Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00071-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00071-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2022-00071-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: PEDRO OCAMPO PARRA Y OTROS
Coadyuvante de los demandantes: DAGOBERTO GALVIS HURTADO
Demandados: MUNICIPIO DE HERVEO Y OTROS
Entidades vinculadas: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el municipio de
Herveo en contra de la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
1. Los señores Pedro Ocampo Parra, Arnulfo Cifuentes Hurtado, Arturo Aguirre
Valencia y Edwin Ortiz Sepúlveda demandaron al Ministerio de Transporte, al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al departamento de Caldas, al
municipio de Marulanda, al departamento del Tolima y al municipio de Herveo, en
ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por las leyes 472 de 19981 y 1437 de 20112, con miras a obtener la
protección de los derechos colectivos previstos en los literales d), j), l) y m) del
artículo 4.º de la Ley 4723.
1
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3
“Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: […].
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […].
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […].
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; […].
m) La realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
2
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] solicitamos comedidamente, se expida sentencia en la cual se amparen
los derechos colectivos […], ordenando a los demandados y a favor de nuestra
comunidad y nuestro territorio que se adopten las medidas administrativas,
presupuestales, técnicas, jurídicas y todas aquellas que sean necesarias a fin
que se habilite la vía de acceso dotando de una infraestructura técnica de placa
huella con las respectivas obras de arte y elementos de protección, los 9
kilómetros de vía que se encuentra entre el punto de empalme con la vía
nacional y el centro poblado El Zancudo.
Se habiliten a favor de nuestras familias los programas sociales y los rurales
del gobierno que permitan a nuestros desplazados volver a este territorio […]”4.
3. Como fundamento de las pretensiones, los demandantes informaron que en el
sitio denominado “La Libia” del sector “Cerro Bravo” del municipio de Herveo
(Tolima) inicia una vía terciaria que conduce al centro poblado de “El Zancudo”,
situado en el municipio de Marulanda (Caldas).
4. Denunciaron que la población que reside en esa zona se encuentra en una
situación de aislamiento y, por ende, no accede a los servicios de educación, salud,
vivienda y provisión de insumos alimentarios. Además, los residentes fueron
víctimas de desplazamiento forzado por las condiciones de violencia presentes en
el territorio.
5. Manifestaron que los pobladores se transportan en caballo por alrededor de tres
horas para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que los adultos mayores
prefieren hacerlo a pie para prevenir caídas debido a los largos trayectos y a la
condición del terreno.
6. Mencionaron que el Gobierno Nacional inició la pavimentación de esa vía desde
el centro poblado, pero los recursos no alcanzaron para finalizar la obra. Además,
el municipio de Herveo realizó acciones de mejoramiento del sector con una
excavadora sin lograr habilitar la vía para el tránsito vehicular.
7. Por último, indicaron que se han presentado numerosos socavamientos en esa
vía por el comportamiento fluvial del “Rio Perrillo”, los cuales incluso han afectado
el centro poblado. Advirtieron que la actividad volcánica y el comportamiento
geotécnico del “Cerro Bravo” agrava esa situación porque, en caso de presentarse
una emergencia, los habitantes podrían quedar atrapados por no tener una ruta de
evacuación ni de ingreso de asistencia humanitaria.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
8.El magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas a cargo de la sustanciación
del proceso, mediante auto de 6 de abril de 20225, admitió la demanda respecto del
4
Expediente digital de la referencia. Documento denominado “ED_002DEMANDAANEXOS(.pdf) NroActua 2”. Folio 5.
5
Ibid., documento denominado “ED_012AUTOADMITEDEMANDA(.pdf) NroActua 2”.
3
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
municipio de Herveo, del departamento del Tolima, del municipio de Marulanda, del
departamento de Caldas y del Ministerio de Transporte. Sin embargo, excluyó de la
controversia a la UARIV y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural porque las
pretensiones formuladas en su contra no tenían conexidad con el objeto del litigio.
Por otro lado, consideró adecuado vincular al proceso al Instituto Nacional de Vías
(Invías) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), “por contar con eventuales
intereses en este asunto”.
9. En el mismo auto se ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las
entidades accionadas y vinculadas para que contestaran, propusieran excepciones
y aportaran y/o solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, se notificó al agente
del Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la ANDJE. Por último, se
dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
10. Posteriormente, por auto de 14 de septiembre de 20226, se declaró fallida la
audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, al advertir que
los demandantes no estuvieron de acuerdo con las fórmulas de pacto de
cumplimiento propuestas por los municipios accionados. Y, en la misma audiencia,
el a quo reconoció al señor Dagoberto Galvis Hurtado como coadyuvante de la parte
actora.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. La apoderada judicial del Ministerio de Transporte, mediante escrito de 29
de abril de 20227, manifestó que esa entidad no afectó los derechos colectivos
invocados, porque los entes territoriales demandados eran los responsables de
solicitar ante el Departamento Nacional de Planeación las apropiaciones
presupuestales necesarias para la pavimentación de la vía que comunica las
veredas limítrofes de los departamentos de Caldas y Tolima.
11. Por otro lado, recordó que el Ministerio de Transporte participa en la formulación,
elaboración y ejecución de las políticas y programas sectoriales, y orienta, controla
y evalúa a las entidades adscritas y vinculadas. Por lo tanto, no le corresponde
construir carreteras, conservarlas o demarcarlas.
12. Actoseguido, propuso las excepciones que denominó “inexistencia de la
vulneración a derechos colectivos”, “falta de prueba de vulneración o amenaza a
derechos colectivos por parte de la entidad Ministerio de Transporte” y “genérica”.
I.3.2. El apoderado judicial del Invías, mediante escrito de 28 de abril de 20228, se
opuso a las pretensiones de la demanda al advertir que ese instituto no es
responsable del mantenimiento de los 9 kilómetros de la vía del debate procesal,
6
Ibid., documento denominado “ED_072ACTAAUDIENCIAPACT(.pdf) NroActua 2”.
7
Ibid., documento denominado “ED_020CONTESTACIONMINIS(.pdf) NroActua 2”.
8
Ibid., documento denominado “ED_018CONTESTACIONINVIA(.pdf) NroActua 2”.
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
sino que dicha ruta corresponde a la red terciaria administrada por los municipios
accionados.
13. Adujo que los accionantes no acreditaron las presuntas acciones u omisiones
imputables al instituto que estarían afectando los derechos colectivos invocados.
Por el contrario, consideró que el departamento de Caldas, el municipio de
Marulanda, el departamento del Tolima y el municipio de Herveo, son quienes
deben, en el ámbito de sus competencias, acometer las acciones correspondientes,
además de apropiar los recursos necesarios para el arreglo de la vía.
14. En consecuencia, como medios de defensa propuso las excepciones de: i) falta
de legitimación en la causa por pasiva; ii) “inexistencia de responsabilidad respecto
del Invías”; iii) “carencia de prueba de la vulneración o amenaza de derechos
colectivos respecto del Invías”; iv) “culpa exclusiva de un tercero”; y v) “genérica”.
I.3.3. El apoderado judicial de la ANI, mediante escrito de 2 de mayo de 20229, se
opuso a las pretensiones de la demanda debido a que la infraestructura vial objeto
de la controversia no se encuentra a cargo de esa agencia. Además, indicó que la
demanda carece de fundamento probatorio en torno a la vulneración alegada.
15. Precisó que la ANI es la autoridad encargada de administrar la infraestructura vial
concesionada y, en ese contexto, ha cumplido con sus obligaciones legales. Señaló
que, conforme a lo previsto en el numeral 13 del artículo 3.° de la Ley 136 de 1994,
los municipios son quienes deben adelantar todas las gestiones necesarias para
lograr el mantenimiento de la infraestructura vial bajo su cargo. En consecuencia,
solicitó que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
I.3.4. La apoderada judicial del departamento de Caldas, mediante escrito de 29
de abril de 202210, solicitó la exoneración de responsabilidad de ese ente territorial
“pues en ningún momento ha vulnerado o amenazado los derechos colectivos cuya
protección se reclama”.
16. Indicó que, conforme a la Ordenanza 230 de 199711 y a la Resolución 5134 de
2016 del Ministerio de Transporte12, la vía de acceso al centro poblado El Zancudo,
“no está dentro de la red vial departamental, sino municipal a cargo de los
municipios de Herveo – Tolima, o Marulanda – Caldas, siendo estos entes
territoriales los competentes en materia de mitigación del riesgo dentro de su
jurisdicción”. Por ende, los fundamentos fácticos de la demanda no se relacionan
con las funciones y competencias que atañen a esa entidad.
