Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2022-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2022-00008-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2022-00008-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jorge José Malo Urrego presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en orden a que
se declarara la nulidad del acto negativo ficto derivado de la falta de respuesta a la
petición del 6 de enero de 2021 presentada ante el Sena, en la que solicitó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta entre el 25 de
febrero de 2000 y el 25 de octubre de 2018, y el pago tanto de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella como de las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
1 En lo que sigue Sena.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado; ii) el reconocimiento de los conceptos salariales y
prestacionales que de ello se derivaran según le correspondía a un empleado de
planta que ejerciera iguales funciones a las desempeñadas por él; iii) el pago de
las cotizaciones por concepto de salud y pensión; iv) la suma equivalente a la
dotación y calzado por el periodo reclamado; v) la devolución de los dineros
descontados de su remuneración por concepto de retención en la fuente; vi) el
pago a la administradora de pensiones del «valor a que haya lugar en atención al
cálculo actuarial» por concepto de cotizaciones en pensión durante el periodo
reclamado; vii) el reajuste de la condena con base en el índice de precios al
consumidor (IPC); viii) la generación de intereses comerciales moratorios desde la
ejecutoria de la sentencia; y ix) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Jorge José Malo Urrego laboró para el Sena mediante contratos de prestación
de servicios entre el 25 de febrero de 2000 y el 24 de octubre de 2018, con el objeto
de impartir formación en el área de agroindustria.
3.2. Desarrolló sus labores en cumplimiento de un horario de 8 a 12 am y de 2 a 6
pm, bajo las órdenes de los subdirectores del Sena, Regional Cesar, de forma
sucesiva y continua.
3.3. El 6 de enero de 2021 solicitó al Sena el reconocimiento de la relación laboral,
el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella y la expedición de los
contratos suscritos entre las partes; sin embargo, la petición no fue resuelta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; 3 y 138 del CPACA; y 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
2
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos :
5.1. Prestó el servicio de instructor durante 18 años, sin solución de continuidad, a
través de sucesivos contratos de prestación de servicios, de forma personal, bajo la
subordinación de los subdirectores del Sena y por ello percibió una retribución,
como consecuencia, se configuraron los elementos de una relación laboral
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip)
NroActua 2», carpeta Cuaderno principal, documento 071ED_02DemandayAnexos
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
encubierta.
5.2. Pese a que la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no
implicó que automáticamente pasara de contratista a empleado público, sí era
procedente el reconocimiento de los efectos de una relación laboral y, por lo tanto,
de las prestaciones sociales que de ella se derivaban al probarse la subordinación.
Así como también del tiempo laborado para efectos pensionales, en aplicación de
los principios de primacía de la realidad, irrenunciabilidad de los derechos laborales
e igualdad.
5.3. La jurisprudencia del Consejo de Estado3 ha reiterado la diferencia entre el
contrato de prestación de servicios y la relación laboral, frente a lo cual ha señalado
que, una vez acreditados los elementos estructurales de esta última, especialmente
la subordinación, y sin importar la denominación del vínculo, es procedente el
reconocimiento de las prestaciones sociales. Tal declaratoria también implica que
se tenga en cuenta el tiempo laborado para efectos pensionales, derecho que es
imprescriptible; es decir, que puede reclamarse en cualquier tiempo y que no está
sujeto a prescripción.
1.2. Contestación de la demanda
4
6. El Sena en esta oportunidad procesal guardó silencio :
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia proferida el 18 de julio de 2024,
declaró la nulidad del acto ficto presunto negativo originado por la falta de respuesta
de la entidad a la petición del 6 de enero de 2021, la existencia de la relación laboral
del 25 de febrero de 2000 al 25 de octubre de 2018 y la prescripción de los derechos
prestacionales derivados de la relación laboral reconocida en los periodos «entre el
25 de febrero de 2000 hasta el 26 de enero de 2018», y a título de restablecimiento del
derecho dispuso:
«CUARTO: CONDENAR al SENA, a reconocer y pagar en favor del señor JORGE JOSÉ
MALO URREGO las prestaciones sociales ordinarias que percibían los empleados de
planta del SENA, por el período comprendido entre el 26 de enero al 24 de octubre de
2018 (por operancia de la prescripción trienal), tomando como base para ello los
honorarios pactados en el respectivo contrato o, en su lugar, el salario devengado por
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
4 Tal y como se advierte en el acta de audiencia inicial del 22 de marzo de 2023. Índice 2 de Samai,
expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip) NroActua 2»,
carpeta Cuaderno principal, documento
13_ACTAAUDIENCIA_ACTAAUDIEN_20220000800ACTAA
3
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
un empleado de planta, en la medida de que no sea inferior a los honorarios.
