Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00239-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00239-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00239-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00239-01 (3978–2021)
Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social .
Temas: Pensión gracia . Cosa juzgada . Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 26 de
agosto de 2021, proferida por e l Trib unal Administrativo del Cauca
que declaró la cosa juzgada parcial y negó las súplicas de la
demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda . 1
María Cecilia Escobar Ortiz , por intermedio de apoderad o judicial,
solicitó decla rar la nulidad de las Resoluciones RDP 0 43600 del
21 de noviembre de 2017 y RDP 005032 del 9 de febrero de 2018 ,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección S ocial (en
delante UGPP), por medio de la s cua les negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia y confirm ó dicha decisión ,
1 Folios 1 a 29 del expediente.
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
respectivamente .
Como restablecimiento del derecho , pidió que se ordene a la UGPP
(i) concederle la p ensión gracia a partir del 15 de mayo de 2017 ,
fecha en que adquirió el estatus pensional ; (ii) reajustar las sumas
reconocidas de acuerdo con el IPC; y (iii) pagar lo s intereses
moratorios conforme a l artículo 192 del CPACA.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda .
La señora María Cecilia Escobar Ortiz indicó que nació el 25 de
octubre de 1953 , razón por la cual cumplió los 50 años de edad el
24 de octubre de 2003 . Asimismo, que prestó servicio como docente
oficial de la siguie nte manera:
Fechas
A ct os de nombramient o Desde Hast a
Decr et o 987 de 1978 1 de noviem br e de 31 de m ayo de 1979
( Naciona liza da) 1978
Resoluc ión 5790 de 1979 1 de j unio de 1979 14 de dici em br e de
( Naciona l) 1997
Nom br am ient o ant er ior 15 de diciem br e de 17 de j ulio de 2003
m ut a a depar t am ental 1997
Nom br am ient o m uta a 18 de j ulio de 2003 19 de m ayo de 2017
m unicipa l
Precisó que el 18 de agosto de 2017 radicó reclamación para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la UGPP , la cual
fue resuelta de manera negativa a través de las Resoluciones RDP
043600 del 21 de noviembre de 2017 y RDP 005032 del 9 de
febrero de 2018 .
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1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración .
La señora María Cecilia Escobar Ortiz, como concepto de violación,
argumentó que la entidad demandada inaplicó las siguientes
disposiciones normativas: artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53,151, 286,
287, 288, 356 Y 357 de la Constitución Polít ica; artículos 3, 4 y 13
de la Ley 39 de 1903; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913;
artículo 6 de la Ley 116 de 1928; artículo 3 de la Ley 37 de 1933;
artículo 1 de la Ley 24 de 1947; artículo 4 de la Ley 4 de 1966;
artículo 5 del Decreto Reglamen tario 1743 de 1966; artículos 1 y 10
de la Ley 43 de 1975; artículos 1,2,3,5 y 6 del Decreto Ley 2277 de
1979; artículos 1, artículo 15, numeral 2, literal a de la Ley 91 de
1989; artículos 2; 3,6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; artículo 14 de
la Ley 100 de 1993; artículos 7, 34, 37, 38 y 41 de la Ley 715 de
2001 y; Decreto 118 del 18 de julio de 2003 y los artículos 42 y 80
del CPACA.
Al respecto, consideró que la entidad demandada expidió los actos
administrativos co n falsa motivación al determinar que pr estó en su
mayoría un servicio nacional y no territoria l. Aclaró que alcanzó el
estatus pensional por haber prestado servicio docente
departamental y municipal y relató que si bien tuvo una vinculación
del orden nacional desde el 1 de junio de 1979 hasta el 14 de
diciembre de 1997, ésta cambió al orden departamental desde el 15
de diciembre de 1997 hasta el 17 de julio de 200 3, por mandato de
la Ley 60 de 1993 , teniendo en cuenta que el departamento del
Cauca fue certifica do para la prestación del servicio educativo de
conformidad con la Resolución 6270 del 16 de diciembre de 1996 y
según acta del 15 de diciembre de 1997, por me dio del cual el
Ministerio de Educació n Nacional entregó la educación al
departamento.
A partir del 18 de julio de 2003 hasta el 19 de mayo de 2013 el
vínculo que era departamental, mutó a municipal de conformidad
con el artículo 41 de la Ley 715 de 2001 y del acta de entrega de la
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administra ción del servicio educativo del 18 de julio de 2003, el
departamento del Cauca entregó la educación pública al municipio
de Popayán, el cual mediante Decreto 118 del 18 de julio de 2003
incorporó de manera global la planta de cargos del personal
docente, p or la municipalización de la educación.
En ese orden de ideas, cumplió con el tiempo de labor docente
requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.
