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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00486-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00486-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00486-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00486-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: COMERCIALIZADORA RENOLMOTORS LTDA.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. SE ENCUENTRA
JUSTIFICADA LA DEMORA EN EL PAGO DEL PRECIO DE LA
INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE LA ERU POR AUSENCIA DE
CLARIDAD SOBRE EL NÚMERO RADICADO DEL PROCESO EN EL
CUAL SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL BIEN EXPROPIADO Y A FAVOR
DEL CUAL DEBÍA REALIZARSE LA CONSIGNACIÓN DEL DINERO. LA
SENTENCIA RECURRIDA SÍ REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LOS
VALORES COMERCIALES DEL INMUEBLE EXPROPIADO,
ESTABLECIDOS EN EL AVALÚO ELABORADO POR EL IGAC, COMO EN
EL DICTAMEN PERICIAL REALIZADO POR EL INGENIERO CARLOS
ROBERTO PEÑA. DICHO DICTAMEN NO DESCARTA LOS VALORES DE
LOS PRECIOS INDEMNIZATORIOS DEL BIEN EXPROPIADO,
ESTABLECIDO EN EL AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR EL IGAC.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 20 de marzo de 2014, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “A”1, por medio de la cual se denegaron las pretensiones

de la demanda.

1
En adelante el Tribunal.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00486-01
Actora: COMERCIALIZADORA RENOLMOTORS LTDA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad COMERCIALIZADORA RENOLMOTORS LTDA.,

en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, mediante

apoderada, presentó demanda contra la EMPRESA DE

RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ-ERU2, en

la que formuló las siguientes pretensiones:

“[…]

1) Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 236 de
noviembre 8 de 2011 y 289 de diciembre 5 de 2011 expedidas por
la Dirección Técnica de Predios de la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA DE BOGOTÁ D.C., mediante las cuales ORDENAN Y
CONFIRMAN la expropiación del bien ubicado en la AK 14 No. 24A -
30 LC identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-784627 de
la ciudad de Bogotá con cédula catastral 24A 13ª 24 1 CHIP
AAA0029HPXS conforme al registro topográfico 38224 de julio de
2009 que fuera de propiedad de la sociedad COMERCIALIZADORA
COLMOTORS LTDA identificada con el Nit Número 860.514.831-0.

2) Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C., a pagar el
valor del terrero al justo precio, el valor de la construcción, el valor
del daño emergente y el valor el lucro cesante dejados de reconocer
a mi poderdante, COMERCIALIZADORA COLMOTORS LTDA
representada por el señor JAIME ABONDANO VARGAS como lo
establece la Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998, Resolución 620
de 2008, sentencia C-1074 de 2002 y sentencia C-476 de 2007.

2
En adelante el ERU.

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Actora: COMERCIALIZADORA RENOLMOTORS LTDA

3) Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a
la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C., a reconocer
y pagar a la actora COMERCIALIZADORA COLMOTORS LTDA o a
quien represente sus derechos, todas las sumas correspondientes a:

a) Terreno 201.03 m2 a un valor de $2.000.000 METRO
CUADRARO para un total $402.060.000 (CUATROCIENTOS
DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE).
b) El daño emergente está incluido en el costo de reposición del
inmueble a nuevo o el costo re reconstrucción del mismo que
corresponde a un valor de $402.060.000 (CUATROCIENTOS
DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE), el cual
corresponde al costo total de recuperar el predio bajo el
concepto de reposición a nuevo por ser un bien de interés
cultural; mas el valor del desarme, empaque, cargue,
transporte, descargue, armado y bodegaje seis (6) meses por
la suma de $20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS
MCTE). Gastos de escrituración $3.000.000 (TRES MILLONES
DE PESOS MCTE).
c) Lucro cesante en la suma de un millón ochocientos mil pesos
$1.800.000 que corresponde a los daños y perjuicios causados
con el cierre intempestivo de local comercial, cuyo
arrendatario cancelaba un canon mensual de $300.000.

[…]

4) Daños y perjuicios con la actitud arbitraria de la ERU en el cierre
intempestivo del predio, corte de los servicios y no dejar sacar los
materiales de propiedad de la Comercializadora en la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100.000.000).

5) Teniendo en cuenta los tres numerales anteriores, condenar a la
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C., a pagar la
indexación correspondiente, desde la fecha del cierre del local,
agosto 31 de 2011, hasta la fecha del pago total de la indemnización
(artículo 178 del CCA).

6) Reconocer el pago efectuado por el ente accionado a la respectiva
obligación, así:

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Valor ofertado y consignado en el Banco Agrario a favor del Juzgado
30 Civil del Circuito por terreno $169.903.500 pendiente por pagar
$356.956.500.

7) La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del CCA, aplicando los ajustes de valor
(indexación).

8) La EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C., dará
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del CCA.

9) Se condene en costas a la parte demandada en caso de oposición
(sic) […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

Mediante la Resolución 151 de 26 de julio de 2011, la ERU determinó

la adquisición por el procedimiento de expropiación administrativa

del inmueble ubicado en la AK 14 No. 24A 30 LC de la ciudad de

Bogotá, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-

784627, CHIP AAA00029HPXS y formuló la respectiva opción de

compra a la sociedad COMERCIALIZADORA RENOLMOTORS LTDA.

La anterior resolución se sustentó en el informe técnico de avalúo

8002010ER9803-14, presentado por el Instituto Geográfico Agustín

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Codazzi el 3 noviembre de 20093, en el que se determinó como valor

del inmueble a expropiar la suma de $169.903.500.

La demandante, por medio de comunicación de 16 de septiembre de

2011, se opuso a la oferta de compra y solicitó la revisión del avalúo

practicado, toda vez que, a su juicio, dicho informe no cumplió con

las expectativas del valor real del terreno y de la construcción.

La ERU no aceptó los argumentos expuestos por la entonces

propietaria y, a través de la Resolución 236 de 8 de noviembre de

2011, determinó la expropiación por vía administrativa del bien

inmueble.

Contra el anterior acto administrativo la actora interpuso recurso de

reposición que fue resuelto, de forma desfavorable, por medio de la

Resolución 289 de 5 de diciembre de 2011.

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En adelante el IGAC.

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Finalmente, se puso de presente que: i) para la fecha en que se llevó

a cabo la expropiación, el avalúo practicado por el IGAC se

encontraba vencido, pues de conformidad con los artículos 2° de

Decreto 422 de 20004 y 19 del Decreto 1420 de 19985, estos tienen

una vigencia de un año; ii) cuando se expropió el bien no se había

realizado el pago de su valor a la propietaria, ya que la consignación

del dinero se efectuó hasta el 3 de febrero de 2012 y; iii) de forma

posterior a la expropiación, la ERU cerró “arbitrariamente” el predio

y no permitió el ingreso a los empleados, a fin de que se realizara el

embalaje y empaque de las partes y repuestos marca Renault que se

encontraban en la bodega del local comercial.

I.3.- Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo que los actos acusados

vulneraron los artículos 58 de la Constitución Política; 61 y 62 de la

4
“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y
62 de la Ley 550 de 1999”.
5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84, y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
articulo 11del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

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Ley 388 de 19976; 21, 22 y 24 del Decreto 1420 de 1998 y; 2°, 3°,

4°, 14, 16 y 21 de la Resolución 620 de 20087.

Lo anterior, por cuanto el avalúo realizado por el IGAC no tuvo en

cuenta los linderos del terreno del local; que las dependencias del

predio incluían depósitos, oficinas, bodegas, cocineta, tres baños,

una alcoba y bienes de propiedad común; las características de la

construcción y que, como el inmueble había sido declarado de

conservación histórica, arquitectónica y cultural, debió aplicar el

método de reposición a nuevo.

Sostuvo que la ERU vulneró el artículo 58 constitucional, debido a

que la indemnización no debió limitarse solo al precio del bien

expropiado, sino que también debió incluir los daños adicionales, la

pérdida patrimonial del inmueble y los daños y perjuicios sufridos por

la propietaria del predio.