De igual forma, el SENA deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones donde se
encuentre afiliado el demandante, si existe diferencia entre los aportes realizados por él
cuando fungió como contratista y los que efectivamente debió pagar, el valor faltante de
los aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Para ello tomará
mes a mes únicamente el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante,
con fundamento en los honorarios pactados durante el período comprendido entre el 25
de febrero del 2000 hasta el 25 de octubre de 2018, salvo las interrupciones.
Por su parte, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema de
Seguridad Social durante el tiempo que duró su vinculación y, en caso de no haberse
hecho o existir diferencias en su contra, deberá cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le correspondía como trabajador, por el período efectivamente trabajado
entre el 25 de febrero del 2000 hasta el 25 de octubre de 2018, de conformidad con la
parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: DECLARAR que el tiempo laborado por la demandante bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios entre el 25 de febrero del 2000 hasta el 25 de octubre
de 2018 se debe computar para efectos pensionales.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: El SENA deberá cumplir esta sentencia dentro de los términos consagrados
en los artículos 189 y 192 del C.P.A.C.A.
OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia» (sic).
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
8.1. La prestación personal del servicio y la remuneración se acreditaron, puesto que
así se advirtió tanto del objeto de cada uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos por las partes como de las obligaciones contraídas por Jorge
José Malo Urrego, de las que se extrajo que el servicio debía prestarse por él de
forma directa, en atención a sus capacidades laborales, y sin que le fuera posible
delegar el ejercicio de sus actividades en otras personas. Asimismo, se pactó el
pago de unos honorarios, circunstancia que no fue controvertida, por lo que se
concluyó que sí se realizaron.
8.2. Desempeñó labores por «más de 18 años», lo que evidenció que no se trató de
un vínculo ocasional o temporal, característica propia del contrato de prestación de
servicios.
8.3. Cumplió una actividad que se relacionaba directamente con el objeto del Sena,
pues se encargaba de fortalecer los procesos de formación integral de los
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip)
NroActua 2», carpeta Cuaderno principal, documento 055Sentencia de
Pr_DeclaraNul_20220000800.
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
trabajadores y demás personas que hacían parte de los programas impartidos por
la institución.
8.4. De las obligaciones pactadas en los contratos se evidenció que se le impusieron
condiciones respecto de los sitios en los que debía cumplir con sus labores e,
incluso, se establecieron los desplazamientos que debía llevar a cabo hacia otras
sedes, se le suministraron los elementos necesarios para ejecutar las labores y se
le reconocieron gastos desplazamiento, todo lo cual dio cuenta de su falta de
independencia en la realización de sus funciones.
8.5. Los testigos dieron cuenta de la prestación personal del servicio por parte del
demandante y del cumplimiento de sus labores, que ocasionalmente se
desarrollaban en otros municipios.
8.6. «En el sub-lite se observa que entre los contratos suscritos hay varias interrupciones
que superan ampliamente los 30 días y particularmente, respecto de los años 2016 y 2017
no se allegaron los contratos, ni tampoco el tiempo laborado fue incluido en las
certificaciones, sólo obran, un contrato adicional de 23 días, respecto del contrato 607 de
2016 y adicional de 14 días respecto del contrato 484, mientras que en el año 2018. En este
orden, se tiene que el contrato No. 554 finalizó el 24 de octubre de 2018, razón por la cual
a partir del 25 de octubre de 2018 el demandante tenía 3 años para acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa a reclamar los derechos laborales causados hasta esa fecha,
pero tal reclamación administrativa se presentó el 6 de enero de 2021, por lo cual es dable
concluir que operó el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva sobre las acreencias
laborales causadas respecto a los períodos anteriores al 26 de enero de 2018, aclarando
que en todo caso se mantienen los derechos relacionados con el reconocimiento para
efectos de pensión» (sic).
8.7. Los aportes a seguridad social, por su naturaleza parafiscal, solo pueden ser
empleados para garantizar la prestación de los servicios de salud y pensión en
cualquiera de los regímenes, sin posibilidad de destinarlos a otros fines, por ello,
son ingresos no gravados fiscalmente. En consecuencia, no era posible su
devolución, ya que no le pertenecían al contratista, sino al Sistema de Seguridad
Social; luego, no se le causó ningún daño, porque con ellos se cubrieron riesgos
para su propio beneficio.
