Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00370-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2015-00370-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2015-00370-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
Demandante: Karen Stella Vergara López
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a avocar conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 116 del CPACA y a decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces, por medio de
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Karen Stella Vergara López interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 1433 de 8 de agosto de 2014 y 2945
del 8 de abril de 2015, a través de las cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas
por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Que se inapliquen los decretos salariales proferidos por el Gobierno Nacional entre
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el 2008 y el 2014, solo en cuanto restan el 30% del salario básico de los beneficiarios
de la prima especial.
Que se condene a la demandada a reliquidar y pagar las diferencias salariales y
prestacionales devengadas desde el 1 de marzo de 2005 y en adelante, teniendo
en cuenta el 100% de la asignación básica, con inclusión del 30% que hasta ahora
se ha tenido a título de prima especial. De igual manera, pidió reconocer la prima
especial, sin carácter salarial, como adición al salario.
Que se hagan las declaraciones ultra y extra petita pertinentes, de acuerdo con lo
probado dentro del proceso.
Que se reajusten las sumas reconocidas y se paguen los intereses de acuerdo con
lo previsto en los artículos 187, 189 y 192 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial de forma ininterrumpida en
diferentes cargos desde el 18 de septiembre de 2001. Y en calidad de juez de la
República durante los siguientes periodos: 01/03/2005 al 31/03/2005; 1/10/2005 al
12/06/2006; 4/12/2007 al 29/02/2008; 1/03/2008 al 19/12/2008; 2/02/2009 al
31/07/2009; 1/07/2011 a la fecha.
Que el 21 de julio de 2014 solicitó a la demandada reconocer, reliquidar y pagar las
diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, teniendo en
cuenta la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, petición que
fue negada a través de los actos administrativos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de la
Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992 y 152 numeral 7 de la Ley 270 de
1996.
Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la Ley y el precedente que sobre la prima y los principios de derecho
laboral que han desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
respectivamente; porque omitieron la forma correcta en que se debe reconocer la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pues se tuvo en
cuenta como parte integrante de la asignación básica y no un aumento de esta, con
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lo que se generó una disminución en el salario y, por ende, en las prestaciones
sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó las decisiones del 29 de abril de
20141 emitida por el Consejo de Estado y C-1489 de 2000, SU-225 de 1998 y C-
671 de 2002 proferidas por la Corte Constitucional.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 3 de agosto de 2016 y notificada la demandada2 se
opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que los actos demandados fueron
proferidos de conformidad con la Constitución y la Ley. Indicó que, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no tiene carácter
salarial, es decir, que no constituye factor para la liquidación de las prestaciones
sociales. Agregó que dicha disposición fue declarada exequible por la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-279 de 1996.
Que si bien en sentencia del 29 de abril de 20143 el Consejo de Estado declaró la
nulidad de los decretos salariales proferidos entre 1993 a 2007, lo cierto es que
nada dijo sobre aquellos que se expidieron entre el 2008 y el 2014, de manera que
la entidad estaba en la obligación de darles cumplimento so pena de desconocer la
normativa salarial vigente para los servidores de la rama judicial.
Propuso las excepciones: inexistencia del derecho demandado y prescripción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces 4, mediante
sentencia del 21 de mayo de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones, porque
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida
como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los
servidores beneficiarios de aquella. Que, por ley, no tiene carácter salarial, salvo
para pensión.
Que la demandante tiene derecho a que se «reconozcan, reliquiden, y paguen las
diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir […] desde el 21 de julio
de 2011 y las que se causen a futuro mientras se ejerza como Juez del Circuito,
incluyendo la prima especial de servicios del 30% […]». Lo anterior, porque en el
caso operó la prescripción trienal, dado que la reclamación ante la entidad se
presentó el 21 de julio de 2014.
1 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00
2 Folios 99 a 103.
3 Radicado: 11001032500020070008700
4 Folios 229 a 245.
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Inaplicó por inconstitucional la expresión «sin carácter salarial» contenida en los
decretos salariales emitidos entre el 2008 y el 2015.