9
Ibid., documento denominado “ED_027CONTESTACIONANIP(.pdf) NroActua 2”.
10
Ibid., documentos denominados “ED_022CONTESTACIONDEPAR(.pdf) NroActua 2” y
“ED_024COMPLEMENTOCONTES(.pdf) NroActua 2”.
11
“Por medio de la cual se adopta la red vial departamental”.
12
“Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional
correspondientes al Departamento de Caldas”.
5
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
17. Finalmente, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte del
departamento de Caldas” y “falta de jurisdicción y competencia”.
I.3.5. El apoderado judicial del departamento del Tolima, mediante escrito de 3 de
mayo de 202213, solicitó que se excluyera a ese ente territorial de la acción popular
de la referencia, toda vez que no le compete la administración, construcción y
mantenimiento de la vía que comunica el cruce de empalme de la vía nacional y el
centro el poblado El Zancudo en el municipio de Marulanda.
18. Reconoció que la construcción de la vía en cuestión beneficiaría a ambos entes
locales, ya que dicha obra permitiría mejorar la economía, la salud y la educación,
entre otros servicios. Sin embargo, insistió en que no quebrantó ningún derecho
colectivo y que el ente departamental, conforme al ordenamiento jurídico, carece de
competencia para acatar las pretensiones de la demanda.
I.3.6. La apoderada judicial del municipio de Herveo, mediante escrito
extemporáneo de 22 de julio de 202214, manifestó que ese ente territorial ha
procurado mantener habilitado el corredor vial objeto de la demanda. Sin embargo,
alegó que la vía beneficia principalmente a la comunidad de El Zancudo que reside
en el municipio de Marulanda (Caldas), pues en la vereda El Brasil del municipio de
Herveo habitan solo cuatro familias. Finalmente señaló que el municipio cuenta con
un presupuesto limitado, el cual se agota atendiendo las emergencias que se
presentan en el 90% de las vías. De allí que no tenga recursos suficientes para
garantizar la pavimentación del sector cuestionado.
I.3.7. El municipio de Marulanda no contestó la demanda.
II. La sentencia de primera instancia
19. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
sentencia de 10 de marzo de 202315, amparó los derechos colectivos al goce del
espacio público, al acceso a la infraestructura pública vial y a la seguridad y
prevención de desastres, “debido a las deficientes condiciones de transitabilidad en
las que se encuentra la vía de acceso al área rural dispersa de la vereda “El
Zancudo” en el municipio de Marulanda, desde el sitio “La Libia” en el municipio de
Herveo.
20. El tribunal de primera instancia puntualizó que los municipios de Herveo y
Marulanda, en virtud de la carga dinámica de la prueba, eran las partes “que se
encontraba(n) en una posición más favorable para aportar las pruebas relacionadas
con el estado actual de la vía, y las acciones ejecutadas para garantizar la adecuada
transitabilidad en el sector de la vía que se encuentra dentro de su jurisdicción”.
13
Expediente digital de la referencia. Documento denominado “ED_031CONTESTACIONDEPAR(.pdf) NroActua 2”.
14
Ibid., documento denominado “ED_031CONTESTACIONDEPAR(.pdf) NroActua 2”.
15
Ibid., documento denominado “ED_121FALLOPRIMERAINSTA(.pdf) NroActua 2”.
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21. De conformidad con los medios de convicción, explicó que “la vía que inicia en
“La Libia” en el sector de Cerro Bravo hasta el centro poblado “El Brasil” es una vía
terciaria del municipio de Herveo - Tolima y que la vía que conduce desde este
centro poblado a la zona rural dispersa de la vereda “El Zancudo”, es un camino
veredal, en jurisdicción del municipio de Marulanda – Caldas”.
22. Acto seguido, aclaró que todo el tramo vial se encuentra deteriorado y, en el
camino que comunica “El Brasil” con el área rural dispersa de la vereda “El
Zancudo”, desde el año 2021 no se realiza ningún tipo de mantenimiento. También
destacó que se trata de la única vía de acceso a la zona, y que la forma de transitarla
es a través de animales de carga o a pie.
23. A su juicio, la anterior problemática resulta “imputable a los municipios de Herveo
• Tolima y Marulanda - Caldas, pues se trata de una vía a su cargo, y si bien el
primer ente municipal viene realizando algunas acciones dirigidas a garantizar la
transitabilidad vehicular (…) no se encuentra acreditada que se haya superado la
situación que genera la vulneración; en cuanto al segundo ente municipal, aunque
afirmó tener proyectada la intervención del camino que parte desde el centro el
poblado “El Brasil” hasta el área rural dispersa de la vereda “El zancudo”, no
demostró que a la fecha haya ejecutado las acciones relacionadas con su
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación”.
24. El a quo anotó que, “de acuerdo con las competencias asignadas por la ley a los
departamentos, al Invias, al Ministerio de Transporte y a la ANI, así como la
categoría y ubicación de la vía objeto de esta acción, no se evidencia un
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, pues se trata de una vía de tercer
orden que no está dentro del inventario nacional de vías y de la red vial de los
departamentos”.
25. Aun así, reconoció que no era procedente “ordenar que toda la vía sea construida
en placa huella, como lo pretende los demandantes, ya que no existen pruebas
suficientes para determinar la necesidad de la misma”. En consecuencia, el Tribunal
Administrativo de Caldas resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones tituladas: “falta de
legitimación en la causa por pasiva […]”; “inexistencia de responsabilidad […]”;
“carencia de prueba de la vulneración o amenaza de derechos colectivos […]”;
propuestas por el Invías; “falta de prueba de vulneración o amenaza a derechos
colectivos” propuesta por el Ministerio de Trasporte; “falta de legitimación en la
causa por pasiva”; “inexistencia de vulneración de derechos colectivos […]”
propuestas por el Departamento de Caldas y “falta de legitimación en la causa
por pasiva” propuestas por la ANI y de oficio las de “falta de legitimación en la
causa por pasiva” e “inexistencia de vulneración de derechos colectivos” por
parte del Departamento del Tolima. Declarar no probadas las demás
excepciones formuladas.
SEGUNDO: DECLARAR vulnerados los derechos colectivos “al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”; “el
acceso a la infraestructura pública vial o de transporte terrestre”, y “a la
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seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”, debido a las
deficientes condiciones de transitabilidad que presenta la vía que conduce al
centro poblado o la zona rural dispersa de la vereda “El Zancudo” en el
municipio de Marulanda - Caldas, desde el sitio “La Libia” en el sector de Cerro
Bravo, lo cual es imputable a los municipios de Herveo - Tolima y Marulanda –
Caldas, por cuanto han omitido ejecutar las acciones relacionadas con su
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación.
TERCERO: En consecuencia, SE ORDENA al municipio de Herveo - Tolima
que, realice las gestiones y actuaciones administrativas y presupuestales
necesarias para obtener recursos económicos con el fin de, realizar los
estudios y diseños para determinar las obras que se requieren en la vía que
inicia desde el sitio “La Libia” en el sector de Cerro Bravo hasta el centro
poblado “El Brasil”, con el fin de permitir el paso de vehículos en condiciones
adecuadas y seguras. Para adelantar las anteriores actividades, el municipio
de Herveo tendrá el plazo máximo de nueve (9) meses, los cuales serán
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.
Una vez se lleve a cabo dicho trámite, el municipio de Herveo deberá realizar
las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para obtener
recursos económicos, para la ejecución de las obras que se requieren conforme
a los estudios y diseños realizados. Para ello la entidad municipal tendrá un
término de seis (6) meses.
Realizada la anterior actuación y obtenidas las licencias y permisos pertinentes,
el municipio de Herveo deberá iniciar la ejecución de las obras requeridas, las
cuales deberán culminarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses.
CUARTO: SE ORDENA al municipio de Marulanda - Caldas, que dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, realice las obras
de mantenimiento que se requieren en la vía que parte desde el centro poblado
“El Brasil” hasta la zona rural dispersa de la vereda “El Zancudo”.
QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la parte demandante.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: Conformar un Comité para la verificación del cumplimiento de las
órdenes dadas en esta sentencia, el cual será integrado por el Magistrado
Ponente, quien lo presidirá, el Personero del municipio de Herveo - Tolima, el
Personero del municipio de Marulanda - Caldas, los demandantes y el señor
Procurador Judicial. […]”.
