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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00538-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00538-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. ESTARSE a lo resuelto también en la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. ADICIONAR la sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en el sentido de declarar probada parcialmente la prescripción, así: «DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas con anterioridad al 9 de octubre de 2007, de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de su remuneración, desde el 1.º de abril de 2006 y hasta que por razón del cargo tenga derecho. Cuarto. MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, aclarados mediante auto del 18 de agosto de 2020, para en su lugar, disponer en un solo numeral lo siguiente: «CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos mensuales sobre la base del 100 % del salario básico más el 30 % de la prima especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 9 de octubre de 2007 y hasta que por razón del cargo tenga derecho. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2011-00538-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2011-00538-02 (4193-2021)
Demandante: William Eduardo Romero Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. ADICIONA Y MODIFICA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Avoca la Sala conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo previsto en
el artículo 116 del CPACA y decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, aclarada por medio de auto del dieciocho (18) de agosto de dos
mil veinte (2020), por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor William Eduardo Romero Suárez interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad e ilegalidad los artículos 6 y 7 del
Decreto salarial 389 de 2006; el 6 de los Decretos 618 de 2007 y 658 de 2008; el
8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010 y 1039 de 2011, expedidos por el
Gobierno nacional.

3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJ10-JR-DP-2995 del 29 de
noviembre de 2010, 6627 del 21 de diciembre de ese mismo año y 1896 del 10
de febrero de 2011, a través de las cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva

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de Administración Judicial, negó las diferencias debidas por concepto de salarios
y prestaciones sociales en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992 y confirmó dicha negativa, respectivamente, pues si bien al
demandante se le reconoció la prima especial, quedó pendiente el pago del 30
% del salario más las consecuencias prestacionales que haya generado dicho
porcentaje, desde el 1º de abril de 2006 hasta la fecha, en el cargo de magistrado
del Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Penal.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar del 30 %
de la remuneración mensual faltante, con las consecuencias prestacionales
correspondientes al periodo del 1º de abril de 2006 hasta la fecha en la que ocupó
el cargo de magistrado de Tribunal.

5. Se reajusten las sumas reconocidas, se paguen los intereses y se condene en
costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 187, 188, 189 y 192 del
CPACA.

HECHOS

6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

7. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, en el cargo de magistrado del
Tribunal Superior de Cundinamarca, desde el 1º de abril de 2006 hasta la fecha
y el 9 de octubre de 2010, solicitó a la demandada reconocer y pagar las
diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales durante los
periodos laborados en el cargo de magistrado. Petición que se negó a través de
los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera violados los artículos 1, 13, 25, 53, 121, 215 de la Constitución Política;
2 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; 114 de la Ley 1395 de 2010; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA; numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de
1996; y las Sentencias T-097 de 2006, SU-519 de 1997 emitidas por la Corte
Constitucional.

9. Que el acto acusado fue expedido con desconocimiento de la Constitución, la Ley
y del precedente que sobre la prima y los principios de derecho laboral han
desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, respectivamente.
Que al estar fundado en una interpretación errónea de los decretos salariales que
reglamentan la prima especial, adolece de falsa motivación por cuanto
desconoce las normas que reconocen y regulan el derecho de contenido laboral
que se pide. Además, que se incurre en desviación de poder, porque con el
pretexto de aplicar la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, no se

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realizó un incremento, sino que se sustrajo el 30 % del salario como factor
salarial, desmejorando las condiciones salariales del demandante.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. El 23 de octubre de 2012 fue admitida la demanda. La entidad1, se opuso a las
pretensiones, bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de
legalidad, porque como autoridad administrativa no es de su competencia ni la
fijación del régimen salarial, obligación que recae exclusivamente en el Gobierno
nacional, ni la facultad de interpretar e inaplicar leyes, que le compete a los jueces
de la República.

11. Expresó que la prima especial que consagra el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992,
busca equiparar los ingresos de los magistrados de altas cortes con los ingresos
totales percibidos en forma permanente por los congresistas, sin que ello
implique la modificación de las prestaciones sociales y demás conceptos
laborales a que tenían derecho aquellos antes de la expedición de la Ley 4.ª de
1992. Que en el artículo 16 (sic) de dicha Ley, quedó claro que la prima especial
estaba limitada únicamente a los ingresos permanentes, de los cuales no hacen
parte las prestaciones sociales, entre ellas, las cesantías.

