Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00896-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00896-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00896-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
Accionada: Yuceli Milena Lugo Suárez
Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y
recusación prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437
de 2011
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 24 de febrero de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegó la solicitud de pérdida
de investidura.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. El señor Félix Sneider Delgado Camacho, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:
“[…] PRIMERO: Decretar la pérdida de investidura de la señora YUCELI MILENA
LUGO SUAREZ […] como Concejal del Municipio de Girardot – Cundinamarca para
el período 2024-2027, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 48 de la ley
617 de 2000, en concordancia con el numeral 14 del Art. 11 de la Ley 1437 de 2011.
[…]”. (negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
2.Señaló que la señora Yuceli Milena Lugo Suárez resultó elegida concejal del
municipio de Girardot (Cundinamarca) por el Partido Colombia Renaciente para el
período constitucional 2024-2027.
1
Cfr. Índice 2 del expediente del tribunal de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
3.Sostuvo que el 7 de febrero de 2024, el concejo de Girardot suscribió el contrato
de prestación de servicios 021-2024 con la Fundación Universitaria del Área Andina
para acompañar la convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general
de la duma de ese municipio.
4.Explicó que el 9 de febrero de 2024, el concejo de Girardot expidió la Resolución
016 “[…] Por medio de la cual se convoca a concurso público y abierto de méritos
para la selección del secretario del Concejo Municipal de Girardot para el período
2024. […]”.
5. Relató que, en la sesión ordinaria del concejo de Girardot de 8 de marzo de 2024,
se incluyó en el punto 4° del orden del día la entrevista a los candidatos elegibles
por concurso de méritos y en el punto 5° la elección del secretario general para la
vigencia 2024. Luego, se efectuó la elección del señor Germán Cardozo Galeano,
quien tenía el puntaje más bajo y fue compañero de lista por el Partido Político
Colombia Renaciente, al cual pertenecía la concejal Yuceli Milena Lugo Suárez.
6. Manifestó que la concejal en la sesión de 8 de marzo de 2024 contestó el llamado
a lista, conformó el cuórum; votó a favor del señor Germán Cardozo Galeano y
formó parte de la comisión escrutadora para la contabilización de las papeletas.
7. Adujo que la accionada conforme al numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
tenía el deber de declararse impedida para participar en el acto de elección del
secretario general para la vigencia 2024, toda vez que el señor Germán Cardozo
Galeano se había inscrito en la misma lista de candidatos al concejo municipal de
Girardot en las elecciones realizadas en el año 2023 y, por ende, le asistía un
interés directo, particular y actual en participar en dicho asunto.
8. Expresó que la mesa directiva revocó el acto de entrevista y elección del
secretario. Como resultado de ello, el 12 de junio de 2024 se publicó una nueva
lista de elegibles, en la cual aparecía nuevamente el señor Germán Cardozo
Galeano.
9. Añadió que el 21 de junio de 2024, el señor Germán Cardozo Galeano presentó
su renuncia voluntaria al concurso y el día 24 de junio de 2024, se efectuó la
elección del señor Andrés Bonilla Moreno como secretario del concejo.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
10. El solicitante sostuvo que la accionada incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003 y en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437.
3
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
3
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Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
11. La solicitud de pérdida de investidura se fundamentó en que la accionada
participó, sin manifestar su impedimento, en la sesión de 8 de marzo de 2024, en
la cual se efectuó la elección del secretario general de esa corporación para el
período 2024, pese a que dentro de los aspirantes a ese cargo se encontraba el
señor Germán Cardozo Galeano, quien integró con la concejal la lista de candidatos
a ese concejo municipal por el mismo partido político, para las elecciones realizadas
el 29 de octubre de 2023.
12. Resaltó que se demostró el aspecto subjetivo o de culpabilidad, al considerar
que constituye una obligación general para quien pretende acceder a la función
pública la revisión del marco normativo que rige al cargo al cual se postula, incluidos
los cargos de elección popular.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
13. A través de auto de 7 de noviembre de 20244, la magistrada sustanciadora del
proceso admitió la demanda por cumplir con los requisitos previstos en la Ley 1881
de 15 de enero de 20185 y ordenó la notificación personal a la accionada y al agente
del Ministerio Público.
I.3. Oposición de la concejal6
14. La concejal, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:
15. Luego de pronunciarse sobre los hechos expuestos en la demanda –aceptó
algunos de ellos y aclaró otros- destacó que la pérdida de investidura debe
adelantarse bajo la estricta sujeción de los principios de legalidad, de tipicidad, de
taxatividad, pro homine e in dubio pro-reo.
16. Explicó que en aplicación de los principios de interpretación restrictiva y de
proscripción de la analogía, las causales de desinvestidura se encuentran previstas
en la Constitución Política o las Leyes 136 de 2 de junio de 1994 y 617. Por ello, no
resulta aplicable una causal de tipo administrativo, ya que existe prohibición
expresa de realizar interpretaciones extensivas o analógicas en procesos de
pérdida de investidura.
17. Relató que el 8 de marzo de 2024, se efectuó la entrevista y describió que el
señor Andrés Bonilla Moreno, uno de los candidatos habilitados dentro del proceso
de elección, manifestó su intención de retirar su postulación al cargo. Después, se
procedió al llamado de los demás participantes que integraban el listado de
aspirantes habilitados. El único que asistió a la entrevista fue Germán Cardozo
4
Cfr. Índice 005 del expediente del tribunal.
5
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES […]”.
6
Cfr. Índices 11 y 12 del expediente del tribunal.
4
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Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
Galeano, quien finalmente resultó elegido con catorce (14) votos a favor y un (1)
voto en blanco.
18. Describió que la mesa directiva del concejo ordenó retrotraer las actuaciones
administrativas desarrolladas dentro de la convocatoria pública para la selección
del secretario para la vigencia 2024. Luego se designó una comisión accidental
para definir la nueva lista de elegibles y, finalmente, el 12 de junio de 2024, se
publicó la lista de elegibles para el cargo de secretario general, la cual quedó
conformada por cinco (5) candidatos.
19. Indicó que el 21 de junio de 2024, el señor Germán Cardozo Galeano candidato
habilitado y quien integraba la lista de elegibles presentó por escrito renuncia a su
aspiración, aduciendo razones personales.
20. Anotó que el señor Andrés Bonilla Moreno resultó elegido secretario general del
concejo, lo cual ocurrió el 24 de junio de 2024; de tal manera que “[…] no existe en
lo alegado un impacto de tal magnitud que afecte tanto los resultados de la elección
ni el deber para con las instituciones y la comunidad por parte de la demandada en
su deber de servidora pública. […] tal renuncia, amén de no ser aplicable la causal
que se le endilga a mi representada al asunto electoral, evidencia la ausencia de
afectación económica y moral, por lo que no existe perjuicio alguno al interés
general e institucional. […]”.
21. Refirió a las diferencias existentes entre la función administrativa y la función
electoral; por ello, consideró que era equivocado señalar que la designación del
secretario general era un procedimiento administrativo por ser una actuación de
naturaleza electoral que difiere expresamente de aquella.
22. Afirmó que no se presentó una situación constitutiva de interés, ya que la
elección del secretario general se realizó mediante un concurso de méritos según
el artículo 126 de la Constitución Política, situación que eliminaba cualquier
afectación a los principios de transparencia y objetividad. Tampoco se logró
demostrar la existencia de un parentesco entre la accionada con el señor Germán
Cardozo Galeano o algún grado de cercanía que permitiera inferir que haya
antepuesto intereses personales en desmedro de la defensa del interés general.
23. Resaltó que el artículo 95 del Acuerdo 005 de 2020 -Reglamento Interno- señala
que, para las elecciones, se debe considerar el régimen de incompatibilidades y
prohibiciones de los artículos 126 y 292 de la Constitución Política, así como el
artículo 49 de la Ley 617 y, por ende, no está previsto el numeral 14 del artículo 11
de la Ley 1437.
24. Sostuvo que dentro de las exigencias impuestas a los concejales elegidos por
voto popular no se encuentra la de tener conocimiento especializado en las
diferentes áreas del derecho ni la de conocer las especificidades sobre la aplicación
del numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, con mayor razón si se tiene en cuenta
5
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
que la actuación desplegada por la accionada es de naturaleza electoral y no
administrativa.
25. Adujoque la concejal no actuó con dolo ni culpa grave y actuó bajo el
convencimiento de no encontrarse impedida porque acudió a la asesoría de un
profesional en derecho, quien conceptuó que el conflicto de interés para la
accionada era inexistente.
26. Planteó las excepciones de inepta demanda porque consideró que el libelo
introductorio no cumple con los requisitos previstos en el artículo 162 de la Ley 1437
y, de mérito que tituló i) […] AUSENCIA ABSOLUTA DE LA VIOLACIÓN
ENDILGADA. […]” y; ii) “[…] INSUFICIENCIA DEL ACERVO PARA DAR POR
PROBADA LA VIOLACIÓN. […]”.
I.4. La audiencia pública
27.El 20 de enero de 20257, se realizó la audiencia pública prevista en los artículos
11 y 12 de la Ley 1881, con la asistencia y participación del accionante, la
Procuradora 56 Judicial II para Asuntos Administrativos, la concejal y su apoderada.
I.5. La sentencia de primera instancia8
28. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia de 24 de febrero de 2025, denegó las súplicas de la solicitud de pérdida
de investidura.
29. Destacó que la causal de conflicto de intereses exige que se demuestren los
siguientes elementos: i) que el demandado tenga la calidad de concejal; ii) que
exista un interés directo, particular y actual en un asunto que conozca en razón a
sus funciones constitucionales y legales como servidor; y iii) la falta de
manifestación de impedimento frente al asunto que da lugar a la configuración del
conflicto.
30. El Tribunal de primer grado consideró que no se demostró la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses desde el punto
de vista objetivo.
31. Para adoptar tal decisión, en primer término, aludió a las circunstancias que
rodearon el proceso de elección del secretario general del concejo, encontrando
demostrado lo siguiente: i) en sesión de 8 de marzo de 2024, se efectuó la elección
del señor Germán Cardozo Galeano como secretario del concejo; ii) la mesa
directiva presentó solicitud de revocatoria directa de la entrevista y el acto de
elección, situación que dio lugar a que se conformara una comisión accidental para
conformar la lista de elegibles; iii) el 12 de junio de 2024, se conformó la lista de
7
Cfr. Índice 40 del expediente del tribunal.
8
Cfr. Índice 50 del expediente del tribunal.
6
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Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
elegibles en la cual figura el señor Germán Cardozo Galeano y; iv) el 21 de junio
de 2024, el citado aspirante presentó renuncia voluntaria.
