Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2014-00028-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2014-00028-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2014-00028-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
6 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2024
Radicación: 17001-23-33-000-2014-00028-01 (54182)
Demandante: James Fuquenes Cardona y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – responsabilidad extracontractual del Estado por ejecuciones
extrajudiciales.
Síntesis del caso: se demanda por la muerte de un joven presentado ilegítimamente por el Ejército
Nacional como baja en combate.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
Sentencia de 24 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, y 1.3.
Sentencia de primera instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 30 de enero de 2014, James Fuquenes Cardona y su grupo familiar2
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional para que se le declarara responsable de “la
desaparición y muerte del joven DARIO ALBEIRO FUQUENES BARRIGA (…) ocurrida
el 30 de julio de 2008, en la vereda el Callao, zona rural del municipio de Riosucio,
a quien señalaron sin sustento como integrante de bandas criminales al servicio
del narcotráfico”3.
2. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Concepto Indemnización
Perjuicios morales
Para cada uno de los demandantes 600 SMLMV
“Daños a la vida de
relación o Para cada uno de los demandantes 600 SMLMV
alteración a las
1 La Sala es competente para estudiar el asunto, de conformidad con los artículos 129 y 132 del CCA. La cuantía exigida
para la fecha de la presentación de la demanda, para las acciones de reparación directa, correspondía a la suma
equivalente a 500 SMLMV y, dado que la pretensión mayor se estimó en 600 SMLMV, este requisito se encontró solventado.
2 James Fuquenes Cardona y Martha Lucía Barriga Rodríguez como padres de la víctima, Daniel Andrés, Diana Patricia y
James David Fuquenes Cardona como sus hermanos y Mary Cardona como su abuela.
3 Folios 10 a 53 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice
31.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación número: 17001-23-33-000-2014-00028-01(54182)
Demandante: James Fuquenes Cardona y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia que condena
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condiciones de
existencia”
3. Las afirmaciones que fundamentan las pretensiones se resumen así: Darío
Albeiro Fuquenes se reunió por última vez con su madre “8 días antes de Semana
Santa” en 2008. En octubre de 2012, la madre de Darío Albeiro fue contactada
por la Fiscalía General de la Nación para informarle que, luego de un examen de
confrontación dactiloscópica, se estableció que su hijo fue dado de baja en un
aparente enfrentamiento con el Ejército Nacional. Plantearon la existencia de
indicios que conducían a concluir que se trató de una ejecución extrajudicial,
entre ellos, que la prueba de absorción atómica resultara incompatible con
residuos de disparo, que no existía evidencia que la víctima portó, manipuló o
empleó las armas con las que fue encontrado y que el lugar fue “recibido sin
protección” por los investigadores que realizaron el levantamiento del cadáver,
lo que pudo haber facilitado la manipulación de la escena.
4. Para los demandantes el homicidio de su familiar “tuvo origen en la
conducta delictual perpetrada por los agentes de la fuerza pública quienes se
valieron de su posición, instrumentos, autoridad y de las armas de dotación que
le confió el estado para acabar con la vida de seres humanos completamente
indefensos y ajenos al conflicto armado”.
1.2. Posición de la parte demandada
5. En su escrito de contestación de la demanda4, el Ejército Nacional se opuso
a las pretensiones. Sostuvo que el daño no fue antijurídico dado que los militares
actuaron de manera legítima con el fin de preservar el orden público. Propuso
como excepción “la injerencia propia de la víctima en el resultado por asunción
propia del riesgo” ya que la intervención militar fue de carácter defensivo para
conjurar la agresión armada. Cuestionaron la tasación de perjuicios morales
debido a que la actitud pasiva de sus familiares, al abstraerse de denunciar la
desaparición de la víctima por cerca de cuatro años, demostraba que relación
familiar no era estrecha. Esto permitía inferir, además, que el perjuicio derivado de
“la alteración a las condiciones de existencia” tampoco se causó.
1.3. Sentencia de primera instancia
6. Mediante Sentencia de 24 de marzo de 20155, el Tribunal Administrativo de
Caldas, accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró que, aunque el
cuerpo de Darío Albeiro Fuquenes fue encontrado con armas que estaban en
condiciones de uso, “la prueba técnica arrojó la incompatibilidad con residuos de
disparo en mano, lo cual demuestra que el occiso no accionó su arma de fuego”.
Además, estas fueron halladas al lado del cuerpo y “no en sus manos”.
7. En consecuencia, declaró la responsabilidad del Ejército Nacional porque
“la prueba de absorción atómica es determinante y contundente para llevar al
convencimiento (…) que la muerte del joven Fuquenes Barriga no tuvo lugar en
4 Folios 203 a 222 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI
índice 31.
5 Folios 2 a 31en archivo Cuaderno principal\003ED_C01PRINCIP_03PRINCIPALBPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31
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un enfrentamiento entre miembros del Ejército Nacional y un grupo de
insurgente”, ni mucho menos, que la víctima hubiera disparado contra los
militares. Condenó a la reparación de perjuicios morales en los montos que se
relacionan a continuación y negó lo solicitado por la “alteración a las condiciones
de existencia” porque se demostró que los “hábitos y ocupaciones de la familia”
no sufrieron alteraciones con la muerte de Darío Albeiro Fuquenes. La parte
resolutiva dispuso (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción propuesta por la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL denominada “injerencia propia de
la víctima en el resultado por asunción propia del riesgo”.
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL por los perjuicios causados a los
demandantes, con ocasión de la muerte de Darío Albeiro Fuquenes Barriga por
miembros del Ejército Nacional con ocasión a la ejecución de la misión táctica
“Jugada”, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL a pagar a los actores los siguientes perjuicios:
PERJUICIOS MORALES:
A la señora Martha Lucía Barriga Rodríguez, la suma de 60 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, en su calidad de madre del occiso
Al señor James Fuquenes Cardona, la suma de 50 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en su calidad de padre del occiso.
Al señor Daniel Andrés Fuquenes Barriga la suma de 15 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en su calidad de hermano del occiso.
A la señora Diana Patricia Fuquenes Barriga la suma de 15 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, en su calidad de hermana del occiso.
Al señor James David Fuquenes Barriga la suma de 15 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en su calidad de hermano del occiso.
