Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00119-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00119-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00119-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de enero de 2025
19001-23-33-000-2018-00119-01 (2903-2022)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00119-01 (2903-2022)
Demandante: María Patricia Solarte López
Demandado: E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán
Temas: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios. Médico general. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora María Patricia Solarte López instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la E.S.E. Hospital Universitario San José de
Popayán, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo sin número del 14 de noviembre
de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el
pago de las prestaciones dejadas de percibir.
Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 1 de junio de 1995 hasta
el 30 de junio de 2015 y, se condene a la entidad a pagar las prestaciones
sociales y los aportes a la seguridad social.
Que pague los intereses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 195 de la Ley
1437 de 2011, indexe las sumas a reconocer y asuma las costas y agencias en
derecho del proceso.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán
como médico general, entre el 1 de junio de 1995 hasta el 2004, a través de
varios contratos de prestación de servicios, entre 2004 a 2009, por medio de la
Cooperativa de Trabajo Asociado EMERMED y, del 1 de octubre de 2009 hasta
el 30 de junio de 2015 se vinculó a la entidad como médico general, en virtud del
contrato sindical suscrito entre la E.S.E. y el Sindicato de Trabajadores de la
Salud, SIT SALUD.
Que sus funciones comprendían la atención de pacientes en UCI y UCIN, salas
de reanimación, con turnos de ocho o doce horas, de lunes a domingo; diligenciar
los registros de las historias clínicas, órdenes médicas, formatos no POS; realizar
procedimientos menores y otras actividades.
Que sus actividades atendían la misionalidad de la entidad, ejerció actividades
de manera permanente y bajo subordinación, atendía órdenes e instrucciones de
los directivos de la entidad.
Que existió una simple intermediación de parte de las cooperativas de trabajo y
las asociaciones sindicales, su verdadero empleador fue la E.S.E.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 25 de septiembre de 2018 y,
notificada a la entidad demandada, quien manifestó que la demandante estuvo
vinculada a través de varios contratos de prestación de servicios en los tiempos
y bajo las condiciones en las que la Oficina Jurídica lo certificó el 30 de enero de
2015. Que esa relación contractual no fue continua ni sucesiva, los contratos
tuvieron el carácter de ocasionales y la vigencia estrictamente definida en
aquellos.
Que suscribió el convenio de desempeño No. 200 de 2005 con el Ministerio de la
Protección Social, para su reorganización y restructuración y, en virtud de aquel,
tuvo que someterse a las reglas impuestas, entre esas, la prohibición de contratar
personal de planta para el cumplimiento de actividades misionales de la
institución y la supresión de cargos que quedaran vacantes en la entidad durante
el desarrollo de dicho acuerdo.
Que, por lo anterior y ante la necesidad de prestar el servicio asistencial a su
cargo, empleó como alternativa jurídica la contratación de personal a través de
cooperativas de trabajo y asociaciones sindicales. Que, aparentemente, la
demandante estuvo vinculada a través EMERMER y SIT SALUD, pero
desconocía las condiciones y no tenía injerencia en esto.
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Que no le consta el tipo de contratación o las funciones asignadas a la actora en
la organización sindical y jamás se configuró una relación subordinada entre la
demandante y la E.S.E., la prestadora contó con total autonomía y dependía
directamente de la organización sindical.
Propuso como excepciones, la caducidad, la falta de legitimación en la causa por
pasiva, prescripción, cláusula de indemnidad y genérica.
Llamó en garantía a la Empresa Temporales Gestionar con Calidad, TEMPO
GESTIONAR, Avanza S.A.S., Liberty Seguros S.A. Siendo rechazados mediante
auto del 5 de noviembre de 2020.
Se celebró audiencia inicial el 18 de noviembre de 2019, en la que declaró no
probada la configuración de la excepción de caducidad, fijó el litigio, se agotó la
etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia para su
práctica. Surtido el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del
término oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del veinticuatro (24) de
marzo de dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente a las pretensiones,
declaró probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos causados
antes del 30 de noviembre de 2004 y condenó a la E.S.E a pagar las prestaciones
sociales del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2009 al 30 de junio de
2015, tomando como base los honorarios o compensaciones.
Ordenó calcular las diferencias entre los aportes a pensión realizados por la
contratista y los que debieron realizarse entre el 1 de junio de 1995 y el 30 de
junio de 2015, salvo las interrupciones y, en caso de encontrar algunas, cotizar
en el respectivo fondo la suma faltante, solo en el porcentaje que le incumbía
como empleador; correspondiéndole a la demandante acreditar las cotizaciones
realizadas y, en caso de que no las hubiera hecho o fueran inferiores, cancelar o
completarlas en el porcentaje a cargo del trabajador.