1.4. Contestación de la demanda .
La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2,
por intermedio de apoderad o, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.
Señaló que la demandante se desempeñó como docente nacional
desde el 1 de junio de 1979 hasta el 19 de mayo de 2017 , fecha del
último certificado de historia laboral, razón por la cual no cumple
con la totalidad d e los requisitos p ara acceder a la prestación
reclamada.
Por otro lado, manifestó que el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circu ito Judicial d e Popayán, mediante sentencia del 25 de mayo
de 2012, resolvió negar el reconocimiento de la pensión gracia a la
demandante, al considerar lo siguient e:
«Ahor a en lo r ef erent e al caso baj o est udio, la acciona nt e
est uvo vinculada co m o docent e en el coleg io Sant a Cat ali na
Labour e de Bo l ivar Cauca, cole gio of ici al nac iona lizad o, en el
nivel de secundar ia , post er ior m ent e labor ó en la inst it uci ón
educat iva Fr an cisc o José de Calda s I NEM NACI O NAL
PO PAYAN y en la in st it ución Educat iva Alej andr o de Hum bol dt ,
AM BO S ESTAB LECI M I ENTO S EDUC ATI VO S DE C ARÁ CTE R
NACI O NAL. En d ich a act ividad se d ese m peñó por 29 años y 9
m eses, según consta en cer t if icado de t iem po de ser vicio s N o.
2 Folios 320 a 334 del expediente.
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0611 exped ido e l 24 de noviem br e de 20 08 por la secr et ar ia de
Educació n, Cult ur a y Depor t e ( f olio 114) ».
En ese orden de ideas, la entidad demandada sostuvo que existe
una identidad de partes y pretensiones en el proceso objeto de
estudio y el qu e ya fue resuelto por el Juzga do Cuarto
Administrativo del Circu ito Judicial de Popayán.
Finalmente , propuso como excepciones (i) cosa juzgada; (ii)
inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido;
(iii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados ; y
(iv) prescripción .
1.5. Decisión de primera instancia objeto de apelación . 3
En sentencia de l 27 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo del
Cauca, planteó como problema jurídico lo siguiente:
«Tal como se determinó en el auto de 20 de mayo de 2021,
el problema jurídico a resolver se contrae a determinar:
"Si se estructura o no el fenómeno jurídico de cosa juzga da
que dé lugar a la terminación del proceso.
De resultar negativa la respuesta al problema jurídico
anterior, debe establecerse si hay lug ar a declarar o no la
nulidad de la Resolución No. RDP 043600 de 2 1 de
noviembre de 2017 por medio de la cual se denegó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la
demandante, y de la Resolución No. RDP 005032 de 09 de
febrero de 2018 que resolvió el recurso de apelación, a
efectos de determinar si el t iempo de se rvicios presta do
por la demandante puede ser computado para el
reconocimiento pensional ».
Al respecto, declaró configurada la excepción previa de cosa
juzgada y negó las pretensiones de la demanda.
3 Folios 375 a 381 del expediente.
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Como fundamento de la decisión, indicó que , en la decisió n
proferida en el año 2014, se analizó el carácter nacional o territoria l
de la vinculación d e la demandante para los años 1997 a 30 de julio
de 2008, para los cuales determinó su carácter como nacional. Así
las cosas, resolvió declarar la excepción de cos a juzgada, pero
únicamente para los periodos referenciados.
Sobre los tiempos de servicios comprendidos entre agosto de 2008
y el año 2017, sostuvo que la demandante mediante Resolución
5790 del 9 de abril de 1979, fue nombrada como docente de carácter
nacional y mantuvo vigente dicha vinculación, puesto que la
descentralización de la educación no implica que los do centes que
tenían la calidad de nacionales adquirieran la naturaleza de
territoriales o nacionalizados por la expedición de la Ley 60 de
1993. Así, el a quo determinó que la docente no puede ser
beneficiaría de la pensión gracia, pues no cumplió con el requisito
de 20 años de servicio del orden territ orial o nacionaliza do.
1.6. Recurso de apelación . 4
El apoderad o de la señora María Cecilia Escobar Ortiz allegó
escrito con el que se opuso a la sentencia de primera instancia.
Precisó que no se configuró la cosa juzgada, por cuanto no existe
en los procesos identidad de objeto ya que en la primera demanda
se solicitó la nulida d de las Resoluciones 6589 del 15 de febrero de
2006 y en el presente asunto, pretendió la nulidad de las RDP
043600 del 21 de noviembre de 2017 y RDP 005032 del 9 de febrero
de 2018.
Sostuvo que, a pesar de que existe una identidad de partes,
pretende el reconocimiento y pago de la pensión gracia y en ambos
procesos la administración se pronunció de manera negativa, lo
cierto es que no existe identidad de objeto ya que los actos
4 Folios 384 al 406 del expediente.
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administrativos demandados son diferentes, al igual que la
adquisición del estatus y la cuantía.