12. Que mal haría la Administración al efectuar equivalencias entre el valor que se
liquida por concepto de cesantías a los congresistas y el que se reconoce a los
magistrados de altas cortes, al ordenar el pago de la diferencia del valor de las
cesantías por concepto de prima especial de servicios. Esto, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 10 de 1993, que afirma que, para
el cálculo de la prima especial, se tendrán en cuenta los ingresos de carácter
permanente.

13. Señaló que los derechos laborales reclamados antes del 19 de octubre de 2007
se encuentran prescritos, en virtud de que el actor elevó reclamación
administrativa el 19 de octubre de 20102 y, en consecuencia, propuso como
excepciones las de cobro de lo no debido, prescripción trienal e innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria
mediante sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)3,
accedió a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios. De ahí
que, en virtud de la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por el Consejo

1 Ver folios 128 a 133 del expediente físico.

2 Ver folios 2 a 8 del expediente físico, en donde se evidencia que la fecha de la reclamación administrativa,
contrario a lo afirmado por la entidad, es del 9 de octubre de 2010.
3 Ver folios 193 a 209 vuelto del expediente físico.

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de Estado, concluyó que «[…] los actos acusados violaron por aplicación indebida
e interpretación errónea las normas citadas y en ese sentido, se declarará su nulidad
[…]».

15. En consecuencia, al resolver la solicitud de aclaración de sentencia presentada
por el demandante4, consideró que «[…] el doctor William Eduardo Romero Suárez,
tiene derecho a la reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la
base del salario básico más el 30 % de éste, que corresponde a la prima especial de
servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y el derecho al
reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la
base de todo salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para
liquidar las prestaciones sociales, desde el 1º de abril de 2006 y hasta la fecha en que
el demandante se encuentre vinculado laboralmente a la entidad demandada en el
cargo de Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Sala Penal. […]».

16. Señaló que la excepción de cobro de lo no debido no debe prosperar, porque la
entidad se limitó a enunciarla sin allegar el correspondiente respaldo probatorio
que la acredite.

17. Afirmó que el término de prescripción debió comenzar a contabilizarse a partir
de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de los decretos
reglamentarios de la prima especial, por medio de los cuales se negó su
carácter salarial, es decir, a partir del 22 de julio de 2014, fecha de ejecutoria de
la sentencia del 29 de abril de 2014, pues fue con la expedición de esta que
surgió para el demandante el derecho a la reliquidación de sus prestaciones
sociales con la inclusión de la prima especial.

18. Que, para esa fecha, los actos administrativos particulares expedidos bajo tal
normativa, ya habían sido controvertidos en sede administrativa y demandados
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que, al estar en una
situación jurídica no consolidada y afectada con la sentencia de nulidad del 29
de abril de 2014, no era dable sancionar al demandante con una prescripción
trienal.

19. Por último, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014 emitida
por esta Corporación.

RECURSO DE APELACIÓN

20. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que
la prima especial no constituye factor salarial, tal como lo consideró la Corte
Constitucional en sentencia C-279 de 1996. Que, de accederse a las
pretensiones, se estaría sobrepasando el tope máximo de ingresos fijados por

4
Ver folios 252 a 253 vuelto.
5 Ver folios 272 a 276 del expediente físico.

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el legislador para el cargo del demandante, en relación con lo devengado por
los magistrados de alta corte, lo que, a su vez, implicaría una carga para la
entidad debido al recalculo de las operaciones matemáticas que deberá realizar
para ajustar dichos ingresos y así evitar que se superen dichos límites, conforme
lo establecen los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.

21. Señaló que sí se configura la excepción de prescripción, porque el demandante
realizó la reclamación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el
19 de octubre de 2010, por lo que las sumas reclamadas anteriores al 19 de
octubre de 2007 se encuentran prescritas.

22. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y declarar probada la
excepción de prescripción.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

23. El 31 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación. La parte
demandante presentó alegatos de conclusión y afirmó que los decretos
salariales expedidos por el Gobierno nacional entre los años 2007 a 2010, en
relación con la prima especial de servicios, se encuentran en trámite de nulidad
en esta Corporación, por lo que, resulta imposible establecer que ha operado
la prescripción, en virtud de que la exigibilidad del derecho solo nace con la
sentencia que declare la nulidad de dichos decretos. Frente a todo lo demás,
ratificó los argumentos expuestos en la demanda.

24. El Ministerio Público emitió concepto6, al considerar que, en virtud de la
sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por esta Corporación, la prima
especial de servicio no tiene carácter salarial, excepto para temas pensionales
y estimó que la sentencia debe modificarse en cuanto a declarar probada la
excepción de prescripción, pues la decisión que se tomó resulta muy onerosa
para el erario público. De esta forma, indicó que dicho término debe contarse a
partir del 9 de octubre de 2007.

25. La parte demandada no se pronunció.

26. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

27. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal

6 Ver índice 00043 de SAMAI.

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de impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con el
presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que
actualmente7 no se configura la causal de impedimento que dio lugar a la
designación de conjueces. En esa medida se avocará conocimiento del
proceso.

28. De otro lado, deberá resolver la Subsección si el demandante tiene derecho a
la prima especial de servicios como componente adicional de la asignación
básica y a la reliquidación del salario y las prestaciones sociales con base en el
100 % de su remuneración; si dicho emolumento tiene carácter salarial; si operó
la prescripción, y si se supera el tope del 80 % que prevén los Decretos 610 de
1998 y 1102 de 2012.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

29. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de
la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar,
los auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

30. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20148, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según
la cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones

7 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado:
7600123000201800326 02 (0502-2023); Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023); Consejo de Estado. Auto del
29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-2016-00857-02
(4942-2023).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz

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sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»

31. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 20199, 11 de julio de 202310, 5 de septiembre de 202311, 5 de
diciembre de 202312, 6 de agosto de 202413 y 18 de diciembre de 202414. En
particular se ha precisado que:

32. La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por
dicho concepto resulten a su favor.

33. La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-279 de 1996.

34. El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso, superar
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno de los
cargos que perciban el referido emolumento.

35. Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle
ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

36. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202415, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

Resolución del caso concreto

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.

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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00538-02 (4193-2021)

37. Se encuentra acreditado que el demandante ha laborado como magistrado de
tribunal desde el 1.º de abril de 200616, y que su remuneración y prestaciones
sociales fueron percibidas en montos inferiores a los que le corresponden desde
su vinculación, tal como se advierte en las constancias de pagos17, puesto que
la entidad restó la prima especial de servicios del 100 % del salario, aplicando
una interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno nacional
a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo
que la liquidación de la remuneración y las prestaciones se realizó sobre el 70
% de la asignación básica.

38. Así pues, dicho factor no fue reconocido ni pagado al actor como un incremento
del sueldo y al considerarlo parte de aquel, se desconoció la finalidad del
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

39. En estos términos, la Sala advierte que, tal como lo indicó el tribunal, el
demandante tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago tanto de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30 % de
éste, que ha sido reconocido a título de prima, como de sus prestaciones
sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos
de pensión. Por tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia en este
sentido.

40. Debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron la prima
especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue definida
por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de
abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones
reglamentarias; por lo tanto, la sala dispondrá estarse también a lo resuelto en
la providencia del 9 de abril de 2024, en la cual se precisó que la prima especial
constituye una adición al salario.

41. Ahora, contrario a lo expuesto por la recurrente, el que el demandante en su
calidad de magistrado de tribunal sea acreedor de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, no implica que por ello pierda
el derecho a que se reliquiden su salario y prestaciones sociales, pues la citada
norma prevé que esta bonificación, sumada a la prima especial y otros ingresos
deberá ser igual al 80 % de lo devengado anualmente por los magistrados de

16 El demandante laboró de manera ininterrumpida para la Rama Judicial en el cargo de magistrado de Tribunal

desde el 1º de abril de 2006 hasta la fecha, tal como se advierte en el certificado laboral del 9 de septiembre de
2025 emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que se encuentran en el archivo digital
denominado «143_MemorialWeb_Respuesta-WILLIAMEDUARDOROME(.pdf) NroActua 73», visible a índice
00073 de SAMAI. Si bien en dicha constancia se indica que trabajó hasta el 31 de agosto de 2023, no existe
prueba que acredite su retiro del servicio, por lo que se entiende vinculado.
17 Ver folios 59 a 63 del expediente físico. Si bien dentro de expediente solo se tiene prueba de dicha disminución

hasta el año 2010, la entidad deberá verificar si continuó el yerro por todo el tiempo de prestación del servicio.