8.8. No era procedente el pago de lo correspondiente a «calzado y vestido de labor»,
porque solo se reconoce en aquellos eventos en que los honorarios pactados sean
inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la anualidad en que
se suscribió cada contrato. No obstante, la suma correspondiente a los honorarios
pactados por las partes estaba por encima de lo señalado en la ley para el
reconocimiento de esa prestación.
8.9. Era improcedente la devolución de los descuentos realizados al actor por
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
concepto de retención en la fuente, porque «la finalidad del restablecimiento del
derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de
percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión
de la celebración del contrato» (sic)6
8.10. Procedía el reconocimiento tanto de las cesantías como de los intereses a las
cesantías, entre otras prestaciones sociales ordinarias que devengue un empleado
de planta, por el periodo respecto del cual no se declaró la prescripción.
8.11. No procedía la condena en costas, al no haberse probado que se causaron
gastos por la parte vencedora de la litis, máxime porque no se pagaron gastos
ordinarios del proceso.
1.4. El recurso de apelación
9. Jorge José Malo Urrego interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo
siguiente7:
9.1. Aunque el cubrimiento de la seguridad social le correspondía en unas dos
terceras partes al Sena, lo cierto fue que las asumió en su totalidad; por ende, el a
quo al ordenar el giro correspondiente a la entidad de previsión social estaría
causando un enriquecimiento sin causa a favor de aquella y en su detrimento. En
esa medida, lo procedente era la devolución de tales sumas, en tanto fue él, en su
calidad de contratista, quien las sufragó.
9.2. El derecho a «percibir unas prestaciones sociales como consecuencia de la relación
laboral encubierta, solo viene a concretarse en la sentencia, es decir, mientras no haya una
declaración judicial que le otorgue el derecho, pues sencillamente no hay derecho, y no
habiendo derecho mal puede comenzar a contarse una prescripción ya que esta solo puede
pregonarse respecto de derechos que tengan existencia cierta y real» (sic). Por
consiguiente, no era procedente declarar la prescripción, porque es a partir de la
declaración judicial que el derecho se hace exigible.
9.3. Los contratos suscritos entre las partes en los años 2016 y 2017 no fueron
aportados por la «reticencia de la entidad demandada» a proporcionarlos; sin embargo,
sí se allegaron las adiciones correspondientes, lo que permitió acreditar su
existencia. En esas condiciones, fue errada la conclusión del a quo según la cual no
laboró durante ese periodo.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia de 13 de mayo de 2015. Radicado No. 68001233100020090063601. C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez
7 Índice 43 de Samai de Tribunales y Juzgados.
6
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto 9.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Se circunscribe a establecer ¿si es procedente ordenar la devolución de los
aportes efectuados por Jorge José Malo Urrego al sistema de la Seguridad Social?
y ¿si es procedente declarar la prescripción de los derechos prestacionales
derivados de la relación laboral encubierta y, de ser así, a partir de qué momento
inicia su cómputo?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Prescripción de los derechos derivados de la relación laboral encubierta
13. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
8 Según consta en el auto del 30 de octubre de 2024, visible a índice 4 de Samai.
9 Según se advierte de la constancia secretarial del 22 de enero de 2025, visible a índice 8 de Samai.
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades. [se
resalta].
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse»10.
14. Como justificación para la aplicación del término de hasta 30 días hábiles se
plantearon 3 razones, la primera, porque con este aún se permite inferir que el
vínculo laboral pese a breves interrupciones sigue siendo el mismo, lo que facilita el
cómputo de la prescripción; la segunda, porque es acorde con la evolución
jurisprudencial del «contrato realidad» y ofrece mayores garantías materiales a los
reclamantes y a la efectividad de los derechos laborales; y tercera, porque, en la
práctica, es un plazo que permite determinar si se pacta un nuevo contrato, una
adición o una prórroga de otro anterior.
15. La decisión anterior fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
16. Con todo, el Consejo de Estado unificó su criterio y, en la actualidad, cualquier
asunto que involucre periodos contractuales debe analizarse siguiendo las
subreglas que la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-1611, en la que se estableció:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), SUJ-025-CE-S2-2021.
11 Radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].
17. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»12.
18. Lo anterior, tiene su fundamento normativo en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional de
los empleados públicos, que de una interpretación armónica con el mandato
contenido en el artículo 12, numeral 2, del Convenio 95 de la OIT, se advierte que
el cómputo del término de prescripción debe iniciar a partir de la terminación del
vínculo, en tanto que «los ajustes finales de los salarios debidos tienen lugar desde la
terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es desde ese momento en
que se podrá demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se
dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado»13 y, en
consecuencia, reclamar las prestaciones derivadas de ella.
