Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00427-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00427-01 (1569-2025)1
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Relaciones laborales encubiertas
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
contra la sentencia del Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del Oficio 501010 Nº. 2-2017-000553 del
veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por medio del cual, el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, negó la existencia de una relación laboral
1
Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
2
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen,
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2.
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
encubierta con la entidad y, en consecuencia, los reconocimientos subyacentes.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que, se declare la existencia de una
relación laboral encubierta con el SENA, sostenida entre el veinticinco (25) de enero
de dos mil catorce (2014) y el dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad
demandada: (i) reintegrar al demandante a un cargo de igual o superior jerarquía al
que ostentaba al amparo de órdenes de prestación de servicios, esto es, al de
“instructor grado 20”, con el consecuente pago de los emolumentos y prestaciones que
devenga un servidor de ese nivel; (ii) en subsidio de lo anterior, se condene a la
entidad a pagar, a título de indemnización, “la totalidad de los derechos de orden salarial y
prestacional” por el no pago de las mismas, así como, por la aludida desvinculación
“de manera arbitraria y sin justa causa”; (iii) pagar la indemnización por la falta de
consignación del auxilio de cesantías; (iv) declarar que, para efectos pensionales,
se tiene como válido todo el tiempo laborado bajo contratos de prestación de
servicios; (v) se tome como base de liquidación de las prestaciones, y en general
de las condenas que se llegaren a proferir, el salario que devenga un funcionario de
un cargo equivalente o, en su defecto, el valor pactado en los contratos de
prestación de servicios, el que resulte más favorable; (vi) se actualicen las sumas a
reconocer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA; (vii) se
condene en costas a la entidad demandada; y (viii) se ordene el cumplimiento de la
sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem.
1.2. Los hechos3
3. Narró que, con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se suscribieron
contratos de prestación de servicios que, materialmente, ocultaron la continua
subordinación y dependencia a la que estuvo sometido, desempeñando funciones
en idénticas condiciones laborales a las de los demás empleados de la planta de
personal, durante el período comprendido entre el veinticinco (25) de enero de dos
mil catorce (2014) y el dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
4. Precisó que, desde el inicio de la vinculación, y durante su desarrollo, permaneció
al servicio de la entidad, “desempeñando verdaderas funciones y responsabilidades propias o
3
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen,
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2.
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
inherentes a las actividades, funciones y competencias de dicha entidad como instructor grado 20 ”,
por lo que, a su juicio, su objeto no era cumplir con actividades ajenas o extrañas a
la misionalidad de la entidad, ni mucho menos fueron “temporales u ocasionales”, como
tampoco “tenía la autonomía típica de un contratista independiente de la administración”.
5. Indicó que, la demandada no le reconoció suma alguna por concepto de derechos
de orden salarial o prestacional, tanto durante el desarrollo de las actividades, como
al momento de su finalización. Sobre el particular, añadió que, no se le pagó una
indemnización por la desvinculación que, en sus términos, se dio sin justa causa.
Así pues, aseveró que la desvinculación ocurrió el dieciséis (16) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016), “por decisión unilateral e injustificada” de la entidad.
6. Anotó que, mediante petición del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete
(2017), elevó una reclamación encaminada a que se le reconociera el pago de “ los
derechos de orden laboral que considera le corresponden por haberle estado prestando sus servicios
realmente bajo una relación de subordinación y dependencia”. La respuesta fue negativa.
1.3. Concepto de la violación4
7. El demandante alegó que, el acto administrativo enjuiciado viola los artículos 1º,
2º, 4º, 6º, 13, 25, 48, 53, 90, 91, 122 y 125 de la Constitución Política de Colombia;
los artículos 1º, 3º, 10 y 44 del CAPCA; los artículos 6º y 7º del Decreto 1950 de
1973; la Ley 10 de 1990; el artículo 195 de la Ley 100 de 1993; el Decreto 1919 de
2002; y el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993.
8. Manifestó que, la nulidad del acto acusado deviene “de no haber tenido en cuenta la
entidad demandada, que desde un comienzo, las actividades para las cuales se vinculó el
demandante fueron misionales e inherentes, por completo al objeto de aquella ”. Además,
puntualizó que, no obstante el contenido de los contratos que se suscribieron, existió
subordinación para la ejecución de los objetos contractuales pactados, de suerte
que, la entidad “impartió órdenes, impuso el cumplimiento de jornadas de trabajo, asignó un
puesto de trabajo y en general subordinó al demandante como un servidor público más (…) ”.
9. Aseveró que, la naturaleza jurídica de la entidad accionada determina igualmente
4
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen,
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2.
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Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
el carácter de la vinculación de sus servidores. En esa línea, sostuvo que, aquellas
personas que desempeñan las labores, funciones, oficios y tareas que realizó el
demandante, tienen la calidad de empleados públicos, por lo que, le corresponden
las mismas garantías laborales y prestacionales que le asisten a aquellos.
10. Puso de presente que, la existencia de una relación laboral encubierta,
encuentra su fundamento en el principio de primacía de realidad sobre las formas
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, cuyo alcance
es el de “garantizar de manera real y efectiva, no simplemente formal, que mediante simples
ropajes o apariencias impuestas unilateralmente por las entidades públicas (…) se excluya a éstas
personas de los derechos y beneficios de orden laboral propios de quienes desempeñan o cumplen
las mismas funciones bajo una vinculación legal y reglamentaria ”.
11. Expresó que, con la expedición del acto administrativo demandado, la entidad
desconoció derechos de estirpe constitucional, entre ellos, la igualdad, el derecho
al trabajo en condiciones dignas, así como los principios señalados en el artículo 53
superior (v.gr. la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales y la primacía de la realidad sobre las formas). En consecuencia, afirmó
que, se trata de una decisión -de la administración- “abiertamente inconstitucional e ilegal,
toda vez que no analizó la materialidad de la relación que se desarrolló con el demandante ”.
1.4. La contestación de la demanda5
12. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual
sostuvo que, la vinculación del demandante con el Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA fue a través de contratos de prestación de servicios, específicamente, los
identificados con el Nº. 250 de 2018, Nº. 0168 de 2015, Nº. 585 de 2015, Nº. 236
de 2016, los cuales se suscribieron al amparo del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993.
13. Advirtió que, la labor de formación que cumplía el señor Gómez Ruiz se adelantó
de manera autónoma, “pues en el texto de los contratos no se establece que la entidad hubiera
impuesto el método a seguir para desarrollar el objeto de los contratos ”. Al respecto, anotó que,
en los respectivos contratos, se dejó consignado el objeto a cumplir en un plazo
estipulado (con determinadas horas), pero no se estableció el método, ni el horario
5
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen,
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, páginas 76 y siguientes del documento.
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
a cumplir. En armonía con lo expuesto, agregó que, no obra prueba que permita
acreditar que el actor se encontraba inscrito en el escalafón docente y que, por
contera, desarrollaba funciones semejantes a las de los instructores de planta.
14. Recordó que, el contratista no puede ser considerado, en ningún caso, como
empleado público -o trabajador oficial- y que, bajo ninguna circunstancia, los
contratos de prestación de servicios generan una relación laboral, situación que,
desde la vinculación a la entidad, es aceptada de forma inequívoca por el
contratista, “teniendo en cuenta que los contratos se celebran para el desempeño de actividades
transitorias, que no es posible llevar a cabo con personal de planta”. En adición, puntualizó que,
bajo la figura contractual, no es factible reemplazar al personal de planta del SENA.
15. Añadió que, con la demanda, no se allegó ninguna prueba que acredite el
elemento de la subordinación y que, contrario a lo aducido por la parte actora, no
existió una relación de dependencia, sino de coordinación de actividades para el
cumplimiento de las labores a las que estaba obligado el contratista.
16. Finalmente, propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de la obligación
y del demandado; (ii) buena fe; y (iii) la genérica e innominada.
1.5. La sentencia de primera instancia6
17. En la sentencia del Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, con condena en costas frente a la parte vencida. Al respecto, se dispuso:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 501010 No.
2-2017-00553 de fecha 27 de febrero de 2017, suscrito por el Director Regional del
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL META, en cuanto negó el
reconocimiento de la relación laboral con el señor YOHNNIER GÓMEZ RUIZ y el
consecuente pago de prestaciones sociales y demás emolumentos causados a favor del
demandante.
