Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00591-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00591-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00591-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00591-01 (1420-2019)
Demandante: UNIDAD A DMINIS TRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
(UGPP)
Demandado: JAI ME CALDER ÓN DUQUE
SENTENCIA DE SEGUNDA I NS TANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A decide el re curso de apelación interpuesto
por la entidad accionante contra la sentencia del 16 de noviembre de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo d el Caldas 1 que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la Un idad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP) 2 contra el señor Jaime Calderón Duque .
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda 3.
2.1.1. Pretensiones.
La UGPP, por conducto de apoderado judicial en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en
el artículo 138 del CPACA en la modalidad de lesividad, solicitó la
nulidad de la Resolución No. 36270 del 28 de ju lio de 2006, por medio
de la cual en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el
Juzgado 31 Penal del Circu ito de Bogotá el 16 de junio de 2006, le
reconoció al señor Jaime Calderón Duque una pensión gracia sin el
lleno de los requisitos , con efectividad a partir d el 30 de octubre de
1995.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de derecho pidió que se reintegre la t otalidad de lo
1
Con ponencia del magistrado Augusto Ramón Chévez Marín.
2
En adelante UGPP.
3
Folios 59 a 65.
Radicado: 17001-23-33-000-2015-00591-01
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Demandante: U.G.P.P.
pagado por el aludido concepto , por cuanto al accionado no le asistía
el derecho al reconocimiento de dicha prestación , sumas
debidamente indexadas .
2.1.2. Hechos.
Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
1. El señor Jaime Calderón Duque nació el 30 de octubre de 1945 y
prestó sus servicio s de manera interrumpida , esto es, desde el 20 de
mayo de 1969 hasta el 31 de marzo de 1973 en el orden
departamental y, con posterioridad , es decir, a p artir del 2 de abril de
1973 hasta el 30 de agosto de 2006 con tipo de vinculación nacional,
el que como último cargo ocup ó el de docente en el Instituto
Bachillerato Orient e de Caldas .
2. CAJANAL p or medio de la Resolución 18085 del 17 de junio de
1998, le negó al accionado el reconocimiento y pago de la pensió n
gracia al estimar que no cumplía con el requisito de los 20 años de
servicios en la docencia oficial bien sea de carácter departamental,
distrital o municipal preceptuado en la Ley 114 de 1913 , decisión que
fue confirmada por la entidad mediante las resoluciones Nos. 029287
del 30 de noviembre de 1998 ; 02710 del 4 de febrero de 2 00 0 y 00648
del 14 de febrero de 2001 .
3. No obstante, el señor Calderón presentó ante el Juzgado 31 Penal
del Circu ito de Bogotá acción de tutela , a fin de que se le reconoc iera
la pensión gracia , por lo que el despacho en mención mediante
sentencia de 16 de junio de 2006 tuteló los derechos fundamentales
a la igualdad, petición, mínimo vital , debido proceso y vida digna y ,
en consecuencia ordenó reconocer la prestación.
4. Por lo anterior, la entidad en atención a la decisión judicial del 16
de junio de 2006 suscribió la Resolución No. 36270 del 28 de julio de
2006, a través de la cual reconoció a favor del demandado la pensión
gracia en cuantía de $ 248.443.97 M/Cte., efectiva a partir del 30 de
octubre de 1995 .
5. Con posterioridad , la entidad accionante, por medio de la
Resolución No 20 295 del 14 de mayo de 2008 le negó al señor
Calderón la reliquidación de la aludida pr estación , al considerar que
no cumplía con los requerimientos para ello .
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
Como normas vulneradas citó los artículos 1, 2, 4, 6, 121, 123 y 209
de la Constitución Política; la Ley 114 de 1913, artículo 15, numeral
2, literal a de la Ley 91 de 1989 .
2
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Demandante: U.G.P.P.
En el concepto de violación explicó que el acto administrativo
recurrido transgredía el ordenamiento jurídico, comoquiera que el
accionado prestó sus s ervicios durante más de 20 años, pero de
carácter nacional, tiempos que no se podían computar a efectos de la
pensión gracia , pues la normatividad solo permití a acumular tiempos
bien fuera del orden municipal, distrit al o departamental .