Dispuso que el tiempo laborado fuera computado para pensión y negó las demás
pretensiones.
Encontró probada la prestación por parte de la actora como médico general a la
E.S.E. a través de contratos de prestación de servicios que suscribió
directamente con la entidad en los periodos comprendidos entre el 1 de junio de
1995 al 31 de enero de 1998; 1 de agosto al 31 de diciembre de 1998; 1 de julio
al 31 de diciembre de 1999; 1 de mayo al 31 de diciembre del 2000; 1 de febrero
al 31 de octubre de 2001; 1 de marzo al 30 de junio de 2002; 1 de agosto de 2002
al 31 de marzo de 2003 y del 1 al 30 de noviembre de 2004. Además, por medio
del Sindicato de Trabajadores SIT SALUD en el periodo comprendido entre el 1
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de octubre de 2009 al 30 de junio de 2015.
Que recibió una remuneración habitual y sus labores eran inherentes y
necesarias, de acuerdo con la naturaleza y el objeto de la entidad demandada;
igualmente, las funciones llevaban implícito el elemento de la subordinación,
pues era la médica de urgencias.
Que recibió memorandos, circulares y requerimientos sobre la ejecución de sus
labores. Y, según los testigos, se encontraba sometida a iguales términos y
condiciones que los médicos de planta de la entidad, sin liberalidad y bajo
dependencia del coordinador asignado.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación indicando que no se
acreditaron los tres elementos de la relación laboral, pues la vinculación de la
demandante atendió los parámetros de contratación previstos en la ley.
Que en la vinculación directa con la E.S.E. no existió permanencia ni continuidad,
el plazo contractual se delimitó claramente en cada contrato. Que, la contratista
contó con plena autonomía y, contrario a lo afirmado por los testigos, no cumplió
un horario, sino que atendió su actividad a través de un sistema de turnos que
eran previamente acordados con ella.
Que, a partir de 1997 prestó sus servicios a la institución solo por medio tiempo,
por lo que resulta contradictorio lo expuesto en el interrogatorio respecto a que
cumplía las funciones en las mismas condiciones que los empleados de planta.
Que, en todo caso, el establecimiento de un horario no implica por sí solo la
configuración de una relación laboral.
Que la vinculación a través de la organización sindical tampoco satisfizo las
exigencias de una relación laboral, se empleó como una modalidad contractual
permitida para atender las necesidades de personal de la entidad. Que surtió
varios procesos licitatorios con sindicatos de trabajadores de la salud
independientes, porque, en virtud del acuerdo suscrito con el Ministerio de la
Protección Social tenía prohibido contratar personal de planta para el
cumplimiento de actividades misionales.
Que no desatendió las normas relativas al convenio colectivo sindical ni el límite
de la relación contractual, la demandante contó con absoluta discrecionalidad
para organizar sus turnos y, a partir de 2004, estos fueron condensados y
plasmados por SIT SALUD. Además, no estuvo sometida a órdenes o directrices
de un superior.
Que no actuó como el empleador de la demandante, tan así que solicitó mediante
oficio del 26 de diciembre de 2013 al sindicato contratista su reubicación debido
a inconformismos y falencias en la ejecución de actividades. Que remitió varias
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comunicaciones a la organización en las que puso de presente las deficiencias
en la prestación del servicio.
Que no reconoció una remuneración a la actora, pues el sindicato fue el que
reconoció a título de compensaciones unos pagos entre 2009 y 2015, según se
acreditó con los soportes allegados.
La demandante solicitó revocar la sentencia, en lo relativo a la declaratoria de la
excepción de prescripción de los derechos laborales causados durante el 27 de
julio de 1998 al 30 de noviembre de 2004 y la negativa de la indemnización por
despido sin justa causa.
Que demostró a través de la prueba testimonial que su vinculación fue continua
y que laboró de manera ininterrumpida entre el 1 de junio de 1994 y el 30 de junio
de 2015. Que sus funciones tenían relación directa con la misionalidad de la
entidad.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
El 29 de junio de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que,
una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá verificar si entre la demandante y la E.S.E existió un vínculo
laboral derivado de la prestación de servicios profesionales y, si como
consecuencia de ello, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo relativo
a la prescripción de los derechos reclamados y el reconocimiento de la
indemnización por despido sin justa causa. Finalmente, se analizará lo
correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
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«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
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Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
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106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
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132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
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Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Contrato sindical
De conformidad con el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo el contrato
sindical es el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o
varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la
ejecución de una obra por medio de sus afiliados.