32. Destacó que la elección del 8 de marzo de 2024, sobre la cual fue edificada la
pérdida de investidura quedó sin efectos por decisión de la mesa directiva, al
haberse reprogramado la convocatoria pública para la elección del secretario
general para la vigencia 2024. En consecuencia, respecto de dicha situación fáctica
no era posible estructurar un posible conflicto de intereses.
33. Explicó que para el momento en que se efectuó la elección del secretario, la
cual se realizó el 25 de junio de 2024 según el cronograma dispuesto, el señor
Germán Cardozo Galeano renunció a su candidatura.
34. Argumentó que “[…] no se puede advertir un conflicto de interés por parte de la
demandada dentro de su actuar, puesto que, sería del caso reprochar el impacto
negativo dentro de la sesión del 8 de marzo, pero esta sesión finalmente no tuvo
los efectos legales que permitan concluir que se consolida un conflicto de intereses,
máxime teniendo en cuenta que el señor GERMAN CARDOZO GALEANO nunca
fue posesionado, ya que la misma mesa directiva después de advertida una
irregularidad, revocó el trámite que a la fecha del 1 de abril de 2024 se había
efectuado, para rehacer el proceso con la subsanación de las advertencias
realizadas. […]”.
I.6. El recurso de apelación9
35. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, sostuvo que se
configuró la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto
de intereses, de conformidad con lo previsto en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617 y en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, al concluir que la
accionada participó en la elección del secretario general que se realizó el 8 de
marzo de 2024, para favorecer la candidatura de quien fue compañero de lista por
el mismo partido político en las elecciones al concejo.
36. Cuestionó la decisión de primera instancia en cuanto consideró que la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de interés no se
configuró porque la sesión de 8 de marzo de 2024 fue dejada sin efectos y, además,
debido a que el señor Germán Cardozo Galeano presentó renuncia para aspirar a
ser secretario.
37. Explicó que la accionada actuó con culpa grave y que tales situaciones no
impiden la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que la
participación e intervención de la concejal en el acto de elección sí se produjo en la
sesión del 8 de marzo de 2024.
9
Cfr. Índice 70 del expediente del tribunal.
7
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
38. Recalcó que a pesar de que el conflicto de interés es un concepto
indeterminado se debe verificar, en primer término, la existencia de un interés
directo y este puede ser de índole económico y también de orden moral, político o
ideológico.
39. Precisó que el hecho de haber aportado conceptos jurídicos emitidos por
expertos demostraba que la accionada conocía la Ley 1437 y comprendía la
existencia de las causales de recusación, impedimento y conflicto de intereses.
40. Puso de presente que no se demostró que la acusada haya actuado con la
diligencia necesaria, por lo que debió manifestar su impedimento para así evitar
incurrir en la causal de pérdida de investidura.
41. Adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la
participación se materializa con el estudio, decisión, debate, votación, censura y/o
intervención en los asuntos funcionales y ha precisado que el integrante de la
corporación pública tiene la obligación de manifestar su impedimento cuando
advierta un posible conflicto de intereses; por ende, al no haber procedido en tal
forma la accionada actuó con culpa grave.
I.7. Trámite del recurso de apelación y actuaciones surtidas en la segunda
instancia
42. La magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, a través de auto
de 26 de marzo de 202510, concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo de
Estado.
43. Por auto de 27 de junio de 202511, se admitió el recurso de apelación.
44. Dentro del término del traslado, el accionante guardó silencio.
45. La accionada, por conducto de apoderado judicial, solicitó12 que la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la solicitud sea confirmada.
Explicó que el demandante no formuló reparos concretos para controvertir las
consideraciones del Tribunal ni identificó los yerros probatorios, por lo que el escrito
de alzada carece de carga argumentativa.
46. Argumentó que el solicitante “[…] solo enfatizó en que se debe revocar la
decisión, por cuanto sí se probó la causal de inhabilidad alegada sin traer una causa
o censura suficiente para desvirtuar la decisión de la primera instancia, más allá de
señalar que mi representada debió declararse impedida para participar en la
designación del señor Germán Cardozo Galeano como secretario general del
Concejo Municipal de Girardot por haber compartido con él la misma lista a dicho
10
Cfr. Índice 76 del expediente del tribunal.
11
Cfr. Índice 12 de SAMAI del expediente de segunda instancia.
12
Cfr. Índice 17 de SAMAI del expediente de segunda instancia.
8
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
concejo de manera previa y, que no adecuó su actuar a la diligencia necesaria de
su investidura. […]”.
47. Aseveró que la parte actora busca estructurar la causal de pérdida de
investidura como si fuera una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra
proscrita en el ordenamiento jurídico. De allí que, al no haberse configurado la
conducta desde el punto de vista objetivo, no era necesario abordar el elemento de
la culpabilidad.
48. Cuestionó la afirmación del recurrente quien indicó que el aporte de los
conceptos jurídicos emitidos por personas especializadas permitía deducir que la
inculpada conocía la Ley 1437 y, por lo tanto, comprendía las causales de
impedimento, recusación y conflicto de intereses. A su juicio, tal interpretación
desconoce el actuar diligente de la accionada, quien sin tener mayor experiencia
en la actividad política y sin contar con ninguna formación académica, profesional
o técnica en asuntos legales, acudió de manera diligente a la asesoría de una
abogada experta en la materia para informarse sobre la situación en la que se
encontraba.
49. Refirió que el concepto fue elaborado por una profesional del derecho, contiene
una exposición clara y razonable de los motivos por los cuales se consideró que la
inculpada no se encontraba incursa en la causal de pérdida de investidura, se
soportó en la jurisprudencia aplicable en la materia y no fue tachado de falso.
50. Precisó que, con fundamento en dicho concepto, la accionada y atendiendo su
escasa formación académica, profesional y técnica en temas legales, actuó con la
plena convicción de no estar incursa en la causal de pérdida de investidura, al
considerar que su participación se estaba dando en una actuación electoral y no
administrativa, en el marco de un concurso de méritos. Esta situación evidenciaba
que obró con el cuidado mínimo que su investidura exigía.
51. Con sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la sentencia
SU-424 de 2016, señaló que dada la naturaleza sancionatoria de los juicios de
pérdida de investidura y la necesidad de realizar un análisis en el escenario de la
culpabilidad, de cara a la responsabilidad subjetiva, debe tenerse en cuenta, entre
otros principios la buena fe y cualquier situación que permita descartar la culpa.
52. Insistió en que el actuar de la concejal frente a la elección del secretario general
del concejo municipal de Girardot, siempre estuvo amparado por la plena
convicción de que se ajustaba y cumplía a cabalidad con la ley vigente y aplicable;
por ende, no se demostró el elemento subjetivo o de la culpabilidad.
53. El agente del Ministerio Público13, tras referir al marco jurídico de la pérdida de
investidura, solicitó que la sentencia de primera instancia sea confirmada
13
Cfr. Índice 18 SAMAI del expediente de segunda instancia.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
54. Anotó que “[…] el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, disposición
que no es aplicable para el presente caso, pues se tiene que es un asunto electoral
y no administrativo, que es completamente ajeno a la situación de designación que
ocurre en el presente asunto, como fue la designación del secretario general del
Concejo Municipal, la cual se llevó a cabo el 8 de marzo de 2024. […]”.
55. Añadió que “[…] en concurso de méritos como lo es la designación del
secretario general, conforme al ordenamiento jurídico, no aplica ninguna
circunstancia, delimitación de temas electorales, pues como lo dispone el artículo
126 de la Constitución Política, es posible en concurso de méritos designar
parientes cercanos, pues por tratarse de un concurso de méritos el ordenamiento
jurídico no impone ninguna limitación en temas de designación, aunado a ello, se
trata de una designación que realiza un cuerpo colegiado, donde la accionada
cuenta con un porcentaje mínimo de participación. […]”.
56. La accionada, mediante escrito radicado el 27 de agosto de 2025 14, formuló
recusación en contra de los magistrados integrantes de la Sección Primera.
57. La Sección Segunda, mediante providencia de 16 de octubre de 2025 15, declaró
infundada la recusación formulada por la señora Yuceli Milena Lugo Suárez en
contra de los consejeros de la Sección Primera de esta Corporación.
58. La concejal, en escrito radicado el 28 de octubre de 202516, solicitó que “[…] el
asunto sea remitido a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la
Corporación para que sea decidido en sentencia de unificación por importancia
jurídica […]”.
59. A través de auto de 27 de noviembre de 2025 17, se rechazó por improcedente
la solicitud de proferir sentencia de unificación.
60. Por auto de 5 de febrero de 202618, se negó la solicitud de aclaración y adición
del auto de 27 de noviembre de 2025.
61. El expediente ingresó para fallo el 20 de febrero de 2026.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
62. La Sala, para resolver la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de la
concejal; iii) el problema jurídico; iv) cuestión previa; v) la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen del conflicto de interés; vi) el conflicto de
14
Cfr. índice 33 de expediente digital de segunda instancia.
15
Cfr. índice 33 del expediente digital de segunda instancia.
16
Cfr. índice 36 del expediente digital de segunda instancia.
17
Cfr. índice 46 del expediente digital de segunda instancia.
18
Cfr. índice 55 del expediente digital de segunda instancia.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
interés derivado de la causal de impedimento y recusación prevista en el numeral
14 del artículo 11 de la Ley 1437 y su desarrollo jurisprudencial; vii) estudio del caso
concreto y; viii) conclusiones.
II.1. La competencia
63. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201919.
II.2. La acreditación de la condición de la concejal
64. La condición de concejal se encuentra acreditada con el Formulario E- 26
CON20 del Acta de Escrutinio Municipal de las elecciones de 29 de octubre de 2023,
en el cual se indica que la señora Yuceli Milena Lugo Suárez fue una de las
candidatas que resultó elegida para el concejo del municipio de Girardot, por el
Partido Colombia Renaciente en el período constitucional 2024-2027. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el literal b) del artículo 5. de la Ley 188121.
II.3. El problema jurídico
65. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201222, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, encuentra que el problema jurídico consiste en definir:
a) Si se debe decretar la pérdida de investidura de la concejal de Girardot, Yuceli
Milena Lugo Suárez, elegida para el período constitucional 2024-2027, por haber
transgredido el régimen del conflicto de intereses, derivado de su participación en
la sesión del concejo de 8 de marzo de 2024, en la cual se efectuó la elección del
señor Germán Cardozo Galeano, como secretario general, quien había integrado
la lista por el Partido Colombia Renaciente para aspirar a esa corporación pública
para el mismo período 2024-2027, en las elecciones realizadas el 29 de octubre de
2023, configurándose así la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437.
b) Si se encuentra probado el aspecto subjetivo de conformidad con el artículo 1.
de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003 de 19 de noviembre de
19
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
20
Índice 2 del expediente del tribunal. No. 3 ACTA E-26 CONCEJO ELECCIONES TERRITORIALES 2023.pdf.
