Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00115-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00115-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00115-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00115-02 (3269-2025)
Demandante: Jaimer Augusto Vinasco Hernández
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Temas: Reconocimiento de prima especial. Prescripción de valores
adeudados a excepción de aportes a pensión y a salud. Análisis
sobre la procedencia de esta condena respecto de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Jaimer Augusto Vinasco Hernández instauró demanda2 contra la
Fiscalía General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio
SRAEC-31100-332 del 31 de octubre de 2019, (ii) Resolución 0055 del 10 de
diciembre de 2019, y (iii) Resolución 002 del 3 de febrero de 2021; por medio de los
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión
que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2 Ver expediente digital en el índice 5 de SAMAI – Tribunales.
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cuales la FGN le negó y confirmó respectivamente el reconocimiento y pago del 30%
de su asignación básica como un componente adicional a esta con sus efectos para
la reliquidación de sus prestaciones sociales.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer la prima especial
de servicios liquidada sobre el 100% del salario y no como se hace a la fecha que
se liquida sobre el 70% de dicha remuneración mensual, así como el pago del
referido emolumento en cuantía del 30% de la asignación total a título de
componente adicional al sueldo básico, bajo el entendido de que tal concepto es
partida para la liquidación de sus prestaciones sociales.
4. Que se ajusten los valores adeudados y que la entidad demandada sea condena
en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que ha prestado sus servicios a la Fiscalía General de la Nación, inicialmente en
calidad de técnico judicial I desde el 22 de agosto de 1995, y finalmente como fiscal
delegado ante jueces municipales y promiscuos desde el 21 de enero de 2000, al
menos hasta la fecha de presentación de la demanda (7 de mayo de 2021).
6. El 27 de septiembre de 2019 solicitó el reconocimiento de la prima especial en
un 30% adicional a su salario mensual, así como la reliquidación y pago de la
diferencia del salario básico y el reajuste de sus prestaciones. No obstante, la
entidad demandada le negó lo reclamado mediante los actos reprochados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados: los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53 y 83, 215, numeral 9 y
256 numeral 7 de la Constitución Política; 1, 2, 4 y 10 de la Ley 4.ª de 1992; 54 y 64
del Decreto 2699 de 1991; 3, 6 y 11 del Decreto 53 de 1993; 7 de los Decretos 108
de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 038 de 1999, 2743 de
2000, 1408 y 2729 de 2001 y 685 de 2002; la Ley 476 de 1998; 152, numeral 7 de
la Ley 270 de 1996; 24, 32 y 35 del Decreto Ley 546 de 1971; 9 del Decreto 603 de
1977; 8 de la Ley 244 de 1981; 2 del Decreto 1726 de 1973; 32 del Decreto 1045
de 1978; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 4
del Decreto 722 de 2009; y 8 de los Decretos 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.
8. Afirma que la prima especial de servicios no ha sido parte adicional de la
asignación básica, por lo que es procedente la excepción de inconstitucionalidad a
fin de inaplicar los decretos que desarrollan erradamente el artículo 14 de la Ley 4
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de 1992, pues la Ley 476 de 1998 dispuso que a partir de su entrada en vigor dicho
emolumento debía reconocerse a los fiscales que se hayan acogido al régimen
salarial y prestacional consagrado en el Decreto 53 de 1993, así como a quienes se
hayan vinculado de manera posterior, de manera que los fiscales con derecho a la
mencionada prima, acceden a esta como un incremento del salario mensual, es
decir, adicional al 100% de dicha remuneración.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 7 de junio de 2024 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada planteó4
que la prima especial constituye factor salarial solo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación, tal como lo precisó la sentencia del 15 de
diciembre de 2020 proferida por el Consejo de Estado. Además argumentó que, en
todo caso, al efectuar dicho reconocimiento no se debe superar el límite fijado para
las remuneraciones en el artículo 4.º de la Ley 4.ª de 1992 , como por ejemplo en
aquellos casos en que los fiscales son destinatarios de la bonificación por
compensación, pues el ordenamiento jurídico determinó un tope a su remuneración,
específicamente el no poder superar el 80% de lo que por todo concepto perciben
los magistrados de alta corte conforme al artículo 1.º Decreto 1102 de 2012.