El Decreto 1429 de 2010, establece que el contrato sindical es un acuerdo de
voluntades, de naturaleza colectivo laboral, con características de un contrato
solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre
uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o
sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de
obras con sus propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con
autonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato o de
los sindicatos y que se rige por las normas y principios del derecho colectivo del
trabajo.
La Corte Suprema de Justicia 2 ha definido que esos acuerdos bilaterales no
pueden ser instrumentalizado para suministrar ilegalmente personal subordinado
en actividades misionales permanentes de las entidades estatales, en el presente
asunto, los medios probatorios no dan cuenta de la subordinación alegada y, en
ese orden, de la desnaturalización de la vinculación bajo la modalidad
inicialmente mencionada.
Por su parte, el Consejo de Estado, en recientes pronunciamientos 3, ha sostenido
que, en esos vínculos con organizaciones sindicales, se debe tener en cuenta
que no debe existir subordinación o dependencia con el extremo contractual en
el desarrollo de lo pactado, pues deslegitimaría cualquier objeto de la
organización colectiva.
Resolución del caso concreto
Obra en el expediente la certificación del 3 de junio de 1996 4 en la cual la jefe del
Departamento de Personal de la E.S.E. Hospital Universitario San José de
Popayán señaló que la actora estaba vinculada a la institución mediante contrato
de prestación de servicios de salud, como médico hospitalario, desde el 1 de junio
2 Ver entre otras, las sentencias CSJ SL4330-2020, CSJ SL3086-2021 y SL4332-2021.
3 Ver entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 2023 expediente 19001233300020170012301 (0921-
2021) y del 4 de mayo de 2023 expediente 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022).
4 Folio 4 Cuaderno Principal 1.
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19001-23-33-000-2018-00119-01 (2903-2022)
de 1995.
Igual, en la constancia del 18 de febrero de 1999 5, suscrita por la Coordinación
Médica, se indica que la demandante prestó sus servicios como médico
hospitalario a través de contrato de prestación de servicios, en los siguientes
periodos: «junio 1 de 1995 hasta el 31 de Diciembre de 1996 con tiempo completo
y desde Enero 1 de 1997 hasta la fecha con medio tiempo».
La Sala estima que a partir de esos documentos no puede entenderse acreditado
el vínculo contractual entre las partes por los periodos allí certificados, esto es,
1995 a 1997, porque, aunque enuncian unos extremos contractuales no existe
certeza de la ejecución de manera continua de actividades por parte de la
demandante en esos tiempos.
Además, al contrastar la información relacionada en esos dos documentos con
los contratos de prestación de servicio allegados y el certificado de los tiempos
laborados por la actora expedidos por la E.S.E., se evidencian contradicciones,
pues en las certificaciones, no se incluyen las interrupciones en la vinculación
suscitadas en los acuerdos suscritos entre 1998 y 1999. De esta manera, se
desvirtúa su contenido y, se pone en evidencia, que, en la realidad, la ejecución
contractual tuvo lugar en otros lapsos.
En línea con lo expuesto, fueron aportados los siguientes contratos y órdenes de
prestación de servicios suscritos entre la demandante y la E.S.E. Hospital
Universitario San José de Popayán:
1. Contrato No. 027 de 1999, con el objeto de «Prestar los servicios profesionales
de MEDICINA GENERAL a todos los pacientes que provengan de entidades que
tengan contrato con EL HOSPITAL […]». El plazo de ejecución fue del 1 de enero
al 30 de abril de 1999. El valor del contrato fue de $ 1.540.000 por cada mes de
ejecución.
2. Contrato No. 216 de 1999, con el mismo objeto que el anterior. El plazo de
ejecución fue de 2 meses, del 1 de septiembre al 31 de octubre de 1999. El valor
total del contrato fue de $ 3.000.000.
3. Orden No. 347 de 2001, con el mismo objeto que el acuerdo anterior. El plazo de
ejecución fue del 1 de mayo al 30 de junio de 2001 y el valor total de $ 2.611.254.
4. Orden No. 656 de 2001, con el mismo objeto que el acuerdo anterior. El plazo de
ejecución fue de dos meses del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2001 y el
valor de $ 1.305.627 por cada mes de ejecución.
5. Orden No. 0023 de 2002, con el mismo objeto que el acuerdo anterior. El plazo
de ejecución fue de cuatro meses del 1 de marzo al 30 de junio de 2002 y el valor
total de $ 5.222.508.
6. Orden No. 146 de 2002, con el mismo objeto que el acuerdo anterior. El plazo de
5 Folio 3 Cuaderno Principal 1.
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ejecución fue del 2 de agosto al 31 de octubre de 2002 y el valor total de $
3.916.881.