III. Fundamentos del recurso de apelación
26. La apoderada judicial del municipio de Herveo, mediante correo electrónico de
21 de marzo de 202316, solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada para que,
en su lugar, se ajusten las órdenes impartidas de acuerdo con la realidad fáctica,
económica, presupuestal y técnica del municipio.
27. Explicó que “el derecho de acceso a la infraestructura vial no es un derecho
colectivo y, por ende, no es susceptible de protección a través de la acción popular,
porque el acceso a una infraestructura vial no se encuentra enlistado dentro de los
16
Ibid., documento denominado “ED_124APELACIONMUNICIPI(.pdf) NroActua 2”.
8
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
derechos e intereses colectivos enunciados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998,
y tampoco se encuentra catalogado como un derecho de tal naturaleza en la
Constitución Política, las leyes ordinarias o los tratados de derecho internacional
celebrados por Colombia”.
28. Adujo que “solo si de la solicitud de protección de derechos colectivos puesta en
conocimiento del juez o magistrado se desprende que el asunto de la infraestructura
vial implica un riesgo, amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad
pública, será procedente ordenar una medida en relación con ella, pero única y
exclusivamente con el fin de proteger tal derecho, pues, como tal, la ejecución de
obras de infraestructura vial no constituye un derecho de dicha naturaleza”.
29. Sostuvo que la parte demandante no demostró la vulneración de los derechos
colectivos ni la veracidad de los hechos que sustentan sus pretensiones. Contrario
a ello, aseguró que la vía rural objeto de la demanda ha sido objeto de acciones
periódicas de afirmado con maquinaria amarilla de propiedad del municipio, a fin de
garantizar su transitabilidad.
30. Aclaró que dichas acciones se realizan de acuerdo con la capacidad operativa
del municipio, pues su extensión geográfica es muy amplia y su condición
topográfica es montañosa, lo cual dificulta las labores, especialmente en temporada
de invierno.
31. En su criterio, el hecho consistente en que la vía no cuente con “placa huella” no
implica la vulneración de los derechos colectivos. Aunado a ello, si la sentencia
impugnada buscaba amparar el derecho colectivo a la seguridad pública, el juez
debió ordenar una medida para proteger ese derecho, y no para intervenir la vía,
pues este es un asunto de política pública. De ese modo, consideró que realizar
estudios y diseños de obras de infraestructura no es una medida que proteja la
seguridad pública.
32. Con todo, aclaró que los riesgos que fueron detectados en la vía en cuestión son
constantes en todo el municipio debido a su condición topográfica y a las
precipitaciones, por lo que la transitabilidad de vehículos es anormal.
33. Alegó que la entidad territorial no cuenta con la capacidad para sufragar la orden
de restablecimiento y, además, esta medida no se acompasa con la realidad
municipal, pues “la población hervense que habita sobre la zona es mínima, siendo
los mayores beneficiarios la población del Zancudo del municipio de Marulanda”.
También señaló que la administración local podía acudir a entidades como el DNP,
pero “es de conocimiento público que estos proyectos son muy demorados en su
canalización, aprobación y posterior materialización”.
34. Puso de presente que el presupuesto anual del municipio destinado para el sector
transporte es de 233 millones de pesos; monto que no alcanza para pagar la obra
prevista en el informe técnico del Invías que está valorada en 5.907.779.645 pesos.
Más aun cuando la referida partida presupuestal se agota en “cada vigencia
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
atendiendo emergencias, deslizamientos, taludes, palizadas y desastres que se
presentan en el 80% de las vías rurales”.
35. Indicó que esas órdenes tampoco van a asegurar que la vía se transite sin
problemas, porque los desprendimientos de terreno son frecuentes. Así, reconoció
que “si no existe una intervención constante en diferentes épocas del año, la obra
no surtirá efecto alguno”. Por ende, “la orden debía estar orientada a la ejecución
de actividades que estuvieran al alcance técnico del municipio, como el
mantenimiento de la vía en como mínimo 2 periodos al año, la atención inmediata
por deslizamientos y la intervención de puntos críticos”.
36. Finalmente, adujo que los plazos concedidos para el cumplimiento de las órdenes
judiciales, “no son prudenciales atendiendo las condiciones presupuestales del
municipio”.
IV. Trámite en segunda instancia
37. Mediante auto de 8 de junio de 202317, el Tribunal Administrativo de Caldas
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el
municipio de Herveo.
38. Esta autoridad judicial, a través de auto de 24 de julio de 202318, admitió el
recurso de apelación y advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. También informó al Ministerio Público que se
encontraba habilitado para emitir concepto en la presente causa hasta antes que el
proceso ingresara al despacho para emitir sentencia. Sin embargo, dicha entidad
guardó silencio.
39. Mediante memorial de 5 de octubre de 202319, la apoderada judicial del municipio
de Herveo informó cuál era el presupuesto discriminado de la vigencia fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre del año 2023.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
40. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13
del Acuerdo 080 de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.
17
Ibid., documento denominado “ED_131AUTOCONCEDEAPELAC(.pdf) NroActua 2”.
18
Ibid., documento denominado “AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4”.
19
Expediente digital Samai, anotación 17.
20
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado”.
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
V.2. Planteamiento del problema jurídico
41. Los señores Pedro Ocampo Parra, Arnulfo Cifuentes Hurtado, Arturo Aguirre
Valencia y Edwin Ortiz Sepúlveda atribuyeron al Ministerio de Transporte, al
departamento de Caldas, al municipio de Marulanda, al departamento del Tolima y
al municipio de Herveo, la transgresión de los derechos colectivos previstos en los
literales d), j), l) y m) del artículo 4.º de la Ley 472, debido a la deficiente conectividad
de la vía que comunica las zonas rurales de los municipios de Herveo y Marulanda.
42. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia a la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad judicial que
amparó los derechos “al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público”, “al acceso a la infraestructura pública vial o de transporte
terrestre”, y “a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”, al
evidenciar que la vía que conduce a la vereda “El Zancudo” en el municipio de
Marulanda, desde el sitio “La Libia” del municipio de Herveo, se encuentra en
“condiciones deficientes de transitabilidad”.
43. El a quo encontró que la referida transgresión era imputable a las aludidas
entidades territoriales porque no demostraron el desarrollo de acciones de
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la vía afectada. En consecuencia,
les ordenó que efectuaran un diagnóstico y ejecutaran las obras para garantizar el
adecuado funcionamiento de la vía.
44. El municipio de Herveo, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación. En la alzada afirmó que: i) el acceso a la infraestructura pública vial no
es un derecho colectivo susceptible de amparo a través de la acción popular; ii) los
demandantes no demostraron la transgresión de los derechos colectivos invocados
porque el municipio realiza labores periódicas de afirmado de esa vía; y iii) las
medidas de amparo no tienen en cuenta la capacidad técnica, operativa y
presupuestal de la administración.
45. En ese orden, corresponde a la Sala determinar si el acceso a la infraestructura
pública vial es o no un derecho colectivo. Posteriormente, se estudiará si la
afectación de los derechos colectivos objeto de amparo se demostró en el plenario.
Y, por último, se analizará si la “realidad del municipio” de Herveo constituye una
razón suficiente para revocar o modificar las órdenes de restablecimiento impartidas
en la sentencia de 10 de marzo de 2023.
V.2.1. Del derecho colectivo de acceso a la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre en condiciones de seguridad
46. El Tribunal Administrativo de Caldas además de amparar los derechos colectivos
al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público,
a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, salvaguardó
el derecho “al acceso a la infraestructura pública vial o de transporte terrestre”.
11
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
47. Frente a esa decisión el apelante afirmó que el derecho de acceso a la
infraestructura vial no es un derecho colectivo, pues “no se encuentra enlistado
dentro de los derechos e intereses colectivos enunciados en el artículo 4 de la Ley
472 de 1998, y tampoco se encuentra catalogado como un derecho de tal naturaleza
en la Constitución Política, las leyes ordinarias o los tratados de derecho
internacional celebrados por Colombia”.
