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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2015-00433-01

Sustitución de pensión gracia a cónyuge

Fecha
8 de julio de 2021
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2015-00433-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 9 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección social contra la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez. En su lugar, Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, expedida por Cajanal en cumplimiento de un fallo de tutela y mediante la cual se reconoció la pensión gracia de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez. Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto: Sin condena en costas en ninguna de las instancias de conformidad con la parte motiva. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2015-00433-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

8 de julio de 2021

SUSTITUCIÓN DE PENSIÓN GRACIA A CÓNYUGE / PENSIÓN GRACIA - Requisitos / PENSIÓN GRACIA - Beneficiarios docentes con vinculación territorial y nacionalizada / COMPUTO DE TIEMPOS DE SERVICIO COMO DOCENTE DE ORDEN NACIONAL PARA PENSIÓN GRACIA - Improcedente

[E]s pacifica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Por consiguiente, de las pruebas obrantes al dossier, se tiene que la causante González de Álvarez prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años; empero, para acceder a la pensión gracia, era indispensable acreditar que prestó sus servicios en la docencia oficial territorial por un término no menor de veinte (20) años, circunstancia que no se encuentra demostrada con las certificaciones de tiempo de servicios y los actos administrativos que reposan en el expediente. En efecto, se observa de los certificados y el acto administrativo por el cual fue reconocida la citada prestación que los tiempos laborados en el Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto del municipio de Sincelejo entre el 28 de septiembre de 1981 y el 14 de julio de 2003 dependía del Ministerio de Educación Nacional, como docente nacional, por lo tanto, no le confería el derecho a que pudieran computarse con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial. (…) Conforme con lo expuesto, no podía ser beneficiaria del derecho pensional, toda vez que el tiempo de servicios acreditado siempre fue de carácter nacional para materializar el beneficio a la pensión gracia y, en consecuencia, le asiste razón al juez de primera instancia cuando declaró la nulidad de los actos acusados. (…) En este orden de ideas, la Subsección advierte que, si bien la causante prestó sus servicios como docente Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, pero su tiempo laborado no resulta idóneo para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, toda vez que no logró acreditar 20 años de servicios docentes en planteles educativos del orden municipal, distrital, departamental, o como nacionalizada. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la improcedencia de computar los tiempos de servicio ejercidos en planteles nacionales o aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el Gobierno Central para la pensión de gracia, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 27 de abril de 2016, Rad. 3075-14, M.P William Hernández Gómez. En cuanto a la diferencia entre los docentes nacionales y aquellos que hicieron parte del proceso de nacionalización, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de octubre de 2020, Exp. 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Sobre la acreditación de la vinculación de docente para reclamar la pensión gracia, ver: C. de E, sentencia de unificación CE- SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2) de 21 de junio de 2018, Rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P Carmelo Perdomo Cuéter.

FUENTE FORMAL: LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 1 / LEY 43 DE 1975 / LEY 114 DE 1913

PENSIÓN GRACIA / ACCIÓN DE LESIVIDAD – Procedente / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA – No vulnerado

[P]ara la Subsección es claro que el propósito de la acción promovida por la UGPP, en ningún momento busca quebrantar el principio de confianza legítima, sino preservar el ordenamiento jurídico, impugnando su propia decisión, para poner fin mediante sentencia judicial a una situación irregular originada con la expedición de su propio acto y así cesar sus efectos, los cuales resultan lesivos para el erario público, tal y como sucede en el caso sub examine, al haberse reconocido la prestación aludida desde el 13 de agosto de 2003, fecha desde la cual se ha venido pagando la mesada correspondiente. NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la acción de lesividad en relación con el principio de confianza legitima, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014, Rad. 1672-13, M.P Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

PENSIÓN GRACIA / DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS EN EXCESO - Improcedencia, no se desvirtuó presunción de buena fe / PRINCIPIO DE BUENA FE – Configuración

[E]l principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que la peticionaria o en este caso, la demandada, actuó de mala fe. (…) [P]ara que proceda el reintegro de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que la señora González de Álvarez hubiese incurrido en estas, es decir, que obrase de mala fe. En efecto, en el sub examine no se acreditó que la libelista haya llevado a cabo comportamientos que comprometieran la lealtad, rectitud y honestidad, o alguna situación demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe. (…) En conclusión: No se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara a la demandada porque la entidad demandante no demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe con el reconocimiento de la pensión gracia por parte de la extinta Cajanal EICE.NOTA DE RELATORIA: En cuanto al principio de buena fe, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-131 de 2004. Respecto de la recuperación de dineros pagados a particulares de buena fe, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 15 de septiembre de 2016, Rad. 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 768 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164

CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo

[E]sta Subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 2016 dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01, número interno 4492 de 2013, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. (…) Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que, tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público. Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad. Ahora bien, el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del cual se ordenó por orden judicial el reconocimiento de una pensión jubilación gracia. (…) En ese sentido la Sala considera que conforme el artículo citado, en el sub lite no había lugar a la condena en costas impuesta al demandante en primera instancia, toda vez que el objeto de la demanda al presentarse en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, se trataba de un asunto de interés público, como lo es el patrimonio estatal, al pretender la nulidad de un acto administrativo que fue proferido en cumplimiento de un fallo de tutela, en el cual se reconoció y ordenó el pago de la presión gracia en favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez. NOTA DE RELATORIA: En cuanto al criterio objetivo valorativo en la codena de costas, ver: C. de E, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. 15001-23-33-000-2012-00162-01 (4492 -2013).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 70001-23-33-000-2015-00433-01(2998-17)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Demandado: YANETH DE JESÚS GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión gracia. No acreditó 20 años de servicio en el sector docente oficial en calidad territorial o nacionalizado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia del 9 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

DEMANDA

La UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó a la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez.

Pretensiones

Declarar la nulidad de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006 proferida por Cajanal EICE, que reconoció una pensión de jubilación gracia a la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez, en cumplimiento de un fallo de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada a restituir a la UGPP las sumas correspondientes a los valores pagados por concepto de la pensión gracia que le fue reconocida irregularmente desde la fecha que recibió la primera mesada hasta cuando se haga efectiva la sentencia, debidamente indexados.

Condenar a la parte demandada al pago de costas y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos relevantes

La señora Yaneth de Jesús González de Álvarez nació el 13 de agosto de 1953.

Se desempeñó como docente oficial de las siguientes entidades:

i) Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo, desde el 27 de marzo de 1974 hasta el 27 de septiembre de 1981, nombrada mediante Decreto 171 del 23 de marzo de 1974 expedido por la Gobernación de Sucre;
ii) Ministerio de Educación Nacional – Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto, desde el 28 de septiembre de 1981 hasta el 14 de julio de 2003, nombrada mediante Resolución 15839 del 28 de septiembre de 1981 expedida por el Ministerio de Educación Nacional;
iii) Secretaría de Educación Municipio de Sincelejo, desde el 15 de julio hasta el de septiembre de 2003, mediante Resolución 1511 del 5 de junio de 2003 expedida por la Secretaría de Educación Municipal y además le fueron asignadas las funciones de coordinadora en la misma institución mediante la Resolución 1650 del 20 de junio de 2003.

Por medio de la Resolución 25219 del 29 de agosto de 2005 Cajanal le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora González de Álvarez.

A través de sentencia de tutela del 24 de febrero de 2005, el Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena amparó los derechos al debido proceso e igualdad de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez, entre otros, y ordenó a Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la docente.

Mediante Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, Cajanal EICE dio cumplimiento al fallo de tutela y, en consecuencia, reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia en cuantía de $1.189.631.25, efectiva a partir del 13 de agosto de 2003, cancelados de forma retroactiva y con los respectivos intereses moratorios.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 16 de noviembre de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] la parte demandada contestó la demanda en la que propuso las excepciones previas de caducidad y prescripción, las cuales deben resolverse como lo consagra el numeral 6° del artículo 180 de la ley 1437 de 2011 […] Caducidad de la acción […] como quiera que la Resolución No. 16210 del 10 de abril de 2006 (acto administrativo demandado) se reconoció la pensión gracia a la señora YANETH DE JESÚS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, la entidad puede demandar la nulidad de dicho acto en cualquier momento, pues se trata de prestaciones periódicas […] Prescripción. […] es del caso resolverla luego de abordar el fondo del asunto y previa decisión sobre la existencia del derecho en discusión.

Teniendo en cuenta lo manifestado, el despacho, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARÉSE no probada la excepción previa de caducidad, propuesta por la parte demandada […]» (negrilla y mayúsculas del texto original)

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] la controversia gira en torno a lo siguiente:

¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, mediante la cual se reconoció la pensión gracia a favor de la señora YANETH DE JESÚS GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ, por incumplir con los requisitos exigidos por las normas que regulan la pensión gracia, en especial, que el servicio docente no sea de orden NACIONAL?