SEGUNDO: DECLARAR que entre el señor YOHNNIER GÓMEZ RUIZ y el SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL META, existió una relación laboral en
los siguientes períodos:
22 de enero de 2014 12 de diciembre de 2014
2 de febrero de 2015 11 de diciembre de 2015
10 de febrero de 2016 16 de diciembre de 2016
TERCERO: A título de restablecimiento, CONDENAR al SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL META a reconocer y pagar a al señor YOHNNIER
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Índice 00021 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
GÓMEZ RUIZ las prestaciones sociales ordinarias y los factores salariales devengados por
un Instructor de planta del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL
META, causadas y teniendo en cuenta para su liquidación el valor de los contratos de
prestación suscritos durante los siguientes períodos (…) Para tal efecto, al momento de darle
cumplimiento al presente fallo, la entidad demandada deberá determinar las prestaciones
sociales ordinarias y factores salariales que serán objeto de liquidación a favor del actor,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL
META que, a título de restablecimiento del derecho, reconocer a favor del señor YOHNNIER
GÓMEZ RUIZ, los aportes a pensión causados en los siguientes períodos (…) Los cuales
deben computarse para su eventual pensión de jubilación, teniendo como ingreso base de
cotización (IBC) los honorarios pactados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por la contratista y los que se debieron efectuar, cotizará al fondo de pensiones
las sumas faltantes solo en el porcentaje que le corresponda como empleador, por lo que la
demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó durante el vínculo contractual, y
frente a la eventualidad de no haberlo hecho o no existiere diferencia, tendrá que cancelar o
complementar, el porcentaje que le corresponda como trabajadora.
QUINTO: El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” – REGIONAL META le
deberá dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y
195 del CAPCA.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas de primera instancia a la entidad demandada en los
términos y por las razones indicadas en las consideraciones de esta providencia. Por
secretaría liquídense en su debida oportunidad (…)”.
18. El Tribunal encontró acreditados los elementos que configuran una relación
laboral. Así, frente a la prestación personal del servicio, advirtió que, el demandante
suscribió varios contratos de prestación de servicios con el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, entre el veinticinco (25) de enero de dos mil catorce (2014) y
el dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en virtud de los cuales se
desempeñó como instructor en la especialidad de “enfermería” o “salud pública”.
19. De acuerdo con los contratos de prestación de servicios que fueron aportados
al plenario, así como las certificaciones, estudios previos, actas de inicio y
liquidación, informes, material fotográfico, y las pruebas testimoniales que se
practicaron, el A-quo determinó que, el actor prestó sus servicios de manera
personal para la Regional Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, sin
que le fuera dable delegar sus funciones en otra persona, o adelantarlas por fuera
del horario que se le fijaba. Sostuvo que, el señor Gómez Ruiz debía acatar órdenes,
atender la jerarquía organizativa, y someterse a supervisión constante, cumpliendo
horario y realizando labores propias y/o misionales de la entidad demandada.
20. Con base en los elementos de juicio valorados, el juez de primera instancia logró
constatar que el demandante prestó personalmente sus servicios a la entidad, como
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
instructor, durante tres (3) períodos específicos, a saber: (i) desde el veintidós (22)
de enero hasta el doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014); (ii) desde el dos
(2) de febrero hasta el once (11) de diciembre de dos mil quince (2015); y desde el
diez (10) de febrero hasta el dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).
21. En lo que respecta al elemento de la remuneración, señaló que, éste también
se encuentra probado, conclusión a la que llegó al verificar el valor estipulado para
cada uno de los contratos de prestación de servicios, las copias de los certificados
de disponibilidad presupuestal y las órdenes de pago incorporadas al proceso.
22. En lo que toca a la subordinación, puso de presente que el señor Gómez Ruiz,
en calidad de instructor, debía cumplir órdenes directas de la entidad, ajustarse a
los horarios y lugares de trabajo definidos por aquella, y reportar sus actividades en
plataformas institucionales (v.gr. “SofíaPlus” y “Blackboard”). Además, anotó que el
accionante estaba obligado a presentar informes periódicos al coordinador
académico, responder por los bienes asignados, tramitar solicitudes de materiales
y cumplir con procesos administrativos internos, motivo por el cual, adujo que “resulta
evidente la supervisión constante, ante la imposibilidad de delegar sus funciones y la exigencia de
disponibilidad para desplazamientos refuerzan la existencia de control y dependencia; asimismo, la
asignación de tareas adicionales a discreción del “SENA” confirma que no existía autonomía (…)”.
23. Agregó que, del análisis comparativo entre las funciones asignadas a los
instructores vinculados mediante contratos de prestación de servicios, y aquellos
que conforman la planta de personal de la entidad, “se evidencia una equivalencia
sustancial en las obligaciones, responsabilidades y deberes funcionales ”, puesto que, en efecto,
tanto los instructores contratistas, como los de planta, debían desarrollar procesos
de formación profesional integral atendiendo a las políticas institucionales,
sujetándose a los lineamientos de la entidad en cuanto a la planificación, ejecución
y evaluación de los programas de formación. De igual manera, adujo que, ambos
tenían la obligación de programar actividades de enseñanza-aprendizaje, evaluar a
los aprendices según el Manual de Evaluación vigente, elaborar y aplicar guías de
aprendizaje, gestionar recursos educativos, y registrar información en plataformas
institucionales como “SofíaPlus” y “Blackboard”, garantizando el cumplimiento de los
parámetros administrativos y académicos fijados por el SENA.
24. Puso de presente que, la similitud funcional entre instructores contratistas e
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
instructores de planta, sumada al control jerárquico y organizacional, la obligación
de cumplimiento de horarios y la asignación de tareas de manera discrecional por
parte de la entidad, “configuran los elementos estructurales del contrato realidad, en tanto se
desvirtúa la independencia del contratista y se materializa una relación laboral encubierta bajo la
figura de la contratación por servicios”. Aseveró que, sobre este particular, los testimonios
recabados fueron coincidentes en indicar que, el señor Yohnnier Gómez Ruiz debía
cumplir un horario de trabajo en las sedes de la entidad, atender las directrices e
instrucciones impartidas por el coordinador académico, adelantar labores
equivalentes a las asignadas a los instructores de la planta de personal, y, en suma,
desarrollar el objeto pactado bajo continuada subordinación y dependencia.
25. De conformidad con las anteriores consideraciones, el Tribunal declaró la
nulidad del oficio acusado y, de suyo, la existencia de una relación laboral entre las
partes. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
condenó a la demandada a pagar “las prestaciones surgidas en la prestación del servicio,
aclarándose que deben cancelarse las prestaciones sociales ordinarias y los factores salariales
correspondientes a los Instructores de planta del SENA”. Resaltó que, como “no existe un
precedente jurisprudencial que establezca los emolumentos de carácter laboral que deben
reconocerse al contratista estatal que logre demostrar la desnaturalización de su vínculo inicial, con
apoyo en un pronunciamiento de esta corporación, la Sala reconocerá las prestaciones sociales
ordinarias previstas legalmente para un Instructor de planta ”. A su turno, descartó el
reconocimiento de las prestaciones extralegales reclamadas, así como de los
recargos -dominicales, festivos y nocturnos-, al no haber prueba de su causación.
25.1. Aunado a ello, desestimó la pretensión de reintegro y, en el mismo sentido, el
reconocimiento y pago de las sumas derivadas del aludido pago extemporáneo de
las cesantías, bajo el entendido que las obligaciones laborales para la entidad
demandada “surgen con ocasión de la presente sentencia”. También, negó la pretensión
relativa al pago de la indemnización por concepto de perjuicios morales, comoquiera
que, no se acreditó la existencia de un daño y las consecuencias subyacentes.
26. Finalmente, en lo atinente a la prescripción, la Sala, con sujeción a lo expuesto
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), concluyó
que, no se configuró dicho fenómeno, toda vez que, la reclamación administrativa
se promovió dentro de los tres (3) años siguientes “a la terminación de cada uno de los
periodos de la relación laboral y la demanda fue presentada dentro de los 3 años siguientes a la
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
radicación de esta”. Para ilustrarlo, explicó que “cada uno de los periodos de la relación laboral
finalizaron el 12 de diciembre de 2014, 11 de diciembre de 2015 y 16 de diciembre de 2016, la
reclamación se radicó el 21 de febrero de 2017, y la demanda se presentó el 10 de agosto de 2017 ”.
