RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2011-00491-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00491-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00491-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 27 de mayo de 2022, por lo cual su parte resolutiva será la siguiente: “PRIMERO: NEGAR las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa e ineptitud sustantiva de la demanda, formuladas por el Instituto de Desarrollo Urbano. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 860 de 2009 y 3527 de 2011, expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano con ocasión del contrato No. 159 de 28 de diciembre de 2007. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones principales y subsidiarias de la demanda principal. CUARTO: DECLARAR el incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Consorcio ID emanadas del contrato No. 159 de 28 de diciembre de 2007. QUINTO: CONDENAR a Ingeconas Ltda. a pagar al Instituto de Desarrollo Urbano el valor de la cláusula penal pecuniaria, conforme a lo indicado en la parte motiva de la sentencia. SEXTO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de obra No. 159 de 28 de diciembre de 2007, conforme a lo indicado en la parte motiva de la sentencia. SÉPTIMO: DECLARAR que, como resultado de la liquidación judicial, el Consorcio ID adeuda al Instituto de Desarrollo Urbano la suma de mil setecientos ochenta y tres millones veintiún mil ciento sesenta y cuatro pesos ($1.783’021.164 m/cte.). OCTAVO: CONDENAR a SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. a pagar al Instituto de Desarrollo Urbano la suma de quinientos cuarenta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta ($546’853.460m/cte.), correspondiente a la cláusula penal pecuniaria cubierta por el amparo de cumplimiento de la póliza 00008586. NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de reconvención. DECIMO: Sin condena en costas ni agencias en derecho en esta instancia”. 150 La demanda se presentó el 20 de mayo de 2011 (folio 18, c. ppal), antes de que entrara en vigor el CPACA. Por lo tanto, este proceso se rige por el CCA. 77 Radicación: 25000232600020110049101 (69.090) Actor: Ingeconas Ltda. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Controversias contractuales SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00491-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 25000-23-26-000-2011-00491-01 (69.090)
Demandante: Ingeconas Ltda.
Demandada: Instituto de Desarrollo Urbano
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN ACTUACIONES SANCIONATORIAS – La entidad debe
convocar la audiencia de descargos con una antelación razonable y acorde con la finalidad de la norma atributiva
de la competencia para declarar el incumplimiento / AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD E IMPOSICIÓN DE
MULTAS – Es necesario determinar si su imposición se fundamentó en una prerrogativa de poder público o en
una facultad contractual / EFECTO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD EL ACTO QUE HIZO EFECTIVA LA
CLÁUSULA PENAL - la nulidad parcial del acto administrativo no conllevó la extinción de la obligación condicional
pactada en la póliza que consistía en el pago de la cláusula penal, cobertura expresamente incluida en el amparo
de cumplimiento

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

La controversia versa sobre un contrato de obra pública que terminó por vencimiento
del plazo sin que las obras se concluyeran. La entidad estatal impuso multas al
contratista, declaró su incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.
Uno de los integrantes del consorcio demandó la nulidad de dichas decisiones,
solicitó la liquidación judicial del contrato y reclamó el reconocimiento de sumas
derivadas de la responsabilidad contractual de la entidad estatal, así como de la
alteración del equilibrio económico del contrato. Por su parte, la entidad contratante
demandó en reconvención, solicitando que se declare el incumplimiento de la actora,
como integrante del consorcio contratista, y que se condene a indemnizar perjuicios.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la
siguiente decisión (se transcribe literalmente, incluso con errores):

“PRIMERO: NEGAR las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa de
INGECONAS LTDA e ineptitud sustantiva de la demanda, formuladas por el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO-IDU, de acuerdo con la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda
principal, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

TERCERO: DECLARAR el INCUMPLIMIENTO TOTAL de las obligaciones a cargo del
CONSORCIO ID, emanadas del contrato 159 de 28 de diciembre de 2007, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: en consecuencia de lo anterior, afectar el riesgo inicial asegurado en la póliza
de cumplimiento 008586 del 10 de enero de 2008, expedida por SEGUREXPO DE
COLOMBIA S.A., por un valor de SETECIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS
VEINTIDÓS MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($701.722.067), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: CONDENAR a SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., a pagar al INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO -IDU la suma de SETECIENTOS UN MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($701.722.067) por
concepto de cláusula penal pecuniaria, en atención a la parte motiva de esta providencia

SEXTO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de obra 159 de 28 de diciembre de 2007,
en el sentido de que la sociedad INGECONAS LTDA le debe al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU, la suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($1.970.103.247), de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de reconvención, en
atención a las consideraciones de esta providencia.

OCTAVO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho en esta instancia”1.

2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada por INGECONAS Ltda.2
(en adelante, “INGECONAS”), así como la demanda de reconvención y el
llamamiento en garantía formulados por el Instituto de Desarrollo Urbano (en
adelante, “IDU”).

Demanda principal

3. INGECONAS solicitó la nulidad de la Resolución 860 de 2009, mediante la cual se
declaró el incumplimiento del contrato y se hizo efectiva la cláusula penal, así como
de los actos presuntos que desestimaron los recursos interpuestos en su contra. En
subsidio, pidió la nulidad del acto presunto que negó la solicitud de revocatoria directa
de dicha resolución. Posteriormente, en el escrito de reforma de la demanda, incluyó
la solicitud de nulidad de la Resolución 3527 de 2011, que resolvió el recurso de
reposición contra la Resolución 860 de 20093. Por otra parte, pidió la nulidad del oficio
IDU-018431-STOE-5200 del 11 de marzo de 2009, mediante el cual se impuso una
multa, así como la condena al pago de los perjuicios derivados de su expedición.

4. A título de responsabilidad contractual del IDU, INGECONAS solicitó el
reconocimiento de $468’418.506 por el saldo de las obras construidas pendientes de
pago y $262’242.832 por la obra pendiente de ejecución, junto con los intereses de
mora. Además, reclamó $524’172.282, correspondientes a los siguientes rubros: (i)
saldo no causado por gestión ambiental, (ii) saldo no causado por plan de manejo de
tráfico, (iii) ajustes no pagados y (iv) devolución de las sumas retenidas por la entidad
durante la ejecución del contrato. Finalmente, pidió el pago de $56’962.281 por los
materiales de su propiedad que fueron retenidos por el IDU y no le fueron devueltos.

1
SAMAI Tribunal, Índice 34.
2
C. ppal., pp. 2 – 18.
3
C. ppal., pp. 46 – 47.

2

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

5. Finalmente, INGECONAS solicitó el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato por conductas atribuibles al IDU y hechos ajenos al contratista, que
generaron la ejecución de mayores cantidades de obra y una mayor permanencia en
el proyecto. En consecuencia, pidió que se condene a la entidad al pago de
$1.033’426.627, correspondientes a los siguientes conceptos: (i) excavaciones; (ii)
sobrecostos derivados de las excavaciones; (iii) relleno en recebo; (iv) retiro y
disposición de escombros; (v) traslado de materiales; (vi) manejo de aguas con
motobomba; (vii) manejo de redes secas; (viii) gestión ambiental, social y de tráfico
por 4.5 meses adicionales; (ix) tiempos de inactividad ("stand by") de maquinaria; y
(x) sobrecostos administrativos por mayor permanencia en obra. Además, solicitó que
se liquide judicialmente el contrato.

6. En apoyo de sus pretensiones, el demandante señaló que el 28 de diciembre de
2007, el IDU y el consorcio ID —integrado por INGECONAS y D&C Ingeniería S.A—
celebraron el contrato de obra pública No. 159, cuyo objeto era la construcción de los
andenes del eje vial de la calle 116 de Bogotá D.C., entre las carreras 15 y 19. Las
partes pactaron un valor estimado de $2.339’073.551 y acordaron que el IDU tendría
la facultad de imponer y cobrar multas mediante la expedición de actos
administrativos, cuando se configuraran eventos de incumplimiento atribuibles al
contratista.

7. La ejecución del contrato inició el 14 de abril de 2008. El Consorcio ID solicitó al
área de malla vial del IDU el permiso para cambiar las tuberías de aguas negras
trabajando sobre la calzada vial, pero la entidad negó la solicitud. A raíz de esa
decisión, la intervención tuvo que realizarse sobre los andenes, lo que imposibilitó la
construcción de las obras en corredores secos y forzó a trabajar en corredores
húmedos, generando sobrecostos y retrasos. Además, el contratista evidenció que
las redes de alcantarillado a intervenir estaban saturadas con otras redes de servicios
públicos y que no existían ductos independientes para alcantarillado y aguas lluvias,
sino que estos eran mixtos, lo que agravó las dificultades en la ejecución del contrato.

8. Entre julio y diciembre de 2008, las partes suscribieron dos adiciones al contrato
para incorporar obras no previstas y prorrogar el plazo contractual, en atención a las
dificultades surgidas durante su ejecución, las cuales fueron atribuidas al IDU. El 11
de marzo de 2009, el IDU emitió el oficio IDU-018431 STOE-5200, mediante el cual
impuso una multa al contratista —la cuantía de la sanción no fue especificada en la
demanda—. Este oficio fue remitido a la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, que
procedió a inscribir la sanción en el Registro Único de Proponentes (RUP).

9. El 25 de marzo de 2009, debido al vencimiento del plazo, las partes suscribieron
el acta 08 de terminación del contrato, en la que se habría dejado constancia de: (i)
la ejecución de mayores cantidades de obra que no fueron pagadas por el IDU; (ii)
un saldo pendiente de pago de $468’418.506 por las obras ejecutadas; y, (iii) obras
pendientes de ejecución por $262’242.832. El demandante sostuvo que en esta acta
no se reconocieron las sumas resultantes de los ajustes a los precios pactados.
Además, afirmó que el IDU, al tomar posesión de la obra, retuvo materiales de su
propiedad valorados en $56’962.281, que no fueron devueltos

3

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

10. El 1 de abril de 2009, el IDU expidió la Resolución 860, mediante la cual declaró
el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal por el 30% del valor del contrato.
El consorcio interpuso recursos de reposición y apelación contra esta decisión, como
también solicitó su revocatoria directa; sin embargo, la entidad no se pronunció. En
el escrito de reforma de la demanda, el contratista precisó que, tras el inicio del
proceso judicial, el IDU expidió la Resolución 3527 del 5 de agosto 2011, mediante
el cual negó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 860 de 2009,
negó la concesión del recurso de apelación y no accedió a la solicitud de revocatoria
directa4.