A la señora Mery Cardona la suma de 15 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, en su calidad de abuela del occiso.
TERCERO: NEGAR las demás súplicas de la demanda
CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a cargo de la parte demandada, liquídese por
Secretaría conforme al Código General del Proceso una vez ejecutoriada la
presente. Fíjese como agencias en derechos la suma de $1.350.000”.
1.4. Recursos de apelación
8. Inconforme con la decisión, el Ejército Nacional presentó su apelación con
el objeto de que la decisión fuera revocada6. En concreto, reparó en la
contundencia de la prueba de absorción atómica pues no resultaba “100%
confiable” por tratarse de medio “más o menos orientativo que puede ser
modificada por condiciones del lugar, climáticas, atmosféricas”. Precisó que, en
todo caso, la muestra fue tomada 18 horas después de que ocurrieran los hechos.
9. En este sentido, tampoco se desvirtuó la legitimidad de la orden de
operaciones bajo la cual la unidad militar inició su movimiento táctico y, en
cambio, la existencia de una investigación en contra de la víctima por hurto
6 Folios 52 a 61en archivo Cuaderno principal\003ED_C01PRINCIP_03PRINCIPALBPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice
31.
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demostraba que “no era una persona de bien”, lo que se sumó a las denuncias
formuladas por los habitantes del sector por la comisión de delitos similares, en
fechas cercanas a los hechos. Respecto de los perjuicios, aseguró que la
presunción de la afectación moral fue desvirtuada porque los familiares no
presentaron denuncia por la desaparición de la víctima, y no era creíble que el
temor a ser sorprendido en posesión de droga por las autoridades fuera superior
al deseo de conocer su paradero.
10. La parte demandante solicitó el incremento de los perjuicios morales de
acuerdo con las sumas propuestas en la demanda7, con sustento en el profundo
sentimiento de tristeza y dolor que ocasionó la muerte de Darío Albeiro en su
familia. Insistió en la reparación de perjuicios por la “alteración a las condiciones
de existencia” debido a que los demandantes pasaron “momentos aciagos y
tortuosos donde la incertidumbre y la zozobra fueron constantes, privándolos de
llevar una vida placentera, una vida en condiciones de goce y normalidad”;
plantearon que, en su defecto, esta afectación sea estudiada bajo la categoría
de vulneración a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados. Finalmente, solicitaron que las agencias en derecho fueran tasadas
en el monto máximo permitido, esto es, el 20% de las pretensiones, en atención a
la diligencia desplegada por los apoderados para la obtención del material
probatorio.
1.5. Trámite Relevante
11. En sesión adelantada el 25 de mayo de 2023, esta Subsección, con
ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, revocó la sentencia de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda con fundamento en el hecho
exclusivo de la víctima8. La decisión fue aprobada con Salvamento de voto del
ahora ponente9.
12. La parte demandante promovió la acción de tutela contra la referida
decisión, alegando la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y por la configuración
del defecto fáctico y sustantivo10. El 15 de enero de 2024, la Subsección B de la
Sección Segunda de esta corporación declaró improcedente la acción de tutela
al considerar que no era el mecanismo idóneo para pretender el amparo de los
derechos fundamentales puesto que no cumplía con el presupuesto de
relevancia constitucional11.
7 Folios 39 a 51 en archivo Cuaderno principal\003ED_C01PRINCIP_03PRINCIPALBPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice
31.
8 Folios 120 a 143 en archivo Cuaderno principal\003ED_C01PRINCIP_03PRINCIPALBPDF.pdf, expediente digital, SAMAI
índice 31.
9 Folios 144 a 145 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI
índice 31.
10 El defecto fáctico, por indebida valoración al desconocer la presencia de la prueba de residuo de disparo en mano
arrojó resultado negativo, que el homicidio ocurrió en un lugar distinto al que residía, la ausencia de denuncias que
justifiquen la misión militar y de antecedentes penales u órdenes de captura vigentes en contra de la víctima. El defecto
sustantivo, por el desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal y constitucional en materia de “ejecuciones
extrajudiciales o falsos positivos” al haber decidido “no valorar la copiosa prueba indiciaria compuesta por más de una
decena de indicios de connotación grave de responsabilidad que afloraban del expediente” y haber “radicado en los
accionantes la carga de probar la ilicitud de los actos de la fuerza pública”, cuando es el Estado quien debe demostrar el
proceder legal de sus agentes.
11 SAMAI índice 17.
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Referencia: Acción de reparación directa
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13. Contra la anterior decisión, los actores presentaron impugnación que fue
resuelta por la Sección Cuarta de esta corporación, en sentencia de 25 de julio
de 2024. Esta decisión revocó la sentencia de primera instancia y amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los accionantes y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia
proferida por esta Subsección el 25 de mayo de 2023, por lo que ordenó se dictara
una decisión de reemplazo12. Encontró que el asunto sí guardaba relevancia
constitucional porque se discutía la limitación del contenido, alcance y goce de
los derechos invocados y, además, se incurrió en “defecto por desconocimiento
del precedente judicial”. La decisión sostuvo (se trascribe):
“La Sala encuentra que en la sentencia objetada desarrolló el análisis
probatorio, sin hacer mención alguna a las reglas de flexibilidad probatoria y
cómo estas se aplicaban al caso concreto del accionante. De hecho, se
evidencia que las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial surgen de
una valoración de pruebas directas, entre las que se destacan las declaraciones
de los militares que hicieron parte de la tropa que participó en el enfrentamiento
en el que resultó muerto el señor Fúquenes Barriga y en las pruebas
documentales que evidenciaban que, supuestamente, se presentó un
combate, que las armas que encontraron con el cadáver habían sido
percutidas y que las muestras de disparo en la mano de la víctima directa
resultaron positivos para bario, antimonio, plomo y antimonio/bario.
(…)
Sin embargo, lo que se evidencia es que la autoridad judicial accionada no
mencionó la flexibilización probatoria a pesar de que la parte accionante puso
de presente hechos indicadores de una posible ejecución extrajudicial (el
hecho de que los militares afirmaran que eran varias personas, pero solo
abatieron a uno pese a la cantidad de disparos que percutieron, que el señor
Fuquenes Barriga vivía en un departamento diferente a donde ocurrieron los
hechos y que la prueba de absorción atómica resultó incompatible con residuos
de disparo en mano), junto con el precedente constitucional y la jurisprudencia
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que han identificado patrones
típicos en esa clase de sucesos.