2.3. Caso en concreto
19. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
20. Se aportaron los siguientes documentos:
20.1. Jorge José Malo Urrego celebró los siguientes contratos de prestación de
servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos jurídicos
aportados, tales como certificados y los contratos de prestación de servicios14:
Contrato / Objeto Desde Hasta Interrupción
12 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
13 Ibidem
14 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip)
NroActua 2», carpeta Cuaderno principal, documento 071ED_02DemandayAnexos
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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
orden de en días
servicio hábiles
710025 Prestar servicios «5 de febrero 30 de marzo -
personales como instructor de 2000» de 2000
para impartir 240 horas de
formación en el área de
especies menores, pollos
de engorde, ponedoras y
porcinos
7100479 Prestar servicios 17 de mayo 23 de junio 30
personales como instructor de 2000 de 2000
para impartir 360 horas de
formación en el área
especies menores, pollos
de engorde y porcinos
000297 Prestar servicios 8 de 19 de 718
personales como instructor septiembre diciembre de
para impartir 400 horas de de 2003 2003
formación en el área cría de
pollos de engorde
000570 Prestar servicios 31 de 3 de abril de 6
personales como instructor diciembre de 2004
para impartir 280 horas de 2003
formación en el área de
criador de ponedora y
pollos de engorde
000067 Prestar servicios 12 de abril de 26 de junio 3
personales como instructor 2004 de 2004
para impartir 250 horas de
formación en el área
avícola
000360 Prestar servicios 19 de julio de 30 de 14
personales como instructor 2004 septiembre
para impartir 336 horas de de 2004
formación en el área criador
de ponedoras y pollos de
engorde
000605 Prestar servicios 19 de 17 de 11
personales como instructor octubre de diciembre de
para impartir 200 horas de 2004 2004
formación en el área criador
de pollos
000863 Prestar servicios 27 de 31 de marzo 5
personales como instructor diciembre de de 2005
para impartir 360 horas de 2004
formación en el área criador
de ponedoras de pollo
000269 Prestar servicios 15 de 16 de 113
personales como instructor septiembre diciembre de
para impartir 440 horas de de 2005 2005
formación en el área de
producción de pollos de
engorde
000539 Prestar servicios 19 de 30 de marzo -
personales como instructor diciembre de de 2006
para impartir 440 horas de 2005
formación en el área
avícola
10
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
000357 Prestar servicios 23 de agosto 18 de 94
personales como instructor de 2006 diciembre de
para impartir 340 horas de 2006
formación en el área
avícola
000434 Prestar servicios 27 de 18 de febrero 5
personales como instructor diciembre de de 2007
para impartir 115 horas de 2006
formación en el área
avícola
000017 Prestar servicios 22 de febrero 5 de junio de 3
personales como instructor de 2007 2007
para impartir 400 horas de
formación en el área
avícola
000239 Prestar servicios 4 de julio de 20 de agosto 17
personales como instructor 2007 de 2007
para impartir 250 horas de
formación en el área
avícola
000262 Prestar servicios 22 de agosto 30 de 1
personales como instructor de 2007 noviembre
para impartir 490 horas de de 2007
formación en el área de
producción de pollos de
engorde
000366 Prestar servicios 4 de 19 de 1
personales como instructor diciembre de diciembre de
para impartir 2007 2007
100 horas de formación en
el área de pollo de engorde
000018 Prestar servicios 27 de febrero 17 de 46
personales como instructor de 2008 octubre de
para impartir 736 horas de 2008
formación en el área de
producción de pollos de
engorde
000426 Prestar servicios 10 de 19 de 14
personales como instructor noviembre de diciembre de
para impartir 100 horas de 2008 2008
formación en el área
producción de pollos”
000048 Prestar servicios como 4 de marzo 3 de 49
instructor desarrollando la de 2009 diciembre de
capacitación para el 2009
cubrimiento de la soberanía
alimentaria (especies
menores y cultivos
transitorios)
000145 Prestar servicios 27 de enero 27 de 34
personales de carácter de 2010 noviembre
temporal como instructor de 2010
diseñando, orientando y
asesorando con los equipos
de desarrollo curricular y
ejecutar el proceso de
formación teórico – práctico
11
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
del aprendiz, en el Centro
Biotecnológico del Caribe
del Sena Regional Cesar
000424 Prestar los servicios 29 de julio de 10 de 168
profesionales de instructor 2011 diciembre de
para desarrollar el 2011
componente técnico y
empresarial para el montaje
de dos unidades
productivas, en la línea
tecnológica Producción y
Transformación en el marco
del programa jóvenes
Rurales emprendedores, a
cargo del Centro
Biotecnológico del Caribe
del Sena Regional Cesar
011212 Prestación de servicios 15 de febrero 30 de junio 46
profesionales para de 2012 de 201215
desarrollar la formación y el
proyecto productivo, para el
montaje de 2 unidades
productivas en el área
pecuaria, en el marco del
Programa Jóvenes Rurales
Emprendedores, en el
departamento del Cesar,
para la ejecución de los
proyectos, con el fin de
atender la demanda, dentro
y fuera del Centro
Biotecnológico del Caribe,
Sena.
