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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00015-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2019-00015-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIAMENTE la sentencia de Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal octavo de la sentencia de Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que impuso condena en costas a cargo de la parte demandada. TERCERO: EXHORTAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, a efectos, que tramite ante la Secretaría de Educación Municipal de Valencia (Córdoba), los aportes correspondientes al interregno comprendido entre, el Veintidós (22) de enero, al Veintidós (22) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), y del Primero (1°) de Febrero, al Treinta (30) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), en el que el docente, prestó sus servicios, a través de contratos u órdenes de prestación de servicio; igualmente a que, en los términos del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, regulatorio de la Ley 71 de 1988, reclame las cuotas partes que, en efecto correspondan a las entidades de previsión frente a la cual el demandante realizó las cotizaciones del sector privado. CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias. 27 Número Interno: 2278-2025 Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag QUINTO. Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2019-00015-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Siete (7) de Noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00015-01 (2278-2025)1
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación por
aportes a docente (vinculado antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag),
contra la sentencia del Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

El señor Luis Fernando Ávila Coronado, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto,
presuntamente producido con ocasión del silencio de la administración, respecto de la

1
Expediente electrónico.
2
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01.

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

petición elevada el Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), que le niega el
derecho a la pensión pretendida.

A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de la pensión
vitalicia de jubilación, en forma retroactiva, desde que cumplió el estatus de pensionado,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta, para su
liquidación, todos los factores salariales percibidos, durante el año anterior al
cumplimiento del estatus, en compatibilidad con el salario como docente activo; (ii) el
reconocimiento y pago de «los reajustes por concepto de Ley 71 de 1988 sobre la pensión inicial»;
(iii) el pago de todas las sumas resultantes de la condena, debidamente indexadas; (iv)
el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA; y (v) se condene en costas
a la demandada.

De manera subsidiaria, peticionó que, se le reconozca y pague la pensión vitalicia de
jubilación por aportes, retroactivamente, desde que cumplió el estatus pensional, de
conformidad con la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta todos los factores salariales
percibidos durante el año anterior al cumplimiento del estatus, en compatibilidad con el
salario como docente activo.

1.1.2 Hechos

El señor Luis Fernando Ávila Coronado, nació el Primero (1°) de Junio de Mil Novecientos
Sesenta y Uno (1961), es decir que, cumplió cincuenta y cinco (55) años, el Primero (1°)
de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016).

Adujo que, laboró como (i) gerente de las Empresas Públicas Municipales de Valencia
(Córdoba), desde el Veinte (20) de Junio, hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), para un total de Seis (6) meses y Nueve (9) días;
(ii) docente, en el mismo municipio de Valencia, a través de vinculaciones por órdenes
de prestación de servicios, Once (11) meses, en Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)
y, Diez (10) meses, en Mil Novecientos Noventa y Siete (1997); y (iii) en calidad de
directivo docente, según nombramiento efectuado mediante Decreto 00688, del Quince
(15) de Junio de Dos Mil Cuatro (2004), respecto del cual, tomó posesión el mismo día.

Precisó que, presenta un capital cotizado al régimen de ahorro individual con solidaridad,

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

en el «Fondo de Pensiones Porvenir y otras administradoras», equivalente a Tres (3) años y, Seis
(6) meses; y, también, demuestra cotizaciones en la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), por Tres (3) años, Ocho (8) meses, y Cinco (5) días.

Enfatizó que, por tener vinculaciones docentes anteriores al Veintiséis (26) de Junio de
Dos Mil Tres (2003), es acreedor a la aplicación del régimen anterior a la Ley 100 de
1993, en virtud de lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, es decir que, le
asiste el derecho pensional, en los términos dispuestos en la Ley 33 de 1985.

Afirmó que, cumplió el estatus pensional, el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), cuando cumplió Cincuenta y Cinco (55) años, y acreditó, Veinte (20) años de
servicio, por lo que, se le debe liquidar su mesada pensional, tomando como base el
salario percibido durante el año inmediatamente anterior.

1.2. Concepto de violación

La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:

Constitución Política, artículo 53.

Legales: 33 de 1985 (artículos 1 y 2); 71 de 1988 (artículo 7); 91 de 1989 (artículo 15);
812 de 2003 (artículo 81); acto legislativo 01 de 2005 (Artículo 1, parágrafo transitorio 1).