Añadió que tampoco existió una identidad de causa en la medida
que, los hechos son diferentes en relación con los t iempos de
servicios y su forma de contabilización y acumulación.
Sobre los tiempos de servicio, s o stuvo que e l tribunal no se
pronunció respecto a la mutación del vínculo laboral de nacional a
departamental y municipal, y, además, no valoró en debida forma y
de acuerdo con la jurisprudencia existente , el material probatorio
obrante en el ex pediente.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia .
María Cecilia Esco bar Ortiz, la Unida d Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, la Procuraduría Delegada ante el Consejo de
Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto 5, de acuerdo con el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
y de conformidad con lo dis puesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 6.
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.2. Del problema jurí dico .
Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:
¿En el caso de la referencia operó el fenómeno de la cosa
juzgada parcial como lo declaró el a quo en primera instancia?
En caso negativo, ¿María Cecilia Escobar Ortiz , en su calidad
de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia?
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.3.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada. 7
La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener
certeza sobre lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido
de que no puede ser debatido el mismo asunto, reabriendo un nuevo
proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado, se surti eron los
actos procesales del caso y se dio solución al mismo.
En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica y
estabilidad en las sentencias, para que una vez estén
ejecutoriadas, adquieran el carácter de inmutables, vinculantes,
definitivas y coercitivas siempre y cuando guarden protección y
garantía de los derechos fundamentales.
Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada
materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el
proceso, terminando así, la dis puta de manera definitiva, para que
no se extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual,
7Análisis realizado en s entencia de 2 de abril de 2020, proferida por esta
Subsección dentro del proceso radicado 15001-23-33-000-2013-00372-
01(2043-2015).
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los efectos que imprime la cosa juzg ada no habilitan al juez ni a las
partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la
controversia lit igio s a que ya ha sido objeto de decisión.
En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:
• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó
ejecutoriado, bien sea porque no se hizo uso de los re cursos
dentro del término estipulado en la ley o habiéndose ejercido
estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer lo s recursos
extraordinarios que proceden contra las providencias ya
ejecutoriadas.
• Cosa juzgada ma terial: Hay lugar a ella cuando contra la
sentencia feneció la facultad de usar algún recurso, en otras
palabras, porque precluyó el término para interponer los
recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de forma
desfavorable.
Por su parte, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, refirió:
«Cuando una sent e ncia queda ej ecut or iada, est o es, vencen
los t ér m inos de not ificació n sin que se int er ponga e n su contra
r ecur so alguno, o c uando hab iéndose i nt er puest o es r esuel t o,
la sent enc ia hace t r ánsit o a cosa j uzg ada f or m al, es deci r ,
dent r o del m ism o pr oceso no pued e ser desconocid o lo
decid ido en e lla y debe ser cum plida la det er m inació n; no
obst ant e, m e diant e el em pleo del r ecur so ext r aor dinar io de
r evisión o de l de an ulaci ón si se t r at a de laudos ar b it r ales, es
posib le im pugnar lo decid ido, si se da alguna de las causale s
que lo per m it en. [ …]
Em per o, cuando no exist e posib i lida d de im pugnac ión, bi en
por que los t ér m inos par a int er poner el r ecur so ext r aor dinari o
pr ecluyer on, por que ést e no es pr ocedente, o por que se em pleó
y f ue denegado, la sent encia hace t r ánsit o a cosa j uzgada
m at er ial, donde e l f allo s e t or na inex pu gnable que, en e st r i ct o
r igor , es la ver dadera cosa j uzgada por que la decisión se t or na
inat acabl e y f at alm ent e ser án inm ut ables 8».
8López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, parte general.
Páginas 674-675.Dupre Editores Ltda., 2017.
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Ahora bien, el artículo 189 del CPACA 9 preceptúa los efectos de la
cosa juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta
que teniendo en cuenta lo indicado en la norma ut supra
referenciada, en controversias en las cuales se discute la legalidad
de un acto administrativo, la decisión que no accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo
atinente a la causa petendi .
Aunque el artículo indicado en el pá rrafo anterior hace alusión a
uno de los aspectos de la cosa juzgada, es necesario revisar el
artículo 303 de la Ley 1564 de 2012, en virtud de la remisión que
hace el artículo 306 del CPACA 10.