1.6. El recurso de apelación7
27. Mediante memorial radicado el dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025), la
entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para
lo cual sostuvo que: (i) los servicios fueron prestados por el demandante por el
término estrictamente indispensable, de acuerdo con lo establecido en los estudios
previos y las minutas de los contratos; (ii) no hay prueba que acredite la
subordinación para ninguno de los períodos ejecutados (entre el 25 de enero de
2014 y el 16 de diciembre de 2016); y (iii) que existió interrupción por períodos
superiores a los treinta (30) días hábiles entre la suscripción de un contrato y otro.
28. Hizo hincapié en que el A-quo incurrió en una vía de hecho por defectuosa
valoración del material probatorio. Frente a las conclusiones emanadas del Tribunal,
formuló los siguientes reparos: (i) en la ejecución de contratos de prestación de
servicios está legalmente permitido que el contratante establezca las actividades a
ejecutar por el contratista; (ii) la celebración de cada contrato corresponde a una
necesidad identificada, de manera previa, por el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA; (iii) las actividades previstas como obligaciones contractuales, se inscriben
en el ámbito del seguimiento y coordinación de actividades, lo cual dista de la
subordinación y dependencia; y (iv) en el expediente no obra ninguna prueba que
permita sostener que se hayan asignado tareas “adicionales” a las contratadas.
29. Puntualizó que, ninguna de las pruebas aportadas, “pueden acreditar o pueden ser
interpretadas como constitutivas del elemento subordinación, y menos pueden dársele un alcance
temporal a todos los periodos contratados (…) ”. Precisó, en punto a las documentales, que
no obran elementos como oficios y/o comunicaciones remitidas para la asignación
de tareas adicionales a las contratadas, llamados de atención al contratista, ni
memorandos que demuestren la aplicación de sanciones al contratista -o el uso del
poder disciplinario por la entidad- derivadas del incumplimiento de las actividades.
30. Con respecto a las pruebas testimoniales practicadas, destacó que: (i) para el
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Índice 00029 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Número Interno: 1569-2025
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primer contrato (Nº. 0250 del 18 de enero de 2014), la declaración de la señora Dora
Estella Rincón Herrera no podía tenerse en cuenta, por cuanto hizo parte del
Sindicato “Sindesena”, motivo por el cual, aseguró que “su testimonio es sospechoso” y,
en adición, tampoco podía considerarse el testimonio de Yuli Jacdary Ortiz Guevara,
comoquiera que, “no coincide con la vigencia del contrato”; (ii) para el segundo contrato
(Nº. 0168 del 30 de enero de 2015), reiteró que tampoco podían tenerse en cuenta
las declaraciones antes relacionadas, por las mismas razones; (iii) para el tercer
contrato (Nº. 585 del 3 de agosto de 2015), solicitó se desestimara el testimonio de
la señora Rincón Herrera por su vinculación sindical; y (iv) para el último contrato
(Nº. 236 del 6 de febrero de 2016), arguyó que no era dable considerar la
declaración de la señora Rincón Herrera, por las razones ya advertidas.
31. Adicionalmente, aseguró que el Tribunal, en la decisión adoptada, también
incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial, es decir,
por haber inobservado las reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 del nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), específicamente, en
lo atinente al alcance de la expresión “término estrictamente indispensable”, y al criterio
fijado para el cómputo del fenómeno prescriptivo, esto es, los treinta (30) días
hábiles entre contratos como término de la no solución de continuidad.
32. Con respecto al alcance de la expresión “término estrictamente indispensable”, aclaró
que, la demanda de los instructores se deriva de las necesidades observadas en
las mesas sectoriales, y en el observatorio laboral y ocupacional de la entidad. Así
las cosas, previo a la celebración de los contratos, se identificó una necesidad a
suplir frente al número de instructores requeridos, la cual, fue atendida con la
contratación del demandante por el término necesario y para el servicio exigido.
33. En punto a la prescripción, refirió que, en el proceso, las interrupciones fueron
superiores a los treinta (30) días, aspecto que no fue analizado por el A-quo.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia
34. Mediante el auto del quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 8 , el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo
8
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
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Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
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de primera instancia, y, en la misma oportunidad, negó el decreto, a instancia de
parte, de las pruebas documentales aportadas por la entidad con el recurso de
alzada, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 212 ibidem. Más adelante,
al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para fallo, sin
pronunciamiento del Ministerio Público, con alegatos de la parte demandante.
1.7.1. Alegatos de la parte demandante9
35. Solicitó se desestimen los reparos de la alzada y, en su lugar, sea confirmado
el fallo de instancia, petición que fundamentó en las siguientes consideraciones: (i)
la entidad demandada, aunque alegó que las pruebas documentales daban cuenta
que los contratos suscritos ostentaban la naturaleza de prestación de servicios, no
demostró que las labores ejecutadas se enmarcaran en un escenario de simple
coordinación de actividades, más allá de la continua subordinación que advirtió el
A-quo; (ii) la preeminencia con la que la recurrente pretende dotar a los contratos
de prestación de servicios, “no impiden ni descartan o excluyen la posibilidad de que la relación
personal de servicios, se haya desarrollado de forma tal que la entidad contratante le dé a su
contratista realmente el trato de un servidor público más ”; (iii) no resulta dable que se le reste
fuerza persuasiva a algunos testimonios, entre otras razones, por su vinculación a
una organización sindical, o por ostentar el carácter de aprendiz durante un tiempo;
y (iv) la existencia de distintos contratos de prestación de servicios, con plazos
divergentes, “no desdicen ni desnaturalizan la primacía de la realidad sobre las formas”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
36. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 10 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
9
Índice 00009 del Samai.
10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
12
Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
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solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
37.1. ¿Se acreditaron los elementos de una relación laboral encubierta en los
contratos de prestación de servicios celebrados entre el señor Yohnnier Gómez Ruiz
con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, entre ellos, el de la continuada
subordinación y dependencia? En el marco del interrogante planteado, se
abordarán los problemas identificados en el recurso de apelación, así:
(i) ¿Se configuró una vía de hecho por la indebida y defectuosa
valoración del material probatorio?
(ii) ¿El A-quo incurrió en una vía de hecho por el alegado
desconocimiento del precedente judicial?
(iii) ¿Debe revocarse la condena en costas que dispuso el juez de primera
instancia?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Configuración de relaciones de trabajo subordinadas con el Estado,
suscitadas en el marco de la ejecución de contratos de prestación de
servicios. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
38. El tema de derecho que ocupa el particular refiere a la interpretación de las
condiciones legales previstas en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993, el
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, y la jurisprudencia en vigor en
casos en los cuales se suplica la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, característico de las relaciones laborales subordinadas.
39. Sea lo primero advertir que, la tipología de contratación estatal de prestación de
servicios personales se encuentra regulada por el artículo 32, numerla 3º, de la Ley
80 de 1993, forma jurídica de vinculación de personas naturales con la
administración que está dirigida a «[…] desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán
celebrarse […] cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados», «no generan relación laboral ni prestaciones sociales» , y porque
13
Número Interno: 1569-2025
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«[…] se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
40. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características
del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.
En esa oportunidad, sostuvo que, «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que
cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para
los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos »; y concluyó que «el
elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral
frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a
contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios .
41. Posteriormente, el Alto Tribunal Constitucional 11 determinó los criterios que
permiten establecer lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…]
la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones
de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos
en la respectiva planta de personal», momento en el que, a propósito del esclarecimiento
del criterio de permanencia, indicó que «la jurisprudencia constitucional ha precisado los
criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace alusión a “la
ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente
asignadas a la entidad pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es,
cuando “las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en
planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral”; [iii]
al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se asemejan a la constancia o
cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la
labor, surge una relación laboral y no contractual”; [iv] al criterio de excepcionalidad, si “la tarea
acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal
de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria,
resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y [v] al criterio
de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios
pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para
desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral».
11
Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto
Vargas Silva.
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42. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha proferido sendas
sentencias de unificación jurisprudencial, como la CE-SUJ2-005-16 12 del 25 de
agosto de 2016, en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el
derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos
mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia».
43. En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta Colegiatura profirió la
sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-202113 del 9 de septiembre
de 2021, en la que identificó algunos criterios para desentrañar el suceso o no de
subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como el lugar de
trabajo, los horario de labores, la dirección y el control efectivo de las actividades a
ejecutar, y la comprobada identidad funcional con empleados de la planta de
personal, y señaló que «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato
estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías
propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es contraria a la Constitución
y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la precarización de las condiciones
socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna de los trabajadores».
