RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2016-00409-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00409-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00409-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014, bajo el radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: REVOCAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces. Cuarto: MODIFICAR el numeral cuarto d la sentencia del (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones DESAJMZR15- 498 del 9 de abril de 2015 y 4454 del 21 de junio de 2016. Quinto: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido de: «DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada respecto de las sumas reclamadas, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, desde el 1.° de enero de 1993 hasta el 28 de noviembre de 2005» Sexto: ADICIONAR la sentencia del (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido de ordenar a la entidad demandada reajustar y pagar los aportes al Sistema General Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022) de Seguridad Social en Pensiones del accionante, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00409-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)
Demandante: Ancizar Londoño Henao
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICASENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte
(2020) por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces, por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor Ancizar Londoño Henao interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES2

3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJMZR15-498 del 9 de
abril de 2015 y 4454 del 21 de junio de 2016, a través de las cuales la Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la reliquidación y el pago de las

1 Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima

especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto similar,
el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada,
por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2
Mediante escritos de reforma de la demanda remitidos el 19 de agosto de 2016 y 2 de noviembre de 2017,
respectivamente, el demandante solicitó la nulidad de la Resolución 4454 del 21 de junio de 2016, que resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución DESAJMZR15-498 del 9 de abril de 2015, respecto de
la cual señaló le fue notificada «estando la demanda en trámite para ser admitida»; desistió de las pretensiones
en las que pidió declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos entre 1993 y 2005, a través los cuales
se ordenó liquidar las cesantías, y de «los actos administrativos (nóminas) […] donde se reconocieron y pagaron
las prestaciones sociales […]». Ver folios 185 a 223 de los archivos denominados (2016.0409 Páginas 151 a
200) y (2016.0409 Páginas 201 a 250) contenidos en la carpeta
«ED_ACTUACIONE_17001233300020160040(.ZIP) NroActua 2» obrantes a índice 2 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene cancelar las diferencias
que resulten de reliquidar las prestaciones sociales legales y extralegales, sobre el
100 % del salario devengado entre 1993 y 2005, con la inclusión del 30 % de la
prima especial de servicios. Pagar la pensión de jubilación, atendiendo al nuevo
salario que se reajuste, y a los demás factores salariales que para el efecto deban
considerarse.

5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se ordene el pago de intereses
sobre los valores adeudados, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que prestó sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República, desde el 1.° de octubre de 1981 hasta el 28 de noviembre de 2005, y el
19 de marzo de 2015 solicitó a la demandada reajustar el salario, las cesantías y
demás prestaciones sociales devengadas entre 1993 y 2005, tomando como base
el 100 % de la remuneración básica mensual y no el 70 % de aquella. Petición que
se negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera violados los artículos: 2, 13, 25, 48, 53 y 150, numeral 19 de la
Constitución Política; 6 del Decreto 1160 de 1947, 12 del Decreto 717 de 1978; 24,
32 y 35 del Decreto 546 de 1971; 9 del Decreto 603 de 1977; 8 del Decreto Ley 244
de 1981; 2 del Decreto 1786 de 1973 y 32 del Decreto Ley 1045 de 1978; 14 de la
Ley 4ª de 1992; 152, numeral 7 de la Ley 270 de 1996; 10 y 189 del CPACA; y 127
del Código Sustantivo del Trabajo.

8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó las

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

decisiones del 2 de abril de 20093, 19 de mayo de 20104 y 29 de abril de 20145,
proferidas por el Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 5 de junio de 2018 fue admitida la demanda y sus reformas. La entidad6 se
opuso a las pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan
de legalidad. Que para reconocer alguna suma en favor del demandante debe
mediar una decisión judicial que, en un proceso de nulidad y restablecimiento,
reconozca el derecho particular y concreto, ya que la respectiva erogación debe
sustentarse en un título constitutivo de gasto. Precisó que, cancelar las sumas
solicitadas, sin el respaldo presupuestal, desconocería las disposiciones contenidas
en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

10. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, la
prima especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye factor para la
liquidación de las prestaciones sociales. Añadió que dicha disposición fue declarada
exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de 1996. Agregó
que no tiene competencia para inaplicar normas ni interpretarlas, dado que su
función se limita a cumplirlas.

