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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00621-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00621-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar para, en su lugar: 1.DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente a las pretensiones de la demanda consistentes en que i) se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos caza infractores y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, de acuerdo con lo explicado en esta sentencia. 2.DECLARAR LA COSA JUZAGADA en cuanto a la pretensión consistente en que (ii) se disponga el retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en 13 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Demandante: Alexander Garay Muñoz Demandadas: Superintendencia de Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00621-01 punto de la implementación de los SAST, , de acuerdo con lo explicado en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00621-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de abril de 2026

Demandante: Alexander Garay Muñoz
Demandadas: Superintendencia de Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00621-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C. nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00621-01
Demandante: Alexander Garay Muñoz
Demandadas: Superintendencia de Transporte y otros
Tema: Revoca sentencia impugnada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el extremo accionante contra la
sentencia de 11 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró improcedente la acción cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Alexander Garay
Muñoz demandó a la Superintendencia de Transporte, al Concejo y a la Secretaría
de Tránsito del municipio de Valledupar y al Ministerio de Transporte. Con su solicitud
pretende el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la
Ley 769 de 2002; 1 y 2 de la Ley 1843 del 2017; 10 de la Ley 1437 de 2011 y 6 de
la Resolución 20203040011245 de 2020. A partir de dichas normas pretende lo
siguiente:

(i) Anular todas las multas aplicadas en el municipio de Valledupar, mediante los mal
denominados vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se
contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de
detección de infracciones de tránsito; (ii) retirar los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente y (iii) ordenar que la imposición de comparendos se realice de manera
presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que, en
caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial
para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

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Demandante: Alexander Garay Muñoz
Demandadas: Superintendencia de Transporte y otros
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00621-01

2. Hechos

En síntesis, la parte actora sostiene que en el municipio Valledupar, la imposición de
multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma
irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los
procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito.
Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1000 señales de tránsito que
establecen «prohibido parquear detención electrónica».

Indicó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible
de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta
individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y
personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera
electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de
tránsito.

A juicio del extremo actor, la utilización de medios tecnológicos automatizados para
la detección de infracciones, dispositivos SAST, se ha hecho sin contar con la debida
autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad
vial. Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la imposición de
comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino
a una parte considerable de la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, el 25 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó a las
accionadas el cumplimiento de los artículos invocados en la demanda para que, en
consecuencia: (i) retiraran los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar; (ii)
se abstuvieran de imponer multas; (iii) anularan todos los comparendos interpuestos
durante su operación; y (iv) agotaran el debido procedimiento administrativo al
momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en espacio público.
Frente a tales requerimientos, según aseveró la parte actora, las entidades
accionadas no emitieron respuesta.

3. Admisión de la demanda

En auto de 13 de noviembre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo del
Cesar admitió la demanda solo respecto de la Superintendencia de Transportes y la
Secretaría de Tránsito de Valledupar.

4. Informes

La Superintendencia de Transporte sostuvo que la acción es improcedente porque
sus pretensiones no buscan el cumplimiento de un deber a su cargo, sino la
anulación de sanciones y actos administrativos de tránsito, competencia exclusiva
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Añadió que no se acreditó en debida
forma la renuencia frente a esa entidad, pues la solicitud previa se dirigió a pedir la
anulación de comparendos, actuación ajena al mandato del artículo 158 A de la Ley
769 de 2002.

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La Secretaría de Tránsito de Valledupar afirmó que en el municipio no operan
SAST, sino controles en vía realizados por agentes con apoyo de dispositivos
electrónicos, actividad que, a su juicio, no requiere autorización del Ministerio de
Transporte ni de la ANSV. También alegó la improcedencia de la acción por existir
otros medios judiciales para controvertir los actos particulares de tránsito y destacó
que, en asuntos semejantes, el Consejo de Estado ya ha revocado decisiones del
tribunal por improcedencia e incluso por cosa juzgada.

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
concluyó que lo pretendido no es objeto propio de la acción de cumplimiento, por
cuanto este medio de control exige mandatos claros, expresos e inobjetables y opera
de manera subsidiaria frente a los mecanismos ordinarios para controvertir actos
sancionatorios (vía gubernativa y medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho). En consecuencia, declaró improcedente la acción de cumplimiento.

6. Impugnación

En concreto, el extremo accionante manifestó, en primer lugar, que el Tribunal erró
al declarar improcedente la acción de cumplimiento por la supuesta existencia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Según el recurrente, no
se pretende discutir comparendos individuales ni obtener el restablecimiento de un
derecho subjetivo, sino exigir el cumplimiento de normas generales y de orden
público sobre la legalidad de los sistemas de fotodetección en Valledupar,
particularmente frente a más de 71.000 comparendos impuestos mediante vehículos
caza infractores, sin plena identificación del presunto infractor, sin presencialidad del
agente y, en su criterio, sin autorización legal.