6
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997”.

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Recordó que cuando se notificó la Resolución 289 de 5 de diciembre

de 2011, lo cual ocurrió el 19 de diciembre de 2011, el valor del

precio indemnizatorio no había sido pagado por parte de la ERU, ya

que dicha consignación se realizó dos meses después de haberse

expropiado el bien, como se señaló anteriormente, el 3 de febrero de

2012.

Afirmó que la demandada desconoció los artículos 4°, y 14 de la

Resolución 620 de 20088, concernientes a la aplicación del método

residual, dentro del cual debió tenerse en cuenta el principio de

mayor y mejor uso y omitió el método de la capitalización de rentas

o ingresos, previsto en el artículo 16 del mismo acto administrativo.

Adujo que la ERU transgredió lo establecido en el artículo 61 de la

Ley 388 de 1997, en lo relacionado con que el valor comercial del

bien debía determinarse teniendo en cuenta la reglamentación

urbanística vigente al momento de la compra, aunado a que el avalúo

8
Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997.

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tampoco cumplió con los informes requeridos por el artículo 21 del

Decreto 1420 de 1998.

Expuso que, según lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1420 de

1998, el estudio de la ubicación del predio y el valor del suelo debió

ser sometido a concepto previo de planeación y no referenciado con

los informes comerciales del sector, ya que, como se anotó en los

párrafos precedentes, el bien expropiado fue catalogado como de

interés cultural y necesitaba un estudio especial conocido como de

predios atípicos.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La ERU, por intermedio de apoderada judicial contestó la demanda9,

y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, después de

realizar un recuento de los hechos adujo, en esencia, que las

afirmaciones de que el avalúo en el que se basó la resolución de

expropiación se realizó de forma indebida y, que en el precio

definitivo que se pagó por el bien expropiado no se incluyeron todos

9
Folios 28-37 C. 1.

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los conceptos indemnizatorios, no eran ciertas y formuló las

siguientes excepciones:

“Primera: elaboración del avalúo comercial en debida forma”

Al respecto expuso que, contrario a lo expresado en la demanda, el

avalúo comercial llevado a cabo por el IGAC se realizó observando

los preceptos normativos que regulan la materia, no solo porque la

entidad avaluadora era competente para su elaboración, sino porque

en dicho dictamen, siguiendo los parámetros y criterios legales y

reglamentarios, se determinó el valor comercial de la zona de

terreno junto con la construcción sobre éste edificada y que fue

objeto de expropiación, entendiendo por tal el precio más probable

por el cual el inmueble se transaría en un mercado donde el

vendedor y comprador actúan libremente, con el conocimiento de las

condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.

Sostuvo que, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 388 de 1997,

en el avalúo se tuvo en consideración la normatividad urbanística

vigente de su realización, esto es, la UPZ Las Nieves, que clasifica a

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los inmuebles expropiados dentro del sector normativo 4, subsector

B y le asigna el tratamiento de renovación urbana en la modalidad

de redesarrollo.

Aclaró que para determinar el valor comercial del área de terreno y

el precio comercial de las construcciones, el IGAC aplicó el método

de comparación o de mercado, para lo cual recopiló ofertas

inmobiliarias de bienes semejantes y comparables al predio objeto

del avalúo y, el método del costo de reposición, respectivamente, los

cuales sí se encontraban sustentados en su estudio.

“Segunda: determinación del precio indemnizatorio en

debida forma”

Aseveró que en el presente caso se cumplieron las características

constitucionales de la indemnización en el marco del proceso de

expropiación, puesto que el pago se hizo efectivo de forma previa a

la transferencia del derecho real de dominio sobre el bien y de forma

justa.

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Informó que, para efectos de determinar el precio indemnizatorio, y

el valor del daño emergente y el lucro cesante, se revisaron las

condiciones y características específicas del predio y se expidió el

documento denominado “Tasación de reconocimientos económicos

adicionales enajenación voluntaria o indemnización de perjuicios-

Expropiación Administrativa”, en el que se identificaron los gastos

en que incurriría la propietaria para restablecer las condiciones

existentes antes de la expropiación, como daño emergente y se

estableció que no habría lugar a reconocer lucro cesante, debido que

la actora no obtenía del inmueble utilidad o ganancia.

Así, se determinó que los propietarios solo tendrían que asumir los

gastos de la desconexión de los servicios públicos domiciliarios y los

de escrituración y registro, derivados de la enajenación voluntaria,

pero que en el documento mencionado en el párrafo anterior, se

advirtió que estos serían pagados a los actores en el evento en que

se aceptara la oferta de compra, ya que si la enajenación se llevaba

a cabo por medio de la expropiación administrativa, estos gastos

serían asumidos por la entidad expropiante.

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II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección de “A”, mediante sentencia de 20 de marzo de 2014,

negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los

siguientes argumentos:

En un primer momento, advirtió que las excepciones propuestas por

la ERU se constituían como argumentos de defensa y que por esta

razón serían analizadas cuando se decidiera el fondo del asunto.

Posteriormente, puso de presente que la apoderada de la ERU

formuló objeción por error grave contra el dictamen pericial de

avalúo del bien inmueble expropiado que se practicó en el proceso a

petición de la demandante y, la tuvo como no probada, toda vez que;

i) revisado el texto de dicho avalúo, junto con los soportes que lo

acompañaron, se evidenciaba que el mismo se practicó de

conformidad con los parámetros establecidos por la Resolución 620

de 2008, expedida por el IGAC, sin que haya sido relevante la

omisión de aludir a la Ley 388 de 1997 y al Decreto 1420 de 1998;

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ii) el perito realizó el avalúo en su condición de Auxiliar de la Justicia

y, por ende, no requería autorización de la respectiva lonja de

propiedad raíz; iii) en lo relacionado con la metodología del mercado,

el perito estudió ofertas de inmuebles con características

semejantes, ubicados en la misma zona en la que se encontraba el

expropiado, para lo cual consultó la publicación de

Metrocuadrado.com y iv) indicó que, las demás censuras al dictamen

pericial se referían a las conclusiones del perito y no al objeto de la

peritación.

Aclarado lo anterior, en cuanto a los argumentos de nulidad

esbozados por la actora, adujo, después de transcribir apartes del

avalúo que sirvió de fundamento para la expropiación, que, contrario

a lo sostenido en la demanda, el IGAC sí tuvo en cuenta las

características de construcción del predio y, en efecto, en su estudio

sí fueron valorados los elementos como los baños, la cocina, el local

y la bodega y que, si bien, no se encontraron enunciadas las oficinas

y la alcoba, tal circunstancia no invalidaba el avalúo, ya que el área

privada que se tuvo en cuenta concuerda con la señalada en el

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dictamen pericial practicado en esa instancia judicial, así como los

linderos y colindancias del predio.

Respecto a los bienes comunes, sostuvo que ese aspecto no era

exigido por la norma, ya que de conformidad con el artículo 18 de la

Resolución 620 de 2008, los avalúos deben practicarse únicamente

para las áreas privadas que legalmente existan, aunado a que el

artículo 22 del Decreto 1420 de 1998 dispuso que en relación con los

bienes sujetos a propiedad horizontal se deben tener en cuenta para

la determinación del valor comercial las características de las zonas

comunes, pero no los metros cuadrados que estas ocupen.

En lo atinente al argumento según el cual, por tratarse de un

inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o

cultural, el IGAC debió aplicar el método de reposición a nuevo y no

el de mercado, afirmó que tampoco le asistía razón a la sociedad

demandante, ya que una vez verificado el avalúo, en este se tuvieron

en cuenta los dos métodos mencionados, considerando que el bien

a expropiar, además de tener la condición de ser de interés cultural,

también estaba sujeto a propiedad horizontal.

