Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00399-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2016-00399-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato de prestación de servicios
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00399-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2016-00399-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
5 de agosto de 2021
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / TIEMPO PARA CÓMPUTO EN PENSIÓN DE JUBILACIÓN / PERSONAL CIVIL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD / SANCIÓN MORATORIA / CONDENA EN COSTAS
[…] [L]a Ley 100 de 1993 en su artículo 248, numeral 6.°, otorgó facultades extraordinarias al Gobierno nacional para que, en el término de 6 meses, organizara el sistema de salud de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el citado Decreto 1214 de 1990, en lo referente a: (i) organización estructural, (ii) niveles de atención médica y grados de complejidad, (iii) organización funcional, (iv) régimen que incluya normas científicas y administrativas y (v) régimen de prestación de servicios de salud. […] [E]l ejecutivo expidió el Decreto 1301 de 1994, «Por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así como del de sus entidades descentralizadas», compuesto por los subsistemas de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional, dirigidos, en su orden, por los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo que se refiere al régimen salarial del personal vinculado a dichos Institutos, el artículo 88 del mismo Decreto 1301 de 1994 […] De acuerdo con el panorama normativo y jurisprudencial descrito, en lo referente al caso se advierte que a los empleados públicos incorporados a las plantas de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 y aquellos que ingresaron con posterioridad se rigen por dicha Ley, en lo no contemplado por esa norma, se remitirá al título VI del Decreto 1214 de 1990 (parágrafo, artículo 55 de la Ley 352 de 1997).[…] [E]l a quo consideró que a la demandante le asiste derecho a la pensión de jubilación establecida en el artículo 98 de del Decreto 1214 de 1990 […] [L]a Sala, dicha controversia debe resolverse a la luz del principio del indubio pro operario, y de cara a los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social, toda vez que el reconocimiento de dichos tiempos como útiles para efectos pensionales implica inferir que los aportes en pensión fueron efectuados por la entidad como empleador de la señora (…) siendo la consecuencia lógica que dicha «relación laboral» goce de efectividad para que le sea aplicado el Decreto Ley 1214 de 1990, entendiéndose, por tanto, que se encontraba vinculada al sistema de seguridad social de los empleados civiles del Ministerio de Defensa, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 . […] [D]ichos intereses moratorios se deben cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que no se encuentran cobijadas por el régimen general de la Ley 100 de 1993. […] [L]a Sala debe señalar que, tal como se ha considerado en otras oportunidades. «[…] el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es la negativa de la entidad a efectuar el pago, tal y como lo ha considerado en otras oportunidades esta Corporación».[…] [R]esulta necesario hacer una distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis. […] [N]o se impondrá condena en costas de segunda instancia toda vez que apelaron ambas partes y se les resolvió de forma negativa el recurso interpuesto, a la luz de lo señalado por el artículo 365 del CGP, numeral 1.º por lo que se entienden compensadas.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 248 NUMERAL 6 / DECRETO 1214 DE 1990 / DECRETO 1301 DE 1994 / LEY 352 DE 1997 – ARTÍCULO 55 / CGP - ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 19001-23-33-000-2016-00399-01(6094-18)
Actor: GLORIA MARÍA ARANGO BERNAL
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TIEMPO PARA CÓMPUTO EN PENSIÓN DE JUBILACIÓN – DECRETO 1214 DE 1990, PERSONAL CIVIL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD.
ASUNTO
1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de 23 de agosto de 2018, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Gloria María Arango Bernal contra la Nación, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Gloria María Arango Bernal, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, formuló las siguientes pretensiones:
Declarar la nulidad del Oficio núm. 403897 de 21 de diciembre de 2015, suscrito por el director general de Sanidad Militar, a través del cual se le negó su solicitud de elaboración y expedición de la hoja de servicios, así como el cómputo, para efectos pensionales, del período laborado entre el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994.
Declarar la nulidad del acto presunto de la administración frente a la petición presentada el 20 de octubre de 2015 radicado núm. MDN-UGG-EXT-15-111295, referente al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, ante el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional.
Declarar la existencia de una relación laboral subordinada entre la demandante y la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, desde el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994.
Declarar que el tiempo señalado en el numeral anterior debe ser considerado para el cómputo y liquidación de las prestaciones sociales, entre ellas la pensión de jubilación, «vivienda y cesantías definitivas», así como para la elaboración de la hoja de servicios señalada en el artículo 144 del Decreto Ley 1214 de 1990.
A título de restablecimiento solicitó condenar a la entidad demandada a:
Elaborar su hoja de vida o liquidación de servicios con el cómputo del período transcurrido entre el 1.° de noviembre de 1993 al 25 de septiembre de 1994, como odontóloga «especialista jefe» del Batallón de Infantería No. 7. «General José Hilario López» de Popayán y desde el 26 de septiembre de 1994 y hasta la fecha de emisión de la sentencia, en el mismo cargo.
Reconocerle y pagarle la pensión de jubilación, prevista en el artículo 98 o en subsidio del artículo 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, a partir del 2 de noviembre de 2013, día siguiente a la fecha de adquisición del estatus, en cuantía equivalente al 75% del último salario devengado, con base en las partidas del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Pagarle las mesadas pensionales adeudadas desde el 2 de noviembre de 2013, incluyendo las dos mesadas adicionales, sumas que según solicitó, deben ser reajustadas en la forma prevista por el artículo 118 del Decreto 1212 de 1990.
Incluir a la demandante en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares o en su defecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud para la prestación de los servicios médico-asistenciales.
Indexar las sumas resultantes y que se « condene a la entidad al pago de los intereses moratorios señalados en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2007, efectivos a partir del 21 de febrero de 2016, día siguiente al vencimiento del plazo legal previsto para haberse efectuado el reconocimiento».
Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y s.s. del CPACA.
Condenar en costas a la entidad accionada.
2.1.2. Supuestos fácticos
3. Se indicó en la demanda que la señora Gloria María Arango Bernal prestó sus servicios como odontóloga en el Batallón de Infantería «José Hilario López» de Popayán, desde el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 1.° de septiembre de 1994 bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.
4. Luego, fue nombrada mediante Resolución núm. 10393 de 26 de septiembre de 1994, como especialista en el cargo de odontóloga en el Batallón José Hilario López.
5. Como se indicó en el certificado laboral núm. 397963 de 23 de octubre de 2015 la demandante desempeñó los cargos de odontóloga del 26 de septiembre de 1994 hasta el 1.° de marzo de 1996 y como odontóloga grado 9 desde el 1.° de marzo «hasta la fecha».
6. El 20 de octubre de 2015 presentó solicitud de reconocimiento pensional, con el cómputo del tiempo laborado a través de contrato de prestación de servicios, sin que, hasta el momento de la presentación de la demanda, se haya dado respuesta a lo pedido, configurándose de esta manera el silencio administrativo negativo.
7. El 9 de diciembre de 2015 realizó solicitud para la elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento del periodo laborado por contrato de prestación de servicios para liquidación de prestaciones sociales y reconocimiento de la pensión de jubilación, la cual fue resuelta de forma negativa a través del Oficio 403897 de 21 de diciembre de 2017.
2.1.3. Concepto de violación
8. Como normas transgredidas mencionó los artículos 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1.°, 2.°, 6.° y 9.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1.°, 2.° y 9.° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos y Culturales «Protocolo de San Salvador».
9. Asimismo, el preámbulo, y los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 11, 12, 13, 23, 25, 29, 42, 43, 44, 45, 48, 53, 85, 93, 150 ( numeral 19 literal e), 209 y 366 de la Constitución Política; 98, 99, 103, 118, 142, 143 y 144 del Decreto 1214 de 1990, 1.° de la Ley 33 de 1985, 2.° y 10 de la Ley 4.° de 1992, 151, 272 y 279 de la Ley 100 de 1993, 19 del Decreto 656 de 1994 y 88 de la Ley 1328 de 2009.
10. Según el apoderado, en el tiempo comprendido entre el 1.° de noviembre de 1993 al 25 de septiembre de 1994 la demandante fue contratada bajo la modalidad de prestación de servicios, empero, en este caso se reunieron los elementos del contrato realidad tales como relación laboral subordinada, toda vez que la accionante cumplió con horarios, imposición de turnos y órdenes de sus superiores, por lo que actuó bajo los parámetros de una relación laboral.
11. Debido a ello, debe contabilizarse dicho periodo, para la elaboración de la hoja de servicios y el consecuente reconocimiento de sus prestaciones sociales y la pensión de jubilación al laborar a través de una relación de carácter subordinado, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
12. Explicó que para el personal vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la pensión de jubilación se encuentra regulada en el Decreto 1214 de 1990, pues precisamente el artículo 279 de la Ley 100 exceptuó de su aplicación a los empleados que se regían por tal decreto.