En caso de una respuesta positiva al anterior problema jurídico, se deberá determinar si la señora YANETH DE JESÚS GONZÁLEZ DE ÁLVAREZ deberá realizar la devolución de los pagos recibidos por concepto de la pensión gracia. […]»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 9 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, con fundamento en las siguientes razones:

El a quo indicó que de las pruebas allegadas al plenario se evidenció que la beneficiaria del acto administrativo demandado sí cumplió con los requisitos que la Ley exige para hacerse acreedora de la pensión gracia. Para el efecto, señaló que la vinculación de la docente en la Escuela Urbana Alianza para el Progreso, entre el 27 de marzo de 1974 y el 27 de septiembre de 1981, tuvo la calidad de docente nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y, que a pesar de que posteriormente fue nombrada mediante decreto expedido por el Ministerio de Educación Nacional para prestar sus servicios en el Instituto Técnico Antonio Prieto, no perdió el tipo de vinculación pues fue objeto del proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria.

Por otra parte, agregó que la UGPP no aportó prueba de la cual se evidenciara que efectivamente la demandada ostentaba la calidad de docente nacional en el tiempo que laboró al servicio del Instituto Técnico Antonio Prieto, y que para efectos de determinar los 20 años de servicio como educadora nacionalizada sí era factible computar los tiempos comprendidos entre el 28 de septiembre de 1981 y el 14 de julio de 2003, en la medida que, reiteró, no cabe duda de que su condición como docente nacionalizada nunca varió o mutó a nacional.

Además, sostuvo que a la fecha de promulgación del acto demandado ya la señora González de Álvarez contaba con los requisitos mínimos exigidos para acceder a la acreencia pensional, por lo cual concluyó que existen razones suficientes para no acceder a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, condenó en costas a la entidad demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La UGPP interpuso recurso de apelación, para lo cual argumentó que de los 30 años que acreditó la demandada como docente, solo 7 fueron como docente nacionalizada, para lo cual recalcó entre 1981 y 2003 lo hizo como nacional, puesto que fue nombrada mediante la Resolución 15839 del 28 de septiembre de 1981, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

A partir de lo anterior, consideró que se desestimó la naturaleza para la cual fue creada la pensión gracia como prestación especial de la cual pueden ser acreedores los docentes que hubiesen prestado sus servicios en instituciones de orden territorial, distrital, municipal y no solo como maestros de primaria sino como normalistas e inspectores educativos, pues la norma fue ampliando su cobertura, para lo cual relacionó la sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998 en demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4 y numeral 3° de la Ley 114 de 1913.

De otro lado, agregó que los precedentes jurisprudenciales dan luz clara sobre qué docentes tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia y a quienes no les asiste derecho porque sencillamente no cumplen con los requisitos exigidos por la misma, como pasó en el caso en cuestión ya que su nombramiento fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional en el tiempo que laboró en el el Instituto Técnico Antonio Prieto, por lo cual resulta evidente que el acto administrativo demandado vulnera notoriamente las disposiciones legales y constitucionales.

Finalmente, se refirió a la condena en costas que le fue impuesta y de la cual consideró que no era viable porque esta carece de supuestos facticos y además la reglas que el juzgador debe aplicar en cuanto al momento de imponer tiene que ver con la discrecionalidad, al igual que es importante tener en cuenta que dicha facultad no es absoluta ya que no puede desconocerse el principio que rige las actuaciones judiciales y así evitar tomar decisiones de manera caprichosa o radicalizada.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal, según constancia secretarial visible a folio 245 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

Problemas jurídicos

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia son las siguientes:

¿En el sub judice se demostró que la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez acreditó 20 años de servicio como docente oficial del orden territorial o en calidad de nacionalizada?

¿En caso negativo, ¿es procedente el reintegro de las sumas pagadas a la demandada en virtud de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, en la cual se dio cumplimiento a un fallo de tutela y fue reconocida una pensión gracia en favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez?

¿Procedía la condena en costas a la UGPP como parte demandante en primera instancia por haber resultado vencida en el proceso?