48. A efectos de resolver este reparo, se debe mencionar que el legislador estableció,
en el artículo 4.° de la Ley 472 de 1998, un listado enunciativo de las garantías e
intereses colectivos susceptibles de protección a través de la acción popular, el cual
es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e
intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (…)
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;
b) La moralidad administrativa
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales (…);
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público;
e) La defensa del patrimonio público;
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública;
i) La libre competencia económica;
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna;
k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional
de residuos nucleares o tóxicos;
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente;
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; Ver Fallo
Consejo de Estado 071 de 2001
n) Los derechos de los consumidores y usuarios.
12
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales
en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho
Internacional celebrados por Colombia.
PARÁGRAFO. - Los derechos e intereses enunciados en el presente artículo
estarán definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las
que se expidan con posterioridad a la vigencia de la presente Ley. […]”
49. En el contexto de la citada disposición normativa, la jurisprudencia de esta
Sección ha entendido que la Ley 472 otorgó al operador jurídico la posibilidad de
acudir a diversos sectores del sistema legal para nutrir el listado de los derechos
colectivos, así como para dotarlos de contenido y alcance.
50. A partir de lo anterior, esta Sección adoptó el concepto de “derecho al acceso a
la infraestructura pública vial o de transporte terrestre” para referirse al derecho que
abarca la convergencia existente entre las prerrogativas dispuestas en los literales
d), j) y l) del artículo 4° de la Ley 472 en el régimen legal de transporte público y de
infraestructura vial.
51. Concretamente, la Sección Primera del Consejo de Estado, en las sentencias de
5 de julio de 201921, 24 de octubre de 201922, 26 de junio de 202023, 6 de agosto
de 202024, 24 de septiembre de 202025, 21 de enero de 202126 y 23 de julio de
202127, utilizó este concepto para estudiar el derecho y el deber correlativo del
Estado consistente en garantizar el acceso a una infraestructura pública vial o de
transporte terrestre en condiciones de seguridad.
52. En estos precedentes se explicó que el derecho al acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna, es una prerrogativa que debe leerse
a la luz de cada régimen jurídico especial, en la medida en que el legislador allí
definió los parámetros que el Estado -directa o indirectamente- y los particulares
deben acatar al prestar aquellas actividades tendientes a satisfacer los intereses
generales.
21
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2019. Radicación núm.: 15001-23-33-000-2017-00192-01.
C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Personería Municipal de Paz de Río – Boyacá vs Nación – Ministerio de Transporte y
otros.
22
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2017-00823-
01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Diana Constanza Baena Tabares y otros vs Nación – Ministerio de Transporte –
Instituto Nacional de Vías (Invías) y otros.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2018-00091-
01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Omer Adame Ángel y otros vs Nación – Ministerio de Transporte – Instituto Nacional
de Vías (Invías) y otros.
24
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2020. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2016-00235-
01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Edgar Fabián Ovalle Cuesta y otros vs Nación – Ministerio de Transporte – Instituto
Nacional de Vías (Invías) y otros.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020. Radicación núm.: 63001-33-33-004-2017-
00369-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Carlos Alberto Aguirre vs Nación – Ministerio de Transporte – Instituto
Nacional de Vías (Invías) y otros.
26
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2021. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2018-00145-
01. C.P: Nubia Margoth Peña Garzón. Carlos Eduardo Hernández García vs Departamento del Casanare y otros.
27
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de julio de 2021. Radicación núm.: 13001-23-33-000-2018-00715-
01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Amaury Puello Mercado vs municipios de San Estanislao, Arjona y Villanueva
(Bolívar).
13
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
53. En materia de transporte, el numeral 2° del artículo 3° de la Ley 105 de 199328
determinó que aquel servicio público está bajo la regulación del Estado, y se orienta
a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados
a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso,
calidad y seguridad de los usuarios.
54. El artículo 2.° de la Ley 1682 de 201329 agregó que “la infraestructura del
transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual
está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para
permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la
integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos”.
55. Por su parte, el artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 674 del Código
Civil30, el artículo 5° de la Ley 9ª de 198931 y el artículo 5° del Decreto 1504 de
199832, compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 201533, reconocieron
que la citada infraestructura es un bien de uso público destinado a la utilización y
disfrute colectivo.
56. La infraestructura vial, conforme a la Constitución y a las leyes 105 de 1993 y
769 de 200234, además de hacer parte del Sistema Nacional de Transporte,
justamente está diseñada y regulada con el propósito de garantizar la
materialización de los intereses de la colectividad35 relacionados con la libre
circulación por el territorio nacional, el acceso a los bienes afectados para el uso y
goce público, el acceso y expansión del comercio, el desarrollo social y económico,
y la prosperidad general, entre otras garantías difusas o supraindividuales.
28
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación
y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
29
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”.
30
“Artículo 674. <Bienes públicos y de uso público>. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la
República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos,
se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio”.
31
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones”.
“Artículo 5º. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, (…)
las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías”.
32
“Artículo 5º. (…) El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y
complementarios: (…) 2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:
a) Ares integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por:
i) Los componentes de los perfiles viales (…)
ii) Los componentes de los cruces o intersecciones”.
33
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
34
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
35
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2006. Radicación núm.:25000-23-26-000-
2004-01092-01(AP). C.P: Martha Sofia Sanz Tobón. Derecho colectivo “es todo aquel que se halla en cabeza de un grupo
social, que es de muchos, pero de nadie en particular, expuesto al agravio o vulnerado por la acción u omisión de la autoridad,
o de los particulares en casos excepcionales, el grupo o cualquiera de sus miembros en representación legal de todos, está
legitimado para reclamar ante el juez administrativo la protección de los derechos afectados, sin perjuicio de que exista o se
acuda a otro medio de defensa judicial”.
14
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
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57. Bajo esa perspectiva, la Ley 105 consagró el principio de “acceso al transporte”,
según el cual se debe garantizar que el usuario “pueda transportarse a través del
medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y
seguridad” 36. Aunado a ello, los artículos 19 y 20 de la Ley 105 complementaron
cuáles serían las entidades encargadas de garantizar en favor de los usuarios, las
infraestructuras viales.
58. El artículo 19 ibidem estableció que “[c]orresponde a la Nación y a las Entidades
Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los
componentes de [la infraestructura de transporte de] su propiedad, en los términos
establecidos en la presente Ley”. El artículo 20 mencionó que “[c]orresponde al
Ministerio de Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad
en la infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de
su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su
conservación y construcción […]”.
59. Precisamente, en la sentencia de 23 de julio de 2021, la Sala resolvió un caso
muy similar al ahora estudiado en el sentido de considerar que el mal estado de un
corredor veredal ameritaba el amparó del derecho colectivo de acceso a la
infraestructura pública vial o de transporte terrestre y, por ello, en esa oportunidad
ordenó a las entidades competentes la elaboración y ejecución de los estudios
encaminados a adecuar el referido tramo vial.
60. Como pudo observarse, en las primeras providencias de la Sección37, se habló
del “derecho colectivo a la infraestructura pública vial o de transporte terrestre”,
mientras que en la sentencia más reciente se refirió al “derecho colectivo a la
infraestructura pública vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad”.
En aras de clarificar y unificar el concepto del derecho en cuestión, la Sala
considera pertinente acoger la definición de derecho colectivo de acceso a la
infraestructura pública vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad,
toda vez que esta expresión es la que mejor se adecua a la conjunción de los
derechos colectivos relacionados con el espacio y bienes de uso público, el acceso
a las infraestructuras de servicios, el acceso eficiente y oportuno a los servicios
públicos y a la seguridad pública.
61. En este orden de ideas, resulta claro que la prerrogativa cuestionada por el
apelante no solo está desarrollando tres derechos colectivos enlistados
taxativamente en el artículo 4.° de la Ley 472, sino que además responde al último
inciso de ese precepto conforme al cual “igualmente son derechos e intereses
colectivos los definidos como tales en la Constitución (y en) las leyes ordinarias”.
62. Este derecho supraindividual abarca las garantías de libre circulación y tránsito
por el territorio nacional, el uso y goce de los bienes de uso público, la movilidad
como motor del desarrollo económico y del progreso social, el acceso al servicio de
36
Ley 105 de 1993, artículos 2.°, literal e., y 3.° y Ley 769 de 2002, artículos 1°. y 7.°.
37
Sentencias de 5 de julio de 2019, 24 de octubre de 2019, 26 de junio de 2020, 6 de agosto de 2020, 24 de septiembre de
2020, 21 de enero de 2021 y 23 de julio de 2021.
15
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
transporte público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la
prevención de desastres previsibles técnicamente y la seguridad pública.