11. Como fundamento jurídico de las pretensiones sobre el incumplimiento del IDU y
la ruptura del equilibrio económico del contrato, el demandante citó los artículos 4, 5,
14, 28 y 50 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, en relación con la nulidad de la
Resolución 860 de 2009, solicitó que se tomaran como sustento los cargos expuestos
en el escrito del 4 de mayo de 2009, en el cual interpuso recurso de reposición contra
dicha decisión. En este documento5, el contratista alegó que el IDU vulneró su
derecho al debido proceso, pues solo transcurrió un día entre la citación a la
audiencia de descargos y su celebración, lo que le impidió ejercer su derecho de
defensa y controvertir las pruebas, además de evidenciar un prejuzgamiento por
parte de la entidad. Asimismo, sostuvo que la expedición de la Resolución 860 de
2009 tuvo como propósito justificar la contratación irregular de otro constructor para
la terminación de los andenes.

12. Adujo que la Resolución 860 estaba falsamente motivada, pues no existía un
incumplimiento imputable al Consorcio, ya que ejecutó la totalidad del presupuesto
del contrato y la imposibilidad de completar los metros lineales de construcción de los
andenes obedeció a circunstancias ajenas a su voluntad y fuera de su control. En
este sentido, indicó que bajo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la tubería de
24 pulgadas para la disposición de aguas negras debía instalarse sobre la calzada
vial, pero la entidad contratante, desconociendo las normas de uso del suelo, impuso
su ejecución sobre los andenes. Añadió que las bases técnicas de la licitación
contemplaban la intervención de una red de alcantarillado para aguas negras con una
operatividad del 40% y sin presión. No obstante, al iniciar las intervenciones sobre
los andenes, se evidenció la existencia de una red de aguas mixtas (aguas negras y
lluvias) que operaba a plena capacidad y con alta presión. Concluyó que estas
circunstancias impidieron la intervención de los andenes en un corredor seco, lo que
generó dificultades en la disposición del material sobrante y redujo los rendimientos
constructivos.

13. En la misma línea, sostuvo que ni el IDU ni las empresas de servicios públicos
domiciliarios contaban con un inventario completo y detallado de las redes, lo que
generó imprevistos durante la ejecución del contrato. Señaló que Codensa S.A.
E.S.P, propietaria de las redes de energía, solicitó modificaciones a los diseños, lo
que implicó la realización de obras no previstas, cuya formalización y ejecución se
retrasaron por culpa del IDU. Asimismo, indicó que ETB S.A. E.S.P, administradora
de las redes de telefonía, condicionó las excavaciones a la verificación de las
cámaras y ductos existentes, además de solicitar obras adicionales no contempladas

4
C. ppal., pp. 42 – 46.
5
C. pruebas 2, pp. 78 – 89.

4

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

en los diseños iniciales. Agregó que el IDU, pese a la necesidad de intervenir las
redes subterráneas para la construcción de los andenes, se negó injustificadamente
a adicionar el valor del contrato para sufragar dichos trabajos. A partir de lo anterior,
concluyó que la deficiente planeación del proyecto alteró sustancialmente la
naturaleza del contrato, que pasó de tener como componente principal la
construcción de los andenes a centrarse en el manejo y traslado de redes. Sostuvo
que este cambio de circunstancias fue la causa principal de la imposibilidad de
ejecutar las obras del espacio público en su totalidad.

14. En la reforma de la demanda, en relación con la nulidad de la Resolución 3527
de 2011, alegó que esta decisión fue expedida sin competencia y en contravención
del debido proceso, ya que, al momento de su emisión, el IDU había sido notificado
del auto admisorio de la demanda.

15. En cuanto a la nulidad del oficio IDU-018431 STOE-5200, por el cual se impuso
una multa, afirmó que el IDU desconoció la cláusula 14 del contrato, ya que no expidió
un acto administrativo para su imposición y, a pesar de ello, ordenó su inscripción en
el RUP. Agregó que esta actuación vulneró el debido proceso, ya que impidió ejercer
el derecho de defensa y la interposición de recursos en vía gubernativa.

Contestación de la demanda principal

16. El IDU se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso
la excepción de contrato no cumplido, argumentando que al finalizar su ejecución,
aún estaba pendiente el 46% de las obras de construcción de los andenes 6. Agregó
que, debido al incumplimiento del contratista, el IDU declaró la urgencia manifiesta
mediante la Resolución 840 de 2009, lo que le permitió contratar directamente a
Obras Civiles e Inmobiliarias S.A. para terminar las construcciones inconclusas y
ejecutar intervenciones prioritarias en distintos puntos con el fin de subsanar las
deficiencias de las obras entregadas por el Consorcio ID. Finalmente, señaló que las
empresas operadoras de las redes de servicios públicos (EAAB S.A. E.S.P., ETB S.A.
E.S.P., CODENSA S.A. E.S.P. y GAS NATURAL S.A. E.S.P.) realizaron inspecciones
y reportaron múltiples desperfectos, daños y alteraciones atribuibles a las obras
ejecutadas por el Consorcio ID, cuyo costo debió ser asumido por la entidad.

17. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, aduciendo
que la demanda debía ser promovida por los dos integrantes del consorcio y no por
uno solo de ellos. Por otro lado, al pronunciarse sobre la reforma de la demanda,
sostuvo que expidió válidamente la Resolución 3527 de 2011, ya que para decidir los
recursos interpuestos por el contratista y la aseguradora contra la Resolución 860 de
2009, la entidad decretó pruebas en el Auto 003 del 17 de diciembre de 2009,
decisión que conforme al artículo 60 del CCA interrumpió el término para resolverlos7.

Demanda de reconvención

6
C. 3., pp. 05 – 57.
7
C. ppal., pp. 144 - 150.

5

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

18. El IDU presentó demanda de reconvención contra INGECONAS en la que pidió
que se liquide judicialmente el contrato, se declare que el Consorcio ID incumplió sus
obligaciones contractuales y, como consecuencia de ello, se le condene a pagar los
perjuicios materiales causados por su incumplimiento8. En la reforma de la demanda
de reconvención, el IDU solicitó que se declare que INGECONAS debe pagar la
cláusula penal pecuniaria, equivalente a $926’722.065, más los intereses
respectivos9.

19. En respaldo de sus pretensiones, la reconviniente reiteró los hechos en que
fundamentó la excepción de contrato no cumplido formulada en la contestación de la
demanda principal. Adicionalmente, indicó que, el 4 de diciembre de 2008, el IDU
comunicó al Consorcio ID el inicio del procedimiento administrativo para declarar la
caducidad del contrato, dado que, para esa fecha, el avance físico del proyecto
apenas alcanzaba el 55%. No obstante, la entidad se abstuvo de adoptar dicha
determinación y suscribió el Adicional No. 3, mediante el cual se prorrogó el plazo
contractual y el contratista autorizó al IDU a practicar una retención automática de
$20’000.000 diarios, a título de multa, por cada día de atraso en el cumplimiento del
cronograma de las obras pendientes.

20. En febrero de 2009, el interventor de la obra informó al IDU que el contratista
incumplió el cronograma en uno de los tramos del proyecto. En consecuencia,
mediante el oficio IDU 012686, la entidad estatal comunicó al contratista que aplicaría
las multas pactadas desde el 28 de enero hasta el 20 de marzo de 2009, fecha en la
que tomó posesión de la obra.

21. El 25 de marzo de 2009 se suscribió el acta de terminación del contrato. En este
documento, el contratista reconoció que aún quedaba pendiente por ejecutar el 33%
del proyecto. En consecuencia, el 1 de abril de 2009, el IDU expidió la Resolución
860, mediante la cual declaró el incumplimiento definitivo del contrato y ordenó hacer
efectiva la cláusula penal pecuniaria.

22. Finalmente, señaló que el Consorcio ID y SEGUREXPO S.A. (en adelante, la
“Aseguradora”), compañía que expidió la garantía única de cumplimiento del contrato,
recurrieron esta decisión. Para resolver la impugnación, mediante la Resolución 003
del 17 de diciembre de 2009, el IDU decretó pruebas dentro de la vía gubernativa.
Practicadas las pruebas, el 5 de agosto de 2011, la entidad expidió la Resolución
3527, mediante la cual confirmó la Resolución 860 de 2009.

23. Como fundamento jurídico de las pretensiones de la demanda de reconvención,
el IDU citó las normas de la Ley 80 de 1993 que imponen al contratista el deber de
cumplir oportunamente sus obligaciones. En el escrito de reforma de la demanda,
invocó además el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 para sustentar la pretensión de
obligar a INGECONAS a pagar la cláusula penal. Precisó que el parágrafo de esta
disposición faculta a las entidades estatales para hacer efectiva la cláusula penal por
distintas vías, entre ellas la acción de controversias contractuales prevista en el
artículo 87 del CCA10.

8
C. 4., pp. 02 - 44.
9
C 4., p. 47.
10
C. 4, pp. 48-58.

6

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Contestación de la demanda de reconvención

24. INGECONAS se opuso a las pretensiones de la demanda de reconvención,
argumentando (i) que ejecutó la totalidad del presupuesto estimado del contrato y (ii)
la imposibilidad de completar los andenes obedeció a circunstancias ajenas a su
voluntad y fuera de su control. Para sustentar esta defensa, reiteró los hechos en que
fundó el cargo de nulidad por falsa motivación de la Resolución 860 de 200911.

Llamamiento en garantía

25. Durante el término de fijación en lista de la demanda principal, el IDU también
llamó en garantía a la Aseguradora y solicitó que se declare la existencia de una
“relación contractual, sustancial y legal”, derivada del contrato de seguro de
cumplimiento. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión: “en caso de existir
sentencia condenatoria en contra de la sociedad Ingeconas S.A., condénese al
llamado en garantía al reembolso - pago total o parcial de la indemnización a que
haya lugar por el incumplimiento del contrato 159 de 2007, conforme al contrato de
seguro No. 00008586”12.

26. Como fundamento del llamamiento en garantía, el IDU reiteró los hechos
expuestos en su demanda de reconvención y agregó que la Aseguradora emitió la
póliza de cumplimiento No. 00008586, cuyo objeto era garantizar el pago de los
perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el
Consorcio ID. Además, señaló que la constitución de la indicada garantía única a
favor de la entidad estatal generó una relación sustancial con la aseguradora,
otorgándole el derecho a exigir la indemnización de los perjuicios que eventualmente
llegara a sufrir.