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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00538-02 (4193-2021)

alta corte. De ahí que, la entidad al efectuar la correspondiente liquidación debe
corroborar que no se supere dicho porcentaje.

De la prescripción

42. En lo que respecta a la prescripción, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica18, que el derecho a la prima especial se hizo exigible con la entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de
1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993. Desde entonces, el interesado
podía interrumpir el término extintivo, de modo que, a diferencia de lo estimado
por el tribunal, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014
que surgió dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.

43. Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre
lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, a partir del 9 de octubre de
2007, esto es, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal, y desde ese
día hasta la fecha19, debido a que la petición fue radicada ante la administración
el 9 de octubre de 201020.

44. Sin embargo, dicho fenómeno no operará en lo que se refiere a las diferencias
de las cesantías causadas durante los periodos en que ha ocupado el cargo de
magistrado, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 201621, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral
esté vigente, como ocurre en el presente asunto.

45. Tampoco en relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, pues estos constituyen un derecho imprescriptible e
irrenunciable22 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de
199323 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por la

18 Para el efecto pueden consultarse:

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
19 No obra prueba del retiro del servicio.
20 Ver folios 2 a 8 del expediente físico.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
22 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
23 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.

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sostenibilidad del sistema24. En ese contexto, surge el deber de la entidad de
efectuar la respectiva reliquidación con el fin de determinar el monto de los
aportes adeudados.

46. Ahora, si bien el Tribunal en la parte motiva de la sentencia consideró no
probada la excepción de prescripción, en la parte resolutiva omitió pronunciarse
sobre ello, por lo que, se adicionará la sentencia apelada en el sentido de
declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, salvo en lo que se
refiere a la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto
de cesantías y de reajustar y pagar los aportes al sistema pensional, utilizando
como ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre
el total de la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para
los servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su
momento sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima especial,
desde el 1.o de abril de 2006 hasta que por razón del cargo tenga derecho, con
inclusión del valor de este último emolumento, de conformidad con la ley.

De la condena en costas en segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

De hecho, la pretensión del legislador, con la reforma introducida por la la
mencionada ley fue habilitar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, con lo cual se creó una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque las
peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial, por

24 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación:
25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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lo que no puede predicarse que la demandada haya sido vencida en el proceso. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. ESTARSE a lo resuelto también en la sentencia proferida por el Consejo
de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, radicado:
1100103250002019006000 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero. ADICIONAR la sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Sala Transitoria, en el sentido de declarar probada parcialmente la
prescripción, así:

«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas
causadas con anterioridad al 9 de octubre de 2007, de conformidad con los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia
desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la demandada
de pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar y pagar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de su
remuneración, desde el 1.º de abril de 2006 y hasta que por razón del cargo
tenga derecho.

Cuarto. MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia del treinta (30)
de noviembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, aclarados mediante auto del
18 de agosto de 2020, para en su lugar, disponer en un solo numeral lo siguiente:

«CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias
existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, por concepto de ingresos
mensuales sobre la base del 100 % del salario básico más el 30 % de la prima
especial de servicios; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales
al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 9 de octubre de
2007 y hasta que por razón del cargo tenga derecho.

Igualmente, a pagar las diferencias por concepto de cesantías y a efectuar y
pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de
su remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada

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anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial,
esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 %
reconocido a título de prima especial, desde el 1o. de abril de 2006 hasta que
por razón del cargo tenga derecho, con inclusión del valor de este último
emolumento, de conformidad con la ley.

Para efectuar dicho reconocimiento, la entidad tendrá en cuenta que la
bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
puede superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías, debiendo
tener en cuenta para tal efecto lo señalado en el Decreto 272 de 2021, artículo
1, parágrafo 2.»

Quinto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta (30) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, aclarada por medio de auto del 18 de agosto de
2020.

Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.

Séptimo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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