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Respecto a la manifestación de que la demandada vulneró el artículo

58 Constitucional, dado que la indemnización no debió limitarse solo

al precio del bien expropiado, afirmó, con base en el documento

denominado “INFORME DE TASACIÓN RECONOCIMIENTOS

ECONÓMICOS ADICIONALES-ENAJENACIÓN VOLUNTARIA O

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-EXPROPIACIÓN”, que la ERU

además del valor del avalúo del inmueble tuvo en cuenta conceptos

adicionales tales como los costos de desconexión de servicios

públicos y gastos notariales y de registro, analizando que los mismos

estuvieran acreditados y por tal razón ante la falta de acreditación

no reconoció el lucro cesante.

En este mismo punto, en lo atinente a que la ERU no consignó dentro

del daño emergente el valor de la construcción del bien inmueble de

interés cultural y que no fijó el lucro cesante, aun cuando se aportó

como prueba un contrato de arrendamiento según el cual se acreditó

el pago de un canon mensual de $300.000, indicó que no era cierto

lo afirmado en la demanda, debido a que como se anotó

precedentemente, el avalúo del IGAC sí tuvo en cuenta que el bien

estaba sometido al régimen de propiedad horizontal.

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En cuanto al lucro cesante, como se afirmó en el “INFORME DE

TASACIÓN RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES-

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA O INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-

EXPROPIACIÓN”, una vez constatado el contenido del mencionado

contrato de arrendamiento, dio cuenta de que en este aparecían

como arrendadores unos terceros que no actuaban en representación

de la actora, por lo que no había lugar a su reconocimiento a favor

de esta última.

En lo relacionado con que el pago del valor del precio indemnizatorio

no se efectuó de forma previa, debido a que el dinero se consignó

dos meses después de la expropiación del bien, indicó que, si bien,

le asistía razón a la demandante, dado que de acuerdo con la

anotación 9 del Certificado de Libertad y Tradición la transferencia

del inmueble se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2011, dentro del

expediente se encontraba la autorización de pago de 20 de diciembre

de 2011 y la consignación de depósitos judiciales se hizo al Juzgado

30 Civil del Circuito de Bogotá el 3 de febrero de 2012, tal

irregularidad no resultaba suficiente para invalidar la expropiación,

en la medida en que se cumplió con la obligación de pago dentro de

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un término razonable y agregó que, el retraso en el pago obedeció a

que la ERU no tenía claridad acerca del número del proceso que

cursaba en el Juzgado mencionado.

Por otra parte, con respecto a que la ERU desconoció los artículos 4°,

14 y 16 de la Resolución 620 de 2008, relacionados con el método

residual y de capitalización de rentas o ingresos, recordó que, el IGAC

en su avalúo aplicó los métodos de mercado y de costo de reposición

atendiendo a las características especiales del predio, lo que estuvo

suficientemente sustentado, conforme al artículo 26 de Decreto 1429

de 1998.

En cuanto a la vigencia del avalúo practicado por el IGAC, anotó que

con fundamento en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, los

avalúos tienen una vigencia de un año, contado a partir de la fecha

de su expedición o desde aquella en la que se decidió su revisión o

impugnación y, manifestó que como en el presente caso el avalúo se

practicó el 3 de noviembre de 2010 y el proceso de expropiación

inició mediante la Resolución 151 de 26 de julio de 2011, dicho

estudio no se encontraba vencido.

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Actora: COMERCIALIZADORA RENOLMOTORS LTDA

Acerca de la transgresión a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 388

de 1997, en lo tocante con que el valor comercial se determinará

teniendo en cuenta la reglamentación urbanística vigente al

momento de la compra y que el avalúo no tuvo en cuenta que el bien

había sido declarado de conservación histórica o arquitectónica

consideró que el IGAC, precisamente, por las características del

predio, usó los métodos de mercado y costo de reposición.

En consideración a que la ubicación del predio debió ser sometida a

concepto previo de planeación, puso de presente que la

reglamentación urbanística que se tuvo en cuenta para el avalúo

correspondió a la definida por el Decreto 492 de 26 de octubre de

200710, para la Unidad de Planeamiento Zonal, UPZ 93 Las Nieves y

que el sector donde se ubicaba el inmueble tenía un tratamiento de

renovación urbana en modalidad de redesarrollo, razón por la cual el

experticio si atendió la ubicación del inmueble.

10
“Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB-
y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La
Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo”.

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Ahora, respecto al concepto previo de planeación, señaló que la

demandante omitió indicar a que “planeación” se refería y la norma

específica que lo exigía, lo cual era una carga que estaba en su

cabeza, en virtud de lo preceptuado en el artículo 137 del CCA, esto

es, la enunciación de las normas violadas y el concepto de su

violación.

Sobre el argumento de que la ERU, luego de la expropiación, cerró

arbitrariamente el predio y no permitió el ingreso de personas a fin

de que se realizara el embalaje y empaque de las partes y repuestos

marca Renault que se encontraban en la bodega, indicó que estos

presuntos hechos ocurrieron con posterioridad a la expedición de los

actos acusados y en el campo de su ejecución, por lo que no

resultaba posible analizarlos por vía de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho y se abstuvo de pronunciarse al

respecto.

Finalmente, en lo que correspondía al valor real del inmueble, analizó

el contenido del dictamen pericial practicado en esa instancia y,

sostuvo que en el mismo se encontraron algunas inconsistencias

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relacionadas con que se tuvieron en cuenta ofertas de lotes

existentes en el mercado inmobiliario para el año 2013 y no del 2010

cuando se realizó el avalúo del IGAC, por lo que los resultados

obtenidos en aquél no fueron claros, precisos, ni detallados

acogiendo, en consecuencia, el avalúo del IGAC.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la actora presentó escrito de apelación en el que

solicita REVOCAR la sentencia. Para ello planteó los siguientes

reproches:

Adujo que, el Tribunal no dio aplicación a lo establecido en los

artículos 58 de la Constitución y 70 de la Ley 388 de 1997, pues hizo

caso omiso a que estas disposiciones normativas establecieron que

en los procesos de expropiación el pago del precio indemnizatorio

debía ser previo al registro de la medida en el folio de la matrícula

inmobiliaria del inmueble.

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En esa misma línea, reafirmó que en el proceso se demostró que la

Resolución 236 de 8 de noviembre de 2011 se registró en la Oficina

de Registro e Instrumentos Públicos el 28 de diciembre de 2011 y el

depósito judicial se consignó en el Banco Agrario a favor de la

demandante, el 3 de febrero de 2012, pero el Tribunal de forma

errada y subjetiva estableció que este hecho no era relevante.

Puso de presente que en el curso del proceso y antes de que se

dictara sentencia, presentó una solicitud de nulidad dado que el pago,

aún en ese momento, no se había hecho efectivo, pero el Tribunal la

desechó debido a que no se encontraba fundamentada en ninguna

de la causales taxativas consagradas en el artículo 140 del Código de

Procedimiento Civil, lo cual, a su juicio, no resultaba procedente

porque esos requisitos resultaban exigibles para procesos ordinarios

y la presente demanda obedecía al ejercicio de la acción de nulidad

y restablecimiento del derecho especial consagrada en el artículo 71

de la Ley 388 de 1997.

Expuso que en la sentencia recurrida no se realizó un análisis

cuantitativo de los valores comerciales del inmueble expropiado

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establecidos en el avalúo del IGAC y en el dictamen pericial

practicado por el Ingeniero CARLOS ROBERTO PEÑA.

Para ello, adujo que el Tribunal no analizó el avalúo del IGAC a fondo

“pues hubiera sido importante haber hecho una audiencia donde se

hubieran resuelto las dudas sobre los dos avalúos”, esto, por cuanto

la experticia oficial se constituyó en un avalúo de referencia que,

como proceso catastral masivo, partió del estudio de zonas

homogéneas en el que se tomaron puntos de referencia, pero no se

hizo una valoración comercial e individual del inmueble.

Para fundamentar lo anterior, se refirió, in extenso, a temas

relacionados con los avalúos de referencia, a la forma en que deben

ser elaborados, a la determinación de zonas homogéneas y concluyó

que el IGAC tuvo en cuenta los avalúos elaborados por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital, en los cuales se

estableció un precio comercial del sector del que formaba parte el

inmueble expropiado, que difería considerablemente del avalúo

individual de dicho bien.