27. La Aseguradora contestó la demanda de reconvención y el llamamiento en
garantía presentados por el IDU, oponiéndose a las pretensiones formuladas en
dichos actos procesales13. Afirmó que la cláusula 5ª del contrato establecía como
condición para hacer efectiva la cláusula penal que se declarara la caducidad del
contrato o su incumplimiento total. Con base en ello, sostuvo que dicha condición no
se cumplió, pues el incumplimiento fue parcial y, además, no era imputable al
contratista. Por otro lado, alegó que operó la prescripción ordinaria de la acción
derivada del contrato de seguro, dado que entre la fecha en que el IDU tuvo
conocimiento del incumplimiento (25 de marzo de 2009) y la fecha en que la
Resolución 860 adquirió firmeza transcurrieron más de dos años.

28. Adujo que las condiciones generales de la póliza imponían a la entidad estatal
asegurada la obligación de no introducir modificaciones al contrato de obra
garantizado sin notificar previamente a la aseguradora y obtener su consentimiento.
En este sentido, sostuvo que la toma de posesión de las obras, ocurrida el 20 de
marzo de 2009, cinco días antes de la expiración del plazo contractual, implicó la
terminación del contrato de seguro, pues no se notificó la variación del estado del

11
C. 7, pp. 5 – 21.
12
C. 5, p. 2.
13
C. 5, pp. 15 – 91.

7

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

riesgo (C Co., art. 1060) ni se cumplió con la garantía a cargo de la asegurada (C.
Co., art. 1061). En consecuencia, concluyó que la aseguradora quedó liberada de
cualquier obligación.

29. La compañía de seguros afirmó que el IDU incumplió sus obligaciones
contractuales y legales, lo que impidió al contratista cumplir sus compromisos. En
particular, señaló las siguientes conductas y hechos: (i) el retraso en la entrega del
anticipo; (ii) las inexactitudes en los pliegos de condiciones respecto del tipo de redes
subterráneas de aguas negras que el contratista debía intervenir; (iii) la demora en la
aprobación y formalización de adiciones necesarias para ejecutar obras de manejo
de redes no previstas, indispensables para la construcción de los andenes; y (iv) la
negativa a adicionar el contrato para remunerar ítems adicionales de manejo de
redes.

30. Indicó que el IDU violó el debido proceso en la expedición de la Resolución 860
de 2009, ya que: (i) era improcedente tomar los porcentajes de obra consignados en
el acta de terminación del 25 de marzo como base para la decisión, pues tenían
carácter estimado y no precisaban a qué parte era atribuible la falta de ejecución; (ii)
en la citación a descargos se utilizó como referencia un presupuesto de obra distinto
al finalmente empleado en el acto administrativo para justificar la declaratoria de
incumplimiento; y, (iii) la citación a la audiencia de descargos se realizó con un solo
día de antelación, en contravención de la Resolución 7553 del IDU, que establecía
un plazo de tres días.

31. La Aseguradora alegó que no era procedente aplicar descuentos para hacer
efectivas las multas, pues estas sanciones se fundamentaban en la cláusula tercera
del Adicional 3, la cual era ilegal y viciaba la decisión de la entidad. En particular,
sostuvo que dicha cláusula permitía imponer la sanción únicamente con base en la
comunicación del IDU sobre el vencimiento del plazo y la multa aplicable, lo que
contravenía el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que exige un procedimiento previo
para la imposición de sanciones contractuales. Además, argumentó que la imposición
de las multas era improcedente, dado que, pocos días antes de la expedición de la
decisión, la interventoría había advertido que la construcción de los andenes no podía
concluirse sin una adición contractual para la ejecución de actividades relacionadas
con el manejo y traslado de redes de servicios públicos.

32. Finalmente, sostuvo que la Resolución 3527 del 5 de agosto de 2011, mediante
la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 860 de 2009, es nula
por incompetencia, pues fue expedida después de la notificación del auto admisorio
de la demanda. Además, afirmó que la negativa a firmar el acta de recibo final de la
obra, en la que debían dimensionarse y cuantificarse las obras pendientes de
ejecución por causas atribuibles al contratista, impidió que la entidad cumpliera con
la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, conforme a lo dispuesto
en el artículo 1077 del Código de Comercio.

Alegatos en primera instancia

8

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

33. Surtida la etapa probatoria14, el Tribunal Administrativo dio traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. Las partes
guardaron silencio15. El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó negar
las pretensiones de la demanda principal. Sostuvo que INGECONAS no probó los
incumplimientos atribuidos al IDU ni los hechos en los que fundamentó la pretensión
de nulidad de la Resolución 860 de 2009, sin exponer mayores justificaciones sobre
esta conclusión16.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

34. En relación con la demanda principal, el Tribunal negó la pretensión de nulidad
de las Resoluciones 860 de 2009 y 3527 de 2011, mediante las cuales se declaró el
incumplimiento del consorcio ID y se hizo efectiva la cláusula penal. Señaló que el
Consejo de Estado, en un proceso independiente, declaró la nulidad parcial de dichas
resoluciones por violación del debido proceso, pero exclusivamente en lo
concerniente a la Aseguradora, mas no al contratista17. Indicó que, a diferencia de la
Aseguradora, que no firmó el acta de terminación de la obra del 25 de marzo de 2009
—en la que se consignó un porcentaje de ejecución pendiente del 33%—, el
Consorcio ID sí suscribió dicho documento, por lo que conocía la situación que motivó
su citación a la audiencia de descargos del 1 de abril de 2009. Agregó que la
modificación del procedimiento de imposición de multas pactada en el adicional 3
también obedeció a los incumplimientos reiterados del contratista. Por lo tanto,

14
Mediante auto del 19 de agosto de 2014 (C. ppal., pp. 187-192), el Tribunal decretó las pruebas solicitadas
por las partes, decisión que fue aclarada en providencia del 30 de septiembre de 2014 (C. ppal., pp. 204-
205) y posteriormente adicionada mediante auto del 17 de febrero de 2015 (C. ppal., p. 215). Respecto de
INGECONAS, se decretaron: (i) los documentos aportados con la demanda y la contestación de la
reconvención; (ii) los documentos cuya remisión INGECONAS solicitó al IDU mediante oficio, entre ellos la
certificación de pagos, la propuesta del consorcio, las actas de liquidación parcial y las actas de
determinación del valor para adicionar el contrato; (iii) el dictamen pericial económico-financiero solicitado
en la demanda, orientado a determinar el ajuste de los precios globales y la alteración del equilibrio
económico del contrato; (iv) el dictamen pericial técnico solicitado en la contestación de la reconvención,
relativo a las circunstancias que impidieron la ejecución total de las obras de espacio público; y (v) los
testimonios de Javier Moreno López (practicado), Jorge Velásquez (practicado) y Guillermo Balcázar
(desistido). En cuanto al IDU, se decretaron: (i) los documentos aportados con la contestación de la
demanda y la demanda de reconvención y (ii) los testimonios de Silverio Osa Carvajal, Olga Robayo Cruz,
Andrés Sandoval, Mario Suárez Melo, Claudia Rozo Escobar, Gloria Inés Cardona y Adriana Lucía Jiménez,
solicitados en la demanda de reconvención y en la contestación a la reforma de la demanda principal (todos
ellos fueron desistidos, c. ppal., p. 402). Posteriormente, en auto del 5 de mayo de 2015 (C. ppal., pp. 382-
383), el Tribunal decretó la prueba pericial pedida por el IDU en su demanda de reconvención con el objeto
de probar los perjuicios sufridos por el incumplimiento del Consorcio ID, que no había sido incluida en el
auto de apertura a pruebas. Esta providencia no fue impugnada. Finalmente, respecto de la Aseguradora,
se decretaron los documentos aportados junto con la contestación al llamamiento en garantía y a la
demanda de reconvención del IDU.
15
El IDU y Segurexpo presentaron sendos memoriales en los que advirtieron que el cambio de radicado
del proceso en el sistema de registro Siglo XXI, originado en la aceptación de los impedimentos de los
magistrados que integraban la Sala, generó una confusión que les impidió descorrer el traslado para alegar
de conclusión (C. ppal., pp. 560-564 y 566-582). Mediante auto del 11 de septiembre de 2009 (C. ppal., pp.
584-586), el magistrado ponente desestimó las solicitudes del IDU y la aseguradora de aclarar el número
de radicado del proceso, argumentando que el radicado inicial en el sistema (20110049101) cambió tras
aceptarse los impedimentos (20110049102) y que en este último se registraron todas las actuaciones
procesales, incluyendo el traslado para alegar. Asimismo, enfatizó que, con independencia del registro en
el sistema Siglo XXI, el auto que corrió traslado para alegar de conclusión se notificó por estado, por lo que
las partes no podían desconocer su deber de informarse sobre las decisiones del Despacho a través de los
medios de notificación legalmente establecidos. La súplica contra esta decisión fue declarada improcedente.
Por estos mismos hechos, el IDU promovió una acción de tutela que fue declarada improcedente por esta
Corporación, entre otras razones, por no haberse propuesto un incidente de nulidad por tales hechos: C.E.,
Secc. Tercera, Sub. C, rad. 11001-03-15-000-2022-00704-00, mar. 11/2022, C.P. Jaime Rodríguez Navas.
16
C. ppal. pp. 544 – 551.
17
C.E., Secc. Tercera, Sub. B, Sent. 53.350, sept. 08/2021, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

9

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

concluyó que no hubo vulneración del debido proceso, pues estos antecedentes
indicaban que el IDU iniciaría el procedimiento sancionatorio que terminó con la
expedición de la Resolución 860.

35. El Tribunal desestimó el cargo de falsa motivación de la Resolución 860 de 2009
porque el Consorcio no impugnó la legalidad de la Resolución 840 del mismo año,
mediante la cual el IDU declaró la urgencia manifiesta para contratar directamente la
terminación de las obras. Precisó que, en esta última decisión, el IDU (i) estableció
los incumplimientos en que incurrió el Consorcio, (ii) determinó que las obras sin
ejecutar correspondían al 46% de la meta física y (iii) fijó el costo de finalización de
las obras, lo cual no fue desvirtuado por el demandante. En consecuencia, concluyó
que el Consorcio no podía alegar la inexistencia de incumplimientos mientras
aceptaba tácitamente la validez de la Resolución 840 de 2009.