(…)
En ese orden de ideas, para la Sala, es clara la existencia de un precedente
judicial vigente y aplicable al caso concreto, como se indicó en las
consideraciones jurídicas de esta decisión (supra 4), desarrollado por la Corte
Constitucional y la Sección Tercera del Consejo de Estado, relativo a la
flexibilización de los estándares probatorios en casos de ejecuciones
extrajudiciales que obliga al juez disminuir el rigor procesal en el cumplimiento
de las cargas probatorias de las víctimas y, para ello, es necesario que
identifique algunos escenarios que ya se han precisado como hechos
indicadores o demostrativos de que se está frente a un caso de ejecución
sumaria, y bajo las reglas de la sana crítica determine si existió o no
responsabilidad del Estado por el daño derivado de la muerte de un civil en
estos hechos”. -énfasis añadido-
14. Luego de que el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado Fredy
Ibarra Martínez fuera discutido en la Sala de 11 de septiembre de 2024, sin obtener
la mayoría de los votos, el asunto cambió de ponente para su decisión13.
12 SAMAI índice 5, con salvamento de voto del Magistrado Milton Chaves García.
13 SAMAI, Índice 39.
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. El daño, 2.3. El nexo
causal, 2.4. La imputación de responsabilidad, 2.5. Liquidación de perjuicios, 2.6. Otras
disposiciones, 2.7. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán14
15. La decisión de primera instancia será confirmada porque del conjunto de
las pruebas concurren indicios serios de que la víctima fue ejecutada por fuera de
combate por agentes estatales vinculados al Ejército Nacional. No se probó que
hubiera ocurrido un enfrentamiento armado, ni que la víctima disparó en contra
de los uniformados. Se demostró, en cambio, que Darío Albeiro Fuquenes era un
civil, sin vínculos con grupos armados ilegales, que fue atacado por los militares sin
justificación. En consecuencia, ajustará la condena por perjuicios morales de
acuerdo con los criterios jurisprudenciales y emitirá medidas de satisfacción no
pecuniarias para atender la afectación al derecho a la verdad de los
demandantes, conforme lo permite el principio de reparación integral.
16. En esta providencia, se considerará la prueba trasladada al expediente,
según la jurisprudencia de esta corporación15. Así mismo, se dará valor a los
testimonios que obran en el expediente porque nadie los contradijo ni tachó a los
testigos durante el proceso.
17. La regla de flexibilidad o flexibilización es un estándar implementado en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos como tribunal internacional, para
diferenciar su sistema probatorio de los varios que puedan regir en los Estados
parte. Ese estándar fue importado por el Consejo de Estado como regla
jurisprudencial para los casos de graves violaciones de Derechos Humanos, y la
Corte Constitucional lo ha hecho valer como precedente horizontal obligatorio en
casos de falsos positivos, para asegurar la justicia material.
18. La regla de la Corte Interamericana se refiere a la aplicación rigurosa de las
cláusulas de la sana crítica. A recibir las pruebas sin abusar de formalidades, a
valorarlas de acuerdo con las reglas de la lógica y consultando las reglas de la
experiencia. La flexibilidad probatoria se define por oposición a todo sistema que
suponga “adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria
para fundar un fallo”. No se trata, entonces, de un estándar que riña con el
sistema colombiano, o que habilite al juez a derogar los demás principios
constitucionales del derecho probatorio. Se trata de un llamado de atención para
que no haya un rigorismo desproporcionado en las formalidades exigidas para la
recepción de las pruebas. Y para que los jueces se tomen en serio el alcance
14 La presentación de la demanda fue oportuna. Como lo aseguraron los demandantes en el escrito, el deceso de Darío
Albeiro Fuquenes Barriga fue consignado en su registro civil el 7 de febrero de 2013 y sus restos fueron entregados a los
familiares el 6 de marzo siguiente -folio 66 en archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf y 36 a
37 en archivo Otros cuadernos\010ED_C03PRUEBAS_03PRUEBASPARTEDAMAND.pdf. Sin embargo, la Sala observa que la
familia de la víctima conoció de su fallecimiento y que en los hechos intervinieron miembros del Ejército, a través de la
información proporcionada por la fiscalía el 25 de octubre de 2012 –folio 185 a 187 del archivo en Otros
cuadernos\009ED_C03PRUEBAS_02PRUEBASPARTEDEMAND.pdf. De modo que, debido a la suspensión del plazo de
caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, entre 12 de diciembre de 2013 y el 30 de enero de 2014 –folios 177 a
179 del archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf-, la demanda presentada este último día
observó el plazo legal de dos años.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de septiembre de 2013, exp.
20601. Lo anterior, teniendo en cuenta que a investigación adelantada por la Justicia Penal Militar fue aportada por la
demandada.
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analítico del sistema de la sana crítica. Al respecto, la Corte IDH16, el Consejo de
Estado17 y la Corte Constitucional18 han hecho énfasis en la importancia de las
pruebas indirectas o indiciarias cuando las víctimas de atrocidades o violaciones
graves a sus derechos no tengan oportunidad de acceder a los medios de prueba
directos. Esto coincide con la regla de libertad de apreciación, que impone al
juez el deber de explicar racionalmente sus inferencias y parte de la consideración
de las dificultades probatorias propias que deben afrontar las víctimas de las
ejecuciones extrajudiciales, debido, entre otros aspectos, a la intención calculada
y coordinada de ocultar las pruebas que demostrarían que el uso de la fuerza fue
injustificado y arbitrario.
19. La Sala no se pronunciará sobre el monto fijado como agencias en derecho
en primera instancia pues su objeción o cuestionamiento debe dirigirse contra la
liquidación de costas realizada por el juez de instancia, una vez “ejecutoriada la
providencia que las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior”,
tal como lo dispone el artículo 393 del CPC.
2.2. El daño
20. Está acreditado que Darío Albeiro Funeques Barriga falleció el 30 de julio de
2008 , como consecuencia de un “SHOCK NEUROGÉNICO-RAQUIMEDULAR
19
SEVEROS (paro cardio-respiratorio)” causado por “múltiples heridas por proyectil
de arma de fuego”, de acuerdo con el protocolo de necropsia realizado por
Medicina Legal20.