11. Propuso como excepciones las de ausencia de causa petendi, cosa juzgada
y prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

12. El Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces, mediante
sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) 7, accedió
parcialmente a las pretensiones.8 Declaró la nulidad de la Resolución
DESAJMZR15-498 del 9 de abril de 2015 y del acto ficto producto del silencio
administrativo frente al recurso de apelación interpuesto «sic», al concluir que el
demandante debió recibir, en principio, el 100 % del salario y la prima especial de
servicios adicional, equivalente al 30 % de aquel.

13. Sin embargo, negó el restablecimiento del derecho porque de acuerdo con la
tesis expuesta en providencia del 2 de septiembre de 2019, operó la prescripción
respecto de las sumas reclamadas. Lo anterior, por cuanto entre la fecha de retiro
del servicio (2005) y la radicación de la reclamación administrativa (2015) transcurrió
un término superior a tres 3 años.

3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009.
Expediente: 11001-03-25-000-2007-00098- 00 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19
de mayo de 2010. Expediente: 250002325000200501134-01 (0419-2007). C.P. Bertha Lucía Ramírez.
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
6 Folios 238 a 242 del archivo denominado (2016.0409 Páginas 201 a 250) ibidem.
7 Folios 274 a 293 del archivo denominado (2016.0409 Páginas 251 a 310) ibidem.

8 Se advierte que el juez no consideró las reformas de la demanda oportunamente radicadas.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

14. Señaló que se abstenía de analizar la nulidad de la Resolución
DESAJMZR15-588 del 28 de abril de 2015, por la cual se concedió el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución DESAJMZRR15-498 del 9 de abril de
2015, al tratarse de un acto de trámite no susceptible de control judicial. Igualmente,
indicó que no estudiaría la nulidad de los comprobantes de nómina expedidos entre
1993 y 2005, dado que no constituyen actos administrativos, sino documentos que
certifican la liquidación de las prestaciones sociales devengadas por el actor.

15. Declaró la caducidad respecto de las resoluciones mediante las cuales se
reconocieron las cesantías de 1993 a 2005, al considerar que el accionante tenía la
posibilidad de controvertir su legalidad dentro de los cuatro 4 meses siguientes a su
notificación.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandante9 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó
que el tribunal decidió el asunto sin tener en cuenta las reformas a la demanda
oportunamente radicadas, en las que además de solicitar la nulidad de la Resolución
4454 del 21 de junio de 2016, también excluyó la pretensión relacionada con la
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se liquidaron las cesantías,
así como de las nóminas correspondientes a los años 1993 a 2005.

17. Que el juez declaró la prescripción del derecho con fundamento en el artículo
2535 del Código Civil, norma que no resulta aplicable en materia laboral. En su
criterio, el término extintivo debe computarse a partir de la ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014, fecha desde la cual el derecho se hizo exigible. En respaldo
de su posición, citó las sentencias del 21 de abril de 201610 y 12 de septiembre de
201811, proferidas por el Consejo de Estado.

18. Que la pensión de jubilación fue liquidada sin tener en cuenta el 30% de la
prima especial de servicios.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. El 28 de febrero de 2023 se admitió el recurso, el 11 de julio del mismo año
se dio traslado por el término de 10 días para la presentación de los alegatos de
conclusión y, posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio Público.