21
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”. Aplicable por remisión del artículo 22 ibidem
22
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
201923, que exige el análisis del dolo o la culpa grave en esta clase de procesos de
naturaleza sancionatoria.
II.4. Cuestión previa. La sustentación del recurso de apelación
66. El apoderado de la accionada, al descorrer el traslado de la admisión del
recurso de apelación, adujo que el solicitante no cumplió con la carga
argumentativa de sustentar el recurso de alzada, porque no formuló reparos
concretos para controvertir las razones del tribunal para que la sentencia sea
revocada ni identificó los yerros probatorios en los que incurrió.
67. El artículo 14 de la Ley 1881, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
se sujetará a las siguientes reglas:
1. Deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de pérdida
de Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. El recurso de
apelación será la oportunidad para solicitar pruebas en segunda instancia.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos
legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el
expediente al Secretario General del Consejo de Estado, quien lo repartirá entre
los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que decidirá de
plano obre su admisión si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si el
apelante pidió pruebas, el magistrado ponente decidirá si se decretan, de
conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sobre pruebas en segunda
instancia.
[…]”. (negrilla y subrayado fuera del texto).
68. Frente a procesos de naturaleza sancionatoria como ocurre con el juicio de
pérdida de investidura, esta Sección ha señalado que “[…] del estudio del contenido
del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se advierte que tal precepto obliga al memorialista a precisar los
motivos de inconformidad sobre el fallo, circunstancia sin la cual el Juez de Segunda
Instancia no puede entrar a hacer un estudio sobre el fondo del asunto, pues se
trata de una carga que le asiste al recurrente y que constituye el sustento que sirve
de base para que el Superior dirima la controversia. […]24”.
69. Ahora bien, el demandante formuló los siguientes motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia, los cuales se transcriben in extenso:
a) “[…] Considero que la señora YUCELI MILENA LUGO SUAREZ, en su calidad de
Concejal del Municipio de Girardot – Cundinamarca para el período 2024-2027,
incurrió en violación del Régimen de conflicto de intereses previsto en el numeral 1
del Art. 48 de la ley 617 de 2000, en concordancia con el Art. 11 numerales 14 y 15
23
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1).
sentencia de 30 de junio de 2027, radicado núm.: 66001-23-33-002-2016-00291-01.
12
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
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de la ley 1437 de 2011, y, por ello, se debió proferir la decisión de la pérdida de
investidura en los términos del Art. 48 numeral 1 de la ley 617 de 2000. […]”.
b) “[…] La concejala actuó con culpa grave y en contra de la restricción legal no se
declaró impedida ente la aspiración de su copartidario, compañero de lista y es claro
que incurrió en conflicto de interés con su participación en el procedimiento
administrativo de nombramiento y no la exculpa el hecho de que en la sesión del 8 de
marzo de 2024 se haya dejado sin efectos ni la renuncia posterior de electo secretario
general GERMÁN CARDOZO GALEANO, por cuanto su participación se presentó e
intervino y ahí se consolidó la causal de pérdida de investidura […]”;
c) “[…] Si bien el conflicto de intereses es un concepto indeterminado que requiere en
primer lugar verificar la existencia de una “interés directo”, no es menos cierto que
este puede referirse no solo a intereses económicos o financieros, sino a la afinidad
con intereses o principios políticos que pueden influir en la toma de decisiones o
interés moral (Corte Constitucional Sentencia C-029/09, C-104/15 C-355/18) […]”.
d) “[…] Considero que en el presente caso sí se configura el interés directo, puesto que
al ser parte del mismo movimiento político Colombia Renaciente, como cualquier
movimiento político, existe un interés en ocupar un cargo político dentro de la
administración. De ahí entonces también que no tenga incidencia que el elegido
secretario haya participado en la convocatoria pública para la designación en dicho
cargo. […]”.
e) “[…] el hecho de aportar conceptos jurídicos por personas especializadas antes de la
elección de dicho secretario, se deduce que mínimamente conocía la ley 1437 de
2011, por lo tanto, conocía las causales de impedimento, recusación y conflicto de
intereses. Considero que no se logró demostrar que la demandada YUCELI MILENA
LUGO SUÁREZ actuara con la diligencia necesaria y debió haber presentado
impedimento y apartarse de la decisión. […]”.
f) “[…] Frente a la participación efectiva, el Consejo de Estado ha señalado, que la
misma se materializa en el estudio, decisión, debate, votación, censura y/o
intervención en los asuntos funcionales indicando que el miembro de la Corporación
pública, está en la obligación de manifestar impedimento cuando advierta un posible
conflicto de intereses, de este modo se debe permitir que sus demás compañeros
definan si realmente se configura el impedimento. […]
g) “[…] No cabe duda que en este caso se encuentra configurada la causal de pérdida
de investidura por conflicto de intereses en los términos del Art. 55 de la ley 136 de
1994 y el Art. 48 de la ley 617 de 2000, en concordancia con el Art. 11 numeral 14 del
CPA.A.A al no manifestar el impedimento que le asistía a la demandada YUCELI
MILENA LUGO SUÁREZ, al conocer al señor GERMÁN CARDOZO GALEANO
estaba participando en la convocatoria pública para el cargo de Secretario general del
Concejo de Girardot Cundinamarca, quien hizo parte de la lista de candidatos del
movimiento político Colombia Renaciente […]”.
70. Así las cosas, la Sala encuentra que el accionante sí cumplió con el deber que
le asistía de sustentar el recurso, pues expuso los motivos de inconformidad frente
a la sentencia de primera instancia, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1881, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320 de
la Ley 156425.
25
“[…] Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme
la decisión.
13
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
II.5. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto
de interés
71. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
72. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses se encuentra prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 de 2
de junio de 199426 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, normas que son
del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:
[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses.
[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten
al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
73. El artículo 70 de la Ley 136, señala que el concejal deberá declararse impedido
para participar en los debates o votaciones respectivas cuando se evidencie la
existencia de un interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera a
él o alguna de las personas señaladas en la ley -cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil- o a su socio o socios de
derecho o, de hecho.
74. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés
se presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”.
26
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
14
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
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es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial 27[…]”.
75. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1.° de noviembre de
201628, al igual que esta Sección han señalado que para la configuración del
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:
“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;
b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo
del Congreso; y,
c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite,
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para
los efectos. [...]”
76. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:
“[…] El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para
este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara […]”.
77. En lo que atañe al presupuesto b) asociado a que se esté en presencia de un
interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o económico, la sentencia
supra indicó lo siguiente:
“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del Congresista.
El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista hacia un
tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo
de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge,
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien
general29 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación […]”.
78. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
28
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-
00(PI), MP: María Elizabeth García González.
29
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo
Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en
la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento
o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para
el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine al
interés público.”
15
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:
“[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración e
intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva a los
legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e incluso
administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas facetas
congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente por mandato
constitucional y legal.
[…]
La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión
o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el
impedimento30”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la causal
[…]”.
II.6. El conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento y
recusación prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437
79. El artículo 11 de la Ley 1437 indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo, todo servidor público
que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, deberá
manifestar su impedimento por las causales enunciadas en esa norma.
80. El legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, contempló
como una de las hipótesis la prevista en el numeral 14 ibidem relativa a haber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, así:
“[…] ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto
con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse
impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
[…]
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral
30
Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.
[…]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
81. Esta Sección, en sentencia de 19 de septiembre de 201931 precisó que este
enunciado normativo regula dos hipótesis diferentes: i) la primera, por haber hecho
parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas por
el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores y; ii) la segunda, por haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores. En efecto, en el referido
fallo se anotó lo siguiente:
“[…] En relación con este numeral – numeral 14 – del artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, se considera que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, la norma regula dos situaciones diferentes: i) la primera, haber hecho parte
de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores y ii) la segunda, haber hecho parte de listas
de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas también por el
interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.
Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una conjunción disyuntiva que
denota «[…] diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas o ideas
[…]» – Diccionario de la Lengua Española32 –, lo que indica, entonces, que existen
dos alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista sea inscrita por
el interesado y ii) la situación de que la lista sea integrada por el interesado.
La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el participio irregular del
verbo inscribir – Diccionario de la Lengua Española33 – siendo inscribir «[…] 2. tr.
Apuntar el nombre de una persona entre los de otras para un objeto determinado
[…]»34, que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la actuación administrativa apuntó –
ante las autoridades electorales – la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el
objeto de que estos participaran en la contienda electoral respectiva.
La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el participio del verbo
integrar35 – Diccionario de la Lengua Española – siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho de
diversas personas o cosas: Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las
partes que faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo
[…] 4. tr. Comprender (II contener). […]»36, concepto distinto a inscribir y que en el
contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
– implica que el interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía la
lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la contienda electoral
respectiva.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, CP:
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 13001-23-33-000-2018-00738-01.
32
https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
33
https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
34
https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
35
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
36
https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
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Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
En particular la causal de impedimento que se le imputa a los acusados es la
consistente en haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados – al
concejo municipal por el partido Centro Democrático – que inscribió37 la interesada38
en la actuación administrativa39 en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
[…]
Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley
1437 de 2011 se encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta conflicto de intereses ante la
existencia de intereses personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar. […]”. (negrilla y subrayado del texto).
[…]”. (negrilla y subrayado del texto).
82. Igualmente, la referida sentencia indicó que los procedimientos relacionados
con la elección de funcionarios a cargo de las corporaciones públicas -como sucede
con la de secretarios- son procedimientos especiales y, además, en virtud de lo
previsto en el artículo 2., inciso final de la Ley 1437, norma que dispone que las
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se aplican en lo no previsto por los procedimientos regulados en
leyes especiales, era posible acudir por remisión a las causales de impedimento
previstas en el artículo 11 de la Ley 1437. Sobre el particular, el fallo aludido
sostuvo:
“[…] El Decreto 2485 de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015, señaló que el
personero municipal o distrital sería elegido de la lista que resultara del proceso de
selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital, esto es, lo
concibió como un procedimiento administrativo – artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015 –, que está sujeto al cumplimiento de mínimo las etapas de: i)
convocatoria; ii) reclutamiento; y iii) pruebas – artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de
2015 –, el cual debe adelantarse atendiendo los criterios de objetividad,
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los
aspirantes para el ejercicio de las funciones – artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de
2015 –.