13. Finalmente indicó que en concordancia con la Ley 33 de 1985, el régimen pensional que rige al personal civil del Ministerio de Defensa es un régimen especial por lo que no se aplica a la normatividad general.
2.2. Contestación
2.2.1. Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, actuando por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que los actos administrativos demandados deben preservarse toda vez que las pretensiones de la demandante carecen de sustento fáctico.
14. En este sentido indicó que, si bien durante el lapso comprendido entre el primero de noviembre de 1993 y el 25 de septiembre de 1994 la señora Arango Bernal suscribió contrato de prestación de servicios con la entidad, no se generó una relación laboral toda vez que la demandante fue contratista y no estaba vinculada a la planta de la entidad.
15. Además, el constituyente no estableció el mismo trato jurídico para la relación laboral y para la vinculación contractual por prestación de servicios con el Estado toda vez que «la relación laboral tiene una amplia protección superior».
16. Según lo explicó que en el contrato se pactaron unos honorarios, incluidos los descuentos de ley, pagaderos por periodos mensuales vencidos, de acuerdo con los informes de gestión y presentación de las constancias de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, las cuales le corresponde asumir a la parte actora.
17. Según lo anterior, el contrato se desarrolló bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, por un tiempo determinado, con plena autonomía técnica y administrativa del contratista, sin relación de subordinación y dependencia, razón por la cual no puede considerarse a la demandante como trabajadora oficial o empleada pública.
18. Por último, formuló las excepciones de «caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho», «legalidad del acto demandado», «inexistencia de prueba del vínculo laboral», «excepción de inexistencia de relación laboral, contrato de prestación de servicios y ausencia de vinculación laboral», «legalidad de la contratación con la demandante» y de «no vulneración de normas constitucionales ni legales».
2.3. La sentencia apelada
19. El 23 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.
20. En primer lugar, el Tribunal advirtió que en este caso no se configuró la excepción de caducidad toda vez que en el proceso se pretendió el reconocimiento de una prestación periódica que no estaba sujeta a término de caducidad según lo establecido por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; al mismo tiempo, la notificación del acto carecía de los elementos señalados en el artículo 67 de la citada norma cuya consecuencia es la invalidez de la misma por lo que debía tomarse la notificación por conducta concluyente con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial.
21. Además, lo que debía analizarse era la posible prescripción de derechos laborales más no la figura de la caducidad que advertía como no probada.
22. Con posterioridad se refirió a las figuras del contrato realidad y del contrato de prestación de servicios y la figura de la prescripción de los derechos prestacionales derivados del contrato realidad, para lo cual se refirió a la sentencia del Consejo de Estado de 9 de abril de 2014 proferida dentro del proceso, radicado interno 0131-2013, de la cual extrajo que la solicitud debe realizarse por el interesado dentro de un término prudencial que no puede exceder el de la prescripción de los derechos prestacionales y salariales como son los 3 años contados desde que finalizó la relación contractual so pena de la prescripción de los citados emolumentos, derivados de la relación laboral
23. En igual sentido, realizó una relación probatoria de los documentos allegados, así como de las declaraciones recaudadas de los señores Yolanda Parra Barco, Marleny Pinzón de Mejía, José Samuel Aguirre Fonseca, Emery Alfonso López Ortiz, José Antonio Timaná Catuché, y Camilo Pérez.
24. A partir de ellas coligió que la demandante prestó de manera personal el servicio, desde el año 1993, como odontóloga para realizar la atención de los usuarios, además realizaba acciones cívico militares, que consistían en un acercamiento a la comunidad civil, teniendo que desplazarse a los pueblos o veredas para asistir a la población. Además, percibía una remuneración como se probó en los recibos de pago por concepto de los servicios médicos prestados y se acreditó la subordinación comoquiera recibía órdenes tales como el cumplimiento estricto del horario (8:00 a.m. a 12.00 m.) por parte del comandante y del jefe de Sanidad del Dispensario Médico, teniendo que estar disponible para emergencias y actividades extras por fuera de la institución, sin poderse ausentar de su lugar de trabajo sin el respectivo permiso.
25. Además, estimó que la labor de odontología era propia del área de sanidad del Ejército Nacional, tanto así que quien desempeñó el cargo con anterioridad a la demandante se encontraba nombrada legal y reglamentariamente.
26. En consecuencia, como se desvirtuó la presunción contenida en el inciso 3.° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por la acreditación de la subordinación, se estructuraron los parámetros para la configuración de un contrato realidad desde el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994.
27. Con posterioridad se refirió a la pensión de jubilación establecida en los artículos 98 y 99 del Decreto Ley 1214 de 1990 y al artículo 279 donde indicó que el sistema integral de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional ni al personal regido por el Decreto 1214 de 1990 con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de dicha norma y consideró que en este caso como se acreditó la existencia de una verdadera relación laboral disfrazada mediante la prestación de servicios que se originó en septiembre de 1993, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 era aplicable al caso concreto del Decreto Ley 1214 de 1990, pues si bien el contrato realidad no otorgaba la calidad de empleado público tampoco podían desconocerse sus consecuencias como eran el reconocimiento de los aportes para pensión y su imprescriptibilidad derivados del contrato realidad como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 toda vez que esto podría repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas acorde con la realidad laboral.
28. Indicó que el Consejo de Estado, frente a casos de pensión gracia de docentes, ha entendido que los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios deben ser computados para los efectos de reconocimiento de dicha prestación, razón por la cual en este caso como la señora Arango Bernal se había vinculado a través de un contrato realidad, con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 su pensión debía regularse por lo señalado en el Decreto Ley 1214 de 1990.
29. Por tanto, como la señora Gloria María Arango Bernal continuó laborando al servicio del Ministerio de Defensa desde el 1.° de noviembre de 1993 sin que se haya acreditado su desvinculación, se cumplió el requisito de tiempo de servicios establecido en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, por lo accedió al reconocimiento pensional.
30. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados, estableció que entre la demandante y la entidad accionada existió una verdadera relación laboral desde el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994, periodo que debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.
31. Ordenó el reconocimiento pensional tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102 del citado Decreto 1214, desde el 1.° de noviembre de 2013, pero con efectividad desde el momento en que acredite el retiro definitivo del servicio, por lo que no había lugar al pago del retroactivo pensional.
32. Frente a la figura de la prescripción explicó que, en este caso, la reclamación de los derechos laborales derivados del contrato realidad se hizo en forma extemporánea, con lo que se extinguieron los derechos prestacionales solicitados toda vez que la petición se formuló hasta el 20 de octubre de 2015 y tampoco se solicitó ante la administración «la vivienda y las cesantías definitivas». Empero, los derechos derivados de la seguridad social sí eran de carácter imprescriptible como es el caso de los elementos que configuran las pensiones.
33. Finalmente negó las demás pretensiones de la demanda e impuso la condena en costas a cargo de la entidad demandada.
2.4. Salvamento de voto.
34. El magistrado Carlos Jaramillo Delgado presentó salvamento de voto frente a la anterior decisión judicial, en el cual indicó que en virtud del contrato realidad la accionante no adquirió la condición de servidora pública, con lo cual no era posible el reconocimiento pensional a la luz del Decreto Ley 1214 de 1990 que exigía su vinculación con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
2.5. Razones de la apelación
2.5.1. La apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional señaló que la señora Gloria María Arango Bernal se desempeñó en dos períodos, siendo el primero desde el 1993 a 1994 en el dispensario médico del Batallón de ASPC de la ciudad de Popayán y en el segundo, a partir del año 1994 cuando fue nombrada mediante acto administrativo en la planta de personal del Ejército Nacional.
35. Dijo que fueron dos tipos de relaciones diferentes y que la vinculación contractual con la entidad finalizó en el año 1994, por lo que la oportunidad para demandar la posible configuración de un contrato realidad con la entidad feneció en el año 1997 pues la demandante tenía tres años después de finalizado dicho contrato para reclamar la posible configuración del contrato realidad y al impetrar el derecho de petición en el año 2015, la parte accionante solo intentó revivir términos cuando efectuó su solicitud en el año 2015.
36. Citó la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 y señaló que no puede pensarse que no hubo solución de continuidad en la relación laboral de la demandante, por lo que frente a la época en que prestó sus servicios como contratista, debe contarse la prescripción desde el año 1994, la cual aplica para todas las prestaciones.
37. Indicó que no debió reconocerse la pensión de jubilación toda vez que sólo se estudió el requisito del tiempo, por lo que «el Despacho debió negar la pretensión de reconocimiento de pensión, para en su lugar someterla al cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos para acceder a ella y proceder sólo a pronunciarse sobre la solicitud de contrato realidad».