000482 Prestación de servicios 25 de febrero 1° de 163
profesionales para de 2013 diciembre de
desarrollar la formación y el 2013
proyecto productivo, para el
montaje de 5 unidades
productivas, en Red de
Conocimiento Pecuaria y
las demás de su
competencia, en el marco
del Programa Jóvenes
Rurales Emprendedores, en
el área de cubrimiento del
Centro Biotecnológico del
Caribe del Sena, Regional
Cesar
0000526 Prestar servicios 23 de enero 31 de 35
personales de carácter de 2014 octubre de
temporal como instructor 2014
técnico para crear y
fortalecer unidades
productivas rurales
sostenibles, en el área
pecuaria y demás área de
15 Según el contrato el plazo pactado fue de 4 meses y 15 días, sin exceder el 4 de julio de 2012.
12
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
su competencia, mediante
acciones de formación y
fortalecimiento en el marco
del programa Jóvenes
Rurales Emprendedores,
así como las actividades de
capacitación y/o Auditoria
para el Sistema Integrado
de Gestión de Calidad del
Sena que acuerden las
partes
000609 Prestación de Servicios 18 de febrero 15 de 73
Personales de Carácter de 201516 diciembre de
Temporal, como Instructor 201517
en el Programa de Atención
a Población Victima del
Desplazamiento por la
violencia para impartir
formación en cada la red de
conocimiento Pecuaria
dentro de los programas de
formación articulados con el
Centro Biotecnológico del
Caribe
000607 del 29 Adicionar el contrato de 1° de marzo 22 de 51
de febrero de prestación de servicios de 201618 noviembre
2016 000607 de 2016 cuyo de 201619
Adicional 1 del objeto es "Adicionar a los - 15 de -
contrato contratos de prestación de diciembre de
000607 del 29 Servicios Personales de los 201620
de febrero de instructores en el programa
2016 Atención a población
víctima del Desplazamiento
por la violencia para
impartir formación en la red
de conocimiento
PECUARIA dentro de los
programas de formación
articulados con el Centro
Biotecnológico del caribe
000484 del 15 Que se requiere adicionar y 16 de febrero 30 de 43
de febrero de prorrogar el contrato de de 201721 noviembre
2017 prestación de servicios de 2017
Adicional 1 del 000484 de 2017 cuyo 14 de
contrato objeto es "Prestación de diciembre de
000484 del 15 Servicios Personales de 201722
de febrero de Carácter Temporal, como
2017 Instructor en el Programa
de Atención a Población
Victima del Desplazamiento
16 Fecha de suscripción del contrato
17 Según el contrato el plazo pactado fue de 9 meses y 27 días calendarios.
18 De acuerdo con la adición del contrato
19 Según la adición el contrato fue inicialmente pactado por el plazo de 8 meses y 21 días calendarios.
20 La prórroga se pactó de 23 días calendarios contados a partir de la expiración del contrato principal
21 De acuerdo con la adición del contrato
22 La prórroga se pactó de 14 días calendarios contados a partir de la expiración del contrato principal
13
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
por la violencia para
impartir formación en la red
de conocimiento Pecuaria
dentro de los programas de
formación articulados con el
Centro Biotecnológico del
Caribe.
0005[6]4 del 26 Prestación de Servicios 26 de enero 24 de 27
de enero de Personales de Carácter de 201823 octubre de
2018 Temporal, como Instructor 2018
en el Programa de Atención
a Población Victima del
Desplazamiento por la
violencia para impartir
formación en cada la red de
conocimiento Pecuaria
dentro de los programas de
formación articulados con el
Centro Biotecnológico del
Caribe
20.2. El
6 de enero de 2021, Jorge José Malo Urrego solicitó al Sena el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella24. Petición, frente a la cual, afirmó el demandante, que la entidad
guardó silencio.