2.2. Contestación de la demanda
El señor Jaime Calderón Duque 4 por intermedio de apoderado
judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas,
al considerar que el reconocimiento pensional se dio en atención a
una resolución judicial la cu al gozaba de presunción de legalidad,
toda vez que no había sido revocada por un juez. En cuanto a los
dineros percibidos por tal concepto, indicó que no había lugar a su
devolución , porque los recibió de buena fe basado en el pleno
convencimiento de su derecho .
2.3. Trámite en primera instancia.
El Tribunal Administrativo d e Caldas, en la audiencia inicial de que
trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, instalada el 2 de mayo
2017 5, advirtió que (i) no existían irregularidades o vicios que
invaliden todo lo actuado dentro del proceso; (ii) resp ecto de las
excepciones previas manifestó que todas eran de fondo ; y (iii) fijó el
litigio en los siguie ntes términos:
«¿Cum ple el acc ionado JAIME CA LDERÓN DUQUE con los
requis itos establec idos en la Ley 114 de 1913 para el r econocim iento
de la pens ión gr acia, específic amente lo relac ionado con el
desempeño de la docenc ia dur ante 20 años en plazas nac ionalizadas
o territoriales ? »
2.4. La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo d e Caldas mediante sentencia del 16 de
noviembre de 2018 6, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en consecuencia declaró lo nulidad de la Resolución 36270
del 28 de julio de 2006 por medio de la cual se le reconoció al
demandado la pensión gracia ; negó las demás súplicas y se abstuvo
de condenar en costas a la parte vencida dentro de la litis.
Al respecto, sost uvo que para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia se requería estar vinculado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980; tener 50 años y haber laborado por más de 20
4
Folio 152 a 153
5
Folio 178 a 181.
6
Folios 196 a 205.
3
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años en establecimientos oficiales departamentales, distritales o
municipales, en primaria o secundaria, como normalista o inspector
de instrucción pública con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno u otro cargo , siempre y cuando su nombramiento se hubiere
efectuado por una entidad del orden territorial o que estuviese dentro
del proceso de nacionalización y por último, observar buena
conducta .
En cuanto al caso concreto manifestó que el accionado prestó su s
servicios con tipo de vinculación departamental desde el 20 de mayo
de 1969 al 31 de mayo de 1973 para un total de 3 años, 10 meses y
12 días, y de carácter nacional a partir del 2 de abril de 1973 a 30 de
agosto de 2006 , esto es, por un tiempo de 37 años, 3 meses y 10
días, lo que impedía el reconocimiento y pago de la pensión gracia ,
pues se requería el cumplimiento de la totalidad de los requisitos , lo
cual en el presente asunto no ocurrió.
Respecto al reintegro de las sumas pagadas, puntualiz ó en que no
había lugar, dado que la entidad no demostró la mala fe del
accionado, pues la expedición del act o administrativo no se basó en
información falsa otorgada por el señor Calderón y por último, se
abstuvo de condenar en costas en atención a lo preceptuado en el
artículo 188 del CPACA.
2.5. Recurso de apelación.
La entidad accionante 7 a través d e apoderado judicial impetró
recurso de apelación, para lo cual manifestó inconformidad al no
ordenarse el reint egro de las sumas de vengadas con ocasión al
reconocimiento pensional , pues en sentir de la entidad el señor
Calderón cuando invocó el mecanismo constitucional no acreditó un
perjuicio irremediable .
En ese sentido, agregó que el hecho de acudir a una ciudad diferente
a la de su domicilio para aprovecharse de las interpretaciones que
tenía en ese entonces un juez de tutela , a fin de buscar provecho de
este, era comportamiento reprochable indicativo de mala fe , lo cual
causaba grave detrimento al tesoro público y afectaba así el principio
de sostenibilidad .
2.6. Trámite en segunda instancia.
A través de los autos de 23 de abril de 2019 8 y 17 de junio de la misma
anualidad 9, se admitió el recurso d e apelación interpuesto por la
entidad accionante y ordenó correr traslado a las partes para alegar
7
Folio 210 a 211
8
Folio 219.
9
Folio 226.
4
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de conclusión y al agente del Ministerio Público para co nceptuar en
segunda instancia, respectivamente.