44. Asimismo, en la referida providencia, esta Corporación introdujo el criterio de
necesidad temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo
subordinadas a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual
estableció que, conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, estos últimos deben ser celebrados por el «término estrictamente indispensable»,
concepto que alude al lapso «señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la
prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia».
45. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
15
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contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las
entidades públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir
relaciones laborales subordinadas, pues, de ser así surgen, en forma inmediata, los
derechos para el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y
prerrogativas propios de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en
los cuales se trata de atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto
misional del ente contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines.
46. Luego, para efectos de demostrar la relación laboral subordinada entre dos
sujetos, se requiere que la parte interesada acredite los elementos esenciales de la
misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de manera personal, es decir,
por sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una remuneración o pago; y,
además, que en la relación con el empleador exista continua subordinación o
dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al prestador del
servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por
todo el tiempo de duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación
resulta ser el de mayor relevancia, toda vez que, marca la diferencia entre el contrato
de prestación de servicios y una verdadera relación laboral.
2.4. Hechos probados
47. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
2.4.1. Generales
a) Los siguientes contratos suscritos por el demandante: (i) Contrato de Prestación
de Servicios Núm. 0250 del dieciocho (18) de enero de dos mil catorce (2014)14; (ii)
Contrato de Prestación de Servicios Nº. 168 del treinta (30) de enero de dos mil
quince (2015)15; (iii) Contrato de Prestación de Servicios Nº. 585 del tres (3) de
agosto de dos mil quince (2015)16; (iv) Contrato de Prestación de Servicios Nº. 236
14
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105531am_03197eef1a564857953259dcea0fd
544.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 95 y ss.
15
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 26-30.
16
Ibidem, págs. 33-36.
16
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del seis (6) de febrero de dos mil dieciséis (2016)17; Acta de Adición y Prórroga Nº.
1 al Contrato Nº. 236, suscrita el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016)18.
Además de los contratos, fueron allegadas las actas de inicio, formatos de pago,
resúmenes de pago, pólizas y copia de la garantía única de seguros de
cumplimiento a favor de entidades estatales, así como las respectivas actas de
aprobación de pólizas19.
b) Certificaciones académicas, profesionales, de experiencia, de afiliación y de
antecedentes del señor Yohnnier Gómez Ruiz20.
c) Reclamación administrativa del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete
(2017)21, a través de la cual, el señor Gómez Ruiz le solicitó Servicio Nacional de
Aprendizaje – Regional Meta, el reconocimiento de una relación laboral, para el
período comprendido entre el veinticinco (25) de enero de dos mil catorce (2014) y
el dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), así como el consecuente
pago de las acreencias laborales y prestacionales adeudadas. En respuesta, obra
en el plenario el Oficio con Rad. Nº. 2-2017-000553 del veintisiete (27) de febrero
de dos mil diecisiete (2017) 22 , mediante el cual la entidad demandada negó la
existencia de una relación laboral con el demandante. Al respecto, la entidad
sostuvo que, los contratos celebrados se encuentran amparados en la Ley 80 de
1993 (artículo 32.3) y, a partir de ello, destacó de su naturaleza que: (i) la prestación
de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en
razón de la experiencia, capacitación y formación profesional; (ii) la forma de
remuneración es “por honorarios”; (iii) el contratista cuenta con autonomía técnica y
científica; y (iv) que “no se genera relación laboral, ni prestaciones sociales”.
d) Con el escrito de demanda, la parte actora aportó, en medio magnético (CD)23,
las documentales que se pasan a relacionar: (i) soportes de pago a seguridad social;
17
Ibidem, págs. 46 y ss.
18
Ibidem, págs. 51-52.
19
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 73 y ss.
20
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 49 y ss.
21
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 2.
22
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 18.
23
Índice 00007 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
17
Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
(ii) soporte de actividades administrativas de formación, entre ellos, el reporte de
juicios evaluativos, el reporte de planeación pedagógica y el reporte de proyectos
formativos; (iii) video denominado “prueba de trabajo en la plataforma”, haciendo
referencia a “SofíaPlus”; (iv) informes de actividades; (v) material fotográfico
relacionado con las actividades de formación profesional integral; (vi) relación de
eventos y de cuentas de cobro; y (vii) un fragmento de la Resolución Nº. 000986 de
dos mil siete (2007), por medio de la cual se adopta el Manual Específico de
Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la planta de personal
del SENA, en la que se relacionan las funciones del cargo “Instructor, Grado 01-20,
Código 3010” de los Centros de Formación Profesional de la entidad.
e) Certificación del veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017) 24, con el
consecutivo Nº. 501040-208, en virtud del cual, el Servicio Nacional de Aprendizaje
hizo constar los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante,
el objeto, término de ejecución, fecha de inicio y valor de los mismos.
f) Pruebas testimoniales de los señores Felipe Villanueva, Dora Estella Rincón
Herrera y Yuli Jacdary Ortiz Guevara, practicadas en la audiencia celebrada el trece
(13) de abril de dos mil veintiuno (2021), según Acta Nº. 005 de la fecha25.
2.4.2. Contrato de Prestación de Servicios Núm. 0250 de 2014
g) Estudio previo -y documentos previos- para determinar y justificar la necesidad y
oportunidad de la contratación, de fecha diez (10) de enero de dos mil catorce
(2014), expedido por el subdirector del centro de industria y servicios del Servicio
Nacional de Aprendizaje – Regional Meta26. Con los documentos en comento, se
aportó el plan de contratación de instructores (2014) 27 , la autorización para
contratación de instructores, y el acta de selección de los aspirantes28.
h) Oficio 000148 del veintidós (22) de enero de dos mil catorce (2014), mediante el
cual, el subdirector del centro de industria y servicios del Servicio Nacional de
24
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 20-21.
25
Índice 00014 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
26
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105531am_03197eef1a564857953259dcea0fd
544.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 4-34.
27
Ibidem, pág. 35.
28
Ibidem, págs. 36 y ss.
18
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Aprendizaje – Regional Meta, designó al supervisor del demandante29.
i) Informes mensuales de ejecución contractual para los meses de enero-diciembre
de dos mil catorce (2014), con la relación de las obligaciones contractuales, la
correlativa acción realizada y las respectivas evidencias. Aunado a ello, se allegaron
al plenario los formatos de “reporte mensual del instructor” en los que se detallan: las
acciones ejecutadas de formación profesional integral; los eventos de divulgación
tecnológica y las demás actividades de formación y de capacitación; el programa de
formación; el ambiente; el lugar; el horario; y el total de horas por mes30.
j) Formatos para “pago de contrato de prestación de servicios profesionales personales ”, para
los períodos adelantados durante la vigencia de dos mil catorce (2014) 31, así como
las correspondientes constancias de pago y las planillas de aportes.
k) Acta de adición y prórroga al Contrato de Prestación de Servicios Nº. 0250,
suscrita el treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014)32.
l) Acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios Nº. 0250, suscrita el
doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014)33.
2.4.3. Contrato de Prestación de Servicios Nº. 168 de 2015
m) Estudio previo -y documentos previos- para determinar y justificar la necesidad
y oportunidad de la contratación, expedido el quince (15) de enero de dos mil quince
(2015) por el subdirector del centro de industria y servicios del Servicio Nacional de
Aprendizaje – Regional Meta, los cuales se acompañaron con el certificado del plan
anual de adquisiciones, la autorización para la contratación de instructores, el plan
de contratación de instructores para el dos mil quince (2015), y el acta contentiva
29
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105531am_03197eef1a564857953259dcea0fd
544.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 102.
30
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105531am_03197eef1a564857953259dcea0fd
544.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 105 y ss.
31
Ibidem.
32
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105531am_03197eef1a564857953259dcea0fd
544.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 136.
33
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105531am_03197eef1a564857953259dcea0fd
544.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 176.
19
Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
de la selección de instructores para la vigencia en comento34.
n) Oficio 000205 del dos (2) de febrero de dos mil quince (2015), mediante el cual
el subdirector del centro de industria y servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje
– Regional Meta designó al supervisor del demandante y demás contratistas35.
o) Copia de los informes mensuales de ejecución para la vigencia dos mil quince
(2015) 36 , y reportes mensuales del instructor, con el detalle de actividades de
formación profesional -y conexas- ejecutadas.
p) Informe final de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Nº. 168 de
dos mil quine (2015), en cuyo contenido reposa la relación de actividades ejecutas,
el balance financiero los productos elaborados, y las observaciones del supervisor37.