Dicha disposición precisó que existen tres requisitos qu e deben ser
confrontados para analizar su existencia en el caso concreto, es
decir, para que se configure la cosa juzgada, incumbe corroborar
que en el nuevo proceso iniciado con posterioridad a una litis ya
decidida se estructuren los siguientes presupuestos:
i) Identidad de partes: En el sumario concurren las mismas
partes que resultaron vinculadas y obligadas por la sentencia
que hizo tránsito a cosa juzgada.
ii) Identidad de obje to: Las pretensiones deprecadas en el nuevo
proceso son idénticas a las que fueron reclamadas en el
primero en donde se profirió la decisión 11.
iii) Identidad de causa: Las razones, motivos y hechos que
fueron fundamento de la primera acción son invocados
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
10 « A s p e c t o s
no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo».
11En la sentencia C-774-2001 con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar
Gil se explicó que «igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente».
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nuevamente en una segunda demanda.
Teniendo en cuenta lo anterior, los e lementos para la determinación
de la eficacia de la cosa juzgada se contraen a los sujetos que
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el cual recaen las
pretensiones de la demanda y la causa invocada para sustentar
dichas pretensiones 12.
2.4 Análisis de la Sala.
A efectos de determinar si en este caso se produjo el fenómeno de
la cosa juzgada parcial se verificarán los supuestos fácticos del
caso que se encuentran acreditados conforme con el acervo
probatorio, así:
La señora María Cecilia E scobar O rtiz nació el 25 de octubre de
1953 13, razón por la cual, el 25 de octubre de 2003 cumplió 50 años
de edad.
Con el objeto de demostrar la pre stación del servicio docente,
allegó los siguientes documentos:
• Certificado de Tiempos de servicios 0340, suscrito por la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal de
Popayán. (fl s. 41 y 77).
• Certificación sus crita por el Vicerrector Administrativo de la
Institución Educativa INEM. (fl. 4 2).
• Certificado de Tiempos de servicios 0340, suscrito por el
departamento del Cauca, en el que se indica que la
vinculación de la señora María Cecilia Escobar ejerció como
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 3 de marzo de 2016,
expediente: 05001-23-33-000-2013-00323-01 (0578-2014) y auto del 15 de
febrero de 2018 expediente: 25000-23-42-000-2013-01520-01 (3199-2015).
13 C o p i a de la cédula de ciudadanía visible en el folio 39 del expediente.
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docente nacionalizada en el Colegio Santa Catalina Laboure
en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 1978 y
el 31 de mayo de 1979. (fl. 43).
• Certificado de salarios, suscrito por la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte Municip al, de Popayán . (fl. 44).
-
• Copia del Decreto 987 de 1978 , por medio del cual fue
nombrada como consejera de la normal Santa Catalina
Laboure y su respectiva acta de posesión (fls. 149 y 150).
• Decreto 118 del 18 de julio de 2003, expedido por la Alcaldía
Municipal de Popayán, mediante el cual incorporó de manera
global la planta de cargos del personal docente financiada con
Recursos del S ist ema Participaciones a la Administración
Municipal. (f ls. 252 al 254).
• Acta de Entrega de la Educación al Municipio de Popayán de
la Educación al Municipio de Popayán del 18 de julio de 2003.
(fls. 149 al 150).
Establecido lo anterior , se examinará cada uno de los elementos
que configuran la cosa juzgada, con el propósito de determinar si
existe identidad en lo relativo a las pa rtes, objeto y causa, según lo
preceptúa el artículo 303 de la Ley 1564 de 2012 , así:
Expediente Expediente
2010-00283-01 2019-00239-00
SUJETOS PROCESALES
Demandant e: María Cecilia Demandant e: María Cecilia
Escobar Ortiz Escobar Ortiz
Demandado: CAJANAL Demandado: UGPP
ACTOS ACUSADOS
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
Resoluciones 006589 del 15 de Resoluciones 043600 del 21 de
febrero de 2006 y 05953 del 11 de noviembre de 2017 y 005032 del
febrero de 2009, pr oferidas por 9 de febrero de 2018, proferidas
CAJANAL por la UGPP
PRETENSIONES
Solicitó declarar la nulidad de
Solicitó declarar la nulidad de los
los actos administrativos
actos administrativos
previamente individualizados .
previamente individualizados .
Deprecó el reconocimiento y
Deprecó el reconocim iento y
pago de la pensión gracia desde
pago de la pensión gracia ,
el 15 de mayo de 2017 , día en el
incluyendo todos los factores
que adquirió el estat us .
salariales devengados.
Reajustar las sumas
Indexar, ajust ar los valores y
reconocidas de acuerdo con el
pagar los intereses moratorios.
IPC; y pagar de los intereses
moratorios.
SENTENCIAS
En sentencia del 25 de mayo de
En sent encia del 26 de agosto
2012, el Juzgado Cuarto
de 2021 el Tribunal
Administrat ivo del Circuito
Administrat ivo del Cauca declaró
Judicial de Popayán, negó las
probada la excepción de cosa
pretensiones de la demanda, al
juzgada parcial.
considerar que la demandante no
cumplió con los requisitos para
hacerse beneficiaria de la
pensión gracia.
