Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00904-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00904-01 (6210-2022)
Demandante: Mariela García Echeverry
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia a fin
de precisar los períodos reconocidos e identificar y liquidar
los emolumentos que debe pagar la entidad accionada a
favor de la demandante. Además, se revocan las órdenes de
pago de mayores valores por concepto de aportes a salud y
pensión y de reintegro de aportes a riesgos laborales.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 17 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad del
Oficio S-2017-032215/ARSAN-JEFAT-3.1 del 14 de agosto de 2017, expedido
por la entidad accionada, mediante el cual se negó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral entre el 10 de mayo de 2007 y el 30 de abril de
2017, período durante el cual se desempeñó como auxiliar de enfermería en el
Área de Sanidad de la Clínica La Toscana de la Policía Metropolitana de Caldas.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia
del vínculo laboral con la entidad demandada; ii) ordenar el pago de salarios,
primas, reajustes o aumentos de sueldo, sanciones y demás emolumentos
dejados de percibir; iii) declarar que no hubo solución de continuidad en la
prestación del servicio; iv) disponer el cumplimiento de la sentencia dentro del
término de ley; v) indexar las sumas reconocidas; y vi) condenar en costas a la
demandada.
3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado vulneró normas
superiores1 e incurrió en falsa motivación, en la medida en que, si bien estuvo
1
Artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 32 de la Ley 80 de 1993; 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161
y 204 de la Ley 100 de 1993; 110 y 111 de la Ley 489 de 1998; 8 del Decreto 3135 de 1968; 51 del Decreto
1848 de 1968; y 25 del Decreto 1045 de 1968; y las Leyes 4.ª de 1992 y 332 de 1996.
1
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Demandante: Mariela García Echeverry
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, ejecutó sus actividades
bajo continuada subordinación, en condiciones propias de una relación laboral,
al cumplir reglamentos, acatar órdenes y directrices y sujetarse a horarios.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que contaba
con la facultad de definir la forma de prestación del servicio, lo cual incluía la
asignación de turnos y la formulación de instrucciones generales, sin que ello
implicara subordinación continuada, elemento que, a su juicio, no se encontraba
demostrado.
5. Indicó que la actividad para la cual fue vinculada la demandante no hace
parte de la función misional de la Policía Nacional, circunstancia que justificó la
celebración de los contratos de prestación de servicios.
6. Señaló que la organización de las actividades obedeció a la necesidad de
garantizar criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia en la ejecución del objeto
contractual, y que la labor no fue permanente, en tanto los contratos tenían un
término de duración definido.
7. Propuso las excepciones de legalidad del acto acusado, inexistencia del
derecho reclamado, coordinación de actividades e inexistencia de causales de
nulidad del acto demandado.
Sentencia apelada
8. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una
relación laboral entre la actora y la entidad accionada desde el 10 de mayo de
2007 hasta el 26 de abril de 2017 y, como consecuencia, ordenó el pago de los
emolumentos que devengan las auxiliares de enfermería de planta, liquidados
con base en los honorarios pactados en los contratos e indexados, así como el
reconocimiento de los mayores valores que resulten entre los aportes a salud y
pensión que habría debido efectuar como empleada y los que realizó como
contratista, dispuso la cotización al respectivo fondo de previsión de los aportes
pensionales faltantes para cubrir el porcentaje total que le correspondía si hubiera
existido una vinculación legal y reglamentaria conforme al cálculo actuarial y
ordenó, además, el reintegro actualizado de los aportes realizados por concepto
de riesgos laborales por corresponder al empleador.
9. Además condenó en costas a la entidad accionada con fundamento en los
artículos 188 del CPACA –adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021–
y 365 –numeral 3– del CGP.
10. Determinó que la actora se desempeñó como auxiliar de enfermería en la
entidad accionada entre el 10 de mayo de 2007 y el 26 de abril de 2017 y por ello
recibió una remuneración.