Propuso las excepciones de prescripción y carencia de objeto.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
10. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 11 de abril
de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual declaró la nulidad de
los actos demandados, y, en consecuencia, condenó a la entidad accionada a
reconocer y pagar a favor del actor la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto
del 100% del salario básico, a partir del 27 de septiembre de 2016 por prescripción
trienal que también declaró probada, y hasta el 31 de diciembre de 2020, sin que en
ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional,
y bajo el entendido de que será factor salarial solo para efectos del SGSS.
11. Adicionalmente ordenó a la FGN reliquidar los aportes a seguridad social
integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios desde
el 9 de septiembre de 1998 (cuando entró en vigencia la Ley 476 de 1998), hasta el
26 de septiembre de 2016 por ser un período imprescriptible para tales efectos,
incluidas la cotizaciones a salud en virtud del parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley
100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización a ese sistema debe ser
igual a la contemplada en el pensional. En razón de lo anterior, autorizó a la parte
demandada a realizar los descuentos de ley al demandante con el fin de asumir el
3 Índice 10 de SAMAI – Tribunales.
4 Índice 16 de SAMAI – Tribunales.
5 Índice 29 de SAMAI – Tribunales.
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porcentaje que por tales conceptos le corresponde. Finalmente negó las demás
pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
12. Expresó que, según la sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de
diciembre de 2020, bajo la aplicación de principio de progresividad y no regresividad
de los derechos sociales, los fiscales tienen derecho a la prima especial en un
porcentaje del 30% como sobresueldo y no como parte de este, indistintamente del
régimen que los cobije (acogidos o no acogidos), a partir de la entrada en vigor de
la Ley 476 de 1998, por lo que también les asiste el derecho a la reliquidación de
las cotizaciones al sistema de seguridad social, no así de las prestaciones sociales,
pues este emolumento por su naturaleza jurídica no es factor para liquidar tales
conceptos, sino solo para pensión.
13. En relación con el fenómeno prescriptivo manifestó que, teniendo en cuenta que
se acreditó que el demandante realizó la reclamación administrativa el 27 de
septiembre de 2019, siguiendo la regla de tres años habrá lugar a declarar la
prescripción de los derechos salariales de los valores adeudados con anterioridad
al 27 de septiembre de 2016, ello al haberse radicado la demanda el 7 de mayo de
2021, esto es, dentro de los tres años contados a partir de la radicación de la
reclamación administrativa.
14. En todo caso, indicó que esta figura jurídica no opera respecto de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, ya que estos son irrenunciables e
imprescriptibles tal como lo recordó el Consejo de Estado en sentencia del 6 de
febrero de 2024, en la que invocó la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 con el objeto de fundamentar la obligación de la Rama Judicial de realizar
cotizaciones, que debe cumplirse como consecuencia de la orden de pago del 30%
no percibido a título de prima especial y de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%, incluso en materia de
salud en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de
1993.
RECURSO DE APELACIÓN6
15. La parte demandada interpuso recurso de apelación a fin de que se revoque el
numeral cuarto de la sentencia de primera instancia y en su lugar se niegue la
condena relacionada con los aportes a pensión y salud imprescriptibles, pues esto
no fue reclamado por la parte demandante, lo que haría que se acceda a
pretensiones ultra petita, en contradicción con el principio de congruencia que se
erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a
las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta
permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo
6 Índice 32 de SAMAI – Tribunales.
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excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por más de
dicho marco.