38. Por el hecho de haberse declarado una relación laboral con la entidad no le otorga a la demandante la calidad de empleada pública y por lo tanto no cumpliría con el requisito para acceder al derecho pensional reclamado bajo la vigencia del Decreto 1214 de 1990; como sustento de esta afirmación citó la sentencia de 11 de mayo de 2017, radicado 1668-17.
2.5.2. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación en el cual manifestó que debía accederse al reconocimiento de la pensión de jubilación desde la fecha del estatus pensional (1.° de noviembre de 2013) sin que pudiera exigirse el retiro del servicio para su pago, pues no existía ninguna incompatibilidad para percibirla junto con el salario, como lo señalaba el artículo 128 constitucional porque tenía carácter indemnizatorio por los perjuicios irrogados por el acto ilegal.
39. Igualmente indicó que debe accederse al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009 y en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 comoquiera que la entidad debió reconocer la pensión de jubilación el 21 de febrero de 2016, 4 meses después de la radicación de la solicitud en vía administrativa.
2.6. Trámite en segunda instancia
40. Por autos calendados el 26 de marzo de 2019 y el 21 de mayo de 2019, este despacho resolvió admitir el recurso de apelación y correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, respectivamente.
2.6.1. El apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional insistió en que en este caso no se le podía otorgar el carácter de empleada publica a la demandante en virtud del contrato de prestación de servicios y por ende no se podía acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que la única vinculación válida como servidora pública ocurrió con posterioridad a 1994.
41. Dijo además que el Tribunal no analizó en debida forma el elemento de subordinación.
42. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
43. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
45. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones, como ocurre en el sub lite.
3.2. Problemas jurídicos
46. Conforme al marco de apelación, corresponde a la Sala de Subsección establecer (i) si es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante, con la inclusión de tiempos, laborados a través de contrato de prestación de servicios en el Ministerio de Defensa Nacional; (ii) si en este caso ocurrió la prescripción de los derechos prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios, (iii) en el sub lite el reconocimiento pensional debió ordenarse desde el 3 de noviembre de 2013 y, (iv) si debe condenarse a la entidad al pago de los intereses moratorios solicitados en la demanda.
47. Para resolver los anteriores interrogantes se establecerá en primer lugar la posición de la Corporación frente al tema, a efectos de verificar si debe confirmarse o revocarse la decisión de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3.3. Primer problema jurídico. ¿Es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación a la demandante, con la inclusión de tiempos, que se señala, laboró a través de contrato de prestación de servicios en el Ministerio de Defensa Nacional?
3.3.1. Del régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
48. El Decreto 1214 de 1990, «Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», en su artículo 2.º previó que integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional. Asimismo, estableció que quienes prestaran sus servicios en los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y unidades administrativas especiales, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional, no tienen la condición de personal civil de esa cartera ni de la Policía Nacional, por lo que se regirían por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada uno de ellos.
49. Luego, la Ley 100 de 1993 en su artículo 248, numeral 6.°, otorgó facultades extraordinarias al Gobierno nacional para que, en el término de 6 meses, organizara el sistema de salud de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y del personal regido por el citado Decreto 1214 de 1990, en lo referente a: (i) organización estructural, (ii) niveles de atención médica y grados de complejidad, (iii) organización funcional, (iv) régimen que incluya normas científicas y administrativas y (v) régimen de prestación de servicios de salud.
50. De conformidad con lo anterior, el ejecutivo expidió el Decreto 1301 de 1994, «Por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así como del de sus entidades descentralizadas», compuesto por los subsistemas de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional, dirigidos, en su orden, por los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
51. En lo que se refiere al régimen salarial del personal vinculado a dichos Institutos, el artículo 88 del mismo Decreto 1301 de 1994 dispuso:
«Régimen salarial del personal. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.».
52. Conforme con la disposición en cita, los empleados públicos y trabajadores oficiales que a 27 de junio de 1994, fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de esa anualidad, prestaran sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y se hubieren vinculado o incorporado a la planta de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarían sometidos al régimen salarial que para esta clase de servidores determinara el Gobierno nacional.
53. Igualmente, precisó que dichos servidores serían excluidos de la normativa que gobierna al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, esto es, la contemplada en el Decreto 1214 de 1990.
54. En lo que se refiere al régimen prestacional, el artículo 89 del mencionado Decreto 1301 de 1994 determinó que los empleados públicos y trabajadores oficiales de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, estarían sometidos a lo prescrito en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2701 de 1988 (en lo relativo a las demás prestaciones sociales no contempladas en aquella norma).
55. Asimismo, señaló que los servidores públicos que ingresen a los citados Institutos y que vinieran vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1.º de abril de 1994), continuarían cobijados por el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990.
56. Con posterioridad se profirió la Ley 352 de 1997 a través de la cual se restructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que, además, dispuso la supresión y liquidación de tales institutos y determinó la incorporación de sus empleados a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional. Asimismo, en relación con el régimen prestacional y salarial de estos empleados, estableció:
«Artículo 55. Régimen Prestacional. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Parágrafo. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen».
«Artículo 56. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso.»(Negrilla de la Sala).
57. Como se aprecia, en cuanto al régimen prestacional, la norma en cita respetó los derechos adquiridos del personal que venía vinculado con los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, en el sentido de que quienes estuviesen vinculados con anterioridad a entrar en vigor la Ley 100 de 1993, continuarían sometidos a la aplicación integral del título VI del Decreto ley 1214, referido únicamente a la seguridad y bienestar social.
58. Mediante el Decreto 3062 de 1997, «por el cual se dictan normas para la liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares», se reglamentó la incorporación de servidores a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional donde se estableció lo siguiente:
«Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o al Hospital Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos conforme al artículo 54 de la Ley 352 de 1997.»
«Artículo 3º. La incorporación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de que trata el artículo 2º del presente decreto se hará teniendo en cuenta las siguientes garantías:
1. El personal que se incorpore a las Plantas de Personal de Salud que para tal efecto se creen en el Ministerio de Defensa Nacional o en el Hospital Militar Central según sea el caso, no requerirá la presentación o cumplimiento de ningún requisito adicional.
2. En ningún caso la incorporación implica solución de continuidad para ningún efecto legal ni desmejoramiento en las condiciones laborales y salariales, ni liquidación de prestaciones sociales para los empleados públicos y los trabajadores oficiales que prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que se incorporen en las Plantas de Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional o en el Hospital Militar Central.
3. La incorporación no produce la terminación, suspensión o modificación del vínculo laboral existente, llámese relación legal y reglamentaria en el caso de los empleados públicos o contrato de trabajo en el caso de los trabajadores oficiales.
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado a esta Entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición.
Igualmente al personal vinculado al Hospital Militar Central con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 Se le continuará aplicando el Régimen Prestacional consagrado en el Decreto 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
[…]».
59. Por su parte, el Decreto 133 de 1998, «Por el cual se dictan normas para la liquidación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional», determinó similares condiciones para la incorporación de servidores a la planta de la Policía Nacional:
«Artículo 2°. Los empleados públicos que actualmente prestan sus servicios en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional-Inssponal, se incorporarán a la planta de personal de la Policía Nacional, respetando los derechos adquiridos conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 352 de 1997 así:
1. El personal que se incorpore a las plantas de personal en las Direcciones de Sanidad y Bienestar de la Policía Nacional, cuya estructura orgánica fue desarrollada mediante Decreto número 2158 del 1° de septiembre de 1997, no requerirán la presentación o cumplimiento de ningún requisito adicional.
2. En ningún caso la incorporación implica solución de continuidad para ningún efecto legal ni desmejoramiento en las condiciones laborales y salariales, ni liquidación de prestaciones sociales para los empleados públicos que presten sus servicios en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y que se incorporen a la planta de personal de la Policía Nacional.
3. La incorporación no produce la terminación, suspensión o modificación del vinculo laboral existente de los empleados públicos a incorporar en la planta de personal de la Policía Nacional.
4. En materia prestacional a los empleados públicos del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a la planta de personal de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a esta entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto 1214 de 1990 y las normas que lo modifiquen o adicionen. Los demás empleados públicos que se incorporen a la Policía Nacional por virtud de la Ley 352 de 1997 quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993, y en lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
5. A los empleados públicos del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a la planta de personal de la Policía Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
60. A continuación, a través de la Ley 1033 de 18 de julio de 2006, el Congreso de la República unificó las condiciones salariales y prestacionales de los aludidos servidores, con excepción de las pensionales, a través de un «[…] régimen de Carrera Especial», objetivo para el cual autorizó al ejecutivo para expedir normas con fuerza material de ley orientadas a (i) establecer «[…] el sistema especial de carrera del Sector Defensa, para el ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los empleados públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal»; y (ii) «[…] modificar y determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades que integran el sector Defensa».