[…]
El concurso público de méritos, en consecuencia, se adelanta “[…] de conformidad
con las disposiciones legales sobre la materia en especial el Decreto 1083 de 2015 y
por las reglas contenidas en la presente Resolución […]” – Artículo 2°, Res. 070 de
2015 – y se rige “[…] de manera especial, por lo establecido en el artículo 313 de la
Constitución Nacional, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, el Decreto 2485 de
2014, Decreto 1083 de 2015 y la presente resolución […]” – Artículo 6°, Res. 070 de
2015 – (subrayado y resaltado fuera de texto).
[…]
37
Apuntar ante la autoridad electoral.
38
Zaira Steffany Jabba Vergara en su condición de aspirante al ocupar el cargo de personera.
39
Que corresponde al concurso público de méritos para elegir el personero de ese municipio para el período 2016 – 2020.
18
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Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
En la medida en que se trata de un procedimiento especial, el concurso público de
méritos para la elección de personero municipal o distrital, se regirá por sus normas
especiales – como lo indicó el artículo 6° de la Resolución 070 de 2015 – y, en lo no
previsto en ellas, se aplicarán las normas de la Ley 1437 de 2011, por así disponerlo
su artículo 2° que al tenor destaca que “[…] Las autoridades sujetarán sus
actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de
los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se
aplicarán las disposiciones de este Código […]”.
Lo anterior impone concluir que a este procedimiento especial, le son aplicables las
normas sobre impedimentos y recusaciones allí previstas – artículos 11 y 12, Ley
1437 de 2011 –, puesto que: i) la reglamentación especial nada señala al respectivo;
ii) los concejales en dicho procedimiento toman decisiones definitivas; y iii) el mismo
debe adelantarse bajo el criterio de imparcialidad40 – artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015 y artículo 5°, Res. 070 de 2015 –41. […]”. (negrilla y subrayado del texto).
83. La Sección Primera, a partir de la referida sentencia de 19 de septiembre de
2019, citada supra, se ha pronunciado en relación con el conflicto de intereses
derivado de la causal de impedimento y recusación prevista en el artículo 11,
numeral 14, de la Ley 1437.
84. Así lo evidencian, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de 201942, 3
de marzo de 202343, 11 de mayo de 202344, 14 de septiembre de 202345, 6 de marzo
de 202546, 2 de mayo de 202547, 24 de julio de 202548; 28 de agosto de 202549 y 30
de octubre de 202550, en las cuales se ha señalado de manera consistente y pacífica
que resulta posible acudir a la causal de impedimento prevista en el numeral 14. del
artículo 11 de la Ley 1437, en cuanto este enunciado normativo está dirigido a todos
los servidores públicos que deban adelantar actuaciones administrativas, dentro de
los cuales se encuentran cobijados los miembros de las corporaciones públicas de
elección popular y la elección del secretario del concejo constituye un procedimiento
administrativo especial que se encuentra regulado en el artículo 2.2.27.1 del Decreto
40
El artículo 5° de la Resolución 070 de 2015, acto administrativo por el cual se convocó el concurso de méritos para proveer
el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), para el período constitucional 2016-2020, al referirse a los principios
orientadores del proceso de selección indicó: «[…] ARTÍCULO 5° PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las
diferentes etapas de la convocatoria estarán sujetas a los principios de […] transparencia, imparcialidad […]».
41
El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, define el principio de imparcialidad, en la siguiente forma: «[…] 3. En virtud del
principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva […]».
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de 19 de septiembre de 2019. Radicación núm.: 13001 23 33 000 2018 00738 01(PI).
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 3 de marzo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01015 01.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01016 01.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 14 de septiembre de 2023. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2022 01014 01.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicación núm.: 50001 23 33 000 2024 00321 01.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 2 de mayo de 2025. Radicación núm.: 25000 23 15 000 2024 00502 01.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicación núm.: 05001 2333 000 2024 01329 02.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Radicación núm.: 23001 2333 000 2024 00197 01.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente (e): Germán Eduardo
Osorio Cifuentes. Sentencia de 30 de octubre de 2025. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2025-00218-01.
19
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
1083 de 26 de mayo de 201551, el cual debe adelantarse con sujeción a los
principios de transparencia e imparcialidad.
85. En esta hipótesis prevista por el legislador se entiende que se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetividad de los servidores públicos y se presenta
un interés directo y personal en relación con la decisión que se pretende adoptar.
II.7. Estudio del caso concreto
II.7.1. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
• Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del
régimen del conflicto de intereses ejerza o haya ejercido la investidura
de concejal
86. Conforme se indicó, quedó probado que la señora Yuceli Milena Lugo Suárez
resultó elegida concejal del municipio de Girardot para el período constitucional
2024-2027, condición que se encuentra acreditada con el Formulario E- 26 CON.
Por ende, se encuentra satisfecho este primer elemento común a todo juicio de
pérdida de investidura.
• La existencia de un interés directo, actual, particular o inmediato de la
concejal o alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral
o económico
87. En el expediente se encuentra probado que los señores Yuceli Milena Lugo
Suárez y Germán Cardozo Galeano se inscribieron como candidatos al concejo
municipal de Girardot en la misma lista y por el mismo partido político, según consta
con los siguientes documentos: i) el Formulario E-6 CO52 (solicitud para la
inscripción de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas o
movimientos políticos con personería jurídica por el Partido Colombia Renaciente);
ii) el Formulario E-8 CO53 (lista definitiva de candidatos por el Partido Colombia
Renaciente) y; iii) el Formulario E-26 CON (Acta de Escrutinio de 29 de octubre de
2023)54.
51
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. […]”.
52
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «E-6 CONCEJO PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE_.pdf».
53
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «E-8 CONCEJO PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE_.pdf».
54
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «ACTA E-26 CONCEJO ELECCIONES TERRITORIALES 2023.pdf».
20
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
88. Igualmente, se encuentra acreditado que el 7 de febrero de 2024, el concejo de
Girardot, por conducto de su presidente, suscribió el contrato de prestación de
servicios 021-2024 con la Fundación Universitaria del Área Andina, para adelantar
el proceso de provisión del cargo de secretario general del concejo municipal de
Girardot55.
89. El concejo expidió la Resolución 016 de 9 de febrero de 2024 “[…] Por medio
de la cual se convoca a concurso público y abierto de méritos para la selección del
secretario del Concejo Municipal de Girardot para el período 2024. […] 56” en la cual
se indicó que el cronograma estaría integrado, entre otras, por las siguientes
etapas: a) la conformación de la lista de admitidos y no admitidos y la verificación
de requisitos de estudio y experiencia; b) la aplicación de la prueba de
conocimientos; c) la publicación de resultados de la valoración de estudios y
experiencia; d) la convocatoria de la comisión accidental y la audiencia pública para
definir la lista de elegibles; e) la conformación de la lista; f) la entrevista; g) la
elección y; h) la posesión.
90.Una vez definida la lista de elegibles, esta quedó conformada de la siguiente
manera57:
55
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «Contrato_0212024_1.pdf»
56
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «RESOLUC 016 FEB 9-2024.pdf».
57
Índice 2 del expediente digital del Tribunal. «Copia Resultados feb y marzo 6 2024.pdf».
22
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
91. Consta que, en cumplimiento del cronograma dispuesto, según da cuenta el
Acta 051, en sesión de 8 de marzo de 202458 se reunió la totalidad de los
integrantes del concejo para tramitar, entre otros asuntos, la entrevista de los
candidatos y la elección del secretario general para la vigencia 2024, según lo
certificó el Oficio de 6 de diciembre de 2024 suscrito por el concejo municipal
obrante en el expediente59, así:
92. En la entrevista solo se presentó el señor Germán Cardozo Galeano, quien
resultó elegido con un total de catorce (14) votos a favor y uno (1) en blanco, tal y
como quedó consignado en el Acta 51, así:
“[…] ORDEN DEL DÍA
NUMERO 050 DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE
MARZO DEL 2024
58
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «ACTA 51 CONCEJO.pdf».
59
Índice 38 del expediente digital del tribunal.
23
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 004, 006, 010, 016, 018, 019, 020 Y
021 Y DE LA 023 A LA 049 DEL 2024.
4. ENTREVISTA A CANDIDATOS ELEGIBLES CONCURSO SECRETARIO
GENERAL 2024.
5. ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL 2024.
6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y MEMORIALES RECIBIDOS.
7. CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 2024.
Leído el orden del día Presidente.
[…]
El señor Secretario general (E) Manifiesta: 4. ENTREVISTA A CANDIDATOS
ELEGIBLES CONCURSO SECRETARIO GENERAL 2024.
El señor Secretario general (E) Manifiesta: Señor Presidente como yo estoy dentro
de los elegibles de la lista para comentarle a todos los Concejales que retiro mi
postulación, entonces para seguir siendo en este momento Secretario general
durante la plenaria.
El señor Presidente Manifiesta: Retirado su postulación y ya como lo han dado a
entender todos los Concejales hoy tenemos la elección del próximo Secretario de la
Corporación, resultados definitivos ponderados del proceso de Secretario Concejo
Municipal de Girardot periodo 2024 de conformidad con lo establecido en la resolución
016 del 2024 de febrero 9 del 2024 por medio del cual se convoca un concurso abierto
de mérito para la elección del Secretario del Concejo Municipal de Girardot para el
periodo 2024, a continuación voy a leer los (sic) las personas que quedaron de
acuerdo al orden voy a llamarlos para la presentación, Yeison Moncada ¿ se
encuentra en la sala?
El señor Secretario general (E) Manifiesta: No señor Presidente.
El señor Presidente Manifiesta: Señor Jorge Correa.
El señor Secretario general (E) Manifiesta: No se encuentra presente Presidente.
El señor Presidente Manifiesta: Bonilla acaba de retirar su postulación, el señor
Eduardo Silva.
El señor Secretario general (E) Manifiesta: No se encuentra presente Presidente.
El señor Presidente Manifiesta: y el Señor German Cardozo se encuentra en la sala
por favor hace la presentación aquí en la, estamos estableciendo Concejal ya la parte
final porque todo ese, ese proceso ya se surtió, entonces tiene el uso de la palabra
señor German Cardozo candidato a ser Secretario General de la Corporación.
