a folio 42
y s.s. del PDF Anexos de la demanda, se desprende que en los años 2017 -2018
devengó los siguientes factores:
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71. Ahora bien, en cuanto al ingreso base de liquidación, comprende i) el período
del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio.»
72. En el caso concreto, del certificado de factores salariales referido, se
desprende que el demandante se encuentra activo y que entre el abril de 2017
y abril de 2018, devengó los siguientes factores salariales: asignación básica,
bonificación mensual docente, prima de servicios, prima de vacaciones y prima
navidad.
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73. Es de precisar que, pese a que la referida bonificación mensual no figura
dentro de los factores señalados en la Ley 62 de 1985, lo cierto es que los
Decretos 1566 de 2014, 123 de 2016, 983 de 201726 que la crearon para esas
anualidades, le dieron el carácter de factor salarial para todos los efectos legales
y dispusieron que los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por
ese concepto se habrán de realizar conforme a las disposiciones vigentes.
74. Igualmente es pertinente señalar que la Sección Quinta del Consejo de
Estado27, al resolver una acción de tutela, ordenó la inclusión de este factor
salarial a un docente que acreditó haberlo percibido en el último año de servicios.
Esta decisión se fundamentó en que la Sección Segunda ya había resuelto una
pretensión similar con anterioridad:
«[…]
76. Frente al caso concreto se tiene que, existen diversas interpretaciones frente
al hecho de si puede haber reliquidación pensional de un docente por nuevos
factores. Por tal motivo este juez constitucional, en virtud del principio de
favorabilidad laboral, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los
operadores judiciales, deberá resolver la duda en favor del trabajador, situación
que conduce inexorablemente a afirmar que, para el caso concreto sí puede
existir reliquidación pensional por factores adquiridos con posterioridad al
estatus jurídico, de conformidad con el marco normativo especial de los
docentes, en consonancia con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.
77. La postura en mención, no deviene irracional teniendo en cuenta que si bien
la referida prestación no se halla enlistada dentro del catálogo de factores
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, porque que se creó por
posterioridad, la misma constituye factor salarial para todos los efectos
legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese
26 Decreto 1566 de 2014 –«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley
2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o el Decreto 804 de 1995, y pagados con cargo al Sistema
General de Participaciones, una bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de
junio de 2014 y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2015, mientras el servidor público permanezca en el
servicio. La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los
efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán
de conformidad con las disposiciones legales vigentes […]».
Decreto 123 de 2016. «ARTICULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979,
el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2016 y hasta el treinta
y uno (31) diciembre de 2016, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La bonificación que
se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes
obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».
«Decreto. 983 de 2017. ARTÍCULO 1°. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979,
el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2017 y hasta el treinta
y uno (31) diciembre de 2017, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La bonificación que
se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes
obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».
27 Sentencia de 21 de octubre de 2019, dictada dentro del proceso de acción de tutela radicado
11001031500020190419200, con ponencia de la consejera Rocío Araujo Oñate.
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concepto se realizarán de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Lo anterior, aunado al hecho que se corroboró del expediente ordinario
que28, para el momento en que el docente devengó la bonificación mensual,
estaba vigente el Decreto que le dio origen y que había sido percibida durante su
último año de servicios.
[…]».
75. En ese sentido, se debe incluir la bonificación pues fue devengada por el
accionante en el año de adquisición del estatus (2017 - 2018) y además la norma
que la creó estableció que su naturaleza era la de factor salarial para todos los
efectos legales.
76. En consecuencia, los únicos factores salariales que deberán tenerse en
cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación
a que tiene derecho el demandante es la asignación básica y la bonificación
mensual docente, de acuerdo con la regla establecida respecto del ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 según la cual los factores
que deben tenerse en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hubieran
efectuado los aportes, de acuerdo con el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
77. Por lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia, se anulará la
Resolución demandada y en su lugar se ordenará el reconocimiento pensional
con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios
(27 de abril de 2017 a 27 de abril de 2018), en concordancia con lo dispuesto por
la Ley 62 de 1985, con efectividad a partir del 27 de abril de 2018, fecha de
adquisición del estatus pensional.