Sustentó que, según lo dispuesto en el artículo 279, de la Ley 100 de 1993, los docentes
se encuentran exceptuados de la aplicación del régimen general de pensiones; sin
embargo, posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, determinó, que el régimen
aplicable a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que estuvieran
vinculados a la fecha de expedición de esa Ley (26 de junio de 2003), sería el de las
disposiciones vigentes hasta ese momento, pero, los que ingresaran al Magisterio con
posterioridad, quedarían cobijados, por el régimen pensional de la Ley 100 de 1993, y
sus reformas; lo cual, fue elevado a rango constitucional, con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente, en el artículo 1°, parágrafo transitorio 1.

Conforme a lo anterior, aseguró que, al ser un docente con vinculación anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, su régimen pensional se subsume en el

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

artículo 1° de la Ley 33 de 1985, en lo que respecta a los requisitos de edad y tiempo de
servicio requerido para acceder a la pensión de jubilación; sin embargo, para liquidar la
prestación, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir,
«con base en el salario mensual promedio del último año», independientemente, que los mismos

hayan servido, o no, de base para los aportes.

Enfatizó que, esta Corporación, mediante sentencia del Veintiocho (28) de Julio de Dos
Mil Dieciséis (2016), resolvió acerca de la posibilidad de computar tiempos docentes
prestados bajo la figura de los contratos de prestación de servicios, «para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia», sin embargo, tal postura es aplicable al caso particular,

pues establece que: (i) el tiempo laborado por órdenes o contratos de prestación de
servicios son computables para efectos pensionales; (ii) no es necesario adelantar ningún
proceso previo para que se pueda computar el tiempo de servicio a través de dichos
contratos; y (iii) no es necesario vincular a la entidad territorial en la que laboró el docente
bajo tal figura.

Finalmente, adujo que, la Ley 71 de 1988 y, su Decreto Reglamentario 2709 de 1994,
también le son aplicables, pues, disponen, la posibilidad a los empleados oficiales y
trabajadores, acceder a la pensión de jubilación, con la acreditación de veinte (20) años
de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades
de previsión social; lo cual, es acreditado en el caso particular.

2. Contestación de la demanda3

La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fomag, a través de apoderado judicial,
contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones; además, se refirió respecto de los
hechos, en el sentido que, algunos son ciertos y, otros nos constituyen situaciones
fácticas.

Argumentó que, el demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que
se alegan, pues, se vinculó como docente, afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
es decir, que para su caso particular, el régimen pensional que corresponde, es el
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él,

3
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 06.

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

exceptuando la edad de pensión, que sería de Cincuenta y Siete (57) años, para hombres
y mujeres; además, enfatizó que, en los términos de la sentencia de unificación, proferida
por esta Corporación, el Veinticinco (25) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019), los
factores a tener en cuenta, al momento de determinar el ingreso base de liquidación de
la prestación del actor, son los fijados en el Decreto 1158 de 1994.

Propuso las excepciones, que denominó: «legalidad de los actos administrativos atacados de
nulidad»; «demandante no es beneficiaria [sic] de las disposiciones normativas que se alegan»; «factores
salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
proferida por el Consejo de Estado; «improcedencia de condena en costas»; y, «genérica».

3. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del
Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, condenando en costas a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, ya que, el demandante incurrió en gastos del proceso.

En tal sentido, decidió declarar la nulidad del acto ficto acusado y, en consecuencia,
ordenó a la entidad demandada, a reconocer y pagar, al señor Luis Fernando Ávila
Coronado, (i) una pensión de jubilación por aportes, desde el Primero (1°) de Junio de
Dos Mil Veintiuno (2021), teniendo en cuenta, lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y el
Decreto Reglamentario 2709 de 1994, esto es, en un monto equivalente al 75%, del
promedio de los salarios devengados durante el último año, anterior a la adquisición del
estatus jurídico (1° de junio de 2020 y el 1° de junio de 2021), incluyendo los factores
salariales que, de forma expresa se enlistan en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, el cual
modificó el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, siempre que los haya devengado y, que,
sobre ellos se hubieran realizado aportes; sin estar condicionado a la acreditación del
retiro definitivo del servicio; (ii) el retroactivo pensional, causado desde la fecha de
reconocimiento pensional (1° de junio de 2021); y (iii) la indexación de las sumas
ordenadas.