Como fundamento de la decisión,
sostuvo que la decisión profer ida
Manifestó que si bien,
en el año 2014 analizó el
inicialmente ost entó una
carácter nacional o t erritorial de
vinculación como docente
la vinculación de la demandante
nacionalizada, durante el
para los años 1997 a 30 de julio
periodo comprendido entre el 1
de 2008, y determ inó su carácter
de noviembre de 1978 y el 30 de
como nacional. Así las cosas,
julio de 2008, tuvo una
resolvió declarar la excepción de
vinculación del or den nacional.
cosa juzgada, pero únicamente
para los per iodos ref erenciados.
En sentencia del 4 de
septiembre de 2014 , el Tribunal
Administrat ivo del Cauca
confirmó lo resuelto por el a quo.
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00239-01
Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
Como fundamento de la decisión,
sostuvo que la demandante no
demostró el cumplimiento de los
20 años de ser vicio como
docent e departamental,
municipal o distr ital .
De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:
1. En cuanto a la identidad jurí dica de las partes , debe precisarse
que si bien en el radicado 2010-00283-01 fungió como accionada la
Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL y, en el proceso objeto
de análisis en el presente asunto, la demandada es la Un idad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo cie rto es que esta
última actúa como sustituta procesal de CAJANAL. De manera que,
puede colegirse que existe identidad de las partes en los dos
procesos.
2. Sobre las pretensiones de la demanda , se observa que los actos
administrativos demandados son diferentes , por cuanto en el
proceso 2010 -00283-01, las Resoluciones cuestionadas fueron la
006589 del 15 de febrero de 2006 y la 05953 del 11 de febrero de
2009, y en el proceso 2019-00239-00, las controvertidas fueron las
Resoluciones 043600 del 21 de noviembre de 2017 y la 005032 del
9 de febrero de 2018 .
No obstante, aunque se demandan resoluciones diferentes, guarda
similitud lo pretendido en los dos procesos, en la medida en que el
objeto de las mismas, gira en torno a la solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión gracia de la señora María Cecilia Escobar
Ortiz, en tal sentido hay identidad de objeto.
3. Finalmente, comparadas las sentencias emitidas al interior de los
procesos de radicados 2010-00283-01 y 2019-00239-00 del 26 de
agosto de 2021, específicamente los fundamentos de las demandas
y las decisiones adoptadas , es evidente que la señora María Cecilia
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00239-01
Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
Escobar Ortiz est á en desacuerdo con la determinación de la
administración de negarle el derecho a la pensión gracia con
fundamento en que para los años 1979 en adelante , sus
vinculaciones como docente oficial fuer on del orden nacional.
De manera que n o puede perderse de vista que el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, evaluaron los periodos de vinculación de
la actora, de conformidad con lo siguiente:
Proceso 2010-00283-00 Proceso 2010-00283 -01
« [ …] Ahor a en lo r ef er ent e al caso « [ …] Par a benef iciar se de la
baj o est udio, la acc i onant e est uvo pensión gr ac ia, le c or r espondí a a
vincul ada com o d ocent e en el la act or a la car ga de pr obar que
coleg io Sant a C at ali na Labour e de los ser vicios pr est ados com o
Bolí var Cauca, c oleg io of ic ial docent e er an del orden m unicipa l,
naciona liz ado, en el nive l de depar t am ent al o distr it al, o que es
secundar ia, post er io r m ent e labor ó de aquell os docent es que
en la I nst it ución 18 Educat iva quedar on com pr endi dos dent r o del
Fr ancisco José de Caldas I NEM pr oceso de naciona l izació n.
Nacion al de Popay án ( Cauca) , y
en la I nst it ució n Educat iva En las cer t if icacion es expedidas
Alej andr o de Hum boldt , am bos por la Secr et arí a de Educa ción,
est ablecim i ent os educat ivos de Cult ur a y De por t e de l m unic ipio de
car áct er Naciona l. En dicha Popayán se cons t at a que la
Act ividad se des e m pañó por 29 docent e M ARÍ A CECI LI A
años y 9 m eses, según const a en ESCO BAR O RTI Z labor ó en la
cer t if icado de t iem po de ser vicios NO RM AL SANT A CATALI N A
No. 0611 exped id o el 24 de Bolí var Cauca, c om o docent e
Noviem br e de 2008 por la naciona liz ada desde el 1 de
Secr et ar ia de Educ ación, Cu lt ur a noviem br e de 1978 al 31 de m ayo
y Depor t e. ( f. 114) . de 1979, par a un t otal de 7 m eses
Post er ior m ent e f ue vinculada en
Ahor a, si bien es cier t o que la coleg ios de car áct er naciona l en el
dem andant e f ue vi nculada com o M unicip io de Popayán ent r e ellos
docent e ant es del 31 de Dic iem br e la I NSTI TUCI Ó N EDUCATI V A
de 1980 en el c oleg io Sant a FRAN CI SCO JO SÉ DE CAL DAS
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
Cat ali na de La bour e de Bol ivar , no I NEM BO YACA y la I NSTI TUCI Ó N
cum ple con la t otalid ad de los EDUC ATI VA ALEJ ANDRO DE
r equisit os est ablec idos en las HUM BO LT com plet a ndo un t iem po
Leyes que r ige n la P ensión G r acia de ser vicio en es t as inst it uciones
y exigid os adem ás por el num er al de 29 años y 02 m eses.