11. Consideró que la continuada subordinación estaba demostrada en tanto la
demandante no gozaba de autonomía para definir las jornadas en las que
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prestaba el servicio, ya que atendía los turnos de doce (12) horas que asignaban
las jefes de enfermería, los cuales debía cumplir en la sede de la entidad
contratante. Además, resaltó que la accionante recibía órdenes de parte del
personal uniformado sobre la atención en salud, la observancia del horario y la
apariencia física o forma de vestir.
12. Asimismo, destacó que esta realizaba sus tareas con elementos que eran
de propiedad de la entidad y solo podía ausentarse con autorización de la
enfermera jefe.
13. Estableció que en este caso no se configuró la prescripción extintiva,
teniendo en cuenta que no hubo solución de continuidad en la ejecución de los
contratos, pues no se presentaron interrupciones superiores a treinta (30) días
hábiles, y la reclamación administrativa se promovió el 9 de agosto de 2017, esto
es, dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del último contrato.
Recurso de apelación
14. La entidad accionada interpuso recurso de apelación y sostuvo que no se
demostró la continuada subordinación durante la ejecución de los contratos, por
lo que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones
sociales ni a beneficios propios de un vínculo laboral.
15. Señaló que los pagos efectuados no correspondían a salarios, sino a
honorarios derivados de la ejecución contractual.
16. Afirmó que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, pues
la accionante no recibió llamados de atención ni comunicaciones de carácter
disciplinario, no estuvo sujeta al cumplimiento de órdenes ni de horarios y
tampoco tenía exclusividad. Agregó que el sistema de turnos rotativos obedecía
a la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio, mientras que el
uso de uniformes y carnés de identificación respondía a exigencias legales.
17. Precisó que las directrices impartidas en desarrollo del contrato deben
entenderse como mecanismos de coordinación y no como manifestaciones de
subordinación, y que los horarios eran concertados con el supervisor o con el jefe
de la seccional.
18. Indicó que la contratación se ajustó a la normativa vigente, en la medida
en que se requería vincular personal con conocimientos específicos como auxiliar
de enfermería para atender el servicio de salud del subsistema de la Policía
Nacional, ante la inexistencia de personal de planta suficiente o de cargos
disponibles para proveer mediante nombramiento.
19. Finalmente, sostuvo que la condena en costas no era procedente, dado
que su actuación se desarrolló con diligencia y dentro de los principios de buena
fe, lealtad, celeridad, economía procesal y transparencia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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20. Por auto del 25 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
21. La demandante solicitó confirmar el fallo apelado, ya que, a su juicio, se
probaron los elementos que configuran un «contrato realidad».
22. El agente del Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó
confirmar parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de que, si bien se
probó la existencia del vínculo laboral y se debe ordenar el pago de prestaciones
sociales, no es procedente la devolución de los aportes que realizó la actora con
destino al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si la accionante acreditó la existencia de subordinación continuada
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios de manera que
se hayan desnaturalizado los contratos de prestación de servicios. En caso
afirmativo, se establecerá si hay lugar a ordenar el reconocimiento de los
emolumentos en los términos del fallo apelado.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala considera que la demandante acreditó la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios. No obstante, se modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia a fin de precisar los períodos reconocidos e
identificar y liquidar los emolumentos que debe pagar la entidad accionada a favor
de aquella. Además, se revocarán las órdenes de pago de mayores valores por
concepto de aportes a salud y pensión y de reintegro de aportes a riesgos
laborales.
1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos
26. De acuerdo con la prueba documental recaudada2, la demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:
Honorarios
Contrato u orden de prestación de servicios Duración Objeto
mensuales
2
Contratos, adiciones, actas de liquidación y supervisión y oficio GS014596-UPRES-GRUAD-1.10 del 21
de febrero de 2022 expedido por la Unidad Prestadora del Servicio de Salud de Caldas de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional.