36. Por otro lado, negó la pretensión de INGECONAS de declarar nulo el oficio IDU-
018431-STOE-5200 del 11 de marzo de 2009, mediante el cual se impuso una multa.
Señaló que, independientemente de su aspecto formal, el documento contiene un
acto administrativo. Agregó que su expedición no vulneró el debido proceso, pues el
IDU aplicó el procedimiento pactado en el adicional 3 del contrato, el cual le facultaba
para imponer la multa sin necesidad de un procedimiento previo. Asimismo, indicó
que esta decisión no afectó el derecho de defensa del contratista, ya que, conforme
a lo previsto el adicional 3, una vez impuesta la multa, el contratista podía justificar la
inejecución y, de encontrar atendible su explicación, el IDU debía reintegrar el valor
de la sanción.

37. El Tribunal abordó conjuntamente las pretensiones de la demanda relativas a los
incumplimientos imputados al IDU y al restablecimiento del equilibrio económico del
contrato. Consideró que dichas pretensiones eran improcedentes, dado que su
fundamento radicaba en las notas consignadas por el contratista en el acta de
terminación del contrato, firmada el 25 de marzo de 2009, las cuales fueron
desvirtuadas por el IDU en la Resolución 840 de 2009, mediante la cual se declaró la
urgencia manifiesta.

38. El Tribunal agregó que, durante la ejecución del contrato, se suscribieron varios
otrosíes y adiciones sin que el consorcio dejara salvedades sobre un posible
desequilibrio contractual. Precisó que, en los Adicionales No. 1 y 3, cuya validez no
fue cuestionada, el consorcio renunció al cobro de compensaciones o
indemnizaciones derivadas de su suscripción. Asimismo, indicó que el contratista no
probó que los sobrecostos reclamados se hubieran causado y destacó que las
salvedades incluidas en el acta de terminación de la obra del 25 de marzo de 2009
carecen de claridad y precisión. En consecuencia, concluyó que no procedía ordenar
la indemnización de perjuicios ni el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato por conductas imputables al IDU, pues esta pretensión implicaba el
desconocimiento de los propios actos del contratista. Respecto al costo de los
materiales retenidos, determinó que no se acreditó ni la cantidad ni las características
de estos; asimismo, precisó que en el expediente consta un acta en la que el IDU
puso a disposición del contratista los equipos y materiales encontrados en la obra,
motivo por el cual negó el reconocimiento solicitado.

10

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

39. En relación con la demanda de reconvención, el Tribunal señaló que el
incumplimiento del Consorcio ID estaba probado, dado que no se desvirtuó la
presunción de legalidad de la Resolución 860 de 2009, mediante la cual se declaró
dicho incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, ni se cuestionó
la validez de la Resolución 840 del mismo año, que declaró la urgencia manifiesta.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que el análisis debía centrarse en determinar
si existían perjuicios adicionales a los estimados anticipadamente en la cláusula
penal pecuniaria.

40. El Tribunal desestimó la pretensión de ordenar el pago de perjuicios adicionales
a los estimados anticipadamente en la cláusula penal, porque: (i) el dictamen pericial
elaborado por Uriel Alzate precisó que, debido a la limitación de la información
suministrada por el IDU, no era posible cuantificarlos; (ii) en la Resolución 840 de
2009, que declaró la urgencia manifiesta, se estableció el porcentaje de obra
pendiente por ejecutar, pero no se calcularon los perjuicios; y, (iii) el IDU no probó los
costos de personal propio y de interventoría en los que incurrió para supervisar la
terminación de las obras. Finalmente, indicó que, aunque la terminación del 46% de
la obra pendiente podría haber implicado costos adicionales, no se probó que estos
efectivamente se hubieran causado.

41. En relación con el llamamiento en garantía formulado por el IDU contra la
Aseguradora, el Tribunal indicó que la sentencia del Consejo de Estado, en la que se
declaró la nulidad parcial de la Resolución 860 respecto de dicha compañía, no
impedía analizar las pretensiones formuladas contra ella en este proceso. En
sustento de ello, señaló que la entidad estatal asegurada podía hacer efectiva la
garantía por diferentes vías: (i) expidiendo un acto administrativo, (ii) ejerciendo el
derecho de acción en su condición de asegurada o (iii) haciendo concurrir a la
aseguradora en calidad de llamada en garantía. Además, precisó que la sentencia
estudió la legalidad de las Resoluciones 860 y 3527 únicamente en relación con la
vulneración del debido proceso, mientras que el llamamiento en garantía tiene
fundamentos distintos e implica examinar si la aseguradora está obligada a pagar el
valor de la cláusula penal por haberse materializado riesgo de incumplimiento del
contrato garantizado.

42. El Tribunal señaló que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada
del contrato de seguro, ya que: (i) el IDU declaró la ocurrencia del siniestro una vez
evidenció el incumplimiento, conclusión que no perdía validez por la anulación parcial
de la Resolución 860 de 2009; (ii) la Aseguradora no refutó la existencia de los
incumplimientos del contratista ni cuestionó la legalidad del acto que declaró la
urgencia manifiesta —lo que equivale a aceptar la ocurrencia del siniestro—; y, (iii) el
IDU presentó oportunamente la demanda de reconvención solicitando la declaratoria
de incumplimiento y el pago de la cláusula penal. Por otro lado, afirmó que la entidad
no tomó posesión ilegal de la obra, pues lo hizo al vencimiento del plazo contractual.

43. A partir de lo anterior, concluyó que era procedente afectar la póliza, ya que el
amparo de cumplimiento cubría el pago de la cláusula penal. Sin embargo, dado que
no había prueba de que la Aseguradora conociera la suscripción del Adicional 3 y del
acta de terminación del contrato del 25 de marzo de 2009, concluyó que solo procedía
ordenar el pago del valor inicial asegurado ($701’722.067). El Tribunal aclaró que no

11

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

“se declarará la efectividad de la cláusula penal porque esta [sic] fue declarada en
sede administrativa mediante Resolución 860 de 1 de abril de 2009. Decisión que no
fue modificada por la sentencia del Consejo de Estado del 8 de septiembre de 2021”.

44. Finalmente, con base en el dictamen pericial elaborado por Uriel Alzate Salazar,
el Tribunal liquidó el contrato, estableciendo un saldo total a favor del IDU de
$2.671’825.314. Señaló que la Aseguradora debe pagar $701’722.067, por lo que el
saldo final adeudado por el contratista es de $1.970’103.247. La liquidación se
presentó en los siguientes términos:

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

45. INGECONAS solicitó que se revoque integralmente la sentencia, indicando que
la decisión de negar la nulidad de las Resoluciones 860 y 3527, mediante las cuales
se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal, era errónea, pues
dichos actos administrativos fueron expedidos una vez finalizado el plazo contractual,
cuando la entidad ya no tenía competencia temporal. Asimismo, insistió en que para
hacer efectiva la cláusula penal debía declararse la caducidad o el incumplimiento
total del contrato, lo cual no ocurrió. Agregó que, al tratarse de un incumplimiento
parcial, debía aplicarse la reducción proporcional de la pena conforme al artículo 1596
del Código Civil. Finalmente, sostuvo que el hecho de que el consorcio hubiera
firmado el acta de terminación del contrato, en la que se registró un porcentaje
faltante de ejecución de las obras, no autorizaba al IDU a citarlo con solo un día de

12

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

antelación a la audiencia de descargos, lo que configuró una vulneración del debido
proceso.

46. Señaló que no era necesario impugnar la legalidad de la Resolución 840 de 2009
—mediante la cual se declaró la urgencia manifiesta— para que prosperaran las
pretensiones de nulidad por falsa motivación de la Resolución 860 de 2009, así como
las relacionadas con el incumplimiento del IDU y la alteración del equilibrio económico
del contrato. En sustento de ello, indicó que dicho acto administrativo es de carácter
general, no fue expedido en el marco del contrato ni tenía como destinatario al
contratista, por lo que no estaba obligado a demandarlo. Puesto que el Tribunal no
analizó las imputaciones a la entidad con fundamento en este argumento, reiteró los
hechos en los que basó sus alegaciones sobre el incumplimiento del IDU.

47. Finalmente, adujo que el Tribunal debió declarar la nulidad del oficio IDU-018431-
STOE-5200, mediante el cual se impuso la multa, pues esta se fundamentó en una
cláusula del Adicional No. 3 que vulnera el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, al
sustituir el procedimiento legalmente establecido para la imposición de sanciones.
Sostuvo que la omisión de este trámite legal impidió que la decisión se adoptara con
las formalidades propias de un acto administrativo, restringiendo el derecho del
contratista a interponer recursos en su contra. Añadió que, de haberse seguido dicho
procedimiento, la multa no habría sido impuesta dentro de la vigencia del contrato.
En consecuencia, afirmó que la entidad actuó con desviación de poder al imponer la
multa sin considerar su naturaleza conminatoria.

48. La Aseguradora también solicitó la revocatoria de la sentencia. Afirmó que el
Consejo de Estado, al anular parcialmente la Resolución 860 de 2009, determinó que
el único obligado al pago de la cláusula penal en virtud de esa decisión era el
contratista. En consecuencia, sostuvo que el Tribunal no podía extender
judicialmente esta obligación a la Aseguradora, ya que existía otro acto jurídico con
efectos vinculantes en virtud del cual la obligación recaía exclusivamente sobre el
Consorcio ID. Agregó que las pretensiones de la demanda de reconvención se
fundamentaban en la Resolución 860 de 2009 y no en el acto administrativo que
declaró la urgencia manifiesta, por lo que resultaba improcedente condenar a la
Aseguradora al pago de la cláusula penal. Además, sostuvo que no se acreditó el
incumplimiento total, requisito indispensable para hacer efectiva la póliza.