Primer problema jurídico

¿En el sub judice se demostró que la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez acreditó 20 años de servicio como docente oficial del orden territorial o en calidad de nacionalizada?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez, no acreditó 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada y, en consecuencia, no es posible mantener el reconocimiento pensional, como se explica a continuación:

La pensión de jubilación gracia.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.°, acerca de los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», preceptúa lo siguiente:

«ARTÍCULO  1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

Así mismo, el numeral 2 del artículo 15 de la anterior norma limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al señalar textualmente que:

«[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia así:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

De la misma manera, los requisitos para dicha pensión fueron reiterados en otra sentencia de unificación, en la cual se dijo lo siguiente:

«De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.» [Negrillas fuera de texto].

Finalmente, de forma muy reciente, esta Subsección resolvió un caso similar en donde se hizo alusión a la diferencia entre los docentes nacionales y aquellos que hicieron parte del proceso de nacionalización. Al respecto, en sentencia del 29 de octubre de 2020 se dijo lo siguiente:

«37. Esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes términos:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»

38. De lo anterior, se infiere que la citada prestación se causa únicamente para los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal. Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas.

39. Al respecto, esta Subsección en sentencia de 27 de abril de 2016 expresó con base en la sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena de la misma Corporación, que no serán computables los tiempos de servicio ejercidos en planteles nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el Gobierno Central, así:

«2.3.2. De la vinculación del personal docente.

En lo que respecta a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29 de 1989 consagró la descentralización administrativa en el sector de la educación, y dispuso que:

«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes. […]

Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon. […]

Artículo 10º.- Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.”

[…]

De tal manera y de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o nacionalizados. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional.»

40. De lo anterior se concluye que los beneficiarios de la pensión gracia serán aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada, descartando de esta forma aquellas del orden nacional, bien sea porque provenga directamente del Gobierno Nacional o se acredite en el plenario que la profesión se ejerció en una institución educativa nacional.» (negrillas fuera de texto original).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta suficientemente claro que los tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de jubilación.

La sentencia de unificación del 21 de junio de 2018

Ahora bien, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en relación con el tema específico del reconocimiento de la pensión gracia, procedió en la aludida providencia a explicar la incidencia de los recursos con los que se remunera a los docentes (situado fiscal y sistema general de participaciones); la naturaleza de los fondos educativos regionales (FER); y la prueba de la calidad de quienes tienen derecho a esta prestación, y en consecuencia, fijó las reglas de unificación que a continuación se transcriben:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

La vinculación de la docente probada en el proceso

En el sub examine, la Sala advierte que lo pretendido a través del recurso de apelación interpuesto por la UGPP es que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, por medio de la cual la extinta Cajanal EICE dio cumplimiento al fallo de tutela y en consecuencia ordenó reconoció y ordeno el pago de una pensión gracia a favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez, ya que esta no es merecedora de tal reconocimiento por no haber cumplido con los requisitos en especial los 20 años de servicio como docente oficial del orden territorial o en calidad de nacionalizada.

Ahora bien, en el presente asunto está demostrado que la demandante nació el 13 de agosto de 1953.

Por otra parte, respecto al tiempo de servicios obran las siguientes certificaciones, visibles de folio 86 revés al 87, así:

Nombrada como maestra seccional en la Escuela Urbana Alianza para el Progreso de Ovejas – municipio de Oveja, mediante Decreto 171 del 22 de marzo de 1974 expedido por le Gobernación de Sucre, cargo del cual tomo posesión el 27 de marzo del mismo año y se desempeñó hasta el 27 de septiembre de 1981.
Nombrada como profesora de enseñanza secundaria en el Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto municipio de Sincelejo, mediante la Resolución 15839 del 28 de septiembre 1981 expedida por el Ministerio de Educación Nacional cargo que desempeñó hasta el 14 de julio de 2003.
Trasladada con su plaza al mismo cargo en la Institución Educativa Dulce Nombre de Jesús de Sincelejo, mediante la Resolución 1511 del 6 de junio de 2003 expedida por la Secretaría de Educación Municipal y asignadas las funciones de Coordinadora en la misma institución mediante Resolución 1650 del 20 de junio de 2003 proferida por la Secretaría de Educación Municipal cargo del cual tomo posesión el 15 de julio de 2003 y lo desempeña en la actualidad. (fecha de certificado 5 de septiembre de 2003)

Luego, se observa que a través de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, la extinta Cajanal EICE dio cumplimiento al fallo de tutela en el cual ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez, en una cuantía de $1.189.631.25, efectiva a partir del 13 de agosto de 2003, cancelados de forma retroactiva y con los respectivos intereses moratorios de conformidad a la providencia objeto de obediencia, acto administrativo en el cual se tuvo en cuenta los siguientes servicios al Estado (f. 79 a 83):

Ahora, a fin de desatar el recurso de apelación de la parte demandante, se reitera que es pacífica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, tal como se expuso en acápite anterior.