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Explicó que la experticia oficial se constituyó en un avalúo de

referencia, el cual partió de estudios de zonas homogéneas con

procesos catastrales masivos, en los que se toman puntos de

referencia y se radian al sector para asignar valores generales

homogenizados.

Alegó que el IGAC no realizó avalúos comerciales puntuales, en los

cuales el proceso se realiza individualmente, valorando y analizando

las características propias de cada inmueble y en el valor de terreno

se contempla, además de los avalúos de referencia, el mercado

actual en cada una de las zonas, así como sus potencialidades en el

caso que lo requiera.

Sostuvo que el IGAC hizo un análisis de manera general y no puntual,

predio a predio, a pesar de que cada uno de los predios en la zona

del inmueble, objeto de expropiación, eran diferentes.

Y, de manera puntual, destacó:

“[…] Que existe una gran diferencia entre los avalúos
comerciales que se realizan en relación con los avalúos de
referencia, porque en su gran mayoría no se accede a los

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inmuebles que sirven de puntos muestrales para identificar
las características anteriormente mencionadas, caso que
ocurrió con el inmueble que fuera de propiedad de
Renolmotors Ltda., pues si vemos el avalúo del IGAC fue
un avalúo de referencia catastralmente y en la visita solo
tomaron fotos del almacén afuera, del depósito y no de todo
el predio, y con base en esa visita tomaron el valor de
referencia catastral y no comercial.
[…]

Como lo expresé en los párrafos anteriores el ejercicio del
avalúo catastral difiere considerablemente del
ejercicio del avalúo comercial puntual y en este subyace
el error del IGAC y per se de la Sala […]” (Destacado fuera
de texto).

Precisó que el IGAC mencionó y aplicó indebidamente una norma

para hallar el valor comercial del predio, cuando en verdad

correspondía hallar el valor de la compensación del mismo, toda vez

que el bien tenía tratamiento de conservación lo cual comportaba

otra causal de estudio del valor como daño emergente, de

conformidad con lo regulado por el Decreto 151 de 199811.

Por último, alegó que de conformidad con lo preceptuado por el

artículo 23 de la Resolución 620 de 2008, para la valoración del

predio se debió aplicar el Decreto 1042 de 198712, que le asignó “una

11
“Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en
tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”.
12
“Por el cual se dictan, reglamentan y unifican las normas para el Área Central de Bogotá
Distrito Especial”.

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norma AMR-C1. Altura Libre. Sub-área de actividad múltiple con

tratamiento de rehabilitación Centro 1: AMR-C1” y no el Decreto 492

de 2007, UPZ 93, Las Nieves.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La parte demandada reiteró que la actora no logró desvirtuar

la legalidad e implementación de los actos administrativos acusados.

Aseguró que los inmuebles a que hace referencia la actora en la

demanda presentan características y condiciones diferentes a

aquéllas identificadas en el inmueble del que se segregó la zona

expropiada, razón por la que no es posible tomar en cuenta aquellos

para establecer el precio comercial en el caso sub examine.

Indicó que para valorar el tipo de inmuebles como es el objeto de

controversia en la presente demanda, es válida la aplicación

concurrente del método comparativo o de mercado o de reposición.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la condición particular del

predio por estar sometido a regímenes de propiedad horizontal.

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Señaló que la actora no aportó prueba alguna o argumento adicional

que demostrara el lucro cesante ni el daño emergente reclamado, es

decir, que no identificó ni cuantificó un posible daño y la derivación

de este en la pérdida de utilidad percibida, por lo que no es posible

atender el incremento del precio indemnizatorio reclamado .

IV.2- La parte actora y el Ministerio Público, en esta etapa procesal,

guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. ACTOS ACUSADOS

-Resolución 236 de 8 de noviembre de 201113, “por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por el

Director Técnico de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C,

en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 078 de

2009, emanada de la Gerencia General de la ERU, de conformidad

13
Folios 54-63 del cuaderno de anexos de la demanda.

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con lo establecido en la Ley 9ª de 1989, en los artículos 58, 59 y 60,

Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997.

En la parte considerativa de este acto administrativo se explicó que

la Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución 414 de

2009, por medio de la cual determinó y delimitó el área de reserva

del Proyecto Integral de Renovación Urbana denominado Estación

Central, dentro de la cual se encontraba incluido el inmueble ubicado

en la AK 14 No. 24A-30 LC, identificado con la cédula catastral 24A

13A 24 1, matrícula inmobiliaria 50C-784627 y CHIP AAA0029HPXS.

Que mediante el Decreto Distrital 435 de 2009, el Alcalde Mayor de

la ciudad de Bogotá declaró las condiciones de urgencia, por razones

de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los

inmuebles requeridos para la ejecución del mencionado proyecto.

Se anotó que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de

la Ley 388 de 1997, la ERU expidió la Resolución 151 de 26 de julio

de 2011, por medio de la cual se determinó la adquisición del bien

inmueble objeto del presente proceso por el procedimiento de

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expropiación por vía administrativa y se formuló la respectiva oferta

de compra a la demandante, pero como no se llegó a un acuerdo

dentro del lapso señalado por el artículo 68 ibidem, se procedió a la

expedición de la resolución expropiatoria.

El precio indemnizatorio que se señaló en su parte resolutiva fue

discriminado de la siguiente manera:

“[…] Que el valor comercial del inmueble objeto de expropiación es
de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($169.903.500), de
conformidad con el informe técnico de avalúo No. 8002010ER 9803-
14 de 03/11/2010, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi-IGAC-, según quedó establecido en la resolución por medio
de la cual se formuló oferta de compra.

Que por concepto de indemnización por Daño Emergente se
determinó la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($3.296.694), por concepto de gastos notariales y de
registro y por gastos de desconexión y cancelación se servicios
públicos, como consta en el documento de tasación e indemnización
de perjuicios de julio de 2011.

No obstante, teniendo en cuenta que en el presente caso la
adquisición se hará mediante expropiación por vía administrativa y
la sociedad propietaria no tendrá que incurrir en gastos de notariado
y registro correspondientes al contrato de compraventa a favor de la
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, los cuales aparecen en el
documento de tasación de perjuicios de julio de 2011, se determina
que la suma de TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

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VENTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.082.724), no hará
parte del valor indemnizatorio.

De la misma manera no serán girados a favor de la sociedad
propietaria la suma correspondiente a la desconexión y cancelación
de los servicios públicos, la cual se girará a favor de cada una de las
empresas prestadoras del servicio, de acuerdo a lo establecido en el
documento de tasación de indemnización de perjuicios de julio de
2011. En cuanto a los consumos que presenten hasta la fecha de
entrega real y material del inmueble a la Empresa de Renovación
Urbana, estos quedan a cargo de la sociedad COMERCIALIZADORA
RENOLMOTORS LTDA.

Que adicionalmente, se determinó por parte de la Empresa de
Renovación Urbana, ponderando los intereses de la comunidad y el
afectado, que en el presente caso no es posible reconocer ni pagar a
favor de la titular del derecho real de dominio del inmueble antes
referido, ninguna suma por concepto de Lucro Cesante, de
conformidad con el documento de tasación de indemnización que
forma parte de la presente resolución. Toda vez que los arrendadores
del inmueble son las personas naturales Jaime Abondano Vargas y
Blanca Inés Turbay de Abondano.

Que en consecuencia el valor del precio indemnizatorio de la
expropiación del inmueble ubicado en la AK 14 No. 24A-30 LC
asciende a la suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO
DIECISITE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($170.117.470), la cual será pagada de conformidad con
la presente resolución.

