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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00755-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00755-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales 3 y 4 de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Reyes Alberto Deluque Jiménez contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Los cuales quedarán así: TERCERO: CONDENAR al SENA, a reconocer y pagar en favor de REYES ALBERTO DELUQUE JIMÉNEZ las prestaciones sociales ordinarias que percibían los empleados de planta del SENA, por el período comprendido entre el 8 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones, tomando como base para ello la asignación salarial del empleo y el respectivo grado que determine el Sena según la valoración objetiva de los criterios que asignan tal clasificación.. De igual forma, el SENA deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones donde se encuentre afiliado el demandante, si existe diferencia entre los aportes realizados por él cuando fungió como contratista y los que efectivamente debió pagar, el valor faltante de los aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Para ello tomará mes a mes únicamente el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante, con fundamento en en la asignación salarial de un empleado de planta durante el período comprendido entre el 27 de enero del 2006 hasta el 31 de marzo de 2019, salvo las interrupciones. Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema de Seguridad Social durante el tiempo que duró su vinculación y, en caso de no haberse hecho o existir diferencias en su contra, deberá pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador, por el período efectivamente trabajado entre el 27 de enero del 2006 hasta el 31 de marzo de 2019, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia. QUINTO: DECLARAR la prescripción del periodo laborado entre el 27 de mayo de 2006 y el 31 de agosto de 2016, el cual solo deberá ser tenido en cuenta para efectos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00755-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Reyes Alberto Deluque Jiménez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20-2-220-003286 del 11 de
septiembre del 2020 suscrito por el director regional del Sena, por medio del cual
se le negó la existencia de una relación laboral encubierta entre el 27 de enero de
2006 y el 31 de marzo de 2019 y el reconocimiento de las prestaciones sociales
que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por

1 En lo que sigue Sena.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

el periodo reclamado; ii) el reconocimiento de las prestaciones sociales que de ella
se derivan, tales como cesantías, y sus intereses, primas de servicios, vacaciones,
navidad y localización, vacaciones, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificaciones por recreación y por servicios y dotación; así como el pago de los
aportes para pensión; iii) el reajuste de la condena con base en el índice de precios
al consumidor (IPC); iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; y v) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Reyes Alberto Deluque Jiménez laboró para el Sena mediante contratos de
prestación de servicios entre el 27 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2019, con
el objeto de impartir formación en mercadeo, ventas y otros.

3.2. Desarrolló sus labores en cumplimiento de un horario de 8:00 am. a 12:00 m y
de 2:00 a 6:00 pm., bajo las órdenes del Sena, Regional Cesar, según el reglamento
interno de la institución y con algunas interrupciones efectuadas de acuerdo con las
necesidades de esta.

3.3. El 8 de septiembre de 2020 solicitó al Sena el reconocimiento de la relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; petición que
fue negada a través del acto administrativo demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 93, 94 y 122 de la
Constitución Política; 32, 1 y 17 de la Ley 6 de 1945; numeral 3 de la Ley 80 de
1993; 16 de la Ley 446 de 1998; 17 de la Ley 790 de 2002; 2 del Decreto 2400 de
1968; 2.2.30.2.2. y 2.2.30.2.3. del Decreto 1083 de 2015; y 42 y 138 del CPACA; y
Ley 1285 del 2009 (modifica la ley 270 de 1996) y Decreto 3135 de 1968.

2
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos :

5.1. El servicio de instructor de mercadeo y ventas lo prestó a través de sucesivos
contratos de prestación de servicios, en los que la entidad demandada fijó las pautas
de las actividades, impuso los horarios de trabajo y su periodicidad, estableció el
régimen de disciplina y subordinación, y controló el cumplimiento de las actividades.

2 Índice 49, Samai de Tribunales y Juzgados, actuación: expediente digital, archivos
«48ED_02DemandaAnexosExter(.pdf) NroActua 49», y «55ED_09Subsanacionpdf(.pdf) NroActua
49».

2

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

Lo anterior, desnaturalizó el contrato de prestación de servicios con la intención de
desconocer los derechos laborales.

5.2. Como consecuencia de la permanencia indefinida en las actividades, se
desvirtuó la presunción de este tipo de contratos prevista en el artículo 24 del CST
y se acreditó la configuración de los elementos de una relación laboral. Ello es así,
comoquiera que prestó de forma personal, directa y continua el servicio, bajo la
subordinación del Sena, que impuso las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que debían realizarse las labores, y por ello percibió una retribución.

5.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado3 ha indicado que la relación laboral
debe acreditarse a partir de la permanencia y la equidad o similitud, entendidas
como «requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la
apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral» (sic). En
igual sentido, la Corte Constitucional4 ha establecido criterios para determinar la
permanencia de la actividad a partir de su carácter funcional, de igualdad, temporal
o habitual y de excepcionalidad.

5.4. En el caso concreto, la labor contratada: i) se refiere a aquellas que usualmente
debe adelantar la entidad pública en los términos desarrollados por sus
reglamentos, esto es impartir formación; ii) era igual a las desarrolladas por los
servidores públicos vinculados a la planta de personal, de acuerdo con el Manual
de Funciones de Instructores; iii) no fue ocasional o esporádica, comoquiera que
suscribió sucesivos y continuos contratos de prestación de servicios para ejecutar
igual función desde el año 2006 hasta el 2019, esto es alrededor de 19 años; iv)
correspondía al giro normal de las funciones del Sena; y v) fue continua, pues la
vinculación se realizó mediante sucesivos contratos de prestación de servicios.

5.5. Además, el acto demandado incurrió en falsa motivación, toda vez que se limitó
a exponer de forma general la normativa y la jurisprudencia sobre el contrato de
prestación de servicios, sin analizar los argumentos del caso concreto. Asimismo,
desconoció las disposiciones legales que prohíben el uso indebido de este tipo de
contratación para encubrir una relación laboral.

5.6. Como consecuencia, tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales y los aportes al sistema de seguridad social, en aplicación del principio de
prevalencia de la realidad sobre las formas, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado5, pues una vez acreditados los elementos estructurales de la relación

3 «Sentencia 00020 de 2016, de la sección segunda subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve,

Rad. 81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14)»; del «00117 de 2018, de la sección segunda
subsección B, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Rad. 23001-23-33-000-2013-00117-01 (3730-2014)»
4 sentencias C – 614 del 2009 y

T – 253 del 2015,
5 sentencia del 17 de abril de 2008, radicado 2005-2776, C.P. Moreno García.