RECURSO DE APELACIÓN
Parte demandada5 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que la
demandante no tiene derecho a que se reliquiden sus salarios y prestaciones
sociales, pues el Gobierno Nacional a través de los decretos salariales expedidos
anualmente determinó que el 30% de la remuneración mensual sería considerada
prima especial. En ese mismo sentido, afirmó que teniendo en cuenta que la prima
especial no tiene carácter salarial no es útil para la liquidación de las prestaciones
sociales.
Que si bien en sentencia del 29 de abril de 20146 el Consejo de Estado declaró la
nulidad de los decretos salariales proferidos entre 1993 a 2007, lo cierto es que
nada dijo sobre aquellos que se expidieron entre el 2008 y el 2014, de manera que
la entidad estaba en la obligación de darles cumplimento so pena de desconocer la
normativa salarial vigente para los servidores de la rama judicial.
Que reconocer las diferencias pedidas por la demandante sobrepasaría el
porcentaje establecido en el Decreto 1251 de 2009, a saber, el 47.7%, 43% y 34,7%
del 70% del total de los ingresos de los magistrados de las altas cortes, según el
caso.
Que, en caso de considerar que la demandante tiene derecho a que se reliquiden
sus salarios y prestaciones, se debe tener en consideración que la entidad se
encuentra «ante una imposibilidad material y presupuestal» para cumplir la condena,
toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los
recursos para cubrir el reconocimiento de acreencias laborales como la que se
ordenó en el presente asunto; y actuar sin el respaldo presupuestal desconocería
las disposiciones contenidas en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 2 de mayo de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que, una
vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.
La parte demandada insistió en los argumentos expuestos en las demás etapas
procesales.
5 Folios 247 a 248.
6 Radicado: 11001032500020070008700
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
La parte demandante guardó silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA cuando se modifica la
integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces, siempre
que respecto de aquellos no se predique la misma causal de impedimento o
recusación. En el presente asunto, se cumple con el presupuesto normativo
descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que actualmente7 no se configura
la causal de impedimento que dio lugar a la designación de conjueces. En esa
medida se avocará conocimiento del proceso.
Cuestión previa
Mediante escrito del 19 de agosto de 2025, el consejero de Estado Luis Eduardo
Mesa Nieves manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia con
fundamento en las causales previstas en los numerales 1 y 14, del artículo 141 del
CGP. Indicó que tiene en curso una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual se tramita en el Tribunal Administrativo de Córdoba bajo el
radicado: 23 001 33 33 002 2021 00212 01, en la que se debate el reconocimiento
de la prima especial.
El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en
las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de
esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan
comprometer el criterio que asuman aquellas en las providencias que profieran
dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un
funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el
fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.
7 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
De acuerdo con las anteriores precisiones, la Sala declarará fundado el
impedimento presentado, por cuanto las razones expuestas se adecuan a las
causales invocadas.
Asunto a resolver
Los problemas jurídicos según el recurso de apelación interpuesto se contraen a
determinar si la demandante tiene derecho a que se reliquiden las prestaciones
sociales con base en el 100% de su asignación, y, de ser el caso, si operó la
prescripción. De igual manera, si se supera el tope de que trata el Decreto 1251 de
2009.
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno Nacional establecerá
una prima especial no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio
Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos
los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, así como los delegados departamentales del
Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los
niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato descrito, desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 8 bajo el
argumento de que tener el 30% del salario a título de prima despoja de efectos
salariales esa porción de la asignación básica, y, en consecuencia, disminuye el
monto de las prestaciones, en tanto que las reconoce con base en un 70%. Con lo
que se inobserva la prohibición establecida en el artículo 2 literal a) de la Ley 4ª de
1992, esto es, que «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales». Además de desconocer que la prima « debe entenderse como un fenómeno
retributivo de carácter adicional»
A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones en
las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de septiembre
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
de 2019, 11 de julio de 20239, 5 de septiembre de 202310, 5 de diciembre de 202311,
6 de agosto de 202412 y 18 de diciembre de 202413. Particularmente, en estas ha
precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico. De manera que sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por
dicho concepto resulten a su favor.
• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión.
Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-279 de 1996.
• El reconocimiento de las diferencias debidas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno de los
cargos que sean beneficiarios del referido emolumento.
• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales.
Bajo esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9 de
abril de 202414, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues se insistió en que el 30%
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario»
Resolución del caso concreto
Se encuentra probado que la demandante ha trabajado de forma ininterrumpida
para la Rama Judicial en diferentes cargos, desde el 18 de septiembre de 2001, y,
en calidad de juez de la República durante los siguientes periodos: del 1/03/2005 al
31/03/2005; del 1/10/2005 al 12/02/2006; del 4/12/2007 al 19/12/2008; del
2/02/2009 al 31/07/2009; del 01/07/2011 a la fecha15.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
15 Tal como se advierte en los siguientes documentos:
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Que su remuneración mensual y prestaciones sociales fueron percibidas en montos
inferiores a los que tiene derecho, tal como se advierte en el expediente16, porque
la entidad demandada ha restado la prima especial de servicios del 100% del
salario, en aplicación de una interpretación errónea de los decretos expedidos por
el Gobierno Nacional, a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992. Con lo cual provocó que tanto el salario como las prestaciones a las que
tiene derecho el demandante se liquidaran sobre un 70% de aquel.
Así pues, no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado
como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios de la
misma, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado una
reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tiene derecho,
desatendiendo la finalidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en tanto se
desconocen los derechos laborales de los servidores judiciales al disminuirse su
asignación básica mensual en un 30 %.
Al respecto, esta corporación, a través de la sentencia del 9 de abril de 2024, declaró
la nulidad de los decretos salariales emitidos entre el 2008 y 2018 que « establecieron
la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario
y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario», e indicó que « la nulidad que
se declara no implica que la prima especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración
mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que,
tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no
puede ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la
norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992»
En estos términos, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, la demandante
tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales,
liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que ha sido
reconocido a título de prima. Así como al reconocimiento, reliquidación y pago de
sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, salvo para efectos de pensión.
Sin embargo, aun cuando el Tribunal, en la parte considerativa de la decisión
impugnada, llega a esta misma conclusión, lo cierto es que, en el resuelve, da una
orden opuesta, en tanto dispone inaplicar por inconstitucional la expresión «sin
Constancia emitida el 11 de septiembre de 2014 por la coordinadora del Área de Talento Humano, de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, obrante a folios 46 a 47.
Constancia proferida el 30 de noviembre de 2016 por la coordinadora del Área de Talento Humano, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial obrante a folio 107.
16 ibidem.
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carácter salarial» y condena a la entidad demandada a reconocer, reliquidar y pagar
«las diferencias salariales y prestacionales […] incluyendo la prima especial de servicios
del 30%». De manera que, se modificará el numeral cuarto de la sentencia, en el
sentido de indicar que la demandada deberá reliquidar los ingresos mensuales de
la demandante teniendo en cuenta el 100% de la asignación y el 30% de la prima
especial, sin carácter salarial, y reliquidar y pagar las diferencias causadas en las
prestaciones sociales con fundamento el 100% del salario, sin restar ni sumar el
30% que se había tenido a título de prima especial. Con la precisión de que la
demandada deberá atender el límite porcentual impuesto por el legislador
anualmente.
De igual manera, y teniendo en consideración la sentencia de nulidad del 9 de abril
de 2024, citada en párrafos anteriores, se modificará el numeral quinto de la
decisión apelada en cuanto inaplicó la expresión «sin carácter salarial» contenida
en los decretos salariales proferidos entre el 2008 y el 2015, para en su lugar,
estarse a lo resuelto en la de nulidad, en el sentido de entender que la prima especial
es una adición al salario.
Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste a la
demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la accionada
deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne el rubro
destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer el núcleo
esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho.