49. Afirmó que el Tribunal, al resolver la excepción de prescripción ordinaria de la
acción derivada del contrato de seguro, no se pronunció concretamente sobre los
hechos en que se sustentó, por lo que insistió en ella. Por otro lado, señaló que era
incorrecta la conclusión de que la toma de posesión de la obra tuvo lugar al expirar
el plazo del contrato, ya que, como el IDU reconoció en su demanda de reconvención,
dicha actuación ocurrió cinco días antes del vencimiento del plazo contractual. Con
fundamento en este reparo, reiteró el argumento de que esta conducta del asegurado
dio lugar a la terminación del contrato de seguro y, en consecuencia, la compañía
quedó liberada de la obligación de pagar la cláusula penal. Finalmente, señaló que
no era cierto que la Resolución 840 de 2009, mediante la cual se declaró la urgencia
manifiesta, hubiera desvirtuado los incumplimientos atribuibles al IDU durante la
ejecución del contrato. Sostuvo que dichos incumplimientos estaban probados con
las pruebas obrantes en el expediente.

13

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Trámite en segunda instancia

50. En auto del 9 de diciembre de 2022 se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. En sus
alegatos, la parte demandante insistió en los argumentos de la alzada18. La parte
demandada pidió que la sentencia se confirme sin añadir nuevos planteamientos a
los expuestos en su defensa19.

51. La Aseguradora reiteró los argumentos expuestos en el recurso y realizó algunas
precisiones. Sostuvo que el acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta es
de carácter general, no determinó el incumplimiento del contrato suscrito con el
Consorcio ID ni cuantificó perjuicios, por lo que no era necesario impugnar su
legalidad. Además, indicó que en la parte resolutiva de la sentencia no se acogió
ninguna de las pretensiones de condena formuladas en la demanda de reconvención
del IDU, incluyendo la solicitud de condenar a INGECONAS al pago de la cláusula
penal pecuniaria. Asimismo, señaló que el IDU, en el llamamiento en garantía,
supeditó sus pretensiones contra la Aseguradora a que se impusiera una condena
contra el contratista, lo cual no ocurrió. En consecuencia, concluyó que era
improcedente condenar a SEGUROEXPO S.A. al pago de la cláusula penal 20. El
Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

52. Corresponde a la Sala resolver los reparos planteados en los recursos de
apelación contra la sentencia de primera instancia, para lo cual seguirá la siguiente
ruta de análisis: en primer lugar, se abordarán los motivos de inconformidad de
INGECONAS frente a la decisión de negar la nulidad de las Resoluciones 860 de
2009 y 3257 de 2011, que declararon el incumplimiento e hicieron efectiva la cláusula
penal. En segundo lugar, se examinarán los reparos contra la decisión de negar la
nulidad del oficio IDU-018431-STOE-5200, mediante el cual se impuso una multa al
contratista. En tercer lugar, se analizarán los motivos de inconformidad respecto de
la negativa a declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato y el supuesto
incumplimiento del IDU, así como la decisión de declarar el incumplimiento en contra
del Consorcio ID. En cuarto lugar, dado que se trata de un aspecto transversal a las
cuestiones debatidas, se estudiará la liquidación judicial del contrato. Finalmente, se
tratarán los reparos expuestos por la Aseguradora contra la decisión de imponerle la
obligación de pagar una parte de la cláusula penal con cargo al amparo de
cumplimiento de la póliza que emitió.

La validez de las Resoluciones 860 de 2009 y 3257 de 2011

53. El demandante impugnó la decisión del Tribunal de negar la nulidad de las
Resoluciones 860 de 2009 y 3527 de 2011 con varios argumentos. Alegó la
incompetencia temporal del IDU para declarar el incumplimiento una vez vencido el

18
SAMAI CE, Índice 18.
19
SAMAI CE, Índice 15.
20
SAMAI CE, Índice 17.

14

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

plazo contractual. También sostuvo que la decisión desconoció el artículo 1596 del
Código Civil, al no haberse reducido proporcionalmente la pena pese a la ejecución
parcial de los andenes. Además, cuestionó el argumento del Tribunal según el cual
la firma del acta de terminación del contrato el 25 de marzo de 2009 subsanaba la
vulneración del debido proceso derivada del corto intervalo entre la citación a la
audiencia de descargos el 31 de marzo de 2009 y su realización el 1 de abril del
mismo año. Finalmente, reiteró su acusación de falsa motivación, precisando que no
estaba obligado a demandar la nulidad del acto administrativo que declaró la urgencia
manifiesta.

54. Los dos primeros reparos planteados en el recurso de apelación implican una
variación de la causa petendi, pues INGECONAS no formuló estos cargos de nulidad
(incompetencia temporal y violación del artículo 1596 del Código Civil) en los
fundamentos jurídicos de la demanda. En virtud del principio de congruencia, la
sentencia debe guardar correspondencia con los hechos y pretensiones aducidos en
la demanda (CGP, art. 281). Asimismo, tratándose de un contencioso subjetivo en el
que se impugna la legalidad de un acto administrativo, la decisión judicial debe
ajustarse a los cargos de nulidad estructurados a partir de las normas superiores que
se indican como violadas y su respectivo concepto de violación (CCA, art. 137.4). En
consecuencia, no resulta admisible introducir nuevos cargos de nulidad en la
apelación, pues ello afectaría el derecho de defensa de la parte demandada21. Por lo
tanto, la Sala no abordará el estudio de estos reparos.

55. La Sala precisa que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 12 de junio de 2014, confirmada por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación22, dictada en un proceso del que no fue parte el
contratista, no impide resolver de fondo los cargos planteados por INGECONAS. El
artículo 175 del CCA, estatuto que rigió ese proceso judicial23, establecía que la
“sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes” y que “la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada”. En la demanda que
dio origen a dicho proceso, la Aseguradora solicitó declarar la nulidad de los artículos
2º, 4º y 5º de la Resolución 860 de 2009, en los que el IDU: (i) hizo efectiva la cláusula
penal, (ii) estableció que “si no fuere posible lo estipulado en la cláusula anterior, el
valor de la multa se hará efectiva y deberá cancelarse por la compañía aseguradora
Segurexpo S.A. con cargo al amparo de cumplimiento”, y (iii) ordenó notificar la
decisión tanto al consorcio como a la compañía de seguros.

56. La sentencia del 12 de junio de 2014 no anuló en su totalidad la Resolución 860
de 2009, sino únicamente su artículo 4º, el cual disponía que, en caso de no poder
hacerse efectiva la cláusula penal mediante compensación de deudas, el pago debía
realizarse con cargo a la cobertura del amparo cumplimiento de la póliza 0008586.
Ni la providencia de primera instancia ni la que la confirmó resolvieron cargos de
nulidad por falsa motivación o violación del debido proceso del consorcio ID, que no
fue parte de ese proceso. Por el contrario, el único cargo analizado fue la violación
del debido proceso de la Aseguradora, fundamento sobre el cual se declaró

21
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 44.707, sept. 24/2020, C.P. José Roberto Sáchica.
22
C.E., Secc. Tercera, Sub. B, Sent. 53.350, sept. 08/2021, C.P. Martín Bermúdez Muñoz
23
La demanda de la Aseguradora se presentó el 16 de noviembre de 2011.

15

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

exclusivamente la nulidad del artículo 4º de la Resolución 860 de 2009. En
consecuencia, los demás artículos del acto administrativo —1º, 2º y 3º—, que
declararon el incumplimiento del Consorcio ID, hicieron efectiva la cláusula penal por
el 30% del valor del contrato y ordenaron su cobro mediante compensación de
deudas, conservaron sus efectos24. En el fallo aludido, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

“En sentencia del 12 de junio de 2016 [sic] la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que declaró la nulidad
del artículo 4 de la Resolución No. 860 de 2009 y negó las demás pretensiones de la
demanda. En síntesis, consideró que:

4.1.- El procedimiento de declaratoria de incumplimiento debía ceñirse a los postulados
del debido proceso, permitiendo a los afectados defender sus intereses, expresar su
criterio y solicitar pruebas.

4.2.- El procedimiento que culminó con las resoluciones demandadas desconoció lo fijado
en el manual de contratación del IDU, según el cual se debe conceder al citado tres (3)
días hábiles para presentar sus descargos, término que fue desconocido en el caso de la
aseguradora, ya que la citación a audiencia se realizó el día antes de su celebración y en
la diligencia no se le permitió presentar o solicitar pruebas.

4.3.- Adicionalmente, en el oficio mediante el cual se comunicó a la aseguradora el inicio
del procedimiento de declaratoria de incumplimiento no se establecieron los cargos que
se imputaban, por lo que no pudo ejercer materialmente su defensa.

4.4.- Los actos administrativos aducen erradamente que el debido proceso se surtió
cuando el contratista suscribió el acta No. 8 mediante la cual se dio por terminado el
contrato y se señaló el incumplimiento del mismo, razón por la cual no se requería plazo
adicional para ejercer la defensa.

(…)

Se confirmará la sentencia de primera instancia porque, tal como lo señaló el tribunal, el
IDU vulneró el debido proceso a Segurexpo al no permitirle ejercer el derecho de defensa
y contradicción respecto de los hechos que llevaron a la declaratoria de incumplimiento y
efectividad de la cláusula penal, en la forma prevista en las normas que regulaban el
procedimiento a seguir”25.

57. Dado que en las providencias previas no se abordaron los cargos presentados
en este caso por INGECONAS —como también lo resaltó la sentencia de primera
instancia—, la Sala procederá a emitir un pronunciamiento de fondo sobre los reparos
relacionados con estos. Para resolver el cargo sobre la vulneración del debido
proceso del contratista, la Sala precisa que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007
estaba vigente cuando se expidió la Resolución 860 de 2009 y se perfeccionó el
contrato de obra26. Esta norma dispuso que: (i) el debido proceso rige las actuaciones
sancionatorias en materia contractual; (ii) las entidades sometidas al EGCAP tienen
competencia para declarar por acto administrativo el incumplimiento, con el fin de
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada; y (iii) las decisiones

24
El Tribunal introdujo una modificación al artículo 2º de la Resolución 860 de 2009, que quedó así: “Como
consecuencia de la anterior declaración, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del contrato, la cual únicamente afectará al Consorcio ID” (Énfasis agregado).
25
C.E., Secc. Tercera, Sub. B, Sent. 53.350, sept. 08/2021, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
26
El contrato se perfeccionó el 28 de diciembre de 2007. Según el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley
1150, el artículo 17 entraba a regir una vez promulgada la ley, lo cual ocurrió el 16 de julio de 2007.

