Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00609-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00609-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00609-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de febrero de 2026
Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00609-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00609-01
Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otro
Tema: Revoca sentencia impugnada
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el extremo accionante contra la
sentencia de 11 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Jesús Ángel
Coronado Brito demandó a la Superintendencia de Transporte y a la Secretaría de
Tránsito del municipio de Valledupar. Con su solicitud pretende el acatamiento de lo
dispuesto en los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; 1 y 2 de la
Ley 1843 de 2017 y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020. A partir de
dichas normas pretende lo siguiente:
(i) Anular todas las multas aplicadas en el municipio de Valledupar, mediante los
mal denominados vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se
contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de
detección de infracciones de tránsito; (ii) retirar los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente y (iii) ordenar que la imposición de comparendos se realice de manera
presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que,
en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial
para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.
2. Hechos
En síntesis, la parte actora sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición
de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de
1
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Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
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forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los
procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de
tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1000 señales de
tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».
Indicó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible
de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta
individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y
personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera
electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de
tránsito.
A juicio del extremo actor, la utilización de medios tecnológicos automatizados para
la detección de infracciones, dispositivos SAST, se ha hecho sin contar con la
debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de
seguridad vial. Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la
imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a
individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.
De acuerdo con lo anterior, el 25 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó a
las accionadas el cumplimiento de los artículos invocados en la demanda para que,
en consecuencia: (i) retiraran los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar;
(ii) se abstuvieran de imponer multas; (iii) anularan todos los comparendos
interpuestos durante su operación; y (iv) agotaran el debido procedimiento
administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en
espacio público. Frente a tales requerimientos, según aseveró la parte actora, las
entidades accionadas no emitieron respuesta.
3. Admisión de la demanda
En auto de 13 de noviembre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo del
Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a las demandadas.
4. Informes
El municipio de Valledupar pidió declarar improcedente la acción de
cumplimeinto. En ese sentido, indicó que sus actuaciones se ajustan a la Ley 769
de 2002 y afirmó que la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20203040011245 de
2020 no le eran aplicables al no tener en operación dispositivos SAST en el
municipio. Sostuvo que el accionante dispone de otros medios de control judicial
para controvertir los comparendos.
La Superintendencia de Transporte adujo que las pretensiones se enfocaban en
la anulación de comparendos impuestos por la Secretaría de Tránsito de
Valledupar, entidad sobre la cual dicho ente no ejerce control no sobre ese tipo de
decisiones.
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5. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró la improcedencia de la demanda frente a la Secretaría de Tránsito y
Transporte del municipio de Valledupar, tras advertir que el accionante pretende
controvertir los comparendos impuestos. En ese sentido, sostuvo que la discusión
de un asunto de carácter subjetivo escapa de la órbita del juez de cumplimiento,
puesto que lo pretendido por el actor debe ser controvertido en de administrativa y,
en caso de que su solicitud sea negada, podrá acudir a los mecanismos judiciales
contemplados por el ordenamiento para controvertir la decisión que se adopte.
6. Impugnación
En concreto, el extremo accionante manifestó que la demanda sí es procedente,
toda vez que lo pretendido no es la anulación de un comparendo individual sino el
acatamiento de normas superiores que regulan la legalidad de sistema de foto
detección en el municipio de Valledupar y, con ello, la anulación de más de las
miles de órdenes de comparendo.
Lo anterior, dado que no existen pruebas de que dichas sanciones hubiesen sido
impuestas de conformidad con los requisitos exigidos por la ley, ya que no es
permitido el funcionamiento de los dispositivos SAST.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
11 de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 11
de diciembre de 2025. Para lo anterior, se analizarán las siguientes cuestiones: i) el
agotamiento del requisito de constitución en renuencia, ii) determinar si en el
presente asunto se configuró la cosa juzgada y, solo en caso de superarse, iii) el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento y iv) si
del contenido de las dispersiones invocadas se deriva algún mandato susceptible
de ser exigido mediante este medio de control.
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3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
1
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
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el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3.1.1. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.
3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de
21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-
0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
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Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional9.
3.1.2. De la renuencia
La procedibilidad de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9
Sentencia antes citada.
4
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción
por carecer del requisito de renuencia(Negrita fuera de texto).
6
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administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que
«el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento»11.. Sobre este tema, esta Sección12 ha
dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos13. (Negrillas fuera de texto).
De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es necesario
que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa que su
objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393
de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia»14.
En el caso concreto, el extremo actor aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha del 25 de septiembre de 2025 a las autoridades demandadas, en el que
solicitó el cumplimiento, entre otros, de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769
de 2002; 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y de la Ley 769 de 2002 y 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020.