9 Folios 300 a 305 del archivo denominado (012ED_20160409Paginas251a3.pdf) ibidem.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

21 de abril de 2016. Expediente: 05001-23-31-000-2003-01220-01 (0239-2014). C.P William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia

del 12 de septiembre de 2018. Expediente: 73001-23-33-000-2012-00183-02 (3546-2015). C.P. Néstor Raúl
Correa Henao.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

20. La parte demandante12 afirmó que la prescripción no se configuró respecto
de los aportes a pensión, dada su naturaleza irrenunciable. La parte demandada13
insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

21. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso. Por ello, se avocará
conocimiento del proceso14.

23. Deberá resolver la Subsección si se vulneró el principio de congruencia entre
lo pedido y lo resuelto al omitir considerar las reformas a la demanda, en las que se
excluyeron ciertas pretensiones. También se analizará si operó el fenómeno de la
prescripción.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

24. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, (los)
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

12 Índice 39 de SAMAI.
13 Índice 40 de SAMAI.
14 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

25. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201415, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional»

26. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201916, 11 de julio de 202317, 5 de septiembre de 202318, 5 de
diciembre de 202319, 6 de agosto de 202420 y 18 de diciembre de 202421. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

27. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202422, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»23

De la prescripción

28. En lo que respecta a la prescripción, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica24, que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, el interesado podía
interrumpir el término extintivo, de modo que, a diferencia de lo estimado por el
recurrente, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.

Resolución del caso concreto

29. Se encuentra acreditado que el demandante laboró como juez de la
República desde el 1.° de octubre de 1981 hasta el 28 de noviembre de 2005 25, y
que su remuneración y prestaciones sociales fueron percibidas en montos inferiores
a los que le corresponden desde 1993, cuando se creó la prima especial, tal como
se advierte en las constancias de pagos26, puesto que la entidad restó el referido
emolumento del 100 % del salario, aplicando una interpretación errónea de los
decretos expedidos por el Gobierno nacional a través de los cuales se desarrolló el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la liquidación de la remuneración y
las prestaciones se realizó sobre el 70 % de la asignación básica.

30. Así pues, dicho factor no fue reconocido ni pagado al accionante como
un incremento del sueldo, sino que, al considerarlo parte de aquel, se desconoció
la finalidad del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. No obstante, en atención a que la

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23
En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
24 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
25 De acuerdo con los certificados expedidos el 29 de julio de 2014 y 8 de junio de 2016, visibles a folio 40 del

archivo (007ED_20160409Paginas1a50.pdf) y folio 160 del archivo (012ED_20160409Paginas251a3.pdf)
ibidem.
26 Folio 41 del archivo denominado (007ED_20160409Paginas1a50.pdf); folios 84 a 100 del archivo denominado

(008ED_20160409Paginas51a10.pdf); y folios 101 a 107 del archivo denominado
(009ED_20160409Paginas101a1.pdf) ibidem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

reclamación administrativa ante la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, se radicó hasta el 19 de marzo de 201527, se advierte que
el derecho se encuentra prescrito, como lo concluyó el tribunal. Por lo que, sobre
este punto, habrá de confirmarse la decisión.

31. En relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable28 y,
por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199329 son obligatorios,
no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.30 En ese
contexto, surge el deber de la entidad de efectuar la respectiva reliquidación con el
fin de determinar el monto de los aportes adeudados.

32. En esos términos, se modificará el numeral sexto para declarar probada
parcialmente la prescripción, con excepción de las cotizaciones a pensión. Se
adicionará la decisión a fin de ordenar a la demandada reajustar y pagar los aportes
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, utilizando como ingreso base
de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la asignación
básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama
Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30
% reconocido a título de prima especial, durante el período comprendido entre el 1.º
de enero de 1993 y el 28 de noviembre de 2005, con inclusión del valor de este
último emolumento, que solo constituye factor para efectos pensionales. Lo anterior
de conformidad con la ley.