2.3. El nexo causal
21. Está acreditado que la muerte de Darío Albeiro Funeques Barriga se produjo
por disparos realizados por miembros del Ejército, según consta en el informe de
los hechos elaborado por el subteniente Esper Armando Pachón Perdomo,
comandante de destacamento, en el cual reseña que el día de los hechos (se
transcribe):
“durante la noche de este día inició movimiento táctico (…) llegando a este
aproximadamente a las 23.45 horas con el fin de reorganizar la unidad para realizar
el de exfiltración. Cuando siendo aproximadamente las 24.05 del día 30 de julio se
escuchó voces y movimiento sobre la parte baja, en ese momento bajo a verificar
y al aproximarnos al lugar fuimos detectados iniciando el contacto armado con
un grupo de bandidos pertenecientes a las BACRIM aproximadamente a las 24.14
horas. Pasada la situación mandé alto al fuego e instalé el dispositivo de seguridad,
sobre el sector verifico mi unidad y reporto el contacto al COT al oficial S3 de la
unidad. Nos quedamos a la escucha por un lapso de 20 minutos
16 Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de
2004 Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110; Caso 19 Comerciantes.
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; y Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de julio de 2004.
17 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, radicación, 05001-23-
25-000-1999-01063-01 (32988).
18 Corte Constitucional, SU 035 2018.
19 Según el registro civil de defunción. Folio 66 en archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf
20 El informe de necropsia se adelantó sobre un cuerpo que no fue identificado, reportado como un sujeto “NN MASCULINO,
sin ningún tipo de identificación” herido por arma de fuego en enfrentamiento con el Ejército en la vereda el Callao, finca
Minerales de Caldas. Posteriormente, su identidad fue establecida a partir del examen dactiloscópico practicado por la
fiscalía. Folios 162 a 168 en archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf y 238 a 239 en archivo
Otros cuadernos\011ED_C03PRUEBAS_04PRUEBASPARTEDEMAND.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
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aproximadamente, seguidamente se realizó el registro y al encontrar un cuerpo
nos retiramos del lugar en espera que amaneciera para registrar todo el sector. Al
amanecer se inicia el registro y al llegar al cuerpo sin vida se observa un revólver
calibre 38 y un changón de fabricación artesanal”21.
2.4. La imputación de responsabilidad
22. El análisis indiciario que se elabora a continuación arroja serias dudas sobre la
tesis defensiva propuesta por la demandada, esto es, la ocurrencia del combate
que justificó la intervención armada del Ejército. Se concluye, por el contrario, que
Darío Albeiro era un civil, no vinculado a una banda criminal, que no representaba
amenaza alguna para las fuerzas militares y que fue ejecutado por el Ejército para
presentarlo como una baja en combate, tal como fue planteado en la demanda.
23. Lo anterior, evidencia la configuración de una clara y grave falla en el servicio
debido al actuar ilegítimo de los agentes vinculados a la entidad demandada,
como pasa a explicarse.
2.4.1. Hay inconsistencias en el relato de los involucrados sobre el enfrentamiento
armado, lo que resta credibilidad a la versión ofrecida por los militares para
explicar el uso de sus armas
24. El Batallón de infantería No. 22 “Batalla de Ayacucho”, bajo la orden de
operaciones Magnate – misión táctica Jugada No. 13322, inició su desplazamiento
el 25 de julio de 2008 hacia la vereda el Callao, jurisdicción del municipio de
Quinchia, Risaralda, en desarrollo del “ método de patrullaje ofensivo (…) con el
fin de ubicar, capturar y/o someter a terroristas integrantes de las BACRIM” y “con
base en informaciones obtenidas con pobladores del sector, manteniéndose
dicho esquema hasta el 29 de julio”23.
25. De acuerdo con el informe de policía judicial, elaborado con fundamento en
las entrevistas recibidas a los militares Esper Armando Pachón, Eudaldo Ostia
Jurado y Jeizon Esquivel Celis24, en la madrugada del 30 de julio “siendo las 00:05
horas”, mientras el pelotón Gladiador 2 organizaba un dispositivo de seguridad
que procuraba su retorno a la vereda el Playón, desde la parte alta de un cerro
escucharon voces y pasos, por lo que el Subteniente Pachón Perdomo ordenó
“bajar rápidamente” y verificar el perímetro25. Cuando se acercaron, fueron
21 Informe de los hechos rendido el 31 de julio de 2008. Folio 71 en archivo Cuaderno
principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
22 En la orden de operaciones se consignó como misión: “El Batallón de infantería No. 22 ‘Batalla de Ayacucho’ a partir 25
19.00-julio-2008 con las unidades Gladiador 2, Gladiador 1 y Gladiador4 inicia misión táctica ofensiva de neutralización por
método de patrullaje ofensivo sobre objetivo número 1 coordenadas LN 05°19’08” LW 75°39’38” sector el Callao-municipio
de Quinchia (Risaralda) y objetivo número 2 LN 05°21’07” LW 75¬38’ 18” sector Gavilanes-municipio de Rio Sucio (Caldas)
con el fin de ubicar capturar y/o someter a terroristas integrantes de las BACRIM siendo garantes de las normas
constitucionales ”. Folios 72 a 78 del archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente
digital, índice 31 SAMAI.
23 Diligencia de ampliación y ratificación del informe practicada al subteniente Esper Armando Pachón Perdomo dentro
de la investigación disciplinaria. Folios 242 a 244 en archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf,
expediente digital, SAMAI índice 31.
24 Entrevistas recolectadas dentro del proceso penal. Folios 142 a 154 en archivo Cuaderno
principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
25, Informe ejecutivo elaborado por la Fiscalía General de la Nación. Folios 120 a 129 en archivo Cuaderno
principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
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Radicación número: 17001-23-33-000-2014-00028-01(54182)
Demandante: James Fuquenes Cardona y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia que condena
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“recibidos con fuego sin darles tiempo de lanzar la proclama”26 a lo que
reaccionaron con disparos, dando inicio al contacto armado. Luego de minutos
de espera, realizaron el registro en el sector y encontraron el cuerpo sin vida de
un sujeto en aparente posesión de un revólver y una escopeta de fabricación
artesanal. Los militares aseguraron que la noche era oscura, “no había luna,
estaba nublado y brizando”, era un terreno con poca visibilidad al que
descendieron organizados en tres grupos de maniobra que “avanzaban
paralelamente”27.