El Señor German Cardozo Candidato a Secretario General del Concejo
Manifiesta: Bueno muy buenos días para todos, Honorables Concejales a la mesa
directiva y a todas las personas que están dentro del recinto, aquellas personas que
también por las redes sociales nos siguen y no sin antes empezar darles un cordial
saludo a todas las mujeres hoy en su día, bueno pues mi nombre es German Cardozo
soy Girardoteño tengo treinta y seis (36) años, de profesión soy Administrador de
empresas de la Corporación UNIMINUTO de Dios, postule mi hoja de vida para este
cargo, el cual abrió el Concejo Municipal que es la elección a Secretario General de
la Corporación y pues el día de hoy me encuentro aquí aun participando sin dejar la
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
batalla, la batalla se llega hasta al final y pues creo que la postulación la hago para
que por decisión de ustedes el día de hoy tomen esta elección de tener una persona
nueva dentro de este recinto, dentro de esta Corporación, una persona que es muy
comprometida, una persona que es muy profesional, una persona que
verdaderamente quiere hacer las cosas con humildad, como les dije soy Girardoteño
pero pues no vivo en la parte urbana vivo en la parte rural orgullosamente en las
veredas del norte y para mí sería muy gratificante poder ocupar este puesto que hoy
pues ustedes son los que toman la decisión de otorgarlo, entonces para mí no siendo
más esta es la presentación que tengo el día de hoy, muchísimas gracias.
[…]
El señor Secretario general (E) Manifiesta: 5. ELECCIÓN SECRETARIO
GENERAL 2024.
El señor Presidente Manifiesta: Vamos a colocar la elección, el señor Secretario les
va a dar las boletas para que escriban el nombre y voy a solicitarle a la Concejal
Milena Lugo y a la Concejal hoy por ser el día de la Mujer feliz día a Lina a Daniela a
Yanine a Milena feliz día, que hoy las premien, les den buenos regalos y que las
bañen en felicidad, entonces ahorita el señor Secretario va a llamar uno por uno para
que voten, la comisión escrutadora Milena y la Concejal Daniela parque (sic) nos
ayuden con la comisión escrutadora, ya llame la gente, comience a llamar a cada uno
de los Concejales señor Secretario.
El señor Secretario general (E) Manifiesta: Bautista Prada Jaime Andrés.
El señor Presidente Manifiesta: Tiene la palabra el Concejal Jhonatan Gómez para
abrir para abrir (sic) la postulación, pues no hay si no, no se presente (sic) si no un
solo candidato, pero tiene el uso de la palabra Concejal.
El HC Gómez Parra Jhonatan Manifiesta: Gracias señor Presidente, muy buenos
días para usted a todos los compañeros Concejales, a los miembros de la mesa
directiva, a las personas que se encuentran en el recinto y por supuesto a todos los
Girardoteños que nos ven a través de la fan page (sic), antes de hacer esa postulación
Presidente quiero salirme dos (2) minuticos de la temática y expresar ese mensaje
grato a todas las mujeres ese mensaje de admiración, de respeto, ese mensaje para
todas aquellas mujeres que son las que dan felicidad al mundo y traen felicidad al
mundo en especial a nuestras compañeras Milena Lugo, a la compañera Lina
Cabezas, Daniela la compañera Concejala más joven, a la compañera Yanine Pulido,
a todas las compañeras, en especial a ustedes que hoy hacen parte de este espacio
de decisión política tan importante por el que la (sic) mujeres han luchado durante
mucho tiempo que Dios las llene de muchas bendiciones, éxitos y prosperidad en este
camino difícil pero oneroso en corazón y en bondad. Presidente quiero hacer la
postulación al señor German Cardozo, porque es una persona integra, profesional,
es una persona que representa hoy una comunidad tan importante de nuestro
Municipio como son las veredas del norte además me enorgullece también decir que
es también militante del Partido Colombia Renaciente y sé que si le damos la
oportunidad a él será otro de esos buenos Secretarios que han pasado por nuestra
Corporación, gracias Presidente.
El señor Presidente Manifiesta: Ahora sí señor Secretario por favor empezar a
llamar a los Concejales para que empiecen a votar.
El señor Secretario general (E) Manifiesta: Bautista Prada Jaime Andrés, Cabezas
Pórtela Lina Marcela, Castillo Ramos Yeersainth, Gómez Parra Jhonatan, Hernández
Mayorga Jorge Enrique, Herrera Arias Diego Alejandro, Lugo Suarez Yucely Milena,
Matulevich Ospina Vladimir, Moncaleano Tique Daniela, Moreno Juan Andrés, Ortiz
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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
Arias Camilo Andrés, Ortiz Arias Luis Geovani, Pulido Rodríguez Yanine, Salguero
Hernández Iván Enrique, Serrano Melo Luis Alexander, Presidente ya los quince (15)
Concejales han votado.
El señor Presidente Manifiesta: La comisión escrutadora se acercan.
La H.C. Lugo Suarez Yucely Milena Manifiesta: Quince (15) papeletas, quince (15)
votos, vamos hacer la verificación de las papeletas.
La H.C. Moncaleano Tique Daniela Manifiesta: Uno (1) por German Cardozo, dos
(2) por German Cardozo, uno (1) en blanco, tres (3) por German Cardozo, cuatro (4)
por German Cardozo, cinco (5) por German, seis (6) por German Cardozo, German
Cardozo siete (7), German Cardozo, German Cardozo, Cardozo, Cardozo, German
Cardozo, Cardozo y Cardozo. Catorce (14) catorce votos por German Cardozo y un
(1) en blanco, catorce votos por German Cardozo y un (1) en blanco para un total de
quince (15) votos.
El señor Presidente Manifiesta: Listo muchas gracias, o sea ha sido elegido el señor
German Cardozo como nuevo Secretario de la Corporación Concejo Municipal, señor
Secretario, nuevo Secretario electo de la corporación tiene, usted acaba de ser
elegido Secretario general y por supuesto tiene quince (15) días hábiles para su
posesión, para que adjunte toda la documentación, señor Secretario continue con el
orden del día. […]”. (negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
93. Consta que el concejal Diego Alejandro Herrera Arias en escrito de 1.° de abril
de 202460 solicitó a la mesa directiva del concejo que se abstengan de posesionar
al señor Germán Cardozo Galeano, en el siguiente sentido:
“[…] 1. La ley 1904 de 2018 ordena seguir un procedimiento para elección de dicho
cargo, la cual no se cumplió según lo manifestado por un ciudadano en derecho de
petición radicado en este mes a la corporación y corroborando por el suscrito.
2. se (sic) suscribió por parte de la mesa directiva un contrato de prestación de
servicios entre la fundación universitaria del área andina y la corporación, con el
objeto de “selección para la provisión del secretario general del concejo municipal de
Girardot” en el cual se estableció unos parámetros conforme a la ley 1904 de 2018 y
según lo manifestado por el mismo ciudadano quien radico el derecho de petición. No
se cumplió, circunstancia (sic) también corroboradas por este servidor. Además de
ello existen vicios en este contrato en mención las cuales también las pueden
apreciar.
3. como (sic) si fuera poco lo anterior, ya estando en la entrevista de los elegibles el
señor concejal Jonathan Gómez Parra postuló al señor Cardozo Galeano para ocupar
el cargo, siendo miembro para las pasadas elecciones como candidato al concejo en
el número 13 de la lista del partido Colombia renaciente y habiendo intervenido el Sr
Cardozo Galeano para obtener las curules en el concejo por dicho partido aclaro que,
hago parte del partido del Sr Cardozo y del Sr Jhonatan Gómez Parra, pero no
conocía que mi compañero de partido iba a postular como lo hizo al señor Cardozo.
Por lo anteriormente narrado solicito a ustedes mesa directiva se abstengan de
posesionar al cargo de secretario general al Sr Cardozo Galeano y en su lugar se
corrija las fallas detectadas hasta este momento, para evitar un daño más grande y
una posible denuncia ante la fiscalía general de la nación por un posible prevaricato
[…]”.
60
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «RAD INCONFORM POSESION DAHA.pdf».
26
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
94. Se demostró que el concejo municipal de Girardot expidió la Resolución 025 de
1.° de abril de 202461, mediante la cual se modificaron los artículos 4. y 8. de la
Resolución 016 de 9 de febrero de 2024 (referentes a las etapas para adelantar la
convocatoria pública y el cronograma del proceso) y se ordenó revocar el acto de
entrevista y la elección realizada el 8 de marzo de 2024. Como resultado de lo
anterior, las actuaciones administrativas se retrotrajeron a la etapa de conformación
de la lista de preseleccionados.
95. Según la citada resolución en el procedimiento adelantado para proveer el cargo
de secretario para la vigencia 2024 “[…] se efectuó la etapa de “Ponderación de
resultados”, la cual omitió el término y procedimiento de publicidad que dispone el
parágrafo del artículo 6° de la Ley 1904 de 2018, “Por la cual se establecen las
reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la
República por el Congreso de la República” (aplicado por analogía a la presente
convocatoria). […]”. El acto referido, en su parte resolutiva, señaló:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el artículo 4° de la RESOLUCIÓN No. 016
DE 2024, del 09 de febrero de 2024, “POR MEDIO DE LA CUAL, SE CONVOCA A
CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT PARA EL PERIODO
2024”, el cual quedará así:
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 8° de la RESOLUCIÓN No. 016 DE
2024, del 09 de febrero de 2024, “POR MEDIO DE LA CUAL, SE CONVOCA A
CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT PARA EL PERIODO
2024”, el cual quedará así:
[…]
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con la parte motiva del presente acto, y con
fundamento en el consentimiento previo expreso de revocatoria dispuesto en el
artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, REVÓQUESE el acto de entrevista y elección al
cargo de Secretario General de la vigencia 2024 que se llevó a cabo en sesión
plenaria del Concejo Municipal del pasado 08 de marzo de 2024, en donde se
entrevistó al participante CARDOZO GALEANO GERMAN, quien se identifica con la
C.C. […], el cual fue elegido por parte del H. Concejo Municipal y se eligió como
Secretario General de la corporación para la vigencia 2024, basados en los principios
de legalidad y buena fé (sic) administrativa; dado que los Honorables concejales y en
especial la Mesa Directiva de la corporación desconocían que se debían atender los
términos y disposiciones del parágrafo único del artículo 6, y artículos 7 y 9 de la Ley
1904 de 2018, “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa
a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la República”.
61
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 4° Y 8° DE LA RESOLUCIÓN No. 016 DEL 09 DE
FEBRERO DE 2024 “POR LA CUAL SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE MERITOS LA SELECCIÓN DEL
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT PARA EL PERIODO 2024”, Y SE ORDENA REVOCAR Y
RETROTRAER UNAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS DENTRO DEL PROCESO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT
(CUNDINAMARCA) PARA EL PERIODO 2024 […]”. Índice 2 del expediente digital del tribunal. «Resolucion-025-revocatoria-
actuaciones-concurso-secretario.pdf».