33. De otra parte, se modificará el numeral cuarto de la sentencia apelada,
en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones DESAJMZR15-498 del 9
de abril de 2015 y 4454 del 21 de junio de 2016 31, esta última frente a la cual el
tribunal omitió pronunciarse, aun cuando fue incorporada mediante reforma de la
demanda; no obstante dicha circunstancia se entiende saneada, sin que se advierta
afectación al derecho de defensa de la entidad, quien se refirió sobre tal resolución
en la contestación.

27 Folios 43 a 46 del archivo denominado (del archivo denominado (007ED_20160409Paginas1a50.pdf).
28 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
29 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
30 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
31 Remitida con la reforma de la demanda previamente señalada.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

34. Se revocarán los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia,
dado que, en virtud del principio de congruencia,32 el estudio del juez debió limitarse
al estudio de legalidad de las Resoluciones DESAJMZR15-498 del 9 de abril de
2015 y 4454 del 21 de junio de 2016. Ello, por cuanto el actor modificó la demanda
y excluyó del litigio la solicitud de nulidad de la resolución que concedió el recurso
de apelación interpuesto, los actos de liquidación de las cesantías y los
comprobantes de nómina expedidos entre 1993 y 2005, situación que no fue
considerada por el tribunal, pese a que por auto del 5 de junio de 2018 admitió la
demanda y sus reformas.

35. Debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron la prima
especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue definida
por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril
de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo tanto, en
atención a que el juez no se pronunció sobre este aspecto, la sala dispondrá estarse
a lo resuelto en la providencia del 29 de abril de 2014, en la cual se precisó que la
prima especial constituye una adición al salario.

36. Finalmente, contrario a lo sostenido por el demandante, se advierte que el
tribunal realizó un recuento jurisprudencial de las tesis relativas a la aplicación del
fenómeno de la prescripción, en el cual se mencionó, entre otros, el artículo 2535
del Código Civil. No obstante, precisó que acogía la pauta fijada en la sentencia del
2 de septiembre de 2019, según la cual se debe considerar «la fecha de la
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta
tres años atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».

De la condena en costas en segunda instancia.

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la

32 «ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley […]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

40. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que ninguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014, bajo el
radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: REVOCAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia del
diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal
Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces.

Cuarto: MODIFICAR el numeral cuarto d la sentencia del (19) de noviembre de dos
mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de
Conjueces, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones DESAJMZR15-
498 del 9 de abril de 2015 y 4454 del 21 de junio de 2016.
Quinto: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del (19) de noviembre de dos
mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de
Conjueces, en el sentido de:
«DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la parte
demandada respecto de las sumas reclamadas, con excepción de la
obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en materia de pensiones, desde el 1.° de enero de
1993 hasta el 28 de noviembre de 2005»

Sexto: ADICIONAR la sentencia del (19) de noviembre de dos mil veinte (2020)
proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de Conjueces, en el sentido
de ordenar a la entidad demandada reajustar y pagar los aportes al Sistema General

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00409-02 (0020-2022)

de Seguridad Social en Pensiones del accionante, utilizando como ingreso base de
cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la asignación
básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama
Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30
% reconocido a título de prima especial, durante el período comprendido entre el 1.º
de enero de 1993 y el 28 de noviembre de 2005, con inclusión del valor de este
último emolumento, que solo constituye factor para efectos pensionales. Lo
anterior de conformidad con la ley.

Séptimo: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del diecinueve (19) de noviembre
de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo del Caldas, Sala de
Conjueces

Octavo: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

Noveno: Reconocer personería al abogado Humberto Montes Rincón, identificado
con cédula 10.263.789 de Manizales y tarjeta profesional 201.117 para actuar como
apoderado del demandante; y al doctor Julián Augusto Gonzales Jaramillo,
identificado con cédula 75.090.072 de Manizales y tarjeta profesional 116.301 para
representar los intereses de la entidad, de conformidad con los poderes obrantes a
folios 235 y 244, respectivamente33.
Décimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

33 Ver archivo denominado (2016.0409 Páginas 201 a 250) ibidem.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.