16. Aseguró que la orden de reliquidar las cotizaciones a pensión y salud desconoce
por completo la sentencia del 15 de diciembre de 2020, pues dicha providencia en
ningún momento estudió la imprescriptibilidad de tales conceptos, tanto así que, en
fallo del 3 de mayo de 2022, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó una decisión de primera instancia en donde también se
había ordenado el pago de aportes a pensión durante toda la relación laboral. Frente
a los aportes a salud sobre el pago de la prima especial precisó que incluso la misma
Ley 4.ª de 1992 nunca le dio ese alcance, por lo que tampoco son procedentes.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. El 5 de diciembre de 2025 se admitió el recurso de apelación7 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
18. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la subsección es determinar si operó la figura jurídica de la prescripción sobre los
aportes a pensión y salud, y si tal decisión no podría emitirse al no haber sido
contemplada en la sentencia del 15 de diciembre de 2020, o por no haberse
pretendido expresamente en la demanda.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
19. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
7 Índice 4 de SAMAI.
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20. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
21. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19928 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
22. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19969 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.
23. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
24. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado10 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
8 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
9 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
10 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
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25. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.
26. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
27. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202011, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó12 que:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
12 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».
28. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.
29. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.
30. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.
31. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202213 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Resolución del caso concreto
32. La parte demandada en su calidad de apelante única solicitó exclusivamente
que se revoque la condena al pago de aportes a pensión y salud sin prescripción.
33. Al respecto la sala considera que, en relación con el estudio de dicha figura
jurídica en cuanto a los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, debe tenerse en cuenta que estos constituyen un derecho
imprescriptible e irrenunciable14 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
13 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
14 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
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la Ley 100 de 199315 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por
la sostenibilidad del propio sistema.16
34. Ahora, frente a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, esta sala destaca que tal punto fue abordado en sentencia del 4 de
septiembre de 2025,17 en la que se recordó que los mencionados giros constituyen
contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos según la Sección Cuarta
del Consejo de Estado,18 tienen una naturaleza de imprescriptibilidad y de
obligatoriedad de recaudo basado en los principios de universalidad y solidaridad,
lo cual convalida la carga de reconocerlos y pagarlos sobre el cálculo de un IBC,
incluso sin importar que las normas de un régimen salarial los contemple o no, o al
margen también de la disponibilidad del servicio a título de contraprestación.
35. Lo anterior encuentra respaldado también en las sentencias C-179 de 1997, y
específicamente en la SU-480 del 25 de septiembre de 1997,19 a partir de las cuales
la Corte Constitucional ratificó que los aportes al sistema de salud, al igual que los
demás tributos, a excepción de las tasas, tienen una naturaleza jurídica impositiva
15 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
16 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
18 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099.
19 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación
del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
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derivada del poder estatal de recaudo, sin que se pueda predicar correlativamente
un beneficio directo para el sujeto pasivo de dicha carga.
36. Es decir, la contribución parafiscal como la cotización bajo estudio se paga
porque es una obligación de todo afiliado para financiar el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, al margen de que acceda o no al mismo por factores
internos o externos a su voluntad, tanto así que tales recursos no son de propiedad
del cotizante, tampoco hacen parte del patrimonio de las EPS o de las diferentes
administradoras especiales, y mucho menos constituyen partidas del presupuesto
nacional.
37. En realidad, estos son giros de dinero que se efectúan con el fin de que sean
compensados20 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a
las distintas EPS o EOC, luego de realizar los respectivos abonos a las subcuentas
respectivas del sistema, sin que este concepto se encuentre condicionado a la
prestación o no de un servicio específico respecto de cada usuario cotizante, ya que
lo que se busca es cubrir todas las tecnologías en salud previstas en el plan de
beneficios y que hayan sido facturadas en determinados períodos, indistintamente
de la que haya recibido una u otra persona, pues en cada caso podrá ser mayor o
menor el costo generado por la atención, lo cual hace que el valor de la cotización
individual no se vea necesariamente reflejado en lo suministrado al paciente.
