Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2022-00093-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00093-01
Demandante: JHON MARIO FERRER MURILLO
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 16 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Primera de Decisión, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de
tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 3 de mayo de la presente anualidad1, el señor Jhon Mario Ferrer Murillo interpuso
acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión del trámite impartido a una solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Formuló las
siguientes pretensiones:
Que se amparen los derechos constitucionales vulnerados
Que se tenga por presentada la solicitud de conciliación en las fechas de la
radicación física o [e]lectrónica
1
Se advierte que, el 24 de mayo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00093-01
Demandante: Jhon Mario Ferrer Murillo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Sentencia de tutela de segunda instancia
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:
El 24 de septiembre de 2020, el abogado Jhon Mario Ferrer Murillo, en calidad de
apoderado judicial de la señora María Consuelo Toro Cano y otros, remitió solicitud
de conciliación extrajudicial a la Procuraduría General de la Nación, a través de la
empresa de servicio postal Servientrega; sin embargo, le fue devuelta para que la
radicara virtualmente, en atención a las condiciones generadas por la pandemia de
Covid-19.
Por tal razón, el 3 de noviembre de 2020, presentó la solicitud de manera virtual,
correspondiéndole el conocimiento a la Procuraduría 28 Judicial II delegada para
Asuntos Administrativos, con radicado SIGDEA E-2020-573675.
Expuso el accionante que, el 20 de febrero de 2021, presentó una petición para que
se le informara el estado del trámite de la conciliación, «toda vez que no había
recibido información sobre la misma por medio del canal digital
«admin.sigdea@procuraduria.gov.co». La entidad dio respuesta el 20 de agosto de
2021, informándole que, mediante auto del 10 de noviembre de 2020, notificado el
12 de noviembre siguiente en el correo electrónico jmferrermurrillo17@gmail.com,
se inadmitió la solicitud de conciliación y se le concedió el término de cinco días
para subsanarla, sin que se hubiese pronunciado o recurrido la decisión, razón por
la cual, el 27 de enero de 2021, la entidad tuvo la conciliación por desistida y por
no presentada.
El 8 de noviembre de 2021, el demandante pidió que se le informara la dirección
desde la cual se envió la notificación del auto que inadmitió la solicitud conciliación.
Dicha petición fue resuelta el 29 de noviembre siguiente, indicándole que la
notificación se hizo desde el correo institucional gagudelo@procuraduria.gov.co,
empleado adscrito a quien, para ese entonces, era el sustanciador del despacho a
cargo.
El 27 de enero de 2022, el actor manifestó a la entidad que no encontró en su correo
las notificaciones mencionadas. Que, además, estaba en desacuerdo con que se
hubiese enviado desde el correo electrónico gagudelo@procuraduria.gov.co y no
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Radicación: 17001-23-33-000-2022-00093-01
Demandante: Jhon Mario Ferrer Murillo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Sentencia de tutela de segunda instancia
desde la dirección admin.sigdea@procuraduria.gov.co, además de generarle
preocupación que las razones de la inadmisión corresponden a requisitos que no
debieron exigir por estar cumplidos desde el momento de la radicación.
El 28 de enero de la presente anualidad, la accionada reiteró, frente a la última
petición, que la notificación se efectuó desde un correo electrónico institucional a la
dirección electrónica informada por el solicitante, que la dirección
admin.sigdea@procuraduria.gov.co no está destinada a la interacción con los
usuarios, sino para remitir respuestas automáticas a los destinatarios. En cuanto a
los reparos porque la solicitud de conciliación cumplía todos los requisitos, señaló
que esos argumentos debieron exponerse dentro del término otorgado para
subsanar la inadmisión.
Finalmente, el demandante sostuvo que la notificación aludida por la entidad
accionada no fue realizada desde un buzón de notificaciones judiciales, que no
consta que hubiesen intentado conexión telefónica y que las causales de
inadmisión no fueron debidamente notificadas y no corresponden con los
documentos aportados al momento de la radicación.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 4 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas, por
intermedio del magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, admitió
la tutela contra el Procuraduría General de la Nación y, además, ordenó que se
notificara a la Procuraduría 28 Judicial II delegada para Asuntos Administrativos,
para que rindieran un informe sobre los hechos que motivaron la demanda de tutela.
