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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00603-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2021-00603-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 12 de julio de 2021, por medio del cual la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a la señora Omaira Guecha Cely. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Omaira Guecha Cely, desde el 10 de noviembre de 2018, una pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988; sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. 71 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2021-00603-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de junio de 2025

Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 71 de 1988.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No. 6, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Omaira Guecha Cely solicitó la nulidad del acto administrativo ficto negativo
que se configuró por la falta de respuesta de la entidad accionada a la petición de
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, presentada el 12 de
febrero de 2021. Afirmó que es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley
71 de 1988, toda vez que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito presentado el 23 de agosto de 20212, la señora Omaira
Guecha Cely por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan3.

1 En adelante FOMAG.
2 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 01.
3 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 2 a 20.
1

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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto configurado por la falta de respuesta a la petición presentada el 12 de febrero de
2021, por medio de la cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación por aportes a la señora Omaira Guecha Cely.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación por aportes a favor de la accionante en
cuantía equivalente al 75% del salario base y todos los factores salariales devengados
durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus pensional, esto es,
el 19 de septiembre de 2017, sin exigir el retiro del servicio.

4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo
aquel, sumas que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora
por los valores adeudados, de conformidad con los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 189, 192, 194 y 195 del
CPACA; y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo 188 del
ibidem.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. La señora Omaira Guecha Cely nació el 6 de diciembre de 1960 y realizó
aportes para pensión en el Instituto de Seguros Sociales —en adelante ISS— durante
199,14 semanas.

7. La accionante laboró por orden de prestación de servicios en la Secretaría de
Educación de Boyacá, como docente, en los siguientes periodos:

• Del 1 de febrero de 2000 al 9 de junio de 2000.
• Desde el 10 de julio de 2000 hasta el 24 de noviembre de 2000.
• Del 1 de febrero de 2002 al 30 de noviembre de 2002.
• Desde el 4 de febrero de 2003 hasta el 12 de diciembre de 2003.

8. Luego, prestó servicios en calidad de docente a la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, del 18 de marzo de 2004 al 9 de enero de 2006, y a partir
del 16 de enero de 2006, a la Secretaría de Educación de Duitama; labor que afirmó
continúa desempeñando a la fecha de presentación de la demanda, encontrándose
afiliada al FOMAG.

9. El 12 de febrero de 2021 presentó ante la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, prevista en la Ley 71
de 1988, al considerar que cumplía con los requisitos exigidos para tal fin, esto es,

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Demandante: Omaira Guecha Cely
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tener 55 años de edad y 20 años de cotizaciones. No obstante, la entidad no dio
respuesta alguna.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 6 de 1945, artículo 17.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 71 de 1988, artículo 7.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

10. Afirmó que el acto administrativo ficto negativo acusado se expidió con
infracción de las normas en que debía fundarse, en tanto a la accionante debió
otorgársele una pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en la Ley 71
de 1988, en concordancia con la Ley 812 de 2003, toda vez que realizó aportes para
pensión antes del «26 de junio de 2003».

11. Indicó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.

12. Manifestó que, posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo
81 dispuso que, a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma,
les es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 71
de 1988. En cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio
oficial a partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.

13. Sostuvo que como la señora Omaira Guecha Cely efectuó cotizaciones al ISS,
hoy COLPENSIONES, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, es beneficiaria
del régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988, en tanto tiene más de 55 años
y 20 de aportes al sistema pensional.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
por las siguientes consideraciones4:

4 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 11, documento
9_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACI_RV__CONTESTACION_DEM(.ZIP)
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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

14. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

15. El artículo 7 de la Ley 71 de 1988 previó que tienen derecho a una pensión de
jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más si es varón, o 55 años o más
si es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones en el ISS y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público. Dicha pensión
debe liquidarse con 75% del salario que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios, según el artículo 6 ibidem.

16. El Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019 definió que los factores a tenerse en cuenta para la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes
concernientes, enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en tanto les aplica el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Mientras que, para el caso de los vinculados a
partir de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a quienes les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores a incluir son los señalados en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones.