Por otro lado, para acreditar la radicación del requerimiento ante las autoridades
accionadas, el accionante aportó una captura de pantalla del correo remitido, así:
Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones presentada
por las autoridades accionadas, se tendrá por acreditado el cumplimiento del
requisito de procedibilidad.
3.1.3. De la cosa juzgada
Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la cosa
juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no
puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto
lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por
tanto, de inmutable15. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
14
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de
2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
8
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providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados
efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para
lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de
seguridad jurídica16.
De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo anterior, dado el
carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier
persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien
jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de
causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia17.
Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025, esta
Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con
radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, cuyo escrito inicial guarda identidad con
el de la presente acción constitucional, como pasa a exponerse en el siguiente
esquema.
Lo anterior, por cuanto en dicha acción de cumplimiento se solicitó el acatamiento
del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 (el cual adicionó el artículo 158A de la Ley
769 de 2002), artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 135 al
137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5
al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte.
En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, y tenía por objeto el
retiro de circulación de los vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de
Valledupar así como que se ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos
legales para la interposición de sanciones.
La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación en la
causa por pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las
normas consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las
pretensiones.
Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito de
Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST en el ejercicio
16 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
17 Ibidem.
9
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de sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa de las
petitorias.
En vista de esta segunda decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, de los
artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la
Ley 2251 de 2022 y el artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020.
Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala estudió de
fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas normas y,
en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro de las
patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos legales en la
interposición de sanciones, como se evidencia a continuación:
Proceso Objeto Causa Partes (sujeto pasivo)
Sentencia Se alegó el Se formularon las
del 10 de incumplimiento de lo siguientes Ministerio de Transporte,
abril de dispuesto en los pretensiones: (i) la Superintendencia de
2025 artículos pretende el anulación de los Transporte, la Agencia
acatamiento de lo comparendos que le Nacional de Seguridad
Radicado dispuesto en los fueron impuestos por Vial (en adelante ANSV),
20001-23- artículos 4 y 5 del los agentes de tránsito el municipio de Valledupar
33-000- Decreto 2409 de 2018, del municipio de y su Secretaría de
2025- artículo 18 de la Ley Valledupar, (ii) el retiro Tránsito
00029-01 2251 de 2022 (el cual de los vehículos de foto
adicionó el artículo 158A multa llamados
de la Ley 769 de 2002) comúnmente como
artículos 3, 4 y 13 de la «cazainfractores», y (iii)
Ley 1843 de 2017, que se ordene a la
artículos 127, 129 y 134 autoridad de tránsito
al 137 de la Ley 769 de del municipio que la
2002, y los literales a, d, imposición de los
g, i, m del artículo 3 y los comparendos se realice
artículos 5 al 8 de la de manera presencial,
Resolución individualizando al
20203040011245 de infractor y otorgándole
2020 expedida por el un tiempo prudencial
Ministerio de Transporte. para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.
Caso sub Se alegó el Se formularon las Superintendencia de
examine incumplimiento de lo siguientes Transporte y la
dispuesto en los pretensiones: (i) la Secretaría de Tránsito y
Radicado artículos pretende el anulación de los Transporte de Valledupar.
20001-23- acatamiento de lo comparendos que le
33-000- dispuesto en los fueron impuestos por
2025- artículos 1, 2, 129, 135 los agentes de tránsito
00609-01 y 158A de la Ley 769 del municipio de
de 2002; 1 y 2 de la Valledupar, (ii) el retiro
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Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00609-01
Ley 1843 de 2017 y 6 de los vehículos de foto
de la Resolución multa llamados
20203040011245 de comúnmente como
2020. «cazainfractores», y (iii)
que se ordene a la
autoridad de tránsito
del municipio que la
imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole
un tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.
El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto, causa
y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril de 2025, y
el litigio estudiado en el presente caso. A su vez, esto permite corroborar la triple
identidad a la que hace referencia el fenómeno de la cosa juzgada, puesto que ya
existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar está incumpliendo o no, lo dispuesto en los
artículos alegados como desatendidos en la presente acción.
En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable, vinculante
y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las disposiciones cuyo
acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la demanda se fundó en
la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es similar. Por tanto,
corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
Del anterior análisis, se concluye que esta Sección declarará la cosa juzgada
respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020.
3.1.4 Las pretensiones no superan los requisitos de procedencia
Como se indicó en los antecedentes de este asunto, la parte actora solicitó lo
siguiente: (i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar
la anulación de todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos
caza infractores»; (ii) que se disponga el retiro de los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente en punto de la implementación de los SAST y (iii) que se ordene a la
autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice
de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo
prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.
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En cuanto a la primera de las pretensiones, se advierte que la controversia escapa
del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un debate
jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al respecto, se recuerda que
esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de deberes imperativos
e inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.
Lo anterior da cuenta de que, aun cuando en este escenario se solicita el
cumplimiento de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia
plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.