2.1 El procurador 28 judicial II para asuntos administrativos de Manizales explicó
que la solicitud de conciliación extrajudicial radicada por el accionante fue
inadmitida en auto del 10 de noviembre de 2020 y notificada el 12 de noviembre
siguiente, al correo electrónico autorizado (jmferrermurillo17@gmail.com).
Que como el interesado no se pronunció frente a los requisitos exigidos, ni interpuso
recursos contra la decisión, en auto del 27 de enero de 2021 se tuvo por desistida
y por no presentada la referida solicitud. Esta decisión también le fue notificada a
la parte interesada.
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
Sentencia de tutela de segunda instancia
2.2 La Procuraduría General de la Nación, a través de la Oficina Jurídica, reiteró
los argumentos del procurador 28 judicial II para asuntos administrativos y agregó
que la cuenta admin.sigdea@procuraduria.gov.co es el medio a través del cual el
Sistema de Información Documental (SIGDEA) de la PGN acusa recibo del trámite
elevado por los peticionarios en la sede virtual, pero no es el correo desde el que
se dan respuestas a las distintas solicitudes.
En escrito posterior, señaló que el coordinador del Grupo de Infraestructura de la
Oficina de Sistemas de la PGN indicó que la notificación efectivamente fue enviada
desde un correo institucional (gagudelo@procuraduria.gov.co) al correo
jmferrermurillo17@gmail.com, pudiéndose garantizar que el mensaje sí salió de la
bandeja de entrada del remitente.
3. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, en sentencia del
16 de mayo de 2022, declaró improcedente la acción de tutela.
El a quo sostuvo que las decisiones tomadas en el trámite de conciliación
extrajudicial eran asimilables a las decisiones judiciales, por lo cual el requisito de
inmediatez debía examinarse de manera más rigurosa.
En consonancia con lo anterior, consideró que la tutela no cumplía con dicho
presupuesto, en atención al tiempo transcurrido desde que se formuló la petición
del 20 de febrero de 2021 en la que consultó sobre el estado del trámite de la
conciliación. De modo que, ante la importancia del referido trámite para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, reprochó que el apoderado
permaneciera inactivo «a la espera de respuestas, y tan solo ahora en fecha 3 de
mayo de 2022 formule demanda de tutela para enunciar posible afectación de los
derechos fundamentales».
Agregó que, a pesar de los cuestionamientos del demandante sobre la notificación,
la entidad accionada aportó pruebas de las decisiones dictadas y de las
notificaciones enviadas a la dirección de correo electrónico autorizada.
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Sentencia de tutela de segunda instancia
4. Impugnación
En la impugnación, la parte actora argumentó que está probado que radicó en dos
ocasiones, una de manera física y otra digital, la solicitud de conciliación
extrajudicial con todos los requisitos contenidos en el Decreto 1167 de 2016; sin
embargo, la solicitud fue inadmitida desconociendo la realidad fáctica y jurídica.
Agregó que la inadmisión no fue notificada desde el buzón oficial de la entidad, de
manera que ello permitiera su identificación.
Frente a la inmediatez, expuso que, en el caso concreto, la oportunidad para acudir
a la tutela debía analizarse a partir del momento en que la accionada dio respuesta
a la solicitud sobre el estado del trámite, esto es, desde el 28 de enero de 2022, por
lo que no habrían transcurrido más de 4 meses entre esa fecha y aquella en la cual
se presentó la solicitud de amparo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.
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Sentencia de tutela de segunda instancia
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante el cual se declaró
improcedente la solicitud de amparo.
Para el efecto, se deberá analizar preliminarmente si el accionante se encuentra
legitimado por activa para ejercer la acción de tutela. Solo en el evento de que se
concluya que el señor Jhon Mario Ferrer Murillo está legitimado para para presentar
la solicitud de amparo, la Sala determinará si se cumplen con los requisitos
generales de la tutela, en caso afirmativo, se abordará el estudio de fondo, con el
fin de establecer si la entidad accionada vulneró o no los derechos fundamentales
invocados.
3. Análisis de la Sala
3.1. De la legitimación para ejercer la acción de tutela
El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado
para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Empero, dicha regla supone que el actor de tutela debe estar legitimado en la causa
por activa, en la medida en que solo podrá ejercer esta acción constitucional quien
reclame la protección de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de lo
que se establece respecto de la agencia oficiosa de derechos, como lo dispone el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
De esta manera, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de protección
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Radicación: 17001-23-33-000-2022-00093-01
Demandante: Jhon Mario Ferrer Murillo
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constitucional supone que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la
legitimación en la causa por activa2.