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

laboral, especialmente la subordinación, y sin importar la denominación del vínculo,
ello era procedente.

1.2. Contestación de la demanda

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6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones , con fundamento en que
entre las partes existió una relación estrictamente contractual, regida por la Ley 80
de 1993, en la cual el contratista, de manera independiente y autónoma, debía
realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en el fondo de su
preferencia. El demandante, pretendió desnaturalizar la figura del contrato de
prestación de servicios, con el objeto de obtener el reconocimiento de acreencias
laborales, las cuales solo procederían en el evento de que se demostrara la
existencia de la relación laboral.

6.1. De acuerdo con lo anterior, propuso «declarar probada la excepción de mérito de lo
no debido» (sic).

1.3. La sentencia apelada

7. En sentencia del 12 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró la nulidad del acto administrativo 20-2-220-003286 del 11 de septiembre de
2020, la existencia de la relación laboral del 27 de enero de 2006 al 31 de marzo de
2019, la prescripción de los derechos prestacionales derivados de la relación laboral
reconocida en los periodos «entre 26 de mayo de 2006 y el 15 de enero de 2008, el cual
solo deberá ser tenido en cuenta para efectos pensionales» y negó la condena en costas.
A título de restablecimiento del derecho dispuso:

«TERCERO: CONDENAR al SENA, a reconocer y pagar en favor del señor REYES
ALBERTO DELUQUE JIMÉNEZ las prestaciones sociales ordinarias que percibían los
empleados de planta del SENA, por el período comprendido entre el 15 de enero de
2008 hasta el 31 de marzo de 2019, tomando como base para ello los honorarios
pactados en el respectivo contrato o, en su lugar, el salario devengado por un empleado
de planta, en la medida de que no sea inferior a los honorarios.

De igual forma, el SENA deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones donde se
encuentre afiliado el demandante, si existe diferencia entre los aportes realizados por él
cuando fungió como contratista y los que efectivamente debió pagar, el valor faltante de
los aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Para ello tomará
mes a mes únicamente el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante,
con fundamento en los honorarios pactados durante el período comprendido entre el 27
de enero del 2006 hasta el 31 de marzo de 2019, salvo las interrupciones.

Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema de
Seguridad Social durante el tiempo que duró su vinculación y, en caso de no haberse

6 Índice 49, Samai de Tribunales y Juzgados, actuación: expediente digital, archivo
«64ED_18PoderyContestacion(.pdf) NroActua 49».

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

hecho o existir diferencias en su contra, deberá cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le correspondía como trabajador, por el período efectivamente trabajado
entre el 27 de enero del 2006 hasta el 31 de marzo de 2019, de conformidad con la parte
considerativa de esta sentencia
(…)
[QUINTO]: NEGAR las demás pretensiones de la demanda» (sic).

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:

8.1. La prestación personal del servicio y la remuneración se acreditaron, puesto que
así se advirtió tanto del objeto de cada uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos por las partes como de las obligaciones contraídas por Reyes
Alberto Deluque Jiménez, de las que se extrajo que el servicio debía prestarse
directamente por él, en atención a sus capacidades laborales, y sin que le fuera
posible delegar el ejercicio de sus actividades en otras personas. Asimismo, se
pactó el pago de unos honorarios, circunstancia que no fue controvertida, por lo que
se concluyó que sí se realizaron.

8.2. Las labores desarrolladas por «alrededor de 11 años», evidenciaron que no se
trató de un vínculo ocasional o temporal, característica propia del contrato de
prestación de servicios.

8.3. La actividad se relacionaba directamente con el objeto del Sena, pues se
encargaba de impartir formación integral de los programas ofrecidos por la
institución. De las obligaciones pactadas en los contratos se evidenció la imposición
de condiciones respecto de la forma y el lugar en los que debía cumplir con sus
labores.

8.4. Los testigos dieron cuenta de la prestación personal del servicio como instructor,
así como del cumplimiento de sus labores de acuerdo con el horario preestablecido
por la entidad, y las instrucciones y ordenes impartidas por el jefe inmediato.

8.5. «En el sub-lite se observa que entre los contratos suscritos hay varias interrupciones
que superan los 30 días, pero esta circunstancia corresponde al tiempo de vacaciones de
la entidad por lo cual no serán tenidas en cuenta, excepto lo correspondiente al año 2006
en que sólo se celebró un contrato por un periodo de 6 meses y del año 2007 no se allegaron
los contratos, ni certificación de ese tiempo laborado. En este orden, se tiene que el contrato
No.540 finalizó el 31 de marzo de 2019, razón por la cual a partir del 1 de abril de 2019 el
demandante tenía 3 años para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a reclamar
los derechos laborales causados hasta esa fecha, tal reclamación administrativa se
presentó el 8 de septiembre de 2020, por lo cual es dable concluir que no operó el fenómeno
jurídico de la prescripción extintiva. No ocurre así con la interrupción presentada en el 26
de mayo de 2006 y el 15 de enero de 2008, que supera ampliamente el término de

7 Índice 36, Samai de Tribunales y Juzgados.

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

interrupción, y que en consecuencia estaría prescrito y por ello no podrá ser tenido en
cuenta para efectos del pago de las prestaciones sociales, pero si se mantienen los
derechos relacionados con el reconocimiento para efectos de pensión» (sic).

8.6. Los aportes a seguridad social, por su naturaleza parafiscal, solo pueden ser
empleados para garantizar la prestación de los servicios de salud y pensión en
cualquiera de los regímenes, sin posibilidad de destinarlos a otros fines, por ello,
son ingresos no gravados fiscalmente. En consecuencia, no era posible su
devolución, ya que no le pertenecían al contratista, sino al Sistema de Seguridad
Social; luego, no se le causó ningún daño porque con ellos se cubrieron riesgos
para su propio beneficio.

8.7. No era procedente el pago de lo correspondiente a «calzado y vestido de labor»,
porque solo se reconoce en aquellos eventos en que los honorarios pactados sean
inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la anualidad en que
se suscribió cada contrato. No obstante, la suma correspondiente a los honorarios
pactados por las partes estaba por encima de lo señalado en la ley para el
reconocimiento de esa prestación.

8.8. Procedía el reconocimiento tanto de las cesantías como de los intereses a las
cesantías, entre otras prestaciones sociales ordinarias que devengara un empleado
de planta, por el periodo respecto del cual no se declaró la prescripción.