38. Como se observa, el aporte en salud de cada obligado es fundamental para que
se puedan financiar todos los tratamientos, medicamentos, dispositivos, consultas
y demás componentes de la atención en salubridad de cada uno de los usuarios del
sistema, y no solo de quien realiza la contribución, ello precisamente en
cumplimiento de los principios esenciales aludidos anteriormente.21
20 Decreto 780 de 2016 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social). ARTÍCULO 2.6.1.1.2.1. Definición del proceso de Compensación. Se entiende por
compensación, el proceso mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e
identificadas de manera plena por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a
Compensar (EOC), para cada periodo al que pertenece el pago de la cotización; los recursos destinados a
financiar la subcuenta de Promoción de la Salud del Fosyga, los de solidaridad del Régimen de Subsidios en
Salud que financian la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los recursos que el Sistema reconoce a las EPS
y a las EOC por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC).
Como resultado de lo anterior, los recursos provenientes del superávit de las cotizaciones recaudadas se
trasladarán a las respectivas subcuentas del Fosyga y este, a su vez, girará o trasladará a las cuentas de las
EPS y EOC las sumas que resulten a su favor.
En el proceso de compensación se reconocerán a las EPS y EOC los recursos para financiar las actividades de
promoción y prevención. De igual forma, se reconocerán los recursos de la cotización a las EPS y a las EOC
para que estas entidades paguen las incapacidades por enfermedad general a los afiliados cotizantes.
21 Tanto es así que, si se presenta mora en el pago de las cotizaciones de los pensionados, las administradoras
no pueden compensar sino hasta que se reporte dicho abono, tal como lo prevé el artículo 2.1.9.7 del
mencionado Decreto 780 de 2016, lo cual afecta gravemente la sostenibilidad del sistema y la prestación
efectiva de los servicios.
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39. Como fundamento de lo anterior, basta con precisar que los artículos 157 de la
Ley 100 de 199322 y 2.1.4.1. del Decreto 780 de 201623 prevén que todo colombiano
participará en el servicio de salud, dentro de los cuales algunos actúan como
afiliados cotizantes obligatorios, entre estos, los trabajadores privados o servidores
públicos sin distinción de su calidad o régimen aplicables, quienes junto con sus
respectivos empleadores tienen a cargo en sus correspondientes proporciones la
totalidad del aporte según los artículos 160, 161, 202 y 204 de la primera norma.
40. Además, tal como lo precisó el tribunal de origen, el aporte al SGSSS es
obligatorio, calculado sobre el ingreso base de cotización que, según el parágrafo
1.º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,24 debe ser exactamente igual al que se
tenga en cuenta para el sistema pensional.
41. Lo anterior corrobora la premisa relativa a que, si la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 es factor salarial para la liquidación de la
pensión de jubilación, al punto de que se realizan aportes sobre tal emolumento,
necesariamente debe seguirse la misma interpretación para entender que dicho
haber laboral también hace parte del IBC para cotizar a salud.
42. Esto hace que, ante su reconocimiento en vía judicial, tiene que ordenarse el
reconocimiento de estos pagos, aun a pesar de que lo propio no se haya previsto
expresamente en las normas reglamentarias de la ley en mención o que no hubiese
sido materia de pronunciamiento explícito en sentencias como la del 15 de
diciembre de 2020 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, lo
que desvirtúa este argumento de apelación.
43. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que el Sistema de Seguridad Social
Integral tiene precisamente esa denominación porque integra o congloba unos
22 «[…] ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de
la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad
de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata
el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).
23 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO
2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
1. Como cotizantes:
[…] 1.3. Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes, sustitutos o pensión gracia tanto del
sector público como del sector privado.