2.4.4. Contrato de Prestación de Servicios Nº. 585 de 2015
q) Estudio previo -y documentos previos- para determinar y justificar la necesidad y
oportunidad de la contratación, expedidos el veintidós (22) de mayo de dos mil
quince (2015), acompañados de la autorización para la contratación de instructores,
el plan de contratación de instructores (2015), el acta de selección de contratistas,
el acta de inicio y la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales38.
r) Oficio 509532-9-2015-000906 del cuatro (4) de agosto de dos mil quince (2015),
por medio del cual se designa al supervisor del contratista (demandante)39.
s) Informes -y formatos de reporte- mensuales de ejecución contractual desde
agosto de dos mil quince (2015), hasta diciembre de la misma anualidad40.
34
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origien, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105603am_6d29f192393c4a178d2ee2e9a3df2
b8b.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 5-40.
35
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origien, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105603am_6d29f192393c4a178d2ee2e9a3df2
b8b.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 82-83.
36
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origien, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105603am_6d29f192393c4a178d2ee2e9a3df2
b8b.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 86 y ss.
37
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origien, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105603am_6d29f192393c4a178d2ee2e9a3df2
b8b.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 86 y ss.
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Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origien, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105635am_0b1fa3a51d6548edb948a59666b2
2b05.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 3 y ss.
39
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origien, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105635am_0b1fa3a51d6548edb948a59666b2
2b05.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 55.
40
Ibidem.
20
Número Interno: 1569-2025
Demandante: Yohnnier Gómez Ruiz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
t) Acta de adición y prórroga al Contrato de Prestación de Servicios Nº. 585 del tres
(3) de agosto de dos mil quince (2015)41.
u) Informe final de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Nº. 585 del
tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), y acta de liquidación del mismo42.
2.4.5. Contrato de Prestación de Servicios Nº. 236 de 2016
v) Estudios previos para “determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación”
expedido por el subdirector del centro de industria y servicios del Servicio Nacional
de Aprendizaje – Regional Meta, el veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis
(2016)43. De la misma fecha obra certificación44, expedida por el director regional
del Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Meta, en virtud de la cual hizo
constar que, de acuerdo con los manuales específicos de funciones, “ en la planta de
personal no existe personal suficiente y teniendo en cuenta las especiales características técnicas
de la contratación, se requiere contratar la prestación de los siguientes servicios personales como
instructor para impartir formación profesional integral (…)”.
w) Copia del denominado “plan de contratación de instructores 2016 – industria y servicios
regular (complementaria y formación titulada)”, expedido por la coordinación académica45.
x) Informes mensuales de ejecución contractual para los meses de enero-diciembre
de dos mil dieciséis (2016)46, en los cuales se dejaron consignadas las obligaciones
contractuales, la correlativa acción realizada, y las evidencias pertinentes.
Asimismo, fueron aportados los denominados “reporte(s) mensual(es) del instructor”.
y) Informe final de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Nº. 236 del
seis (6) de febrero de dos mil dieciséis (2016)47, y del Acta de Adición y Prórroga
41
Ibidem, pág. 89.
42
Ibidem, p. 110 y ss.
43
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 6-36.
44
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., pág. 38
45
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 2-3.
46
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 80 y ss
47
Ibidem, págs. 46 y ss.
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Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Nº. 1 al Contrato Nº. 236, suscrita el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), en cuyo contenido reposa la relación de actividades ejecutadas, el balance
financiero los productos elaborados, y las observaciones del supervisor48.
z) Formato de “programación de instructores”, con arreglo al cual se discriminan, entre
otros datos, el nombre del instructor, la competencia o curso, el número de
aprendices a cargo, los horarios, el total de horas al mes, el lugar y municipio49.
aa) Formato de “entrega de bienes e información de ejecución” del dieciséis (16) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), y acta de liquidación por mutuo acuerdo del
Contrato de Prestación de Servicios Nº. 236 de la fecha en cita50.
2.5. Análisis del caso concreto
48. En el asunto sub examine, la parte demandante pretende la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio 501010 Nº. 2-2017-000553 del veintisiete (27)
de febrero de dos mil diecisiete (2017), por medio del cual, el Director Regional Meta
del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, negó la existencia de una relación
laboral encubierta entre el señor Yohnnier Gómez Ruiz y la entidad, y, en
consecuencia, los reconocimientos laborales y prestacionales subyacentes.
49. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado, al encontrar acreditados los elementos configurativos de una
relación laboral, es decir, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
continua subordinación y dependencia del actor frente al Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, en la cual, en calidad de instructor, ejecutó, al amparo de
órdenes de prestación de servicios, actividades de formación profesional integral,
labores que, como concluyó, se insertan en el objeto misional de la entidad.
50. Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad interpuso el recurso
de apelación, de conformidad con el cual solicitó que se revocara en su integridad
48
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 210 y ss.
49
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 135 y ss.
50
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105449am_d061f55165c041389194dd18d10b
5508.pdf(.pdf) NroActua 2., págs. 215-218.
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el fallo impugnado y, en su lugar, se negaran las súplicas de la demanda. Para el
efecto, adujo que, el A-quo incurrió en una vía de hecho por defectuosa valoración
del material probatorio y por desconocimiento del precedente judicial. En síntesis,
la recurrente alegó que, los contratos celebrados se armonizan con lo dispuesto en
el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993 y que, para la ejecución de los
mismos, se coordinaron las actividades, lo que no deviene, de suyo, en una relación
laboral. En gracia de discusión, agregó que, el juez de primera instancia desconoció
el término de treinta (30) días entre la finalización de un contrato, y el inicio del otro,
como parámetro para definir si existió o no solución de continuidad.
51. Planteado el objeto y alcance del litigio, y a partir de una valoración conjunta e
integral de las pruebas que reposan en el plenario, procede la Sala a efectuar el
análisis crítico que corresponde, para lo cual, empieza por señalar que, de acuerdo
con los hechos expuestos en la demanda, y la respuesta frente a los mismos dada
por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, no existe controversia alguna
respecto a la prestación personal del servicio por parte del señor Yohnnier Gómez
Ruiz, y la contraprestación que recibía, a título de honorarios, por la labor ejecutada.
52. En efecto, revisado el dosier procesal, se evidencia que, el señor Gómez Ruiz
prestó personalmente sus servicios como instructor en la entidad demandada,
durante el período comprendido entre el veinticinco (25) de enero de dos mil catorce
(2014) y el dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), con algunas
interrupciones, tiempo durante el cual impartió formación profesional integral en los
programas orientados por la Regional Meta, actividad por la que, además, recibió
una contraprestación mensual pactada a título de honorarios. Al respecto, la
siguiente tabla resume el tiempo, valor y objeto de los contratos celebrados:
Contrato Objeto Valor Inicio Fin Días*
Núm. “Prestación de servicios
0250 del personales como instructor en
18 de los programas titulada, $34.069.781 21/01/2014 12/12/2014 N/A
enero de complementaria y virtual en la
2014 especialidad de enfermería”.
“Prestación de servicios
Núm. personales para impartir
0168 del formación profesional integral
30 de en las especialidades previstas $18.890.160 02//02/2015 28/07/2015 34
enero de en el POA en los diferentes
2015 programas: regular, titulada,
complementaria y virtual
desplazados, 100 mil
oportunidades y FIC en la
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especialidad de enfermería”.
“Prestación de servicios
Núm. personales para impartir
585 del 3 formación profesional integral
de en las especialidades previstas $12.593.440 04/08/2015 03/12/2015 6
agosto en el POA en programa de
de 2015 formación regular, titulada y
complementaria, en la
especialidad de enfermería o
salud pública”
“Prestación de servicios
personales para impartir
Núm. formación profesional integral
236 del 6 en las especialidades previstas $33.076.662 09/02/2016 16/12/2016 45
de en el PAA en los diferentes
febrero programas regular, titulada,
de 2016 complementaria en la
especialidad en enfermería o
salud pública del Centro de
Industria y Servicio del Meta”.
*Cálculo en días hábiles transcurridos entre la finalización de un contrato y la ejecución del sucedáneo.