17. En el caso concreto no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación por aportes a favor de la accionante, toda vez que se vinculó al servicio
de la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Por tal razón el régimen pensional que le resulta aplicable es el de prima media,
previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

18. Solicitó que no se condene en costas a la entidad, toda vez que no se desvirtuó
la presunción de buena fe con la que ha actuado dentro del trámite procesal,
considerando que según lo ha estudiado el Consejo de Estado 5, el criterio de
valoración de dicha condena no es objetivo.

2.3. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, profirió sentencia
el 27 de octubre de 2022, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y
la condena en costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos6:

20. En sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, la Sección Segunda
del Consejo de Estado7 estableció que son dos los regímenes pensionales que regulan
el derecho a la pensión de jubilación del personal docente oficial; condicionados estos
a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo, en concordancia con el
5 No se citó providencia alguna.
6 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 48.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019,

Rad. 68001-23-33-000-2015-00569-01
4

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Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Al respecto, fijó dos reglas
jurisprudenciales:

(i) Para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, se debe aplicar el régimen de pensión ordinaria de jubilación
de la Ley 33 de 1985. Los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
(ii) Para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, se aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.

21. La Sala de Decisión del Tribunal sostenía la tesis referente a que los tiempos
cotizados al Instituto de Seguros Sociales por aquellos docentes que se hubiesen
vinculado al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, mediante
órdenes o contratos de prestación de servicios, se tenían en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional, sin que dichos periodos por sí mismos le diesen la calidad
de docente oficial.

22. No obstante, el Consejo de Estado «recientemente» en su jurisprudencia8 indicó
que, para que esos tiempos puedan ser tenidos en cuenta, debe probarse que sobre
ellos se hubiesen efectuado los respectivos aportes al régimen de Seguridad Social en
Pensión. Lo anterior, por cuanto se consideran pagos parafiscales, con el objeto de
garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema y en virtud del principio de
solidaridad.

23. En conclusión, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación
prevista en las leyes 33 de 1985, en los eventos en los que el docente cotizó con
anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 al sistema de pensiones, por virtud de
contratos de prestación de servicios.

24. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de
su entrada en vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable
el régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años
para hombres y mujeres.

25. A su vez, el referido artículo 81 señaló que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que, por la remisión de esta, es el contenido
en la Ley 33 de 1985.

26. El legislador expidió la Ley 71 de 1988, que en el artículo 7 estableció la llamada
«pensión de jubilación por acumulación de aportes», es decir, aquella que se obtiene
de la suma de los tiempos de cotización en los sectores público y privado. Por virtud
8 No se hizo citación alguna.

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de la ley, los empleados oficiales y los trabajadores particulares que acreditaran, 55
años si es mujer y 60 años si es varón y, 20 años de aportes sufragados en cualquier
tiempo en una o varias entidades de previsión social o las que hagan sus veces, con
los efectuados en el Instituto de Seguro Social, tendrían derecho a recibir la prestación
de jubilación dada la acumulación de cotizaciones derivadas de la relación de trabajo
de carácter particular y oficial.

27. Luego, se profirió la Ley 100 de 1993 que en su artículo 36 dispuso que la edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que, a la entrada en vigor
de la misma ley, acreditaran 35 o más años de edad, siendo mujeres, o 40 o más años
de edad, siendo hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, sería el establecido
en el régimen anterior. Estos son: el Decreto 546 de 1971; las leyes 33 de 1985 y 71
de 1988; y el Decreto 758 de 1990.

28. Descendiendo al caso particular, el Tribunal indicó que para que sea procedente
el reconocimiento de la pensión por aportes pretendida por la demandante es
necesario que haya cumplido con los requisitos de transición de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, a la entrada en vigor de dicha norma —4 de abril de 1994—, la señora
Omaira Guecha Cely no acreditó la edad ni el tiempo de servicios exigido, toda vez
que tenía 33 años de edad y 45 semanas de cotización.