16

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

sancionatorias deben estar precedidas de una audiencia del afectado, en la que se
garantice un procedimiento mínimo que respete su derecho de defensa.

58. Sin embargo, la Ley 1150 de 2007 no definió las etapas de este procedimiento.
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, resultaban aplicables
—en lo que fue compatible con la naturaleza de la actuación—, las normas generales
del procedimiento administrativo previstas en el CCA (arts. 14, 15, 28, 29, 34, 35 y
36) para garantizar el derecho fundamental al debido proceso (CP, art. 29) 27. Ahora
bien, como ha señalado la Corporación, la tutela administrativa de este derecho no
implicaba el agotamiento procedimientos idénticos a los judiciales o a otros reglados
con etapas rígidas, sino que la actuación debía adaptarse a los principios de celeridad
y eficiencia que caracterizan la contratación estatal, cuyo propósito es asegurar la
continuidad en la prestación de bienes y servicios para la satisfacción del interés
general (Ley 80 de 1993, art. 25, núms. 2 a 5)28.

59. Bajo este panorama, el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007 no imponía un esquema rígido de actuaciones, sino que se manifestaba un
conjunto de obligaciones para la entidad estatal y garantías mínimas para el
contratista. En este sentido, la entidad debía formular un requerimiento previo en el
que indicara de manera clara y detallada los hechos que, a su juicio, constituían un
incumplimiento contractual, integrándolos con las consecuencias establecidas tanto
en la ley como en el contrato29. Asimismo, el contratista tenía el derecho de aportar
y controvertir pruebas, así como de presentar los descargos que considerara
pertinentes. Para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, resultaba
imprescindible conceder un término razonable para su preparación. Este derecho ha
sido ampliamente reconocido en el ámbito de los procedimientos administrativos
disciplinarios30 y también se ha identificado como un elemento implícito del derecho
de defensa, el cual constituye un componente esencial del debido proceso 31 en toda
clase de actuaciones sancionatorias.

27
A propósito del procedimiento para declarar la caducidad antes de la entrada en vigor de la Ley 1474 de
2011, la jurisprudencia señalaba: “En efecto, dado que el debido proceso para imponer la sanción de
caducidad no se encontraba reglamentado mediante un procedimiento específico –como lo está ahora en
la Ley 1474 de 2011- la Administración Pública estaba sometida a las formalidades reguladas de manera
general en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo –y a las demás normas existentes acerca
de los principios generales de los procedimientos administrativos y de las actuaciones administrativas,
contenidas en el Libro Primero del mismo Código Contencioso Administrativo- de donde se tiene que la
Corporación contratante debía brindar oportunidad real al interesado para que pudiera expresar sus
explicaciones u opiniones, aportar pruebas, cuestionar o contradecir las que se pretendían hacer valer en
su contra, de tal manera que sólo después de haber garantizado de manera efectiva sus derechos de
audiencia y de defensa, la entidad estatal contratante pudiera proceder entonces a tomar válidamente una
decisión motivada y sustentada en las pruebas e informes disponibles.” C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent.
20.618, abr. 17/2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
28
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 53.479 (párr 44), oct. 11/2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
29
En este mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio de esta Corporación expresó que para garantizar
el debido proceso las entidades deben observar “un procedimiento mínimo, que consiste en un
requerimiento previo al contratista para que se pueda pronunciar sobre el incumplimiento que le endilga la
entidad contratante, y así ejercer su derecho de defensa y contradicción con base en el artículo 29 C.P”.
C.E., SCSC, Concepto 2157 oct. 10/2013, C.P. Álvaro Namén Vargas.
30
C.E., Secc. Segunda, Sub. A, Sent. Rad. 25000-23-42-000-2016-04805-01, mar. 19/2020, C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
31
C. Const. Sent. C-341 (párr. 5.3.2), jun. 04/2014. M.P Mauricio González Cuervo.

17

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

60. De acuerdo con lo anterior, el hecho de que la Ley 1150 de 2007 —al igual que
el artículo 86 de la Ley 1474 de 201132— no estableciera un término mínimo que
debía transcurrir entre la formulación de los cargos y el momento en que el contratista
debía rendir descargos, aportar pruebas y controvertir las allegadas en su contra, no
significa que pudiera fijarse de forma arbitraria. Esta consideración se fundamenta,
por un lado, en el artículo 3º del CCA, que al regular el principio de celeridad
establecía que las autoridades tendrían el impulso oficioso del procedimiento, pero
“sin que ello [las] releve de la obligación de considerar todos los argumentos y
pruebas de los interesados". Por otro lado, se fundamenta en el artículo 36 del mismo
código, el cual disponía que en la medida en que una decisión implique el ejercicio
de facultades discrecionales —como la determinación del intervalo entre la citación y
la audiencia para rendir descargos—, su contenido "debe ser adecuado a los fines
de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa".

61. En conclusión, para garantizar el debido proceso del Consorcio ID, el IDU debía
convocar la audiencia de descargos con una antelación razonable y acorde con la
finalidad de la norma atributiva de la competencia para declarar el incumplimiento del
contratista con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Asimismo, el plazo
concedido debía ser proporcional a los hechos que motivaban la citación, lo que
implicaba otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las
pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación,
determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y,
en general, preparar adecuadamente sus descargos.

62. Los documentos del expediente evidencian que el contratista contó con menos
de 24 horas para preparar sus descargos antes de la audiencia convocada para el 1
de abril de 2009. Aunque el 25 de marzo de 2009, cinco días hábiles antes de la
audiencia, las partes firmaron el acta de terminación del contrato33 dejando
constancia de los porcentajes de obra faltantes, este documento no formó parte del
procedimiento administrativo que culminó con la expedición de la Resolución 860 de
2009. Tampoco puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la
garantía del debido proceso, pues no contenía una formulación expresa de los
hechos que, a juicio del IDU, configuraban el incumplimiento contractual ni las
consecuencias jurídicas derivadas de este, conforme a la normatividad aplicable y lo
estipulado en el contrato.

63. El acta del 25 de marzo de 2009, suscrita con base en un formato preestablecido
por el IDU, recopiló información sobre los aspectos generales del contrato, incluidas
las prórrogas, adiciones y la obra ejecutada, con una descripción detallada de los
ítems, las cantidades construidas y los valores unitarios pactados para su liquidación.
Asimismo, incorporó observaciones técnicas de la interventoría sobre el estado de
las obras generales y de urbanismo, organizadas por tramos, y señaló que
permanecía sin ejecutar el 46% del espacio público. Además, el acta consignó siete
notas del contratista en las que expuso las razones técnicas que, a su juicio,

32
El literal a) de esta disposición deja a discreción de la entidad estatal determinar el lapso que debe
transcurrir entre la citación y la audiencia de descargos, pero bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. En este sentido, señala que la audiencia tendrá lugar “a la mayor brevedad posible,
atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales”.
33
C. pruebas (Anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1300.

18

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

impidieron la finalización del 33% de la obra, frente a lo cual el IDU manifestó que
dichas notas "fueron aclaradas ampliamente por la entidad en su debido momento".
Finalmente, el documento estableció que "los trabajos descritos en este numeral son
el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y
pago de las multas previstas en la cláusula decimocuarta del contrato"34.

64. La Sala considera que este documento no constituye el acto de trámite mediante
el cual se inició oficiosamente la actuación administrativa sancionatoria que derivó en
la expedición de la Resolución 860 de 2009 (CCA, art. 4.4) y, por tanto, no puede
calificarse como una actuación dirigida a garantizar el derecho de defensa del
contratista dentro del procedimiento sancionatorio. En primer lugar, aunque el acta
contiene una referencia preestablecida en su minuta según la cual la información
sobre los trabajos ejecutados podría servir de fundamento para la imposición de
multas —mas no para la efectividad de la cláusula penal pecuniaria—, ello no la
convierte en una citación formal por parte de la entidad ni en un requerimiento que
otorgara al contratista un plazo razonable para presentar pruebas en su defensa y
controvertir la imputación del incumplimiento.

65. En segundo lugar, el acta tenía como propósito dejar constancia de la expiración
del plazo contractual y registrar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el
Consorcio ID. Esto se ajustaba a lo previsto en el apéndice G del pliego de
condiciones de la licitación pública IDU-LP-DTE-039-2007, que establecía la división
del plazo contractual en tres fases: preconstrucción y diseños, construcción y recibo,
cada una de las cuales debía formalizarse mediante actas35. Asimismo, esta práctica
fue consistente con la conducta de las partes, que suscribieron actas similares al
término de la etapa de preconstrucción para dar cuenta de la apropiación de los
diseños36.

66. En tercer lugar, este documento no contenía una enunciación expresa de los
hechos constitutivos del incumplimiento imputado al contratista ni mencionaba los
medios de prueba en los que la entidad estatal fundamentaba esa imputación, ya que
este no era su objeto. En definitiva, se trata de un acta bilateral suscrita con motivo
de la expiración del plazo contractual, en la que se registraron de manera descriptiva
los principales aspectos de la ejecución del contrato, incluyendo las cantidades de
obra ejecutadas por el consorcio y las observaciones que las partes suelen incorporar
para sentar sus posiciones contractuales. No obstante, no puede considerarse como
el acto administrativo de trámite que inició la actuación sancionatoria.

67. El documento que realmente cumplió esta función fue el oficio IDU-023543 del
31 de marzo de 2009, elocuentemente titulado “Comunicación de inicio de
procedimiento para declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal
pecuniaria en aplicación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Cargos por
incumplimiento”. En este documento, el IDU formuló expresamente la imputación de
incumplimiento y precisó el "acervo probatorio" que sustentaba la actuación,
señalando lo siguiente: “el contratista incurrió en un incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, específicamente en lo relacionado con la terminación de

34
C. pruebas (Anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1310.
35
C. pruebas (Anexo 2 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 324.
36
C. pruebas (Anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 79.

19

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

las obras, dado que, una vez vencido el término contractual, existían obras faltantes,
las cuales se encuentran relacionadas en el Acta No. 8 de terminación del contrato
por vencimiento del término, documento que sirve de acervo probatorio dentro del
presente procedimiento sancionatorio”37.