No obstante, como se anotó al principio, para la Subsección es pacifica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Por consiguiente, de las pruebas obrantes al dossier, se tiene que la causante González de Álvarez prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años; empero, para acceder a la pensión gracia, era indispensable acreditar que prestó sus servicios en la docencia oficial territorial por un término no menor de veinte (20) años, circunstancia que no se encuentra demostrada con las certificaciones de tiempo de servicios y los actos administrativos que reposan en el expediente.

En efecto, se observa de los certificados y el acto administrativo por el cual fue reconocida la citada prestación que los tiempos laborados en el Instituto Técnico Industrial Antonio Prieto del municipio de Sincelejo entre el 28 de septiembre de 1981 y el 14 de julio de 2003 dependía del Ministerio de Educación Nacional, como docente nacional, por lo tanto, no le confería el derecho a que pudieran computarse con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial.

Así, de las pruebas obrantes en el proceso no se da cuenta de que la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez hubiese acreditado 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada, pues se demostró que su vinculación fue de carácter nacional.

Conforme con lo expuesto, no podía ser beneficiaria del derecho pensional, toda vez que el tiempo de servicios acreditado siempre fue de carácter nacional para materializar el beneficio a la pensión gracia y, en consecuencia, le asiste razón al juez de primera instancia cuando declaró la nulidad de los actos acusados.

En este orden de ideas, la Subsección advierte que, si bien la causante prestó sus servicios como docente Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, pero su tiempo laborado no resulta idóneo para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, toda vez que no logró acreditar 20 años de servicios docentes en planteles educativos del orden municipal, distrital, departamental, o como nacionalizada.

Frente al anterior punto, es necesario resaltar que la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico para equilibrar sus ingresos respecto del percibido por los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio. De suerte que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.

Repárese que la pensión gracia es un reconocimiento contemplado en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 a los docentes oficiales que hayan cumplido 50 años de edad y 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizado en los niveles de primaria y/o secundaria. Requisitos que en ningún momento fueron alterados con el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, como así lo señaló la recurrente, pues contrario a ello, los ratificó al señalar que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 podrían acceder a dicha prestación siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos y únicamente modificó el hecho de que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional, al permitir que esta fuera compatible únicamente con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

Bajo la anterior línea argumentativa, tampoco es correcto pensar que fue con la expedición de la sentencia C-479 de 1998 de la Corte Constitucional que se prohibió acumular tiempos de servicios con vinculación nacional y territorial o nacionalizado, pues se reitera, desde que se expidió la Ley 114 de 1913 se definió como los únicos beneficiarios de esta a los educadores locales o regionales. Y es que la finalidad de tal prerrogativa, no era otro que reconocerle a aquellos docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico para equilibrar sus ingresos respecto del percibido por los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio.

Así las cosas, la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez no cumplió el tiempo de servicio al haberlo completado con vinculaciones nacionales y, en consecuencia, no puede prosperar el reconocimiento de un derecho que nace a través de un acto administrativo sin el lleno de los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913 y demás que rigen la pensión gracia, normas que, se reitera, no han contemplado excepciones u otras maneras de suplirlos.

Adicionalmente, para la Subsección es claro que el propósito de la acción promovida por la UGPP, en ningún momento busca quebrantar el principio de confianza legítima, sino preservar el ordenamiento jurídico, impugnando su propia decisión, para poner fin mediante sentencia judicial a una situación irregular originada con la expedición de su propio acto y así cesar sus efectos, los cuales resultan lesivos para el erario público, tal y como sucede en el caso sub examine, al haberse reconocido la prestación aludida desde el 13 de agosto de 2003, fecha desde la cual se ha venido pagando la mesada correspondiente.

Al respecto, la Corporación en sentencia del 1.º de septiembre de 2014 concluyó en un caso similar al caso objeto de estudio que, por el hecho de que la entidad pretenda que se declare en sede judicial la nulidad de un acto propio por medio del cual reconoció un derecho pensional, a pesar de haber trascurrido un tiempo considerable, no se quebranta el aludido principio, pues se da la oportunidad de determinar si al demandado le asiste el derecho, bajo los principios de legalidad y buena fe, y a los derechos al debido proceso y defensa, sumado que se busca con la acción de lesividad, preservar el interés general y la salvaguarda del patrimonio público y el respeto por la juridicidad. Al respecto señaló:

«[…] 3. No hay lugar a amparar a la demandada bajo el principio de confianza legítima, tal y como estima el Tribunal.