Como fundamento de la decisión, adujo que, esta Corporación, mediante sentencia del
Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023), estudió la aplicación de la Ley 71

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Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00045 de Samai.

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

de 1988, para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, reclamada por
los docentes, vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
concluyendo que, tal disposición normativa, sí resultaba aplicable a aquellos; además,
determinó que, el periodo a tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación
de la prestación, sería el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional, mientras que, los factores salariales corresponderían únicamente a
sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos respectivos, específicamente, los
que se encuentren enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, en concordancia,
con la sentencia de unificación de esta Colegiatura, proferida el Veinticinco (25) de Abril
de Dos Mil Diecinueve (2019).

Así las cosas, determinó que, con el material probatorio allegado al expediente, se
demostró la vinculación del demandante, en calidad de docente, desde antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que, luego de descartar el cumplimiento
de los requisitos pensionales dispuestos en la Ley 33 de 1985, (aplicable por remisión de
la Ley 91 de 1989), estableció que, era procedente el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes, establecida en la Ley 71 de 1988, por acreditarse, la edad (60
años) y, el tiempo de servicio (20 años).

A efectos del cómputo de tiempo acreditado, aplicó el precedente de esta Corporación,
fijado en la sentencia de unificación CESUJ2 N°. 5 del Veinticinco (25) de Agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016), en la medida que, este permite incluir, para efectos pensionales, el
tiempo de servicio de los docentes vinculados, a través de contratos de prestación de
servicio.

4. El recurso de apelación5

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, por intermedio de apoderada
judicial, impetró recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia, en
procura que se revoque lo allí decidido y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda.

Como fundamento de la alzada, adujo que, el demandante ingresó al magisterio con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, para efectos

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Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00048 de Samai.

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
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pensionales, su régimen se debe regir íntegramente por el establecido en dicha norma y,
en la Ley 100 de 1993.

Aseguró que, el actor no satisface los requisitos legales para el reconocimiento de la
pensión reclamada, ya que, durante el periodo en que desarrolló actividades, bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, carecía de la calidad de docente
oficial, pues, la naturaleza civil de aquellos, excluye la existencia de una relación laboral
y, por ende, la calidad de servidor público, impidiendo así, el cómputo de ese tiempo al
ejercicio como docente oficial, requisito indispensable para acceder a la pensión
pretendida; además, por esta misma razón, no puede considerarse que esa modalidad
contractual, sea estimada para acreditar el servicio docente antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.

En lo relativo, a la mencionada relación contractual, precisó que, para que se tenga en
cuenta a efectos pensionales, es necesario que se acredite la existencia de una relación
laboral, lo cual implica la correcta demostración probatoria, que en el caso particular no
fue comprobada, pues (i) no existe sentencia judicial que declare la ocurrencia de una
relación laboral entre la parte actora y la entidad correspondiente; (ii) no se allegó copia
de los contratos de prestación de servicios, lo que imposibilita la demostración de la
subordinación necesaria para la declaratoria del vínculo laboral; (iii) en gracia de
discusión, la entidad territorial sería la responsable ante una relación laboral encubierta;
y (iv) las cotizaciones realizadas, en los tiempos de vinculación contractual, no fueron
dirigidos al Fomag.

Arguyó que, conforme al sistema de cuotas partes, se debe ordenar el traslado de los
recursos acumulados en Colpensiones y, Porvenir SA, al Fomag, por cuanto, de este
traslado depende el reconocimiento y cómputo, de los periodos cotizados que,
eventualmente se ordenen incluir en sede judicial; sin embargo, advirtió que, en 1991, el
demandante presenta, periodos de cotización concurrentes en los referidos fondos, lo
cual, constituye una irregularidad que debe ser analizada y subsanada, en la medida que,
la legislación pensional no permite el doble cómputo de tiempos de cotización, por lo que,
resulta imperioso que estos sean validados y, de ser el caso, realizar los ajustes
correspondientes en la historial laboral del afiliado.

Finalmente, solicitó la revocatoria de la condena en costas, invocando la buena fe de la

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

entidad durante el trámite administrativo y judicial, así como la insuficiencia probatoria de
los perjuicios alegados por el demandante.

5. Trámite de segunda instancia

Por medio de auto del Quince (15) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247
del CPACA; dentro de los diez días siguientes, las partes demandante y demandada, no
presentaron escrito de alegatos de conclusión.

El Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el Ministerio Público, allegó el
concepto respectivo7, sin embargo, en los términos del numeral 6 ibidem, este fue
presentado de manera extemporánea, ya que, el expediente ingresó al despacho para
sentencia el Quince (15) de Septiembre del referido año8.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso,
de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.

Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso
(CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

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Samai - índice 00004.
7
Samai - índice 00010.
8
Samai - índice 00009.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fomag, le corresponde a la Sala establecer, si ¿la vinculación del
demandante, a través de contratos de prestación de servicios, para el desarrollo de
actividades en calidad de docente, anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, puede o no, tenerse en cuenta para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes, prevista en la Ley 71 de 1988?

De resultar positiva la respuesta al problema jurídico anterior, deberá determinarse, si el
demandante cumple con el requisito de tiempo, para el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes.

Finalmente, se estudiará si hay lugar a revocar la condena en costas dispuesta por el
Tribunal de primera instancia, contra la entidad demandada.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3 Caso
concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

2.1.1 Régimen pensional docente

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara Veinte (20) años de
servicio, y llegara a Cincuenta (50) años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia
de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el
último año». Posteriormente, sus derechos pensionales, fueron regidos por la Ley 33 de
1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación, para aquellos
que acumularan Veinte (20) años de servicio, y cumplieran Cincuenta y Cinco (55) años,
liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio».

Luego, con la Ley 91 de 1989, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad
realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes; es decir que, dentro de sus

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

funciones, está la de reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez,
de invalidez y, la sustitución pensional.

Ahora bien, en el artículo 15, numeral 2, inciso segundo, de la referida ley, se determinó
que, a los docentes afiliados a dicho Fondo, se les aplicaría el mismo régimen pensional
de los empleados del sector público nacional; así: «para los docentes vinculados a partir del 1º
de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente
al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para
los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional». [Subraya la Sala]

En ese orden, aunque, si bien es cierto que, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
determinó, que la pensión ordinaria de jubilación, de los docentes correspondería al
equivalente de 75%, del salario mensual promedio del último año de servicios, también
lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento para la prestación, y por ello,
remite al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional; el cual,
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 10,
corresponde al consagrado para el sector público, en la Ley 33 de 1985, esto, teniendo
en cuenta que, el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993, no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato de su artículo 279.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, dispone que, el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos, y llegue a la edad de
55 años, tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación, equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

Por su parte, el artículo 3° ibidem, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985,
dispone, que la base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación
básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales, feriados, las horas
extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; además, advierte que, en todo caso,

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Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

«[…] las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que, como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya
mencionada, Ley 91 de 1989, en concordancia con los artículos, 17 de la Ley 6ª de 1945
y, 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.

Posteriormente, esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 «[p]or la cual
se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario», puesto que, a

través del artículo 8111, introdujo importantes cambios en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, con el fin de incorporar a este sector, al sistema de seguridad en
pensiones, regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que, el régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban vinculados al servicio
público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida, reguló que, los

docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben
ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media,
establecido en las Leyes 100 de 1993, y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

Más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo
48 de la Constitución Política, ratificó el alcance del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio 1o, dispuso que: «[e]l régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se
hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media
establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812
de 2003».

11
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.

12

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de Veinticinco
(25) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019)12, en la cual, estableció que, para definir el
régimen pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de
partida, la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos, quedó
explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de
prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda, concluyó que, para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial, con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el Veintisiete (27) de junio del mismo año13,
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación, sería la que corresponde, «al mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo»14.

Además, para los docentes que ingresaron al servicio educativo, a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…]
68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son
beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley
100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo
81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 15. Esto quiere
decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en
cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso

12
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
13
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
14
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
15
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.

13

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil
Tres (2003), se les aplicarán (i) las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985; (ii) requisito de edad:
55 años; (ii) requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio; y (iii) monto: 75%, con
un IBL o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la
pensión; en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia, con el goce
de la pensión de jubilación, prevista por el artículo 5º de la Ley 224 de 1972; o último año
de prestación de servicios, según corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil
Tres (2003), se les aplicará (i) las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; (ii) requisito de edad:
57 años; (iii) requisito de tiempo de servicios: según corresponda, de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993; (iv) monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas
en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, dependiendo del tiempo, y con IBL, o componente
temporal de los últimos 10 años, o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» , contenido en los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y, 27 del Decreto 3135 de 1968, este último, derogado
por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

2.1.2 La Ley 71 de 1988 - Finalidad y alcance

Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado, sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que, unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.