63. Con base en lo anterior, y dado que el cargo estudiado no cuenta con vocación
de prosperidad por las razones expuestas, la Sala procede a determinar si, en el
caso de la referencia, los municipios accionados quebrantaron los derechos
amparados en la sentencia de 10 de marzo de 2023 o si, como lo adujo el municipio,
dicha afectación no fue demostrada en atención a las labores de afirmado del
terreno que periódicamente realiza la administración de Herveo.
V.2.2. De la transgresión de los derechos colectivos por cuenta del estado de
la vía objeto del debate judicial
64. El apelante en su segundo planteamiento afirmó que la parte actora no acreditó
la transgresión de los derechos colectivos amparados y, por el contrario, el
municipio de Herveo si demostró haber realizado acciones de mantenimiento del
tramo vial cuestionado, de acuerdo con sus capacidades económicas y técnicas.
65. Para resolver lo anterior, es pertinente recordar que, como lo afirma el apelante,
el artículo 30 de la Ley 472 encomendó la carga de la prueba al demandante. Sin
embargo, la misma norma reconoció que “si por razones de orden económico o
técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate
y con cargo a ella”.
66. No se debe olvidar que, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional en la
sentencia C-622 de 2007 “las acciones populares parten del supuesto de que
quienes las ejercen se encuentran en una situación de desigualdad”. Desde esta
perspectiva, “las acciones populares proponen optimizar los medios de defensa de
las personas frente a los poderes del Estado, de la administración pública
propiamente dicha y de los grupos y emporios económicos de mayor influencia, por
ser estos sectores quienes, en razón a su posición dominante frente a la mayoría
de la comunidad, están en capacidad de afectar o poner en peligro el interés
general”38.
67. Por ello, la Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999 reconoció que las
acciones populares no plantean en estricto sentido una controversia entre partes
con intereses subjetivos yuxtapuestos39. Contrario sensu, la finalidad de esta acción
es la salvaguarda de los derechos colectivos, de manera que el legislador dotó al
juez popular de amplios poderes en la etapa probatoria a efectos de evaluar la
verdad procesal.
38
Corte Constitucional, expediente D-6668, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
39
Corte Constitucional, expedientes D-2176, D- 2184 y D-2196 (acumulados), magistrado ponente: Martha Victoria Sáchica
de Moncaleano
16
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
68. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corporación40 ha sostenido que el
juez establece en cada caso cuál de las partes está en mejores condiciones de
probar los hechos alegados41. Lo cual no es óbice para que todos los sujetos
procesales cumplan el deber de lealtad que les asiste42.
69. Siendo ello así, el Tribunal Administrativo de Caldas, en la audiencia de 14 de
septiembre de 2022, decretó unas pruebas de oficio tras advertir que las autoridades
viales vinculadas eran las entidades interesadas en acreditar a quién le
correspondía la administración de ese tramo vial y cuáles eran sus condiciones de
seguridad y transitabilidad.
70. En el marco de lo anterior, el INVÍAS probó, en el documento denominado
“Informe de diagnóstico visual camino “La Libia – El Brasil” en el municipio de
Herveo Tolima” de octubre de 2022, que el trayecto acusado tiene una longitud de
9 km y se divide en tres tramos43.
71. El tramo 1, correspondiente a los K0+000 al K2+300, se caracterizó como un
“ascenso continuo, con una pendiente promedio de 13% [y] un ancho aproximado
de 4.5 m”. En dicho tramo se observó un “deficiente manejo de la escorrentía
superficial, dado lo anterior se presenta erosión superficial de la rasante, lo cual
dificulta el tránsito peatonal y en bestia”.
72. En relación con el tramo 2 –desde el K2+300 al K5+000–, el INVÍAS describió
que se trata de “un descenso continuo con una pendiente promedio de 15% [y] un
ancho aproximado de 4.2 m”. Al igual que el tramo anterior, se realizó el siguiente
diagnóstico:
“[…] se observa deficiente manejo de la escorrentía superficial, dado lo
anterior se presenta erosión superficial de la rasante lo cual dificulta el
tránsito peatonal y en bestia. […].
En general dichos tramos de cintas artesanales mejoran las condiciones
actuales, sin embargo, las mismas deben de ser intervenidas y mejoradas,
todo con el fin de poder garantizar un tránsito seguro […].
[…] se observó la necesidad de la construcción de dos muros reforzados,
todo con el fin de restituir el ancho de banca mínimo requerido […].
40
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005. Radicación núm.: 68001-23-15-000-1996-01898-01. María Elena Giraldo
Gómez.
41
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167: “Artículo 167. Carga de la prueba.
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a
la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares. (…)
42
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto de 2006, número
único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA CORREA PALACIO.
43
Expediente digital de la referencia, documento denominado “ED_3INFORMEVISUAL(.pdf) NroActua 2”.
17
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
En algunos sectores del presente tramo, se tiene la necesidad de hacer
remoción de deslizamientos presentados, así como el transporte y
conformación de dicho material en un sitio adecuado.
Dadas las condiciones encontradas en el tramo inicial y en el segundo tramo
hasta el K4+100, se pudo evidenciar que en su momento existió un trasado
(sic) geométrico técnicamente diseñado. […]”. (Negrilla fuera del texto).
73. Por último, frente al tramo 3 (K5+000 al K9+000), el ingeniero indicó que consiste
en un “descenso continuo, con una pendiente promedio de 9% [y] un ancho
aproximado de 4.2 m. Dicho tramo es el menos pendiente del camino, con una
topografía ondulada y de bajas pendientes”. Además, precisó que:
“[…]. Se evidencia que este último tramo se ubica sobre un es un depósito de
arena de gran espesor, con origen posiblemente entre volcánico y aluvial.
Dicho material hace que la estabilidad del sector sea muy susceptible a la
escorrentía y su poder erosivo. Dadas las anteriores condiciones, se
presenta erosión superficial de la rasante lo cual dificulta el tránsito peatonal
y en bestia.
En algunos tramos del camino se evidencia el antiguo corte para la
materialización de la carretera vehicular, sin embargo y dado el mal manejo
de la escorrentía superficial, la misma desapareció por socavamiento y
perdidas parciales de la banca. […].
Dada la inestabilidad de la capa de arena y material residual, como
consecuencia de su falta de consolidación, son evidentes las difíciles
condiciones del camino, hecho por el cual se presentan socavamientos
significativos y diferencias de nivel en el mismo camino de entre 1.5m y 2m
dentro de la sección transversal del mismo. […]”. (Negrilla fuera del texto).
74. Aefectos de recuperar los referidos tramos viales y garantizar un tránsito
vehicular seguro, el INVÍAS propuso la ejecución de las siguientes intervenciones:
“[…] 1. Se requiere programar un tiempo significativo de máquina, todo con el
fin de recuperar la rasante para que esta quede nivelada en su sección
transversal. La máquina que se puede utilizar es un retrocargador. Dentro del
presupuesto se tasa un presupuesto aproximado de dicha actividad en Horas
Máquina.
2.Adicionalmente se requiere mejorar la superficie actual de la vía mediante
la extensión y compactación de material granular tipo afirmado, todo con
el fin de mejorar las características superficiales del tramo y garantizar un
tránsito vehicular seguro. Dicha actividad está tasada en el presupuesto
mediante el ítem Mantenimiento Periódico.
3.Posteriormente y con le (sic) fin de amortiguar las fuertes pendientes de
algunos tramos del camino, se requiere la construcción de
aproximadamente 2160m de placas huella. Dicha actividad esta tasada en
el presupuesto mediante el ítem respectivo. Cabe aclarar que dentro de esta
actividad se tasa un presupuesto para el sobreacarreo del material granular
desde la vía nacional hasta el centro de gravedad del camino, todo con el fin
de que, solamente ante la imposibilidad de transporta el material en volqueta
hasta el sitio de cada obra, sea necesario transportarlo en camioneta.
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Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
4.Con el fin de garantizar la estabilidad de las placas huellas y el camino en
general, se requiere la construcción de por lo menos 43 alcantarillas.
Dicha actividad esta tasada en el presupuesto mediante el ítem respectivo.
Cabe aclarar que dentro de esta actividad se tasa un presupuesto para el
sobreacarreo del material granular desde la vía nacional hasta el centro de
gravedad del camino, todo con el fin de que, solamente ante la imposibilidad
de transporta el material en volqueta hasta el sitio de cada obra, sea necesario
transportarlo en camioneta.