8.9. No procedía la condena en costas, «pues si bien es cierto que la parte demandante
sufragó gastos ordinarios del proceso, es esta la parte vencida en juicio y la erogación de
los gastos corrió por su cuenta» (sic).

1.4. El recurso de apelación

9. ElSena interpuso recurso de apelación en el cual relacionó diferentes
antecedentes y manifestó lo siguiente8:

9.1. La sentencia de primera instancia no profundizo en las siguientes situaciones
jurídicas: i) «sobre la carga de la prueba», según la cual quien alegue la existencia
de la relación laboral debe probar fehacientemente que en la relación con el ente
público estuvo continuamente presente la subordinación y no la coordinación propia
que debe existir entre las partes de un contrato9; ii) «sobre la presunción de legalidad
del acto administrativo», pues su declaratoria exige un análisis probatorio suficiente

8 Índice 40 de Samai de Tribunales y Juzgados.
9 «Consejo de Estado en sentencia del 14 de agosto del 2020; del 9 de mayo de 2019; del 9 de

agosto de 2018, radicado: 66001-23-33-000-2014-00066-01(0762-15), C.P. William Hernández
Gómez; y del 25 de agosto de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, rad.: 0088-15»

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que desvirtué tal presunción10; iii) «de la solución de continuidad – prescripción», la
celebración sucesiva de contratos de prestación de servicios, incluso sin superar los
30 días hábiles, no deriva automáticamente en una relación laboral encubierta, la
cual debe probarse mediante la concurrencia de sus elementos esenciales; iv)
«elemento de subordinación» deben existir elementos probatorios suficientes para
encontrarlo acreditado y aunque las labores realizadas sean parte de las funciones
propias de la entidad, ello no implican la sujeción directa frente al empleador11; v)
«coordinación de actividades» no necesariamente implica una subordinación 12; vi)
«con relación a los instructores» su vinculación no configura una relación laboral, pues
debe probarse de manera efectiva la subordinación13.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar14.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto 15.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Se circunscribe a establecer ¿si entre Reyes Alberto Deluque Jiménez y el Sena
se configuró una relación laboral? al encontrarse acreditado sus elementos, en
especial la subordinación, y si, en consecuencia, ¿aquel tenía derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo

10 «Consejo de Estado, en Sentencia del 11 de mayo del 2020, con radicado: 25000-23-42-000-2012-

01455-01(1289-16), C.P.: CÉSAR PALOMINO CORTÉS»
11 «Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección A,

consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez, de 5 de febrero de dos mil veintiuno (2021),
Radicación: 11001-03-15-000-2020-05073-00, Accionante: Edgar Thorrens Tirado, Accionado:
Tribunal Administrativo de Bolívar y otro, en Acción de tutela y Sentencia del 11 de marzo de 2021,
consejero ponente Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas, dentro del proceso Radicado No. 2016-
00214-01 (0008-2019)»
12 «Sala Plena del consejo de Estado, el 18 de noviembre de 2003, Radicación IJ-0039, consejero

Ponente Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda»
13 «sentencia del 19 de mayo de 2022 y del 12 de diciembre de 2023»
14 Según consta en el auto del 20 de mayo de 2025, visible a índice 4 de Samai.
15 Según se advierte de la constancia secretarial del 23 de julio de 2025, visible a índice 8 de Samai.

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199816 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia

16 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)17 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización18, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»19 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

17 Aprobada el 11 de abril de 1919.
18 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
19 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

20. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación20 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales21». [se resalta].

23. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202122 estableció las siguientes reglas de

21 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del Sena

30. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 1957 23 y según el Decreto

23 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».

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164 del 6 de agosto de 195724 sus funciones iniciales consistían en brindar
formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura,
la minería y la ganadería.

31. Posteriormente, la Ley 119 de 199425 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función
que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan
al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los objetivos
específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

32. Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

33. Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199826, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del

24 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras
disposiciones».
25 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».
26 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»

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Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y
2015), el cargo de instructor hace parte de la planta, con la descripción de las
siguientes funciones27:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

34. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201428. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

27 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Igualmente la Corte Constitucional29 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros
profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

35. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica,
debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en
la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la
citada Ley 11930. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el Sena

29 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz
30 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).

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está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de 1992 31. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 32, que sobre
su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

36. De esta manera el Consejo de Estado33 ha reconocido que la función prestada

31 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011

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por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación integral,
profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo,
tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de docencia.

37. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que
los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar la existencia de
la relación a efectos de declararla34. En específico, sobre la subordinación ha
exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»35
pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte de las funciones propias
de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a la
prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del
objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material
probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»36 a fin de establecer la configuración o
no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso en concreto

38. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

39. Se aportaron los siguientes documentos:

39.1. Reyes Alberto Deluque Jiménez celebró los siguientes contratos de prestación
de servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos jurídicos
aportados, tales como certificados y los contratos de prestación de servicios 37:

00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
37 Índice 49, Samai de Tribunales y Juzgados, actuación: expediente digital, archivos

«66ED_26CarpetaAnexaRespue(.zip) NroActua 49»; «45ED_25RespuestaSENApdf(.pdf) NroActua
49»; «46ED_26RespuestaSENAConCa(.pdf) NroActua 49» y; «50ED_04MAILRecibidosExter(.htm)
NroActua 49».

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Contrato / Objeto Desde Hasta Interrupción
orden de en días
servicio hábiles
163 de 2006 Prestación de servicios 27 de enero 27 de mayo -
personales como instructor de 2006 de 2006
contratista, impartiendo
horas de formación
profesional en asesoría,
formulación y
acompañamientos de
planes de negocios,
atendiendo a los alumnos
de los programas de
formación profesional
integral del SENA
264 de 2007 Prestar los servicios de 15 de enero 15 de 402
instructor, para adelantar de 2008 septiembre
acciones de formación en el de 2008
Centro de Operación y
Mantenimiento Minero de
Valledupar dentro del
programa jóvenes en
acción
205 de 2008 Prestación de servicios 19 de junio 19 de -
personales como evaluador de 2008 septiembre
de competencias laborales de 2008
en el área de
administración y finanzas,
en el centro Biotecnológico
del Carine, Sena regional
Cesar
216 de 2008 Prestación de servicios 22 de 18 de 21
personales como evaluador octubre de diciembre de
de competencias laborales 2008 2008
en el área administrativa