14

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A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia, consagrando la
«pensión de jubilación por acumulación de aportes», según el artículo 7º de esta disposición,

como aquella que, se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector público y
privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados oficiales y
públicos, y los trabajadores particulares que acrediten, Cincuenta y Cinco (55) años si es
mujer y, Sesenta (60) años si es varón, además de, Veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social o de las
que hagan sus veces, con los efectuados ante el Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.),
tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de aportes
y, cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial, así como, la legal
y reglamentaria.

Es importante mencionar que, el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71 de
1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11 de la
misma, en el que se indicó que «[e]sta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a de 1976, 44 de
1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia
de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza
de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a
las entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez».

Luego, la Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que,
con anterioridad a la Ley 71 de 1988, «los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener
el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a
instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a
patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se
había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo
servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de
previsión social oficial o al ISS».

En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales, públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente, de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.

15

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La Sección Segunda, de esta Corporación16, también se ha pronunciado sobre las
implicaciones que ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1988, al consagrar la pensión
por aportes, de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.

2.1.3 Aplicación de la pensión por aportes, regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003

Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del
Treinta (30) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025), con radicado interno 0391-2022,
acompañó la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó, que la Ley 71 de
1988, si era aplicable a los docentes estatales.

Ciertamente, la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y, 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó, en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:

«En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también
incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988, puesto que, esta normativa está
dirigida a todos los empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún
sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió
también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la

16
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-05520-
01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

16

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categoría de «empleados oficiales»17 a los que esta última norma gobierna. Tal
entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un
régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando los cobija
a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de trabajadores,
cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con
el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973,
12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los
«derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al
sector público en general y en todos los niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben
ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique
el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a
pensionarse con las normas del régimen pensional de los empleados del sector público
nacional. En efecto, el numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial
nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1° de enero de
1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo
la docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica
que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.»

Para la Sala, los argumentos expuestos en esa oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso, cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, inciso Segundo (2), del
artículo 15, de la Ley 91 de 1989, en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» podrían acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados
públicos, también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la
referida ley, postura que fue expuesta por la Sala.

17
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3
como «empleados oficiales de régimen especial».

17

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De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988, que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que, mientras el artículo 7º de la Ley
71 de 1988, permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello,
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

Ciertamente, aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas, sin importar que cambien de empleador, permite sin duda,
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera, en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

2.1.4 Marco normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes

Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes, tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando, se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Tres (2003), fecha en la que entró en
vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los
docentes hayan prestado sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder
al reconocimiento de la pensión por aportes, conforme a los requisitos establecidos en el
artículo 7º de dicha normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades

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involucradas».

Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del Trece (13) de Diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de
la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más
de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años
o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales
y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por
vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia
entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre
el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo
pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la
pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años de servicios continuos, o
discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el
ISS (hoy Colpensiones); y 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y, 60 si es
hombre.

De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar la pensión
de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base para los

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aportes durante el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos
6 y 8 del Decreto 2709, así como, de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y, demás
normas posteriores, que creen prestaciones sociales con carácter salarial, y en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

2.2. Material probatorio.

• Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento, de Luis Fernando Ávila Coronado,
que dan cuenta, que nació el Primero (1°) de Junio de Mil Novecientos Sesenta y Uno
(1961)18.

• Certificado, expedido por el Municipio de Valencia (Córdoba), en el que se deja
constancia que el demandante, fungió como Gerente de Empresas Públicas Municipales,
desde el Veinte (20) de Junio, al Treinta y Uno (31) de Diciembre, de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995)19.

• Certificación, expedida por el secretario de Educación Municipal de Valencia (Córdoba),
en la que consta que, Luis Ávila, estuvo vinculado como docente, en el nivel de básica
primaria, a través de órdenes de prestación de servicio, del Veintidós (22) de Enero, al
Veintidós (22) de Diciembre, de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), y del Primero (1°)
de Febrero, al Treinta (30) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997)20.

• Copia de los contratos de prestación de servicios, Nos. 17, de Veintidós (22) de Enero
de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), y 19, de Veintidós (22) de Enero de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), suscritos entre el Municipio de Valencia (Córdoba),
y el demandante21.

