Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00183-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
Demandado: Municipio de Villamaría (Caldas)
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Caldas por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fabio Villaneda Osorio presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto negativo ficto derivado de la falta de respuesta a la
petición del 18 de enero de 2021 presentada ante la alcaldía de Villamaría, en la
que solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta
entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo de 2019, y el reconocimiento de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes
por el periodo reclamado; ii) el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales
y sociales a los que tiene derecho, en igualdad de condiciones que un empleado
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
público vinculado a la entidad mediante contrato de trabajo o vinculación legal y
reglamentaria, tales como las cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de
servicios, auxilio de transporte, así como los aportes al sistema integral de
seguridad social; iii) la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, de
los salarios y de las prestaciones sociales; iv) el pago de la indemnización por
despido sin justa causa; v) la indexación de las sumas que resultaren de la
condena; vi) la declaratoria de que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato
de prestación de servicios es computable para efectos pensionales; y vii) la
condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Fabio Villaneda Osorio laboró para el municipio de Villamaría (Caldas) entre el
el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo de 2019, vinculado a través de sucesivos
contratos de prestación de servicios suscritos de forma directa con la entidad, con
el objeto de conducir el vehículo «para transportar a los funcionarios que
desempeñaban funciones propias de Gestión del Riesgo y funcionarios de las Secretarías
de Despacho» (sic)
3.2. El municipio requirió el servicio contratado de manera constante y permanente,
razón por la cual, los contratos eran renovados periódicamente y no cumplieron
con el precepto de celebrarse por el término estrictamente necesario.
3.3. Cumplió con las obligaciones pactadas bajo las órdenes del asesor de gestión
pública y asuntos del despacho del alcalde y del secretario general del municipio
de Villamaría. «Incluso, realizaba labores que requerían no sólo recibir indicaciones del
Supervisor, sino también de los funcionarios a los que diariamente transportaba en el
desarrollo de las actividades misionales de la entidad» (sic).
3.4. La subordinación era permanente pues debía estar disponible las 24 horas,
toda vez que de presentarse alguna emergencia tenía que acudir al lugar donde
requirieran los servicios de conducción y también para transportar a los empleados
de la alcaldía.
3.5. Asimismo, «era requerido para cumplir sus obligaciones contractuales dentro y fuera
del horario establecido por la entidad, y las cuales debía relacionar en una bitácora cada
vez que realizaba un desplazamiento en el vehículo oficial asignado» (sic).
3.6. Como retribución de sus servicios percibió unos honorarios mensuales que no
superaban los 2 smlmv.
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
3.7. El 30 de mayo de 2019 fue despedido sin justa causa y de forma unilateral. Por
tal motivo, el 18 de enero de 2021 solicitó el reconocimiento de la existencia de la
relación laboral por la prestación de sus servicios y el pago de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella; sin embargo, la petición no fue resuelta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 122, 123, 124,
209, 229, numeral 7° del 300, y 305 de la Constitución Política; 1 de la Ley 6 de
1945; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 244 de 1995; 1, 3, 4, 5, 6°, 7, 10,
13, 15-1, 17, 22, 23, 157, 160-2, 161-1,2 y parágrafo de la Ley 100 de 1993; 32-3
de la Ley 80 de 1993; 1, 13, 14, 22, 23, 37, 47, 55, 61, 64, 65, 127, 158, 159, 161,
186, 193, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:
5.1. La demandada intentó encubrir una relación laboral mediante contratos de
prestación de servicios, pese a que concurrieron los 3 elementos esenciales del
contrato realidad a saber, la prestación personal del servicio, la subordinación y la
remuneración; con el objeto de evadir el cumplimiento de todas las obligaciones
patronales «ya que, en ningún momento le fueron reconocidos los derechos a las
prestaciones sociales y el goce de un empleo estable, sino que lo excluyeron del disfrute
de todos los demás beneficios de un empleado público con vinculación legal y
reglamentaria» (sic).
5.2. Sucontratación no reunió los elementos que configuran el contrato de
prestación de servicios, de conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, toda vez que no fue el término estrictamente necesario «sino para una
necesidad permanente de la entidad, año tras año, carecía de autonomía e independencia
en el cumplimiento de su labor y siempre estuvo sometido a la subordinación,
coordinación, órdenes y directrices de un superior y a un control diario del desarrollo de
las actividades» (sic).