46 de 2009 Prestación de servicios 25 de febrero 25 de mayo 45
personales como evaluador de 2009 de 2009
de competencias laborales
en el área administrativa
118 de 2009 Prestar los servicios 13 de abril de 12 de julio de --
personales para ejecutar el 2009 2009
proceso de evaluación de
competencias laborales, en
el área administrativa del
en el Centro de Operación y
Mantenimiento Minero del
SENA regional Cesar,
municipio de Valledupar
177 de 2009 Prestación de servicios 6 de agosto 26 de 17
personales como evaluador de 2009 noviembre
de competencias laborales de 2009
en el área administrativa,
ciñéndose al procedimiento
oficial establecido (Versión
03 - 2007), desde la base
de inducción hasta la
misión de Juicio en el Area

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Administrativa, en el Centro
de Operación y
Mantenimiento Minero de
Valledupar SENA
Regional Cesa
58 de 2010 Prestar los servicios 4 de febrero 3 de 45
personales de carácter de 2010 noviembre
temporal como instructor de 2010
orientando y asesorando
con el equipo ejecutor, el
proceso de formación
teórico-práctica del
aprendiz, aplicando los
proyectos definidos por el
equipo de desarrollo
curricular para el programa
de Mercadeo y Ventas de
productos y además
planificar y orientar
programas de Formación
complementaria
especializada aplicando la
estrategia de proyectos
dirigidos al mejoramiento de
la competitividad y a la
gestión de las empresas.
258 de 2010 Prestación de servicios 26 de agosto 26 de -
personales para ejecutar el de 2010 diciembre de
proceso de evaluación de 2010
competencias laborales,
ciñéndose al procedimiento
oficial establecido desde la
base de inducción hasta la
emisión de juicio en el área
requerida
35 de 2011 Prestación de servicios 1° de febrero 1° de julio de 25
personales como instructor de 2011 2011
para atender procesos de
Formulación Titulada en
sus distintas modalidades,
en el centro de operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesar
233 de 2011 Prestación de servicios 21 de julio de 16 de 11
personales como instructor 2011 diciembre de
para atender procesos de 2011
Formulación Titulada en
sus distintas modalidades,
en el centro de operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesar
Adición 01 Tiene por objeto adicionar 100 horas
suscrita el 10 en valor el contrato de
de noviembre prestación de servicios
de 2010 personales de carácter
respecto del temporal como instructor
contrato 233 para atender procesos de
Formulación Titulada en

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

sus distintas modalidades,
en el centro de operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesa
2812 de 2012 Prestación de servicios 25 de enero 24 de junio 26
personales como instructor de 2012 de 2012
para atender procesos de
Formulación Titulada en
sus distintas modalidades,
en el centro de operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesar
89512 de 2012 Prestación de servicios 25 de julio de 14 de 20
personales como instructor 2012 diciembre de
para atender procesos de 2012
Formulación Titulada en
sus distintas modalidades,
en el centro de operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesar
Adición 01 Tiene por objeto adicionar 190 horas
suscrita el 13 en valor el contrato de
de noviembre prestación de servicios
de 2012 personales de carácter
respecto del temporal como instructor
contrato 89512 para atender procesos de
Formulación Titulada en
sus distintas modalidades,
en el centro de operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesar
119 de 2013 Prestación de servicios 22 de enero 11 de 23
personales de carácter de 2013 diciembre de
temporal como instructor en 2013
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema
integrado de gestión de
calidad del SENA
Adición 01 Tiene por objeto adicionar 46 horas
suscrita el 7 de en valor el contrato de
noviembre de prestación de servicios
2013 respecto personales de carácter
del contrato119 temporal como instructor en
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero del SENA regional
Cesar aplicando la
estrategia de formación por
proyectos en los programas

20

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

de formación de mercadeo
y ventas
140 de 2014 Prestación de servicios 21 de enero 30 de agosto 25
personales de carácter de 2014 de 2014
temporal como instructor en
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema
integrado de gestión de
calidad del SENA
Adición 01 Tiene por objeto adicionar (3 meses y 12 de -
suscrita el 27 en valor el contrato de 12 días) diciembre de
de agosto de prestación de servicios 2014
2014 respecto personales de carácter
del contrato140 temporal como instructor en
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero del SENA regional
Cesar aplicando la
estrategia de formación por
proyectos en los programas
de formación de mercadeo
y ventas”
Adición 02 Tiene por objeto adicionar (6 días) 18 de -
suscrita el 28 en valor el contrato de diciembre de
de noviembre prestación de servicios 2014
de 2014 personales de carácter
respecto del temporal como instructor en
contrato140 la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero del SENA regional
Cesar aplicando la
estrategia de formación por
proyectos en los programas
de formación de mercadeo
y ventas
251 de 2015 Prestación de servicios 3 de febrero 11 de 29
personales de carácter de 2015 diciembre de
temporal como instructor en 2015
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema

21

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

integrado de gestión de
calidad del SENA
Adición 01 Tiene por objeto adicionar 19 de -
suscrita el 11 en valor el contrato de diciembre de
de noviembre prestación de servicios 2015
de 2015 personales de carácter
respecto del temporal como instructor en
contrato 251 la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero del SENA regional
Cesar aplicando la
estrategia de formación por
proyectos en los programas
de formación de mercadeo
y ventas
265 de 2016 Prestación de servicios 11 de febrero 31 de agosto 35
personales de carácter de 2016 de 2016
temporal como instructor en
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular, en sus distintas
modalidades, en el centro
de Operación y
mantenimiento minero del
SENA regional Cesar
1110 de 2016 Prestación de servicios 8 de 23 de 46
personales de carácter noviembre de diciembre de
temporal como instructor en 2016 2016
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de desplazados
en el centro de operación y
mantenimiento minero, así
como las actividades de
capacitación y/o auditoria
para el sistema integrado
de gestión de calidad del
SENA
117 de 2017 Prestación de servicios 3 de febrero 15 de 28
personales de carácter de 2017 septiembre
temporal como instructor en de 2017
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema
integrado de gestión de
calidad del SENA
140 de 2018 Prestación de servicios 5 de febrero 30 de junio 94
personales de carácter de 2018 de 2018
temporal como instructor en