53. La prestación personal del servicio y la remuneración pactada se logran
acreditar con los contratos de prestación de servicios que fueron incorporados al
proceso51; los resúmenes y formatos de pago; la certificación del veintiocho (28) de
febrero de dos mil diecisiete (2017)52, con el consecutivo Nº. 501040-208, expedida
por la entidad demandada; las respectivas actas de liquidación; y las declaraciones
rendidas por los señores Felipe Villanueva, Dora Estella Rincón Herrera y Yuli
Jacdary Ortiz Guevara, en el marco de la audiencia celebrada el trece (13) de abril
de dos mil veintiuno (2021)53, las cuales serán objeto de análisis ut infra.
54. Abordados los elementos anteriores, se encamina la Subsección al estudio de
la subordinación o dependencia, para lo cual empieza por señalar que, al acudir a
un parangón entre los objetos contractuales, se tiene que, aquellos convergen en la
prestación de servicios personales para impartir formación profesional integral en
los diferentes programas orientados por el Centro de Industria y Servicios de la
Regional Meta (v.gr. titulada, complementaria, virtual), en la especialidad de
enfermería o salud pública. Asimismo, se observan obligaciones para el contratista
que permanecieron relativamente uniformes entre los contratos, tales como:
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Tramitar ante la Subdirección del Centro, una
vez perfeccionado el contrato, la creación de la cuenta de correo institucional para ser
51
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2.
52
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, págs. 20-21.
53
Índice 00014 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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utilizada exclusivamente en el desarrollo y ejecución del contrato. 2. Desarrollar procesos de
Formación Profesional de conformidad con las Políticas Institucionales, la Normatividad
vigente y de acuerdo con el procedimiento de ejecución de la formación profesional integral
GFPI-P-006 Versión 2, o el que se encuentre vigente en el momento de ejecución del
contrato. 3. Participar activamente en los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios
por programa o conjunto de programas o por redes tecnológicas, para garantizar integralidad
en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño
de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección de aprendices,
entre otras. 4. Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de
aprendices de formación titulada y el reconocimiento de aprendizajes previos. 5. Reportar en
el sistema SofíaPlus en un plazo máximo de tres (3) días, todas las actividades que de
acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la
información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: -Registro de los juicios
evaluativos. - Creación de rutas y asociación de aprendices. - Comunicar al Coordinador
Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y
hallazgos en el registro de la información. 6. Prestar sus servicios con seriedad,
responsabilidad, profesionalismo y eficiencia, en los lugares que el SENA indique. 7. Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del
objeto contratado. 8. Diligenciar los documentos relacionados con el proceso de matrícula
de los cursos con la aplicación de los procesos de Administración Educativa y ejecución de
la Formación Profesional del Sistema de Gestión de la Calidad, especialmente lo relacionado
con la ejecución de Acciones de Formación Profesional Integral Versión 3.0 código C07-
6060/12-08, C08-6060/12-08 y /o las actualizadas. 9. Tener la disponibilidad para
desplazamiento a los sitios de trabajo. 10. Tener conocimiento y dominio de las herramientas
de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y actualizarse
constantemente, para aplicarlas en el desarrollo del contrato, y en la presentación de los
reportes e informes entre otras. 11. Presentar en original y copia el reporte mensual del
docente con los anexos, para ser entregados en medio físico al Coordinador Académico
respectivo perteneciente al Centro de Industria y Servicios del Meta, el día 25 de cada mes,
si este día es sábado, dominical o festivo, se tendrá en cuenta el día hábil anterior. 12. Liquidar con base en el 40% del total devengado mensualmente la Planilla PILA y pagar los
aportes al Sistema de Seguridad Social integral, en salud y pensión, ARL en los términos
fijados en el artículo 1 de la Ley 828 del 19 de julio de 2003, en armonía con el artículo 23
de la Ley 1150 de 2007 y en los plazos establecidos por las EPS, lo cual será requisito legal
de obligatorio cumplimiento para que el SENA proceda al pago de los honorarios convenidos. 13. Aplicar y evidenciar los formatos establecidos por el sistema integrado de gestión que
corresponde al procedimiento de la ejecución de la formación profesional integral y subir las
evidencias a la plataforma blackboard. 14. Entregar informe final al vencimiento del Contrato
y cuando el grupo a su cargo finalice su etapa lectiva o práctica. 15. Apoyar al Centro
Agroindustrial del Meta en los proyectos de Cooperación nacional e internacional en los
cuales participe. 16. Manejar la confidencialidad de la información originada en los procesos
formativos y del SENA en general. 17. Participar en el proceso de definición de necesidades
de materiales de formación y tramitar su solicitud respectiva de acuerdo con el procedimiento
establecido por la entidad para tal fin. 18.
Certificarse por competencias laborales tanto en
las normas técnicas como en la pedagógica, participando en los procesos de certificación
que adelante el SENA durante la vigencia del contrato y que cumplan con los requisitos que
exige el proceso. 19. Capacitarse en el idioma inglés y aplicar a la certificación como mínimo
en el nivel A2 del MCEL. 20. Las demás que de mutuo acuerdo con el subdirector y el
Contratista se concierten con ocasión de la ejecución del objeto contractual”.
55. Vistos los objetos y funciones de los contratos celebrados, es oportuno
rememorar que, el SENA fue creado en virtud del Decreto-Ley 118 de 1957, y sus
funciones iniciales consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de
la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto
164 de 6 de agosto de 1957. Posteriormente, el artículo 2° de la Ley 119 de 199454
señaló que la referida entidad se ocupa de “[…] cumplir la función que le corresponde al
54
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan
otras disposiciones».
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Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y
ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país” .
56. Así las cosas, la misión especial encomendada a la demandada consiste en
impartir formación integral profesional a sus aprendices, actividad que, además de
ser permanente y consustancial al objeto institucional, se concreta, entre otros, a
través de sus instructores. De lo anterior se extrae que, las labores desempeñadas
por el ahora demandante como instructor -contratista- son inherentes a la entidad y
a su misionalidad, a lo que se suma que, no fueron ocasionales o temporales. Es
decir, no se trató de un vínculo esporádico para atender una necesidad excepcional,
sino de una relación que se extendió -en suma- por más de veinticuatro (24) meses.
57. Con ello, la Sala resalta que, se desnaturaliza la finalidad para la cual fue
estatuida la tipología de contratos de prestación de servicios, prevista en la Ley 80
de 1993, en cuyo artículo 32, numeral 3º, se alude a la celebración del tipo
contractual en mención por el “término estrictamente indispensable”. En ese sentido, el
Consejo de Estado ha recordado que, la temporalidad y excepcionalidad de la
contratación son la esencia de este tipo de contratos. Por consiguiente, con tales
instrumentos no pueden suplirse, de manera definitiva -o de forma prolongada en el
tiempo-, las funciones permanentes o misionales de las entidades, pues, su ejercicio
solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias.55
58. En el mismo sentido, vale la pena recordar que, el “manual específico de funciones,
requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena ”,
contenido en la Resolución Nº. 986 del veinticinco (25) de mayo de dos mil siete
(2007), incorporado al expediente en medio magnético (CD)56, relaciona el propósito
principal y las funciones esenciales del cargo de instructor vinculado a los centros
de formación profesional, el cual, fuerza decir, hace parte de la planta de personal
de la entidad. Al respecto, para el “Instructor, Grado 01-20, Código 3010” se establecen:
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad.
No. 05001-23-33-000-2013-01143-01.
56
Índice 00007 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el
programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y
en las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el
Manual de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación
Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo
con le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
59. Contrastadas las obligaciones derivadas de los contratos celebrados entre el
demandante y la entidad enjuiciada, con aquellas que se inscriben en el ámbito
obligacional de los instructores de planta, se observa que, el señor Gómez Ruiz,
bajo la égida de la tipología contractual de prestación de servicios, le fueron
encomendadas funciones propias del empleo de instructor de la planta de personal
del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, labor que fue desempeñada de
manera regular -que no ocasional o esporádica- por espacio superior a los dos (2)
años, personal y directa, erigiéndose estos como aspectos consustanciales a la
labor de formación. Este ejercicio de comparación también permite corroborar que,
no puede existir coordinación para el desarrollo de la alegada relación contractual,
toda vez que, se trata de funciones que atañen a la esencia de la institución, esto
es, aquellas que, para su materialización, exigen que se impartan instrucciones
sobre la ejecución de las actividades de formación, se satisfagan las condiciones de
modo, tiempo y lugar para cumplir dicha labor, y que se desarrollen con los
elementos, materiales e insumos suministrados por la entidad contratante.