5.Se requiere el retiro de deslizamientos que se han depositado sobre la
banca del camino, todo con el fin de ampliar la misma y garantizar el
ancho requerido para el posible tránsito vehicular.
6.Adicionalmente se requiere la construcción de obras adicionales como 2
muros reforzados, y dos bateas. Dichas actividades están tasadas en el
presupuesto mediante el ítem respectivo. Cabe aclarar que dentro de esta
actividad se tasa un presupuesto para el sobreacarreo del material granular
desde la vía nacional hasta el centro de gravedad del camino, todo con el fin
de que, solamente ante la imposibilidad de transporta el material en volqueta
hasta el sitio de cada obra, sea necesario transportarlo en camioneta.
7.Adicionalmente se requiere la construcción de un puente vehicular, el cual
dada la complejidad de la cimentación que debe de tener el mismo, sumado a
las características de la capa donde este se debe de cimentar, se requiere de
unos estudios y diseños fase tres, que permitan explorar mediante
perforaciones el terreno y de esta manera diseñar la infraestructura requerida
[…]”44. (Negrilla fuera del texto).
75. Ese informe ilustra las condiciones riesgosas del tramo vial, así:
44
Ibidem.
19
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
76. Aunado a lo anterior, el municipio de Herveo, mediante oficio de 12 de octubre
de 202245, allegó “informe de prueba documental”, conforme al cual esa
administración realizó mantenimiento rutinario a las vías terciarias del municipio
durante los años 2020 y 2021. En cuanto a la carretera en cuestión se precisó que:
“[…] hicieron presencia en la vía que parte del sitio La Libia en el sector de Cerro
Bravo hasta la Vereda el Brasil, con el fin de llevar a cabo la habilitación y
garantizar la transitabilidad de la vía, y ciertamente así se realizó en
aproximadamente 5 kilómetros, no obstante, el mantenimiento se detuvo en
razón a que en dos oportunidad las llantas de la retroexcavadora se
explotaron, y posteriormente la maquina termino con daños, que ocasionaron
su falta de funcionabilidad por varios meses”. (Negrilla fuera del texto).
77. El informe indica que “para la vigencia 2022, se tiene programa (sic) intervención
y habitación (sic) de la vía del sitio La Libia en el sector de Cerro Bravo hasta la
Vereda el Brasil, que garantice la transitabilidad de todo tipo de vehículos, animales
(caballos, mulas) y personas”. Concretamente, señala que se realizará “la
intervención y habilitación de la vía que de la Carretera Nacional conduce a la
Vereda el Brasil del Municipio de Herveo, a través de la maquinaria amarilla de
propiedad del Municipio, actividad que iniciaría su ejecución en el mes de diciembre
de 2022”. (Negrilla fuera del texto).
78. El documento pone de presente que “como entidad estamos prestos y nuestro
deber garantizar (sic) la transitabilidad de la vía, sin embargo, la exigencia de placa
huella es una pretensión que, para un Municipio como Herveo, no está dentro de
sus alcances presupuestales”.
79. En línea con lo anterior, la administración municipal planteó en el acta del “Comité
de conciliación y defensa judicial del municipio de Herveo – Tolima”, suscrita el 9 de
septiembre de 202246, las dificultades que afronta para costear la adecuación de la
vía en el modo placa huella, sin perjuicio de las intervenciones que puede adelantar
para habilitar su tránsito. Veamos:
“[…] hay que hacer alusión a la vía que se encuentra entre el punto de empalme
con la vía nacional y el centro poblado el Zancudo, es una vía que a pesar de no
estar pavimentada o tener estructura de placa huella, es una vía que en
diferentes vigencias ha sido intervenida por el Municipio de Herveo a través de
su maquinaria amarilla, garantizando la transitabilidad de la misma a los
habitantes de la Vereda Brasil que hace parte del Municipio […].
45
Ibid., documento denominado “ED_089ANEXOUNOPRUEBAPD(.pdf) NroActua 2”.
46
Ibid., documento denominado “ED_071ACTACOMITECONCILI(.pdf) NroActua 2”.
20
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
[…] la ejecución de una obra en placa huella de 9km desde el inicio de la
conexión de vía nacional hasta el centro poblado el zancudo y a cargo del
Municipio, es improcedente presupuestalmente pues el Municipio no tendría
la posibilidad económica de asumir la ejecución de una obra de esa
magnitud […]”. (Negrilla fuera del texto).
80. En el acta el municipio reconoció los factores de riesgo vial que fueron detectados
por el Invías, no solo en el tramo vial en cuestión, sino en “el 90% de las vías del
municipio de Herveo”:
“[…]. Advierte la Secretaría de Planeación e Infraestructura, que se tiene el 90%
de nuestras vías de tercer orden con necesidades mayores y realmente
peligrosas donde son múltiples las veredas afectadas, debido a las condiciones
de inestabilidad por movimientos de masa, desprendimientos de material,
palizadas que provocan la no transitabilidad de la mismas […]. (Negrilla fuera
del texto).
81. Con todo, el documento reconoce que es importante habilitar la vía afectada y,
por lo tanto, contiene la siguiente alternativa para proteger los derechos colectivos:
“El señor Alcalde en virtud de todo lo expuesto, manifiesta que es importante
entender la necesidades de la comunidad, y más aún en una tema de vías que
es la necesidad latente en muchos sectores del Municipio, y que si bien el
Municipio no cuenta con una disponibilidad presupuestal que oscila en los Once
Mil Millones de Pesos que se ha estimado pueda llegar a costar la ejecución de
esa obra de placa huella para los 9km, propone al comité presentar una fórmula
de pacto en este caso concreto, encaminada a velar por los intereses colectivos
de los habitantes de la Vereda el Brasil, en ese sentido proceder a la
intervención y habilitación de la vía a través de la maquinaria amarilla que el
Municipio ha procedido adquirir recientemente a través de proceso contractual y
que será entregada en el mes de octubre de 2022 al Municipio, esto es, a través
del buldócer proceder a realizar manteamiento de la vía, logrando su
habilitación y transitabilidad en condiciones normales, de tal manera que se
garantice el ingreso y salida a través de la misma por medio de vehículos
automotores y motocicletas.
Indica el señor alcalde que dicha intervención de la vía a la Vereda el Brasil de
Nuestro Municipio podría hacerse con seguridad entre el mes de noviembre y
diciembre de la presente vigencia […]”. (Negrilla fuera del texto).
82. En esa medida, el comité municipal de conciliación decidió desplegar la siguiente
estrategia:
“1- Proponer a los accionantes una fórmula de arreglo que, si bien no se traduce
concretamente en la satisfacción de las pretensiones invocada de manera expresa
en este trámite de protección de derechos e intereses colectivos, si está
encaminada a garantizar la efectividad de los derechos colectivos de los
habitantes de la Vereda el Brasil del Municipio de Herveo, esto es, la habitación
de la vía, de tal manera que se asegure la transitabilidad de la vía en
condiciones normales para todo tipo de vehículos y personas, mitigando los
riesgos inminentes para la comunidad.
2- Realizar la intervención y habilitación de la vía que de la Carretera Nacional
conduce a la Vereda el Brasil del Municipio de Herveo a través de la maquinaria
21
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
amarilla de propiedad del Municipio, actividad que iniciaría su ejecución entre el
mes de noviembre y diciembre de 2022 […].
3 – Que para la ejecución de las actividades necesarias para la intervención y la
habitación de la vía […], las familias que habitan esta vereda tengan en
consideración que debido a la temporada de lluvias que se ha pronosticado por el
IDEAM para este último trimestre del año 2022 e inicios de 2023, y del cual no es
ajeno el Municipio de Herveo, el trabajo a realizarse en la vía se extenderá durante
varias semanas, y su ejecución también penderá de las condiciones climáticas
que permitan el trabajo de la Maquinaria en condiciones de seguridad.
4- Que el Municipio de Herveo convocará a las demás entidades accionadas en
este trámite de protección de derechos e intereses colectivos, a una mesa de
trabajo a fin de lograr formular un proyecto que permita la consecución de
recursos de diferentes entidades tanto del orden nacional, como
departamental, este es, Tolima y Caldas, de tal manera que pueda estructurarse
un presupuesto suficiente que permita la construcción de placa huella a que hace
referencia el presente caso.