22

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema
integrado de gestión de
calidad del SENA
1255 de 2018 Prestación de servicios 3 de 13 de 44
personales de carácter septiembre diciembre de
temporal como instructor en de 2018 2018
la red de conocimiento
comercio y ventas-
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema
integrado de gestión de
calidad del SENA
Adición 01 Adicionar y prorrogar el (6 días) 19 de -
suscrita el 23 Contrato de Prestación de diciembre de
de noviembre Servicios 20-9521-001255 2018
de 2018 de 2018 cuyo objeto es
respecto del Prestación de Servicios de
contrato 1255 carácter temporal, como
de 2018 instructor en Red de
Conocimiento Comercio y
Ventas del Programa de
Formación Regular del
Centro de Operación y
Mantenimiento Minero, así
como las actividades de
capacitación y/o auditoria
para el sistema Integrado
de Gestión de Calidad del
SENA que acuerdan las
partes, en la vigencia 2018
540 de 2019 Prestación de servicios 28 de febrero 31 de marzo 47
personales de carácter de 2019 de 2019
temporal como instructor en (fecha de
la red de conocimiento terminación
comercio y ventas- anticipada)
programa de formación
regular en el centro de
Operación y mantenimiento
minero, así como las
actividades de capacitación
y/o auditoria para el sistema
integrado de gestión de
calidad del SENA

39.2. El 8 de septiembre de 2020, Reyes Alberto Deluque Jiménez solicitó al Sena el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se

23

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

derivaban de ella38.

39.3. El 11 de septiembre de 2020 a través del Oficio 20-2-2020-003286, el director
regional del Cesar negó la anterior petición con fundamento en que la relación con
el demandante fue en virtud de la Ley 80 de 1993, la cual no generó una relación
laboral ni prestaciones sociales y, tampoco se probó subordinación39.

2.3.2. Testimoniales

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de marzo de 202340, se recibió el
testimonio de Lenin José Palomino Blanco, Elkin Eduardo Córdoba Araque y Julio
César Barrios Deluque, de los que se extrae lo siguiente:

41. Lenin José Palomino Blanco es ingeniero de sistemas y se desempeña como
instructor en el Sena. Conoció al demandante en el año 2015 cuando fueron
compañeros de trabajo en el Sena.

41.1. Reyes Alberto Deluque Jiménez no tenía autonomía para la creación de los
horarios. Los horarios, las fichas y los grupos a los que se les debe dar instrucción
eran asignados por la institución. Los horarios eran establecidos por el supervisor
del contrato y el coordinador académico, y no eran modificables.

41.2. No le era posible encargar a un tercero externo para el cumplimiento de sus
obligaciones; en caso de ser necesario, debía apoyarse con alguna persona que
trabajara en la institución.

41.3. Las obligaciones se desarrollaban en el horario y en el lugar indicado por el
Sena, y no tenía autonomía para escoger el lugar en el que cumpliría su labor.

41.4. Para ausentarse debía informar a coordinación académica y al supervisor del
contrato, quienes decidían sobre la autorización.

41.5. Los programas ejecutados eran los asignados por parte de la coordinación
académica, los cuales se diseñaban e impartían de acuerdo con los lineamientos
de la entidad. El demandante impartió instrucción como asesor comercial y en
recursos humanos, programas diseñados y establecidos por el Sena.

38 Índice 49, Samai de Tribunales y Juzgados, actuación: expediente digital, archivo
«50ED_04MAILRecibidosExter(.htm) NroActua 49».
39
Ibidem
40 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip)

NroActua 2», carpeta Cuaderno principal, documento
37_ACTAAUDIENCIA_AUDIENCIA_20220000800ACTAD

24

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

41.6. Los informes debían rendirse a la coordinación académica cada mes, en las
fechas establecidas.

41.7. Era citado a reuniones de carácter obligatorio, en las cuales se daban los
lineamientos para el desarrollo de las actividades formativas.

41.8. El número de estudiantes era definido por la entidad.

41.9. Las actividades realizadas por los instructores de planta y las ejecutadas por el
demandante eran iguales.

41.10. Debía cumplir el reglamento interno del Sena.

41.11. Los honorarios eran pagados por el Sena y no se le efectuaban pagos por
seguridad social ni por prestaciones sociales.

42. Elkin
Eduardo Córdoba Araque es contratista del Sena y conoció al
demandante, pues fue su compañero de trabajo desde hace aproximadamente 17
años.

42.1. El demandante no tenía autonomía, pues debía cumplir con un horario
establecido por el Sena para ejecutar la formación, de acuerdo con la planeación,
en la cual se presentaba una propuesta que el coordinador académico aprobaba o
no. En la formación titulada, los horarios y los grupos son los establecidos por la
institución. Estos eran establecidos por «la coordinación académica, quien,
normalmente, es un funcionario».

42.2. Los programas son los establecidos por la entidad, según el diseño curricular
que deben ejecutar los instructores.

42.3. Los informes los presentaba de forma mensual al momento de realizar el cobro
de la cuenta o cuando fueran requeridos por los coordinadores para verificar
evidencias u otros aspectos. Se presentaban ante Juan Manuel Jiménez,
coordinador académico, Martha Baez, apoyo de la coordinación. Mediante correo
electrónico se le requerían tales informes, según los plazos señalados o por solicitud
expresa.

42.4. Pese a que en los contratos se establecía que existía autonomía, lo cierto era
que el cumplimiento de este se realizaba de acuerdo con las directrices
provenientes de la coordinación académica.

42.5. Para ausentarse de su lugar de trabajo debía informar al jefe inmediato, es
decir, al coordinador académico, lo cual podía ser a través del correo electrónico.

25

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

42.6. Debía ejecutar el contrato directamente y no podía delegar ni ceder a un tercero
su ejecución.

42.7. El número de estudiantes, tanto para la formación complementaria como la
titulada en la modalidad técnica o tecnológica, debía tener un mínimo de 30
personas; por lo tanto, el demandante no tenía disposición sobre este aspecto.

42.8. El pago de los honorarios lo hacía el Sena y la seguridad social le correspondía
a cada contratista.

42.9. En relación con la formación, debía cumplir con el reglamento interno de la
entidad.

43. Julio César Barrios Deluque es servidor público en el cargo de instructor del
Sena, grado 20. Es primo del demandante.