60. Ahora bien, esta Corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta, en los casos en los que
los instructores se vincularon al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a través
de contratos de prestación de servicios. En efecto, a través de sus diferentes
subsecciones57, ha requerido la comprobación de todos los elementos que sirven
57
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-31-000-2012-00241-
01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018,
radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16); iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01
(3928-15); v) 25 de noviembre de 2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
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de base para la configuración de dicha relación. Especialmente, frente a la
subordinación, ha exigido que obren “elementos de convicción, acerca de las actividades
ejecutadas”58, pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte las funciones
propias de la entidad, “tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a la
prestación del servicio”, puesto que, puede coincidir con el estricto cumplimiento del
objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material
probatorio “bajo las reglas de la sana crítica”59, en aras de establecer su concurrencia.
61. Así las cosas, es dable sostener, con base en el examen integral de las pruebas
recaudadas, que las funciones asignadas al señor Gómez Ruiz, derivadas de los
contratos de prestación de servicios celebrados, son, en su esencia, subordinantes,
comoquiera que, para el cumplimiento de las mismas, debía satisfacer una
exigencia horaria; prestar personalmente el servicio en las instalaciones de la
entidad; atender los lineamientos, orientaciones pedagógicas, instrucciones y
directrices de la contratante para el desarrollo de las actividades de formación;
participar activamente en la estructura organizativa de la entidad, entre otras.
62. Al respecto, se precisa que, el ámbito funcional del demandante estaba
desprovisto de autonomía técnica, habida cuenta que, las labores asignadas se
enmarcaban en una serie de parámetros y políticas institucionales predefinidas, que
impedían el ejercicio libre e independiente de la labor contratada.
63. Esta conclusión es concordante con los medios de convicción analizados. Entre
ellos, con las pruebas testimoniales que se practicaron en la diligencia del trece (13)
de abril de dos mil veintiuno (2021), según reposa en el Acta Nº. 005 de la fecha 60.
63.1. La primera declaración corresponde a la de la señora Dora Estella Rincón
Herrera (20:17), quien manifestó que, para ese entonces, se desempeñaba como
instructora de planta del SENA, labor que adelantó durante todos los períodos de
vinculación de la parte actora. En adición, puso de presente que fungió como
vicepresidenta del sindicato “Sindesena”. Señaló que, conoció al señor Gómez Ruiz
como “instructor de farmacia”, en el “área de servicios” de la especialidad en enfermería,
y que, en virtud de esa labor, le correspondía impartir formación profesional integral,
58
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-
00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
59
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-
01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
60
Índice 00014 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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subir contenidos a las plataformas, cumplir horarios y las órdenes de los
coordinadores (para el efecto, nombró al señor Plácido Castellanos y a la señora
Sandoval). Precisó que, eran los coordinadores los encargados de programar los
horarios, vía correo electrónico, así como el lugar de ejecución de las actividades.
Para ilustrarlo, se refirió a lugares como Granada, San Martín y Villavicencio.
63.1.1. Sobre la fijación de horarios y lugares de trabajo, precisó que, el demandante
no tenía la posibilidad de definirlos de manera autónoma, o de acordarlos con el
coordinador, pues, era éste quien los imponía. Asimismo, anotó que, el señor
Gómez Ruiz, al igual que los instructores de planta, impartía formación profesional
con los insumos suministrados por la entidad, preparaba clase, cargaba contenido,
evaluaba a los aprendices, utilizaba la plataforma institucional (“SofíaPlus”), y rendía
informes periódicos al coordinador académico que tuviera asignado, quien, según
indicó, le daba órdenes. Aseveró que, las actividades del contratista eran “ de
obligatorio cumplimiento”, como las de asistir a reuniones y calificar a los grupos.
63.2. La segunda declaración corresponde a la de Andrés Felipe Villanueva (49:53),
quien se identificó como “auxiliar de enfermería egresado del Centro de industria y del SENA,
sede Regional Meta”, y quien además fue aprendiz en uno de los grupos en los que
concurrió el demandante como instructor, en el Municipio de San Martín – Meta.
Hizo énfasis en que, de los tres (3) instructores que tuvo durante el proceso, el que
más cumplía los horarios “y las expectativas” era el señor Gómez Ruiz, porque era el
encargado de formarlos en “la parte asistencial y en la parte de conocimiento clínico”, de
conformidad con el currículo académico o el programa de formación al que accedían
a través de la plataforma institucional. Aunque aseguró que no conoció si el actor
tuvo un superior que velara por el cumplimiento de las funciones a cargo, destacó
que, siempre fue muy cumplido con los horarios que figuraban en la plataforma. En
lo que toca al período de vinculación, pese a que no identificó con precisión los
extremos temporales, aludió a su condición de aprendiz, y al contacto que tuvo con
el demandante, desde “mediados de 2014”, hasta finales de dos mil quince (2015).
63.3. Por último, se practicó la prueba testimonial de la señora Yuli Jacdary Ortiz
Guevara (1:13:02), quien adujo ser “técnico en servicios farmacéuticos y auxiliar de farmacia”,
y quien además fue aprendiz del demandante desde mediados de dos mil quince
(2015), hasta finales de dos mil dieciséis (2016), período en el que recibió clases de
lunes a viernes, en la franja de 7:00 a.m. – 12:30 p.m. Al respecto, expuso que, tales
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horarios los establecía el SENA desde antes del inicio del proceso de formación,
específicamente, al publicar la convocatoria, a través de la plataforma “SofíaPlus”,
respecto de la cual sostuvo que también era utilizada por el actor, pues, era a través
de ese canal que se cargaban los trabajos, las evidencias, y también se calificaba.
63.3.1. Explicó que, además del señor Gómez Ruiz, tuvo otros instructores, quienes
también debían acoger los horarios definidos previamente por la entidad y gestionar
la plataforma institucional. Asimismo, puntualizó que, el actor tuvo coordinadores en
Villavicencio y San Martín (refiriéndose a Plácido y Jimmy, respectivamente),
encargados de supervisar la ejecución de las actividades desplegadas por aquel.
Agregó que, para el desarrollo de las actividades de formación, contaban con los
insumos y espacios dispuestos por la entidad, entre ellos, una sala de cómputo a la
que aludió, y “una especie de laboratorio” dotada para las sesiones prácticas.
64. En suma, los deponentes coincidieron en que, el señor Gómez Ruiz, en calidad
de instructor, impartió formación profesional integral en programas de la Regional
Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje, en la especialidad de enfermería, labor
que, además de ser desempeñada por otros instructores de planta, requería para
su ejecución el cumplimiento de los horarios fijados por la entidad, la prestación
personal del servicio en las sedes seleccionadas por la misma, la gestión de la
plataforma institucional y la observancia de los programas curriculares.
65. No pasa inadvertido que, aunque en el marco de la audiencia de pruebas no se
formuló ninguna tacha frente a los declarantes, en el recurso de alzada la entidad
llamó la atención en que, por un lado, el testimonio de la señora Rincón Herrera
resultaba “sospechoso” dada su vinculación al sindicato “Sindesena” y a su manifiesta
oposición a las “nóminas paralelas”, y, por el otro lado, que el testimonio de la señora
Ortiz Guevara no coincidía temporalmente con la vigencia el primer contrato.
66. Para la Sala, la “sospecha” a la que alude la entidad recurrente no presupone que
la recepción y valoración de la prueba testimonial se torne improcedente, sino que,
exige del juez un análisis más severo con respecto a cada una de las declaraciones
para determinar el grado de credibilidad que ofrecen y cerciorarse de su eficacia
probatoria. Así lo ha dicho el Consejo de Estado al sostener que, para la valoración
de la prueba testimonial, no existe descalificación legal de un testigo que se estime
“sospechoso”, porque ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que
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gobierna el régimen probatorio.61 De manera consonante, la Corte Constitucional
ha indicado que, el juez no tiene facultad para abstenerse de valorar un testimonio
que considere sospechoso, sino que, en su lugar, “debe efectuar una práctica más rigurosa
del mismo y una evaluación más detallada de cada una de las afirmaciones que lo compongan” 62.