5- De no ser aceptada la presente formula, el Municipio de igual manera
procederá a realizar la intervención y habilitación de la vía a través de los
medios técnicos administrativos y presupuestales que se encuentran a su
alcance y disposición […]”. (Negrilla fuera del texto).
83. Pues bien, en virtud de los medios de prueba obrantes en el proceso, la Sala
concluye que, aunque la administración municipal de Herveo ha desarrollado
diversas gestiones y actividades tendientes a habilitar y mantener el acceso y
tránsito seguro de la vía en cuestión, lo cierto es que esas acciones aún no han sido
implementadas en todo el trayecto.
84. Como pudo observarse, la misma administración municipal ha reconocido que
las acciones periódicas de mantenimiento solo abarcan “aproximadamente 5
kilómetros”, y que no se pudo proseguir con dichas labores debido a los daños que
sufrió la maquinaria utilizada.
85. Así pues, los diagnósticos elaborados por el Invías y por la administración de
Herveo concluyen que las características del tramo vial comprendido entre los
sectores “La Libia” y “El Brasil” no permiten el libre tránsito de los habitantes del
sector. Pero también está acreditado que esas condiciones representan un riesgo
para la vida y la integridad de las personas que requieren movilizarse, debido a los
fenómenos de “erosión superficial rasante” y “socavamiento”.
86. En otras palabras, las circunstancias de descuido de la vía La Libia – El Brasil
generan una situación de riesgo que atenta contra la seguridad de los usuarios. De
manera que el tramo vial no solo requiere intervenciones que faciliten la movilidad,
sino, prioritariamente, medidas de reforzamiento estructural, manejo de aguas
lluvias y de escorrentía, remoción de material deslizado sobre la banca y tratamiento
de la inestabilidad de los suelos.
87. La misma administración recurrente reconoció que tenía programada para finales
de 2022 la intervención, habilitación y mantenimiento de la vía a efectos de “atender
las necesidades de la comunidad” y “garantizar la transitabilidad [en condiciones
22
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
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normales] de todo tipo de vehículos y personas mitigando los riesgos inminentes
para la comunidad”. Por ello, manifestó que era adecuado conformar una mesa de
trabajo y articularse con el municipio de Marulanda y las administraciones
departamentales para cooperar en la construcción de la placa huella que pretenden
los accionantes.
88. En dichos términos, la Sala corrobora la afectación de los derechos colectivos
amparados, precisamente porque el municipio de Herveo no demostró haber
finalizado las tareas de intervención y habilitación de la totalidad del corredor vial en
cuestión, pese a que lo considera necesario para menguar el “riesgo inminente” y
satisfacer la libertad de tránsito que les asiste a los habitantes del territorio.
89. Ahora bien, en su recurso de apelación el municipio admitió que los riesgos o
amenazas viales, como los deslizamientos de taludes, no solo se presentan en la
vía en cuestión, sino que “son constantes” en todo el municipio debido a su
condición topográfica y a las precipitaciones. Por lo tanto, estimó que la
transitabilidad de vehículos es una cuestión “anormal”.
90. Frente a dicho reparo, la Sala pone de presente que una situación generalizada
de perturbación de derechos colectivos no se puede normalizar, y mucho menos es
un argumento que atenúe la amenaza contra la seguridad de los usuarios de la vía,
o exima de responsabilidad al ente territorial accionado. Por el contrario, esto devela
el incumplimiento de sus deberes asociados a la planificación ambiental sostenible
y segura del territorio y de las infraestructuras para el aprovechamiento colectivo.
91. Nótese cómo, independientemente de si se trata de una situación generalizada
de riesgo que perjudica la transitabilidad de la mayoría de los corredores viales del
municipio, el apelante reconoce que la vía afectada debe ser objeto de “intervención
constante y recurrente en diferentes épocas del año” a fin de “garantizar el ingreso
y salida de las comunidades que habitan en diferentes sectores rurales de nuestro
municipio”.
92. Adicionalmente, frente al argumento relacionado con el incumplimiento de las
cargas procesales de la parte actora, cabe agregar que el hecho de que el material
probatorio haya sido recaudado por diferentes sujetos procesales, de ninguna
manera invalida el proceso o la sentencia impugnada.
93. Es más, en virtud del principio de contradicción de la prueba, el municipio podía
demostrar el inicio de las actividades de intervención de la vía, que según su dicho
se desarrollarían entre finales de 2022 y principios de 2023. Sin embargo, a la fecha,
la administración local no aportó ninguna información al respecto y tampoco solicitó
el decreto de una prueba sobre el punto en esta instancia judicial.
94. Esto significa que, luego de verificar la transgresión de los derechos colectivos
“al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”,
“al acceso a la infraestructura pública vial o de transporte terrestre”, y “a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente”, la Sala evaluará la validez de
23
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
las razones que a juicio de la apoderada judicial del municipio de Herveo le impiden
dar cumplimiento a las órdenes de amparo.
V.2.3. Sobre la razonabilidad de las órdenes de amparo
95. En el tercer planteamiento el municipio recurrente alegó que la sentencia de
primera instancia no consideró la realidad económica, presupuestal y técnica del
municipio de Herveo.
96. Sostuvo que los estudios y diseños de readecuación de la vía escapan de las
capacidades técnicas y presupuestales de la administración municipal, toda vez que
los recursos afectados para el sector de transporte no alcanzarían para ejecutar las
obras recomendadas por el Invías, máxime cuando los mismos no se pueden
asignar únicamente para la vía en cuestión, sino que se deben distribuir para
satisfacer las necesidades de toda la red vial del municipio.
97. Aseguró que la elaboración de esos estudios y la ejecución de las obras
respectivas “no garantiza que la vía no siga presentando dificultades en su tránsito,
pues los deslizamientos y taludes son una constante, y por más que exista una vía
pavimentada, si no existe una intervención constante y recurrente en diferentes
épocas del año la obra que deba ejecutarse no surtirá efecto alguno”.
98. Por tales motivos, el apelante solicitó que las medidas de amparo sean
substituidas por “el mantenimiento de la vía en como mínimo 2 periodos al año, la
atención inmediata por deslizamientos y la intervención de puntos críticos”.
99. Por último, el municipio de Herveo cuestionó la suficiencia de los plazos
concedidos para el cumplimiento de la sentencia, insistiendo en “las condiciones
presupuestales del municipio”. Y, añadió que, si bien la administración local puede
acudir a diversas fuentes de financiación, “estos proyectos son muy demorados en
su canalización, aprobación y posterior materialización”.
100. Pues bien, en relación con la impugnación que se estudia, se debe precisar que
la orden judicial de realización de “estudios y diseños para determinar las obras que
se requieren en la vía”, no supone que la administración municipal deba asumir
indiscutiblemente la totalidad de las actividades y los costos contenidos en el
documento de diagnóstico y recomendaciones presentado por el Invías.
101. Es cierto que el a quo acudió a dicho documento para indagar sobre el estado
del corredor vial, los riesgos que se están ocasionando y las actividades que se
deben planificar para garantizar el tránsito seguro de las personas. Sin embargo, el
apelante se equivoca cuando afirma que los estudios y diseños “arrojarán
seguramente la ejecución de una obra de pavimentación o placa huella de 9km” o
que “arrojarán una obra que excede el presupuesto de la entidad”, aludiendo al
documento de “presupuesto aproximado” allegado por el Invías.
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Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
102. Debe recordarse que el tribunal de primera instancia no ordenó la elaboración
de estudios y diseños para la ejecución de una obra específica de “pavimentación
o placa huella” de la vía, ni mucho menos la realización de todas las obras que se
encuentran inscritas en el documento de “presupuesto aproximado”. El Tribunal
Administrativo de Caldas ordenó al municipio de Herveo que, por medio de unos
estudios y diseños, determinara cuáles son las obras que permitirán el tránsito
seguro y adecuado por la vía afectada:
“[…]. TERCERO: En consecuencia, SE ORDENA al municipio de Herveo - Tolima
que, realice las gestiones y actuaciones administrativas y presupuestales
necesarias para obtener recursos económicos con el fin de, realizar los estudios
y diseños para determinar las obras que se requieren en la vía que inicia
desde el sitio “La Libia” en el sector de Cerro Bravo hasta el centro poblado “El
Brasil”, con el fin de permitir el paso de vehículos en condiciones adecuadas
y seguras. […]”. (Negrilla fuera del texto).