26. La Sala observa serias inconsistencias en los relatos presentados por los militares
que participaron en la confrontación en, al menos, tres puntos relevantes. 1)Sobre
los militares que participaron en el enfrentamiento y accionaron sus armas.
Aunque los soldados afirmaron, de manera coincidente, que en el hecho
intervinieron siete militares que conformaban la unidad28, hecho que fue
corroborado con el acta de legalización de munición gastada29; el subteniente
que comandaba la misión, en sus versiones rendidas dentro de la indagación
penal y el proceso disciplinario pasó por alto mencionar entre los involucrados a
los soldados Herney Giraldo Ruíz y Eudaldo Ostia Jurado30. A esto se suma, la
contradicción en que incurrió el soldado Gustavo Adolfo García Ortiz respecto del
uso de municiones, en tanto en su declaración jurada admitió haber utilizado de
“5 a 10 cartuchos”, mientras que, en el acta de legalización de munición gastada,
consta la utilización de 22 cartuchos31.
27. 2) Sobre el momento en que se produjo el contacto armado y la duración
del enfrentamiento. La mayoría de los indagados señalaron que el inicio de la
confrontación se debió a que fueron atacados, sin posibilidad de reaccionar y,
por ello, no se identificaron como miembros del Ejército Nacional. Sin embargo, la
versión del soldado Gustavo Adolfo García Ortiz contradice lo dicho por sus
compañeros pues manifestó que en “cierto momento quien iba delante, el ST
PACHON, lanzó una proclama de identificación de tropas pertenecientes al
Ejército Nacional” y, los sujetos que se escondían en la parte bajo respondieron
con “fuego nutrido con armas largas”32. Aunque en la mayoría de las versiones se
sostuvo que el enfrenamiento se extendió por aproximadamente 10 minutos,
resulta sospechosa la información proporcionada por el subteniente Pachón
Perdomo, al asegurar, inicialmente, que el combate duró de “5 a 10 minutos”,
para luego indicar que no se prolongó por más de “4 a 5 minutos” 33.
26 Entrevista rendida por Esper Armando Pachón. Folios 142 a 147 en archivo Cuaderno
principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
27
De acuerdo con la versión del subteniente Esper Armando Pachón Perdomo y los soldados Jeizon Esquivel Celis y Yurman
Antonio Henao. Por su parte, el soldado Gustavo Adolfo García indicó que los militares se movilizaron “con una distancia
de dos metros en línea recta, es decir, uno detrás de otro por ser horas de la noche”.
28 Declaraciones juramentadas rendidas por el subteniente Esper Armando Pachón Perdomo y los soldados Eudaldo Ostia
Jurado, Jeizon Esquivel Celis, Herney Giraldo Ruíz, Luis Evedy García Buritaca y Yurman Antonio Henao dentro de la
investigación disciplinaria adelantada en su contra al haber sido los militares que participaron en el enfrentamiento
armado.
29 Acta de legalización de munición y material gastados en la operación. Folios 109 a 110 en archivo Cuaderno
principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
30 Folios 142 a 147 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf y de 46 a 48 en archivo Otros
cuadernos\009ED_C03PRUEBAS_02PRUEBASPARTEDEMAND.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
31 Acta de legalización de munición y material gastados en la operación. Folios 109 a 110 en archivo Cuaderno
principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
32 Folios 159 a 167 en archivo Otros cuadernos\010ED_C03PRUEBAS_03PRUEBASPARTEDAMAND.pdf, expediente digital,
SAMAI índice 31
33 Folios 142 a 147 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf y de 46 a 48 en archivo Otros
cuadernos\009ED_C03PRUEBAS_02PRUEBASPARTEDEMAND.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
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Radicación número: 17001-23-33-000-2014-00028-01(54182)
Demandante: James Fuquenes Cardona y otros
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28. 3) Sobre el momento en que fue hallado el cuerpo de Darío Albeiro
Fuquenes. Las versiones de los soldados Esquivel Celis, García Buritaca y Henao
Giraldo son coincidentes en señalar que permanecieron de 20 a 25 minutos a la
“espera después de hacer escuchado el último disparo” en el lugar donde fueron
atacados y fue entonces, cuando el subteniente Pachón emitió la orden para
registrar el lugar. Sin embargo, el informe de ayudantía34, las declaraciones
rendidas por el subteniente Pachón Perdomo y los soldados Ostia Jurado y García
Ortiz reportaron que, “una vez terminó el combate, espera[ron] a que amaneciera
para hacer el registro de la zona” y, solo hasta ese momento, advirtieron el
hallazgo del cuerpo de Darío Albeiro. En este punto, tampoco son uniformes en
identificar los militares encargados registro. Si bien el soldado Eudaldo Ostia
Jurado confirmó que acató la orden dada por el subteniente y fue quien encontró
el cadáver, agregó que lo acompañaron los soldados Yurman Antonio Henao y
Gustavo García Ortiz, aunque este último negó su participación en esta acción35.
29. Llama la atención de la Sala que la víctima recibiera los impactos de los
proyectiles de frente (6 disparos). Es por lo menos sospechoso que, en medio de
la oscuridad, cuando los militares afirmaron encontrarse en posiciones diferentes,
todos los impactos recibidos por la víctima fueron de anterior a posterior entre el
abdomen el tórax, además, las conclusiones del dictamen no guardan
coherencia con el relato de los soldados en relación con la ubicación y
trayectoria en que fueron causados. El informe técnico para determinar la
posición desde la cual se realizaron los disparos concluyó que, al menos, cuatro
de los seis impactos fueron recibidos por la víctima encontrándose “tendido en el
suelo en posición decúbito dorsal”36, pues fueron causados de en un plano ínfero-
superior, ubicación poco probable si la posición de tirador está condicionada al
descenso de un cerro.