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Demandante: Mariela García Echeverry
10/5/2007 al
19-7-20.069 del 30 de abril de 2007 $ 1.012.000 Auxiliar de enfermería
9/11/2007
10/11/2007
19-7-20.160 del 6 de noviembre de 2007 $ 1.012.000 Auxiliar de enfermería
al 9/10/2008
PN DISAN DECAL CD 19-7.187 del 24 de 1/11/2008 al
$ 1.012.000 Auxiliar de enfermería
octubre de 2008 30/6/2009
19-7-20.151-2009 del 16 de julio de 2009 y 29/7/2009 al
$ 1.062.600 Auxiliar de enfermería
modificaciones 28/2/2010
19-7-20.063 del 23 de marzo de 2010 y adición 30/3/2010 al
$ 1.062.600 Auxiliar de enfermería
del 25 de noviembre de 2010 29/3/2011
PN ARSAN DECAL CD 19-7-20.057 del 28 de 1/5/2011 al
$ 1.062.600 Auxiliar de enfermería
abril de 2011 30/4/2012
PN ARSAN DECAL 19-7-20056-2012 del 22 de 24/5/2012 al
$ 1.096.284 Auxiliar de enfermería
mayo de 2012 23/5/2013
PN ARSAN DECAL CD 19-7-20091-2013 del 23 23/5/2013 al
$ 1.096.284 Auxiliar de enfermería
de mayo de 2013 22/5/2014
PN-ARSAN DECAL 19-7-20063-2014 del 22 de
19/6/2014 al
mayo de 2014 y adición del 12 de noviembre de $ 1.140.135 Auxiliar de enfermería
25/3/2015
2014
7/4/2015 al
19-7-20044-2015 $ 1.140.135 Auxiliar de enfermería
11/4/2016
PN ARSAN MEMAZ CD 91-7-20033-2016 del 30/4/2016 al
$ 1.140.135 Auxiliar de enfermería
30 de marzo de 2016 26/4/2017
27. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Lucía
Yamiled Betancourth Velásquez y Diana Janeth Quintero Cardona, de los cuales
se destaca lo siguiente:
i) La señora Lucía Yamiled Betancourth Velásquez relató que trabajó en
la Clínica de la Policía como auxiliar de enfermería desde 2009 hasta
agosto de 2016, periodo durante el cual conoció a la actora. Indicó que
cumplían los turnos establecidos por la entidad, que comprendían
jornadas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y viceversa, incluidos fines de
semana y festivos, aunque en ocasiones se asignaban horarios de 7:00
a. m. a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 7:00 p. m. Señaló que la accionante
recibía instrucciones de las jefes de enfermería, del director de la
clínica y de personal uniformado, incluso para desplazarse fuera de las
instalaciones, y que debían solicitar autorización para ausentarse.
Agregó que la demandante prestaba sus servicios en hospitalización,
urgencias y consulta externa, donde atendía pacientes, administraba
medicamentos, realizaba canalizaciones y efectuaba traslados en
ambulancia. Manifestó que no recibían compensación por las horas
adicionales laboradas, que los elementos utilizados —como
fonendoscopios, glucómetros, jeringas y guantes— eran suministrados
por la entidad, que en ocasiones eran citadas a reuniones de asistencia
obligatoria y que presentaban informes mensuales de actividades.
Precisó que no le consta si el comandante que suscribió los contratos
impartía órdenes a la actora.
Finalmente, indicó que también presentó demanda contra la entidad
accionada por una situación similar.
ii) La señora Diana Janeth Quintero Cardona manifestó que trabajó con
la accionante en la Clínica La Toscana entre 2007 y 2016, periodo en
el cual laboraron en hospitalización y consulta prioritaria. Señaló que
cumplían turnos diurnos y nocturnos de doce horas definidos por la
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entidad, los cuales se programaban mensualmente y, en ocasiones, se
extendían una o dos horas adicionales. Indicó que las llegadas tardías
daban lugar a anotaciones, que las jefes de enfermería y el personal
uniformado dictaban instrucciones y supervisaban las labores, y que la
entidad suministraba la dotación correspondiente. Añadió que
dependencias como «Régimen Interno» también impartían directrices,
por ejemplo, para acompañar diligencias o atender situaciones fuera
de la clínica.