103. La Sala destaca que el numeral 1.2 del Manual de Diseño Geométrico de
Carreteras de 2008, adoptado como Norma Técnica mediante la Resolución 0744
del 4 de marzo del 200947 y modificado a través de la Resolución 20213040041135
del 13 de septiembre de 202148, establece cuál es la clasificación de las carreteras
según su funcionalidad y según el tipo de terreno.
104. Respecto de las vías terciarias dicho manual señala que esas vías “deben
funcionar en afirmado” y “en caso de pavimentarse deberán cumplir con las
condiciones geométricas estipuladas para las vías Secundarias”. Esto significa que
la norma técnica no exige obligatoriamente el funcionamiento de esta tipología de
rutas en “placa huella” como lo solicitaron los demandantes.
105. Aunado a ello, esta Sección en la sentencia de 23 de noviembre de 202349
recordó que la Ley 105, en sus artículos 15, 20, 41, 42, 43, 44, 45 y 46, adoptó una
serie de herramientas de planeación financiera que orientan de forma ordenada los
presupuestos de los programas y proyectos de inversión pública nacional y territorial
de la malla vial50. Sin lugar a dudas, el factor de conveniencia y necesidad es clave
a la hora de priorizar los proyectos de expansión vial. Dicho factor es un margen de
razonabilidad considerado al impartir justicia respecto del adecuado funcionamiento
de la malla vial.
106. Por ello, la única lectura admisible de las órdenes de restablecimiento en el caso
concreto es aquella que reconoce que el municipio de Herveo realizará un
diagnóstico a efectos de determinar cuáles son las acciones necesarias para
47
“Por la cual se actualiza el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras”.
48
“Por el cual se adiciona un numeral al capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, adoptado mediante
Resolución No. 000744 del 04 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte”.
49
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre de 2023. Radicación núm.: 17001-23-33-000-2019-
00188-01. C.P Germán Eduardo Osorio Cifuentes, demandante: Enrique Arbeláez Mutis.
50
El artículo 2 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013 define la infraestructura de transporte como «un sistema de
movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el
cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los
bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos». Dicha infraestructura se caracteriza «[…] por ser
inteligente, eficiente, multimodal, segura [ ], de acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al
cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos
sus modos». (art. 3)
25
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
conjurar la afectación de los derechos colectivos, sin que ello abarque
necesariamente la pavimentación de la ruta, pues todo dependerá de la evaluación
y priorización respectiva. Eso si garantizando la adopción de medidas de corrección
y mitigación de los riesgos actuales asociados a las condiciones naturales del
territorio.
107. En tal virtud, la Sala concluye que no existe una presunta falta de capacidad
técnica del municipio para concretar la orden mencionada, pues está demostrado
que la administración cuenta con maquinaria amarilla de su propiedad con la que
ha desarrollado actividades parciales de mantenimiento y afirmado de la vía, y en
virtud de las cuales se comprometió a “habilitar y asegurar la transitabilidad de la
vía en condiciones normales para todo tipo de vehículos y personas mitigando los
riesgos inminentes para la comunidad”. Aunado a ello, valga recordar que su
apoderada judicial manifestó en el escrito de la apelación que “ciertamente
podríamos adelantar los estudios y diseños”.
108. Ahora, tampoco le asiste razón al municipio de Herveo cuando asegura que los
estudios y diseños no garantizan que la vía “no siga presentando dificultades en su
tránsito”, pues justamente la funcionalidad de un documento diagnóstico es conocer
y valorar las condiciones técnicas de la vía a fin de garantizar su buen estado y su
tránsito seguro en el mediano y largo plazo.
109. En efecto, el hecho de que la administración deba observar directrices técnicas
durante la ejecución de obras públicas obedece al principio de eficiencia de la
actividad administrativa, con el cual se busca generar la mayor cantidad de
beneficios, a partir del uso razonado de los recursos disponibles51.
110. Los estudios y diseños permitirán planear mejor el trazado de la vía, previniendo
y mitigando los factores de riesgo que se activan periódicamente -en época de
lluvias- y que afectan la movilidad segura de los habitantes. Esto denota el
tratamiento responsable del patrimonio público, pues así se evitan las
intervenciones indefinidas con maquinaria amarilla, se propende por la
perdurabilidad de las obras y se protege de mejor manera a los usuarios de la vía.
111. Por otro lado, la Sala observa que tampoco existe una presunta falta de
capacidad económica del municipio de Herveo, pues, en primer lugar, se reitera que
el Tribunal no le ordenó realizar una vía tipo “placa huella en concreto” ni mucho
menos a asumir la totalidad de costos expuestos en el documento de “presupuesto
aproximado”.
112. De tal modo, el argumento presupuestal no tiene cabida en esta instancia toda
vez que, hasta que no se realicen los estudios y diseños del caso, no se tendrá un
51
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la defensa del patrimonio público atañe a “que los recursos del
Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales”.
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 31 de mayo de 2002. Rad.N.°
25000-23-24-000-1999-9001-01 (AP 300). C. P.: Ligia López Díaz. “[…]. Por patrimonio público debe entenderse la totalidad
de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones
conforme a la legislación positiva […]”.
26
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
valor concreto de las obras a ejecutar. Máxime cuando la misma administración
municipal de Herveo puede acudir a otras fuentes de financiación y se comprometió
a convocar a las autoridades competentes “a una mesa de trabajo a fin de lograr
formular un proyecto que permita la consecución de recursos de diferentes
entidades tanto del orden nacional, como departamental”.
113. De cualquier forma, es oportuno precisar que, conforme a la reiterada
jurisprudencia de esta Sección, “[…] los trámites presupuestales y de planeación, la
falta de disponibilidad presupuestal o de recursos económicos, no es de ninguna
manera un argumento válido para desvirtuar la afectación de los derechos colectivos
y mucho menos para cohibir al juez de la acción popular de adoptar las medidas de
amparo que las circunstancias ameriten en aras de la protección de tales derechos.
[En consecuencia] [e]s obligación […] [del municipio de Herveo] desplegar, dentro
del marco jurídico establecido, todas las gestiones técnicas y administrativas
pertinentes en materia de planeación y programación presupuestal, a fin de ejecutar
las obras, proyectos o actividades necesarias para salvaguardar los derechos
colectivos afectados”52.
114. Finalmente, la Sala no considera que los plazos otorgados por el tribunal para
el cumplimiento de la sentencia sean insuficientes, inicialmente porque la
apoderada judicial del municipio de Herveo no expuso ni demostró razones sólidas
para extenderlos. A esto se agrega que, desde finales del año 2022, esa
administración viene ejecutando labores de habilitación de la vía sin demostrar cuál
es el avance de esas intervenciones.
115. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 10 de marzo de 2023,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
Además, para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, se modificará el
ordinal séptimo de la sentencia impugnada a efectos de integrar el comité de
verificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472. Y, se
exhortará a los departamentos de Tolima y Caldas con miras a que coordinen sus
actuaciones en procura del mejoramiento continuo de la infraestructura vial del
sector, en el marco de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias de
apoyo técnico y financiero.
116. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del
Código General del Proceso y atendiendo al criterio de unificación sostenido en la
providencia de 6 de agosto de 2019, no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de octubre de 2001.
Radicación núm.:2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de septiembre de 2002, Rad. N.° 2001-00303-
01, C. P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril de 2008, Rad. N.° 2001-01961-01, C. P: María Claudia Rojas Lasso; 15 de
septiembre de 2011, Rad. N.° 2004-01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad. N.° 2011-00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala;
15 de diciembre de 2016, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés (E); 11 de mayo de 2020, Rad. N.° 2010-01363-01, C. P:
Oswaldo Giraldo López; 26 de junio de 2020, Rad. N.° 2018-00091-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de junio
de 2021, Rad. N.° 2010-01320-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
27
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de 10 de
marzo de 2023, el cual quedará así:
“SÉPTIMO: ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación, el cual
estará integrado por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-, por los actores
populares y su coadyuvante, por el municipio de Herveo, por el municipio de
Marulanda, por el defensor regional del pueblo y por el agente del Ministerio
Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de
1998.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 10 de marzo de 2023
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: EXHORTAR a los departamentos de Tolima y Caldas con miras a que
coordinen sus actuaciones en procura del mejoramiento continuo de la
infraestructura vial del sector, en el marco de sus funciones constitucionales, legales
y reglamentarias de apoyo técnico y financiero.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
28
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00071-01
Demandantes: Pedro Ocampo Parra y otros
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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