68. Asimismo, la entidad indicó la cláusula del contrato que consideraba vulnerada,
precisó que la actuación se adelantaba con el fin de hacer efectiva la cláusula penal
y citó tanto al contratista como a la Aseguradora para comparecer al día siguiente, a
las 11:00 a. m., con el propósito de presentar sus descargos verbalmente o por escrito
en audiencia pública. El documento tiene un sello de recibido por parte de la
Aseguradora con fecha del 31 de marzo de 2009 a las 4:30 p.m.

69. La Sala considera que el plazo concedido no era razonable para la preparación
de los descargos, circunstancia que fue destacada en la diligencia por el
representante del contratista, quien ante la negativa de la entidad a aplazar la
audiencia no debatió el fondo del asunto y, en su lugar, reiteró su manifestación sobre
la vulneración de su derecho a la defensa38. Al determinar el intervalo entre la citación
y la audiencia, entraban en tensión dos principios: por un lado, el principio de
celeridad en la actuación sancionatoria contractual; por otro, el principio del debido
proceso, que comprende el derecho a la defensa y, en particular, la garantía de contar
con un plazo razonable para la preparación de los descargos.

70.La decisión de citar a la audiencia con menos de 24 horas de antelación, si bien
era idónea para imprimirle celeridad a la actuación administrativa, resultó
desproporcionada en relación con la afectación que generó al derecho de defensa.
En otras palabras, aunque cumplía el requisito de adecuación previsto en el artículo

37
C. llamamiento en garantía, pp. 150 - 151.
38
En los considerandos de la Resolución 860 se registró el desarrollo de la audiencia en los siguientes
términos: “4). Que luego de dar lectura a los cargos imputados mediante el oficio IDU-023543 STOE-5200
y a las notas efectuadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y por el contratista en el Acta No. 8 de
terminación del contrato por vencimiento del plazo, el representante del consorcio ID solicitó a la Directora
Técnica de Espacio Público que se le otorgara el término de diez (10) días hábiles para presentar los
descargos frente al incumplimiento imputado, solicitud que fue reiterada por la apoderada de la
aseguradora. 5). Frente a la solicitud realizada por el contratista, la Directora Técnica de Espacio Público
(E), previa recomendación de la Dirección Técnica Legal, denegó la solicitud en virtud de que las partes
advirtieron el incumplimiento imputado desde el día de la suscripción del Acta No. 8, es decir, desde el 25
de abril de 2009, oportunidad en la cual el contratista ejercicio inicialmente su derecho de defensa al
consignar en el referido documento contractual las anotaciones pertinentes, razón por la cual, lo que se
efectuaría en la presente audiencia sería una ampliación a dichos descargos. (…) 7) Así mismo, el señora
Helbert Olaya Garzón, en su calidad de consorciado, ejerció su derecho material a la defensa al hacer uso
de la palabra, manifestando lo siguiente: "...en oportunidades anteriores se solicitó un término razonable
para presentar los descargos y el mismo fue concedido por la entidad, razón por la cual no encuentra
sustento para que se lo nieguen en esta oportunidad procesal, en dicha audiencia se abrió y se cerró tres
o cuatro veces y por esa misma razón consideramos que no es sustentable que en un solo momento de
tiempo se finalice un procedimiento administrativo o audiencia (…) De igual manera, Fabio Diaz Martínez,
en su calidad de integrante del consorcio ID, manifestó que la existencia de un incumplimiento no puede
declararse de forma objetiva, razón por la cual la decisión debe ser adoptada habiéndose cursado el
procedimiento jurídico que garantice el debido proceso. Además señala que: "...En el acta se dejaron
constancias pero son apreciaciones subjetivas. El debido proceso se inició hoy, mediante una notificación
que se hizo ayer. No hay tiempo para preparar el debido proceso. A partir de hoy se debe efectuar el debido
proceso" (…) 10) A continuación, el Director Técnico Legal manifiesta que el oficio del 31 de marzo de 2009
dirigido al contratista y a la interventoría, señala claramente el tipo de procedimiento administrativo que se
está adelantando y para el cual se convocó la audiencia. Así mismo establece que el contrato es uno, las
obligaciones están incorporadas en el contrato, los hechos contractuales durante su ejecución están
incorporados bajo el amparo del contrato, razón por la cual se encuentra probado que en la actualidad se
venció el plazo del contrato sin que se haya cumplido la totalidad de las obligaciones incorporadas en él.
Por lo anterior, la administración contratante en defensa del patrimonio e interés público, procederá a
evaluar el procedimiento administrativo adelantado y con ello tomar la decisión que proceda en derecho”.
C. pruebas (Anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 1312 – 1325.

20

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

36 del CCA, la determinación no era necesaria, ya que no constituía el único medio
para alcanzar el fin legítimo de garantizar la celeridad del procedimiento. Además,
entre todas las alternativas posibles, no era la de menor lesividad del derecho a la
defensa39.

71. La Sala considera que el objetivo perseguido con la decisión de citar a la
audiencia de descargos con solo un día de antelación no se habría visto afectado si
la entidad hubiera optado por aplazarla o por conceder un plazo mayor para que el
contratista preparara su defensa. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con la
imposición de multas, que “procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de
las obligaciones a cargo del contratista” (Ley 1150 de 2007, art. 17), la competencia
temporal para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria
se mantenía hasta la liquidación del contrato, como lo reconocía la jurisprudencia40.

72. En el momento en que se celebró la audiencia de descargos, solo habían
transcurrido seis días del plazo de cuatro meses con el que contaban las partes para
liquidar el contrato, por lo que conceder un término más amplio al contratista para
preparar su defensa no comprometía los fines de la actuación administrativa. En
consecuencia, la negativa del IDU a otorgar un tiempo razonable no solo resultó
innecesaria, sino que constituyó una restricción desproporcionada del derecho de
defensa, máxime cuando existían alternativas menos lesivas para garantizar el
principio de celeridad sin menoscabar las garantías del contratista.

73. Además, el intervalo entre la citación y la audiencia resultaba desproporcionado
en relación con la cuantía de la sanción pecuniaria y la complejidad de los hechos en
que se fundamentaban las imputaciones. La cláusula penal pecuniaria pactada
equivalía al 30% del valor del contrato, lo que suponía que el contratista enfrentaba
una contingencia patrimonial de $926’722.065 y disponía de solo un día para preparar
su defensa. A ello se sumaba que la imputación de incumplimiento se basaba en que
no se completaron las obras de espacio público al vencimiento del plazo contractual,
lo que le imponía la carga de probar hechos ocurridos a lo largo de toda la ejecución
del contrato, que se prolongó por casi un año, para desvirtuar la presunción de culpa
que recaía sobre él (Código Civil, art. 1604) por no haber alcanzado el resultado
pactado.

74. Esta carga probatoria resultaba exigente, pues la ejecución del contrato involucró
no solo al IDU y la interventoría, sino también a diversas empresas operadoras de
redes de servicios públicos cuyas infraestructuras de red fueron intervenidas (EAAB
S.A. E.S.P., ETB S.A. E.S.P., CODENSA S.A. E.S.P. y GAS NATURAL S.A. E.S.P.).
La recopilación y análisis técnico de la evidencia derivada de la participación de estos
actores requería un plazo razonable que permitiera estructurar adecuadamente los
descargos. En consecuencia, la Sala concluye que el término concedido fue
insuficiente para que el contratista ejerciera plenamente su derecho de defensa y
lograra desvirtuar la presunción de culpa que recaía sobre él por la no ejecución total
de las obras contratadas.

39
Respecto de los elementos generales del juicio de proporcionalidad que se aplican en la evaluación de
la decisión tomada por el IDU, véase: C. Const. Sent. C-144 (sección 4), abr. 06/2015. M.P Martha Victoria
Sáchica Méndez.
40
C.E., Secc. Tercera, Sent. 17.031, nov. 20/2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; C.E., Secc. Tercera,
Sub. C, Sent. 24.697, oct. 24/2013, C.P. Enrique Gil Botero.

21

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

75. Finalmente, como un elemento objetivo adicional que refuerza la conclusión
anterior, la Sala no puede pasar por alto que el IDU, en la Resolución 7553 de 2006,
mediante la cual adoptó su manual de contratación, estableció la siguiente regla
respecto del procedimiento para la imposición de multas: “Al contratista se le dará el
término perentorio de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el IDU remita
vía fax o por correo electrónico dicho requerimiento, para que presente por escrito
sus descargos y solicite la práctica de las pruebas que considere necesarias para
desvirtuar los cargos que le son imputados”41.

76. Si en casos de incumplimientos parciales, cuya subsanación se conminaba
mediante multas contractuales, la entidad consideró razonable otorgar un plazo de
tres días hábiles para ejercer el derecho de defensa a partir del requerimiento, resulta
contrario a dicho estándar que, para declarar el incumplimiento definitivo del contrato
y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por su valor total, se hubiera concedido
un plazo inferior a 24 horas. Esta disparidad en el tratamiento revela una falta de
proporcionalidad y razonabilidad en la determinación del término.

77. En conclusión, el término concedido por el IDU para que el contratista rindiera
sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo para permitirle preparar
adecuadamente su presentación, afectaron de manera desproporcionada un interés
jurídico de especial relevancia: el derecho a la defensa en el procedimiento
sancionatorio. Como consecuencia de lo anterior, la Sala declarará la nulidad de las
Resoluciones 860 de 2009 y 3527 de 2011 por haberse configurado la causal del
artículo 84 del CCA sobre el “desconocimiento del derecho de audiencia y defensa”.

78. La anulación de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del
Consorcio ID e hicieron efectiva la cláusula penal pecuniaria no impide pronunciarse
de fondo sobre estos aspectos, dado que este asunto está comprendido en los
reparos formulados por la Aseguradora y, además, en la demanda de reconvención
el IDU solicitó expresamente una declaración judicial sobre el incumplimiento
contractual y la condena de INGECONAS al pago de la pena pecuniaria. Conforme a
la jurisprudencia de la Subsección, cuando el fallo de primera instancia es favorable
a una parte, la misma no está obligada a apelar con la única finalidad de prever una
eventual decisión contraria en segunda instancia, pues carecería de interés jurídico
para hacerlo42.