2° del ar tí culo 15 de la ley 91 de
1989, pues e l ví ncu lo l abor al q ue Las const ancias m encionadas,
m ant uvo la dem andant e con el son suf icient es par a conclu ir que
Est ado f ue en su car áct er de la act or a solo labor ó por un
Docent e Naciona l, debido a que per iodo de 7 m eses en una
par a la f echa ( 01 de Noviem br e de inst it ució n de car áct er
1978) en que ingr esó a labor ar naciona liz ado, y la m ayor part e de
com o t al en el m encionado su t iem po ej er ció la docencia en
est ablecim i ent o Educat ivo, ést e inst it ucio nes educat ivas de
ya se encont r aba en el pr oceso de car áct er nacional, luego los
naciona liz ación de l a educación. t iem pos acr edit ad os en t al
condic ión no pueden ser t enidos
De los ant er ior es r azonam ient os en cuent a par a r econocer la
con sust ent o en la jur ispr udenci a pensión r eclam ada c onf or m e a los
y las nor m as r elac i onadas, se ha line am ient os l egales y
de conclu ir que la accionant e no j ur ispr udencia les m encionad os ».
puede ser benef iciar ia de la
pr est ación ahor a r e clam ada, t oda
vez que ést a f ue inst it uida par a
com pensar a aquel los docent es
t er r it or iales en se e ncont r aban en
desigua ldad por la dif er encia
salar ia l, com o lo ha señalado l a H.
Cor t e Const it uciona l .
De conf or m idad con lo plant eado,
y al encont r ar est a inst ancia que
la señor a M ARI A CECI LI A
ESCO BAR O RTI Z no r eúne los
r equisit os, exi g idos por el m ar co
nor m at ivo est ablecido par a el
r econocim ient o de la pens ión
gr acia, t eniendo en cuent a que su
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00239-01
Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
nom br am ient o inic ia lm ent e f ue en
un plant e l educat ivo naciona liz ado
coleg io Sant a C at ali na Labour e de
Bol ivar , Cauca, y p ost er ior m ent e
en las I ns t it uci ones Educat ivas d e
or den naciona l, Fr ancisco José de
Caldas I NEM y Alej andr o de
Hum boldt de Popay án, dur ant e el
per iodo com pr endid o ent r e el 01
de noviem br e de 19 7 9 y el 30 de
j ulio de 20 08, no le asist e e l
der echo par a ser benef iciar i a de la
m ism a, lo que in elud iblem ent e
conll eva a m ant ener incólum e los
ef ect os de los act os
adm inist r at ivos a cusados, y
consecuenci alm ent e negar las
súplic as de la dem anda. »
Así las cosas, dicha circunstancia fue analizada y resuelta de
manera idéntica en el proceso cuyo ra dicado es 2010-00283-01, con
el asunto que ahora nos convoca en este proceso radicado 2019-
00239-00.
En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que se presenta
identidad de causa en ambos procesos contenciosos.
Debe precisar que el cambio de jurisprudencia no afecta las
decisiones judicia les adoptadas con anterioridad. Así lo ha
señalado esta Sala de Subsección 14 con ponencia de este
14 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección A-
consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández- sentencia del dos (2) de abril de dos mil veinte
(2020)- radicación número: 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-15).