En segundo lugar, afirmó que sí existe un deber legal incumplido por las autoridades
demandadas y que la acción resulta necesaria para evitar un perjuicio grave e
inminente, dado que esos comparendos habrían generado embargos,
mandamientos de pago, restricciones para traspasos y afectaciones al debido
proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica. Insistió en que la acción
de cumplimiento procede para hacer efectivas normas generales que exigen la
imposición presencial del comparendo, la imputación personal de la infracción y la
revocatoria oficiosa de multas impuestas con ayudas tecnológicas no autorizadas.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 11
de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así
como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de
la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 11
de diciembre de 2025. Para lo anterior, se analizarán las siguientes cuestiones: i) el
agotamiento del requisito de constitución en renuencia, ii) determinar si en el
presente asunto se configuró la cosa juzgada y, solo en caso de superarse, iii) el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento y iv) si
del contenido de las dispersiones invocadas se deriva algún mandato susceptible de
ser exigido mediante este medio de control.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo1 para que toda persona pueda «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa
que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o
actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están
instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de
control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto

1 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15 de
diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia
de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.

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administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo2.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]3.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) No pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa
que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.1.1. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el

2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
3 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios

y directrices.

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presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política4.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales
«pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de
inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional
en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción constitucional
para exigir el cumplimiento de normas supremas»5.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado6.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,7 a menos que estén apropiados;8 o cuando se pretenda
la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez competente
deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 constitucional9.

3.1.2. De la renuencia

La procedibilidad de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2004-

0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-2011-
00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
7 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-2015-

00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
9 Sentencia antes citada.

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administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que
el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «el
reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento»11.. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,

4
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para
lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del
requisito de renuencia(Negrita fuera de texto).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.

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aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos13.
(Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es necesario
que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa que su
objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393 de
1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido
es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse
el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia»14.

En el caso concreto, el extremo actor aportó constancia del escrito de renuencia de
fecha del 25 de septiembre de 2025 a las autoridades demandadas, en el que solicitó
el cumplimiento, entre otros, de los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de
2002; 10 de la Ley 1437 de 2011 y 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020.

Por otro lado, para acreditar la radicación del requerimiento ante las autoridades
accionadas, el accionante aportó una captura de pantalla del correo remitido, así:

Para la Sala, de dicho elemento de convicción y de las intervenciones presentada
por las autoridades accionadas, se tendrá por acreditado el cumplimiento del
requisito de procedibilidad.

13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP. 2003-
00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
14
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.

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3.1.3 Requisitos de procedencia

Como se indicó en los antecedentes de este asunto, la parte actora solicitó lo
siguiente: (i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar
la anulación de todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos
caza infractores»; (ii) que se disponga el retiro de los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente en punto de la implementación de los SAST y (iii) que se ordene a la
autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice
de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo
prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.

En cuanto a la primera y tercera de las pretensiones, se advierte que la controversia
escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un
debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al respecto, se recuerda que esta
acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de deberes imperativos e
inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.

Lo anterior da cuenta de que, aun cuando en este escenario se solicita el
cumplimiento de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia
plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.

En efecto, en el aludido medio de control, quienes han visto afectados sus intereses
con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar los comparendos
impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo aquí pretendido.

Así las cosas, las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito
de Valledupar en la interposición de comparendos bajo una modalidad presencial
recaen sobre el acto administrativo sancionatorio. Por tanto, no corresponde al
fallador constitucional adelantar un estudio sobre la legalidad del procedimiento
sancionatorio adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar,
toda vez que este corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se
justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este
mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.

En efecto, se evidencia que el accionante, más allá de pretender el acatamiento de
una norma, con la solicitud de cumplimiento pretende que sean anulados los
fotocomparendos que le han sido impuestos. Además, para ello existe un
procedimiento administrativo sancionatorio que puede ser solicitado por el

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Radicación: 20001-23-33-000-2025-00621-01

accionante. Por lo tanto, no es procedente las solicitudes de anulación de las multas
e imposición de las sanciones de manera presencial.

3.1.4.De la cosa juzgada

Debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el objeto de la cosa
juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan
ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo
decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por tanto,
de inmutable15. En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga
a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias,
el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la
terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad
jurídica16.

De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes, en específico, del extremo accionante. Lo anterior, dado el
carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier
persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien
jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de
causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia17.

Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025 y 19 de
febrero de 2026, esta Sala de decisión profirió fallos de segunda instancia en los
expedientes con radicados 20001-23-33-000-2024-00029-01 y 20001-23-33-000-
2025-00609-01, cuyos escritos iniciales guardan identidad con el de la presente
acción constitucional, en cuanto a la pretensión de que se disponga el retiro de los
vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso
contraviene la normativa vigente en punto de la implementación de los SAST, como
pasa a exponerse en el siguiente esquema.

Lo anterior, por cuanto en dichas acciones de cumplimiento se solicitó el acatamiento
del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 (el cual adicionó el artículo 158A de la Ley
769 de 2002), artículos 1, 2, 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 1, 2, 127, 129
y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los
artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio
de Transporte.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de

2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
16 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
17 Ibidem.

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Radicación: 20001-23-33-000-2025-00621-01

En estas oportunidades, la demanda se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte y consejo del
mencionado ente territorial, y tenían por objeto el retiro de circulación de los
vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de Valledupar, así como que se
ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos legales para la interposición
de sanciones.