El a quo al hablar de este principio anota que el mismo permite armonizar casos en los que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones, y ello no ha ocurrido en sub examine, como quiera que no fue resultado de un proceder intempestivo de la autoridad administrativa que quedó sin piso legal el otorgamiento de la pensión de jubilación convencional de la Sra. Margarita del Socorro Ariza, sino derivación de una decisión judicial que al analizar la legalidad de los actos, que sirvieron de soporte para que la demandada se beneficiara de Convenciones Colectivas de Trabajo, los consideró en contravía del marco jurídico, amén que fue también una decisión judicial -sentencia SU 484 de 2008- la que dispuso que todas las relaciones laborales existentes con el Hospital San Juan de Dios culminaban el 29 de octubre de 2001.

Por ello esta Sala no comparte la conclusión del Tribunal de que luego de casi 10 años de reconocida la pensión de jubilación a la demandada, pretender despojársela viola la confianza legítima de esta ciudadana en la entidad que expidió el acto administrativo; sumado que, en el caso bajo análisis, además del interés general y la salvaguarda el patrimonio público, el respeto por la juridicidad desdibuja el supuesto quebrantamiento del aludido principio.»

Finalmente, se advierte que, en sentencia del 25 de abril de 2019, la Sección Segunda, Subsección B reiteró la tesis de que en el caso de los docentes normalistas solo se puede reconocer la pensión gracia para los educadores de escuelas normales territoriales.

«[…]En el caso de los profesores de las escuelas normales a quienes se les hizo extensiva la pensión gracia con la expedición del artículo 6º de la Ley 116 de 1928, para la Sala es claro que la disposición en cuestión solo admite una interpretación, pues ella fue instituida por la Ley 114 de 1913 para compensar económicamente a los maestros territoriales ante la desigualdad salarial que presentaban frente a sus pares nacionales; lo que permite concluir sin dubitación alguna, que no hay lugar a reconocerla para los docentes del nivel nacional, sino para los maestros de las escuelas normales territoriales. »

En conclusión: la Sala considera que las razones exhibidas en el recurso de apelación presentado por la entidad demandante desvirtúan la presunción de legalidad del acto acusado, dado que la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez no reunía la totalidad de los requisitos regulados legalmente para tener derecho a la pensión gracia, comoquiera que no acreditó 20 años de vinculación como docente territorial o nacionalizada, y los tiempos que trabajó en calidad de educadora nacional no podían ser computados para la causación de la prestación.

Segundo problema jurídico

¿Es procedente el reintegro de las sumas pagadas a la demandada en virtud de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, en la cual se dio cumplimiento a un fallo de tutela y fue reconocida una pensión gracia en favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no debe ordenarse el reintegro de las sumas percibidas por parte de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez en virtud de lo ordenado por la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, porque la entidad no demostró la mala fe de la conducta desplegada por el demandado, como se explica a continuación:

Del principio de la buena fe para devolución de prestaciones periódicas

Conforme al artículo 83 Superior, el principio de buena fe implica que: (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario.

Cabe resaltar, que el principio de buena fe no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros.

En cuanto al alcance del citado principio, la Corte Constitucional ha sostenido:

«[…] La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”

Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la Administración y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y esperada. A partir de lo esbozado anteriormente, es claro que uno de los componentes esenciales de las actuaciones de buena fe es el respeto por la confianza otorgada por las partes. […]» (Cursiva del texto).

A su turno, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que la demanda deberá ser presentada, en cualquier tiempo cuando «[…] se dirija contra actos que reconozca o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]». (Subraya la Sala).

Respecto de la recuperación de dineros pagados a particulares de buena fe, la Sección Segunda de esta Corporación, ha manifestado:

«[…] Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a el señor (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub-judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que el demandado cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”.

“No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados”.

“Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para determinar que el demandado al recibir la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho:

[…]

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos […]

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA. […]»

Acorde con la normativa y jurisprudencia citada en precedencia, esta subsección observa que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que la peticionaria o en este caso, la demandada, actuó de mala fe.

Bajo dicho entendido, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que la demandada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.