De la misma manera, según la certificación del 30 de enero de 2015 expedida
por la Oficina Jurídica de la E.S.E. demandada, en el cual se detalla el número
del contrato, el objeto y el tiempo de ejecución contractual, las partes tuvieron,
además de los descritos antes, las siguientes vinculaciones:
7. Contrato No. 015, con el objeto de «Prestación de servicios profesionales de
MEDICINA GENERAL en los cubículos A y B del área de emergencias». El plazo
de ejecución fue del 1 al 31 de agosto de 1998.
8. Contrato No. 108, con el objeto de «Prestación de servicios profesionales de
MEDICINA GENERAL a todos los pacientes que provengan de entidades que
tengan contrato con el Hospital». El plazo de ejecución fue del 1 de septiembre
al 30 de noviembre de 1998.
9. Contrato No. 204, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 31 de diciembre de 1998.
10. Contrato No. 137, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de julio al 31 de agosto de 1999.
11. Contrato No. 292, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 30 de noviembre de 1999.
12. Contrato No. 402, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 31 de diciembre de 1999.
13. Contrato No. 316, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 31 de mayo del 2000.
14. Contrato No. 356, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de junio al 31 de agosto del 2000.
15. Contrato No. 570, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2000.
16. Contrato No. 628, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2000.
17. Contrato No. 171, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de febrero al 30 de abril de 2001.
18. Contrato No.446, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de julio al 31 de agosto de 2001.
19. Contrato No. 344, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 30 de septiembre de 2001.
20. Contrato No. 530, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 31 de octubre de 2001.
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21. Contrato No. 217, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2002.
22. Contrato No. 048, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 de enero al 15 de febrero de 2003.
23. Contrato No. 117, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 16 de febrero al 31 de marzo de 2003.
24. Contrato No. 419, con el mismo objeto que el acuerdo 108. El plazo de ejecución
fue del 1 al 30 de noviembre de 2004.
También, obra en el proceso la constancia del 15 de agosto de 2017 6 expedida
por el representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Salud – SIT
SALUD, en el que expresa que: «la señora MARÍA PATRICIA SOLARTE LÓPEZ,
identificada con cédula de ciudadanía N° 34.540.833 de Popayán, prestó sus
servicios profesionales al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ; a través del
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD, SIT-SALUD, ejerciendo la
función de Médico General de la unidad de Urgencias Adultos. Percibía una
compensación mensual de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
(4.500.000), desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 30 de junio de 2015».
Además, se cuenta con los documentos “Términos de referencia: SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA SALUD – Medicina General Urgencias 2011” 7 y el
Contrato Colectivo Sindical de Prestación de Servicios Profesionales No. 002 de
20148, suscrito entre la E.S.E. demandada y la organización sindical antes
referenciada en el 2014, los cuales permiten advertir que la entidad contrató al
Sindicato de Trabajadores de la Salud SIT SALUD para que este prestara los
servicios profesionales en diversas áreas, entre esas, la de medicina general en
urgencias de adultos en 2011 y 2014, respectivamente.
Se aportaron al proceso certificaciones 9 del tesorero pagador de la E.S.E.
demandada relativas a la deuda de los honorarios correspondientes a los meses
de junio a diciembre de 2001 y enero de 2002; igualmente, copia de la liquidación
de pago de compensaciones 10 por parte de SIT SALUD a la actora de 2009 a
2015.
A partir de la prueba documental descrita, la Sala encuentra acreditado que,
contrario a lo decidido por la primera instancia, la demandante prestó sus
servicios como médico general a la entidad demandada, a través de una
vinculación contractual directa en los periodos comprendidos entre el 1 al 31 de
agosto, 1 de septiembre al 30 de noviembre y 1 al 31 de diciembre de 1998; 1 de
julio al 31 de agosto, 1 de septiembre al 31 de octubre,1 al 30 de noviembre y 1
al 31 de diciembre de 1999; 1 al 31 de mayo, 1 de junio al 31 de agosto, 1 de
6 Folio 215 Cuaderno Principal 2.
7 Folios 93 a 100 Cuaderno Principal 1.
8 Folios 154 a 176 Cuaderno Principal 1.
9 Folios 11 a 14 Cuaderno Principal 1.
10 Cd folio 400 Cuaderno Principal 2.
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septiembre al 31 de octubre y 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2000; 1 de
febrero al 30 de abril, 1 de mayo al 30 de junio, 1 de julio al 31 de agosto, 1 al 30
de septiembre, 1 al 31 de octubre y 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2001;
1 de marzo al 30 de junio, 2 de agosto al 31 de octubre y 1 de noviembre al 31
de diciembre de 2002; 1 de enero al 15 de febrero y 16 de febrero al 31 de marzo
de 2003 y del 1 al 30 de noviembre de 2004. Además, por medio del Sindicato
de Trabajadores SIT SALUD en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de
2009 al 30 de junio de 2015.