29. Precisó que, revisada la historia laboral de la accionante, se advertía que la
mayor parte de sus aportes pensionales se habían efectuado al FOMAG. Además, como
en el escrito de demanda y en los alegatos de conclusión pidió que se le aplicara la
norma más favorable —teniendo en cuenta que la pensión tiene el carácter de
irrenunciable, y que se debe dar aplicación al principio iura novit curia en materia
pensional—, se examinarían los requisitos para ser beneficiaria de una pensión de
jubilación bajo los postulados de la Ley 33 de 1985.

30. Señaló que los tiempos laborados por la demandante a través de orden de
prestación de servicios cumplen con la exigencia para entender que la vinculación al
sector educativo se produjo a partir de la suscripción de los contratos, esto es, desde
el 1 de febrero de 2000. Ello, toda vez que mediante sentencia judicial se declaró la
existencia de una relación laboral encubierta entre ella y el Departamento de Boyacá,
por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003,
y se ordenó el pago de los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones.

31. Afirmó que a la señora Omaira Guecha Cely le era aplicable el régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985, en tanto se vinculó como docente oficial antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. No obstante, si bien tiene más de 55
años de edad, lo cierto es que no acredita los 20 años de servicio, comoquiera que
según la certificación laboral aportada al proceso, la demandante cuenta con 6.706
días de servicio público, que equivalen a 18 años.

32. Finalmente, decidió no condenar en costas a la parte accionante, de
conformidad con el inciso segundo del artículo 188 del CPACA, toda vez que no se
advierte que la demanda se haya presentado con carencia de sustento jurídico.

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2.4. Recurso de apelación

33. La señora Omaira Guecha Cely apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó
que se revoque la decisión y en su lugar, se reconozca a su favor una pensión de
jubilación por aportes. Ello, bajo los siguientes argumentos9:

34. La Ley 91 de 1989 creó el FOMAG con el fin de atender, entre otros, las
prestaciones sociales de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales; y
señaló cómo la Nación y los entes territoriales asumirían la carga prestacional de dicho
personal. En el artículo 15, se dispuso que las prestaciones económicas y sociales de
quienes se vincularan a partir del 1 de enero de 1990 se regirían por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos de orden nacional, tales como los
decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 y las que se expidiesen a futuro.

35. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que a partir de su entrada en
vigor a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. En cambio,
en el caso de los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que,
por la remisión de esta, es el contenido en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

36. Alegó que conforme se probó, la demandante se vinculó al servicio docente el
1 de febrero de 2000, esto es, con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003. Por consiguiente, se encuentra amparada por el
régimen del sector docente establecido en la Ley 91 de 1989 y no por las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.

37. Concluyó que, la accionante cumple con los requisitos exigidos para ser
acreedora de la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988,
toda vez que acredita 55 años de edad y 20 de cotizaciones a los sectores público y
privado.

2.5. Trámite procesal

38. Mediante auto del 8 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia10.

2.6. Alegatos de conclusión

39. Si bien se prescindió de la etapa para presentar alegatos, la parte demandante
allegó un escrito en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia.
Manifestó que la decisión del Tribunal acerca de no tener en cuenta para efectos del
reconocimiento pensional, los tiempos en los que la demandante laboró como docente
a través de contratos de prestación de servicios, le obliga a sus 63 años, a adelantar
un trámite de declaratoria de la existencia de la relación laboral durante esos periodos.

9 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 53.
10 Samai, índice 04.

7

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Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

Lo anterior, resulta desproporcionado y desconoce la línea jurisprudencial del Consejo
de Estado11, según la cual, la vinculación bajo dicha modalidad configura los tres
elementos de una relación laboral y amerita una protección especial por parte del
Estado12.

40. Afirmó que según lo ha estudiado el Consejo de Estado13 los aportes
pensionales son tributos en clave de contribuciones parafiscales que tienen una
destinación específica que los hace imprescriptibles. En consecuencia, su recaudo
puede decretarse en cualquier momento de manera actualizada en la proporción que
el trabajador y el empleador le correspondería durante el periodo que se ocultaba la
relación laboral, de tal modo que se pueda pagar a la entidad de previsión sin que
exista un detrimento patrimonial.