24 «[…] La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada
en el Sistema General de Pensiones […]»
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subsistemas que buscan gestionar los riesgos derivados de la actividad laboral a
través de un modelo de aseguramiento que se sustenta en la prestación de servicios
públicos esenciales asociados a derechos fundamentales por medio de una
estructura de financiación parafiscal derivada del pago de cotizaciones obligatorias,
imprescriptibles e irrenunciables.
44. Es decir, bajo el símil de una prima de seguro, lo que se busca es cubrir las
contingencias propias del sistema, pero con la diferencia de que el pago de cada
cotizante no se ve reflejado en una contraprestación directa y proporcional al abono,
sino en la fuente de garantía de cobertura generalizada para toda la población
protegida en virtud del principio de solidaridad.
45. A manera de ejemplo, el artículo 2.1.8.4 del Decreto 780 de 2016
(Reglamentario Único del sector Salud), consagró expresamente en su inciso 2.º lo
siguiente: «[…] Reconocida la pensión de vejez, la entidad administradora o pagadora de
pensiones, del valor de las mesadas pensionales retroactivas descontará el valor de las
cotizaciones en salud y las girará al Fosyga o quien haga sus veces, sin que la EPS tenga
derecho a compensar por estas. […]». Lo expuesto denota cómo incluso cuando un
pensionado no ha recibido su mesada, por concepto de retroactivo también deben
realizarse pagos a título de cotización en salud, pues como se observa, ese dinero
no hará parte de las EPS, sino que entrará a financiar el sistema a través de la actual
administradora (ADRES).
46. Por lo mismo, ante un reconocimiento judicial de un retroactivo por concepto de
un pago laboral susceptible de ser un componente del IBC para seguridad social,
tal como lo es la prima especial concedida a favor del demandante, resulta
consecuente que la entidad demandada tenga que reconocer no solo los aportes a
pensión, sino también los de salud, tal como lo ordenó el juez de origen.
47. Bajo este contexto se concluye que, sí surgía para la parte accionada el deber
de efectuar el respectivo cálculo con el fin de determinar el monto de los aportes a
pensión y salud adeudados por el interregno objeto de condena, así hayan prescrito
las demás sumas relacionadas con la prima especial, porque, en todo caso, tal
haber laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al SGSS, al margen de que
se haya hecho o no alusión a este punto en la sentencia del 15 de diciembre de
2020 como lo manifestó la entidad apelante, ya que se trata de una obligación legal
y no judicial.
48. Incluso, por esa misma razón se descarta el argumento de la parte recurrente
sobre la imposibilidad de ordenar este reajuste en materia de seguridad social al no
haber sido una pretensión expresa del reclamante y, por tanto, constituir en su
consideración un fallo por fuera de lo pedido y sin congruencia.
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49. Nótese que, al margen de que tales pagos se hubiesen solicitado o no en vía
administrativa o judicial, lo cierto es que estos corresponden a un deber y un
derecho derivado de normas de orden público que no pueden ser desatendidos o
renunciados ante la falta de petición explícita en ese sentido, tanto así que este tipo
de condenas pueden ser objeto de pronunciamiento judicial de oficio, sin que incluso
sea necesario hacerlo, porque las mismas entidades empleadoras están obligadas
a efectuar estos reconocimientos de conformidad con la ley, pues no tiene que
mediar una sentencia que así los conmine.25
50. En consecuencia, estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia
recurrida al no haber otros distintos de oposición sobre los cuales deba emitirse
decisión de fondo.
Condena en costas de segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
25 Esta tesis ya fue expuesta por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016, dictada en el radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, en la
que, si bien se habla de la obligatoriedad de pronunciarse en materia de aportes a pensión, se considera que
tal postura corre la misma suerte en lo que respecta a los aportes a salud, por ser un subsistema integral del
propio Sistema General de Seguridad Social como se ha explicado previamente. En dicha providencia se indicó
lo siguiente: «[…] vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de
manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la
existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la
adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los
derechos del trabajador. […]»
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00115-02 (3269-2025)
54. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de abril de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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