Se hace necesario precisar que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta el
contrato de prestación de servicios No. 027 de 1999 correspondiente al periodo
del 1 de enero al 30 de abril de 1999, a pesar de que fue aportado. Sin embargo,
ese aspecto no fue apelado por la parte a quien le resultó desfavorable, por lo
que, se abstendrá de tomar alguna decisión sobre el particular.
Dicho esto, teniendo en cuenta los argumentos de la apelación de la parte
demandada, se procederá a examinar la subordinación.
Se tiene que, el objeto de vinculación de la demandante a la E.S.E. siempre
consistió en la prestación de sus servicios personales como médico general.
Igual, en los contratos allegados al proceso, se incluyen las siguientes
obligaciones a cargo de la contratista:
1. Cumplir con las normas y reglamentos de funcionamiento establecidas
para el Hospital.
2. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para el
logro de los objetivos de la dependencia.
3. Controlar el estado y funcionamiento de los equipos, instrumentos y
elementos de servicio bajo su cargo.
4. Prestar la atención de urgencias a todos los pacientes que lo soliciten y
ameriten atención de urgencias.
5. Asistir a los comités que el hospital lo requiera 11.
6. Asistir a las actividades de carácter prioritario del servicio, cuando se
requieran y de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo.
7. Entregar en el término estipulado las estadísticas requeridas por el servicio
en forma completa y legible.
8. Acudir al llamado de código azul de acuerdo a las funciones asignadas
para tal llamado por la Jefatura de la Unidad de Urgencias del Hospital.
9. Realizar el manejo de pacientes en el área de emergencias.
10. Realizar la valoración de paciente en el cubículo A, realizando el triage.
11. Realizar las funciones de coordinador médico del cubículo B, cuando
realice turnos nocturnos, con autoridad para cambiar la asignación de los
médicos internos según la conveniencia del servicio.
11 Obligación contenida en el Contrato No. 219 de 1999.
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Adicionalmente, se observan los cuadros de turno de la demandante entre
octubre de 2003 y abril de 2010, de los que se desprende que ejecutó sus
actividades en diferentes jornadas.
Se destaca también la queja 12 identificada a través del oficio 053 del 21 de
diciembre de 2011, suscrita por el encargado de la Unidad Estratégica de
Urgencias y Críticos relativa a la atención de pacientes de traumatología y
ortopedia, en la que se señala que los usuarios manifestaron su inconformidad
por la displicencia y falta de compromiso de los médicos hospitalarios frente a la
definición y manejo inicial. A su vez, en la comunicación se solicita al personal de
médicos generales adoptar medidas correctivas para el manejo de las remisiones
y solicitudes de interconsulta de especialista.
Las Circulares No. 101, 003 y 004 de 2011 en los que la Gerencia de la E.S.E.
informa al personal, médicos de planta, Sindicato de Trabajadores de la Salud y
Asociación Sindical del Cauca, sobre los cambios en el Sistema Triage y el
registro en la historia clínica.
El oficio No. 012/15032012 del 15 de marzo de 2012 13, en el que el encargado
de la Unidad Estratégica de Urgencias y Críticos de la demandada informa a SIT
SALUD sobre las llegadas tarde de la actora y solicita se adopten las medidas
pertinentes.
El Oficio sin número del 26 de diciembre de 201314, a través del cual la
Coordinación de Sala Medicoquirúrgicas de la E.S.E. solicita al gerente de la
organización sindical SIT SALUD la reubicación de la médico María Patricia
Solarte, justificada en la afectación de la calidad laboral, por, las siguientes
razones: «Falta de concentración; Erratismo en la presentación de los pacientes;
Errores en la formulación, Ausencias repetitivas del servicio durante su turno;
Falta de adaptación al grupo de trabajo»
En las pruebas documentales reposa el oficio sin número del 8 de abril de 2014 15,
suscrito por el coordinador de urgencias de la E.S.E., en el que hace una solicitud
de mejoramiento del servicio y expresa que: «resultan preocupantes las quejas
ya reiteradas del personal de enfermería, de sus colegas y de los usuarios
respecto a su frecuente y prolongado ausentismo durante los turnos que se le
asignan. […] Comedidamente le solicito analizar la situación y modificar su actitud
en pro de la mejoría continua de nuestro servicio, del que le reitero, Usted es
parte muy importante».