Explicó que la demandante realizaba actividades de atención integral
a los pacientes, como el cuidado de usuarios, el registro de información
en el sistema y la entrega de exámenes. Indicó que debían asistir a
reuniones mensuales obligatorias, cumplir un mínimo de 194 horas de
servicio al mes y atender traslados en ambulancia cuando se requería.
Señaló que no recibían pago de horas extras ni disfrutaban vacaciones,
que tenían que reponer el tiempo en caso de incapacidad y solicitar
autorización escrita para ausentarse. Precisó que existían auxiliares de
planta con mejores condiciones laborales, en tanto no laboraban en
jornadas nocturnas ni dominicales.
Finalmente, puso de presente que también formuló demanda contra la
entidad accionada con pretensiones similares.
28. La entidad accionada tachó los testimonios practicados debido a que las
señoras Lucía Yamiled Betancourth Velásquez y Diana Janeth Quintero Cardona
promovieron procesos judiciales contra la entidad accionada por causas similares
a las de la actora.
29. Al respecto, es pertinente recordar que para establecer la credibilidad del
testimonio es necesario que el relato presente claridad en las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, que las respuestas sean precisas y completas y que el
testigo justifique la forma en que conoció los hechos. Solo bajo estas condiciones
el juzgador puede valorar si lo declarado resulta verosímil, si se ajusta al sentido
común y si es coherente con el resto del material probatorio. La ley no impide
tener en cuenta la declaración de un testigo sospechoso, pero exige que sea
apreciada con mayor rigor y que su contenido sea contrastado con los demás
medios de prueba incorporados al expediente.
30. En consecuencia, los testimonios serán apreciados teniendo en cuenta la
tacha de sospecha formulada por la entidad accionada, sin que ello implique su
exclusión del acervo probatorio, sino que su valoración se debe realizar conforme
a las reglas de la sana crítica.
31. En esas condiciones, la prueba testimonial y documental (contratos,
cuadros de turnos, actas de supervisión, certificaciones de cumplimiento,
informes de actividades y órdenes de pago) permite comprender que la
demandante prestó un servicio personal como auxiliar de enfermería en la
entidad accionada entre el 10 de mayo de 2007 y el 26 de abril de 2017, de
manera discontinua, actividad que comprendía el cuidado de los pacientes,
administrar medicamentos, realizar canalizaciones, hacer registros en el sistema,
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entregar exámenes, atender traslados en ambulancia, etc., en las instalaciones
de la clínica del Departamento de Policía de Caldas, en jornadas que iban desde
las 7:00 a. m., hasta las 7:00 p. m., y viceversa, y a veces de 7:00 a. m., a 1:00
p. m., y de 1:00 p. m., a 7:00 p. m.
32. Adicionalmente, las órdenes de pago aportadas al expediente acreditan
que la entidad accionada le pagó a la demandante los honorarios pactados en
los contratos, de suerte que el elemento de la remuneración también se
encuentra demostrado.
33. Aunque la parte demandada sostuvo que los pagos no se efectuaron a
título de salario, lo cierto es que, para efectos de determinar la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios, resulta irrelevante la denominación
atribuida a la retribución. Lo determinante es que la contratista haya percibido
una contraprestación por la ejecución personal de las actividades tal como
sucedió en el caso concreto.
34. Por otra parte, en cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde
al poder jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la
actividad del trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en
que este debe desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e
instrucciones, someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria.
No se trata, por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o
verificación del servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la
que la autonomía del contratista queda comprometida por la sujeción constante
a la voluntad de quien requiere el servicio3.
35. Esta corporación4 ha considerado que las labores relacionadas con la
actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada subordinación, ya
que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma en que se
ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas recaudadas en el
proceso, las cuales permiten entender con un alto grado de probabilidad que la
demandante carecía de autonomía para determinar la cantidad, el tiempo, el
modo y el lugar en que cumplía sus quehaceres.