2.4.2. La contrastación de las versiones de los testigos confirma las afirmaciones
de la demanda: Darío Albeiro Fuquenes no hacía parte de una banda criminal
dedicada a la extorsión
30. Si bien la entidad aportó denuncias sobre hurtos de ganado que se
presentaron en la región meses antes de que ocurrieran los hechos, en ninguna
de ellas se relaciona la identidad de Darío Albeiro Fuquenes como autor de la
conducta, ni se proporcionaron señales que permitieran su individualización37. La
Sala debe advertir, además, que los hechos denunciados no estuvieron
acompañados de exigencias económicas o amenazas previas al hurto. Tampoco
34 Folio 234 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
35 Folios 159 a 167 en archivo Otros cuadernos\010ED_C03PRUEBAS_03PRUEBASPARTEDAMAND.pdf, expediente digital,
SAMAI índice 31
36 En uno de ellos se indicó la posibilidad de que “la víctima estaría cayendo hacia atrás o tendido en el suelo en posición
decúbito dorsal”. Folios 1 a 15 en archivo Otros cuadernos\013ED_C05DICTAME_01DICTAMENPERICIALPD.pdf, expediente
digital, SAMAI índice 31
37 Se observan 3 denuncias: 2 denuncias por hurto de semovientes en hechos ocurridos el 11 de junio de 2008, en ellas los
denunciantes aseguraron que había 3 personas detenidas por los hechos.; y 1 denuncia por el hurto de 2 semovientes, el
23 de julio de 2008. Folios de 3 a 18 en archivo Otros Cuadernos primera
instancia\012ED_C04PRUEBAS_01PRUEBASPARTEDEMAND.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
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se comprobó la existencia de investigaciones penales adelantadas en su contra
por los delitos referidos por la demandada, para justificar su muerte38.
31. De otro lado, los testimonios de Carmenza Ángel Echeverri, Carlos Andrés
Orozco Reyes y Carlos Mario Zapata Ospina, vecinos y amigos de la familia,
relataron que Darío Albeiro Fuquenes consumía estupefacientes desde los 15
años, que presentaba “problemas de drogadicción” por lo que fue internado en
varios centros de rehabilitación en procura de su recuperación39. Lo anterior
acompaña la versión de la madre relativa a su negativa de denunciar la
desaparición de su hijo pues conocía de los problemas de adicción de su hijo y
temía porque fuera hallado en posesión de cantidades superiores a las
legalmente permitidas para uso personal y “lo llevaran a la cárcel y no a la casa”.
32. Darío Albeiro Fuquenes se reunió con su madre por última vez “8 días antes de
Semana Santa” en 2008, oportunidad en la que le comunicó que viajaría pronto
para trabajar en la recolección de café, como solía hacerlo durante ciertas
temporadas en el municipio de Cartago40. También se estableció que la familia
mantenía contacto con amigos de la víctima quienes, ocasionalmente, les
proporcionaban información sobre su paradero y, de acuerdo con los testigos
Carlos Orozco Reyes y Carlos Zapata Ospina, los familiares emprendían la
búsqueda en los lugares donde había sido visto41.
33. Así pues, la víctima era un joven que vivía con su familia en Pereira, que recibía
ayuda para superar el consumo problemático de estupefacientes y, en su contra,
no pesaba ningún tipo de investigación penal. Ninguno de los elementos
aportados indica, razonablemente, su pertenencia a un grupo armado o banda
criminal.
2.4.3. La ausencia de rastros del material bélico usado por los supuestos agresores
permite inferir que únicamente el Ejército accionó sus armas
34. La inspección al lugar de los hechos realizada sobre un área “de 20 metros por
20 metros” registra que encontró “en dicho cuadrante 67 eslabones para
munición 5.56 y 20 vainillas calibre 5.56”, todas ellas coincidentes con al
armamento utilizado por el Ejército42, pero no relaciona el hallazgo de municiones
con las características de las armas que portaban sus supuestos agresores. Esto
resulta extraño, sobre todo si se considera que el enfrentamiento duró cerca de
38 Se advierte que, aunque la demandada en su contestación refiere haber consultado el sistema de información de la
Fiscalía General de la Nación, de lo cual, encontró que en contra de Darío Albeiro Fuquenes se adelantaba una
investigación por conductas relacionadas con infracciones a la Ley 30 de 1986, no aportó elementos para soportar dicha
afirmación.
39 Al respecto también obra constancia de centro de rehabilitación Fundación Cristiana Kyrios – Hogares para protección,
restauración, formación y restauración integral de hombres, mujeres, niños y familias marginadas desprotegidas y
adolescentes en alto riesgo. Folio 100 en archivo Otros cuadernos\010ED_C03PRUEBAS_03PRUEBASPARTEDAMAND.pdf,
expediente digital, SAMAI índice 31.
40 Testimonio de Carmenza Ángel Echeverri rendido ante el Tribunal Administrativo de Caldas, el 20 de agosto de 2014.
41
Los testigos afirmaron que en varias ocasiones acompañaron a los familiares de Diario Albeiro Fuquenes en estas labores
de búsqueda.
42 De acuerdo con las actas de entrega de armamento. Folios 112 a 117 en archivo Cuaderno
principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31
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10 minutos, los militares utilizaron 299 proyectiles y los combatientes no se
enfrentaron a una distancia superior a “15 o 30 metros”43.
2.4.4. El resultado de la prueba de absorción atómica y las irregularidades
advertidas en la cadena de custodia del material recolectado en la escena
impiden concluir que la víctima disparó el arma que se encontró en el lugar de
los hechos
35. No existe prueba en el expediente, más allá de lo consignado en los
informes sobre el hallazgo de un revólver calibre 38 y una escopeta de fabricación
artesanal, de que esas armas hubieran sido disparadas en el momento del referido
enfrentamiento, y menos aún, de que lo hubiera hecho la víctima. En el
expediente no se advierten elementos que confirmaran la presencia de las huellas
dactilares de Darío Albeiro en las armas de las cuales se tomó custodia y la prueba
sobre residuos de disparo arrojó como resultado la “incompatibilidad con residuos
de disparo en mano”. Contrario a lo asegurado por la entidad en su recurso de
apelación, la ampliación del mencionado informe técnico de laboratorio , precisó
que, “el tiempo entre la deflagración de un arma y la recolección de las muestras
no es el factor que determina si los metales pueden desaparecer o eliminarse” y
“una vez recolectada la muestra no sufre deterioro alguno y los metales no
desapareen ya que su tiempo de vida es de año”44. Ahora, si bien el examen
mencionó la presencia de bario, antimonio y plomo en las muestras tomadas al
cadáver, la Sala no puede arrogarse funciones de perito experto en balística para
aseverar, sin fundamento técnico, que la víctima hubiera disparado, pues con ello
se desconoce el principio de necesidad de la prueba45, con mayor razón si se
considera que la prueba técnica arrojó un resultado negativo.