5.3. La contratación por prestación de servicios es excepcional y no puede usarse
para ejercer funciones permanentes, pues su abuso encubre relaciones laborales
y desnaturaliza el contrato estatal. Tal proceder configuró la violación de norma
superior por la falta de previsión de «la necesidad latente, constante y permanente de
empleados para desarrollar las labores relacionadas con las obligaciones específicas
2 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo
«003ED_C01Principal_001DEMANDAPDF»
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ejecutadas por él», por aplicación indebida de las normas contractuales de la Ley 80
de 1993 y el desconocimiento del principio de la realidad sobre las formalidades
en materia laboral.
5.4. El municipio utilizó continuos contratos u órdenes de prestación de servicios
para que se ejecutaran trabajos permanentes y continuos y, funciones públicas o
administrativas que requerían dedicación de tiempo completo e implicaban
subordinación y ausencia de autonomía.
5.5. Se «acreditó» que i) prestó personalmente las labores desde el 15 de febrero
de 2017 hasta el 30 de mayo de 2019, de acuerdo con los extremos laborales
establecidos en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes,
ya que el mismo de manera personal debía desplazarse a realizar las labores
diarias encomendadas; ii) recibió una remuneración por los servicios prestados; y
iii) «estuvo sometido a la subordinación y dependencia continuada frente al MUNICIPIO
DE VILLAMARÍA para efectos de prestar sus servicios en dicha entidad, tales como: -
manejar el vehículo del MUNICIPIO DE VILLAMARÍA que le indique el supervisor, -
transportar diariamente a los funcionarios especificados en el contrato, - transportar a los
funcionarios a cualquier hora del día al lugar que ellos requirieran - trabajar todos los días
en horarios de 24 horas de disponibilidad - o la firma de informes periódicos como
evidencia de cumplimiento de las actividades y labores asignadas» (sic).
1.2. Contestación de la demanda
6. El municipio de Villamaría (Caldas) se opuso a la prosperidad de las pretensiones
con fundamento en las siguientes consideraciones3:
6.1. No se demostró la existencia de subordinación, dependencia o continuidad en
la prestación del servicio, pues las instrucciones impartidas, el cumplimiento de
horarios y la rendición de informes obedecieron a la necesaria coordinación entre
la administración y el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.
6.2. Lacontratación celebrada con el demandante se enmarcó en la figura
excepcional del contrato de prestación de servicios, conforme con el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, y estuvo destinada a desarrollar actividades de apoyo y no a
suplir necesidades permanentes de la entidad. En esas condiciones, los
instrumentos jurídicos fueron debidamente ejecutados y liquidados sin
observaciones ni obligaciones pendientes.
6.3. No se acreditaron los elementos configurativos de una relación laboral, toda vez
3 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo
034ED_C01Principal_032CONTESTACIONVILLAMARIAPDF
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que lo que existió fue la celebración de contratos de prestación de servicios
destinados al desarrollo de actividades que, en un momento determinado, no
podían ser asumidas por el personal de planta de la entidad, motivo por el cual se
acudió a esa modalidad contractual, prevista en la ley.
6.4. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia de la obligación; ii) cobro
de lo no debido; y iii) prescripción extintiva del derecho.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 22 de maro de 2024 negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Como
fundamento de su decisión señaló lo siguiente4:
7.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, si bien se
acreditó que el demandante prestó de forma personal sus servicios desde el 15 de
febrero de 2017 hasta el 30 de mayo de 2019 en calidad de conductor de una
camioneta de propiedad del municipio de Villamaría, y como contraprestación de
ello recibió una remuneración, no se probó, con grado de certeza, la subordinación.
7.2. Lo anterior, toda vez que si bien en los contratos 097, 403, 126 y 271 suscritos
entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre de 2018, el objeto fue igual, en ellos no
se hizo referencia a un horario de cumplimiento de actividades, lo que solo ocurrió
en el contrato 125 de 2019, en el que se adicionó que el horario para el
cumplimiento de las obligaciones era diurno y nocturno y fines de semana con
disposición de 24 horas al día o cuando se requiriera.
7.3. De los testimonios se advirtió que Yenny Alexandra Núñez, nuera del
demandante, y Felipe Villaneda Hoyos, hijo, si bien mencionaron que Fabio
Villaneda Osorio cumplía con un horario, recibía órdenes y que no podía delegar
el cumplimiento de sus funciones en otra persona, no fueron testimonios directos
sino de oídas. En cuanto a Samuel Cifuentes Murillo, quien trabajó en la alcaldía
entre los años 2012 y 2018, solo dio cuenta del periodo en el que coincidió
laboralmente con el demandante y, en todo caso, «su versión con relación al horario
que cumplía el demandante, no corresponde con las brindadas por los demás testigos,
quienes sostienen que al demandante se le llamaba telefónicamente de la alcaldía cuando
era requerido; y el último testigo, afirma que debía estar 24 horas en la alcaldía municipal;
versiones que no encuentran respaldo en ninguna otra prueba o testimonio que repose
dentro del proceso» (sic).
4Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno principal, archivo 001SENTENCIA1AL
202100183NYRVILLANED
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7.4. Aunque en el contrato 125 de 2019 se indicó que el demandante debía estar
disponible las 24 horas para la prestación del servicio, no se allegó prueba de la
cual se desprendieran las condiciones de este, como quién era realmente el jefe
inmediato de Fabio Villaneda Osorio, cómo eran las instrucciones que se le daban
y, la forma en la que realizaba sus actividades.
7.5. No se allegó prueba alguna de que en la planta de cargos de la demandada
existiera el cargo de conductor, ni que hubiese otros empleados de planta que
cumplieran iguales funciones a las contratadas con el demandante. Menos aún se
acreditó que las actividades de conductor fueran inherentes y propias de la
administración municipal, o que esta labor tuviera el carácter de misional. Y, de la
vinculación «de poco más de 2 años, tampoco resulta posible considerar de ello la
permanencia en las labores» (sic).
7.6. La condena en costas era procedente respecto de la parte vencida en el
proceso, toda vez que se encontraron causadas con la actividad procesal
desplegada por la entidad demandada en el curso del proceso.
1.4. El recurso de apelación
8. Fabio Villaneda Osorio apeló la decisión de primera instancia, con fundamento
en los siguientes argumentos5:
8.1. Contrario a lo afirmado por el a quo, se tiene que
«1- Que el conductor de una entidad pública no requiere de conocimientos
especializados
2- Que sus funciones no son transitorias
3- Que el conductor recibía órdenes
4- Que el conductor tenía una subordinación y continua dependencia frente a los
funcionarios que transportaba
5- Que el vehículo no era de su propiedad, sino adscrito a la entidad pública
6- No existió una tercerización, es decir el conductor no fue vinculado por una empresa
que prestó sus servicios frente al municipio situación que devino en la configuración de
contrato realidad para con el Municipio.
7- El conductor muchas veces tuvo que salir en horas nocturnas, por una orden del
secretario de gobierno a movilizar por ejemplo a la inspectora de policía del municipio
de Villamaría, cuando ocurría un siniestro en tanto para la época, Villamaría no contaba
con agentes de tránsito y dicha función recaía exclusivamente para la inspectora y el
señor FABIO tenía que salir producto de una orden directa dada por el secretario de
despacho a movilizar a la funcionaria, situación que no ocurrió una sola vez, sino
5 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno principal, archivo 061_MemorialWebl
_Recurso
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muchas veces en el transcurrir del día a día.
8- Otras veces el conductor tuvo ordenes de llevar sillas y enseres del municipio,
situación que empezó a las 7 am, pero donde los eventos terminaban en horas
nocturnas y el deber era cargar la indumentaria, transportarla y descargarla a través de
orden dada por el secretario de despacho, situación que tampoco fue de una sola vez,
sino en múltiples ocasiones, donde ese pago de esas horas extras nunca se vio
reflejado en su cuenta de cobro.
9- De igual forma el conductor FABIO siempre hacia firmar una planilla a los secretarios
que transportó dejando expresa constancia del cumplimiento de su labor, situación que
tampoco se tuvo en cuenta al momento de expedir fallo de primera instancia dado por
el honorable Tribunal Administrativo, situaciones que deben ser analizadas por el
superior jerárquico y en donde claramente no solo era directrices de coordinación sino
ORDENES directas de obligatorio cumplimiento para con el señor FABIO, donde
muchas veces sabía a qué horas recibía su turno, pero no sabía a qué horas lo
terminaba, donde muchas veces tuvo que realizar funciones que no hicieron parte de
su contrato pero que de igual forma cumplió por destacar como un excelente trabajador
y en donde si se demuestra que el señor FABIO cumplió con los requisitos:
• Prestación personal del servicio
• Cumplimiento de ordenes explicitadas dadas por un superior
jerárquico
• Cumplimiento de horario, diurno, extra-diurno, nocturno y extra
nocturno
• Pago de salario» (sic).
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar6.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto7
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si existió una relación laboral entre Fabio Villaneda Osorio y el
municipio de Villamaría (Caldas)? y en caso afirmativo ¿si tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa relación
laboral?