De otra parte, tras valorar los testimonios de los señores Patricia Eugenia
Morales, Hermencia Redín Angulo, Henry Arcesio Cabanillas Belalcázar y Didier
Alcides Cajas se infiere que son coincidentes en afirmar que la demandante
12 Folios 82 y 83 del Cuaderno Principal 1.
13 Folio 123 Cuaderno Principal 1.
14 Folio 124 Cuaderno Principal 1.
15 Folio 180 Cuaderno Principal 1.
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prestó sus servicios como médico general en el servicio o unidad de urgencias
de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán.
Que cumplía con unos turnos o programaciones y sus funciones eran
exactamente iguales a las de los médicos vinculados a la planta de personal que
cumplían sus labores en el área de urgencias.
De manera particular, la primera testigo señaló que se desempeñó como médico
de la entidad demandada desde 1985 hasta el 2000 y estaba vinculada a la planta
de personal. Que coincidió laboralmente con la demandante a partir de 1995 y, a
su retiro de la institución, esta seguía vinculada.
Precisó que desde 1998 fue designada como coordinadora médica del servicio
de urgencias y, dentro de sus tareas, estaban la organización del área y la
programación de los turnos mensuales de los médicos hospitalarios, entre ellos
los de la demandante.
Que la demandante sí recibía órdenes, pues en el centro asistencial tenían un
sistema muy estricto de horarios, tenían que entregar uno a uno los pacientes,
por lo que ningún médico del área podía retirarse sin hacerle la entrega al médico
del turno entrante. Que las instrucciones eran sobre el horario, la entrega del
turno y los planes de trabajo del servicio de urgencias.
La segunda testigo, en particular, refirió que trabajó en la E.S.E. entre 2004 hasta
2017 y, de ese tiempo, coincidió con la actora durante diez años en el servicio de
urgencias de adultos, que cumplían turnos juntas y sabía que ella recibía órdenes
de los médicos coordinadores y asistenciales.
El tercer declarante advirtió que laboró con la demandante desde 1994 o 1995
hasta que se pensionó en el 2012 y, que ella continuó prestando sus servicios a
la E.S.E. Que el médico coordinador era quien programa los turnos de forma
unilateral, pero, a veces, entre los médicos concertaban o rotaban los horarios.
El ultimo, de manera distinta a los otros deponentes, afirmó que los turnos del
personal de planta sí eran programados por el coordinador médico, pero, la
programación del personal contratado a través de otras modalidades era
concertado entre ellos, de acuerdo con las horas contratadas.
La actora, en el interrogatorio, expuso que estuvo vinculada a la E.S.E. como
médico del servicio de urgencias, entre 1995 hasta 2004, a través de contrato de
prestación de servicios. Que, a partir de 2004 prestó sus servicios por
intermediación de la cooperativa de Emermed y, finalmente, desde 2009 la
gerencia de la entidad, la conminó a afiliarse al Sindicato de Trabajadores SIT
SALUD.
Que los turnos eran asignados por el médico coordinador del servicio de
urgencias. Que, cuando se vinculó a la organización sindical, asumió la
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coordinación médica y debía garantizar la cobertura en el servicio las veinticuatro
horas los treinta días del mes. Que recibía el pago por los servicios de parte de
la E.S.E. a través del sindicato.
Que las dudas de manejo médico, procedimientos o procesos las absolvía con el
coordinador médico de la E.S.E. Y, aquellas referentes a temas de contribuciones
o pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social eran resueltas por el gerente
del sindicato.
Que, en alguna oportunidad, se le inició un proceso disciplinario como si fuera
una funcionaria de planta; sin embargo, la abogada de la E.S.E. redirigió la queja
debido a la modalidad de vinculación. Que el Colegio de Ética Médica precluyó
la investigación al no encontrar mérito para su inicio.
Así, al realizar una valoración conjunta de las pruebas allegadas, la Subsección
extrae que las actividades a las cuales se dedicaba la demandante, además de
ser permanentes, constituyen la función misional de prestación de servicios de
salud de la entidad.
Las demás pruebas documentales referenciadas dan claros indicios de que la
demandante en el ejercicio de sus funciones se vio sometida a la imposición de
condiciones sobre el tiempo, modo y forma en la que debía realizarlas. En ese
sentido, recibió llamados de atención por el servicio médico asistencial y la
remisión de pacientes para cierta especialidad y llegadas tarde.
Asimismo, fue requerida y conminada a mejorar la forma en la que prestaba sus
servicios, por las quejas frente a la ejecución de sus actividades y el presunto
ausentismo en los turnos programados.