41. Sostuvo que, si el ente territorial en calidad de contratista que encubría una
verdadera relación laboral no afilió a la docente al FOMAG, este último puede repetir en
su contra, por concepto de aportes a pensión, sin que se tenga que someter a una
persona de la tercera edad a un extenso proceso judicial para debatir la existencia de
la relación laboral.

2.7. Ministerio Público

42. La Procuraduría Delegada de Intervención 7, Segunda ante el Consejo de
Estado, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia14.

43. Luego de hacer una síntesis de las normas que regulan el régimen pensional
de los docentes afiliados al FOMAG, señaló que como la demandante se vinculó al
servicio docente el 1 de febrero de 2000, es decir, antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003—, le resulta aplicable el régimen pensional de
la Ley 33 de 1985.

44. Sostuvo que, aunque la accionante pide el reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988, lo cierto es que el régimen pensional
del cual son destinatarios los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 es el
previsto en la Ley 33 de 1985.

45. Adujo que la demandante tampoco podría ser acreedora de la pensión de
jubilación pretendida, por cuanto no es beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, bajo el entendido que los docentes a quienes les aplica el régimen
anterior se encuentran exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, según
lo prevé el artículo 279 ibidem.

11 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
12 Samai, índice 09.
13 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

18 de febrero de 2021, Rad. 81001-23-33-000-2013-0001202 (4163- 2014), M.P. William Hernández Gómez.
14 Samai, índices 10 y 11.

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Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

46. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

47. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

48. ¿La señora Omaira Guecha Cely tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la
Ley 71 de 1988, con fundamento en la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que se
vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003?

49. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a los docentes
oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019; (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento pensional; (iv) el reconocimiento pensional a la luz de
la Ley 71 de 1988 para los docentes; y (v) la compatibilidad de la pensión y la
prestación del servicio docente.

50. A partir de las anteriores consideraciones: (vi) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (vii) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

51. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

52. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,

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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

establecido por la Ley 91 de 198915, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

53. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

54. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

55. Sin embargo, la Ley 812 de 200316 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».

56. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.

3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201917

57. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

58. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
15 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
16 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
17 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a
la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:

59. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

60. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

61. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)18.

62. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
18 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Sociales del Magisterio

ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.

63. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%19, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

64. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

65. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección20, tales como:
19 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
20 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
66. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

67. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.

68. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.

69. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201621 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
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igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

70. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual22»23 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.

71. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley.

72. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752
de 2003, a las entidades territoriales o las entidades de previsión social a las que se
hubieren realizado los aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las
prestaciones sociales de los docentes que se hubieren causado con anterioridad a su
afiliación al FOMAG. Por esta razón, tales autoridades serán responsables de la omisión
en el pago de los aportes en los lapsos laborados por contratos de prestación de
servicios y en esa medida deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener
su respectivo pago.

73. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo de
los empleados que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100 de
1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores del
gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa causa;
(iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos 24 y
57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas al
pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.

74. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes

22 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

75. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199424, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.

76. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

3.3.4. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes

77. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral,
acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión en punto a si podían acceder a
los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

78. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de
la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente —Ley
33 de 1985 —, especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.

79. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
24 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,

directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
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• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

80. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 625 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198526 y demás
normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

81. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que
los factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica,
[los] gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por
servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso, las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre
los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

82.En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:

(i) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando
sobre ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en
los antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad
de precisar los conceptos que debían servir de base para la liquidación de
la pensión.
(ii) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido
reconocidos normativamente como factores salariales por la autoridad
competente, y servido de base para las cotizaciones a seguridad social; lo
que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la
segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base
para calcular los aportes a seguridad social.

83. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio de
favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen

25 La referida norma fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997. Sin embargo, esta Sección, mediante

sentencia del 15 de mayo de 2014 declaró su nulidad parcial, puntualmente «en la parte que derogó el artículo 6
del Decreto 2709 de 1994». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 15 de mayo de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2011-00620-00(2427-11), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
26 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

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los aportes correspondientes.

84. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»,
y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de agosto de 2018
de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, en la que
frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que27:

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

85. Ahora bien, retomando la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta
Subsección recientemente, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 28, expuso
cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes, a saber:

(i) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989
incluía la aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía
parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional».
(ii) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la
remisión que hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos
pensionales de los docentes, al régimen del sector público nacional.
(iii) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que
no pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de
1988 supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles
completar el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de
aportes en sectores público y privado.
(iv) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su
vida laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios
pensionales.
(v) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales
que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten
de un régimen especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado
normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque
las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad».

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-23-

33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).

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86. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo público
bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable
para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector público como
en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia
laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya
existentes.

87. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de 1988
es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que remite la
Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere
55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser
acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará
con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.

88. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior
resulta más favorable.

89. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso-Administrativo de esta corporación29, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.3.5. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

90. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades30, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
30 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo

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considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197231 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197932 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199333 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia34, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201935 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
31 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
32 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
33 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
34 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

(vi) El artículo 1936 de la Ley 344 de 199637, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»38.

(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4539 del Decreto
1278 de 200240, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200341), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la

36 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
37 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
39 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
40 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
41 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202442 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública43.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

91. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad44 o posterioridad45 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

92. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

93. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen del magisterio.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
43 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
45 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
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3.4. Hechos probados

94. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

95. La señora Omaira Guecha Cely nació el 6 de diciembre de 1960, según copia
del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía46.

96. La accionante tiene un total de 207,71 semanas, equivalentes a 4 años y 14
días, cotizadas al ISS, hoy COLPENSIONES, correspondientes a aportes en el sector
privado y público, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones de
dicha entidad, actualizado a 24 de junio de 2016, que reposa en el expediente47.

Entidad Desde Hasta
LA CASA DE DICCIONA 16/04/1991 24/02/1992
EMMA ACUNA DE MEJÍA 01/04/1997 31/12/1997
EMMA ACUNA DE MEJÍA 01/01/1998 31/03/1998
EMMA ACUNA DE MEJÍA 01/04/1998 30/11/1998
EMMA ACUNA DE MEJÍA 01/02/1999 31/07/1999
OLGA CLEMENCIA GARZO 01/07/1999 30/09/1999
OLGA CLEMENCIA GARZO 01/11/1999 30/11/1999
OMAIRA GUECHA CELY 01/09/2000 31/10/2000
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/08/2004 30/09/2004
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/11/2004 31/12/2004
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/02/2005 28/02/2005
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/03/2005 31/03/2005
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/04/2005 30/06/2005
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/08/2005 31/08/2005
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/10/2005 31/10/2005

97. Al respecto, se aclara que de las 207,71 semanas se deben descontar 56,28
(que equivalen a 1 año, 1 mes y 4 días), las cuales—conforme se verá a
continuación—, corresponden a la doble cotización efectuada tanto al ISS, hoy
COLPENSIONES, como al FOMAG en los lapsos comprendidos entre: el 1 de septiembre
de 2000 al 31 de octubre de 2000; 1 de agosto de 2004 al 30 de septiembre de 2004;
1 de noviembre de 2004 al 31 de diciembre de 2004; 1 de febrero de 2005 al 30 de
junio de 2005; 1 de agosto de 2005 al 31 de agosto de 2005; y 1 de octubre de 2005
al 31 de octubre de 2005. Se realiza esta precisión, con el propósito de evitar que el
mismo tiempo de cotización se compute dos veces en el ejercicio de verificación de
los requisitos legalmente previsto para obtener la pensión.

98. En ese orden de ideas, del total del tiempo cotizado en el ISS (207,71 semanas),
se tendrán en cuenta 151,43 semanas48, que corresponde a 2 años, 11 meses y 10
días, periodo que no presenta traslape con los aportes efectuados al FOMAG.

46 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 23, 24.
47 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 26 a 28.
48 Producto de restar a la totalidad de semanas, 207,71, las 56,28 que presentan traslapes con aportes al FOMAG.