27
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
PARÁGRAFO ÚNICO: Como consecuencia de lo anterior, las actuaciones
administrativas de la presente convocatoria se retrotraerán a la etapa de
“Conformación de preseleccionados y publicación durante 5 días hábiles y
recepción de observaciones por parte de la comunidad”, de conformidad a la
modificación efectuada en los artículos 1° y 2° del presente acto. […]”. (negrilla y
subrayado del texto).
96. Posteriormente, dentro del proceso de selección y como resultado de lo anterior,
se adelantaron las siguientes actuaciones: i) a través de la Resolución 027 de 1.°
de abril de 202462, se designó una comisión accidental para definir la lista de
elegibles; ii) el 2 de abril de 2024, se publicó el listado de preseleccionados, en el
cual aparece el señor Germán Cardozo Galeano; iii) la Mesa Directiva del concejo
municipal, a través de la Resolución 028 de 9 de abril de 202463, fijó el cronograma
para proveer el cargo de secretario; iv) el 12 de junio de 2024, se publicó la lista de
elegibles64 en la cual aparece el señor Germán Cardozo Galeano; v) el 21 de junio
de 2024, el referido ciudadano presentó escrito de renuncia a su candidatura,
aduciendo motivos personales y; vi) el 25 de junio de 2024, se efectuó la elección
del señor Andrés Bonilla Moreno como secretario del concejo para la vigencia del
202465.
97. Según se indicó, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el
legislador previó un catálogo de conductas que generan un conflicto de interés para
todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular, con el propósito de
lograr la moralización, la idoneidad, la probidad, la imparcialidad y la eficacia como
principios que deben gobernar el ejercicio de la función pública y una de las formas
en que se materializa este interés se encuentra prevista en el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437.
98. El interés resulta directo, esto es, encuentra su fuente en el ejercicio de una
función que le fue encomendada a la concejal. Asimismo, resulta actual e inmediato,
porque concurría al momento en que la accionada participó en la elección para
proveer el cargo de secretario general en la sesión de 8 de marzo de 2024, en cuya
lista se encontraba el señor Germán Cardozo Galeano, compañero de lista por el
mismo partido político en las elecciones al concejo municipal para el período
constitucional 2024-2027.
99. Así las cosas, se presentó en la señora Yuceli Milena Lugo Suárez una pugna
entre el interés partidista con el general que debe privilegiarse en el ejercicio de sus
funciones como concejal, de tal manera que tenía el deber de manifestar su
impedimento ante la corporación pública para evitar que su participación en la
sesión en la que tuvo lugar la elección del secretario se realizara contraviniendo los
principios de transparencia, objetividad e igualdad entre los participantes y
candidatos, y así evitar que su participación en este proceso electoral: i) rompa el
62
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «Resolucion-027--comision-accidental.pdf».
63
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «RESOLUCION 028 DEL 2024.pdf»
64
Índice 2 del expediente digital del tribunal. «LISTA ELEGIBLES JUNIO 12-2024.pdf»
65
Índice 24 del expediente digital del tribunal. «RECIBEMEMORIAL_ACTAORDINARIA095DEL2(.pdf) NroActua 24.»
28
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
equilibrio institucional y; ii) genere desequilibrios en la contienda para proveer el
cargo de secretario.
• Que la concejal participe efectivamente del respectivo trámite, sin
haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido
recusada para los efectos en un asunto de su competencia
100. La concejal Yuceli Milena Lugo Suárez participó en la sesión plenaria de 8
de marzo de 2024, en la cual se efectuó la entrevista y el acto de elección del
secretario general para la vigencia 2024, según consta con el Acta 051,
contestando el llamado a lista, contribuyendo a la conformación del cuórum
decisorio y votando por quien había sido su compañero de lista, sin haber
manifestado su impedimento.
101. Los concejos municipales, por mandato expreso del artículo 313 de la
Constitución Política, en armonía con el artículo 32 de la Ley 136, modificado por
el artículo 19 de la Ley 1551 de 6 de julio de 201266 ejercen funciones normativas,
de control político, electorales y administrativas. En este sentido, conforme lo ha
indicado la Sala Plena y esta Sección el conflicto de interés no se circunscribe a
asuntos de naturaleza normativa, sino también a otras materias como las de
naturaleza electoral67.
102. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia “[…] el impedimento no solo puede
darse cuando se trate del ejercicio de las funciones puramente legislativas del
Congreso sino cunado de trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las electorales.
[…]”68.
103. Frente a la circunstancia relativa a que la elección del secretario se efectuó a
través de la votación secreta, esta situación no hace desaparecer el conflicto de
interés. En efecto, la constatación del conflicto de interés se da por la participación
o votación en el trámite de los asuntos sometidos a consideración del servidor
público, sin que interese el sentido del voto en el trámite respectivo, pues de
conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política “[…] Los congresistas
deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter
moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos
sometidos a su consideración. […]”. (negrilla fuera del texto).
104. Por lo tanto, el régimen de conflicto de intereses censura la participación,
votación, intervención o adopción de decisiones por parte del servidor público en
los asuntos relacionados con sus funciones, cuando se presente una situación que
configure la violación del régimen de conflicto de intereses, sin que sea posible
66
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
67
Sobre el particular: Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 10 de noviembre de 2009, expedientes Acumulados
No. 2008-01180 y 2008- 01367; C.P. Dra Marta Teresa Briceño de Valencia.
68
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de noviembre de 2016, CP: María
Elizabeth García González, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI).
29
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
tener en cuenta el sentido en que se participe, vote, intervenga o adopte una
decisión69.
105. Una interpretación en tal sentido haría desaparecer el sentido de la causal y
con ello poner en riesgo las finalidades que persigue proteger esta institución como
son los principios de imparcialidad, la transparencia y la moralidad.
106. Así las cosas, al haberse demostrado el elemento objetivo, la Sala entrará a
analizar el elemento subjetivo de la conducta.
II.7.2. El estudio del aspecto subjetivo
107. El artículo 1. de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. de la Ley 2003,
establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura “[…] es un juicio
de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas
que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”. Para
establecer el grado de responsabilidad es necesario demostrar el dolo o la culpa
grave.
108. La Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-424 de 201670 indicó que
en los procesos de pérdida de investidura queda proscrita la responsabilidad
objetiva, toda vez que se trata de un juicio de naturaleza sancionatoria que debe
estar gobernado por los principios que forman parte integrante del debido proceso:
“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios
que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo
un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada
en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico
(principio de antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez
de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento
de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se
configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia
que permita descartar la culpa […]”. (negrilla fuera del texto).
69
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2025, MP:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado núm.: 50001-23-33-000-2024-00175-02.
70
Corte Constitucional, SU 424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
30
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
109. La jurisprudencia del Consejo de Estado, desde la sentencia de 25 de mayo de
2017 se ha ocupado de definir los parámetros que deben tenerse en cuenta en el
estudio de la culpabilidad en procesos de pérdida de investidura, los cuales fueron
reiterados en la sentencia de 19 de abril de 202171, cuyos apartes más relevantes
merece la pena transcribir:
“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura
124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra
de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección popular] que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]” (Destacado fuera de
texto).
[…]
126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que
debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus
puniendi del Estado […]”.
127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se
configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).
[…]
130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta
pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía
saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar
su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado núm.: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).
31
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
La conducta dolosa o gravemente culposa
133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.
134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -
en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses- se encontraba prohibida por
la Constitución Política y la ley.
135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención
en la misma.
136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”. (negrilla del
texto y subrayado fuera del texto).
110. A partir de los anteriores lineamientos, el estudio del aspecto subjetivo exige
analizar tanto los hechos como la ilicitud de la conducta, es decir, se debe
determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico. Así las cosas, pueden presentarse dos hipótesis.
111. La primera de ellas, si se comprueba que el demandado conocía plenamente
que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, se
estaría en presencia de una situación de total intención en la realización de esta,
por ende, de un grado de culpabilidad a título de dolo. La segunda hipótesis, cuando
la persona no conozca la ilicitud de la conducta pero que, en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante
un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.
112. Además de ello, el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse según
las condiciones personales del sujeto, el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon y los actos realizados para conocer dicho marco
normativo, entre ellos, solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración de
la conducta, para determinar si se obró o no con el cuidado requerido y definir si la
conducta del infractor de la norma fue dolosa o gravemente culposa o, si, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de
su actuar.
113. Por otro lado, existen situaciones que pueden justificar la configuración de la
conducta prohibida porque se actúa bajo el amparo de la buena fe cualificada, por
ejemplo: i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima y; ii)
cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y este le aconseja mal, ello
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura.
32
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
114. En el presente caso, la parte accionada alegó que existen las siguientes
circunstancias que demuestran que no se configuró el elemento subjetivo:
115. i) El artículo 11 de la Ley 1437 no resulta aplicable porque la función electoral
no es un procedimiento administrativo y, además, la participación de la accionada
se dio en una convocatoria pública, precedida de un concurso de méritos y la
elección se realizó con un único aspirante de la lista de elegibles, situaciones que,
según la concejal, descartan la posible afectación a los principios de transparencia
y objetividad que puedan contraponerse al interés general.
116. ii) La mesa directiva del concejo municipal ordenó revocar la entrevista y el acto
de elección del secretario general efectuada el 8 de marzo de 2024; después, como
resultado de ello se publicó una nueva lista de elegibles, en la cual figuraba, en
principio, el señor Germán Cardozo Galeano, quien presentó su renuncia el 21 de
junio de 2024.
117. iii) La concejal acudió a la asesoría de una abogada experta, quien conceptuó
acerca de que el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 no resulta aplicable a
procesos electorales que se rigen por concurso de méritos, por mandato expreso
del artículo 126 de la Carta Superior.
118. Estas circunstancias serán analizadas en el abordaje del aspecto subjetivo,
conforme pasa a explicarse a continuación:
“[…] la función electoral no es un procedimiento de carácter administrativo;
la participación de la accionada en la elección del secretario se dio en el
marco de una convocatoria pública, la cual estuvo precedida de un concurso
de méritos y esta se surtió respecto de un único aspirante o candidato de una
lista de elegibles […]”.
119. Para resolver este punto, debe resaltarse que de conformidad con el inciso final
del artículo 39 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 72, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales son corporaciones
administrativas de elección popular que cumplen las funciones que les señalan la
Constitución Política y la ley. Además, la jurisprudencia previamente citada ha
señalado que la función asignada a las corporaciones públicas de elección popular
relacionadas con la elección de funcionarios constituye un procedimiento
administrativo especial y, por ende, son aplicables las disposiciones del artículo 11
de la Ley 1437, sobre impedimentos.