Que en el folio de matrícula número 50C-784627, de fecha de
expedición 16 de agosto de 2011, el cual identifica jurídicamente el
inmueble objeto de expropiación, en la anotación número 4, consta
la inscripción de un embargo ejecutivo ordenado por el Juzgado 30
Civil del Circuito de Bogotá. También en la anotación No. 5 del mismo
folio consta la inscripción de un embargo por valorización beneficio
local ordenado por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, finalmente,
en la anotación No.6 se encuentra registrado gravamen de
valorización por beneficio local acuerdo 180 de 2005, ordenado por
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

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En consecuencia no es posible girar el valor de precio indemnizatorio
a favor de la sociedad propietaria, sino que será constituido depósito
judicial que se pondrá a disposición del Juzgado 30 Civil de Circuito
de Bogotá y se informará oportunamente el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU […]”.

Por último, en lo referente a la forma en que se llevaría a cabo el

pago de los anteriores valores, en su artículo tercero previó:

“ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO.- El trámite del pago se
efectuará por el Área Financiera de la ERU, en los términos establecidos
en el numeral segundo del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, previa
autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de la ERU, una
vez esta radique la autorización de pago en ese Despacho, así: un cien
por ciento (100%) del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad
de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($170.117.470), la cual se pondrá a disposición de la siguiente manera:

1) La suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($169.903.500), será puesta a disposición del JUZGADO 30 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, mediante depósito judicial, al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, atendiendo las
obligaciones vigentes y a la Secretaría Distrital de Hacienda, en
caso de que exista alguna obligación vigente.
2) La suma de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
MONEDA CORRIENTE ($97.580), será puesta a disposición de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
3) La suma de CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($116.390) será puesta a
disposición de CODENSA S.A […]”.

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-Resolución 289 de 5 de diciembre de 201114, “por la cual se

resuelve un recurso de reposición” interpuesto por la demandante

contra la resolución anterior, la cual fue confirmada en todas sus

partes.

V.2. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las

pretensiones de la demanda, entre otras razones, porque: i) el pago

extemporáneo del precio indemnizatorio no invalidaba la

expropiación; ii) la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de

los actos acusados y; iii) debido a las inconsistencias que presentaba

el dictamen pericial practicado dentro del proceso, acogió el estudio

de mercado que hace parte del informe de avalúo del IGAC, para

establecer el valor del metro cuadrado para la época en que se realizó

dicho estudio.

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de

apelación, argumentando que: i) el Tribunal hizo caso omiso a que,

según lo establecido en los artículos 58 Constitucional y 70 de la Ley

14
Folios 81-195 C. 1.

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388 de 1997, el pago del precio indemnizatorio debía ser previo al

registro de la expropiación en el folio de matrícula del inmueble; ii)

en la sentencia no se realizó un análisis cuantitativo de los valores

comerciales del inmueble que se establecieron en los dos avalúos,

toda vez que no analizó que el estudio del valor del inmueble, objeto

de expropiación, realizado por el IGAC, se basó en un avalúo de

referencia catastral y general, que por su naturaleza no valoró de

forma individual el bien que era de propiedad de la actora; iii) el

IGAC, para el cálculo del daño emergente, no halló el valor de

compensación del inmueble de conformidad con lo regulado por el

Decreto 151 de 199815 y; iv) según lo preceptuado por el artículo 23

de la Resolución 620 de 2008, para la valoración del predio se debió

aplicar el Decreto 1042 de 1987 y no el Decreto 492 de 2007.

Ahora, en lo referente a los argumentos esbozados por la sociedad

actora en su recurso, la Sala advierte que en esta etapa procesal es

improcedente resolver la totalidad de los reproches reseñados en los

puntos III a IV, dado que se refieren a situaciones que no planteó en

15
“Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en
tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo”.

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la demanda y en relación con ellos, por obvias razones, el Tribunal

no se pronunció.

Aceptar lo contrario, implicaría desconocer el ámbito de competencia

de esta Corporación, desconocer el derecho de contradicción de la

ERU, lo cual no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dichos

aspectos en la contestación de la demanda.

Al respecto, en sentencia de 1o. de agosto de 201916, esta Sala

señaló:

“[…] 63. En los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la
demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan,
los argumentos de oposición a la misma y las consideraciones
que sirven de sustento al a quo para fundamentar su sentencia.
No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a
la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

64. Esta Corporación, en sentencia de 5 de julio de 2007 (M.P.
Jaime Moreno García.) precisó que: “… en el recurso de
apelación… la competencia de la Corporación está restringida a
los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra
la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde
luego, con las causales de nulidad planteadas en la
demanda, o con las consideraciones que sirvieron de
sustento al Tribunal para dictar la sentencia”.

16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2020, Exp: 2014-00750. C.P:
Hernando Sánchez Sánchez.

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65. Para la Sala, los motivos de inconformidad planteados
mediante el recurso de apelación deben guardar
correspondencia con el fallo recurrido y con las consideraciones
expuestas por el juez de primera instancia que determinaron una
decisión total o parcialmente adversa a los intereses de quien
apela.

66. La Corte Constitucional en sentencia T - 516 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández frente a los límites de la
competencia del juez de segunda instancia indicó:

“…la competencia del superior jerárquico… no debe ser
entendida únicamente en términos de economía procesal, sino
que se encuentra limitada por el respeto al derecho
fundamental del debido proceso, por la garantía de la
doble instancia, y el derecho a la igualdad procesal… en
el trámite de la segunda instancia, un juez no tiene siempre
plena competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos
que tengan alguna relación con la apelación, pues podría estar
actuando por fuera del marco de su competencia, por
ejemplo, cuando profiere decisiones que resuelven de
manera directa un asunto que no fue objeto de decisión
por parte del a quo […]”(Destacado fuera del texto).

De conformidad con lo expuesto, la Sala desestima los nuevos

argumentos planteados por la parte actora en su escrito de apelación

y establece que, en este caso, el problema por resolver se concreta

en dar respuesta a los siguientes interrogantes:

-Si el pago extemporáneo del precio indemnizatorio ordenado en las

resoluciones acusadas resulta suficiente para declarar su nulidad.

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• Si en la sentencia se realizó un análisis cuantitativo de los valores

comerciales del inmueble que se establecieron en los dos avalúos.

V.3. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

Recapitulando, la actora en su demanda indicó que cuando se llevó

a cabo la expropiación del bien no se había realizado el pago del

precio indemnizatorio a su favor, debido a que cuando se le notificó

la Resolución 289 de 5 de diciembre de 2011, -19 de diciembre de

2011-, el pago no había sido consignado por la ERU, entidad que

realizó dicha operación financiera hasta el 3 de febrero de 2012.

El Tribunal sostuvo que aunque le asistía razón a la demandante, tal

irregularidad no resultaba suficiente para invalidar la expropiación

dado que el pago se efectuó dentro de un término razonable; y que

el retraso en el cumplimiento de la obligación obedeció a que la ERU

no tenía claridad sobre el número del proceso con respecto al cual

realizaría el depósito judicial.

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La actora, en su recurso de apelación, insiste en que el retraso con

que se realizó el pago, avalado por el a quo, resulta violatorio de lo

preceptuado en los artículos 58 de la Constitución Nacional y 70 de

la Ley 388 de 1997, que señalan:

“[…] ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como
tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias
de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del
precio.
[…]

ARTICULO 70. EFECTOS DE LA DECISION DE EXPROPIACION
POR VIA ADMINISTRATIVA. Una vez ejecutoriada la decisión por
vía administrativa, por no haberse formulado el recurso de reposición
dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los siguientes
efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que

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ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el
registro de la decisión en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad
acredite que el propietario o los titulares de otros derechos
reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber correspondientes, o
que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme
a lo previsto en el numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del
particular, y entregar copia de la consignación al Tribunal
Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre
ubicado el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes,
considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago

[…]”.

Del marco normativo expuesto se colige, tal y como lo sostuvieron la

sociedad demandante y el Tribunal en la sentencia recurrida, que el

pago de la indemnización en casos como el que ocupa la atención de

la Sala debe ser previo a la transferencia del derecho de dominio del

bien objeto de expropiación.