36. Pese a que el examen de balística determinó que las armas eran aptas para
disparar, las características anotadas en el acta de inspección a cadáver difieren
de las registradas en las muestras entregadas para el examen, mientras la primera
indicaba que “al lado de su mano derecha se encontró un revólver color
plateado, sin número alguno de identificación con una carga de munición
percutida”46, el informe de balística refiere que las pruebas se adelantan sobre
“un revólver calibre 38 especial (comúnmente denominado 38 largo) fabricación
original producido por la casa fabricante COLT de Estado Unidos sin modelo a
simple vista identificado con el número de serie 472468 registrada en el brazo
móvil”; por lo que no es posible entender que las pruebas se realizaron sobre las
mismas armas que fueron puestas en cadena de custodia.
37. Se desconoce, además, el lugar en que fueron recolectadas las 6 vainillas que
se relacionaron en los elementos hallados junto al cadáver, pues ni el acta de
levantamiento, el acta de inspección del lugar, o el informe de policía judicial
contenía esta información. Tampoco se cuenta con información que permita
43 Según la versión del cabo Jeizon Esquivel Celis. Folios 103 a 105 en archivo Otros
cuadernos\009ED_C03PRUEBAS_02PRUEBASPARTEDEMAND.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
44 Ampliación de informe de laboratorio. Folio 13 en archivo Cuaderno de pruebas y
anexos\007ED_C02PRUEBAO_01PRUEBASOFICIOPDF.pdf. expediente digital, SAMAI índice 31.
45 Artículo 174 CPC. Necesidad de la prueba. “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso”.
46 Folios 134 a 146 en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI
índice 31.
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establecer la uniformidad de procedencia de estas vainillas con las armas
inspeccionadas.
38. La Sala no discute que fue registrado el hallazgo de las armas de fuego junto
al cadáver, sin embargo, el resultado negativo en la prueba de residuos de
disparo, la imposibilidad de establecer que las armas examinadas correspondían
a las mismas que fueron recolectadas, así como la aparición de elemento bélicos
sin que se especificara la fuente de su recolección y relación con el supuesto
atacante hacen que, lógicamente, sea inadmisible afirmar que Darío Albeiro
accionó alguna de las referidas armas en contra de los militares. Estos hechos -
analizados a la par de los indicios relatados en precedencia- podrían sugerir,
incluso, la manipulación de cuerpo de la víctima y la escena del combate con el
fin de ocultar lo que realmente ocurrió.
39. En síntesis, las inconsistencias en las declaraciones de los implicados respecto
de asuntos que, por lo general, son de fácil recordación para militares que
estuvieron en un combate, permiten a la Sala inferir con certeza que el combate
no ocurrió. Darío Albeiro no era un integrante de una banda delincuencial
dedicada a la extorsión y, por el contrario, se demostró que, antes de su muerte,
vivía con su madre y sus hermanos en Pereira, de quienes recibía apoyo y soporte
para superar el consumo problemático de estupefacientes. Tampoco se
demostró que Darío Albeiro hubiera atacado a la unidad militar, menos aún que
hubiera accionado las armas que fueron halladas junto a él. Todo lo anterior
demuestra que el enfrentamiento armado nunca ocurrió y que solo fue un recurso
narrativo para justificar la barbarie: una ejecución ilegítima cometida con el fin
de presentar a Darío Albeiro Fuquenes como delincuente dado de baja y
sacrificar, así, injustamente una vida humana, en pro de cifras de supuesto éxito
operativo.
40. El daño es atribuible a la entidad demandada porque la muerte se produjo
como consecuencia del actuar ilícito, injustificado y atroz en que incurrieron sus
agentes. Por lo que la Sala confirmará la declaratoria de la responsabilidad del
Ejército Nacional, por falla en el servicio, y la condenará al pago de los perjuicios
ocasionados a los demandantes.
2.5. Liquidación de perjuicios
41. La Sala modificará el reconocimiento de la reparación del perjuicio moral que
sufrieron las víctimas. De acuerdo con la Sentencia de unificación de 28 de agosto
de 2014, “en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, podrá
otorgarse una indemnización” de hasta tres veces el tope fijado por la
jurisprudencia de esta corporación.
42. La muerte de Darío Albeiro Fuquenes constituye una grave violación de los
derechos humanos en la que, el Ejército intentó hacerlo pasar por un delincuente
dado de baja en combate y lo inhumó como NN, lo que hizo necesario se
adelantaran diligencias de reconocimiento con sus familiares47. Contario a lo
47 Informe de investigador de campo de la fiscalía en la que se relaciona la diligencia de reconocimiento. Folios 170 a 172
en archivo Cuaderno principal\002ED_C01PRINCIP_02PRINCIPALAPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31
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sostenido por el Ejército en su apelación, la ausencia de la denuncia por
desaparición de la víctima no revela que el dolor y la tristeza hubiesen sido
inferiores a los que se espera tras un evento de este tipo, ni mucho menos lo
desvirtúa. Someter la acreditación de la aflicción moral al adelantamiento de
trámites o formalidades judiciales en cabeza de los demandantes es inhumano y
desconoce las condiciones particulares en que sucedió su desaparición. La Sala
encuentra fundado y razonable el temor que acompañó a sus familiares para
abstraerse de denunciar formalmente la desaparición, lo que no impidió que su
familia emprendiera por su cuenta la búsqueda de Darío Albeiro.
43. Por lo anterior se reconocerá en favor de Martha Lucía Barriga Rodríguez y
James Fuquenes Cardona, padres de la víctima48, la suma equivalente a 150
SMLMV para cada uno49; y de Daniel Andrés Fuquenes Barriga, Diana Patricia
Fuquenes Barriga, James David Fuquenes Barriga y Mery Cardona, hermanos50 y
abuela de la víctima51, respectivamente, la suma equivalente a 75 SMLMV.