20.3. En la audiencia de pruebas celebrada el 9 de mayo de 202325, se recibió el
testimonio de Esilde Ustátiz Arzuaga, la cual fue suspendida por problemas de
conectividad y reanudada el 15 de igual mes y año26, ocasión en la que se continuó
con los testimonios de Ernesto Guevara Contreras y José Eduardo Mendoza
Acosta.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
21. Con fundamento en lo expuesto, la Sala precisa que, comoquiera que el tribunal
encontró acreditados los elementos que permiten configurar una relación de trabajo
entre Jorge José Malo Urrego y el Sena y ello no fue objeto de recurso, la Sala se
pronunciará únicamente en relación con los argumentos de este:
2.4.1. En torno a la devolución de los aportes a seguridad social
23 Fecha de suscripción del contrato
24 Ibidem
25 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip)
NroActua 2», carpeta Cuaderno principal, documento
37_ACTAAUDIENCIA_AUDIENCIA_20220000800ACTAD
26 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «5ED_EXPEDIENTE_20001233300020220000(.zip)
NroActua 2», carpeta Cuaderno principal, documento 49_
ACTAAUDIENCIA_AUDIENCIA_20220000800ACTAD
14
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
22. Frente al primer problema jurídico planteado, se tiene que el Consejo de Estado
ha adoptado la posición pacífica y reiterada sobre la improcedencia del reintegro de
las sumas pagadas por concepto de aportes para la Seguridad Social en Pensión y
Salud, especialmente en aquellos casos en los que se declara la existencia de una
relación laboral encubierta.
23. Lo anterior, porque esas cotizaciones, en atención a su naturaleza parafiscal, son
de obligatorio pago y recaudo para un fin específico, por lo tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio, no constituyen un
crédito a favor del interesado, pues su finalidad es garantizar la prestación de los
servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el sistema, «lo que excluye
la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»27.
24. Al respecto, en sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 se dijo lo
siguiente28:
«165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha contribución,
en tanto está obligado por la ley a efectuarla,29 no es procedente ordenar su devolución,
aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta. Además,
reembolsar estos aportes implicaría contradecir al legislador, cuya voluntad, como se
expuso, buscaba que su recaudo fuera directamente a las administradoras de servicios
de salud, por tratarse, se itera, de contribuciones de pago obligatorio con una destinación
específica y con carácter parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de precisar
que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y
riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de
los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal» (sic) [resaltado del texto original].
25. A la anterior conclusión también se llegó en consideración con lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-895 de 2009 que, frente a la protección
constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica de
los aportes a salud y pensión, expuso:
«Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de manera
uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto
en salud como en pensiones, con independencia de la denominación que de ellos se
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016,
radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), MP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto
1273 de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del
Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en
relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo»
15
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas, deducibles,
bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados para propósitos distintos a los
relacionados con la seguridad social debido a su naturaleza parafiscal».
26. En conclusión, los aportes a la seguridad social son obligatorios y de naturaleza
parafiscal, razón por la cual no son susceptibles de devolución, en la medida en que
no comportan una titularidad, en este caso, a favor del demandante, sobre los
recursos aportados, aun cuando se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. En ese sentido, la filiación y el pago de tales aportes se imponen
por ministerio de la ley, y tales recursos cumplen la finalidad de garantizar la
cobertura durante el periodo cotizado y la sostenibilidad financiera del sistema.
27. Por consiguiente, la Sala advierte que resulta improcedente el reintegro de las
sumas que el demandante pagó por concepto de aportes para la Seguridad Social
en Pensión y Salud, tal y como lo decidió el a quo, en consecuencia, se confirmará
la negativa en este punto.
2.4.2. En relación con la prescripción de los derechos en litigio
28. Sobre el particular, en primer lugar, la Sala debe referirse a que el a quo declaró
la existencia de la relación laboral entre Jorge José Malo Urrego y el Sena durante
el periodo comprendido «entre el 25 de febrero de 2000 y el 25 de octubre de 2018». Sin
embargo, al realizar el análisis de la prescripción de los derechos en litigio señaló
que «respecto de los años 2016 y 2017 no se allegaron los contratos, ni tampoco el tiempo
laborado fue incluido en las certificaciones, sólo obran, un contrato adicional de 23 días,
respecto del contrato 607 de 2016 y adicional de 14 días respecto del contrato 484» (sic).