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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

99. La demandante laboró al servicio de la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, en calidad de docente, a través de contratos de prestación
de servicios (OPS), según el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, emitido el 9 de octubre de 2020, por la misma entidad, por un total de 2 años,
5 meses y 3 días, como se muestra a continuación49:

Tipo de vinculación Desde Hasta Días Meses
OPS 587V50 01/02/2000 09/06/2000 129 4 meses, 9 días
OPS 136.2. V.51 10/07/2000 24/11/2000 135 4 meses, 15 días
OPS 0338 S.G.P.52 01/02/2002 30/11/2002 300 10 meses
OPS 0509 S.G.P. PRIM53 04/02/2003 12/12/2003 309 10 meses, 9 días

100. La accionante se vinculó al servicio docente oficial, en provisionalidad, a la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, a partir del 18 de marzo de
2004 hasta el 9 de enero de 2006, equivalente a 1 año, 9 meses y 22 días, conforme
con el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido el
9 de octubre de 2020, por la misma entidad54.

101. La demandante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Municipio
de Duitama, Boyacá, como docente, en propiedad, del 16 de enero de 2006 al 6 de
octubre de 2020, según el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido por la entidad ese mismo último día55, por un total de 14 años, 8
meses, 21 días.

102. Mediante sentencia del 15 de enero de 2016 el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 3, confirmó la sentencia proferida en primera instancia
el 11 de marzo de 2015 por el Juzgado Administrativo Sección Única Oral de
Descongestión de Duitama, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Omaira
Guecha Cely en contra del Departamento de Boyacá. En tal sentido, se declaró la
existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el
1 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003; y se ordenó efectuar las

49 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 48 a 55.
50 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 29 a 31.
51 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 32 a 34.
52 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 35 a 37.
53 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 38 a 39.
54 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 46 a 47.
55 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, págs. 56 a 59.
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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

cotizaciones al fondo correspondiente por el tiempo de servicios prestado por la
accionante56.

103. A través de la Resolución 004517 del 27 de junio de 2017, la Secretaría de
Educación del Departamento de Boyacá dio cumplimiento a las sentencias proferidas
el 11 de marzo de 2015 y el 15 de enero de 2016, antes mencionadas57.

104. El 12 de febrero de 2021 la accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación58. No obstante, la entidad guardó
silencio.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

105. La parte recurrente afirmó que la señora Omaira Guecha Cely se vinculó al
servicio docente el 1 de febrero de 2000, esto es, antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003. Además, que realizó cotizaciones en el sector privado, por lo que es
beneficiaria de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

106. En primer lugar, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al
accionante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados
en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no la
restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

107. Adicionalmente, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación59 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

108. Por otra parte, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de esta
providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de prestación
de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual que los

56 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
21_RECEPCIONCOOREOVENTANILLA_EDUCACION_RV_RESPUESTA_RADICA, documento EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO – OMAIRA GUECHA, págs. 36 a 48.
57
Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
21_RECEPCIONCOOREOVENTANILLA_EDUCACION_RV_RESPUESTA_RADICA, documento EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO – OMAIRA GUECHA, págs. 34 a 35.
58 Samai, gestión en otros despachos, 15001233300020210060300, índice 03, documento
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD(.ZIP), carpeta Cuaderno principal, carpeta
2_ED_EXPEDIENTE_RV__SOLICITUD_DE_RAD, documento 2. DEMANDA P55, pág. 66.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Radicado número
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
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Radicación: 15001-23-33-000-2021-00603-01 (5483-2023)
Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera personal y
subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación. Tan es así
que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201660, carecen de autonomía en el
desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección y vigilancia de
las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una jornada laboral
que está sometida a un calendario académico, lo que los hace merecedores de una
protección especial por parte del Estado.

109. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia61:

(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»62 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.

110. Así, la Sala estima que, en principio, el periodo laborado por la accionante a
través de contratos de prestación de servicios resulta válido para efectos pensionales,
en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad.