La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación en la causa por
pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las normas
consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las pretensiones.

Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito de
Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST en el ejercicio de
sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa de las
petitorias.

En vista de estas decisiones judiciales, es posible establecer la configuración de la
cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada respecto de las
disposiciones aquí invocadas.

Lo expuesto, ya que, en las sentencias del 10 de abril de 2025 y 19 de febrero de
2026, esta Sala estudió de fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el
cumplimiento de estas normas y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de
Tránsito de Valledupar el retiro de las patrullas «caza infractores» y la observancia
de los procedimientos legales en la interposición de sanciones, como se evidencia a
continuación:

Proceso Objeto Causa Partes (sujeto pasivo)

Sentencia Se alegó el Se formularon las
del 10 de incumplimiento de lo siguientes Ministerio de Transporte,
abril de dispuesto en los artículos pretensiones: (i) la Superintendencia de
2025 4 y 5 del Decreto 2409 de anulación de los Transporte, la Agencia
2018, artículo 18 de la comparendos que le Nacional de Seguridad
Radicado Ley 2251 de 2022 (el cual fueron impuestos por Vial (en adelante ANSV),
20001-23- adicionó el artículo 158A los agentes de tránsito el municipio de Valledupar
33-000- de la Ley 769 de 2002) del municipio de y su Secretaría de Tránsito
2025- artículos 3, 4 y 13 de la Valledupar, (ii) el retiro
00029-01 Ley 1843 de 2017, de los vehículos de foto
artículos 127, 129 y 134 multa llamados
al 137 de la Ley 769 de comúnmente como
2002, y los literales a, d, «cazainfractores», y (iii)
g, i, m del artículo 3 y los que se ordene a la
artículos 5 al 8 de la autoridad de tránsito del
Resolución municipio que la
20203040011245 de imposición de los

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2020 expedida por el comparendos se realice
Ministerio de Transporte. de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole
un tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.

Sentencia Se alegó el Se formularon las
del 19 de incumplimiento de lo siguientes Superintendencia de
febrero de dispuesto en los artículos pretensiones: (i) la Transporte y a la
2026. 1, 2, 129, 135 y 158A de anulación de los Secretaría de Tránsito del
la Ley 769 de 2002; 1 y 2 comparendos que le municipio de Valledupar.
Radicado de la Ley 1843 de 2017 y fueron impuestos por
20001-23- 6 de la Resolución los agentes de tránsito
33-000- 20203040011245 de del municipio de
2025- 2020. Valledupar, (ii) el retiro
00609-01, de los vehículos de foto
multa llamados
comúnmente como
«cazainfractores», y (iii)
que se ordene a la
autoridad de tránsito del
municipio que la
imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole
un tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.

Caso sub Se alegó el Se formularon las Superintendencia de
examine incumplimiento de lo siguientes Transporte y la Secretaría
dispuesto en los artículos pretensiones: (i) la de Tránsito y Transporte
Radicado pretende el acatamiento anulación de los de Valledupar.
20001-23- de lo dispuesto en los comparendos que le
33-000- artículos 1, 2, 129, 135 y fueron impuestos por
2025- 158A de la Ley 769 de los agentes de tránsito
00621-01 2002; 1 y 2 de la Ley del municipio de
1843 del 2017; y 6 de la Valledupar, (ii) el retiro
Resolución de los vehículos de foto
20203040011245 de multa llamados
2020. comúnmente como
«cazainfractores», y (iii)
que se ordene a la
autoridad de tránsito del
municipio que la
imposición de los
comparendos se realice
de manera presencial,
individualizando al
infractor y otorgándole
un tiempo prudencial

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para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.

El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto, causa
y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril de 2025 y el
19 de febrero de 2026, y el litigio estudiado en el presente caso, en cuanto se
pretende que se disponga el retiro de los vehículos utilizados para la imposición de
comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en punto
de la implementación de los SAST. A su vez, esto permite corroborar la triple
identidad a la que hace referencia el fenómeno de la cosa juzgada, puesto que ya
existe decisiones de fondo y ejecutoriadas en las que se resolvió si la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia están incumpliendo o no,
lo dispuesto en los artículos alegados como desatendidos en la presente acción.

En otras palabras, para la Sala es claro que hay decisiones inmutables, vinculantes
y definitivas que resolvieron el mismo objeto, en la medida que las disposiciones
cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que, la demanda se fundó
en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es similar. Por tanto,
corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.

Así las cosas, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción y, en su lugar, se declarará la improcedencia en cuanto
a las pretensiones primera y tercera, y se declarará la cosa juzgada respecto de los
artículos invocados en esta ocasión y respecto de la pretensión segunda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar para, en su lugar:

1.DECLARAR LA IMPROCEDENCIA frente a las pretensiones de la demanda
consistentes en que i) se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los
denominados «vehículos caza infractores y (iii) que se ordene a la autoridad
de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice de
manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo
prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos, de acuerdo con lo explicado en esta sentencia.

2.DECLARAR LA COSA JUZAGADA en cuanto a la pretensión consistente en
que (ii) se disponga el retiro de los vehículos utilizados para la imposición de
comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en

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punto de la implementación de los SAST, , de acuerdo con lo explicado en
esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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