La jurisprudencia constitucional precisó que, en los casos en los cuales se ejerza la
acción de tutela mediante representante judicial, el poder debe ser otorgado
mediante escrito que se presumirá auténtico, únicamente puede estar dirigido a un
profesional del derecho y debe ser especial. Por este último motivo, el poder
otorgado para iniciar un proceso judicial diferente no supone la facultad para
interponer una demanda de tutela por hechos derivados de él3.
• Análisis de la legitimación en la causa en el caso concreto.
La presente solicitud de amparo fue presentada por el abogado Jhon Mario Ferrer
Murillo, quien dijo reclamar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; sin embargo, la Sala advierte
que la parte actora no aportó el poder que la faculte para acudir en sede de tutela,
en aras de obtener el resguardo constitucional reclamado.
En el fondo, los derechos que se debaten no son los del abogado, sino los de los
convocantes en el trámite extrajudicial de conciliación que constituyeron apoderado
para tal efecto. Ese hecho –el mandato– no traslada la titularidad de los derechos
de los eventuales demandantes, ni hace que surjan unos autónomos en cabeza del
profesional del derecho.
Valga insistir en que, si bien el abogado Ferrer Murillo invocó la protección de sus
propios derechos fundamentales, lo cierto es que los argumentos de la tutela se
encaminan a cuestionar las actuaciones de la Procuraduría, por la supuesta
indebida o ausencia de notificación de los actos proferidos el 10 de noviembre de
2020 y el 27 de enero de 2021, en el trámite de la solicitud de conciliación
extrajudicial que radicó en calidad de apoderado de los señores María Consuelo
Toro Cano, Victoria Eugenia Rendón Toro y Julián Rendón Toro.
En materia de tutela, es cierto que el interesado puede acudir ante el juez por medio
de apoderado judicial, pero también lo es que, en ese caso, el profesional del
derecho debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar, pues, de lo
2
Al respecto, ver la sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016.
3
Al respecto, ver la sentencia T- 531 de 2002.
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contrario, se configurará un auténtico caso de falta de legitimación en la causa por
activa. En cuanto a la especificidad del poder para ejercer la acción de tutela, esto
ha sostenido la Corte Constitucional:
La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento
en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no
se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial;
(iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional
del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser
abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no
se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para
solicitar el amparo constitucional4.
Queda claro, entonces, que la existencia del poder para intervenir en otros asuntos
–como el del trámite de la conciliación extrajudicial– no habilita al apoderado para
ejercer la acción de tutela, que tiene como objeto específico la protección de los
derechos fundamentales, dado que «este mecanismo de defensa judicial no admite
que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro
y demandar protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza
a la acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa»5.
En esa misma línea de pensamiento ya se ha pronunciado esta Subsección, entre
otras, en las sentencias del 5 de marzo de 20216 y del 20 de mayo de 20227. En
esta última providencia se expuso:
De entrada, la Sala advierte que, si bien la señora Shirley Lorena Calderón
Márquez actuó como apoderada de Karen Lizeth Romero Ávila, Juan Francisco
Romero Ávila y William Romero Ávila en el trámite de conciliación extrajudicial,
lo cierto es que ello no la faculta para promover a nombre propio la demanda
de tutela, toda vez que, como lo ha precisado la Corte Constitucional y esta
Subsección así lo ha ratificado, para ello solo están legitimadas las partes del
proceso, por ser quienes pueden reclamar la protección de derechos
fundamentales propios.
Así las cosas, en el presente asunto es claro que solo actúan como accionantes
Karen Lizeth Romero Ávila, Juan Francisco Romero Ávila y William Romero
Ávila, razón por la que se confirmará la sentencia adoptada por el a quo frente
a la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Calderón Márquez.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
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Radicado 25000-23-15-000-2020-02851-01, M.P. María Adriana Marín.
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Radicado 25000-23-15-000-2022-00120-01, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación: 17001-23-33-000-2022-00093-01
Demandante: Jhon Mario Ferrer Murillo
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Sentencia de tutela de segunda instancia
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela, pero por considerar que el abogado Jhon
Mario Ferrer Murillo carece de legitimación en la causa por activa para interponerla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 16 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, por las razones aquí
expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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