67. Bajo ese contexto, la Sala considera que, la señora Rincón Herrera rindió su
declaración de forma clara, coherente y espontánea, acudiendo a afirmaciones
verosímiles y contextualizadas, máxime, si se tiene en cuenta que se ha
desempeñado como instructora de planta (incluso, durante todo el tiempo en que el
demandante estuvo al servicio de la entidad), por lo que, contaba con elementos de
juicio para dar cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el
demandante ejecutó los contratos de prestación de servicios celebrados con la
entidad. La misma conclusión se predica de la señora Ortiz Guevara, quien
habiendo sido aprendiz, acudió a un relato sólido del asunto puesto a su
conocimiento. Además, el simple hecho de no haber coincido durante la vigencia
del primer contrato, no le resta fuerza persuasiva a la declaración, ni impide que el
testimonio sea valorado conjuntamente con otras pruebas allegadas al plenario.
68. Sobre el particular, debe decirse que, además de las declaraciones analizadas
ut supra, fueron examinados otros medios de convicción que acreditan el elemento
de la subordinación y dependencia. Así, por ejemplo, reposan en el dosier procesal
los reportes de planeación pedagógica, de juicios evaluativos, y de proyectos
formativos; los informes mensuales de ejecución de actividades (2014-2016); la
constancia de trabajo en la plataforma “Sofíaplus”; la programación de instructores,
con la respectiva relación de horas, fecha de inicio y fin, ambiente, lugar, municipio,
número de aprendices y competencia -o curso-; el material fotográfico que da cuenta
de las actividades de formación desarrolladas en los espacios dispuestos por la
entidad; y demás elementos demostrativos de la inserción del actor en el círculo
organizativo del Servicio Nacional de Aprendizaje63. La ausencia de memorandos o
llamados de atención, a los que refiere la apelante en el recurso, no tienen la entidad
suficiente para desvirtuar la subordinación que la Sala encuentra acreditada.
69. Todo lo anterior permite colegir que, las conclusiones a las que arribó el juez de
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez. Rad. No. 25002342000201602966 01.
62
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1090 de 2005.
63
Índice 00007 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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primera instancia para declarar la existencia de una relación laboral entre las partes,
son comprensivas de la realidad fáctica que evidencia el expediente, toda vez que,
resalta con contundencia que, las labores ejecutadas por el señor Gómez Ruiz
fueron adelantadas bajo continuada subordinación y dependencia, de manera
personal, y con una contraprestación mensual pactada a título de honorarios,
circunstancias que desnaturalizan el contrato de prestación de servicios previsto en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, aserto que se refuerza con el hecho que, la
contratación no se dio por el “término estrictamente indispensable” contemplado en la
norma en cita, ni para la realización de actividades que no pudieran ejecutarse con
el personal de planta de la entidad, pues, se insiste, el actor desarrolló labores
equivalentes a las desempeñadas por los instructores de la planta de personal.
69.1. En este estadio del análisis, la Sala observa que, uno de los reproches de la
apelante, estriba en que, “en el expediente no obra ninguna prueba que permita sostener que
se hayan asignado tareas adicionales a las contratadas ”. Sin embargo, dicho argumento no
tiene vocación de prosperidad, pues, la asignación de “tareas adicionales”, es decir,
aquellas que excedieron el objeto contratado, no condiciona la existencia de una
relación laboral encubierta, comoquiera que, basta con que las obligaciones
pactadas se hayan realizado bajo continuada subordinación y dependencia, para
que se desnaturalice la tipología contractual de prestación de servicios, como
ocurrió en el caso de autos.
70. En esa línea, concluye la Sala, que el ente demandado utilizó equivocadamente
la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por
lo que, con observancia de los principios constitucionales consagrados en los
artículos 13 y 53 superiores, se configuró una relación laboral encubierta.
71. De esta manera, el primer reparo del recurso de apelación no tiene vocación de
prosperidad, habida cuenta que, como quedó explicado, el A-quo acudió a una
valoración razonada e integral del acervo probatorio, a la luz de las reglas de la sana
crítica, a partir de la cual, encontró acreditados los elementos de la relación laboral.
72. En lo que toca al segundo reparo de la alzada, esto es, al presunto
desconocimiento del precedente judicial, la Sala empieza por advertir que, no se
inobservó el criterio correspondiente al “término estrictamente indispensable” al que se
refiere el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, y respecto del cual se pronunció esta
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Colegiatura en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-202164 del nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021). Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien
el término indispensable es el que figura en los estudios previos y en el clausulado
contractual, no es menos cierto que, para la satisfacción de la necesidad identificada
por la demandada, la contratación debió ser “de forma esencialmente temporal u ocasional
y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia ”65. Es decir, al amparo de la justificación
que reposa en los documentos precontractuales y contractuales, no le era dable a
la entidad suplir una actividad misional, por tiempo prolongado, con el actor.
73. El segundo motivo en el que se funda el alegado desconocimiento del
precedente judicial, consiste en que, a juicio de la recurrente, el A-quo no tuvo en
cuenta el período de treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato, y
la ejecución del siguiente, para determinar si existió o no solución de continuidad.
74. En este punto, fuerza recordar que, en la precitada sentencia de unificación del
nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), esta Sección estableció un
periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una “camisa de fuerza” para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral. En la
misma providencia, se precisó que, “se entenderá que no hay solución de continuidad entre
el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la
ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares (…)”.
75. En el caso de autos, se observan las siguientes fechas relevantes:
Contrato Inicio Fin Días
Núm. 0250 del 18 de 21/01/2014 12/12/2014 N/A
enero de 2014
Núm. 0168 del 30 de 02//02/2015 28/07/2015 34
enero de 2015
Núm. 585 del 3 de 04/08/2015 03/12/2015 6
agosto de 2015
Núm. 236 del 6 de 09/02/2016 16/12/2016 45
febrero de 2016
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
65
Ibidem.
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76. De las interrupciones antes reseñadas mayores a treinta (30) días hábiles,
aquellas sucedidas entre los contratos 0250 de dos mil catorce (2014) y 0168 de
dos mil quince (2015), y entre los contratos 585 de ese año y 236 de dos mil dieciséis
(2016), resultan trascendentes para para efectos del cálculo de la prescripción de
derechos, pues, tuvieron la virtualidad de romper la continuidad del vínculo.
77. Ahora bien, aunque en línea de principio debería computarse el fenómeno
prescriptivo desde el período en el que transcurrió un término superior a los treinta
(30) días, lo cierto es que, la reclamación administrativa se elevó el veintiuno (21)
de febrero de dos mil diecisiete (2017) 66 , es decir, dentro de los tres (3) años
siguientes a la finalización del primer vínculo y, de suyo, dentro del término exigido
para los contratos de prestación de servicios sucedáneos. Por ende, la conclusión
a la que llegó el Tribunal resulta acertada, en el entendido en que no advirtió la
configuración del fenómeno prescriptivo, atendiendo a las razones antes anotadas.
78. Por último, no escapa para esta Subsección que, en providencias recientes,
entre ellas, en la sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026),
proferida dentro del Rad. 20001-23-33-000-2020-00755-01 (1034-2025), se reiteró
que, “el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación de
servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público ”, lo que no impide que
se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido principio de “ a
trabajo igual salario igual”, y que se tenga como base -salarial y prestacional- lo que
devenga un empleado de la planta de la entidad (atendiendo al empleo y grado en
el que se ubica el contratista, de acuerdo con factores como la capacitación y
experiencia). Sin embargo, en el caso de autos se tiene que, contrario a dicho
parámetro, el A-quo definió que debía tomarse como base el valor de los honorarios
pactados, aspecto que la Sala no modificará con sujeción al principio de la “ non
reformatio in pejus”, habida cuenta que, la entidad concurre como apelante único y, en
tal sentido, dicho punto de la controversia no fue objeto de reparo por el
demandante.
79. Como colofón, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por medio
de la cual, el Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las
66
Índice 00002 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen, Archivo
50001233300020170042700_ACT_CONSTANCIASECRETARIAL_13072020105333am_a9ae3973f82d4bacaa5cee8612d7
7e62.pdf(.pdf) NroActua 2, pág. 2.
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pretensiones de la demanda promovida por el señor Yohnnier Gómez Ruiz, salvo el
ordinal séptimo de la parte resolutiva que se revocará, en la medida en que, la
entidad demandada, a pesar de haber sido la parte vencida, no incurrió en
actuaciones temerarias, desleales o dilatorias que impactaran el curso normal del
proceso y, en esa medida, no obra prueba de su causación, razón por la cual, se
impone revocar la condena en costas dispuesta por la primera instancia.
2.6. Condena en costas.
80. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de Marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de
la cual, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, salvo el ordinal
séptimo de la parte resolutiva que se revoca, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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