La Sala denota que la entidad requirió su reubicación laboral, por aparentes
falencias en la prestación del servicio, entre las que enunció, la falta de
concentración y de adaptación al grupo de trabajo, conducta errática, errores en
la formulación y ausentismo.
Aunque como lo enuncia la parte demandada en el recuso, la solicitud de
reubicación fue dirigida al Sindicato de Trabajadores de la Salud SIT SALUD, lo
cierto es que fue la E.S.E. quien valoró la ejecución de las actividades por parte
de la demandante y, de esta forma, se demuestra la supervisión y control por
parte de esta y, con ello la subordinación a la que estaba sometida.
Lo anterior, a juicio de la Sala, desborda el alcance de la figura contractual y
evidencia el ejercicio del ius variandi, pues la actora estaba sujeta a las
condiciones impuestas por la entidad. Así, es evidente la falta de autonomía en
la prestación del servicio, por el direccionamiento frente a la forma y desarrollo
de las actividades del objeto contractual, excediéndose en lo que en sana crítica
se puede entender como la coordinación necesaria para la prestación de un
servicio, denotando las potestades propias de un verdadero empleador.
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Además, el objeto de los contratos o actividades que se exigían de la demandante
era el mismo en todos los contratos y a lo largo del tiempo; situación que nos
ubica en uno de los elementos a los que hace alusión el Consejo de Estado en
la sentencia de unificación citada, esto es la permanencia.
Así las cosas, la conclusión del Juez de primera instancia de encontrar probada
la subordinación, se considera debidamente soportada en las pruebas, de las que
se desprende que no había autonomía para la prestación del servicio en
condiciones de tiempo, modo y lugar, y que se cumplían labores misionales de la
entidad con vocación de permanencia.
A partir de las anteriores conclusiones, también se evidencia que la vinculación
de la demandante a través de un contrato sindical también desbordó los límites
de esa forma contractual e implicó una tercerización laboral ilegal, al haberse
configurado la subordinación y dependencia en la prestación de los servicios
profesionales por parte de la demandante.
Para la Sala no hay discusión acerca de que el beneficiario directo de los
servicios prestados por la demandante era la E.S.E. Hospital Universitario San
José de Popayán, y frente a este se materializaron las condiciones de
subordinación típicas de una relación laboral.
Todo lo anterior conduce a concluir que, a pesar de la apariencia que se quiso
dar a la vinculación por parte de la entidad demandada, en aplicación del artículo
53 de la Constitución Política, la realidad demostrada, por encima de las formas,
es que la demandante, tuvo una relación de carácter laboral con la entidad
demandada, disfrazada en otras formas jurídicas.
Por lo expuesto, se modificará la sentencia del veinticuatro (24) de marzo de dos
mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el
ordinal segundo en el sentido de precisar que los periodos de la relación laboral
corresponden a los descritos en esta providencia y los ordinales 4.2. y quinto,
para precisar que el reconocimiento de las diferencias que llegarán a resultar por
los aportes a pensión será únicamente frente a los períodos aquí acreditados.
Prescripción
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 16:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
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• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 17, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos
tengan objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea
inmodificable puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que
quiso la sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla
podrá en todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la
Sala, que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber
sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un
“plazo razonable”.
Con las anteriores precisiones y, en consideración de los extremos temporales
delimitados en esta instancia, se tiene lo siguiente:
Contrato u orden Periodo de ejecución Interrupción
015 1 al 31 de agosto de 1998 Sin interrupción
108 1 de septiembre al 30 de noviembre de 1998 Sin interrupción
204 1 al 31 de diciembre de 1998 6 meses
137 1 de julio al 31 de agosto de 1999 Sin interrupción
216 1 de septiembre al 31 de octubre de 1999 Sin interrupción
292 1 al 30 de noviembre de 1999 Sin interrupción
402 1 al 31 de diciembre de 1999 4 meses
316 1 al 31 de mayo del 2000 Sin interrupción
356 1 de junio al 31 de agosto del 2000 Sin interrupción
570 1 de septiembre al 31 de octubre del 2000 Sin interrupción
628 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2000 21 días hábiles
171 1 de febrero al 30 de abril de 2001 Sin interrupción
347 1 de mayo al 30 de junio de 2001 Sin interrupción
446 1 de julio al 31 de agosto de 2001 Sin interrupción
344 1 al 30 de septiembre de 2001 Sin interrupción
530 1 al 31 de octubre de 2001 Sin interrupción
217 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2001 2 meses
0023 1 de marzo al 30 de junio de 2002 23 días hábiles
146 2 de agosto al 31 de octubre de 2002 Sin interrupción
217 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2002 Sin interrupción
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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19001-23-33-000-2018-00119-01 (2903-2022)
048 1 de enero al 15 de febrero de 2003 Sin interrupción
117 16 de febrero al 31 de marzo de 2003 1 año y 7 meses
419 1 al 30 de noviembre de 2004. 4 años y 10 meses
Sindicato SIT SALUD 1 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2015 Finalización
Se encuentran varias interrupciones en la vinculación de la demandante con la
entidad y, la última de estas a la culminación del Contrato No. 419 de 2004,
correspondiente a cuatro años y once meses, término ostensiblemente amplio
para generar la interrupción en la relación. En ese sentido, teniendo en cuenta
que la parte demandante presentó la reclamación administrativa solo hasta
septiembre de 2017 18, es evidente que operó la prescripción extintiva frente a los
derechos laborales causados hasta el 30 de noviembre de 2004, salvo lo relativo
a los aportes a pensión.