La entidad accionante , La parte demandada y el Ministerio
Público 10 guardaron silencio.
III. CONSIDERACI ONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso d e apelación
interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que
ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin
limitaciones.
En el asunto objeto de estudi o, la UGPP es apelante único, por lo que
la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo
expuesto en el recurso de apelación.
3.3. Problema Jurídico.
Corresponde a la Sala determinar ¿si procede o no el reintegro de las
sumas pagadas en virtud de l acto administrativo demandado ?
3.4. Marco norma tivo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo
estudio
3.4.1. Del Reintegro de la s sumas devengadas de buena fe.
Al respecto, la Sección Segunda en sendas oportunidades ha
sostenido:
«De acept ar se l a po st ur a de la dem anda nt e se vulner ar í a el der echo de
def ensa del dem and ado por que el lo im p lica t r asladar en su cont r a la
10
Folio 231
11
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.
5
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car ga de desvir t uar l a pr esunción d e bue na f e lo cua l en lógi ca j ur í dica
es inadm isi ble.
Solam ent e en la se nt encia, pr evios los r espect ivos j uicios nor m at ivos
y de valor f r ent e a la act uación adm in ist r at iva, es posib le det er m inar si
el dem andado se pr evalió de m edios ilega les en det r im ent o de la
Adm inist r ació n, para obt ener la expedición de los act os cuya nu lidad
se acusa.
Baj o los ar gum ent os que ant eceden, co m o la par t e dem andant e dent r o
del pr esent e pr oceso no acr edit ó que el dem andado par a obt ener la
expedic ión de los act os desbor dó el am par o const it ucional de la buena
f e, la sent encia apel ada que denegó el p r et endido r est ableci m ient o del
der echo ser á conf ir m ada 12».
Es decir, corresponde a la entidad demandante la carga de desvirtuar
la presunción de buena fe, acreditando que con los actos fraudulentos
o medios ilegales , la llevaron a expedir actos administrativos en
detrimento de la administración.
En ese sentido, está Sección sostuvo:
«Si bien la ent idad act or a ha alegado l o cont r ar io, y ha pr et endido
que de la not if icación del aut o adm isor io de la dem anda de est a lit is
se deduzca m ala f e en el benef iciad o, ell o no puede ser adm it ido, pues
la adopción gener a l e im per sonal de un r égim en pensional y su
aplic ación g enér ica por par t e de la ent id ad dem andant e, hací an que
el pens ionad o r azo nablem ent e l o ent e ndier a com o aj ust ado a la
lega lida d, indep endi ent em ent e de que d icho r égim en p ensio nal hay a
sido lueg o cont r over t ido j udicia lm ent e.
La ent idad dem andant e no acr edit ó que el pensionad o hubiese
incur r ido en act os dolosos o que im pli que m ala f e en el tr ám it e de
r econocim ient o y pago de su pensión, com o f alsedades o engaños que
por su cont enido y alcance desca lif ique n su act uar y le im ponga n la
car ga de r em bolsar par t e de la pensión r ecibida 13».
De ahí, se tiene que con la expedición de los actos administrativos el
pensionado asume la legalidad de este, independientemente que con
posterioridad sea objeto de controversia ante la jurisdicci ón de lo
Contencioso; por ende, resulta imperioso que la entidad que invoca
su legalidad acredite actos dolosos que descalifiquen su actuar e
impongan la carga de rembolsar en parte lo que ha percib ido de buena
fe.
Asimismo, en sentencia reciente de esta Corporación se señaló lo
siguiente:
«Lo ant er ior , dado que, com o lo ar guyó el Tr ibunal de pr im er a inst ancia,
par a acceder al cit ado pedim ent o , no bast a que la ent idad exponga la
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, subsección B, sentencia 8 de mayo de 2008, expediente: 68001-
23-15-000-2001-03185-01 actor: Universidad Industrial De Santander demandado: Hernando Jiménez Calderón.
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, subsección A, sentencia 9 de junio de 2008, expediente: 68001-
23-15-000-2001-03315-02 actor: Universidad Industrial De Santander demandado: Víctor Esparza Moreno.