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00239-01
Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
consejero, en anteriores oportunidades al sostener:
« A p e s a r d e q u e e l a q u o e n l o s fu n d a m e n to s d e s u d e c i s ió n h a c e
a l u s i ón a q u e e l c ri te ri o d e i n te rp re ta c i ó n d e l o s fa c to re s s a l a ri a l e s a
l o s q u e ti e n en d e re ch o l o s b e ne fi c i a ri o s d e l ré g im e n de tra n s ic i ó n d e
l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 a d o p ta d o p o r l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l C ons e j o d e
E s ta d o e n l a s e n te n c i a d e u n i fi c a c i ó n d e j u ri s p ru d e n c i a d e 4 d e a g o s to
d e 2 0 1 0 h a b i l i tó a l d e m an d a n te p a ra a c u d i r d e n u e v o a s o l i c i ta r e l
re a j u s te d e s u m e s ad a p e n s i o n al , s i n e mb a rg o , e s ta S a l a c o n tra ri o a
l o d e te rm in a d o p o r e l T ri b u na l d e p rim era i n s ta n c i a , p re c i s a q u e e l
c a m bi o d e j u ri s p ru d en c i a n o p u rg a l a c o s a j u z g a d a , e s d e c i r, n o a fe c ta
l a s d e c i s io n e s j u di c ia l e s a d o p ta d a s c o n an te ri o ri d a d .
A s í l o h a e x p l i c a d o l a S a l a d e C o n s u lta y S e rv i c i o C i v il d e l a
C o rp o ra c i ó n :
« F i n alm e n te , e s i m po rta n te re i te ra r q u e s i b i e n l o s c a m bi os d e
p re c e d e n te o ri e n ta n l a s d e c i si o n e s fu tu ra s d e l o s o p e ra do re s
j u ríd i c o s , n o a fe c ta n l o s c a s o s fa l l a d os c o n a n te ri o ri d a d p o r l a s
a u to ri d a d e s j u d i ci a l es , p u e s é s to s s e s u j e ta n a l o re s u e l to e n e l
re s p e c ti v o p ro c e s o j u d i ci a l , d a d o e l c a rá c te r v i n c u l a n te d e l a
s e n te n c i a y s u s e f e c to s d e c o s a j u z g a d a , D e l o c o n tra ri o , l a
j u ri s p ru d e n ci a , q u e p o r n a tu ra l e z a d e b e e v o l u c i on a r d e a c u e rd o c o n
l o s c am b i o s j u ríd i c os y s o c i a l e s , c o rre ría e l ri e s g o d e p e tri fic a rs e
p o r e l te m o r d e l o s e fe c to s d e l c a m b i o d e p re c e d e n te .
D e e s ta m an e ra , l a s e g u ri d a d j u ríd i c a y el v a l o r d e c o s a j u z ga da d e
l a s s e n te n c i a s , l a cu a l e s v i n cu l a n te pa ra l a s p a rte s q u e h a n
i n te rv e n i d o e n el p ro c e s o , c o n s ti tu y e u n v a l o r c o n s ti tu c i o nal
p ro te g i b l e q u e no re s u l ta a fe c ta d o c o n c a m bi o s p o s te ri o re s en la
j u ri s p ru d e n ci a » . 15
L o s d e s p a c h o s q u e in te g ra n l a S e c c i ó n Se g u n d a ta m bi é n a c o ge n l a
p o s tu ra s e g ú n l a c u a l l o s c a m bi o s d e j u ris p ru d e n c i a n o a fe c ta n l a
c o s a j u z g ad a , a s í s e p u e d e v e r e n a su n to s d e c i d id o s e n s e d e
o rd i n a ri a y c o n s ti tu c io n a l 16.
15 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2012.
Radicado: 11001-03-06-000-2011-00049-00 (2069). C.P. William Zambrano Cetina.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicado: 25000-23-25-000-2012-01176-01 (1281-2004); Demandante: José Elvis Sierra;
Demandado: U.G.P.P. Sentencia de 11 de abril de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Radicado: 76001-23-33-000-2013-00063-01(2710-15); Demandante: Ramiro Ospina;
Demandado: Universidad del Valle. Sentencia de 16 de marzo de 2017. C.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
11001-03-15-000-2016-00356-00(AC); Demandante: Hilda Marina Brochero Rodríguez; Demandado:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro. Sentencia de tutela de
17 de marzo de 2016. C.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
A s í l a s c o s a s , e l c a m b io d e p o s tu ra j u ri s p ru d e n c i al a c a e c i d o c o n
p o s te ri o ri d a d a l a e x p e d i c ió n d e l a s e n t e n c i a d e n tro d e l p ro c e s o
2 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 de 2 7 d e n o v i em b re d e 2 0 08 e n n a d a a l te ra o i n va l ida
l o re s u e l to s o b re l o s fa c to re s s a l a ri a l e s q u e d e b e n h a c e r p a rte d el
i n g re s o b a s e d e l iq u i d a ci ó n d e l a pre s ta c i ó n p e ri ó d i c a d e l
d e m an d a n te , c u y a s i tu a c i ó n fu e d e fi n i d a j u d i c i alm e n te e n u n
p ro c e s o p ri m ig e n io p o r e l J u z g a d o S é p ti mo A d mi n i s tra ti v o d e T u n ja
y e l T ri b u n a l A dm i ni stra ti v o d e B o y a c á , p o r ta l ra z ó n , l o d e p r e c a d o
e n e s te p ro c e s o y a f u e d e c i d id o , e n c o n s e c u e n c i a , e x i s te i d e nti d ad
d e c a u s a .»