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del
2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
62 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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Sociales del Magisterio

111. No obstante, lo cierto es que conforme se logró probar en el proceso, la
jurisdicción de lo contencioso–administrativo, a través de sentencia del 15 de enero de
2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, declaró la existencia de una
relación laboral encubierta entre la aquí accionante y el Departamento de Boyacá-
Secretaría de Educación de Boyacá, por los tiempos de servicio prestados a la entidad
en calidad de docente entre el 1 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003, a
través de OPS.

112. Por consiguiente, para la Sala es claro que dichos periodos resultan válidos para
contabilizar el tiempo de servicios con efectos pensionales.

113. Aclarado lo anterior, y según se detalló en el acápite de hechos probados de
esta sentencia, se tiene que la señora Omaira Guecha Cely laboró por primera vez al
servicio docente, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de
2003—, esto es, desde el 1 de febrero de 2000, a través de contrato de prestación de
servicios; vínculo que, conforme se expuso anteriormente, fue declarado como una
verdadera relación laboral, a través de sentencia del 15 de enero de 2016, dictada por
el Tribunal Administrativo de Boyacá. Por ende, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y
comoquiera que según se probó en el plenario, acumuló tiempos de servicio públicos
y privados, durante 21 años, 10 meses y 26 días63, es beneficiaria del régimen
pensional previsto en la Ley 71 de 1988.

114. En tal sentido, se destaca que, según el artículo 7 de la mencionada ley, por ser
mujer debía acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o
discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; con una tasa de reemplazo del
75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de
servicio, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del Decreto 2709
de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales.

115. Así, toda vez que la señora Omaira Guecha Cely cumplió 55 años el 6 de
diciembre de 2015 y acumuló, como se dijo antes, un total de 21 años, 10 meses y 26
días de cotización, al momento en que presentó la solicitud pensional —12 de febrero
de 2021—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación por aportes, en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del Decreto
2709.

116. En punto al estatus pensional, se estima que lo adquirió el 10 de noviembre de
201864, fecha en la que alcanzó 20 años de cotizaciones acumuladas en las diferentes

63 Total que resulta de la suma del tiempo de servicios (i) cotizados al ISS que no prestan traslape con otros aportes:

2 años, 11 meses y 10 días; (ii) prestados a través de OPS, en calidad de docente: 2 años, 5 meses y 3 días; (iii)
periodo laborado al sector público como docente en provisionalidad: 1 año, 9 meses y 22 días; y (iv) la última
vinculación al sector público como docente, en propiedad: 14 años, 8 meses y 21 días, conforme se detalló en el
acápite de hechos probados de esta sentencia.
64 De acuerdo con lo siguiente:

1. Se observa que al 30 de noviembre de 1999 la accionante cotizó al ISS: 2 años, 11 meses y 10 días.
2. Se tiene que, entre el 1 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003, laboró como docente, a través de OPS:
2 años, 5 meses y 3 días.
3. Luego, se vinculó a la docencia oficial en provisionalidad, del 18 de marzo de 2004 al 9 de enero de 2006: 1 año,
9 meses y 22 días.
Al sumar los anteriores periodos, se encuentra que al 9 de enero de 2006 acreditaba: 7 años, 2 meses y 5 días.

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entidades de previsión social, y en la que tenía 55 años de edad— los cumplió el 6 de
diciembre de 2015—, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994.

117. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se declarará la nulidad del acto ficto
administrativo acusado, toda vez que se logró probar su configuración, en tanto la
entidad accionada tenía 4 meses desde la presentación de la solicitud pensional— del
12 de febrero de 2021—para proferir y notificar la respuesta correspondiente, según el
artículo 19 del Decreto 656 de 199465, el artículo 2.4.4.2.3.2.466 del Decreto 1272 de
201867 y lo ha expuesto la Corte Constitucional68; y no se advierte que un mes después
de dicho plazo —el 12 de julio de 2021— se haya dictado la respuesta correspondiente,
de manera tal que se configuró el silencio administrativo negativo al tenor del inciso
segundo del artículo 83 del CPACA69.

118. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se condenará al
FOMAG al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a favor de la
accionante, desde el 10 de noviembre de 2018, con el 75% del promedio de los
factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994; así
como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base de
cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del
estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988, sin que deba acreditar el
retiro del servicio docente, como se explicó en el numeral 3.3.5. de esta providencia.
4. Se destaca que la última vinculación como docente en propiedad, que se encuentra probada, fue a partir del 16
de enero de 2006 al 6 de octubre de 2020, por 14 años, 8 meses y 21 días.
5. Así, corresponde establecer, desde el 9 de enero de 2006, instante para le cual tenía 7 años, 2 meses y 5 días
de servicios, cuánto debía trabajar la demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 9 de enero de 2006, tenía acumulados: 7 años, 2 meses y 5 días. Tiempo faltante para los 20 años: 12
años, 9 meses y 25 días.
La accionante volvió a trabajar el 16 de enero de 2006.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suman 12 años: 16 de enero de 2006 + 12 años = 16 de enero de 2018
(ii) Se suman 9 meses: 16 de enero de 2018 + 9 meses = 16 de octubre de 2018
(iii) Se suma 25 días: 16 de octubre de 2018 + 25 días = 10 de noviembre de 2018.
Por lo tanto, la accionante completó sus 20 años de servicios el 10 de noviembre de 2018.
65 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan

acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso
puedan exceder de cuatro (4) meses.
[…]».
66 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el

riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o
las indemnizaciones sustitutivas y las demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas
prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de
los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario».
67 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el

reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y se dictan otras disposiciones».
68 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-257 de 2005; T-556 de 2013; y T-045 de 2022, entre

otras.
69 «Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición

sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.
En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que
esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de
la fecha en que debió adoptarse la decisión.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las
excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya
notificado auto admisorio de la demanda». (Negrilla fuera del texto)

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Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

119. Sobre el punto, si bien el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 estableció que la
pensión por aportes se liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios, en este caso, como se ha dispuesto en
otras oportunidades por la Sala, debido a que no hay incompatibilidad entre la función
docente y el derecho al goce pensional, la pensión que se reconoce debe calcularse
con el promedio de lo devengado durante el año anterior a aquel en el que el docente
adquirió el estatus de pensionada, porque una vez consolidado este puede percibir la
pensión sin necesidad de retirarse del servicio.

120. Finalmente, se aclara que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión social o fondos
pensionales en los que cotizó la demandante de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994.

121. Por otro lado, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del
estatus pensional —10 de noviembre de 2018— y la petición de reconocimiento —12
de febrero de 2021— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción
se interrumpió por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
reglamentado en el Decreto 1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el
fenómeno prescriptivo de mesada alguna.

3.6. Conclusión de la decisión

122. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la señora Omaira Guecha Cely se vinculó con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable es el
previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que tiene más de 55 años de
edad y 20 de cotizaciones en los sectores público y privado, se estima que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, la cual
deberá ser reconocida por el FOMAG, de conformidad con el artículo 10 del Decreto
2709 de 199470.

123. La accionante también tiene derecho a la compatibilidad entre el salario y la
pensión, motivo por el cual, no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para la
efectividad de la prestación.

124. Por ende, se debe revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar
declarar la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenar
el reconocimiento y pago a favor de la demandante de la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, desde el 10 de noviembre de 2018. Esto, teniendo en cuenta
que la prestación es compatible con el salario como docente del sector oficial en
actividad.
70 «Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por

la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o
discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes es la Caja
Nacional de Previsión Social, el pago de dicha prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes son del orden
territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya
en el pago».
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Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

3.7. Costas

125. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 71 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

126. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado el 12 de
julio de 2021, por medio del cual la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación por aportes a la señora Omaira Guecha Cely.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Omaira Guecha Cely, desde el 10
de noviembre de 2018, una pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio
de los factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994;
así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base
de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del
estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988; sin que deba acreditar el
retiro del servicio docente.
71 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandante: Omaira Guecha Cely
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 [inciso final] del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor [ IPC] certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] y mediante la aplicación
de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final__
índice inicial

CUARTO: La Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás
entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante realizó
cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

QUINTO: Sin condena en costas en segunda instancia.

SEXTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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