En efecto, en el aludido medio de control, quienes han visto afectados sus
intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar los
comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo aquí
pretendido.
Así las cosas, las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito
de Valledupar en la interposición de comparendos bajo una modalidad presencial
recaen sobre el acto administrativo sancionatorio. Por tanto, no corresponde al
fallador constitucional adelantar un estudio sobre la legalidad del procedimiento
sancionatorio adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar,
toda vez que este corresponde al juez de lo contencioso administrativo.
En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se
justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este
mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.
En efecto, se evidencia que el accionante, más allá de pretender el acatamiento de
una norma, con la solicitud de cumplimiento pretende que sean anulados los
fotocomparendos que le han sido impuestos. Además, para ello existe un
procedimiento administrativo sancionatorio que puede ser solicitado por el
accionante. Por lo tanto, no es procedente las solicitudes de analuación de las
multas e imposición de las sanciones de manera presencial.
En ese orden de ideas, las pretensiones trascienden al simple objetivo de
cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción.
4. Análisis del caso concreto
Del análisis previamente desplegado, de cara a la pretensión de retirar los
vehículos caza infractores, se concluye que las únicas disposiciones normativas
que superaron el requisito de constitución en renuencia y respecto a las cuales no
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se configura el fenómeno de la cosa juzgada, son los artículos 1 y 2 Ley 1843 de
2017 y de la Ley 769 de 2002, los cuales estipulan lo siguiente:
Ley 1843 de 2017
“Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección
de infracciones y se dictan otras disposiciones.”
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la instalación,
adecuada señalización, puesta en operación de sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones o
control del tráfico y se dictan otras disposiciones. Se entenderá por sistemas
automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos a todas las ayudas
tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan
con precisión la identificación del vehículo o del conductor, de que trata el parágrafo
2o del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.
ARTÍCULO 2o. CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN
OPERACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Todo sistema automático, semiautomático y otros
medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito que se
pretenda instalar, deberá cumplir con los criterios técnicos de seguridad vial que para
su instalación y operación establezca el Ministerio de Transporte en conjunto con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los sistemas automáticos, semiautomáticos y
otros medios tecnológicos que se pretendan instalar, deberán contar con autorización
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual se otorgará de acuerdo con la
reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
LEY 769 DE 2002
(julio 06)
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen
en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por
las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que
internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las
autoridades de tránsito.
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la
seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los
discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la
protección del uso común del espacio público.
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia
de tránsito.
Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las
disposiciones contenidas en este código.
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Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la
calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación,
libre circulación, educación y descentralización.
Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
[…]
Al respecto, se tiene que la finalidad de la acción de cumplimiento es que toda
persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo
87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como «deberes». Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos, expresos e
inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente
manera15:
«[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate
de un deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto
no tiene todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser
exigible para el sujeto pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las
disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por tanto no podrían
ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien
estatuyo en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda
persona solicitar la realización efectiva de los mandatos señalados en las
leyes y los actos administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente
a las omisiones de las autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan
funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad jurídica o material,
legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar» 16.
hora bien, de los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y de la Ley 769 de 2002 no
es posible extraer algún mandato imperativo e inobjetable pretendido por el
extremo actor. En realidad, la finalidad de estos apartados normativos es: i)
delimitar el objeto de la ley y ii) señalar el cumplimiento los criterios técnicos de los
sistemas SAST que, como se dijo en la acción de cumplimiento con radicado
20001-23-33-000-2025-00029-01, no operan en el municipio de Valledupar, ni se
probó, en esta oportunidad, que se encuentren operando en ese territorio; definir el
ámbito de aplicación de la Ley 769, así como sus principios, y algunos
componentes propios del sector transporte que contiene ese cuerpo normativo.
Además de que estos, no se constituyen en deberes cuyo acatamiento pueda ser
exigido a la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito del
municipio de Valledupar. En este sentido, se advierte que lo pretendido impone su
negativa en cuanto a dichos artículos.
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Radicación: 20001-23-33-000-2025-00609-01
5. Conclusión
Así las cosas, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción y, en su lugar, se declarará la cosa juzgada respecto de
los artículos los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020, se declarará la improcedencia y se negarán la
pretensión en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y de la Ley
769 de 2002.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar para, en su lugar:
1. DECLARAR LA COSA JUZGADA respecto a los artículos 129, 135 y 158A
de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022,
y el artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020.
2. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente a las pretensiones de la
demanda, de acuerdo con lo explicado en esta sentencia.
3. NEGAR la pretensión de retirar los vehículos caza infractores en relación
con los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de 2017 y de la Ley 769 de 2002, de
acuerdo con lo explicado en esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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Demandante: Jesús Ángel Coronado Brito
Demandadas: Superintendencia de Transportes y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00609-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
16
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