Si bien la parte demandante alegó que en su vinculación con la entidad no
existieron interrupciones, como lo expuso en el interrogatorio, no existen
elementos probatorios que den cuenta de que la relación fue continua e
ininterrumpida y la declaración de parte es insuficiente para tener por probada tal
situación, de manera que no puede concluirse algo distinto a que existió una
interrupción contractual.
En cuanto al último periodo de vinculación se advierte que inició el 1 de octubre
de 2009 y finalizó el 30 de junio de 2015, sin que se hayan acreditado
interrupciones en la ejecución contractual, por lo que la demandante contaba
hasta el 30 de junio de 2018, para solicitar a la entidad el reconocimiento de los
derechos y, teniendo en cuenta que la actora presentó la reclamación en
septiembre de 2017, no se configuró la prescripción frente a ese lapso.
Indemnización por despido sin justa causa
Frente al despido injusto, se debe aclarar que, tal indemnización es ajena a esta
jurisdicción. Además, la sentencia que reconoce la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente tiene carácter constitutivo, por lo que antes de
esta, no es posible considerar que se estuvo vinculado bajo una relación de
trabajo propiamente dicha, por lo que este tipo de condenas, así como las demás
indemnizaciones y sanciones de ley por la no liquidación y pago oportuno de tales
derechos laborales solicitados, así como el tiempo para escalafón no son
procedentes.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
18 Folios 217 y 218 Cuaderno Principal 2.
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19001-23-33-000-2018-00119-01 (2903-2022)
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses,
en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar los numerales segundo, 4.2. y quinto de la sentencia del
veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, los cuales quedarán así:
«SEGUNDO:-DECLARAR la existencia de una relación de carácter
laboral entre la señora María Patricia Solarte López, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 34540833 y el Hospital Universitario San
José de Popayán, durante los siguientes periodos: 1 al 31 de agosto,
1 de septiembre al 30 de noviembre y 1 al 31 de diciembre de 1998; 1
de julio al 31 de agosto, 1 de septiembre al 31 de octubre,1 al 30 de
noviembre y 1 al 31 de diciembre de 1999; 1 al 31 de mayo, 1 de junio
al 31 de agosto, 1 de septiembre al 31 de octubre y 1 de noviembre al
31 de diciembre del 2000; 1 de febrero al 30 de abril, 1 de mayo al 30
de junio, 1 de julio al 31 de agosto, 1 al 30 de septiembre, 1 al 31 de
octubre y 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2001; 1 de marzo al
30 de junio, 2 de agosto al 31 de octubre y 1 de noviembre al 31 de
diciembre de 2002; 1 de enero al 15 de febrero y 16 de febrero al 31
de marzo de 2003, 1 al 30 de noviembre de 2004 y del 1 de octubre
de 2009 al 30 de junio de 2015.
4.2. PAGAR las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones de la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje
que le correspondía como empleador, incluidos aquellos periodos
sobre los cuales se declaró la prescripción.
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Para ello, debe tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1 de
agosto de 1998 y el 30 de junio de 2015, salvo las interrupciones) el
ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante (los
honorarios pactados y/o compensaciones), mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que
le correspondía como empleador, por lo que la actora deberá acreditar
las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar
o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajadora, en armonía con lo dicho en la parte motiva.
[…]
QUINTO. - DECLARAR que el tiempo laborado por la señora MARÍA
PATRICIA SOLARTE como médica bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, durante el tiempo comprendido entre el 1 de
agosto de 1998 y el 30 de junio de 2015, salvo las interrupciones, se
debe computar para efectos pensionales».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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