6 De acuerdo con el auto del 30 de julio de 2024. Samai, índice 4.
7 Tal y como se advierte de la constancia secretarial del 18 de noviembre de 2024.Samai, índice 8.
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
16. Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
18. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)9 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización10, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y
9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
22. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
12Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales13». (Resalta la Sala).
25. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
13 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
11
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202114 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
33. Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo
de 2019, Fabio Villaneda Osorio estuvo vinculado con el municipio de Villamaría
(Caldas), mediante los siguientes contratos de prestación de servicios15:
Término de
Contrato u orden
Fecha de Fecha de interrupción
de prestación de Objeto
inicio terminación en días
servicios
hábiles
097 del 13 de 15 de febrero 30 de junio - contrato de prestación de
febrero de 2017 de 2017 de 2017 servicios de apoyo a la
1 de julio de 31 de julio - gestión de la entidad
Adición 097 de 2017
201716 de 2017 como conductor de la
camioneta Toyota Hilux
propiedad del municipio
de Villamaría, para el
4 desplazamiento de los
empleados y funcionarios
en las actividades y
29 de
403 del 8 de agosto 8 de agosto funciones propias de
diciembre
de 2017 de 2017 gestión del riesgo, así
de 2017
como las necesarias para
la prevención, atención y
mitigación de situaciones
de emergencia, calamidad
pública y prevención del
riesgo mitigable.
15 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo 006ED_
C01Principal_004CONTRATOSPDF
16
Se amplió el plazo por el término de 1 mes
13
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
126 del 19 de enero 19 de enero 29 de junio 12 prestación de servicios
de 2018 de 2018 de 2018 como conductor de una de
las camionetas de
propiedad del municipio
de Villamaría, para el
desplazamiento de los
empleados y funcionarios
en las actividades y
15 de
271 del 19 de julio 2 de agosto 21 funciones propias de
diciembre
de 2018 de 2018 gestión del riesgo, así
de 2018
como las necesarias para
la prevención, atención y
mitigación de situaciones
de emergencia, para el
municipio de Villamaría -
Caldas
prestación de servicios
como conductor de la
camioneta Toyota Hilux
propiedad del municipio
de Villamaría, para el
desplazamiento de los
empleados y funcionarios
en las actividades y
125 del 6 de febrero 6 de febrero 30 de mayo 34 funciones propias de las
de 2019 de 2019 de 2019 diferentes secretarias de
despacho y principalmente
de la división de gestión
del riesgo en horario
nocturno y fines de
semana con disponibilidad
del servicio las 24 horas
del día o cuando se
requiera
34. En cumplimento de los contratos suscritos cumplió, entre otras, con lo siguiente:
«Obligaciones y responsabilidades específicas del contratista 1. Elaboración de
informes periódicos o cuando sean solicitados por el supervisor. 2. Mantener su
documentación personal al día y portar su licencia de conducción. 3. Conducir
cumpliendo con las normas de tránsito, criterio y cuidado necesario, siendo responsable
por las infracciones de tránsito que se le imputen. 4. Mantener el aseo y cuidado del
vehículo y de su equipamiento. 5. Guardar especial reserva de los temas que son
tratados en el vehículo para garantizar una efectiva gestión por parte de la
Administración Municipal. 6. Acatar las recomendaciones dadas por el supervisor en
atención al cuidado y el manejo operativo de los vehículos a su cargo. 7. Comunicar
eficientemente alguna novedad, daño, particularidad y ruido anómalo que presente el
automotor en cualquier momento de su funcionamiento. (…) OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con diligencia en
la ejecución de las actividades recomendadas. 2. Rendir informes periódicos sobre la
14
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
ejecución de las actividades propias del contrato y extraordinariamente en forma
oportunidad que el Municipio lo exija. 3. Cumplir cabalmente con las obligaciones y con
el objeto del contrato. 4. Presentar los informes mensuales de actividades, aprobados
por el supervisor del contrato. 5. Disponer lo necesario para que el objeto del presente
contrato se cumpla a cabalidad. 6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes
actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho,
informando inmediatamente a las autoridades competentes cuando se presenten tales
peticiones o amenazas. 7. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones
de seguridad social contenidas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 8. Guardar
absoluta reserva en relación con toda la información que maneje y le sea dada a
conocer con ocasión del presente contrato. El Contratista deberá cuidar la información
a la que tenga acceso, evitando su destrucción a utilización indebida. así mismo, le está
prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no
autorizadas Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la
naturaleza de este contrato y de las exigencias legales. 9. Las demás que le sean
asignadas por el Supervisor» (sic).