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Así las cosas, una vez revisado el Certificado de Libertad y Tradición

del inmueble que fue objeto de expropiación 17, la Sala da cuenta de

que en su anotación núm. 9, consta que la transferencia del derecho

de dominio sobre el inmueble se realizó el 28 de diciembre de 2011,

cuando se llevó a cabo la inscripción en el registro de la Resolución

236 de 8 de noviembre de 2011.

Ahora, en cuanto al pago de la indemnización, la Sala advierte que

en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo tercero

de la Resolución 236, -transcrito en párrafos precedentes-, el

Director Técnico de la ERU, el 20 de diciembre de 2011, expidió

autorización de pago en la que autorizó girar a una cuenta del Banco

Agrario y a favor del Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, la suma

de $169.903.500, por concepto de la expropiación administrativa del

bien que perteneció a la actora18.

17 Folio 198 del C.1.
18 Autorización visible a folio 192 del C.1.

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Documento conforme al cual, se consignó la suma de dinero

referenciada, a favor del mencionado Juzgado, el 3 de febrero de

201219, como se hace evidente, de forma posterior al momento en

que se traspasó el bien inmueble y por lo que al igual, se concluye

que no se cumplió con el requisito del pago previo.

No obstante, para la Sala, en concordancia con lo dicho por el

Tribunal, el retraso en el pago encuentra justificación en la medida

en que como se constata de la lectura del oficio de 16 de enero de

2012 que el Director Técnico de la ERU dirigió al Juzgado 30 Civil del

Circuito de Bogotá, la entidad demandada no tenía claridad sobre el

número de radicado del proceso en el que se había decretado la

medida de embargo, aunado a que al parecer este ya se encontraba

archivado. Del oficio en mención se extrae20:

“[…] De manera comedida le solicito desarchive del proceso que se
encuentra archivado con los siguientes datos y con el ánimo de
obtener el número del proceso.
[…]
Lo anterior en atención a que sobre el predio identificado con
matrícula inmobiliaria 50C-784627 se adelantó expropiación por vía

19 Consignación visible a folio 182 del C.1.
20 Oficio visible a folio 160 del C.1.

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administrativa por motivos de utilidad pública e interés social y se
requiere efectuar depósito judicial a favor del Juzgado toda vez que
en la anotación 4 del folio de matrícula citado se encuentra registrado
un embargo ejecutivo constituido mediante oficio 1239 del 4 de
diciembre de 1989 por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá
(adjunto copia) y a la fecha no ha sido posible ubicar el número del
proceso en su despacho, dato requerido para efectuar el depósito
judicial y que los dineros se apliquen al proceso correcto.

El número del proceso se requiere a la mayor brevedad posible con
el fin de efectuar el citado depósito y poder concluir con el proceso
expropiatorio […]”.

De todo lo anterior, la Sala colige que la ERU, desde el momento de

la expedición de la Resolución 236 de 8 de noviembre de 2011,

debido a que sobre el bien a expropiar recaía una medida de embargo

decretada por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, previó que

el pago del valor indemnizatorio debía ponerse a disposición de ese

Despacho Judicial, previa autorización expresa y escrita de la

Dirección Técnica de la entidad, pero, aunque dicha autorización sí

se expidió con anterioridad a la inscripción de la medida de

expropiación, la obligación de pago no pudo hacerse efectiva sino

hasta el 3 de febrero de 2012 porque no se tenía certeza del número

de radicación del proceso a favor del cual se realizaría la

consignación.

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Además de lo expuesto, la Sala recuerda que según lo establecido en

el inciso primero del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, en los

procesos de expropiación, para efectos del traslado del derecho de

propiedad, el registro de la medida se encuentra a cargo de la Oficina

de Registro de Instrumentos Públicos y es el respectivo Registrador

quien debe exigir a la entidad expropiatoria la acreditación de que

los propietarios retiraron el valor de la indemnización antes de

realizar la anotación, razón por la que este hecho no se le puede

endilgar a la entidad demandada, la cual, de forma extemporánea,

pero justificada, cumplió con su obligación de pago.

Ahora bien, en lo que respecta al argumento del recurso de

apelación, señalado en el punto II, consistente en que “[…] en la

sentencia no se realizó un análisis cuantitativo de los valores

comerciales del inmueble que se establecieron en los dos avalúos

[…]”, la Sala debe precisar que no se referirá a los nuevos

argumentos planteados por la parte actora en su escrito de

apelación, para sustentar dicha afirmación, relativos a que el análisis

del valor del inmueble, objeto de expropiación, realizado por el IGAC,

se basó en un avalúo de referencia catastral y general; que el

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mencionado Instituto no realizó un avalúo comercial puntual, en el

cual el proceso se realiza individualmente, valorando y analizando las

características propias de cada inmueble (predio a predio).

Sin embargo, sí debe referirse a si en la sentencia recurrida se realizó

un análisis cuantitativo de los valores comerciales del inmueble

expropiado, establecidos en el avalúo del IGAC y en el dictamen

pericial practicado por el Ingeniero CARLOS ROBERTO PEÑA.

Sobre el particular, debe señalarse que, en efecto, la sentencia

recurrida sí realizó un análisis de los valores comerciales del

inmueble expropiado, establecidos en el avalúo elaborado por el

IGAC, como en el dictamen pericial realizado por el ingeniero CARLOS

ROBERTO PEÑA, cuando al efecto sostuvo:

“[…] se observa que, contrario a lo sostenido por la
demandante, el IGAC tuvo en cuenta en su avalúo las
características de construcción del predio; en efecto, en él
fueron valorados elementos tales como baños, cocina, el local
y la bodega; y si bien no se encuentran enunciadas las
oficinas y la alcoba, tal circunstancia no invalida el avalúo
pues el área privada que tuvo en cuenta el IGAC concuerda
con la señalada en el dictamen pericial practicado en esta
instancia judicial - 201, 03 m2 y 201 m2, respectivamente-.

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[…] lo que puede observarse en el avalúo del IGAC que tuvo
en cuenta las características de la cubierta, que se considera
bien común a la luz del artículo 18 de la Resolución No. 620
de 2008 e, igualmente, consideró las columnas y bigas,
elementos que conforme al artículo 19 de la Ley 675 de 2001
son bienes comunes, según la Escritura Pública No. 4448 de
6 de noviembre de 1984, tenida en cuenta por el IGAC.

[…] verificado el avalúo del IGAC se observa que el mismo
tuvo en cuenta tanto el método del mercado como el de
reposición, teniendo en cuenta que el inmueble a
expropiar tenía no solo la condición de bien de interés
cultural sino también la de bien sujeto al régimen de
propiedad horizontal (Folios 235 y 261 C.1).

[…] se colige que el método de costo de reposición solamente
se aplica cuando el bien objeto de avalúo no cuenta con
bienes comparables por su naturaleza o por la inexistencia
de datos de mercado y corresponde a una propiedad no
sujeta al régimen de propiedad horizontal, lo que no ocurre
en este caso objeto de examen, pues como ya se enunció el
bien está sujeto al régimen de propiedad horizontal, por ende
el IGAC solamente usó el método de reposición para el valor
del suelo en los términos del artículo 22 de la Resolución No.
620 de 2008, aplicando la depreciación solo por estado de
conservación.

Lo anterior se corrobora del avalúo del IGAC cuando éste
señala (Fl. 262 C.1):

“(…)
Para los valores de reposición a nuevos se realiza el ejercicio iniciando con
valores tomados por Construdata -edición 156-, estos son depreciados de
acuerdo a la tabla de Fitto y Corvinni, según su estado de conservación
y su edad o en su defecto de acuerdo a la tabla de Heidecke para
los inmuebles de conservación”. (Destacado por la Sala).
[…]
De la sentencia transcrita se derivan varios conceptos: (i) la
indemnización por expropiación no solo debe limitarse a
considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar
los daños y perjuicios sufridos por el afectado; esto es,
comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante
y; (ii) no tiene que ser integral pero si razonable.

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[….]