De la prescripción
En lo que se refiere a la prescripción, se advierte que esta corporación ha sostenido,
de forma pacífica17, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que
se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de
enero de 1993 el interesado podía haber interrumpido la prescripción trienal. Es
decir, que no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.
Así las cosas, la demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 21 de julio de 2011, o
sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones
17 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante18,
porque la petición fue radicada ante la administración el 21 de julio de 201419.
Sin embargo, dicho fenómeno no operará en lo que se refiere a la obligación de la
demandada de realizar, en favor de la accionante, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, durante el lapso
reclamado, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se
reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al
Estado20, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración.
Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199321,
que prevé que es obligatorio realizar las respectivas cotizaciones, no solo por la
naturaleza parafiscal de las mismas sino por la sostenibilidad del sistema22.
Ahora, si bien respecto de las diferencias de cesantías causadas desde el 1 de
marzo de 2005 (fecha desde la que pidió se efectuara el reajuste) y en adelante, no
procede aplicar prescripción, tal como se expuso en la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201623, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación
laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto, lo cierto es que en garantía
de los derechos de defensa y debido proceso, en armonía con los principios de
doble instancia y non reformatio in pejus, la Sala se abstendrá de modificar la fecha
a partir de la cual se reconocieron las diferencias sobre este emolumento, en
atención a la condición de apelante único que tiene la entidad y a que su análisis
quedó excluido de la presente providencia por no haber sido objeto de apelación.
De ahí que, en relación con esta prestación se mantendrá la orden de primera
instancia, en cuanto a reconocer las diferencias a partir del 21 de julio de 2011.
Finalmente, en relación con el límite porcentual previsto en el Decreto 1251 de 2009,
la Subsección advierte que la entidad demandada tendrá que verificar que realizada
la liquidación tendiente a efectuar los aportes a pensión que debe hacer, no se
supere el tope legal que prevé no solo esta normativa sino las emitidas anualmente
durante los periodos reconocidos.
En estos términos, la Sala modificará los numerales tercero y cuarto de la sentencia
apelada en el sentido de ordenar a la entidad efectúe los aportes al Sistema de
18 Dentro del proceso no se encuentra demostrado que se hubiere desvinculado del servicio.
19 Tal como se indica en los actos acusados.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
21 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
22 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación:
25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
Seguridad Social en Pensiones a partir del 1 de marzo de 2005 y durante los
periodos en que ocupó el cargo de juez y en adelante, los cuales deberán ser
dirigidos al Fondo Administrador de Pensiones al que estuviere afiliada.
De la condena en costas en segunda instancia.
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
Segundo: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves.
Tercero: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 21 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces,
para en su lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, radicado:
110010325000201900609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Cuarto: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 21 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces,
en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción en los
siguientes términos:
«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas
causadas con anterioridad al 21 de julio de 2011, de conformidad con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia
desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la demandada
de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social
en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100%
de su remuneración, desde el 1 de marzo de 2005 y en adelante mientras ocupe
el cargo de juez o uno de aquellos beneficiarios de la prima especial.
Quinto: MODIFICAR y ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia del 21 de
mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión
de Conjueces, para en su lugar, disponer:
« CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias
existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos
mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la prima
especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales
a la accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle
ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 21 de julio de
2011 y en adelante mientras permanezca en uno de los cargos beneficiarios de
la prima especial.
De igual manera, efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones utilizando como ingreso base de
cotización el 100% de su remuneración, conforme a la proporción que le
corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley,
respecto de las diferencias no cotizadas desde el 1 de marzo de 2005 y por los
periodos en que ocupó uno de los cargos beneficiarios de la prima especial del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y mientras permanezca en alguno de ellos. Los
cuales deberán ser dirigidos al Fondo Administrador de Pensiones al que
estuviere afiliada
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Radicación: 23001-23-33-000-2015-00370-02 (2492-2021)
Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional.
Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme lo expuesto en la parte motiva»
Sexto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 21 de mayo de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces.
Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia.
Octavo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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