61. Ahora bien, mediante sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 de 12 de diciembre de 2019, expediente 25000-23-42-000-2016-04235-01 (901-2018), se fijaron las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:
«63. Entre la vigencia del Decreto 1301 de 1994 y de la Ley 352 de 1997, aplican las siguientes reglas:
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.
64. A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997 los empleados públicos que antes prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas:
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
65. Con la Ley 1033 de 2006 se unificó el régimen de administración de personal que se aplica al personal civil vinculado a los Organismos y Dependencias del Sector Defensa. Por ello, los empleos públicos del personal civil y no uniformado asignados a la Dirección General de Sanidad Militar pertenecen a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, a quienes se les aplican las siguientes reglas:
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
[…]
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional […].
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente en la planta global del sector Defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997. (Subrayas de la Sala)
62. De acuerdo con el panorama normativo y jurisprudencial descrito, en lo referente al caso se advierte que a los empleados públicos incorporados a las plantas de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 y aquellos que ingresaron con posterioridad se rigen por dicha Ley, en lo no contemplado por esa norma, se remitirá al título VI del Decreto 1214 de 1990 (parágrafo, artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
3.3.2. Cómputo de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
63. En este caso se tiene que la demandante reclama el reconocimiento pensional a la luz de lo señalado el Decreto 1214 de 1990, por completar más de 20 años de servicios, con la inclusión del periodo laborado entre el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994, en el cual adujo que desempeñó las mismas funciones.
64. El Tribunal Administrativo del Cauca estimó procedente acceder al reconocimiento pensional al considerar que este podía ser consecuencial a la declaración de existencia de la «relación laboral en virtud de un contrato realidad», por lo cual ordenó a la demandada a pagar la pensión de jubilación establecida en el Decreto 1214 de 1990, a partir de la fecha de retiro de la demandante, al advertir que no tendría ningún efecto haber acreditado la relación laboral si no se atiende a dicho lapso laborado a través del contrato de prestación de servicios, para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
65. Al respecto, considera la Sala que tal argumento es válido por los siguientes motivos:
66. En primer lugar, existe una clara línea jurisprudencial de esta Corporación en la que ha considerado que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
67. Uno de los efectos del restablecimiento del derecho, cuando se advierte la configuración del contrato realidad, consiste en el reconocimiento de los aportes para pensión, frente a los cuales la Sección Segunda, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, estableció que no es dable aplicar el fenómeno de la prescripción, en atención a la condición periódica del derecho pensional, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.
68. Dicha interpretación se basó en los siguientes postulados constitucionales:
«[…]
i) El derecho a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales (entre estos, el derecho a la pensión), que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto tienen relación directa con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad humana.
ii) El principio in dubio pro operario, conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a los intereses del trabajador, premisa contenida tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como en el 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
iii) El derecho constitucional fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario para todos aquellos que prestan (o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera relación laboral, cualquiera que sea su denominación (servidor público o contratista), a quienes habrá de protegerse especialmente la posibilidad de acceder a un derecho pensional.
iv) El principio de no regresividad, que implica el avance o desarrollo en el nivel de protección de los trabajadores, en armonía con el mandato de progresividad, que se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.
[…]».
69. En esa oportunidad explicó la Corporación que tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que prevé el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal trámite), en armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial.
70. En este sentido, cuando en casos como el presente el objeto de la litis está claramente demarcado por las pretensiones de solicitud de declaración de existencia de contrato realidad y de reconocimiento pensional, por parte del funcionario judicial debe analizarse, si una vez verificada la prosperidad de la primera pretensión, se satisfacen los demás requisitos exigidos para el reconocimiento pensional, prerrogativa del ordenamiento jurídico, que se funda en los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social.
71. En esta línea argumentativa, y una vez satisfechos los elementos procedimentales del derecho a la defensa y el debido proceso, no existe ningún impedimento para que bajo la misma cuerda procesal puedan analizarse ambos ejes de la controversia, mucho más cuando en estos casos se hallan involucrados derechos de linaje constitucional fundamental de accionantes de la tercera edad.
72. Ahora bien esta Sala en sentencia de 6 de febrero de 2020, explicó que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes:
El primero, referido al caso en que se persiga la declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales, evento en el que debe darse previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento de la sentencia.
El segundo escenario se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de periodos laborados la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del lapso desempeñado en cada una de aquellas.
73. Igualmente es de anotar que en la citada decisión de 6 de febrero de esta anualidad se reconocieron tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios para efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación docente a la luz de la 33 de 1985, donde se estimó lo siguiente:
«[…]
Para este caso, se encuentra probado que el demandante cuenta con más de 64 años, por lo que no se compadece con los postulados constitucionales que imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado, exigirle la presentación de un nuevo proceso ordinario para demandar el reconocimiento pensional. Como se dijo, tales usuarios de la justicia deben ser objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, atendiendo el tiempo extenso que podría transcurrir la resolución de un nuevo conflicto ante la jurisdicción a través del trámite de un proceso ordinario promovido únicamente para acreditar un mes y medio de labor, cuando, como se dijo, en los certificados laborales se indicó que seguía laborando en el departamento de Norte de Santander como docente y por cuanto la entidad no refirió su desvinculación en la contestación.
Por esta razón, advierte la Sala que en este caso debe dar aplicación las reglas establecidas en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en tanto constituye precedente vinculante de obligatoria aplicación «para los casos que guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada, como sucede en el sub judice, dado que la providencia apelada no ha quedado ejecutoriada».
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el demandante tiene derecho a su reconocimiento pensional a luz de lo señalado por la Ley 33 de 1985, y las reglas de unificación dictadas por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia citada ut supra, […]».
74. Igualmente esta Corporación ha atendido tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia dentro de un mismo proceso judicial, tal como lo ha señalado la Subsección B, Sección Segunda, al señalar:
«[…] conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido recientemente esta corporación, se han validado esos períodos para que sean computados con el ejercido en propiedad, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, dado que esa situación particular desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, y porque los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, porque deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.»
75. Asimismo en sentencia de 12 de noviembre de 2020, esta Subsección accedió al reconocimiento pensional a la luz del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con ello a la aplicación de los requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo de la Ley 33 de 1985 con el tiempo servido a través de la figura del contrato realidad, al estimar lo siguiente:
«[…] Como se aprecia de lo anterior el demandante acreditó los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral. Igualmente se tiene que cumplió con los requisitos del reconocimiento pensional comoquiera que demostró en total un tiempo de servicio al INCORA de 20 años, 2 meses y 30 días y cumplió 55 años de edad el 28 de junio de 2001, fecha en se consolidaron los requisitos de edad y tiempo de servicios para el reconocimiento pensional, al serle aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, comoquiera que a 1.º de abril de 1994 tenía acreditados 18 años de servicios.
70. Esto en aras de la prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, frente a una persona de la tercera edad a quien imponerle la carga de volver a presentar la demanda para acceder al reconocimiento pensional constituye un desacierto que no se ajusta a los principios que rigen el Estado Social de Derecho.
[…]».
76. Lo anterior no obsta para señalar que debe cumplirse con la carga probatoria que encierra el contrato de prestación de servicios, a efectos de establecer con claridad el periodo de inicio y terminación de cada contrato, su objeto y la institución con la cual se celebró el contrato. Igualmente deberá determinarse dónde se efectuaron los aportes pensionales, para efectos de determinar la posibilidad de perseguir la cuota parte pensional y la entidad de previsión o ente responsable de ella.
3.3.3. Caso concreto
77. En el sub lite, se probaron los siguientes hechos:
La señora Gloria María Arango Bernal, nació el 17 de agosto de 1962.
A folio 26 obra certificación de 25 de noviembre de 2014, proferida por el comandante del Batallón de Infantería No. 7 General José Hilario López, en el que señaló:
«[…] la Doctora Gloria María Arango Bernal identificada con la Cédula de Ciudadanía No 51.657.110 de Bogotá, laboró en el Batallón de Infantería No 7 “General José Hilario López”, con sede en la Ciudad de Popayán Cauca, adscrito a la Vigésima Novena Brida (sic) del Ejército Nacional, en el lapso comprendido de noviembre de 1993 hasta septiembre de 1994, así:
No.