78. Las sumas a reconocer deberán ser actualizadas a la fecha de la liquidación
de la pensión. Así entonces, para efecto del ajuste de la condena, el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
diferencia dejada de percibir por el demandante por concepto de pensión de
jubilación desde la fecha en que ésta se hizo exigible hasta la ejecutoria de la
presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a
dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se
ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en
que se causó el derecho).
79. Además, por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, comenzando desde
la fecha de su causación y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el
índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
28 Folio 6 del C.1,
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80. Es de anotar que dada la calidad de contratista ante el departamento de
Boyacá no podía encontrarse afiliado al Fondo porque para tales efectos debía
ser nombrado y posesionado como docente oficial a través de acto
administrativo, esto es, no pudo haber realizado las respectivas cotizaciones a
dicha entidad de previsión en el lapso atrás indicado.
81. En todo caso, al docente le correspondía realizar los aportes a pensión en
algún fondo de previsión -diferente al FNPSM-, por los honorarios percibidos en
razón de los contratos que celebró con ente territorial, sin embargo, no obra
prueba en el expediente que respalde tal hecho.
82. Sobre este aspecto, como ya se indicó, en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016, esta Corporación precisó:
«[…] la Administración deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre
los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad
de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga
de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador. […]».
83. De acuerdo con esta posición jurisprudencial es deber del demandante
demostrar las cotizaciones a pensión realizadas en su momento a cualquier
entidad, por el tiempo que perduró su relación contractual, a riesgo de que deba
pagar o completar el monto que como trabajador le correspondía abonar por ese
concepto, lo mismo sucede con la entidad empleadora.
84. En ese orden de ideas, el FNPSM deberá repetir y en consecuencia solicitar
a la entidad de previsión a la que se hubiese encontrado afiliado el demandante
en el tiempo que fungió como contratista, el reembolso de los pagos hechos por
aquel bajo el concepto de aportes a pensión, siempre y cuando así se asegure y
acredite. En caso de que ello no hubiese ocurrido de dicha forma, estará
autorizado a descontar de las sumas adeudadas al docente, los valores
equivalentes al porcentaje de cotización que como «trabajador» tuvo que haber
realizado por ese mismo período para completar el monto de la contribución a su
cargo29. De igual manera podrá adelantar las acciones administrativas
correspondientes contra el departamento de Boyacá, frente a los aportes en
pensión que le correspondía realizar en su condición de empleador, por el periodo
en que laboró como docente a través de órdenes de prestación de servicios, esto
es debidamente actualizados para todos los casos.
29 Sobre este aspecto, ver sentencia del 18 de febrero de 2021 proferida por esta Subsección del Consejo
de Estado en el proceso radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014)
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85. Finalmente se advierte que en este caso no operó el fenómeno de la
prescripción comoquiera que la prestación se causó desde el 27 de abril de 2018
y presentó la petición de reconocimiento pensional el 10 de octubre de 2020 y la
demanda se presentó el 19 de febrero de 2021, por lo que no hay lugar a declarar
la ocurrencia de dicho fenómeno jurídico.
86. Como resultado de los argumentos expuestos y pruebas analizadas concluye
la Sala de Subsección que la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa.
3.4. Segundo problema jurídico.
3. 4.1. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de
los docentes.
87. En la apelación la abogada del accionante señala que existe compatibilidad
entre la pensión cuyo reconocimiento solicitó y el salario que percibe el
demandante.
88. Al respecto, es de precisar lo siguiente:
89. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
90. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumpliera su labor de tiempo completo.
91. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en
razón de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las
asignaciones que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado
de tiempo completo.
[…]».
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92. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
93. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales
y el de las descentralizadas».
94. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
95. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a
los servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado
fuera del texto.