6
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f alt a de legali dad de la r eliqu idac ión pensional, sino q ue r esult a
necesar io que apor t e t odo el m at er ial pr obat or io t endient e a dem ost r ar
que la conduct a del accionado se apar t ó del post ulado de buena f e, en
at ención a que est e m andat o const it ucional est á est r echam ent e ligado
a los der echos al buen nom br e y la dignidad hum ana, lo c ual se echa
de m enos dent r o del expedie nt e, contr ar io sensu, se colige que el
dem andado, al pr esent ar la acción de t ut ela t endient e a obt ener el
r eaj ust e de la pensi ón en m ención, act uó con la conv icció n de que le
asist í a el der echo a ello.
En consecuenci a, se est im a que el accionado, com o lo af ir mó el a quo ,
no t iene que dev olv er diner o algu no, pu es no se dem ost r ó que cuando
solic it ó la r eliqui dac ión de la pensión act uó de m ala f e, lo que conduce
a negar t ant o la pr et ensión pr inc ipa l de r eint egr o pecun iar i o, com o la
subsid iar ia 14».
De lo anterior, se concluye que no es suficiente con que la entidad
demandante alegue la mala fe, sino q ue se hace necesario que aporte
al proceso el material probatorio que demuestre que actuó de manera
fraudulenta para obtener unos beneficios, pues el hecho de presentar
una acción de tutela a fin de que obtener un reajuste en su pensión,
actuando con la plena convicción de que le asistía el derecho, no da
lugar a pensar lo contrario, razón por la que en esos eventos la
devolución de la pagado no tiene vocación de prosperidad.
3.4. Caso concreto
La Sala de Subsección advierte como relevantes las siguientes
pruebas:
• El señor Jaime Calderón Duque nació el 10 de octubre de 1945 por
lo que cumplió 50 años en 1995 y prestó sus servicios como docente
oficial de manera interrumpida desde el 20 de mayo de 1969 hasta
el 31 de marzo de 1973 15 del orden departamental y, con
posterioridad, es decir, a partir del 2 de abril de 1973 hasta el 30
de agosto de 2006 16 con tipo de vinculación nacional .
• La Contraloría General de Caldas el 22 de enero de 1998 17 certificó
que el señor Jaime Calderón Duque prestó sus servicios a l
departamento desde el 20 de mayo de 1969 al 31 de marzo de 1973.
• La Pagadora y Jefe de Personal del In stituto de Educación Superior
Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas el 24 de noviembre
de 1997 18 certificó que el demandado laboraba en la institución
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, subsección B, sentencia de 31 de julio de 2020, expediente:
05001-23-33-000-2013-00450-02(2641-17) actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandado: Gustavo Alberto Rivera Cardona.
15
Información que se extrae del acto administrativo contenido en la Resolución 20295 del 14 de mayo de 2008. Ver folio
16
Información que se extrae del expediente administrativo visible en la página 106. Ver CD Fl. 131.
17
Folio 120
18
Folio 132
7
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Demandante: U.G.P.P.
desde el 2 de abril de 1973 en adelante cuando fue nombrado
mediante la Resolución No. 4293 del 8 de mayo de la misma
anualidad suscrita por el Ministe rio de Educación Nacional .
• El 27 de noviembre de 1997, el accion ado solicitó ante Cajanal hoy
UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, petición que
fue negada mediante la Resolución No. 18085 del 17 de junio de
1998 19 y con posterioridad confirmada a través de la Re solución
029287 del 30 de noviembre de 1998 20, 02710 del 4 de febrero de
2000 21 y 00648 del 14 de febrero de 2001 22, al estimar q ue no se
podían computar tiempos de servicios de carácter nacional.