• Historia laboral consolidada, de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A.22, en la que se detalla, la siguiente información de cotización al
Régimen de Ahorro Individual:

Periodo Periodo Semanas
Administradora Empleador
inicial final cotizadas
Otras Caja de Compensación Familiar
08/1999 08/2001 107
administradoras Comfenalco Antioquia

18
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 26 y 27.
19
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folio 28.
20
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folio 29.
21
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 16.
22
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 34 a 38.

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Caja de Compensación Familiar
Porvenir 09/2001 12/2002 68
Comfenalco Antioquia
Total 175

• Reporte de semanas cotizadas, al régimen de prima media, expedido por
Colpensiones23, en el que se evidencia, la siguiente información:

Nombre o razón social Desde Hasta Semanas
Inversiones Montesol 22/12/1989 12/04/1991 68,14
Corporación Agrícola 01/05/1991 08/10/1992 75,29
Agropecuaria Cayocan 01/03/1998 28/02/1999 45,14
Total 188,57

• Certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Córdoba, el Dieciocho (18) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), en
el que se detalla vinculación al Magisterio, desde el Quince (15) de Junio de Dos Mil
Cuatro (2004)24.

• Certificado de salarios, percibidos por el demandante, desde el Primero (1º) de Enero
de Dos Mil Ocho (2008), al Veintiséis (26) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016),
expedido por la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba25.

• El Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), el señor Luis Fernando Ávila
Coronado, solicitó de la demandada, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
por aportes26.

2.3. Caso concreto.

En el presente asunto, el demandante solicitó la nulidad del acto ficto, presuntamente
producido con ocasión del silencio de la administración, respecto de la petición elevada,
el Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018); y, como consecuencia de ello,
que la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, reconozca y pague la pensión
de jubilación, en los términos de la Ley 33 de 1985; o, subsidiariamente, la pensión de
jubilación por aportes, establecida en la Ley 71 de 1988.

23
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 45 a 48.
24
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 30 a 32.
25
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 42 a 44.
26
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 20 a 24.

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del
Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, ordenando el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes, desde el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021),
teniendo en cuenta, lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y el Decreto Reglamentario 2709
de 1994; además, condenó en costas a la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fomag, ya que, el demandante incurrió en gastos del proceso.

La entidad demandada, sienta su oposición, frente a la decisión de primer grado, en
cuanto a que, al actor no le es aplicable lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, por lo que, se
le debe aplicar en su integridad lo establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003;
además que, tampoco está cobijado por las normas anteriores a la Ley 812 de 2003,
pues, su vinculación docente, es posterior a la entrada en vigencia de tal normativa y, en
la medida que, no se demostró la relación legal y reglamentaria, entre la entidad territorial
y el señor Luis Fernando Ávila, no es viable, tener en cuenta, ese interregno, en el
cómputo de tiempo, para efectos pensionales. De otra parte, asegura que, en el año 1991,
se presenta duplicidad de aportes efectuados a Colpensiones y, al Fondo de Pensiones
Porvenir S.A., lo cual, transgrede las disposiciones legales en la materia. Finalmente,
solicita se revoque la condena en costas impuesta.

Al respecto, la Sala recuerda que, conforme al marco normativo de esta providencia, para
definir el régimen pensional que es aplicable a los docentes oficiales, se debe tener en
cuenta, la fecha en que el maestro inició su labor en tal condición, ya que, si esto ocurrió
antes de la entrada en vigencia la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), le son aplicables
las disposiciones normativas anteriores a esta, o si, por el contrario, su vinculación fue
con posterioridad «les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de
57 años para hombres y mujeres»27.

Así entonces, en lo que atañe, a los tiempos laborados por los docentes mediante
contratos de prestación de servicios, esta Corporación, ha precisado que, estos pueden
ser considerados para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente, y por
ende, computarse para fines pensionales; además, ha indicado que, de conformidad con
el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, la labor docente corresponde al «ejercicio de la

27 Ver sentencia, expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles», en este sentido,

la definición se centra en la naturaleza de la actividad, independientemente de la forma de
vinculación.