43.1. Reyes Alberto Deluque Jiménez ingresó al Sena como contratista en el año
2006 y actualmente es empleado de planta.

43.2. No tenía autonomía para establecer los horarios del ejercicio de sus funciones.
Tanto los contratistas como los empleados de planta, al desarrollar la formación
titulada o complementaria, tienen asignados un coordinador académico; y, en el
caso de competencias laborales, un coordinador de competencias. Es decir, quien
ejerce la función de supervisión del contrato es, a su vez, quien da las directrices
para ejecutar las labores.

43.3. Al demandante le era aplicable el reglamento interno, comoquiera que cumplía
con la función de impartir formación o de ser evaluador de competencias.

43.4. El supervisor o coordinador daba la orientación para la entrega de los informes
y, en general, dirigía las acciones del contratista, tales como planes de trabajo y
evaluaciones de aprendices, de acuerdo con la normatividad institucional. Estas
orientaciones eran permanentes, pues resultaban necesarias para impartir la
formación profesional integral.

43.5. No eran los contratistas quienes escogían a los aprendices para impartir la
formación; estos ingresaban a través del Sena, y la entidad asignaba el instructor.
En otras palabras, el Sena entregaba el grupo al instructor para impartir la
formación.

26

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

43.6. No había diferencia entre un instructor de planta y un contratista, pues ambos
ejercían la función de impartir formación, según la ley y el manual de funciones de
la institución.

43.7. No conoce un caso en el que un instructor pudiera contratar a otra persona para
ejecutar la obligación a su cargo.

43.8. El Sena estableció el lugar, el horario y la población objeto para ejecutar la
obligación, tanto para los instructores de planta como los contratistas.

43.9. Reyes Alberto Deluque Jiménez debía solicitar los permisos para ausentarse
ante el coordinador académico, quien es el jefe inmediato. En ese sentido, se dejaba
el desarrollo de una guía de aprendizaje para que, de ser el caso, el aprendiz
continuara el desarrollo autónomo por competencia.

43.10. Cuando finalizaba un contrato, se debía esperar a iniciar nuevamente la oferta
educativa para suscribir el siguiente.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Reyes Alberto Deluque
Jiménez y el Sena.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

45. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que Reyes Alberto Deluque Jiménez prestó sus servicios al Sena, vinculado por
medio de contratos que suscribió con la entidad, con el fin de desempeñarse como
instructor para la formulación y acompañamientos de planes de negocios y en el
área de comercio y ventas; así como evaluador de competencias laborales en el
área de administración y finanzas a través de los contratos 205 y 216 de 2008, 177
y 118 de 2009, y 258 de 2010.

46. De los contratos y pruebas testimoniales, así como de sus calidades como
instructor, su idoneidad, capacidad y experiencia laboral, se observa que prestó sus
servicios de forma personal, y que las obligaciones contractuales realizadas eran
afines a sus competencias, según se determinó en las consideraciones, por
ejemplo, de los contratos 205 del 16 de junio de 2008, 258 de 2010 que aluden «el
CONTRATISTA está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demostró la
idoneidad y experiencia directamente relacionada requerida» (sic), y del 140 de 2014 que

27

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

señala «[q]ue la subdirección de centro, como ordenador del gasto, deja constancia que la
persona natural contratada cuenta con la capacidad, idoneidad y/o experiencia requerida y
relacionada con el área de qué trata el contrato» (sic).

47. Además, no existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta
labor, tal y como se extrae de la cláusula incluida en todos los contratos en la que
se dejó consignado que, por tratarse de contratos celebrados en consideración a
las calidades personales del contratista, este no podría cederlos sin autorización
previa y expresa del contratante, lo que no se probó o alegó que hubiese ocurrido;
de lo que se sigue que era él y no otra persona quien debía ejecutar las obligaciones
pactadas.

2.4.1.2. Remuneración

48. Reyes Alberto Deluque Jiménez percibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia de los contratos de prestación de servicios que
suscribió con el Sena, en los que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se
entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

49. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por el demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador académico) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de él hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

50. Precisamente los testimonios dan cuenta que el empleador impuso las
condiciones de ejecución de la labor para que el trabajador desarrollara sus labores,
sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia, pues Lenin José Palomino
Blanco, Elkin Eduardo Córdoba Araque y Julio César Barrios Deluque, además de
lo ya señalado, coincidieron en que el demandante no podía delegar sus labores de
instructor en otra persona, tampoco podía ausentarse de su lugar de trabajo, sino
que debía informar o solicitar permiso ante su jefe inmediato, asistir a las reuniones
programadas con carácter obligatorio y acatar las orientaciones relacionadas con
evaluaciones, planes de trabajos y actividades académicas. Además, sujetarse al
reglamento interno de la institución.

28

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

51. De los testimonios y la declaración de parte también se advierte que los horarios
de los cursos de formación y la programación eran asignados por el coordinador
académico; que cada programa de formación tenía unos contenidos
preestablecidos por la institución y diseños curriculares específicos para cada área
exigibles a todos los instructores independientemente del tipo de vinculación pues,
había personal de planta que ejecutaba iguales obligaciones y no tenía autonomía
para definir el número de aprendices a los que impartiría la formación.

52. Asimismo, la labor se desarrollaba en las instalaciones del Sena y, en caso de
requerirse, por fuera de estas, por instrucción de la entidad, de lo que se advierte el
ejercicio del ius variandi. Por ejemplo, en el alcance de los contratos 163 de 2006,
258 de 2010, 35 de 2011, 233 de 2011 y 2812 de 2012 se indicó que, para el
desarrollo del objeto contractual, el contratista se comprometía a ejecutar la
formación en los programas adelantados por el Centro de Operación y
Mantenimiento Minero del Sena, Regional Cesar, en Valledupar y en los municipios
de Influencia del centro, entre otras.

53. Asimismo, respecto del cumplimiento de horas en la labor de evaluación de
competencias laborales, el contratista se obligaba a tener en cuenta los
procedimientos para evaluar y certificar tales competencias, así como a entregar,
en las fechas en que el Sena definiera, los reportes estadísticos y registros
inherentes al proceso de aprendizaje previstos por la institución, de conformidad
con los horarios de formación del centro. Lo anterior, denota la disposición del Sena
para determinar tanto el horario como el lugar de ejecución del contrato.

54. Así pues, las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver
que la actividad desplegada por Reyes Alberto Deluque Jiménez se realizó de
conformidad con las orientaciones emanadas del centro educativo, y no bajo su
propia dirección y gobierno.