No se acreditó la mala fe por parte de la beneficiaria

Acorde con el estudio efectuado en apartes anteriores, para que proceda el reintegro de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que la señora González de Álvarez hubiese incurrido en estas, es decir, que obrase de mala fe.

En efecto, en el sub examine no se acreditó que la libelista haya llevado a cabo comportamientos que comprometieran la lealtad, rectitud y honestidad, o alguna situación demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.

En ese orden de ideas, la Sala reitera que teniendo la carga probatoria la entidad demandante para desvirtuar la presunción de buena fe del pensionado, ésta no demostró que la señora González de Álvarez actuó de mala fe al solicitar el reconocimiento de la pensión gracia por la extinta Cajanal EICE de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006.

En conclusión: No se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara a la demandada porque la entidad demandante no demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe con el reconocimiento de la pensión gracia por parte de la extinta Cajanal EICE.
Tercer problema jurídico

¿Procedía la condena en costas a la UGPP como parte demandante en primera instancia por haber resultado vencida en el proceso?

Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en los siguientes términos:

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en los ordinales 3.° y 4.º del artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la ley 1123 de 2007.

En materia de lo contencioso administrativo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 1887 de 2003 «vigente al momento de la expedición de la sentencia de primera instancia» fijó las agencias en derecho, de la siguiente manera:

«[…] 3.1.2. Primera instancia.

«[…] Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR. - En los procesos ejecutivos, hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la ejecución comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. […]»

Ahora bien, a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio.

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.

Sin embargo, esta Subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 2016 dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01, número interno 4492 de 2013, varió aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365. En dicha oportunidad concluyó lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo»–CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que, tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.

Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.

Ahora bien, el presente asunto se promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo a través del cual se ordenó por orden judicial el reconocimiento de una pensión jubilación gracia.

Al respecto, el artículo 188 del CPACA, prevé sobre la condena en costas, lo siguiente:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.» (Resalta la Sala).

En ese sentido la Sala considera que conforme el artículo citado, en el sub lite no había lugar a la condena en costas impuesta al demandante en primera instancia, toda vez que el objeto de la demanda al presentarse en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, se trataba de un asunto de interés público, como lo es el patrimonio estatal, al pretender la nulidad de un acto administrativo que fue proferido en cumplimiento de un fallo de tutela, en el cual se reconoció y ordenó el pago de la presión gracia en favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia del 9 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, porque prosperaron parcialmente los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, por medio de la cual la extinta Cajanal EICE en cumplimiento de un fallo de tutela, reconoció y ordeno el pago de la presión gracia en favor de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez.

De la condena en costas

De conformidad con lo señalado al resolver el último problema jurídico de esta providencia, la subsección se abstendrá de condenar en costas en el presente caso por tratarse de un asunto en el que se ventilaron intereses públicos.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 9 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección social contra la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez.

En su lugar,

Segundo: Declarar la nulidad de la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006, expedida por Cajanal en cumplimiento de un fallo de tutela y mediante la cual se reconoció la pensión gracia de la señora Yaneth de Jesús González de Álvarez.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: Sin condena en costas en ninguna de las instancias de conformidad con la parte motiva.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

En adelante UGPP
Folio 2. Folio 1. Folio 157 al 159
Folios 205 a 213. Folio 216 a 222. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. SUJ-SII-11-2018 de 21 de junio de 2018. Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de octubre de 2020. Radicación: 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado: Gilma Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres. Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón. Con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, dentro del expediente radicado 3075-14. Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989. Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990. Folio 86
Folio 86 revés
Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 1672-13. Proceso con radicación 50001233300020120013902 (3548-18). UGPP contra Gladys Myriam Rojas Mayorga. Ver Sentencia C-071 de 2004, Corte Constitucional. Sentencia del 3 de febrero de 2004. Referencia: expediente D-4692. Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 8 de mayo de 2008, dentro del proceso con radicado interno 0949-2006. Sentencia T-437/12 del 12 de junio de 2012. Referencia: Expediente T-2809770. Sentencia C-131 de 2004, citado en la sentencia C-1094 de 2004. Sentencia del 15 de septiembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13). Sentencia de 2 de marzo de 2000, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente No. 12.971. Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi. Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
“[…] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”
Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencia C-043 de 2004 y C-539 de 1999
Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”
Modificado por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016. Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-2014. Actor:

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Consejero ponente: William Hernández Gómez
“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)”
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”.

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