Lo anterior quiere decir, que no tuvo en cuenta, para efectos del cómputo del término
de prescripción, los extremos temporales laborados a través de los contratos
000607 y 000484, los cuales, si bien no fueron aportados, sí lo fueron sus adiciones,
a partir de las cuales es posible determinar el plazo de ejecución de los contratos
principales.
29. Por ejemplo, en el adicional 1 del contrato 000607 del 29 de febrero de 2016 se
señaló que «el Contrato de Prestación de Servicios Personales No. 000607 de fecha 29
de Febrero de 2016 tiene un término de ejecución total de Ocho (8) Meses y Veintiún (21)
días calendario, contados a partir del acta de Inicio de actividades»; así pues, aunque no
se aportó el acta de inicio, es posible tomar la fecha de suscripción de ese contrato,
en orden de dar prevalencia al principio de primacía de la realidad, y a partir de tal
fecha establecer el extremo final de ejecución de ese contrato. Igual, ocurre con el
adicional 1 del contrato 000484 del 15 de febrero de 2017. Con fundamento en lo
anterior, se definieron los extremos temporales de estos contratos, tal y como se
observa en el cuadro visible en el párrafo 24.1.
16
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
30. En ese sentido, le asiste razón al recurrente porque de los elementos probatorios
allegados al expediente era posible determinar la existencia de la relación laboral
entre el 25 de febrero de 2000 y el 24 de octubre de 2018, teniendo en cuenta el
lapso laborado entre los contratos 000607 del 29 de febrero de 2016 y 000484 del
15 de febrero de 2017, pues de sus adiciones se pudo establecer los extremos
temporales de sus ejecuciones. En consecuencia, ese periodo será tenido en cuenta
para efectos del cómputo del término de prescripción.
31. Aclarado lo anterior, en segundo lugar, se advierte que no es de recibo el
argumento del demandante según el cual no era procedente declarar la
prescripción, bajo el entendido de que el derecho solo se hacía exigible a partir de
la declaración judicial. Lo anterior, porque, como se expuso en el marco normativo,
lo relativo a la prescripción de los derechos derivados de la relación laboral
encubierta fue objeto de unificación y constituye un precedente de obligatorio
cumplimiento.
32. Así pues, se tiene que, al verificarse que la solicitud del reconocimiento de la
relación laboral fue presentada ante la entidad demandada el 6 de enero de 2021,
y que existieron varias interrupciones injustificadas superiores a 30 días hábiles
entre los lapsos en que se declaró la existencia de una relación laboral, ello implicó
la solución de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia de presentar
la reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes.
33. En efecto, si bien entre los contratos 000607 de 2016 y 000484 de 2017 hubo
una interrupción superior a 30 días, esta se encuentra justificada en el periodo de
vacaciones según el calendario académico, pues cobijaron los meses de diciembre
y enero, lapso que una vez restado arroja una interrupción de 28 días, es decir,
dentro del término previsto como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos. En igual sentido se ha determinado en anteriores oportunidades por
esta subsección30.
34. Ahora, pese a descontar el periodo de vacaciones que transcurrió entre
diciembre y enero del lapso de interrupción entre los contratos 000609 de 2015 y el
000607 de 2016 se superó tal periodo previsto, pues el primero terminó el 15 de
diciembre de 2015 y el segundo inició el 1° de marzo de 2016, plazo que excede los
30 días hábiles, sin que se haya alegado alguna razón que justifique tal interrupción.
En tal sentido, y ante tal interrupción, la oportunidad para que el demandante
presentara la reclamación venció el 15 de diciembre de 2018 y no lo hizo. No ocurrió
esto en relación con los contratos suscritos con posterioridad, y entre los cuales no
hubo interrupciones superiores a 30 días hábiles, pues el demandante cumplió con
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024,
radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022).
17
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
la exigencia de presentar la reclamación administrativa dentro de los 3 años
siguientes a la terminación del vínculo, toda vez que este finalizó el 24 de octubre
de 2018, por lo que tenía hasta el 24 de octubre de 2021 y lo hizo el 6 de enero de
ese año31.
35. Valga precisar que no es necesario pronunciarse sobre las interrupciones
anteriores pues en todo caso superaron la exigencia de los 3 años con los que
contaba el demandante para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la
relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones correspondientes.