Ahora bien, el a quo declaró probada la cosa juzgada parcial, al
considerar que se debían estudiar los periodos laborados por la
demandante a partir del año 2008 hasta el 2017, por cuanto al ser
posteriores al fallo, no fueron estudiados en el proceso 2010 -00283-
01 y constituy en nuevos tiempos que requieren una decisión de
fondo.
Al respecto, manifestó que de conformidad con el tiempo de servicio
certificado de la señora María Cecilia Escobar Ortiz, a través de la
Resolución 5790 del 9 de abril de 1979, fue nombrada docente de
carácter nacional en el Instituto Nacional de Educación Media
Diversificada INE M, del municipio de Popayán y posteriormente fue
trasladada a la In stitución Educativa Alejandro de Humboldt de
Popayán, de conformidad con el Decreto 00146 del 28 de abril de
2005.
No obstante , según las condiciones de la vinculac ión docente de la
demandante certificadas en el proceso, es claro que el último
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicado: 76001-23-33-000-2013-00113-02(0466-16); Demandante: Oscar Román Tudela
Rangel; Demandado: Universidad del Valle. Apelación de auto de 26 de octubre de 2017. C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Radicado: 76001-23-31-000-2012-00091-01 (1482-17); Demandante: Álvaro Nieto Hamann;
Demandado: Universidad del Valle. Apelación de auto de 17 de mayo de 2018. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Radicado: 25000 23 42 000 2013 00363 01 (2226–2014); Demandante: Miguel Ángel López
Castaño; Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. Sentencia de 23 de enero de 2020. C.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
nombramiento del que fue objeto se efectuó el 1 de junio de 1979 ,
en las que además se indicó que fue del orden nacional 17, de ahí en
adelante se generaron situaciones administrativas por el traslado
que se presentó en el año 2005 sin que ello afectara sus salarios,
prestaciones sociales o el régimen de pensiones y cesantías, pues
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral 18.
En consecue ncia, al haberse analizado la naturaleza jurídica del
vínculo efectuado desde el año 1979 y no existir ruptura del mismo
hasta el 2017 , no es procedente somet er a un nuevo estudio el
periodo que corresponde de 2008 hasta el 2017 porque deviene del
mismo acto de nombramiento que fue examinado anticipadamente
por otra autoridad judicial , y sobre ese asunto ya existe una
decisión ejecutoriada que adquirió el carácte r de inmutable,
vinculante, definitiva y coercitiva .
De conformidad con todo lo expuest o, la Sala revocará el fallo de
primera instancia que declaró probada la excepción de cosa
juzgada parcial y negó las pretensiones de la demanda, para en su
lugar declarar prob ada la cosa juzgada.
2.5. Condena en costas.
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas al actor comoquiera que si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo cie rto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021,
es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo
que en esos términos al hacer extensiva esa in terpretación al caso
17 Cer t if ic ac io n es
o br a n t es e n l os fo l i os 41 y 4 2 d el ex p e di e nt e.
18En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en
sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015 00695
01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, ra dicación 66001 23 33 000 2016
00084 01 (1985–2018).
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
bajo análisis, de las actuaciones desplegadas por la demandante en
las diferentes etapas del proceso, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, sustentó las razones en defensa jurídica
de sus intereses y, por ende, no se c ondenará en costas.
2.6 Otras disposiciones.
Mediante memorial allegado a SAMAI, visible a índice 18, el abogado
Omar Andrés Viateri Duarte, portador de la tarjeta profesional
111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, allega Escritura
Pública 0604 del 12 de febrero de 2020, otorgada en la Notaría
Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá D.C, a través de la cual la
UGPP le otorga poder para actuar en su representación, razón por
la cual habrá de reconocérsele personería para actuar al a creditarse
los requisitos legales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de l 26 de agosto de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la
cual declaró probada la excepción de “ cosa juzgada parcial ” y negó
las pretensiones de la demanda presentada por la señora María
Cecilia Escobar Ortiz en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.
En su lugar, declarar probada la excepción de cosa juzgada
respecto a las pretensiones reclamadas por María Cecilia Escobar
Ortiz. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia del 4
de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del
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Demandante: María Cecilia Escobar Ortiz
Cauca al interior d el proceso cuyo radicado es 2010-00238-01.
SEGUNDO. No con denar en costas de acuerdo con lo expuesto en
esta providencia.
TERCERO: Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viateri
Duarte, portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo
Superior de la Judicatura, de acuerdo con la sustitución de poder
otorgada para representar a la entidad accionada .
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica p ara la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023 ).
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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