CLASE DE DOCUMENTO
FECHA
VALOR
1
EGRESO DE FONDOS
28-NOV- 1993
$53.400.00
2
EGRESO DE FONDOS
30-NOV- 1993
$60.000.00
3
EGRESO DE FONDOS
30-NOV- 1993
$53.400.00
4
EGRESO DE FONDOS
30-NOV- 1993
$60.000.00
5
EGRESO DE FONDOS
03-DIC- 1993
$106.800.00
6
EGRESO DE FONDOS
03- ENE-1994
$106.800.00
7
EGRESO DE FONDOS
28- FEB-1994
$120.000.00
8
EGRESO DE FONDOS
26- MAR-1994
$106.000.00
9
EGRESO DE FONDOS
30- ABR-1994
$108.000.00
10
CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS
30- ABR-1994
$120.000.00
11
CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS
30- ABR-1994
$108.000.00
12
EGRESO DE FONDOS
31-MAY-1994
$356.850.00
13
EGRESO DE FONDOS
31-MAY-1994
$396.500.00
14
EGRESO DE FONDOS
30-JUN-1994
$85.500.00
15
EGRESO DE FONDOS
30-JUN-1994
$108.000.00
16
EGRESO DE FONDOS
30-JUL-1994
$355.510.00
17
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
30-JUL-1994
$359.100.00
18
EGRESO DE FONDOS
31- AGO-1994
$117.000.00
19
CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS
31- AGO-1994
$130.000.00
20
EGRESO DE FONDOS
30-SEP-1994
$117.000.00
Igualmente, a folios 86 a 129 se allegaron los siguientes documentos:
Comprobante de egreso, de 29 de noviembre de 1993 a favor de la demandante por concepto «cancelación art. depósitos especiales oficiales servicios médicos retirados mes de noviembre de 1993» por valor de $53.400.
Comprobante de egresos, de 30 de noviembre de 1993, a favor de la demandante, por concepto de materiales y suministros de servicios médicos, por valor de $53.400.
Recibo de pago por valor de $60.000, por «servicios odontológicos» dinero cancelado a la accionante.
Comprobante de egresos de fondos de 29 de diciembre de 1993 por $106.800, a favor de la señora Arango Bernal por «servicios médicos».
Recibo de pago de 30 de diciembre de 1993, por valor de $120.000, por los servicios médicos odontológicos prestados al personal retirado de esa entidad.
Recibo de pago de 31 de enero de 1994, realizado a la señora Arango Bernal, por valor de $120.000 por los servicios médicos odontológicos prestados al personal retirado de esa entidad.
Comprobante de egresos de 30 de enero de 1994, a favor de la demandante, por concepto de «depósitos especiales oficiales mes de enero de 1994» por la suma de $106.800.
Recibo de pago de 28 de febrero de 1994, a favor de la accionante por la suma de $120.000 por concepto de servicios médicos odontológicos prestados al personal de esa entidad.
Comprobante de egresos de fondos, de 26 de marzo de 1994, a favor de la accionante por concepto de «depósitos especiales servicios médicos personal retirado mes de febrero 94», por $106.800.
Comprobante de egresos de fondos, de 30 de abril de 1994, por concepto de «depósitos especiales oficiales servicios médicos retirados mes de abril 94» esto por la suma de $108.000.
Contrato sin formalidades plenas núm 9, «dependencia solicitante sanidad» de 30 de abril de 1994, donde aparece como contratista la demandante, por «servicios médicos a retirados tratamientos odontológicos» por valor de $120.000.
Comprobante de egresos de fondos de 31 de mayo de 1994 cancelado a la demandante por valor de otros conceptos servicios por el mes de mayo de 1994 y por una suma de $356.650.
Contrato sin formalidades plenas, de 27 de junio de 1994, celebrado entre el mayor Carlos Iván Ramírez Yáñez y la señora Gloria María Arango, por valor de $356.850. Su objeto es ilegible.
Comprobante de egresos de fondos, de 30 de junio de 1994, cancelado a la demandante por servicios médicos del mes de junio de 1994 y por un valor de $85.500.
Contrato sin formalidades plenas de 30 de julio de 1994 celebrado con la demandante por valor de $359.510; su objeto ilegible.
Comprobante de egresos de fondos de 30 de julio de 1994, cancelado a la señora Arango Bernal por los servicios médicos prestados en el mes de julio de 1994 y por un valor de $355.510.
Contrato sin formalidades plenas de 31 de agosto de 1994 celebrado entre el mayor Jairo Restrepo Correa y la señora Arango Bernal por valor de $130.000. (objeto ilegible).
Comprobante de egresos de fondos, de 31 de agosto de 1994, por $130.000 cancelados a la demandante por concepto de servicios médicos prestados.
Contrato sin formalidades plenas de 30 de septiembre de 1994, celebrado entre el mayor Jairo Restrepo Correa y la señora Gloria María Arango Bernal por valor de $130.000. No se puede advertir su objeto toda vez que es ilegible.
Comprobante de egresos de fondos del 30 de septiembre de 1994, a favor de Gloria María Arango Bernal por servicios médicos prestados en el mes de septiembre de 1994 y por valor de $117.000.
Igualmente, en el acto demandado Oficio núm. 403897 de 21 de diciembre de 2015, se indicó:
«[…]
Revisada la historia laboral que reposa en esta Dirección general de observa que la señora GLORIA MARÍA ARANGO BERNAL celebró un contrato de Prestación de Servicios Profesionales con la Dirección de Sanidad Militar del Ejército como Odontóloga desde el día primero (01) de julio de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994 y posteriormente fue vinculada con la Dirección General de Sanidad Militar mediante la Resolución No. 10393 del 26 de septiembre de 1994.
[…]».
De igual manera se allegó copia de la Resolución núm. 10393 de 26 de septiembre de 1994 suscrita por el Ministro de Defensa Nacional, en la cual se dispuso lo siguiente:
«De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 15 y 18 – Literal (a) del decreto 1214 de 1990, nómbrase en la categoría de Especialista Jefe y para desempeñar el cargo que en cada año se indica, al siguiente personal, así:
[…]
Doctora GLORIA MARÍA ARANGO BERNAL 51.657.110 , Odontóloga para el Batallón de Infantería No. 7 general “JOSÉ HILARIO LÓPEZ”.
[…]».
A folio 29, obra copia de certificación emitida por el Coordinador del Grupo de Talento Humano de la Dirección General de Sanidad Militar en el cual se indicó que la demandante labora en dicha entidad, en calidad de servidor misional en sanidad militar, código 2-2 Grado 9, desde el 26 de septiembre de 1994. Allí se indicaron los factores percibidos en los años 2013 a 2015, como son: sueldo básico, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad.
78. Igualmente, se recepcionaron las siguientes declaraciones en el curso de la audiencia de pruebas adelantada el día 19 de febrero de 2018.
79. Yolanda Parra Barco, quien manifestó que trabajada en las Oficinas del Comando del Batallón desde 1980 hasta el año 2000. Esta declarante indicó lo siguiente:
Conoció a la demandante porque la vio trabajando en odontología en el Batallón hacia el año 1993, y que supo que la habían contratado porque llegó reemplazar a la odontóloga Sara Osos quien se fue para Bogotá a unas vacaciones y no volvió.
Dijo que ella tenía el consultorio en el Dispensario del Batallón, donde siempre la veía, siendo la única odontóloga que estaba contratada para esa época junto con dos médicos más; que su horario de trabajo era de 8 a 12 del día y que para recibir atención se debía pedir cita en el dispensario.
«A ella la nombraron temporalmente, no le dieron de alta sino que por contrato la contrataron. El contrato lo realizaron porque la doctora Osos se fue y la contrataron y le pagaban por contrato».
«Ahí el que la tuvo que haber nombrado debió ser el intendente comandante del Batallón.» y que la orden de pagarle la daba el coronel por medio del fondo interno.
Añadió que como a los siete u ocho meses la demandante fue nombrada por Decreto y después del nombramiento los dineros de pago venían del Ministerio de Defensa.
Dijo que antes del nombramiento la demandante recibía órdenes directamente del Comandante del Batallón, porque éste se las daba al sargento o un teniente y éste se las transmitía a la doctora; tales órdenes consistían en el cumplimiento del horario de 8:00 a.m. a 12:00 m del día y si se necesitaban sus servicios en las tardes o los fines de semana toda vez que tenía que estar disponible.
Indicó que no hubo interrupción en los servicios de la demandante, desde la fecha en que fue contratada hasta la fecha del nombramiento en 1994.
Explicó que no podía delegar funciones, los permisos los debía pedir al sargento mayor del Dispensario y que los elementos de trabajo eran suministrados por el dispensario médico.
Frente al tema de la disponibilidad dijo que se les hacía formar a las seis de la mañana, por dos horas, «luego pasábamos cada quien a sus dependencias y nos decían tienen que estar disponibles para cuando tengan que volver a formar y a la hora que ellos dijeran formación teníamos que estar siempre allí por ahí tipo 10:00 o (sic) 11:00 de la noche nos decían ya pueden irse, al personal civil.»
80. Marleny Pinzón de Mejía. La declarante explicó que trabajó en el Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar en el Batallón de Popayán, desde el 1.° de abril de 1983 hasta el 1.° de abril de 2003. y que conocía a la demandante desde hacía 25 o 26 años. Manifestó lo siguiente:
La demandante reemplazó a la doctora Sara Osos quien era la odontóloga del Batallón y que se fue para Bogotá pero no volvió más.