De la sentencia en cita se observa que los daños ajenos a la
pérdida del derecho de dominio deben ser acreditados; en
consecuencia, si bien le asiste razón a la parte demandante
cuando señala que la indemnización comprende no solo
el precio del bien expropiado sino también a los daños
adicionales, también lo es que tales daños deben ser
acreditados en el proceso, lo que analizó la ERU en su
momento como se observa del documento denominado
“INFORME DE TASACIÓN DE RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS ADICIONALES- ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA O INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-
EXPROPIACIÓN” de julio de 2011 del que se destaca lo
siguiente (Fls. 235 a 233 c.1):

“(…) Como consecuencia, se determinó que en el inmueble funciona un
local comercial de venta de repuestos operado por una persona diferente
al propietario, a título de arrendamiento, y que por lo tanto, éste no
habitaba en dicho predio. Adicionalmente, se constató que el inquilino, le
paga la renta a un tercero, según se constató en el contrato de arriendo
suministrado, esto lleva a concluir que, en el presente caso no habrá
lugar a lucro cesante por renta a favor del propietario.

En lo que concierne a los servicios públicos, se realizó verificación en
campo y se determinó que en el inmueble objeto de adquisición existía
únicamente acometida y contador de energía eléctrica y agua, con lo que
se genera un costo de traslado del servicio y por lo tanto habría
reconocimiento en dinero por este concepto. No encontramos contadores
de gas.

3.1. DAÑO EMERGENTE.
Los conceptos incluidos dentro del daño emergente son los siguientes:
DESCONEXIÓN Y CANCELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
(…)
Aplicada la metodología y el procedimiento descrito, a continuación se
presenta el cálculo del concepto:

COSTO DE DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
AGUA ENERGÍA GAS TOTAL
$97.580 $116.390 $0 $213.970

En este caso, verificado contra el recibo de servicios públicos, la cuenta de
energía eléctrica aparece como cliente comercial.

3.1.2 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO.
(…)

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Aplicada la metodología y el procedimiento descrito, a continuación se
presente el cálculo del concepto:

VALOR GASTOS DE GASTOS GASTOS DE OTROS FOLIO DE TOTAL

RT AVALUO ESCRITURACIÓN DE BENEFICIARIA MATRICULA PAGO

COMERCIAL REGISTRO INMOBLILARIA

3824 $169.903.500 $509.711 $849.518 $1.699.035 $169.903.500 $12.460 $3.082.724

3.2. LUCRO CESANTE
(…)
Como ya se explicó, para el presente caso, no hay lugar a reconocer estos
dos conceptos; en cuanto a la actividad económica, porque se evidenció
que el propietario no desarrolló alguna actividad en el inmueble analizado
y, en lo que respecta a la renta, porque el propietario no recibe el pago del
arriendo que se genera en el inmueble”.

Del documento anterior se destaca que la ERU además
del valor del avalúo del inmueble -169.903.500-, tuvo
en cuenta conceptos adicionales tales como costos de
desconexión de servicios públicos y gastos notariales
y de registro, analizando que los mismos estuvieran
acreditados, y por tal razón ante la falta de
acreditación no reconoció el lucro cesante, por ende la
ERU no solo tuvo en cuenta el precio del bien
expropiado sino también los daños adicionales.
[…]
Constatado el contenido del contrato de arrendamiento de
local comercial que obra a folio 132 de los anexos de la
demanda se observa que en el mismo aparecen como
arrendadores – Jaime Abondano Vargas y Blanca Inés Turbay
de Abondano-, quienes suscribieron el contrato en calidad de
personas naturales; lo anterior significa que el señor Jaime
Abondano bien pudo suscribir el contrato aludido como
representante legal de la sociedad Comercializadora
Renolmotors Ltda., calidad que se observa en el certificado
de Cámara de Comercio de Bogotá de 16 de marzo de 2012
que obra a folios 3 y 4 de los anexos de la demanda y para
lo cual estaba facultado pues según dicho certificado el
representante legal puede “celebrar los contratos que

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tiendan a realizar el objeto social”; y además, en el contrato
se estipula que el canon de arrendamiento se pagará a los
arrendadores y no a la sociedad demandante.

Por lo tanto como el contrato de arrendamiento no fue
suscrito en representación de la sociedad
comercializadora Renolmotors Ltda. y la misma no
recibiría el canon de arrendamiento, como se observa de
lo pactado en el pago, no había lugar a reconocerle a la
sociedad demandante un lucro cesante, como en efecto
lo indicó la ERU.
[…]
Por el otro lado, en cuanto hace al valor real del inmueble, la
Sala entrará a analizar el contenido del dictamen pericial
practicado en este proceso, rendido por el perito
Carlos Roberto Peña Barrera (Fls. 330 a 337 c.1),
respecto del cual, si bien se desestimó la objeción por error
grave, se han encontrado algunas inconsistencias que deben
ser examinadas.

Si bien el perito tuvo en cuenta el método de comparación o
de mercado, previsto en los artículos 1º y 10 de la Resolución
No. 620 de 2008, el cual se deduce de la tabla b del literal b.
“Precios promedios de oferta del metro cuadrado integral de
inmuebles según metrocuadrado.com con corte a abril de
2013”, resulta erróneo el estudio de las ofertas de lotes
existentes en el mercado inmobiliario y publicado en la web
de Metrocuadrado.com, como quiera que estas ofertas son
del año 2013, según se observa de la fecha de impresión de
dichas ofertas, tomadas de la mencionada web (Fls. 359 a
361 c.1).

Lo adecuado hubiera sido tomar ofertas de la época en la que
se realizó el avalúo por parte del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi- 2010-, para así determinar el valor real del m2 en
la época del avalúo y poder compararlo con el valor
establecido por la mencionada entidad.

No obstante, teniendo en cuenta el método de comparación
continua analizando precios catastrales como se observa de
las tablas c y d, posteriormente volvió a referirse a lo indicado
en la tabla b “apartamentos usados”, es decir, el método de
comparación pero con respecto a apartamentos nuevos,

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tomando como valor de metro cuadrado el correspondiente a
$1.977.579, valor determinado para el 2013, nuevamente.

Esto es, en últimas el perito termina tomando el valor
de los precios catastrales para la vigencia 2013 -tabla
d-, equivalente a $1.195.000 y le agrega una diferencia
porcentual (91,72%), para obtener un valor de
$3.791.415- año 2013-, valor al que le aplica una
depreciación por estado de conservación del 51,6%,
para obtener un resultado de $1.956.370 como precio
por metro cuadrado, el cual multiplicó por el área del
inmueble (201m2), al cabo del cual obtuvo un precio
de $393.230.366 para el año 2013, que ajustó al año
2010, cuando se practicó el avalúo por el IGAC,
resultando finalmente en un precio de $283.301.972.

Como se observa el peritaje rendido en esta instancia
no es claro en cuanto a la forma como se obtuvieron
los valores, pues primero logró unos valores derivados
del método de comparación y mercado; pero
finalmente tiene en cuenta unos precios catastrales
como el de $1.195.000, valores calculados en principio
para el año 2013, pese a que debieron calcularse desde
un principio para el año 2010 y no hacerlo hasta el final
cuando aplicó la depreciación por estado de
conservación.

[…]

Además las ofertas del mercado tenidas en cuenta por
el perito no fueron concretas, como sí ocurrió con las
observadas por el IGAC en su avalúo, las cuales se
refirieron a inmuebles en propiedad horizontal
ubicados en el barrio la Alameda, concretamente las
ofertas 3 y 4 que hacen alusión a locales, característica que
presenta el bien objeto de análisis en el presente caso, como
se observa a folios 266 y 267 del cuaderno uno, lo que fue
sustentado con los soportes anexados al avalío, tal como se
observa en el folio 284 c.1, en el que se sustenta con base
en un cuadro denominado “ESTUDIO DE MERCADO DE
PREDIOS UBICADOS SOBRE LA AVENIDA CARACAS ENTRE
LA AVENIDA CALLE 13 Y LA AVENIDA CALLE 26 EN
PROPIEDAD HORIZONTAL”.