35. Se aportaron los movimientos bancarios de la cuenta de ahorro del
demandante17 y unos documentos denominados bitácoras diligenciadas entre los
años 2017 y 2019 en los que se relacionan unas casillas con datos de fecha, hora
de salida y de llegada, vehículo, ruta, objeto de la visita y en los que aparece Fabio
Villaneda Osorio como conductor18.
36. El 18 de enero de 2021 solicitó el reconocimiento de la existencia de la relación
laboral por la prestación de sus servicios y el pago de las prestaciones sociales
que se derivaban de ella19; sin embargo, la petición no fue resuelta.
37. En la audiencia de pruebas celebrada el 30 de junio de 202220 se recibieron los
testimonios de Yenny Alexandra Núñez Orozco, Felipe Mauricio Villaneda Hoyos y
Samuel Cifuentes Murillo, pedidos por la parte demandante, de los cuales se extrae
lo siguiente:
37.1. Yenny Alexandra Núñez Orozco es bachiller y ama de casa. El demandante
es su suegro.
37.1.1. Fabio Villaneda Osorio comenzó a trabajar para el municipio de Villamaría en
17
Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo
004ED_C01Principal_002EXTRACTOSPDF
18
Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivos
016ED_C01Principal_014BITACORA1PDF; 017ED_C01Principal_015BITACORA2PDF;
018ED_C01Principal_016BITACORA3PDF; 019ED_C01Principal_017BITACORA4PDF;
020ED_C01Principal_018BITACORA5PDF
19
Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo
005ED_C01Principal_003RECLAMACIONADTIVAPDF
20 Samai, índice 2, expediente digital, carpeta Cuaderno acumulado, archivo
048ED_C01Principal_046ACTAAUDIENCIAPRUEBASPDF
15
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
febrero de 2017 y «lo despidieron» en mayo de 2019.
37.1.2. Cumplía con un horario de trabajo desde las 8 de la mañana sin hora de
salida de lunes a domingo.
37.1.3. Sus jefes eran el alcalde y los secretarios, de quienes recibía las órdenes.
Debía desplazarse a veredas o a donde lo requirieran con disponibilidad de 24
horas los 7 días de la semana.
37.1.4. Lo declarado le consta porque cuando se comunicaba con él por teléfono
este se lo comentaba, en su presencia también lo llamaban. Además, lo veía en
las instalaciones de la alcaldía, conduciendo la camioneta y en ocasiones observó
que personas que trabajaban para el municipio le indicaban que debía desplazarse
a tal lugar.
37.1.5. La
alcaldía no le proporcionaba elementos como la vestimenta, pero la
camioneta que él conducía era de propiedad del municipio.
37.1.6. El pago de la seguridad social lo asumía él.
37.1.7. Lo veía poco, pero mantenían contacto telefónico.
37.1.8. No podía acordar los días en los que debía ir a realizar su labor y no se podía
ausentar.
37.2. Felipe Mauricio Villaneda Hoyos es docente en el Sena y el demandante es
su padre.
37.2.1. Fabio Villaneda Osorio ingresó a la alcaldía en febrero de 2017 y su vínculo
finalizó en mayo de 2019. Desempeñó la labor de conducción, recibía órdenes de
sus jefes, quienes lo llamaban y él debía atender a las instrucciones y desplazarse
al lugar que le indicaran.
37.2.2. El horario de ingreso era a las 8 am, pero no tenía uno de salida pues debía
estar disponible. Lo llamaban constantemente y en cualquier momento.
37.2.3. Los contratos fueron sucesivos e ininterrumpidos.
37.2.4. No podía ausentarse.
37.2.5. En algunas ocasiones, presenció que recibía órdenes del alcalde o de los
secretarios.
16
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
37.2.6. No recibía dotación, pero la camioneta que conducía era de propiedad de la
alcaldía.
37.2.7. La seguridad social era pagaba por él.
37.2.8. El servicio lo prestaba él directamente y no podía acordar el horario de
trabajo, en tanto que era el dispuesto por los jefes o según lo requirieran.
37.3. Samuel Cifuentes Murillo es bachiller y laboró para el municipio de Villamaría
entre los años 2012 y 2018 para la empresa aquamaná en las áreas de facturación,
comparendo ambiental, lectura e inclusive en la «cuadrilla».
37.3.1. El demandante trabajó para el municipio desde febrero de 2017 hasta mayo
de 2019 y era el conductor del despacho, por lo que recibía órdenes de todas las
dependencias.