Dijo que la señora Gloria María Arango trabajaba en el dispensario desde 1992 o 1993 pero no recordaba con exactitud; que el dispensario quedaba como cuadra y media de su oficina por lo que la veía todos los días y en las formaciones de los viernes que se realizaban a las 6:00 de la mañana y a las 9:00 de la mañana.
Explicó que la accionante debía trabajar de 8:00 a.m. a 12.00 m. del día y que además debía trabajar cuando había emergencias y urgencias toda vez que no había más odontólogas en esa época.
La demandante ingresó a trabajar como contratista y que dependía del comandante del Batallón, el intendente local, así como del jefe del Dispensario quiénes eran los que le daban las órdenes.
Explicó que la doctora Osos, que estaba antes de la demandante se encontraba vinculada por nombramiento.
Relató que los pagos que se le realizaban a la señora Arango Bernal, bajo la modalidad de contrato de trabajo, se hacían a través la intendencia local por un fondo interno y que no hubo interrupción en la vinculación de la demandante a través de contratación y mediante nombramiento lo cual le consta hasta el año 2003 cuando ella se retiró de la entidad.
Según lo indicó, los elementos de trabajo los suministraba el Batallón y que ella no podía delegar funciones en otras personas.
81. José Samuel Aguirre Fonseca, indicó que trabajó con el Ejército Nacional entre 1962 hasta 1977 cuando se retiró por voluntad propia. Indicó que con posterioridad ha acudido al dispensario, en calidad de pensionado, junto con su familia, cuando requieren de los servicios médicos y odontológicos.
Según lo indicó, conoció a la demandante porque atendía como odontóloga a todo el personal pensionado que tenía ese derecho y que las citas se le asignaban por la mañana y por la tarde y que él asistía a citas con la doctora Gloria María Arango esporádicamente.
Relató que creía que las órdenes se las daba el comandante del Batallón y el jefe del Dispensario y sabía que la demandante atendía en la mañana, pero no sabía si le habían cambiado el horario para las tardes.
82. Emery Alfonso López explicó que trabajó como jefe del dispensario de sanidad en el Batallón «José Hilario López» desde el año 1990 hasta 1994 y luego en 1995 fue jefe del Dispensario y luego de eso salió trasladado para otra sección del mismo batallón y posteriormente hacia la ciudad de Medellín. Este testigo indicó lo siguiente:
Dijo que como jefe del Dispensario y farmaceuta se desempeñaba en la Sección de Sanidad y sus funciones eran velar por el buen funcionamiento en cuanto al servicio médico, odontológico y de enfermería que se desarrollaban allí.
Indicó que él no tenía la posibilidad de influir en los nombramientos directamente, sino que los contratos se realizaban a través del intendente y el comandante del Batallón, el coronel Leonardo Ortiz Chavarro.
Explicó que primero laboraba una odontóloga llamada Sara Osos quien no regresó por lo que quedó la vacante y en el año 1993 se presentó la doctora Gloria Arango, razón por la que se le nombró en la Sección de Sanidad.
Relató que ella empezó a trabajar a través de pago por el fondo interno que era una cuenta que existía en la intendencia local, a través de la cual se contrataba personal y se le pagaba por ese rubro; que la demandante ingresó al servicio de sanidad desde el año 1993 y permaneció allí laborando en el dispensario sin ninguna interrupción laboral ni de sus horarios de trabajo correspondientes de 8.00 a 12.00 del día, de lunes a viernes.
Explicó que la orden de contratación de la demandante la dio directamente el comandante del batallón y que la doctora Sara Osos sí estaba nombrada directamente por el comando del Ejército porque ya llevaba bastante tiempo trabajando.
La doctora gloria María Arango Bernal recibía órdenes del Comando del Batallón pues debía ejecutar otras labores tales como las acciones cívico-militares y las formaciones y esas órdenes las daba el comandante del batallón.
Dijo el declarante que él controlaba el horario tanto del odontólogo como del médico y del personal de sanidad y también debía recordarles el horario que tenían que cumplir, que se atendiera muy bien a los pacientes y que en el caso de que llegara alguna urgencia se le debía dar prioridad.
Que si requería permiso debían pedírselo al declarante o si era para uno o varios días debían acudir al Comandante del Batallón.
La demandante no tuvo interrupciones en sus servicios y no podía delegar sus funciones.
83. José Antonio Timaná Catuche, indicó que trabajó como músico y miembro de la banda de músicos del batallón desde el año de 1973 hasta 1999. Indicó además lo siguiente:
Dijo que conoció a la demandante porque estaba en tratamientos odontológicos desde 1992 y cuando llegó la nueva profesional lo continuó atendiendo tanto a él como a su familia hasta la fecha toda vez que es pensionado del Ejército.
Que la doctora Arango Bernal ingresó a trabajar desde el año 1992 o1993 en el servicio médico odontológico; que desde las 8:00 ella ya estaba trabajando en su consultorio, de lunes a viernes.
Según lo explicó, ella asistía a las formaciones generales del Batallón y recibía órdenes del jefe del dispensario o el jefe de la unidad.
No hubo interrupciones laborales en el tiempo de servicios de la accionante, sino que ella siempre estaba atendiendo permanente en el servicio de odontología y que debía acudir a las jornadas de acciones cívico - militares que se deben realizar en los pueblos por iniciativa del Comando del Batallón.
Ella no podía delegar su labor en otra persona y que los elementos de trabajo le pertenecían a la unidad del servicio de sanidad donde trabajaban tanto los médicos como los odontólogos.
84. Camilo Pérez, explicó que trabajó en la ciudad de Popayán en dos ocasiones, realizando un curso para sargento segundo y la segunda ocasión para el año 1992 a 1995:
Según lo manifestó, conoció a la señora Gloria María Arango Bernal porque él se desempeñaba como administrador del casino de suboficiales y uno de los proveedores que él tenía para esa época era el señor Aldemar Vásquez, esposo de la odontóloga, por lo que él la presentó con el Director de Sanidad Militar, el mayor López Ortiz.
Explicó que los funcionarios que trabajaban en sanidad tanto los médicos como los odontólogos eran buenos empleados y que tenían un trabajo de 8:00 a.m. a 12:00 m, aunque en algunas ocasiones debían laborar en la tarde.
Dijo que él salió trasladado para la ciudad de Villavicencio a partir del año 1995 pero cada vez que llegaba al batallón la veía trabajando como usuario.
La odontóloga que se encontraba antes se llamaba Sara «Oses» quien era funcionaria de planta de la nómina del Ejército.
La función de la odontología era indelegable y que no conoció que existiera interrupción en el servicio prestado por la demandante.
85. Agotamiento de la vía administrativa.
86. Se advierte lo siguiente:
Mediante escrito de 9 de diciembre de 2015 el apoderado de la señora Arango Bernal solicitó al director general de Sanidad Militar la elaboración y expedición de la hoja de servicios de la señora Gloria María Arango Bernal. Asimismo, solicitó computar y tener como tiempo válido el tiempo laborado por la accionante a través del contrato de prestación de servicios comprendido entre el 1.° de noviembre de 1993 y el 25 de septiembre de 1994 para efectos de la elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento de las prestaciones sociales, entre ellas, la pensión de jubilación, en su calidad de odontóloga en el Batallón de Infantería «General José Hilario López».
A través de Oficio 403897 de 21 de diciembre de 2013 el director general de Sanidad Militar señaló que teniendo en cuenta que la vinculación de la señora Arango Bernal con la Dirección General de Sanidad Militar se produjo a partir de la Resolución 10393 de 26 de septiembre de 1994, el régimen pensional con el cual se encontraba cobijada era el de la Ley 100 de 1993; igualmente le indicó que no eran viables las demás peticiones en razón a que revisada la historia laboral que reposaba en dicha Dirección General se observa que tuvo un contrato de prestación de servicios desde el 1.° de julio de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994, el cual no causaba ninguna prestación social, razón por la cual tampoco era viable la elaboración y expedición de la hoja de servicios en los términos del Decreto 1214 de 1990.
Con petición de 20 de octubre de 2015 el apoderado de la demandante solicitó al Ministerio de Defensa Nacional computar como tiempo válido para efectos del reconocimiento de las prestaciones sociales, entre ellas, la pensión de jubilación, el tiempo servido por ella en la modalidad de contrato de prestación de servicios, comprendido entre el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994 como odontóloga del Batallón de Infantería General José Hilario López; igualmente solicitó reconocer liquidar y pagar la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 del Decreto ley 1214 de 1990, con efectividad fiscal a partir del mes de noviembre de 2013, en cuantía equivalente al 75% del último salario devengado, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102 del mismo decreto, junto con las mesadas de junio y diciembre y, reajustar la pensión de jubilación en la forma prevista por el artículo 118 del Decreto 1214.