55. Lo anterior, se corrobora luego de analizados los objetos contractuales en los
que se aprecia que debía prestar sus servicios personales como «instructor» y «para
ejecutar el proceso de evaluación de competencias laborales». En efecto, tal y como lo
ha reconocido esta corporación, la función prestada por el Sena a través de los
instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral, dentro de un
sistema de educación no formal que no desconoce la calidad de la labor educativa.

56. Ahora, aunque para encontrar acreditado el elemento de la subordinación se han
exigido elementos de convicción pues, tal labor pese a hacer parte de las funciones
propias de la entidad no implica per se una relación de sujeción, esta Sala encuentra
que la valoración de los testimonios de Lenin José Palomino Blanco, Elkin Eduardo
Córdoba Araque y Julio César Barrios Deluque, quienes manifestaron haberse
desempeñado como instructores del Sena, dieron cuenta de que el demandante

29

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

cumplió con su labor en iguales condiciones a las exigidas a los empleados de
planta en cuanto al tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio,
encontrándose adecuadas a la naturaleza y objeto de la entidad, pues son las de
un «docente / instructor»; conclusión a la que también se llega luego de comparar las
obligaciones pactadas en los contratos y el manual de funciones de los instructores.

57. Aunado a ello, es incuestionable el ánimo de la entidad demandada de emplear
de modo permanente y continuo los servicios del demandante como instructor, pues
la labor se desarrolló por espacio de 13 años. Así pues, los sucesivos contratos dan
cuenta de la vocación de permanencia en el servicio, sin que se denote
excepcionalidad y transitoriedad, contrario a ello ejecutó actividades misionales o
del giro ordinario de la entidad en cumplimiento de funciones del cargo de instructor
que hace parte de la planta de personal del Sena.

58. En cuanto al procedimiento de Evaluación y Certificación por Competencias
Laborales tiene como propósito promover y reconocer el aprendizaje y la experticia
adquirida a lo largo de la vida laboral.

59. La evaluación de las competencias laborales es el proceso por medio del cual un
evaluador recoge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una
persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o
avanzado), para desarrollar una función productiva, centrándose en la ejecución real
de las personas y con base en un referente que es la Norma de Competencia
Laboral y/o el esquema de certificación.

60. Este procedimiento tiene como propósito promover y reconocer el aprendizaje y
la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de aquellos colombianos que se
encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo e
independientes y que demuestren, como principal requisito, que tienen una
experiencia laboral mínima de un año.

61. Lo anterior es acorde con la misión institucional, particularmente en lo
relacionado con el desarrollo de capacidades para el desempeño de actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
Asimismo, se enmarca en las funciones legales (artículo 4 de la Ley 119 de 1994),
entre ellas, la de crear y administrar un sistema de información sobre oferta y
demanda laboral, así como la de impulsar la promoción social del trabajador.

62. Actividad que desarrolló bajo iguales condiciones a las antes descritas, pues, por
ejemplo, en los contratos 216 de 2008 y 258 de 2010, en los que se pactó dicho
objeto contractual, se evidenció el ejercicio del ius variandi, en los términos
expuestos en el párrafo 52, toda vez que la entidad impuso el horario y el lugar de
ejecución de las obligaciones.

30

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

63. Con todo, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones de tiempo,
modo y lugar, en el entendido de que el demandante permitió el cumplimiento de la
misión encomendada al Sena, pues es claro que a través del objeto contratado
aportó al desarrollo de las funciones atribuidas a dicha institución.

64. Al respecto, se advierte que la misión del Sena es la de «intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país»,
función que cumple en desarrollo de su actividad y que guarda similitud con las
labores desempeñadas por el demandante, es decir, este ejecutó tareas que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, como instructor, pues la
función formadora es de carácter permanente.

65. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

66. Valga indicar que, para encontrar acreditada la relación laboral ha de valorarse
aspectos como la naturaleza del empleo, el objeto del contrato y las funciones a
desempeñar, carga que le corresponde probar a la parte demandante. En tal
sentido, de tal valoración en conjunto con la prueba testimonial se pudo concluir que
se ejecutaron bajo los lineamientos y directrices de la entidad, sin que le fuera
posible al demandante cumplirlas bajo su propia dirección.

67. Además, impartir formación como instructor corresponde a una obligación propia
y permanente de la entidad y a cargo de un empleo específico, y el objeto de las
supuestas obligaciones atienden a esa función. Luego, la contratación del
demandante no cubrió una necesidad temporal de la administración.

68. Asimismo, como indicios de la subordinación se pueden apreciar el lugar de
trabajo, el horario de labores, la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta y/o que la labor desarrollada se enmarca en el
objeto misional de la entidad, circunstancias estas de las que dieron cuenta los
testimonios y que fueron valoradas y se relacionan con el objeto contractual
convenido por las partes.

69. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una

31

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»41.

70. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»42.

71. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices del coordinador
académico de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al establecerle
responsabilidades particulares en cuanto a los programas de formación de acuerdo
con las necesidades del servicio, los horarios y el lugar de trabajo, lo que demuestra
que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer
del trabajo del demandante y lo que denota la existencia de una indiscutible
subordinación.

72. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado el demandante no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por espacio de 13 años.

73. Asimismo, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato
de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta
pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el
trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»43, tal y
como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

74. Es incuestionable entonces, el hecho de que la ejecución del objeto convenido
no se realizó de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
42 Ibidem.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató
de una en la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por
los coordinadores académicos, lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que
se asignaron responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad.

75. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para entre el 27 de enero de 2006 y el
31 de marzo de 2019, afirmación que se desprende de los testimonios y de los
contratos de prestación de servicios.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

76. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

77. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

78. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

79. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].

80. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»44.

81. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 8 de septiembre de 2020 y la demanda el 26 de octubre de igual anualidad, y que
existieron interrupciones superiores a 30 días hábiles entre los lapsos en que se
declaró la existencia de una relación laboral, ello implicó la solución de continuidad
en la prestación del servicio y la exigencia de presentar la reclamación
administrativa dentro de los 3 años siguientes.

44 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

82. Es así como, la interrupción que implica el acaecimiento del fenómeno jurídico
de la prescripción extintiva es aquella que se presenta entre los contratos 265 de
2016 y 1110 de 2016 pues el primero terminó el 31 de agosto de 2016 y el segundo
inició el 8 de noviembre de 2016, plazo que excede los 30 días hábiles, sin que se
haya alegado alguna razón que justificara tal interrupción. En tal sentido, y ante esa
interrupción, la oportunidad para que presentara la reclamación venció el 31 de
agosto de 2019, sin que ello ocurriera.