• Por lo anterio r, el señor Calderón Du que presentó ante el Juzgado
31 Penal del Circu ito de Bogotá acción de tutela a fin de que se le
reconociera la pensión gracia , por lo que el despacho en mención
mediante sentencia de 16 de junio de 2006 23 tuteló los derechos
fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, mínimo vital
y vida digna y en consecuencia ordenó reconocer la prestación,
teniendo en cuenta lo siguiente:
«Siend o ello así la ent idad dem andada en t ut ela no puede desconocer
las pr evis iones est ableci das en la ley a nt er ior m ent e r eseñada, pues
si los ser vidor es pú blicos , en est e caso los docent es cum ple n con los
r equisit os a llí r eque r idos , la adm in ist r ación no p uede desc onocer lo s
incur r iendo en u na ví a de hecho com o ocur r e en el pr esent e event o,
ya que pasa que quienes acci onan a t r avés de apoder ado cum plen con
las exig encias est a bleci das en el ar t . 4 de la ley 4ª de 1996 , la
dem andada de m aner a em poder ada i nsta en aplicar la ley 3 3 y 52 de
1985, desconocien d o der echos f undam ent ales com o el debid o pr oceso
y en desar r ollo de est e e l pr incipio de l a f avor abilida d que com o se
dij o con ant e lación , en m at er ia labor a l es de est r ict a o bser vación o
cum plim ient o a f avor del em pleado.
Se advier t e que a l n o haber r espondido la dem andada e l t r aslado de
la acción , se pr esum en com o cier t as las m anif est aciones que los
quej osos , est o es , que r euniend o las ex igenc ias leg ales par a que le
r econozc a su pensión con t odos los f act or es salar iales , Caj anal ha
hecho caso om iso a las dispos ici ones le gales que así lo est ablece n.
[ …]
Si el docent e cum ple con los r equisi t os par a gozar del r égim en
especia l , debe aplic ar se en su int egr idad la nor m a de excepció n, pues
obr ar en contr a es af ect ar la inescind ibi l idad de la nor m a j urí dica , t al
com o lo indica la H. Cor t e Const it ucional , cuando es un hecho clar o
que la m ism a Ley 100 de 1993 en su ar t í culo 36 r elaciona ent r e los
r egí m enes de t r ansición el de los doc en t es , por lo que el m ont o de la
pensión d ebe hac er se sobr e la bas e r egulador a expr esam ent e
señalad a en las nor m as especiales del r égim en y r espet ar así , los
der echos adquir id os y el de f avor abilidad com o int egr ant e del der echo
19
Folio 74 a 76.
20
Folio 77 Vto. a 81
21
Folio 85 vto. a 86.
22
Folio 88 a 91.
23
Folio 93 a 97 Vto.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: U.G.P.P.
f undam ent al al debid o pr o ceso consagr ado en el art í culo 29 de la car t a
polí t ica .
Ese es el cr it er io que debe t ener en cuent a la dem andada a f avor de
los acci onant es , y de lo cual hizo caso om iso en las r esoluciones por
m edio de las cuales les negó el der echo incur r iendo en una cl ar a ví a
de hecho por lo q ue en ar as de gar ant izar les sus der e chos se
acceder á a las pr e t ensiones inv ocada s , ya que com o lo indica e l
apoder ado sus r ep r esent ados r eúnen a cabal idad l os r equisit os
exigi dos por el r égim en especial par a el r econocim ie nt o de su pensión
gr acia [ …]
RESU ELVE
PRI M ERO : TUTELAR los der echos f undam ent ales de pet ición, Debido
Pr oceso, Segur idad Socia l, a la I guald ad, al M í nim o Vit al a la Vi da
Digna, im pet r ados a t r avés de apoder ado por los señor es [ …] JAI ME
CALD ERO N DUQ UE C. C. 4. 482. 456 [ …]
SEG UNDO : Com o consecuenci a de lo ant er ior , O RDENAR a la C AJA
NACI O NAL DE P R EVI SI Ó N SO CI AL (CAJAN AL) , a t r avés de la
Asesor a de G er enci a G ener al del G r upo de Pr est aciones Ec onóm icas,
G r upo Docent es, y/ o quien h aga sus v eces, em it ir las r es pect ivas
r esolucio nes conf or m e al der echo y acor de con lo expuest o en la
m ot iva de la pr esent e decisió n, desde e l m om ent o en que adquir ier o n
t al der echo, t eniendo en cuent a t odos los f act or es salar ia les
cancelados d ur ant e el año ant er ior al cum plim ient o de l es t at us de
pensiona dos, par a el cum plim ient o de l o aquí decidido, se ot or ga»
• Cajanal hoy UGPP en cumplimiento de la decisión judicial del 16 de
junio de 2006, a través de la Resolución 32270 del 28 de julio de
2006 24 reconoció a f avor del señor Jaime Calderón Duque pensión
gracia en cuantía de $ 248.443.97 M/Cte., efectiva partir del 30 de
octubre de 1995 . Para lo cual tuvo en cuenta los siguientes tiempos
de servicios.