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96. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute30:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo
19 de la Ley 4 de 199231 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a
la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es
precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el
artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería
incompatible con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto
a los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de
1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
97. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó32:
«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general "como de los regímenes especiales" 8, como era
natural -, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución "beneficien a
los servidores oficiales docentes pensionados", sino uno de carácter objetivo
supeditado a la expresión "exceptuanse las siguientes asignaciones", que remite
a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones ya
mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos
pensiones -ordinaria y gracia.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y
no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la
ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos
"docentes pensionados"
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir
las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad
jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]»
30 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
31 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
32 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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98. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
99. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.
100. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
101. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública33.
102. Como se aprecia de todo lo anterior, para el caso del demandante vinculado
al servicio docente desde el año 1995 es compatible el percibir el salario y la
pensión de jubilación en los términos de la ley.
103. Finalmente, para garantizar el efectivo cumplimiento de la condena
impuesta, debe precisarse que en caso de que el accionante haya formulado
demanda para obtener la declaratoria de existencia de relación laboral
subyacente contra los entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la
Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
33 Sentencia de 22 de junio de 023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
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Sociales del Magisterio verificará si se generaron diferencias frente a los aportes,
cuyo pago se ordena en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas
autoridades judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las
actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante
el cobro a los entes empleadores únicamente en los montos faltantes o en las
diferencias en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del docente
(si existieren luego de que el reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones
como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquel, esto por los
períodos de ejecución de los contratos. De igual manera procederá frente a los
aportes a cargo de la demandante realizando los descuentos correspondientes,
sumas que en ambos casos deberán ser actualizadas.
3.5. De la condena en costas
104. En el caso concreto, si bien el numeral 4.° del artículo 365 del CGP establece
que debe condenarse en costas a la parte vencida cuando en segunda instancia
se revoque totalmente la sentencia del inferior, sin embargo, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de
la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por la entidad, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas que
sustentan sus intereses y la defensa de la misma y, por ende, no se condenará
en costas.
105. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de mayo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor José Tobías
Cárdenas Castro contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 2774 de 15 de junio de 2021
proferida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que le
negó su solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley
33 de 1985.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo
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Demandante: José Tobías Cárdenas Castro
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar la pensión
de jubilación del señor José Tobías Cárdenas Castro, de acuerdo con lo previsto
por las Leyes 33 y 62 de 1985.
Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75%
y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior a la
adquisición del estatus pensional, incluyendo como factores salariales la
asignación básica y la bonificación mensual docente, dineros que serán
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE, a partir del 27 de abril de
2018, fecha de adquisición del estatus pensional, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de la presente sentencia.
CUARTO.- Las sumas que se paguen en favor del demandante se actualizarán
en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación
de la sentencia, de acuerdo con el régimen general y se aplicarán sobre las
mismas los reajustes de ley.
QUINTO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá repetir en contra de la entidad de
previsión a la cual el demandante acredite que se encontraba afiliado durante el
lapso que subsistió la relación contractual con el departamento de Boyacá, a fin
de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquél en
dicha oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure al señor José
Tobías Cárdenas Castro. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar
de los valores adeudados al libelista en virtud de la condena, los saldos
pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento
del precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción
como trabajador le correspondía efectuar por el período que subsistió la relación
contractual.
De igual manera el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
podrá adelantar las acciones administrativas correspondientes contra el
departamento de Boyacá, frente a los aportes en pensión que le correspondía
realizar en su condición de empleador, por el periodo en que laboró como docente
a través de órdenes de prestación de servicios, esto es debidamente actualizados
para todos los casos.
SEXTO.- En caso de que el accionante haya formulado demanda para obtener
la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los entes
territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
verificará si se generaron diferencias frente al pago de los aportes que se ordenan
en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades
judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones
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interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los
entes empleadores, esto únicamente en los montos faltantes o en las diferencias
en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del docente (si
existieren luego de que la reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones
como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto por los
períodos de ejecución de los contratos. De igual manera procederá frente a los
aportes a cargo de la demandante realizando los descuentos correspondientes,
sumas que en ambos casos deberán ser actualizadas.
SEPTIMO.- La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
OCTAVO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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