36. Así pues, se modificarán los ordinales 3° y 4° de la sentencia del 18 de julio de
2024 que declaró la prescripción de los derechos en litigio « del período comprendido
entre el 25 de febrero de 2000 hasta el 26 de enero de 2018» para en su lugar, señalar
que acaeció el fenómeno respecto de las prestaciones sociales a que tenía derecho
anteriores al 15 de diciembre de 2015 y que, por lo tanto, tiene derecho a las
prestaciones sociales ordinarias que percibían los empleados de planta del Sena,
por el período comprendido entre el 1° de marzo de 2016 y el 24 de octubre de
2018.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
37. Por lo dicho, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios.
38. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que
se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales32 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
31 Y la demanda se presentó el 16 de diciembre de 2021
32 «Artículo 7 Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
18
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas33.
39. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Jorge José Malo Urrego debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.
40. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia34 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a
la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado
público (…)», lo que no impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en
virtud del aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
41. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales35. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado
que, en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el actor
por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones en
igual cargo de la entidad.
42. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a las cuales tendría derecho el
demandante y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo,
comoquiera que ello daría lugar a la modificación de la orden proferida por el a quo
al establecer que la entidad demandada debía reconocer las prestaciones «tomando
como base para ello los honorarios pactados en el respectivo contrato o, en su lugar,
33 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
35 Artículo 53 de la Constitución Política.
19
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
el salario devengado por un empleado de planta, en la medida de que no sea inferior
a los honorarios»; y al ser el demandante el apelante único en este asunto no se
modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su
situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.
2.5. Costas
43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.
46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
47. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia, actuación temeraria
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no resulta procedente el
36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
20
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
reintegro de las sumas que el demandante pagó por concepto de aportes para la
Seguridad Social en Pensión y Salud, en atención a que estos se imponen por
ministerio de la ley, cumplen la finalidad de garantizar la cobertura durante el periodo
cotizado y la sostenibilidad financiera del sistema y, por lo tanto, aquel no es titular
de tales recursos.
49. Sibien hubo prescripción de los derechos derivados de la declaratoria de
existencia de la relación laboral, debe precisarse que, pese a que no se aportaron
los contratos suscritos en los años 2016 y 2017, fue posible establecer sus extremos
temporales con sus adicciones. Por lo tanto, se modificará la decisión en este
aspecto. En consecuencia, las prestaciones a que tiene derecho en virtud de la
prestación de sus servicios en el periodo comprendido entre el «25 de febrero de
2000» y el 15 de diciembre de 2015 se extinguieron en virtud del fenómeno de la
prescripción, pero este será tenido en cuenta para efectos pensionales.
50. No ocurrió igual en el periodo transcurrido entre el 1° de marzo de 2016 y el 24
de octubre de 2018, salvo sus interrupciones, respecto del cual tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales ordinarias que percibían los
empleados de planta del Sena, en consideración a los honorarios pactados en el
respectivo contrato o, en su lugar, el salario devengado por un empleado de planta,
en la medida de que no sea inferior a los honorarios, como lo determinó el tribunal
de primera instancia y respecto del cual no se hará modificación alguna como se
indicó en el párrafo 42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar los ordinales 3° y 4° de la sentencia proferida el 18 de julio de
2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Jorge José Malo
Urrego contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone:
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción únicamente respecto del
pago de los derechos prestacionales causados durante el período comprendido entre el
25 de febrero de 2000 y el 15 de diciembre de 2015.
CUARTO: CONDENAR al SENA, a reconocer y pagar en favor de Jorge José Malo
Urrego las prestaciones sociales ordinarias que percibían los empleados de planta del
SENA, por el período comprendido entre el 1° de marzo de 2016 y el 24 de octubre de
21
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00008-01 (4920-2024)
Demandante: Jorge José Malo Urrego
2018, salvo sus interrupciones, tomando como base para ello los honorarios pactados
en el respectivo contrato o, en su lugar, el salario devengado por un empleado de planta,
en la medida de que no sea inferior a los honorarios.
De igual forma, el SENA deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones en el que se
encuentre afilado el demandante, si existe diferencia entre los aportes realizados por él
cuando fungió como contratista y los que efectivamente debió pagar, el valor faltante de
los aportes a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Para ello tomará
mes a mes únicamente el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante,
con fundamento en los honorarios pactados durante el período comprendido durante el
período comprendido entre el 25 de febrero del 2000 y el 24 de octubre de 2018, salvo
las interrupciones. Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema de Seguridad Social durante el tiempo que duró su vinculación y, en
caso de no haberse hecho o existir diferencias en su contra, deberá completar, según el
caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador, por el período efectivamente
trabajado entre el 25 de febrero de 2000 y el 24 de octubre de 2018.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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