«Q ue el pet icionar io pr est ó los siguient e s ser vicios al Est ad o:
ENTIDAD DESDE HASTA DÍAS
DEPARTAMENTO DE CALDAS 19690520 19730330 1391
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 19730402 19971127 8876
10267
Que laboró un total de 10267días
Que nació el 30 de octubre de 1945 y cuenta con 50 años de edad
Que el último cargo desempeñado fue el de DOCENTE en el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL ».
3.5. Análisis de la Sala
El caso objeto de estudio se centra en determinar, si pro cede o no el
reintegro de los dineros devengados en atención al reconocimiento
de la pensión gracia que se dio en cumplimiento del fallo de tutela
del 16 de junio de 2006.
24
Folio 105 a 108.
9
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2015-00591-01
Número interno: 1420-2019
Demandante: U.G.P.P.
Respecto del reintegro de lo percibido, la Constitución Política en su
artículo 83 establece lo siguiente “Las actuacione s de los particulares
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los post ulados de la
buena fe, la cual se presumirá en to das las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas”
En ese sentido la Ley 1437 de 2011 en su artículo 164, numeral 1
literal c, dispone que la demanda podrá ser presenta en cualquier
tiempo siempre que “Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen
total o parcialment e prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de bue na
fe.”
De lo anterior, se colige que no existe la posibilidad de recuperar las
prestaciones perió dicas cuando han sido pagadas de buena fe, lo que
le impone a la entidad demandante la carga de probar los actos
fraudulentos del beneficiario para obtener e l reconocimiento de un
derecho que no le corresponde.
Sobre el particular, esta Subsección sostuvo 25:
«Acor de con el est udio efect uado en apartes anter ior es, para que
proc eda el reintegr o de pr estac iones periódicas pagadas a los
partic ulares de buena fe, se debe probar por part e de la
administr ación que el demandado inc urrió en c onduct as
deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en
atenc ión al rec urso de alzada, encuentr a la S ubs ección que no s e
demostró que la señora Gonz ález de Á lvar ez hubies e inc urrido en
estas, es decir, que obras e de mala fe.
En efect o, en el sub ex amine no s e ac redit ó que la libelis ta hay a
llev ado a c abo comportam ientos que comprom etieran la lealtad,
rectitud y honestidad, o alguna situación dem ostrativa de l
quebrantam iento al principio c onst itucional de buena fe.
En es e or den de ideas, la S ala reitera que teniendo la carga
probator ia la ent idad demandante par a desv irtuar la pr esunción de
buena f e del pens ionado, ésta no dem ostró que la señor a González
de Álv arez act uó de mala fe al solicit ar el rec onocim iento de l a
pens ión gr acia por la ext inta Cajanal EICE de acuerdo con l o
dispuesto en la Res oluc ión 16210 del 10 de abril de 2006.
En conclusión: No se desv irtuó la pr esunción de buena fe que
ampar a a la d em andada por que la entidad demandante no
demostró que hubiera incurr ido en actos dolos os y de mala fe con
el r econoc imiento de la pens ión gr ac ia por parte de la extint a
Cajanal EICE ».
25
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, subsección A, sentencia 8 de julio de 2021, expediente: 70001-
23-33-000-2015-00433-01 accionante: UGPP. Demandada: Yaneth De Jesús González De Álvarez
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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00591-01
Número interno: 1420-2019
Demandante: U.G.P.P.
Por lo anterior, le correspondía a la entidad accionante demostrar que
el señor Jaime Calderón Duque con maniobras y actos fraudulentos
indujo en error a la administración con el propósito de obtener para
sí, el reconocimie nto de la pensión gracia, pues de lo allegado al
plenario no observa la Sala que hubiese omitido o manip ulado
información respecto de los tiempos de servicios prestad os.
De otra parte , en el re curso de alzada la entidad accionada indicó que
acudir a la acción de tutela en un domicilio distinto al d el accionante,
constituía un in dicio de mala fe , postura que ha mantenido esta Sala
en varias oportunidades al resolver casos análogos como el
presente 26.