36. Si bien la observancia de un horario de trabajo y la ejecución de las
actividades en las instalaciones de la entidad beneficiaria constituyen tan solo
indicios de subordinación continuada y no prueba suficiente de su configuración,
en el presente caso tales circunstancias adquieren mayor relevancia en el
análisis de dicho elemento, en atención a la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora, las cuales, como se explicó, suponen un grado
significativo de direccionamiento por parte del superior inmediato y del personal
médico.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
4
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01 (3238-2019); 14 de
mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de mayo de 2024, expediente
66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016, expediente 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-
000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022, expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-
2018).
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37. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que la entidad accionada ejercía
el control efectivo sobre el modo, el lugar, la cantidad y el tiempo en que la
demandante cumplía sus tareas de auxiliar de enfermería, motivo por el cual esta
última carecía de autonomía en la prestación del servicio.
38. Así pues, la Sala considera que el acervo probatorio recaudado permite
concluir que entre los años 2007 y 2017 la demandante desempeñó funciones de
auxiliar de enfermería bajo subordinación continuada. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del acto
acusado y reconoció la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios celebrados durante ese período.
39. Por último, en punto de la condena en costas, resulta relevante poner de
presente que la sentencia apelada fue proferida el 17 de junio de 2022, es decir,
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó el inciso segundo
del artículo 188 del CPACA. En vigencia de esta normativa, la Sala ha
considerado que, tratándose de asuntos de nulidad y restablecimiento del
derecho, este último artículo citado mantuvo la regla según la cual la condena en
costas procede contra la parte que haya resultado vencida.
40. Al respecto, la Sala estima que la condena impuesta en primera instancia
atendió la tesis enunciada, comoquiera que la parte demandada resultó vencida
y, por lo tanto, era procedente la condena en costas contra ella.
2. El restablecimiento del derecho
41. La Sala observa que el Tribunal condenó a la entidad accionada a pagarle
a la demandante las prestaciones sociales y salariales propias de los empleados
de planta, causadas entre el 10 de mayo de 2007 y el 26 de abril de 2017; no
obstante, la prestación del servicio no fue continua durante este tiempo, pues
hubo breves interrupciones que, si bien no generaron la ruptura del vínculo
contractual para efectos de contabilizar el término de prescripción, sí se deben
excluir del período de liquidación de los emolumentos, por lo que se harán los
ajustes correspondientes en la parte resolutiva del fallo apelado para precisar las
fechas exactas en las cuales se ejecutaron los contratos.
42. Por otra parte, la demandante no tiene derecho al pago de todas las
«prestaciones sociales y salariales» que podrían beneficiar a un funcionario de
planta, ya que el reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios no le otorga a la contratista la condición de empleado
público, de modo que no es posible aplicar el principio a igual trabajo, igual
salario.
43. Esta Subsección ha considerado que en estos eventos la parte
demandante tiene derecho a las prestaciones mínimas del régimen general
consagradas exclusivamente en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, con base en
los honorarios pactados5.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
8
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44. Por consiguiente, la Sala modificará el fallo de primera instancia a fin de
ordenar a la entidad accionada que le pague a la actora el auxilio de transporte6,
el subsidio de alimentación7, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la
prima de servicio, la prima de navidad, las vacaciones, la prima de vacaciones y
la bonificación por servicios prestados causados durante los siguientes períodos:
10 de mayo de 2007 al 9 de octubre de 2008; 1.° de noviembre de 2008 al 30 de
junio de 2009; 29 de julio de 2009 al 28 de febrero de 2010; 30 de marzo de 2010
al 29 de marzo de 2011; 1.° de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012; 24 de mayo
de 2012 al 22 de mayo de 2014; 19 de junio de 2014 al 25 de marzo de 2015; 7
de abril de 2015 al 11 de abril de 2016; y 30 de abril de 2016 al 26 de abril de
2017.
45. Los anteriores emolumentos se liquidan en los siguientes términos:
Días Meses Honorarios Total Auxilio de Subsidio de
IPC IPC Auxilio de Subsidio de Cesantías
Año/contrato por completos promedio honorarios transporte alimentación Cesantías
final inicial transporte alimentación indexadas
año por año por año anuales indexado indexado
2007 (Ctos.
19-7-20.069 y 156,9 64,05 236 7,71 1.012.000 7.961.067 0 0 0 0 755.035 1.850.042
19-7-20.160)
2008 (Cto.