37.3.2. Ingresaba a las 8 pero no tenía horario de salida.
37.3.3. Presenció
a diferentes secretarios que le ordenaban desplazarse a
determinadas veredas o lugares.
37.3.4. No
podía ausentarse y debía estar disponible. Prestó el servicio
personalmente y no podía enviar un reemplazo.
37.3.5. No recibía dotación. No recibía prestaciones y él pagaba su seguridad social.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
38. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Fabio Villaneda Osorio y el municipio
de Villamaría (Caldas).
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
39. De las pruebas relacionadas se tiene que el demandante laboró como conductor
para el municipio de Villamaría (Caldas), a través de contratos de prestación de
servicios suscritos directamente con la entidad, ejecutados entre el 15 de febrero
de 2017 y el 30 de mayo de 2019.
17
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
40. En consecuencia, de los testimonios y de las consideraciones expuestas en los
contratos allegados, se advierte que efectivamente fue contratado por acreditar «su
idoneidad y experiencia para la ejecución del contrato» (sic). Además, no existía la
posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta labor tal y como se extrae
de la cláusula incluida en los contratos en la que se manifestó que no podría
cederlos sin autorización previa y expresa del contratante «ya que el contrato es
intuito personae», lo que además no se probó o alegó que hubiese ocurrido; de lo
que se sigue que era él y no otra persona quien debía ejecutar las obligaciones
pactadas.
2.4.1.2. Remuneración
41. Ahora bien, aquel percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los contratos de prestación de servicios que suscribió, en los que
se advierte que se dispuso el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
42. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios recibidos, se tiene que la labor desempeñada por el demandante
durante su vinculación con el municipio de Villamaría (Caldas) no se realizó de
forma autónoma e independiente, sino que esta estuvo sujeta a horarios,
instrucciones y órdenes que son propias de la naturaleza de una relación
subordinada, pues atienden al control de un superior cualquiera que sea su
denominación (secretario y alcalde) para ejecutar las obligaciones contractuales,
por lo que existe una sujeción de aquel hacia la entidad demandada y, en tal
sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad territorial.
43. Si bien es cierto que 2 de los testigos presentados son de oídas, razón por la
cual sus declaraciones no ofrecen una referencia directa ni personal sobre las
condiciones en que se prestó el servicio y, en consecuencia, carecen de pleno
valor probatorio respecto de los hechos concretos que se pretenden acreditar;
también lo es que el testimonio rendido por Samuel Cifuentes Murillo, quien
manifestó haber laborado para el municipio entre los años 2012 y 2018, sí dio
cuenta directa de las condiciones en las que el demandante prestó el servicio
durante los años 2017 y 2018, periodo en el que coincidieron laboralmente.
18
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
44. En esas condiciones, el testigo indicó que el demandante se desempeñaba
como conductor, recibía órdenes de varias dependencias, cumplía un horario de
ingreso a las 8:00 am sin tener una hora fija de salida, atendía instrucciones de
distintos secretarios para desplazarse a diversas veredas o lugares, no podía
ausentarse ni delegar sus funciones, y debía estar disponible para cumplir con las
tareas asignadas.
45. Tales circunstancias evidencian la ausencia de autonomía o libertad en el
desarrollo de su labor, toda vez que el trabajador debía permanecer disponible
para atender las instrucciones impartidas por sus superiores, ajustándose a los
horarios establecidos y a los lugares de desplazamiento que le eran indicados. En
otras palabras, la declaración permitió advertir circunstancias impuestas por el
empleador tales como, el lugar de trabajo en el que debía cumplir con su labor, el
horario y la dirección de las actividades a desarrollar, lo que denota la existencia
de subordinación y la ausencia de independencia en la ejecución de sus funciones.
46. Asimismo, el hecho de que las actividades desarrolladas por el demandante
correspondan a las funciones asignadas a los cargos de planta del municipio, como
es el empleo de conductor mecánico código 482 del nivel asistencial expresamente
previsto en el Decreto 88 de 2015 «[p]or el cual derogan las disposiciones contenidas
en el decreto 123 octubre 5 de 2011 y se adopta el nuevo manual especifico de funciones,
competencias y requisitos laborales para los empleados de planta del[os] cargos del
municipio de Villamaría, Caldas»21, constituye otro indicio significativo de
subordinación.
47. Precisado lo anterior, se advierte que, en efecto, el empleador impuso las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos (vehículo), para que el trabajador desarrollara sus labores, sin que le
hubiere asistido ningún tipo de independencia.