Aunado a lo anterior, la Sección Segunda, de esta Corporación, en la sentencia de
unificación, del Veinticinco (25) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)28, estableció que los
docentes vinculados, por medio de contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada a los
reglamentos propios del servicio público educativo; y, en ese sentido, «se ha establecido que el
proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia de una
relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los
periodos laborados bajo la forma contractual29»30[negrillas fuera del texto original].

Así las cosas, los tiempos laborados en ejercicio de la función docente, mediante
contratos de prestación de servicios, pueden ser computados para efectos pensionales,
en virtud de los principios como el de la primacía de la realidad sobre las formas, el de
favorabilidad y el pro homine; ello, independientemente, que el interesado persiga la
declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o, en los casos, como el
presente, que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados bajo esa forma
contractual.

Respecto de ese último escenario, la jurisprudencia de esta Corporación31, ha definido lo
siguiente:

«[…] es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de
la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta
el Decreto 3135»62 permite la acumulación de tiempos de servicio con la posibilidad de
exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión
social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la
ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la entidad o empresa a cuyo

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001- 23-33-000-2013-00260-01(0088-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de tiempos de
servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que
les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-
23-33-000-2014-00106- 01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025,
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020. Radicado número 54001-23-
33-000-2014-00106-01(0156-15)

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Número Interno: 2278-2025
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cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir
contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.»

Por consiguiente, contrario a lo argumentado por la entidad, en el recurso de alzada, la
Sala estima que, el periodo laborado por el demandante, a través de contratos de
prestación de servicios, resulta válido para efectos pensionales, en virtud de los principios
de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad; sin necesidad, de reclamar,
previamente, la existencia de una relación laboral encubierta.

De acuerdo con lo anterior, con el material probatorio allegado al expediente, se demostró
que el señor Luis Fernando Ávila Coronado, acredita vinculaciones como docente, en el
nivel de básica primaria, a través de órdenes de prestación de servicio, tal como se
relaciona32:

Institución Educativa Desde Hasta Tiempo de servicio
CE Manuela Beltrán 22/01/1996 22/12/1996 11 meses
CE Manuela Beltrán 01/02/1997 30/11/1997 10 meses

Así entonces, en la medida que, el demandante laboró, por primera vez, en el servicio
docente oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003),
esto es, desde el Veintidós (22) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), a
través de contrato u orden de prestación de servicios; vínculo que, conforme se expuso
con precedencia, es válido para efectos pensionales. Por ende, le es aplicable el régimen
pensional previsto en la Ley 71 de 1988.

Ahora bien, según el artículo 7 Ibidem, aplicable al caso particular del demandante, para
ser acreedor al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, el interesado,
debe acreditar, Sesenta (60) años de edad, en el caso de los hombres, y Veinte (20) años
de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones) y, en una o varias entidades de previsión social.

Así las cosas, con el acervo probatorio, el señor Luis Fernando Ávila Coronado, acreditó
que, nació el Primero (1°) de Junio de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961) 33, por lo
que, cumplió 60 años, el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiuno y Uno (2021);

32
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folio 29.
33
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01, folios 26 y 27.

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

además, demostró, que cuenta con un total de 363,57 semanas de cotización, en el sector
privado, equivalentes a Seis (6) años, Once (11) meses y Diecinueve (19) días,
discriminados así:

Periodo Periodo Semanas
Administradora Empleador
inicial final cotizadas
Colpensiones Inversiones Montesol 22/12/1989 12/04/1991 68,14
Colpensiones Corporación Agrícola 01/05/1991 08/10/1992 75,29
Colpensiones Agropecuaria Cayocan 01/03/1998 28/02/1999 45,14
Otras Caja de Compensación Familiar
08/1999 08/2001 107
administradoras Comfenalco Antioquia
Caja de Compensación Familiar
Porvenir 09/2001 12/2002 68
Comfenalco Antioquia
Total 363,57

Igualmente, en atención al certificado expedido por la Secretaría de Educación Municipal
de Valencia (Córdoba), se constata que, medió vinculación por medio de contratos u
órdenes de prestación de servicios, para desarrollar actividades en calidad de docente
en el nivel básica primaria, por un total de un (1) año y, Nueve (9) meses.

Además, del certificado de historia laboral, expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Córdoba, se extrae que, el señor Luis Fernando Ávila, labora como
docente en propiedad, desde el Quince (15) de Junio de Dos Mil Cuatro (2004), es decir
que, a la fecha de expedición de la certificación, Dieciocho (18) de Agosto de Dos Mil
Dieciséis (2016), había acumulado, Doce (12) años, Dos (2) meses y, tres (3) días, de
servicio.