Sin em bargo, pese a que lo anterior pueda entenderse prima facie
como un hecho indicador de la mala fe, lo cie rto es que, en este
preciso caso, se presenta una situación la cual debe ser valorada por
la Sala, y es que el mecanismo constitucional fue pre s entado en la
ciudad de Bogotá , domicilio de Cajan al , lo cua l se a justa a las normas
de competencia territorial 27 para esta clase de asuntos de linaje
constitucional que permiten que se pueda interponer en el domicilio
de la entidad demandada, criterio que se ajusta a lo manifestado por
la Corte Constitucional . 28
Bajo este hilo argumentativo se desechará la constitución de mala fe
alegada por la entidad accionante, y en consecuencia negará la
devolución de las sumas percibidas , lo que impone a la Sala confirmar
la sentencia del 16 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que a ccedió parcialmente a las súplicas de
la demanda, por los argumentos expuestos en la providencia.
3.5 De la condena en costas en segunda instancia.
Con la expedición del CPACA, la Subsección A inicialm ente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena
de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara
vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que deb ían observarse una serie de factores
tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el
proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en
donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la
decisión, existien do un margen de análisis mínimo en el que el juez
evaluara las circun stancias para imponerla o no.
26
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, subsección A, sentencia 27 de mayo de 2021, expediente: 05001-
23-33-000-2013-00282-02 (5082-2018) accionante: UGPP. Demandada: María Patricia Freydell Chica.
27
Ver artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
28
Auto 128 de 2017.
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Número interno: 1420-2019
Demandante: U.G.P.P.
Sin embargo, en sentencia del 7 de abril de 2016 la Subsección A 29
dentro del proceso radicado 15001 -23-33-000-2012-00162-01 (4492 -
2013), varió aquella posi ción y acogió el criterio objetivo para la
imposición de costas al concluir que no se debe evaluar la conducta
de las partes (te meridad o mala fe), sino los aspectos objetivos
respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código
General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo
365.
Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica un criterio
objetivo valorativo siguiendo las reglas del artículo 365 del CGP que
excluye aspectos subjetivos como la mala fe o la temeridad de las
partes.
No obstante , esta Sala ha afirmado que cuando es la entidad pública
la que demanda su propio acto en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad,
en costas:
« En este cas o tenemos que debido a la nat uralez a del medio de
control ejerc ido, que es el de nulidad y restablec imient o del der echo
pero en la m odalidad de l esividad , en tant o la Caja Nacional de
Previs ión Soc ial E ICE en Liquidac ión atac a sus propios actos
administr ativ os mediante los c uales reconoc ió y r eliquidó una
pens ión grac ia, es decir, la entidad pública propende por anular unos
actos adm inistrativ os que, no obstante su contenido partic ular, dada
su ilegalidad af ectan igualm ente int ereses públic os, en la medida en
que reconoc en y or denan el pago de sumas a las que el benef iciari o
no tiene derec ho, y ello der iva en una afectación patrimonial, no sólo
de la Instituc ión pública que comet ió el yerr o respectiv o, sino de
todos los ciudadanos que aport a n al s is tema pens ional Colombiano,
es el inter és super ior público patrim onial el que está en juego . » 30.
De acuerdo con la jurisprudencia en cita, no es viable en estos casos
condenar en costas en ninguna de las instancias, pues en este tipo
de eventos en los cuales se ventila un interés público, como lo es el
patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la prestación
sea la parte «vencida» en el litigio, aun cuando resulte afectado con
la decisión .
De conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes respecto
de las costas , la subsección se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia, comoquiera que se ventilaron intereses públicos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
29 C o n s e j e r o
ponente: Dr. William Hernández Gómez.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21
de abril de 2016, expediente: 3400-2013, magistrado ponente Luis Rafael Vergara Quintero.
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Demandante: U.G.P.P.
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia del 16 de noviembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo d el Caldas , que accedió
parcialmente las pretensiones de la demanda presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP), contra Jaime Calderón Duque ,
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de la
presente sentencia.
SEGUNDO: SIN condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen y
efectúense las anotaciones en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
sesión del diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO S UÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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