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[…] ante las inconsistencias que presenta el dictamen
practicado dentro del proceso y ante la falta de
claridad de los valores obtenidos en el mismo la Sala
acogerá el estudio de mercado que hace parte del
informe de avalúo del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, para establecer el valor del metro cuadrado
en la época que se realizó dicho avalúo, el cual no fue
desvirtuado por la parte demandante, quien era la que
tenía la carga de la prueba, conforme lo expuso el H.
Consejo de Estado. [….]” (Destacado fuera de texto).

Como se puede observar, la sentencia de primera instancia sí realizó

un análisis de los valores comerciales del inmueble expropiado,

establecidos en el avalúo oficial del IGAC.

En dicho análisis se dejó claro que el citado avalúo oficial aplicó los

métodos teniendo en cuenta las características del inmueble objeto

de expropiación, dado que aplicó el método del mercado como el de

reposición los cuales eran idóneos para el caso ya que el inmueble a

expropiar tenía la condición de bien de interés cultural, así como de

bien sujeto al régimen de propiedad horizontal, para lo cual precisó

que solamente se usó el método de reposición para el valor del suelo,

aplicando la deprecación solo por el estado de conservación,

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conforme lo establece el artículo 22 de la Resolución núm. 620 de

2008.

Igualmente, se observa que el análisis de la sentencia apelada puso

de presente que el avalúo oficial se basó en el “INFORME DE

TASACIÓN DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES-

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA O INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-

EXPROPIACIÓN” de julio de 2011, en el cual se tuvo en cuenta el

valor del avalúo del inmueble -$169.903.500-, así como conceptos

adicionales, incluidos dentro del daño emergente, tales como costos

de desconexión de servicios públicos y gastos notariales y de

registro, por haberse acreditado. Empero, no se reconoció el lucro

cesante, en cuanto el mismo no se demostró, toda vez no se probó

que la actora recibía el pago del arriendo que se genera en el

inmueble, habida cuenta que en el contrato visible a folio 132 del C.

Anexos, no aparece la sociedad demandante como arrendataria.

Asimismo, se tiene que el quo analizó los valores comerciales

arrojados en el dictamen pericial practicado por el Ingeniero CARLOS

ROBERTO PEÑA. Sin embargo, para el Tribunal de primera instancia

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no existió claridad sobre la forma como se obtuvieron los valores, en

tanto primero se señalaron unos valores, en la tabla b del literal b

del dictamen, que al parecer derivan del método de comparación y

mercado, de ofertas de los lotes existentes en el mercado

inmobiliario y publicados en la página web de metrocuadrado.com de

2013 y, posteriormente, tuvo en cuenta unos precios catastrales de

2013, a pesar de que debieron calcularse el año 2010, cuando se

llevó a cabo la expropiación administrativa.

Determinó que las ofertas de mercado valoradas por el perito no

fueron concretas, en cuanto no se refirieron a inmuebles en

propiedad horizontal ubicados en el barrio la Alameda, donde se

encuentra ubicado el predio objeto de expropiación.

Además, destacó que ante las inconsistencias que presenta el

dictamen practicado dentro del proceso y ante la falta de claridad de

los valores obtenidos en el mismo, acogía el estudio de mercado que

hace parte del informe de avalúo oficial del IGAC, para establecer el

valor del metro cuadrado en la época que se realizó dicho avalúo.

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Sobre el particular, la Sala observa que el referido dictamen pericial

elaborado por CARLOS ROBERTO PEÑA, el cual determinó que el valor

del inmueble es de $283.301.97221, no aporta elementos probatorios

que permitan constatar la veracidad de las cifras expuestas, la

necesaria relación de causalidad que debe existir entre la suma cuyo

reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, que conduzca a

demostrar la corrección del justiprecio que se hace en este avalúo y

que entraña, obviamente, la incorrección del avalúo oficial.

Conforme lo indicó el Tribunal de primera instancia, el dictamen

pericial primero indicó unos valores del estudio de ofertas de lotes

existentes en el mercado inmobiliario, que obtuvo de

metrocuadrado.com de 2013 y, posteriormente, tuvo en cuenta

unos precios catastrales de 2013, a pesar de que debieron calcularse

con respecto al año 2010, cuando se llevó a cabo la expropiación

administrativa, lo cual impide su comparación con el avalúo oficial

con el fin de establecer si se ajusta o no al valor real del inmueble,

21
Folios 330 a 337 del C. Principal.

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dadas las dinámicas del mercado inmobiliario22, además de que no

indicó cuál fue el método aplicado para la elaboración del avalúo.

Adicionalmente, la Sala observa que el dictamen realizado por el

perito CARLOS ROBERTO PEÑA, en lo que respecta al daño

emergente y lucro cesante, señaló lo siguiente:

“[…] es claro que predio, después de 2010, es decir, hasta
2013, se ha valorizado; las cifras tanto catastrales como
comerciales muestran incrementos de 2010-2013, razón por
la no hay daño emergente. Y frente al lucro cesante,
según se pudo saber, se arrendó el local por un precio
irrisorio durante el tiempo, de lo cual no se evidenciaron
argumentos. Por lo tanto, ante estas dos situaciones no
existe ningún valor. […]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por el

mencionado Perito evidencia que el mismo está desprovisto de la

suficiente fundamentación fáctica y probatoria que permita corroborar

la corrección y certeza de sus dichos, esto es, que respalde los valores

señalados en el mismo para obtener el valor del inmueble objeto de

22
Al respecto, ver sentencia de 29 de febrero de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación
73001233100020120017101).

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expropiación, pues, conforme se indicó anteriormente, tuvo en

cuenta valores que no correspondían al año cuando se llevó a cabo

la expropiación administrativa y no existió claridad en cuanto a la

forma como se obtuvieron los valores indicados en el mismo, ni sobre

el método aplicado, dado que no indicó cuál de los métodos, definidos

en la Resolución núm. 620 de 2008, aplicó para realizar el dictamen.

Tampoco da cuenta de las razones de orden fáctico y probatorio que

permitan descartar los valores de los precios indemnizatorios del bien

expropiado, establecido en el avalúo oficial realizado por el IGAC y que

fue acogido en las resoluciones demandadas.

Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera en

sentencia de 14 de septiembre de 202023, señaló que se debe

convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración

al fijar un monto específico para la indemnización.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

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Asimismo, precisó que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad

del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo

técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que

ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través

de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

Así, discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer
al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio
de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para
decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo

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relativo al precio indemnizatorio.” 24[…]” (Destacado fuera de
texto).

Habida cuenta que la parte actora no demostró en el proceso que el

avalúo oficial era equivocado e incorrecto, ni acreditó la corrección

del justiprecio presentado en el avalúo realizado por el Perito

CARLOS ROBERTO PEÑA BARRERA, debe tenerse como válido,

creíble y debidamente fundamentado el avalúo oficial elaborado por

el IGAC que sirve de sustento a las resoluciones acusadas.

Al respecto, debe destacarse que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, al demandante, demostrar en el proceso que el avalúo

oficial es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones.

Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de agosto de 201925

indicó:

24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.

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“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”26.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección27 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación
dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
26
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
27
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que es cierto

que la Jurisprudencia ha estimado que la indemnización que se

reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene

carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio comercial

del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal

medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber del

interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa

cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la

expropiación decretada, lo que no ocurrió en el asunto de la

referencia28.

Cabe advertir que frente a la carga de la prueba de la parte

demandante, para efectos de desvirtuar los avalúos elaborados por

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.

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el IGAC en procesos de expropiación, esta Sala sostuvo en sentencia

de 20 de febrero de 202029, que ahora se prohíja, lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio
oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de
que se ha incurrido en error al establecer el monto de
la indemnización, y no simplemente de identificar
otras alternativas probables […]” (Destacado fuera de
texto).

En este orden de ideas, la Sala considera que los argumentos de la

alzada no están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la

presunción de legalidad del proceso expropiatorio y de los actos

administrativos acusados, razón por la que se confirmará la sentencia

recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este

proveído.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P: Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00115.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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