156,9 65,51 283 9,29 1.012.000 9.546.533 0 0 348.682 835.324 939.769 2.251.372
19-7-20.160)
2008 (Cto.
156,9 69,49 61 2 1.012.000 2.057.733 0 0 75.066 169.533 177.316 400.460
19-7.187)
2009 (Cto.
156,9 70,21 181 6 1.012.000 6.105.733 0 0 242.472 541.996 564.912 1.262.745
19-7.187)
2009 (Cto.
156,9 71,32 156 5,1 1.062.600 5.525.520 0 0 206.101 453.527 502.936 1.106.714
19-7-20.151)
2010 (Cto.
156,9 71,69 59 2 1.062.000 2.088.600 0 0 82.442 180.478 179.935 393.905
19-7-20.151)
2010 (Cto.
156,9 72,46 277 9,06 1.062.600 9.811.340 0 0 373.462 808.876 962.130 2.083.862
19-7-20.063)
2011 (Cto.
156,9 74,12 88 2,94 1.062.600 3.116.960 186.984 395.916 125.032 264.741 273.423 578.940
19-7-20.063)
2011 (Cto.
156,9 75,07 245 8 1.062.600 8.677.900 508.800 1.063.688 340.224 711.266 844.430 1.765.351
19-7-20.057)
2012 (Cto.
156,9 76,75 121 4 1.062.600 4.285.820 271.200 554.555 178.620 365.246 383.781 784.763
19-7-20.057)
2012 (Cto.
156,9 77,66 222 7,26 1.096.284 8.112.502 492.228 994.724 324.195 655.153 777.062 1.570.333
19-7-20056)
2013 (Ctos.
19-7-20056 y 156,9 78,28 365 12 1.096.284 13.338.122 846.000 1.696.107 554.304 1.111.299 1.427.180 2.861.287
19-7-20091)
2014 (Cto.
156,9 79,95 142 4,71 1.096.284 5.189.078 339.120 665.685 223.965 439.639 471.315 925.181
19-7-20091)
2014 (Cto.
156,9 81,61 196 6,42 1.140.135 7.448.882 462.240 888.910 305.277 587.063 700.924 1.347.911
19-7-20063)
2015 (Cto.
156,9 83,00 84 2,81 1.140.135 3.192.378 207.940 393.182 139.845 264.426 279.426 528.350
19-7-20063)
2015 (Cto.
156,9 84,90 269 8,81 1.140.135 10.223.211 651.940 1.205.129 438.447 810.482 1.014.927 1.876.121
19-7-20044)
2016 (Cto.
156,9 89,19 102 3,35 1.140.135 3.876.459 260.295 458.019 179.674 316.157 342.955 603.469
19-7-20044)
2016 (Cto.
156,9 91,63 246 8,06 1.140.135 9.349.107 626.262 1.072.635 432.290 740.408 913.694 1.564.937
91-7-20033)
2017 (Cto.
156,9 94,07 116 3,84 1.140.135 4.408.522 319.258 532.628 219.859 366.798 393.867 657.101
91-7-20033)
Auxilio de transporte Subsidio de alimentación
Cesantías indexadas
TOTAL EMOLUMENTOS indexado indexado
$ 9.921.177 $ 9.622.411 $ 24.412.846
6
Solo se reconocerá el auxilio de transporte causado durante los períodos de ejecución contractual
comprendidos entre el 1.° de enero de 2011 y el 26 de abril de 2017, pues en los demás lapsos la
demandante percibió una remuneración superior a la que exige la ley para acceder a este emolumento.
7
Solo se reconocerá el subsidio de alimentación causado durante los períodos de ejecución contractual
comprendidos entre el 1.° de enero de 2008 y el 26 de abril de 2017, pues en los demás lapsos la
demandante percibió una remuneración superior a la que exige la ley para acceder a este emolumento.