48. La Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica de tales
pruebas, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios del demandante.
49. Lo anterior, toda vez que la autorización establecida en el numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993 permite celebrar contratos de prestación de servicios
únicamente cuando las labores no puedan realizarse con personal de planta o
21
https://www.villamaria-
caldas.gov.co/NuestraAlcaldia/PublishingImages/Paginas/Alcaldia/Decreto%20N%C2%B0%2088%20de%
202015%20Manual%20Espec%C3%ADfio%20de%20Funciones.pdf
19
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
requieran conocimientos especializados. Sin embargo, esta autorización es
temporal, por lo que estos contratos no pueden prolongarse indefinidamente en el
tiempo.
50. Sobre el particular, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202122 precisó el «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la
minuta del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el
contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento» (sic).
51. En esas condiciones, comoquiera que el contrato de prestación de servicios es
temporal y limitado al tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual, debe
sustentarse siempre en una planeación adecuada y justificada. En el sub judice, si
bien no se aportaron los estudios previos, en las consideraciones de los contratos
se justificó la contratación en que «en la Planta de Personal de la Entidad Contratante,
no existe o es insuficiente el personal para desarrollar las actividades objeto del presente
contrato» (sic).
52. No obstante, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas
en la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por
lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las
cuales fue contratado el demandante no es un argumento para justificar la ausencia
de planeación por parte de la entidad, y desconoce que las labores desarrolladas
se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
53. En este punto, es necesario mencionar que en el último contrato [125 del 2019]
se pactó el cumplimiento de la labor «en horario nocturno y fines de semana con
disponibilidad del servicio las 24 horas del día o cuando se requiera» (sic). Así pues, la
disponibilidad constituye una manifestación de la facultad de subordinación del
empleador, al conferirle la potestad para exigir al trabajador condiciones de tiempo,
modo, lugar y cantidad de trabajo en cualquier momento, es decir, sin que aquel
pueda disponer libremente de su tiempo.
54. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que « la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados sitios
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
para la facilidad de atención al servicio demandado»23.
55. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que las circunstancias fácticas del
presente asunto rompen la relación de coordinación contractual y evidencian, en
su lugar, una laboral.
56. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»24.
57. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia» 25.
58. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que en el ejercicio de las funciones por parte del demandante estaba sometido a
medidas u órdenes, a saber: la imposición de un horario, la sujeción a directrices
por parte del alcalde y secretarios, y disponibilidad, lo que demuestra que la entidad
en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de
Fabio Villaneda Osorio, y de manera indiscutible, denota la existencia del elemento
subordinación.
59. Así las cosas, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala encuentra demostrada la existencia de los elementos
de la relación laboral encubierta en los periodos comprendidos entre el 15 de
febrero de 2017 y el 29 de mayo de 2019, salvo sus interrupciones.
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
60. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de
las prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
23
Sentencia del 27 de junio de 2023, SL1514-2023 Radicación 95856
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25 Ibidem.
21
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
61. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».
62. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del
9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
63. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con
referencia SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las
siguientes subreglas:
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].
64. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»26.
65. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 18 de enero de
2021, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que el vínculo con el municipio finalizó el 29 de mayo de
2019, por lo que el demandante tenía hasta el 29 de mayo de 2022 para reclamar.
66. Ahora bien, aunque en el último periodo que transcurrió entre los contratos 271
de 2018 y 125 de 2019 pasaron 34 días, pues el primero finalizó el 15 de diciembre
de 2018 y el segundo inició el 6 de febrero de 2019, la reclamación se presentó el
18 de enero de 2021, es decir, dentro de los 3 años siguientes a la finalización del
contrato 271 de 2018 [15 de diciembre de 2018] que iba hasta el 15 de diciembre
2021.
67. De tal manera, al demandante le asiste el derecho al pago de las prestaciones
laborales por los periodos ocurridos entre el 15 de febrero de 2017 y el 29 de mayo
de 2019, salvo sus interrupciones.
26 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
68. Con base en todo lo anterior, se establece que Fabio Villaneda Osorio tiene
derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones
legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en el periodo
comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y el 29 de mayo de 2019, salvo sus
interrupciones, y el criterio de la Sala es que la liquidación debe realizarse en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios.
69. Por su parte, el municipio deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Fabio Villaneda Osorio, que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de conductor por todos los
periodos laborados, por su carácter de imprescriptibles27, para lo cual deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para estos efectos, el demandante deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la
salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su
contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía
como empleado.