Es evidente entonces que, el demandante demostró la realización de aportes, por más
de veinte (20) años, si se tiene en cuenta, el servicio (i) en el sector privado (6 años, 11
meses, 19 días); (ii) público docente (12 años, 2 meses, 4 días); y (iii) público docente
por órdenes de prestación de servicios (1 año, 9 meses); además que, adquirió el estatus
pensional, el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiuno y Uno (2021), cuando cumplió
los sesenta (60) años de edad; tal como lo dispuso el A -quo.

En consecuencia, no es dable aplicar al docente, el régimen pensional contenido en la
Ley 100 de 1993, como equivocadamente lo pretende la entidad recurrente, razón
suficiente para confirmar la decisión de primera instancia en este aspecto.

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Respecto a la inconformidad del recurrente, tendiente a la presunta inconsistencia en los
tiempos de cotización en el año 1991, la Sala advierte que, si bien, en la historia laboral
allegada por el Fondo Porvenir S.A., se hace alusión a unas cotizaciones en la referida
anualidad, lo cierto es que, allí mismo se aclara que, corresponden a la «historia laboral en
el régimen de prima media», esto es, relaciona las semanas de cotización efectuadas en

Colpensiones, mas no, a unas que se hayan cotizado en esos mismos periodos a dicho
fondo privado.

En conclusión, tal y como quedó establecido en la decisión de primera instancia, el
demandante cumplió con la totalidad de requisitos para acceder a la pensión por aportes
establecida en la Ley 71 de 1988, dado que, cumplió con la vinculación previa a la Ley
812 de 2003, acreditó 20 años de servicios públicos y privados, y adquirió el requisito de
edad, el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiuno y Uno (2021).

Conforme a lo anterior, toda vez que el reconocimiento pensional se efectúa, con base
en la pensión de jubilación por aportes, establecida en la Ley 71 de 1988, es del caso,
exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, a efectos,
que tramite ante la Secretaría de Educación Municipal de Valencia (Córdoba), los aportes
correspondientes al interregno comprendido entre, el Veintidós (22) de enero, al Veintidós
(22) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), y del Primero (1°) de
Febrero, al Treinta (30) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), en el
que el docente prestó sus servicios, a través de contratos u órdenes de prestación de
servicio; igualmente a que, en los términos del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994,
regulatorio de la Ley 71 de 1988, reclame las cuotas partes que, en efecto correspondan
a las entidades de previsión, frente a la cual el demandante realizó las cotizaciones del
sector privado.

De otra parte, la entidad apelante solicita revocar la condena en costas en primera
instancia, invocando la buena fe de la administración durante el trámite administrativo y
judicial, así como, la insuficiencia probatoria de los perjuicios alegados por el
demandante.

En este punto, le asiste razón a la recurrente, dado que, el criterio mayoritario de la
Sala, está orientado a que la condena en costas solo tiene lugar cuando se demuestra
temeridad o mala fe durante el proceso por parte de quien haya sido vencido en juicio;

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Número Interno: 2278-2025
Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

comportamientos que no fueron acreditados en el sub lite, que hubieran sido realizados
por la demandada; por tanto, no se debió condenar en costas y por ello, se deben revocar
las costas impuestas en la sentencia de primer grado.

2.7. Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; por tanto, tampoco
se impondrá costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIAMENTE la sentencia de Veintisiete (27) de Febrero de
Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal octavo de la sentencia de Veintisiete (27) de Febrero
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, que impuso condena en costas a cargo de la parte demandada.

TERCERO: EXHORTAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG, a efectos, que tramite ante la Secretaría de Educación Municipal de Valencia
(Córdoba), los aportes correspondientes al interregno comprendido entre, el Veintidós
(22) de enero, al Veintidós (22) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996),
y del Primero (1°) de Febrero, al Treinta (30) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997), en el que el docente, prestó sus servicios, a través de contratos u órdenes
de prestación de servicio; igualmente a que, en los términos del artículo 11 del Decreto
2709 de 1994, regulatorio de la Ley 71 de 1988, reclame las cuotas partes que, en efecto
correspondan a las entidades de previsión frente a la cual el demandante realizó las
cotizaciones del sector privado.

CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

QUINTO. Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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