9
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Demandante: Mariela García Echeverry
Bonificación
Intereses Bonificación
Prima de Prima de Prima de por
sobre las Prima de Prima de Vacaciones Prima de por
servicio navidad Vacaciones vacaciones servicios
cesantías servicio navidad indexadas vacaciones servicios
indexada indexada indexada prestados
indexadas prestados
indexada
145.537 398.213 975.731 702.391 1.721.050 348.804 854.666 348.804 854.666 227.574 557.617
212.379 497.870 1.192.731 869.402 2.082.795 560.113 1.341.842 560.113 1.341.842 274.210 656.915
8.143 89.253 201.573 172.020 388.499 93.146 210.365 93.146 210.365 59.033 133.324
76.186 297.275 664.497 539.320 1.205.538 325.298 727.137 325.298 727.137 177.100 395.871
57.549 259.391 570.790 476.392 1.048.303 282.423 621.472 282.423 621.472 158.062 347.816
7.747 93.663 205.041 180.479 395.094 94.843 207.626 94.843 207.626 61.950 135.618
192.410 507.130 1.098.386 888.186 1.923.709 577.746 1.251.331 577.746 1.251.331 280.792 608.163
16.982 141.330 299.250 268.561 568.646 170.376 360.751 170.376 360.751 91.118 192.931
144.170 436.847 913.264 783.660 1.638.307 669.901 1.400.484 669.901 1.400.484 247.940 518.339
31.652 197.762 404.387 370.322 757.243 258.676 528.947 258.676 528.947 123.970 253.496
116.205 401.848 812.078 725.770 1.466.679 606.041 1.224.725 606.041 1.224.725 232.138 469.119
348.123 739.992 1.483.576 1.299.350 2.605.008 1.313.102 2.632.579 1.313.102 2.632.579 383.699 769.261
43.792 244.701 480.343 454.138 891.462 333.761 655.166 333.761 655.166 150.602 295.628
88.064 362.095 696.326 659.368 1.267.997 532.363 1.023.759 532.363 1.023.759 213.490 410.552
14.794 144.431 273.097 275.056 520.088 175.903 332.606 175.903 332.606 93.444 176.687
168.226 526.068 972.451 939.703 1.737.067 858.848 1.587.604 858.848 1.587.604 292.967 541.558
20.518 174.694 307.393 330.230 581.077 227.226 399.829 227.226 399.829 111.401 196.022
128.325 472.908 809.976 850.491 1.456.684 772.314 1.322.787 772.314 1.322.787 268.027 459.065
25.408 202.853 338.426 380.991 635.619 274.984 458.765 274.984 458.765 127.695 213.038
Intereses
sobre las Prima de servicio Prima de navidad Prima de vacaciones Bonificación por servicios
Vacaciones indexadas
cesantías indexada indexada indexada prestados indexada
indexadas
$ 1.846.208 $ 12.699.316 $ 22.890.866 $ 17.142.440 $ 17.142.440 $ 7.331.020
$ 123.008.724
46. No se reconocerá ningún valor concepto de dotación de vestido y calzado,
teniendo en cuenta que la entidad accionada le suministró a la demandante tales
insumos, hecho que se desprende del testimonio de la señora Diana Janeth
Quintero Cardona.
47. Por otro lado, aunque los artículos 320 y 328 del CGP limitan la
competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos planteados
en la apelación, el artículo 187 del CPACA dispone que en la sentencia se
decidirán todas las excepciones propuestas y las que el fallador encuentre
probadas, siempre que no se desmejore la situación del apelante único.
48. Con base en la normativa citada, la Sala revocará las órdenes dirigidas a
que la entidad accionada le pague a la demandante los mayores valores por
concepto de aportes a salud y pensión y le restituya el valor de las cotizaciones
que esta efectuó para riesgos laborales, ya que estos recursos son
contribuciones parafiscales y tienen destinación específica por disposición legal,
por lo que no constituyen un derecho crediticio a favor de la accionante, tal como
se explicó en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
respecto de los aportes a salud, conclusión que resulta extensible a los aportes
a pensión y a riesgos laborales, pues comparten la misma naturaleza.