3.3.4. Análisis de la Sala.
87. Como se aprecia de lo anterior la demandante acreditó los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral tal como lo determinó el a quo, pues como se advirtió de los testimonios recaudados, su labor no fue realizada bajo ningún tipo de independencia, ni mucho menos de coordinación frente a los funcionarios encargados del mando en el Dispensario del Batallón, sino que al contrario, debía cumplir órdenes, directrices de trabajo, asistir a los eventos cívico militares, a las brigadas de salud organizadas por el Batallón de Infantería «General José Hilario López» y como lo señaló el mismo coordinador del Dispensario Emery Alfonso López, estuvo bajo el cumplimiento de las órdenes que él mismo o el comandante del Batallón le impartían.
88.Obsérvese, además, que todas las declaraciones fueron consistentes frente al desarrollo de los servicios prestados por la demandante, con el cumplimiento del horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m, sin que pudiese delegar sus labores, y sin que pudiera ejercer su labor de forma autónoma e independiente porque se debía circunscribir a las instrucciones de los superiores en el Batallón.
89. Esta situación permite desvirtuar las características del contrato de prestación de servicios porque la demandante, en su condición de odontóloga, cumplió funciones que no eran temporales, toda vez que reemplazó a una servidora que se encontraba nombrada en la entidad y, además, la misma actora posteriormente fue nombrada en el citado cargo, desde el año 1994.
90. Se concluye entonces que no contaba con autonomía e independencia al estar sometida a horarios, reglamentos y supervisión, debido a la naturaleza de sus funciones, es decir era dependiente y sometida a la subordinación, elementos propios de la relación laboral; igualmente en cuanto a la contraprestación, es evidente que percibió honorarios por los servicios prestados, lo que demuestra aún más que se trató de una verdadera relación laboral.
91. Así, las cosas, en atención a que quedó demostrado para el presente caso, la existencia de los elementos de la relación laboral, a saber, la prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación se concluye que la entidad demandada vinculó a la señora Gloria María Arango Bernal bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para encubrir la naturaleza real de la labor que ésta desempeñó tal como lo consideró el Tribunal en la sentencia apelada.
92. Ahora bien, el a quo consideró que a la demandante le asiste derecho a la pensión de jubilación establecida en el artículo 98 de del Decreto 1214 de 1990 norma que dispone:
«ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR TIEMPO CONTINUO. El empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de este Decreto.
PARÁGRAFO. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente Decreto, se entiende por tiempo continuo, aquel que no haya tenido interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.»
93. Estimó el Tribunal que la relación laboral que surgió del contrato realidad por el periodo transcurrido entre el 1.° de noviembre de 1993 hasta el 25 de septiembre de 1994, debe tenerse en cuenta para efectos de la aplicación de la citada norma y por ende para el reconocimiento pensional.
94. Por su parte la entidad apelante señaló que, por el hecho de haberse declarado una relación laboral, esto no le otorgó la calidad de empleada pública y por lo tanto no cumpliría con el requisito para acceder al derecho pensional reclamado bajo la vigencia del Decreto 1214 de 1990.
95. En el sub examine se encuentra demostrado que la accionante fungió como odontóloga en el dispensario del Batallón «José Hilario López» de Popayán, desde el 1.° de noviembre de 1993, a través de una verdadera relación laboral que pretendió ser encubierta a través de un contrato de prestación de servicios. Además, ya cumplió más de 26 años de servicios luego de su vinculación como servidora misional de Sanidad Militar.
96. Al respecto, se tiene que esta Corporación le ha dado la connotación suficiente a los tiempos de servicios laborados a través de la figura de contrato realidad a efectos de que sean tenidos en cuenta como requisito para el reconocimiento de pensiones ordinarias y de gracia, como quedó indicado en el acápite señalado.
97. Pero también es oportuno advertir que, de acuerdo con el análisis normativo efectuado en precedencia, el régimen pensional aplicable al personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional está definido por la fecha de ingreso de cada servidor, de suerte que, de manera general, se encuentran supeditados a las reglas de la Ley 100 de 1993, con excepción del personal civil vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma (1.° de abril de 1994), que se benefician de las prerrogativas de jubilación de que trata el Decreto 1214 de 1990.
98. En este punto del debate, se advierte que entran en colisión dos situaciones jurídicas, como son las siguientes:
i) Al declararse la existencia de la relación laboral pueden reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios cuando se ocultó una relación laboral, por este sólo hecho no puede otorgarse la calidad de empleado público, toda vez que se requieren los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación.
(ii) Cuando se desvirtúa el contrato de prestación de servicios y se acepta la existencia de una verdadera relación laboral es apenas lógico que produzcan plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación como se ha reconocido en múltiples ocasiones.
99. Para la Sala, dicha controversia debe resolverse a la luz del principio del indubio pro operario, y de cara a los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social, toda vez que el reconocimiento de dichos tiempos como útiles para efectos pensionales implica inferir que los aportes en pensión fueron efectuados por la entidad como empleador de la señora Gloria María Arango Bernal, siendo la consecuencia lógica que dicha «relación laboral» goce de efectividad para que le sea aplicado el Decreto Ley 1214 de 1990, entendiéndose, por tanto, que se encontraba vinculada al sistema de seguridad social de los empleados civiles del Ministerio de Defensa, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 .
100. Admitir lo contrario sería despojar de toda efectividad el reconocimiento del contrato realidad con clara afectación del derecho a la igualdad toda vez que se demostró que la demandante laboró bajo subordinación y dependencia de la Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y donde se pretendió encubrir una verdadera relación laboral bajo el ropaje de un «contrato sin formalidades plenas».
101. Así las cosas, como en este caso se acreditaron los demás requisitos exigidos para el reconocimiento pensional, como es el tiempo de servicios superior a 20 años, sin solución de continuidad, entre el periodo que prestó mediante el contrato realidad y su vinculación como servidora misional en sanidad militar, razón por la cual, de acuerdo con los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y 55 la Ley 352 de 1997, es beneficiaria del régimen de jubilación contenido en el Decreto ley 1214 de 1990, tal como lo estimó el Tribunal Administrativo del Cauca.
3.4. Segundo problema jurídico. ¿En este caso ocurrió la prescripción de los derechos prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios?
102. Señaló el apoderado de la entidad que en este caso la demandante pretendió revivir términos pues debió formular su demanda antes de 1997 y, además, que ya prescribieron los derechos resultantes del contrato realidad. Por su parte la parte accionante señaló en la apelación que no se debieron denegar las demás prestaciones derivadas de la declaratoria del contrato realidad.
103. Al respecto es necesario recordar que uno de los efectos del restablecimiento del derecho cuando se advierte la configuración del contrato realidad, consiste en el reconocimiento de los aportes para pensión, frente a los cuales la Sección Segunda, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, estableció que no es dable aplicar el fenómeno de la prescripción, en atención a la condición periódica del derecho pensional, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.
104. En este sentido se tiene que en este caso sí ocurrió el fenómeno de la prescripción de las demás «prestaciones sociales» solicitadas ante la entidad, comoquiera que la vinculación a través del contrato realidad finalizó el 24 de septiembre de 1994, la reclamación ante la entidad se realizó el 9 de diciembre de 2015 (ff. 30 -31) y la demanda se formuló el 26 de agosto de 2016 (f. 23).
105. Empero, de conformidad con la sentencia de unificación en cita, no ocurrió el fenómeno de la prescripción del reconocimiento de tales tiempos (1.° de noviembre de 1993 al 24 de septiembre de 1994) toda vez que no acontece la prescripción frente al derecho pensional y con ello, de los aportes.
3.5. Tercer problema jurídico. ¿El reconocimiento pensional debió ordenarse desde el 2 de noviembre de 2013?
106. Otro de los argumentos del apoderado de la demandante consistió en que el reconocimiento pensional debió efectuarse desde el 2 de noviembre de 2013, toda vez que según lo estimó, no existe incompatibilidad para percibir dicha prestación dado su carácter indemnizatorio.
107. Al efecto es menester indicar que el citado argumento no goza de prosperidad pues, en primer lugar, el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 es categórico cuando afirma que la pensión se reconocerá a partir de la fecha del retiro del servicio.
108. Además, porque, se insiste, uno de los efectos del restablecimiento del derecho cuando se advierte la configuración del contrato realidad, consiste en el reconocimiento de los aportes para pensión, situación diferente del reconocimiento pensional, al cual se accede una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales que exija el régimen aplicable, por lo que no es dable concluir que el reconocimiento pensional que en este caso se impone, tiene carácter indemnizatorio.
3.6. Cuarto problema jurídico. ¿En este caso debió condenarse a la entidad al pago de los intereses moratorios solicitados en la demanda?