83. Si bien entre los contratos 117 de 2017 y 140 de 2018; el 140 de 2018 y el 1255
de 2018; y el 1255 de 2018 y 540 de 2019 hubo interrupciones superiores a 30 días,
estas se encuentran dentro de los 3 años anteriores a la presentación de la
reclamación administrativa.

84. De tal manera, al demandante le asiste el derecho al pago de las prestaciones
laborales por los periodos ocurridos entre el 8 de noviembre de 2016 y el 31 de
marzo de 2019, salvo sus interrupciones. En tal sentido, se modificarán los ordinales
3 y 4 de la sentencia de primera instancia.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

85. Con base en todo lo anterior, se establece que Reyes Alberto Deluque Jiménez
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en el
periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019,
salvo sus interrupciones, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.

86. Por su parte, el Sena deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional del demandante, que corresponde a los salarios de un empleado de
planta que desarrollara funciones por todos los periodos laborados, por su carácter
de imprescriptibles45, para lo cual deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el
porcentaje que le correspondía como empleador. Para estos efectos, Reyes Alberto
Deluque Jiménez deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no
haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o
completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

45Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

87. Como puede apreciarse, las consideraciones expuestas en esta decisión se
fundamentan en el principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales46 frente al
cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y
calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin
desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas47.

88. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Reyes Alberto Deluque Jiménez debía ser remunerada de
conformidad con lo devengado por un empleado de planta, que realizara iguales
funciones a las suyas.

89. En este punto, a efectos de determinar el restablecimiento del derecho, es
necesario indicar que el Decreto 1433 de 2017 «[p]or el cual se modifica el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA y se dictan otras disposiciones» en su artículo 5 dispuso las equivalencias entre
la nomenclatura y clasificación de empleos fijada por el Decreto 1426 de 1998
(modificado por los Decretos 248 de 2004 y 1730 de 2006) y la escala de asignación
básica que comprende diferentes grados de empleos del Sena en sus diferentes
niveles, para ello la institución ha expedido diferentes resoluciones48 en las que se
ha actualizado o modificado el manual específico de funciones y de competencias
laborales para los empleos de su planta de personal en los que se especifican los
requisitos mínimos y experiencia requerida para ocuparlos.

90. De tal manera, y comoquiera que esta Sala no cuenta con las pruebas que
permitan determinar el empleo y grado en el que aquel se ubica y, en tanto el Sena
cuenta con criterios objetivos para determinar el grado de remuneración a partir del
estudio de su hoja de vida, no existe impedimento alguno para que el

46 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
47 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
48
Tal y como se observa en la página https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

restablecimiento del derecho se realice con base en los salarios de un empleado de
planta. En otras palabras, el Sena deberá verificar los factores de capacitación y
experiencia y, liquidar dichas acreencias conforme a la hoja de vida del demandante
y la estructura de la respectiva planta de empleo.

91. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 49 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

92. En consideración a esto, a Reyes Alberto Deluque Jiménez le asiste el derecho
al reconocimiento de las prestaciones de carácter legal que devengara un empleado
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

93. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en los periodos
reconocidos y frente al cual no operó la prescripción.

94. Ha de precisarse que la anterior determinación no comporta una desmejora para
el apelante único, toda vez que el a quo dispuso que la liquidación de las
prestaciones sociales debía efectuarse con base en i) el promedio mensual de los
honorarios; o ii) el salario devengado por un empleado de planta. Así conforme con
las consideraciones previamente expuestas, el criterio de la Sala es que esa
liquidación se realice con el salario devengado por un empleado de planta,
circunstancia que, aun en el evento de que represente un mayor valor, no
desconoce el principio de non reformatio in pejus, pues tal parámetro ya había sido
considerado en la sentencia de primera instancia.

95. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta. Por tal razón, se
modificará la sentencia de primera instancia en lo relativo a la prescripción de los
derechos reclamados y la liquidación de las prestaciones sociales, la cual se deberá
efectuar con el salario de un empleado de planta del Sena, y se confirmará lo demás,
de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

2.4. Costas

96. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

97. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

98. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.

99. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

100. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

101. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que hubo una relación laboral
entre Reyes Alberto Deluque Jiménez y el Sena en los periodos comprendidos entre
el 27 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones. Sin
embargo, las prestaciones a que tiene derecho en virtud de la prestación de sus
servicios en el periodo comprendido entre el 27 de enero de 2006 y el 31 de agosto
de 2016 se extinguieron en virtud de la prescripción, pero será tenido en cuenta
para efectos pensionales.

50En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales 3 y 4 de la sentencia proferida el 12 de diciembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Reyes Alberto
Deluque Jiménez contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Los cuales quedarán así:

TERCERO: CONDENAR al SENA, a reconocer y pagar en favor de REYES ALBERTO
DELUQUE JIMÉNEZ las prestaciones sociales ordinarias que percibían los empleados
de planta del SENA, por el período comprendido entre el 8 de noviembre de 2016 y el
31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones, tomando como base para ello la
asignación salarial del empleo y el respectivo grado que determine el Sena según la
valoración objetiva de los criterios que asignan tal clasificación..

De igual forma, el SENA deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones donde se
encuentre afiliado el demandante, si existe diferencia entre los aportes realizados por él
cuando fungió como contratista y los que efectivamente debió pagar, el valor faltante de
los aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Para ello tomará
mes a mes únicamente el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante,
con fundamento en en la asignación salarial de un empleado de planta durante el período
comprendido entre el 27 de enero del 2006 hasta el 31 de marzo de 2019, salvo las
interrupciones.

Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema de
Seguridad Social durante el tiempo que duró su vinculación y, en caso de no haberse
hecho o existir diferencias en su contra, deberá pagar o completar, según el caso, el
porcentaje que le correspondía como trabajador, por el período efectivamente trabajado
entre el 27 de enero del 2006 hasta el 31 de marzo de 2019, de conformidad con la parte
considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DECLARAR la prescripción del periodo laborado entre el 27 de mayo de 2006
y el 31 de agosto de 2016, el cual solo deberá ser tenido en cuenta para efectos
pensionales, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

Segundo. Confirmar en los demás la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025)
Demandante: Reyes Alberto Deluque Jiménez

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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