70. Como puede apreciarse, las consideraciones expuestas en esta decisión se
fundamentan en el principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del
artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales28
frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los
trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
27 Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).
28 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata
de hipótesis distintas29.
71. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que
la labor desempeñada por Fabio Villaneda Osorio debía ser remunerada de
conformidad con lo devengado por un empleado de planta, en la medida en que
realizara iguales funciones a las suyas.
72. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 30 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».
73. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones de carácter legal que devengara un empleado de la entidad
demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
74. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en el periodo
reconocido y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios.
75. Ahora, si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que
por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento
y pago de las diferencias salariales»31; esta Sala modificó su postura para señalar que
en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por
los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas32.
29 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024,
radicados 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y 85001-23-33-000-2019-00168-01
(3781-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
76. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales33, en virtud de los cuales le corresponde al
juez proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en
sus condiciones laborales.
77. En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que
evite vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»34.
78. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar
de tratarse de funciones iguales a las de los empleados de planta, los contratistas
no reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública,
pues la retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los
cuales son consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se
desnaturalizó, lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y
la especial protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada
con la dignidad humana y la justicia material.
79. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una
verdadera relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al
que se ha aludido en esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.
80. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
81. Así las cosas, no reconocer el reajuste salarial constituye no solo una violación
33 Artículo 53 de la Constitución Política.
34 Sentencia T-102 de 1995.
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Demandante: Fabio Villaneda Osorio
a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del artículo
93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.
82. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió aquel por concepto de honorarios y lo
percibido por un empleado de planta (conductor) que cumplía con las funciones en
igualdad de condiciones de ese cargo de la entidad.
83. Ahora, en lo referente a la sanción moratoria por el pago tardío de las
prestaciones, esta Sala reitera que no hay lugar a su reconocimiento, pues la
obligación de pago surge con este proveído a través del cual se efectúa el
reconocimiento de la relación laboral existente entre las partes, toda vez que esta
tiene el carácter de sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su
ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los derechos que esta
genera.
84. De otra parte, en lo que respecta al «despido injusto», tal y como se expuso en
párrafos atrás, el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio no otorga al trabajador la
calidad de empelado público, de ahí que, no puede otorgar al accionante la calidad
de empleado público y reconocer que hubo una terminación de la relación laboral
sin justa causa que diera lugar a una indemnización por este hecho.
85. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado
y la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta. Por tal razón, se
revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar acceder a las
pretensiones de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
2.4. Costas
86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
27
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87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
90. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y se
revocará las impuestas en primera instancia.
3. Conclusión
91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que existió una relación
laboral entre Fabio Villaneda Osorio y el municipio de Villamaría (Caldas) en el
periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo de 2019, salvo
sus interrupciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda incoada por Fabio Villaneda Osorio contra el municipio de Villamaría
(Caldas) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar se dispone:
35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
Segundo. Declarar la nulidad del acto negativo ficto derivado de la falta de
respuesta a la petición del 18 de enero de 2021 presentada por Fabio Villaneda
Osorio ante la alcaldía de Villamaría (Caldas).
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Fabio Villaneda Osorio
y el municipio de Villamaría (Caldas) durante el periodo comprendido entre el 15
de febrero de 2017 y el 30 de mayo de 2019, tiempo que se tendrá en cuenta
para efectos pensionales.
Cuarto. Condenar al municipio de Villamaría (Caldas), a reconocer a Fabio
Villaneda Osorio las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los
empleados públicos, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y
el 30 de mayo de 2019, salvo sus interrupciones, las cuales deberán liquidarse
con base en la asignación salarial de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. Asimismo,
condenar al municipio de Villamaría (Caldas), a reconocer a Fabio Villaneda Osorio
las diferencias que resulten entre lo que recibió por concepto de honorarios y lo
que debió recibir como salario, en igualdad de condiciones de un empleado de
planta que desarrollara sus funciones.
Quinto. Condenar al municipio de Villamaría (Caldas), que tome el ingreso base
de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por
prestación de servicios, esto es entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de mayo
de 2019, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el porcentaje que
le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse con base en la
asignación salarial de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a
las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios
Sexto. El municipio de Villamaría (Caldas) hará la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del
CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
29
Radicado: 17001-23-33-000-2021-00183-01 (3247-2024)
Demandante: Fabio Villaneda Osorio
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
Octavo. Revocar la condena en costas impuestas en primera instancia.
Noveno. No condenar en costas en esta instancia.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
30
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