44. De otro lado, negará la reparación de los perjuicios solicitados por la
“alteración de las condiciones de existencia” porque no responde a ninguna las
categorías que la jurisprudencia unificada de esta corporación avala52y, tras
adecuar oficiosamente los hechos narrados en las categorías de perjuicios
actuales, en particular, en el daño a la salud en su componente subjetivo, la Sala
encuentra que no se dan los requisitos jurisprudenciales para su reconocimiento y
condena en reparación. Sin embargo, la Sala considera que el derecho de los
familiares a conocer la suerte de las víctimas sometidas a desaparición forzada,
sobretodo en el marco de conflictos armados internacionales o no
internacionales53, fue vulnerado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
sostiene que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino
de un desaparecido es una forma de trato cruel e inhumano para los familiares
cercanos, por lo cual esta violación del derecho a la integridad personal también
se relaciona con la violación de su derecho a conocer la verdad 54. Es por ello
que, para la CteIDH, el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los
48 Registro civil de nacimiento de Darío Albeiro Fuquenes Barriga. Folio 57 en archivo Cuaderno
principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
49 Al respecto, ver entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de
10 de noviembre de 2016, exp. 56282; de 1 de junio de 2017, exp. 51623; de 24 de mayo de 2017, exp. 49358.
50 Registro civil de nacimiento de Darío Albeiro, Daniel Andrés, Diana Patricia y James David Fuquenes Barriga. Folios 57 a
64 en archivo Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf., expediente digital, SAMAI índice 31
51 Registro civil de nacimiento de Darío Albeiro Fuquenes Barriga y James Fuquenes Cardona. Folio 57 y 65 en archivo
Cuaderno principal\001ED_C01PRINCIP_01PRINCIPALPDF.pdf, expediente digital, SAMAI índice 31.
52 En criterio del ponente, constituye un error el abandono de la categoría del perjuicio a la vida de relación y/o de
condiciones de existencia para reparar, de manera integral, afectaciones que no responden a los criterios fijados en las
sentencias de unificación dictadas el 28 de agosto de 2014 -Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencias de 28 de agosto de 2014, expedientes 31170, 26251 y 28804-. Dicho abandono significó, sin
motivos válidos, un retroceso que contraría el mandato de optimización contenido en el principio de reparación integral.
Sobre este último punto, me remito a las razones consignadas en la aclaración de voto a la sentencia de 2 de agosto de
2024, expediente 64762
53 CICR, Henckaerts, Jean-Marie y Doswald-Beck, Louis, El derecho internacional humanitario consuetudinario, 2007, norma
117
54 Al respecto ver, entre otras: Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C
No. 64, párr. 114; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240; Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232; Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202; Caso Gudiel
Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253,
párr. 301.
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derechos a las garantías judiciales y protección judicial 55, cuyas obligaciones se
dirigen a adoptar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los
responsables, así como para reparar de manera justa a los familiares de la víctima.
Así como, la obligación de establecer la verdad de lo sucedido, localizar el
paradero de las víctimas e informar a los familiares sobre el mismo 56.
45. Las características anotadas en este caso por la muerte ilegítima de Darío
Albeiro son similares a las consideradas por la Corte Constitucional cuando habla
de “montajes” en este tipo de operaciones militares, pues esto sucede al “poner
armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas;
cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los
guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por
los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos
en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo
nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes”57. Estas conductas
pretenden alterar la verdad de lo ocurrido con las víctimas, afectando el derecho
de sus familiares a conocer la realidad de lo sucedido.
46. Por lo anterior, debido a la vulneración al derecho a la verdad de las víctimas
y, dado que resulta pertinente su reparación con una medida no pecuniaria, se
ordenará al Ministerio de Defensa- Ejército Nacional que, en un acto
conmemorativo, ofrezca disculpas a los demandantes por los perjuicios causados
y reconozca que la muerte Darío Albeiro Fuquenes Barriga fue consecuencia del
actuar ilícito, injustificado y atroz de sus agentes, así como reprochables también
fueron los actos subsiguientes que pretendieron ocultar la verdad de lo ocurrido
en estos hechos. De acuerdo con la regla según la cual este tipo de reparaciones
integrales debe concertarse con la víctima, la parte demandante le informará a
la entidad, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho
acto debe realizarse de forma privada o pública, así como el lugar y fecha en
que se adelantará.
2.6. Otras disposiciones
47. Por la naturaleza de los hechos reseñados en la presente providencia, la
Sala ordenará el envío de una copia de esta providencia a la Jurisdicción Especial
para la Paz.
2.7 Costas
48. Sin condena en costas porque no se causaron.
55 Protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25; y la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos XVIII y XXIV.
56 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 89; Caso
Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas
57 Ver, en sentencia SU 287 de 2024: Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
Philip Alston, relativo a su Misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009). Misión a Colombia A/HRC/14/24/Add.2. párr. 11.
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Radicación número: 17001-23-33-000-2014-00028-01(54182)
Demandante: James Fuquenes Cardona y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia que condena
_______________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 24 de marzo de 2015 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción propuesta por la NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL denominada “injerencia propia de la víctima en el
resultado por asunción propia del riesgo”.
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la
muerte de Darío Albeiro Fuquenes Barriga, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a los actores los siguientes perjuicios:
DEMANDANTE RELACIÓN PERJUICIOS
MORALES
Martha Lucía Barriga Rodríguez Madre 150 SMLMV
James Fuquenes Cardona Padre 150 SMLMV
Daniel Andrés Fuquenes Barriga Hermano 75 SMLMV
Diana Patricia Fuquenes Barriga Hermana 75 SMLMV
James David Fuquenes Barriga Hermano 75 SMLMV
Mery Cardona Abuela 75 SMLMV
TERCERO: ORDENAR que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional realice un
acto conmemorativo en el cual ofrezca disculpas a los demandantes y reconozcan su
responsabilidad porque la muerte de Darío Albeiro Fuquenes Barriga fue consecuencia
del actuar ilícito, injustificado y atroz de sus agentes, en los términos indicados en esta
decisión.
CUARTO: ENVIAR una copia de esta providencia a la Jurisdicción Especial para la Paz.
QUINTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda.
SEXTO: CONDENAR EN COSTAS a cargo de la parte demandada, liquídese por
Secretaría conforme al Código General del Proceso una vez ejecutoriada la presente.
Fíjese como agencias en derechos la suma de $1.350.000.”
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclara voto Salva voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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