109. En cuanto a los intereses por mora en el pago de mesadas pensionales, reclamados por la parte demandante, señalado en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2008, debe señalarse que no es procedente, toda vez que, dado el criterio de especialidad de la ley, comoquiera que dicha norma rige en materia financiera, de seguros y del mercado de valores, razón por la cual no cobija la situación planteada en la demanda, que fue decidida en los términos previamente señalados.
110. En lo referente a los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dicha norma consagró el deber a cargo de las entidades responsables del pago de pensiones, consistente en cancelar un interés moratorio sobre la obligación, en caso de mora en el pago de las mesadas a su cargo, así:
«ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago».
111. Sobre este tema la Corte Constitucional en sentencia C-601 de 2000 consideró que dichos intereses moratorios se deben cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que no se encuentran cobijadas por el régimen general de la Ley 100 de 1993.
112. De acuerdo con lo anterior, es claro que, a partir del 1.° de junio de 1994, en caso de mora en el pago de mesadas pensionales, la entidad a cargo deberá reconocer y cancelar al pensionado un interés moratorio a la tasa máxima, sobre las sumas adeudadas.
113. Esta sanción tiene por objeto conminar a la respectiva entidad de previsión para que realice el pago oportuno las mesadas pensionales a su cargo, una vez ha sido reconocido el derecho a la pensión, con el fin de proteger a los pensionados y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del valor de su mesada, pues, en principio, esta es la única fuente de ingresos para la subsistencia de aquellas personas de la tercera edad que han cesado en la prestación de sus servicios luego de toda una vida laboral durante la cual han efectuado aportes con el fin de obtener una prestación que los proteja frente a las contingencias derivadas de la vejez.
114. Precisado lo anterior, la Sala debe señalar que, tal como se ha considerado en otras oportunidades, «[…] el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es la negativa de la entidad a efectuar el pago, tal y como lo ha considerado en otras oportunidades esta Corporación».
115. Significa lo anterior, que los intereses moratorios solo proceden en el caso en que la pensión ha sido reconocida, es decir, cuando existe certeza sobre la existencia del derecho, pero, aun así, la entidad responsable se niega injustificadamente a cancelar las respectivas mesadas a favor del pensionado, o lo hace tardíamente.
116. Dicho de otra forma, los intereses moratorios se generan solo con posterioridad al reconocimiento de la pensión, siempre que exista un retardo en su pago, más no se generan a partir de la fecha en que el afiliado cumple con los requisitos para el reconocimiento de la prestación y menos aún en casos donde el servidor ha continuado prestando sus servicios luego de cumplir con los requisitos para la pensión.
117. Esto significa que los intereses moratorios no proceden en relación con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la pensión, es decir sobre las sumas adeudadas por concepto de mesadas retroactivas generadas entre la fecha en que se adquirió el estatus pensional y la fecha de ejecutoria del acto que reconoció tal prestación.
118. Sin lugar a duda, es claro que en el sub lite no se causaron los intereses moratorios toda vez que sólo proceden cuando la pensión ha sido reconocida, lo cual ocurre en este caso con la firmeza de esta decisión, y porque la pensión solo gozará de efectividad cuando se produzca el retiro del servicio, como lo determinó el a quo, por lo que no se cumplen los presupuestos citados para su reconocimiento, razón que impone negar el argumento de apelación de la demandante.
3.6. Otras decisiones.
119. Mediante escrito de 4 de febrero de 2019, visible a folio 280 y siguientes, el apoderado de la demandante, haciendo uso del derecho de petición, solicitó a esta Subsección proferir la sentencia correspondiente. Para tal efecto allegó copia de la histórica clínica de la demandante, donde se indica que presenta varias patologías cardiacas.
120. Al respecto, es menester recordar que, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta.
121. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.
122. De acuerdo con lo anterior, no es dable presentar una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso a través del derecho de petición señalado en el artículo 23 constitucional, razón por la cual se estima improcedente su petición.
3.7. De la condena en costas
123. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.
124. Atendiendo esa orientación, no se impondrá condena en costas de segunda instancia toda vez que apelaron ambas partes y se les resolvió de forma negativa el recurso interpuesto, a la luz de lo señalado por el artículo 365 del CGP, numeral 1.º por lo que se entienden compensadas.
125. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 23 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Gloria María Arango Bernal en contra de la Nación, Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- SIN CONDENA EN COSTAS de segunda instancia, de conformidad con lo señalado en precedencia.
TERCERO:- Se ordena a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado dar prelación en la notificación de esta sentencia, dado el grave estado de salud de la demandante.
CUARTO.- Se reconoce al abogado Miguel Ángel Parada Ravelo, portador de la tarjeta profesional No. 167.948 del C. S. de la J, para actuar en el presente proceso como apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, de conformidad con el poder otorgado a folio 293.
QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ff. 1 y s.s. Cdno. 1.
Según la corrección de la demanda visible a folio 68.
En escrito obrante a folios 57 y s.s.
Ff. 406 y s.s.
Folios 200 y 201.
Folios 230 y s.s.
Ff. 215 y s.s.
F. 282.
F.288
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
Modificado por la Ley 263 de 1996.
Publicado en el Diario Oficial 41409 de 27 junio 1994
Título VI - seguridad y bienestar social
«Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional».
«ARTÍCULO 53. SUPRESIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. Ordénase la supresión y liquidación de los establecimientos públicos denominados Instituto de Salud de las Fuerzas Militares e Instituto para la Seguridad Social y bienestar de la Policía Nacional, creados mediante el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994 y la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, respectivamente, dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.
[…].
«ARTÍCULO 54. PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial que al respecto expida el Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito adicional».
Con ponencia del consejero Dr. César Palomino Cortés.
Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero dr. Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
Dentro del proceso radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, accionante Lucinda María Cordero Causil, con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
Ha dicho la Corte Constitucional que “La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está consagrado en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley" (sentencia C-836 de 2001).
El principio de progresividad y la prohibición de regresividad se hallan consagrados en las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así: (i) los artículos 2 y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); (ii) los criterios dados por los Principios de Limburgo de 1987 y algunas Directrices de Maastricht de 1997, que son recomendaciones de implementación y comprensión de los derechos consagrados en el PIDESC; (iii) observaciones generales del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que ha establecido criterios de interpretación del principio de progresividad; (iv) el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y (v) artículo 4º del Protocolo de San Salvador, entre otros, que fueron señalados en la sentencia C-228 de 2011 de la Corte Constitucional.
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
(…)”.
“Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
(…)” (se destaca).
Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
«ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.
1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión.» (Negrilla de la Sala).
Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
Como se aprecia de copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 31, que indica que el accionante nació el 17 de mayo de 1955.
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la decisión».
Sentencia de esta misma Subsección, de 6 de junio de 2019, con ponencia del Dr. Rafael Suárez Vargas, radicación número: 05001-23-33-000-2014-02096-01(5149-16. Actor: MARÍA OFELIA ÚSUGA PÉREZ.
Subsección B, Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 15001-23-31-000-2012-00276-01(2922-15).
En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencias (i) del 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014); (ii) del 1º de diciembre de 2016, radicación 15001-23-31-000-2010-01554-01 (3333-2015); y (iii) del 23 de febrero de 2017, radicación 7000123-33-000-2013-00205-01 (3183-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Proceso radicado Núm. 76001-23-33-000-2013-00185-01 (1173-2019), demandante José Oliverio Fernández Rincón, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
Según el registro civil de nacimiento que obra a folio 25.
Folio 32.
Folio 28.
Advierte la Sala que el CD aportado a 163 se encuentra deteriorado, por lo que se hará referencia a los testimonios que fueron transcritos en la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018 visible a folios 189 a 194
F. 189
fls. 190-191.
Folios 191 y vto.
Folios 191 vto. y 192.
Folios 193 y vto.
Folios 193 vto. a 194.
Folios 30 – 31.
Folio 32.
Folios 36 y 37.
Sección Segunda Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 ( 0316-2014) con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve.
Sentencia del 19 de febrero de 2009, Exp. No 73001-23-31-000-2000-03449-01 (3047-2005). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Dentro del proceso radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, accionante Lucinda María Cordero Causil, con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
Tal como lo solicitó la accionante ante la entidad.
« ARTÍCULO 88. INTERESES CON CARGO A OBLIGACIONES DE LA NACIÓN. En todos los eventos en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el pago.
De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación.»
Corte Constitucional. Sentencia del 24 de mayo de 2000. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz. Referencia: expediente D-2663.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Exp: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16) y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17); entre otras.
Sentencia de la Corte Constitucional T – 172 de 2016. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). Consejero ponente doctor GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). Consejero ponente doctor WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.
Artículo 361 del Código General del Proceso.
Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.»
PAGE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.