120. La Sala no comparte los argumentos de la accionada y la tesis del Ministerio
Público rendida a lo largo del proceso, en cuanto consideran que las causales de
impedimento previstas en el artículo 11 de la citada codificación no resultan
72
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. […]”.
33
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
aplicables porque desde un entendimiento sistemático y armónico del conjunto de
estas disposiciones resulta posible acudir a esta remisión normativa, por virtud de
lo dispuesto en el inciso final de la Ley 1437.
121. En tal virtud, como lo ha precisado la jurisprudencia, el artículo 11 de la Ley
1437 enumera las causales de impedimento y recusación de los servidores
públicos, categoría dentro de la cual se encuentran cobijados los concejales, de
conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política, y estos, en su condición
de tales, le asiste el deber de declararse impedidos en las situaciones definidas por
el legislador.
122. Por otro lado, la circunstancia de que en el proceso de designación de un
secretario medie una convocatoria pública o que la elección se haya realizado con
un único aspirante de la lista de elegibles no descartan el surgimiento de un conflicto
de interés, porque si bien el concurso está diseñado para garantizar que el proceso
de selección se adelante con sujeción a los principios de publicidad, transparencia,
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, ello no impide que
se puedan presentar situaciones en las cuales los concejales tengan interés
personal, directo y actual y, por esta razón, se vean impelidos a expresar las
razones que les impida participar en la toma de decisión con la ponderación que se
exige y en defensa del interés general, la justicia y el bien común.
123. Esta Sección, en otras oportunidades como las sentencias de 13 de marzo de
2025 y de 28 de agosto de 2025, antes referidas, se señaló que el deber de
manifestar el impedimento surge al margen de que el acto de elección se encuentre
precedido de un concurso de méritos o incluso de que la elección se deba surtir con
un único aspirante de la lista de elegibles, toda vez que el régimen de impedimentos
y recusaciones “[…] constituyen garantía irrestricta de la prevalencia del interés
general sobre el particular […]”.
“[…] La mesa directiva del concejo municipal ordenó revocar la entrevista y
el acto de elección del secretario general efectuada el 8 de marzo de 2024, y,
además, el señor Germán Cardozo Galeano presentó su renuncia el 21 de
junio de 2024 […]”.
124. En el presente caso, se encuentra probado que, mediante la Resolución 025
de 1.° de abril de 2024, se ordenó revocar la entrevista y el acto de elección del
señor Germán Cardozo Galeano y, como resultado de ello, se elaboró una nueva
lista de preseleccionados y el referido ciudadano fue incluido en la nueva lista de
elegibles. Igualmente, antes de elegir al nuevo secretario según el cronograma
previsto, este presentó escrito de renuncia.
34
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
125. La Sala encuentra que esta Sección, en sentencias de 13 de marzo de 202573
y de 2 de mayo de 202574, abordó idéntico motivo al ahora planteado, encontrando
que el hecho de que se haya producido la revocatoria de la elección del secretario
y la renuncia posterior del señor Germán Cardozo Galeano a su postulación no
desvirtuaba, per se, la configuración de la causal de pérdida de investidura.
126. Así en el fallo de 13 de marzo de 2025 la Sección indicó lo siguiente:
“[…] 96. Ahora bien, no desconoce la Sala: i) el escrito presentado el 1.° de abril de
2024, en el cual el Concejal solicitó que se abstenga de posesionar a German
Cardozo Galeano, toda vez que “[…] habiendo intervenido el Sr Cardozo Galeano
para obtener las curules en el concejo por dicho partido aclaro que, hago parte del
partido del Sr Cardozo y del Sr Jhonatan Gómez Parra, pero no conocía que mi
compañero de partido iba a postular como lo hizo al señor Cardozo […]”; ii) que
Germán Cardozo Galeano en su testimonio hubiese indicado que nunca tuvo un
vínculo personal con el Concejal; iii) que mediante Resolución de 1.° de abril de 2024
se revocó “[…] el acto de entrevista y elección al cargo de Secretario General de la
vigencia 2024 que se llevó a cabo en sesión plenaria del Concejo Municipal del
pasado 08 de marzo de 2024, en donde se entrevistó al participante CARDOZO
GALEANO GERMAN, quien se identifica con la C.C. […], el cual fue elegido por parte
del H. Concejo Municipal y se eligió como Secretario General de la corporación para
la vigencia 2024 […]” y se fijó un nuevo cronograma a partir del 2 de abril de 2024; y
iv) que Germán Cardozo Galeano renunció al proceso de selección el 21 de junio de
2024, lo cierto es que no logran justificar el incumplimiento de la obligación que
tenía de conocer el ordenamiento que regula el acceso, ejercicio y permanencia
en el cargo de elección popular para el que aspiró y fue elegido; tampoco están
dirigidas a demostrar acciones del Concejal tendientes a superar un error, en la
medida que:
96.1. Mediante el medio de control de pérdida de investidura no es procedente
cuestionar la legalidad de decisiones adoptadas por los concejales del municipio de
Girardot, en razón a que este tiene por objeto, en atención a su naturaleza
sancionatoria, el juzgamiento de la conducta de los miembros de las corporaciones
de elección popular75.
96.2. A pesar de que se revocó el acto de entrevista y elección al cargo de Secretario
General de la vigencia 2024 del proceso de selección, y que conforme el nuevo
cronograma se reanudó a partir del 2 de abril de 2024, son hechos posteriores a la
configuración del elemento objetivo de la causal, la cual, se reitera, no fue objeto del
recurso de apelación. […]”.
127. Para la Sala, resulta irrelevante para la configuración del conflicto de interés el
hecho de que se hubiera ordenado rehacer la actuación administrativa o que el
señor Germán Cardozo Galeano haya renunciado, toda vez que estos hechos son
posteriores al momento en el cual la accionada faltó al deber de manifestar su
impedimento para participar en la elección para elegir a quien había sido su
compañero de lista por el mismo partido en la contienda electoral realizada en el
2023.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 13 de marzo de 2025, radicado núm.: 25000 23 15 000 2024 00769 01.
74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 2 de mayo de 2025, radicado núm.: 25000 2315 000 2024 00502 01-
75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 50001 23 33 000 2024 00029 01
35
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
128. Resulta indiscutible, entonces, que a pesar de que se presentó la revocatoria
del acto de elección y la renuncia del señor Germán Cardozo Galeano, la accionada
sí intervino en el asunto que le fue encomendado por la Constitución Política y la
Ley y le era exigible manifestar su impedimento a fin de evitar que la participación
en ese asunto i) rompa el equilibrio institucional y; ii) genere desequilibrios en la
contienda para proveer el cargo de secretario.
“[…] La concejal acudió a la asesoría de una abogada experta, quien
conceptuó acerca de que el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 no
resulta aplicable a procesos electorales que se rigen por concurso de méritos,
por mandato expreso del artículo 126 de la Carta Superior […]”
129. La concejal, a lo largo del proceso, argumentó que actuó bajo la convicción de
no estar incursa en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de interés porque acudió a la asesoría de una profesional del derecho,
el cual contiene una exposición clara y razonable de los motivos por los cuales se
consideró que no había lugar a que manifestara su impedimento; igualmente, se
fundamentó en la jurisprudencia aplicable en la materia y no fue tachado de falso.
130. Sobre este punto, se debe recordar que la Sala76, en relación con los conceptos
y las asesorías jurídicas ha señalado lo siguiente:
“[…] (iii) No es cualquier gestión la que permite demostrar diligencia y cuidado por
parte de quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de
pérdida de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado
una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente, como se indicó en líneas atrás,
el análisis de la culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la
obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado.
Además, en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades públicas,
cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas requeridas a
profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta y
completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la
documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud
que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos
motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de
investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y
asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo
tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura […]”. (negrilla fuera del texto).
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI).
36
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
131. Alrespecto, la apoderada de la accionada aportó el siguiente concepto
elaborado por la señora Flor Nirsa Muñoz77, en el cual se indicó lo siguiente:
“[…] Bogotá, marzo de 2024
Respetada señora. Cordial saludo,
En relación con su consulta, en la que, de manera concreta, solicita que de forma
puntual le señale si, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, aplica la circunstancia
prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, cuando se trata de
un procedimiento electoral que se rige por concurso de méritos, he de manifestarle
rotundamente que NO, pues, precisamente, el hecho de estar ante un concurso de
méritos hace que, en todo caso, y es, en TODO CASO, el elector o nominador
TENGA que sí o sí designar a quien obtenga el primer puesto. En estos eventos no
hay elección, sino designación.
Ello es así, desde la óptica de lo previsto en el artículo 126 de la Carta Política,
modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, a cuyo tenor:
“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular,
ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos
estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con
personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan
en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en
cargos de carrera.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una
convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia,
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su
selección.
Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista,
no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro
de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año
después de haber cesado en el ejercido <sic> de sus funciones:
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Magistrado de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del
Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General
de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y
Registrador Nacional del Estado Civil” (la negrilla es mía).
Tal disposición constitucional, en mi sentir, no amerita ninguna posibilidad
interpretativa.
77
Índice 12 del expediente digital del tribunal. Enlace https://drive.google.com/drive/folders/1hBfVD7o-
20rS0PnYp9C6n_ztpIr898w5?usp=drive_link.
37
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
En los anteriores términos, rindo el concepto solicitado.
Atentamente,
Flor Nirsa Muñoz.
[…]
Abogada […]”. (negrilla y subrayado del texto).
132. De los apartes transcritos, la referida asesoría llega a la conclusión de que el
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 no resulta aplicable cuando se trata de
un procedimiento electoral que se rige por concurso de méritos dado que en esta
clase de procesos se debe designar a la persona que ocupe la primera lista de
elegibles. A juicio de la citada profesional, no se trata de una elección en sentido
estricto sino de una designación que obedece al resultado del mérito.
78
133. Según se indicó, la jurisprudencia ha desarrollado una línea pacífica en el
sentido de señalar que no cualquier gestión permite demostrar la diligencia y
cuidado y, en consecuencia, los conceptos para que actúen como eximentes de
responsabilidad deben contener una serie de exigencias, a saber: i) consultar la
jurisprudencia; ii) contener una formulación correcta de las preguntas; iii) incluir
apreciaciones conclusivas y; iv) contener criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración.