49. Cuestión distinta es la orden tendiente a que la entidad accionada realice
los aportes a pensión con destino al fondo de previsión al que esté afiliada la
actora, de acuerdo con la ley, condena que se mantendrá.
50. En torno a la prescripción extintiva, la Sala se limitará a precisar que la
decisión que adoptó el Tribunal al respecto fue acertada, comoquiera que entre
los contratos de prestación de servicios no hubo interrupciones superiores a
treinta (30) días hábiles, de tal manera que, para estos efectos, debe entenderse
que no hubo un rompimiento del vínculo contractual entre el 10 de mayo de 2007
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Demandante: Mariela García Echeverry
y el 26 de abril de 2017. Así las cosas, no se configuró el fenómeno prescriptivo
en tanto la reclamación administrativa y la demanda se presentaron dentro de los
tres (3) años siguientes a la última fecha mencionada –lo primero ocurrió el 9 de
agosto de 2017; lo segundo, el 2 de octubre de 2017–.
La condena en costas de segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En este contexto, no hay lugar a condena en costas. En efecto, se revocan
parcialmente aspectos de la sentencia de primera instancia, en particular los
relacionados con el pago de mayores valores por concepto de aportes a salud y
pensión y la restitución de cotizaciones efectuadas para riesgos laborales, de
modo que no puede afirmarse que alguna de las partes haya resultado vencida
en esta instancia por lo que se prescinde de su imposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR toda la parte resolutiva de la sentencia del 17 de junio
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de
Decisión Oral, la cual se rehace en los siguientes términos:
DECLARAR la nulidad del oficio S-2017-032215/ARSAN-JEFAT-3.1 del 14 de
agosto de 2017, expedido por la Dirección de Sanidad de Caldas de la Policía
Nacional, que negó la petición presentada por la señora Mariela García Echeverry.
DECLARAR la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la señora
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Demandante: Mariela García Echeverry
Mariela García Echeverry durante los siguientes períodos: 10 de mayo de 2007 al
9 de octubre de 2008; 1.° de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2009; 29 de julio
de 2009 al 28 de febrero de 2010; 30 de marzo de 2010 al 29 de marzo de 2011;
1.° de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012; 24 de mayo de 2012 al 22 de mayo de
2014; 19 de junio de 2014 al 25 de marzo de 2015; 7 de abril de 2015 al 11 de abril
de 2016; y 30 de abril de 2016 al 26 de abril de 2017.
CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a favor
de la señora Mariela García Echeverry ciento veintitrés millones ocho mil
setecientos veinticuatro pesos ($ 123.008.724 COP) por concepto de los
emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta
providencia, los cuales se causaron durante los siguientes períodos: 10 de mayo
de 2007 al 9 de octubre de 2008; 1.° de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2009;
29 de julio de 2009 al 28 de febrero de 2010; 30 de marzo de 2010 al 29 de marzo
de 2011; 1.° de mayo de 2011 al 30 de abril de 2012; 24 de mayo de 2012 al 22
de mayo de 2014; 19 de junio de 2014 al 25 de marzo de 2015; 7 de abril de 2015
al 11 de abril de 2016; y 30 de abril de 2016 al 26 de abril de 2017.
CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a que realice
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el fondo de previsión
al cual esté afiliada la señora Mariela García Echeverry, de acuerdo con la ley,
correspondientes a los siguientes períodos: 10 de mayo de 2007 al 9 de octubre
de 2008; 1.° de noviembre de 2008 al 30 de junio de 2009; 29 de julio de 2009 al
28 de febrero de 2010; 30 de marzo de 2010 al 29 de marzo de 2011; 1.° de mayo
de 2011 al 30 de abril de 2012; 24 de mayo de 2012 al 22 de mayo de 2014; 19 de
junio de 2014 al 25 de marzo de 2015; 7 de abril de 2015 al 11 de abril de 2016; y
30 de abril de 2016 al 26 de abril de 2017.
COSTAS a cargo de la entidad demandada. FÍJASE como agencias en derecho,
el equivalente al 3 % de la condena que deba pagar la Nación – Ministerio de
Defensa Policía Nacional.
SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC
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