134. La Sala considera que el concepto elaborado por la abogada Flor Nirsa Muñoz
no cumple con las exigencias jurisprudenciales supra, por las siguientes razones:
135. El concepto omite analizar la jurisprudencia de la Sección Primera, vigente para
la época de los hechos y citada a lo largo de esta providencia, la cual ha señalado
que los procedimientos relacionados con la elección de funcionarios a cargo de las
corporaciones públicas -como sucede con la elección de secretarios- son
procedimientos especiales a los cuales resulta aplicable la causal de impedimento
prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, y el hecho de que el
procedimiento esté diseñado para proveer el cargo con la persona o candidato que
ocupe el primer lugar dentro de la lista de elegibles no hace desaparecer el interés.
136. En efecto, desde la sentencia de 19 de septiembre de 2019, la jurisprudencia
ha sido pacífica en relación con este aspecto, motivo por el cual no cumple con el
primer estándar de exigencia.
78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia
de 11 de marzo de 2021, radicado núm.: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 2 de mayo de 2025, radicado núm.: 25000
2315 000 2024 00502 01.
38
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
137. Igualmente, el referido concepto omite analizar la jurisprudencia que ha
señalado que el régimen de conflicto de intereses cobija todas las funciones a cargo
de los concejos, como las de tipo normativo, de control político y también las
electorales y esta última debe adelantarse con sujeción a los principios de
transparencia, imparcialidad y moralidad.
138. Por otro lado, el concepto se soporta en dispuesto en el artículo 126 de la
Constitución Política, para lo cual la Sala considera pertinente efectuar las
siguientes precisiones:
139. El artículo 126 de la Constitución Política encierra dos prohibiciones: i) “[…] la
prohibición aplicable a los servidores públicos para que, en ejercicio de sus
funciones, nombren, postulen, o contraten con personas con las cuales tengan
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero
civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente[…]79”; y (ii) “[…]
la prohibición para nombrar o postular como servidores públicos, o celebrar
contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o
designación, o con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados
en la hipótesis anterior […]80”. Además, la referida norma estatuye una excepción
a la prohibición relacionada con “[…] los nombramientos que se hagan en aplicación
de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.
[…]”.
140. Para la Sala, de esta norma no se advierte que el propósito del constituyente
sea el excluir la existencia del conflicto de intereses a los servidores públicos que
participen en los procesos de elección de los secretarios, ni tampoco el de atenuar
la existencia de un conflicto de interés cuando se trata de procesos de elección de
los servidores públicos a cargo de las corporaciones realizados mediante
convocatoria pública.
141. En síntesis, la asesoría no contiene consideraciones concluyentes soportadas
en la jurisprudencia a partir de las cuales se desprendiera un convencimiento
justificado, defendible y razonable en la accionada de que su participación en la
elección del secretario general no generaba ningún conflicto de interés.
142. Igualmente, la defensa de la concejal aportó en el escrito de contestación de la
demanda, el concepto elaborado por el abogado Juan Andrés Urrea Hernández81,
en el cual se concluyó lo siguiente:
79
Corte Constitucional, sentencia C- 305 de 2021. Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantill
80
Ibidem.
81
Índice 12 del expediente digital del tribunal. Enlace https://drive.google.com/drive/folders/1hBfVD7o-
20rS0PnYp9C6n_ztpIr898w5?usp=drive_link.
39
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
“[…] 4. CONCLUSIONES
• Una vez adelantado el estudio jurídico legal de la consulta, se encuentra que, para
el trámite de elección del señor Secretario General del Concejo municipal de
Girardot, de acuerdo con la información conocida por el suscrito, no serán
aplicables las causales de Recusación, Conflicto de Interés y/o Impedimento
contenidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 al tratarse de una actuación
netamente electoral, en ejercicio propio y natural de los Cabildantes y sus misiones
deliberativas de control, trabajo y debate político que no comporta de ninguna
manera una actuación administrativa.
• La eventual configuración de un conflicto de interés particular y directo de alguno
de los Cabildantes resulta casi imposible, ya que, al ser un ejercicio en esencia
electoral como integrantes del cuerpo político colegiado de coadministración del
municipio de Girardot, de ninguna manera le son aplicables las restricciones de,
“Conflicto de Interés y Causales de Recusación y/o Impedimento” contenidas en el
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 ya que no están frente a una “Actuación
Administrativa” donde sí prevalece la simple expresión de la voluntad de la
administración derivada del simple ejercicio de funciones administrativas; con
mayor razón, al no asignarse un puntaje por parte de los Concejales a los aspirantes
al cargo de Secretario General.
• La condición especial de Concejal que se ostenta, deberá tener en cuenta las
previsiones contenidas en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que, al ser una
norma de aplicación especial, regula la actividad de los Cabildantes frente a la
configuración de un posible conflicto de interés directo en las decisiones porque le
afectan de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente,
o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá
declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas, lo que
debe tener necesariamente una afectación o beneficio propio del Concejal o de los
parientes o cercanos referidos; sin embargo, de lo relatado al momento de la
consulta, no se advierte la presencia de alguna de las situaciones de la norma, que
conlleve a la separación de los concejales de los asuntos a su cargo relacionados
con la elección de Secretario, como lo es la entrevista de los candidatos.
De este modo, para el suscrito profesional, no se advierte razón alguna que
involucre un conflicto de intereses de los actuales concejales para la realización de
la entrevista a los aspirantes a secretario general, por lo que, no se encuentra razón
alguna para manifestarse impedidos o apartarse de ello. […]”. (negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).
143. Sobre el particular, la Sala encuentra que este concepto está dirigido al concejal
Jonathan Gómez Parra y no analiza la situación particular de la accionada, por lo
que difícilmente pudo generar un convencimiento justificado, defendible y razonable
en la concejal Yuceli Milena Lugo Suárez.
144. Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que esta Sala de Sección en
sentencia de 2 de mayo de 202582 analizó la idoneidad del mismo concepto
elaborado por el referido profesional del derecho Juan Andrés Urea Hernández y
dirigido al concejal de Girardot, Jonathan Gómez Parra, considerando que no
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de mayo de 2025, CP: Nubia
Margoth Peña Garzón, radicado núm.: 25000-2315-000-2024-00502-01.
40
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
correspondía a“[…] un estudio serio, completo e integral de las normas y de la
jurisprudencia aplicables […]”, al señalar:
“[…] Luego de someter el referido concepto al análisis de idoneidad antes expuesto
por la Sala, se evidencia que el mismo no corresponde a un estudio serio, completo
e integral de las normas y de la jurisprudencia aplicables, pues partió del yerro de
considerar que no eran aplicables las causales de impedimento y recusación,
contenidas en el artículo 11 de la Ley 1437, al tratarse de una actuación netamente
electoral, a pesar de que no existía duda en aplicación de esa normatividad y que la
jurisprudencia de esta Sección, vigente para la época de los hechos, era clara en
relación con ello y al punto que se discute para la configuración de la causal de
pérdida de investidura alegada.
En efecto, dicho concepto no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Sección Primera
del Consejo de Estado, juez natural, en segunda instancia, de los procesos de pérdida
de investidura de los concejales, entre ellas, la sentencia de 19 de septiembre de
201983, en la que la Sala al decretar la pérdida de investidura de unos concejales del
municipio de Zambrano (Bolívar), para el período 2016-2019, por encontrar
demostrado el conflicto de intereses derivado de la causal de impedimento prevista
en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437, precisó acerca de la aplicación de las
causales de impedimento y recusación, contenidas en la Ley 1437, de la siguiente
manera:
[…]
Así las cosas, para la Sala la recomendación jurídica vertida en el concepto emitido
por el abogado JUAN ANDRÉS URREA HERNÁNDEZ no contenía medianos
criterios de idoneidad ni sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que
era ilógico que se desprendiera un convencimiento justificado, defendible y razonable,
por parte del concejal accionado, de no estar incurso en una conducta constitutiva de
una pérdida de investidura por conflicto de intereses.
Asimismo, se observa que la conducta del accionado tampoco está justificada en la
buena fe calificada, por las razones que la jurisprudencia de la Sala ha reiterado.
Aunque, al tenor del artículo 9º del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve para
excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales sí se configura
una razón que puede justificar la conducta prohibida, porque implican que el
accionado actúa con buena fe calificada y en presencia de un error invencible,
verbigracia: (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y
luego modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima; y
(ii) cuando, precisamente, para evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un
profesional idóneo y éste le aconseja mal, ello siempre y cuando no haya claridad en
relación con el punto que se discute para la configuración de la causal de pérdida de
investidura, dado que si ésta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de
solicitar un concepto84. […]”. (negrilla y subrayado del texto)
145. Tal y como lo indicó esta Sala de Sección en dicha providencia, la conclusión
formulada en este concepto en cuanto señala que no resulta aplicable la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437, bajo
el entendido de que la elección de los secretarios constituye un acto electoral y no
83
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).
84
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de noviembre de 2021, C.P.
Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2020- 00302-01.
41
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
una función administrativa resulta contraria a la jurisprudencia armónica de esta
Sección que ha señalado que los procedimientos relacionados con la elección de
funcionarios a cargo de las corporaciones públicas municipales y distritales son
procedimientos administrativos especiales, y que, en aquellos eventos en los que la
reglamentación especial nada señala, especialmente, sobre los impedimentos y
recusaciones, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2. que señala
que las normas previstas en la citada codificación se aplicarán “[…] en lo no previsto
[…]” en las normas especiales.
146. Por las razones expuestas, la Sala considera que la conducta de la concejal
Yuceli Milena Lugo Suárez fue gravemente culposa, toda vez que a pesar de la
claridad del supuesto normativo de la referida norma omitió dirigir su conducta en
dicho sentido y tampoco se demostró que su actuar estuvo amparado en la buena
fe calificada proveniente de un error invencible.
147. Con fundamento en las razones expuestas y al encontrarse demostrados los
elementos objetivos y el subjetivo de la causal prevista en el numeral 2. del artículo
55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia
con los artículos 70 de la Ley 136 y el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437,
esto es, por violación del régimen del conflicto de intereses, la Sala revocará la
sentencia de 24 de febrero de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, decretará la pérdida de investidura
de la señora Yuceli Milena Lugo Suárez, quien resultó elegida concejal del
municipio de Girardot, para el período constitucional 2024-2027.
II.8. Conclusiones
148. En el presente caso se demostró que la accionada incurrió en la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses invocada
en la solicitud de pérdida de investidura, motivo por el cual se revocará la sentencia
de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de febrero de 2025 proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura de la señora Yuceli Milena Lugo
Suárez, concejal del municipio de Girardot (Cundinamarca), elegida para el período
constitucional 2024-2027.
42
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00896-01
Accionante: Félix Sneider Delgado Camacho
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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