79. Dado que la sentencia del Tribunal Administrativo favoreció a la entidad estatal
al declarar el incumplimiento del contratista y ordenar el pago de la cláusula penal
con fundamento en la Resolución 860 de 2009, incluyéndola dentro de los saldos de
la liquidación, no podía imponerse al IDU la carga de que interpusiera recurso de
apelación para insistir en las pretensiones de la demanda de reconvención bajo el
supuesto de que la Sala llegaría a una conclusión diferente del Tribunal sobre la
legalidad de dicha resolución. Por lo tanto, estas pretensiones serán analizadas en

41
Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22776&dt=. Si bien se
trata de una norma jurídica que no tiene alcance nacional, no es necesaria su presentación en copia al
proceso para tomarla como fundamento jurídico de la decisión de segunda instancia, ya que está publicada
en la página web de la entidad pública correspondiente (CGP, art. 177).
42
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 40.919 (párr. 3.3.1.2), dic. 16/2020, C.P. José Roberto Sáchica.

22

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

su oportunidad, junto con las alegaciones sobre el incumplimiento formuladas por
INGECONAS.

La validez del oficio IDU-018431-STOE-5200

80. INGECONAS impugnó la decisión del Tribunal de negar la declaratoria de nulidad
del oficio IDU-018431-STOE-5200, argumentando que, aunque se observó el
procedimiento pactado en el Adicional No. 3 para imponer la multa, ello no garantizó
el debido proceso. En este sentido, sostuvo que lo acordado en ese adicional
contrariaba el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 e impidió que el oficio tuviera la
forma de un acto administrativo, lo que le privó de la posibilidad de interponer
recursos en su contra. Asimismo, alegó que la decisión fue adoptada con desviación
de poder, pues, de haberse aplicado el procedimiento legal en lugar del contractual,
la multa no se habría impuesto dentro del plazo de ejecución del contrato.

81. El reparo sobre la desviación de poder planteado en el recurso de apelación
implica una variación de la causa petendi, porque INGECONAS no formuló este cargo
en los fundamentos jurídicos de la demanda. Como se explicó antes, no resulta
admisible introducir nuevos cargos de nulidad en la apelación, pues ello afectaría el
derecho de defensa de la parte demandada43. Por lo tanto, la Sala no abordará el
estudio de este nuevo cargo. En todo caso, se destaca que el oficio IDU-018431-
STOE-5200 se emitió el 11 de marzo de 2009, antes de la expiración del plazo del
contrato el 25 de marzo del mismo año, por lo que sí tuvo un efecto conminatorio
sobre el cumplimiento de las prestaciones pendientes44.

82. El cargo de nulidad propuesto en la demanda y los argumentos desarrollados en
el recurso de apelación imponen dilucidar la naturaleza jurídica de la decisión
expresada por el IDU en la comunicación 018431-STOE-5200, expedida el 11 de
marzo de 2009. Este examen resulta determinante para resolver el reparo, en la
medida en que la pretensión de nulidad formulada en el marco del medio de control
de controversias contractuales presupone la existencia de un acto administrativo. En
este sentido, la Subsección ha precisado que “el dispositivo de nulidad –que se erige
en pretensión bajo el medio de control de controversias contractuales– está dirigido
a contrarrestar los vicios presentes en los elementos de existencia y validez de los
actos administrativos, es decir, se trata de un juicio de valoración que parte de la
existencia del acto mismo”45.

83. La comunicación 018431-STOE-5200 no reviste la naturaleza jurídica de un acto
administrativo y, por tanto, no es susceptible de ser anulada por la violación de
normas superiores. Como se expondrá a continuación, ello obedece a que la cláusula
penal de apremio se hizo efectiva en virtud de lo pactado en el Adicional 3, no en
ejercicio de una prerrogativa de poder público.

84. El concepto de naturaleza jurídica no designa una propiedad ontológica, sino el
resultado de una operación interpretativa. Los hechos no están dotados de una

43
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 44.707, sept. 24/2020, C.P. José Roberto Sáchica.
44
C. pruebas 2 (documentos contestación de la demanda de reconvención), p. 105.
45
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 71.456 (párr. 103), nov. 25/2025. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.

23

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

esencia jurídica intrínseca; existen calificaciones normativas aplicables a hechos con
relevancia para el derecho. En este sentido, al afirmar que un acto tiene una
determinada naturaleza jurídica, este se subsume en una categoría jurídica con el
propósito de hacerle aplicable un régimen normativo específico. La determinación de
la naturaleza jurídica de la voluntad del IDU exteriorizada en el oficio IDU-018431-
STOE-5200 constituye, entonces, el resultado de una operación de interpretación en
concreto. Esta operación, a diferencia de la interpretación en abstracto —orientada a
atribuir significado a un enunciado de las fuentes del derecho—, se ocupa de
problemas de subsunción, esto es, de establecer la extensión de un concepto y
verificar si el objeto de análisis reúne las propiedades necesarias para su aplicación46.

85. Para dilucidar la naturaleza jurídica de la manifestación del IDU, la Sala parte de
una premisa básica: no todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal
emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican, por el solo
hecho de provenir de ella, como actos administrativos. En este sentido, no
constituyen actos administrativos los documentos mediante los cuales la entidad
exterioriza su voluntad de no acceder a la solicitud de un contratista, orientada al
reconocimiento de sumas adicionales al precio pactado para restablecer el equilibrio
económico:

“Cuando una entidad pública se expresa en curso del ámbito negocial, sus
manifestaciones hacen parte de aquella dinámica comunicativa, con la precisión de que
constituirá acto administrativo sólo aquella cuyo contenido atañe al despliegue de una
prerrogativa de poder público, que se origina por su cuenta y por su sola voluntad; ésta,
además, debe ser productora de efectos jurídicos, mediante el nacimiento,
reconocimiento, modificación o extinción de un derecho, un deber y/o una obligación a
cargo de la otra parte del negocio”47.

86. En línea con esta comprensión, la Sala reafirma que el acto administrativo se
presenta como instrumento por antonomasia del poder del Estado, en cuanto supone
el ejercicio de una prerrogativa pública. Se trata de una concreción de la actividad
administrativa, materializada en una manifestación unilateral de voluntad que
produce efectos frente a otros sujetos y encuentra sustento en el ordenamiento
jurídico.

87. Desde esta perspectiva, despuntan dos elementos relevantes: de una parte, el
ejercicio del poder público; y, de otra, estrechamente vinculado con el anterior, la
habilitación expresa del ordenamiento jurídico para su ejercicio, como corolario del
principio de legalidad. Este es uno de los fundamentos que llevó a la Sección a
unificar su postura en relación con la naturaleza jurídica de los actos emanados de
las empresas prestadoras de servicios públicos en la formación de sus contratos: “en
virtud del principio constitucional de legalidad, ningún sujeto puede proferir actos
administrativos sin que exista una habilitación legal clara e inequívoca. De lo
contrario, se constataría una evidente manifestación del poder público al margen del
ordenamiento jurídico, lo que supondría un quebrantamiento a la esencia del estado
de derecho”48.

46
Guastini, R. (1999). Distinguiendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho (pp. 201-211). Barcelona:
Editorial Gedisa.
47
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 71.456 (párr. 96), nov. 25/2025. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
48
C.E., Sec. Tercera, Sent. 42.003 (párr. 59), sep. 3/2020. M.P. Alberto Montaña Plata.

24

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

88. En el ámbito de los negocios jurídicos, el consentimiento constituye la fuente
inmediata de las obligaciones. Sin embargo, ello no excluye que una de las partes
del contrato esté investida, en virtud de las normas jurídicas que integran su
contenido, de poderes49 o facultades unilaterales para modificar por sí misma la
situación jurídica de la otra. Piénsese, por ejemplo, en un contrato de suministro en
el que no se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales al derecho común
sin el pacto de las partes (Ley 80 de 1993, art. 14). Si el incumplimiento del contratista
reviste cierta gravedad, el acreedor perjudicado podrá dar por terminado el contrato
de manera unilateral, sin necesidad de intervención judicial, conforme a la habilitación
del artículo 973 del Código de Comercio: “El incumplimiento de una de las partes
relativo a alguna de las prestaciones, conferirá derecho a la otra para dar por
terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios
graves o tenga cierta importancia, capaz por sí solo de mermar la confianza de esa
parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos”.

89. Esta disposición legal, que integra los contratos de suministro celebrados por las
entidades estatales conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993,
implica el ejercicio de un poder unilateral que modifica la situación jurídica del deudor
incumplido. Sin embargo, ello no comporta la expedición de un acto administrativo,
pues la decisión no se adopta en ejercicio de una competencia atribuida
constitucional o legalmente a la entidad estatal para el ejercicio de la función
administrativa. Se trata del ejercicio de un poder conferido por una disposición de
derecho comercial. En este sentido se ha pronunciado de antaño la jurisprudencia de
la Sección:

“Como se puede observar, están presentes la totalidad de las características del contrato
de agencia comercial, naturaleza jurídica que genera unos efectos bien particulares; si
bien las partes pactaron la cláusula de caducidad (cláusula vigésima primera),
circunstancia que explica el conocimiento de la controversia por esta jurisdicción, la
resolución que se ataca no la declaró, vale decir, no desarrolló dicha cláusula, sino que,
por medio de ella, simplemente LA LICORERA hizo uso de la facultad legal que tiene para
terminarlo, según lo dispone el artículo 1324 del código de comercio; esta no es una
prerrogativa exorbitante de la administración sino una facultad normal en los contratos que
conforman los del género del mandato.

El hecho de que la terminación del contrato haya revestido la forma externa de una
resolución no tiene la virtualidad de estructurar un acto administrativo, pues, se tiene por
cierto que éste es el fruto del ejercicio de la función administrativa del Estado; en este
caso, la resolución que se acusa es un simple acto de comercio sujeto a las reglas del
derecho privado si bien la especial circunstancia de haberse pactado la cláusula de
caducidad impone que la controversia se ventile ante esta jurisdicción; en otros términos,
la existencia del acto administrativo supone algo más que su simple presentación exterior,
la cual, por la fuerza de la costumbre suele ser la misma para todos los actos jurídicos de
la administración; es menester, para ello, que la declaración unilateral de voluntad sea la
manifestación de la función administrativa del Estado a través de cualesquiera de sus
ramas o de sus organismos autónomos (Artículo 113 de la constitución Política) o de los
particulares investidos por la ley de dicha función (inciso segundo, artículo 210 ibídem)”50.

49
“Se llama poder la situación jurídica de un sujeto que se encuentre autorizado a crear, para sí y para
otros, nuevas obligaciones y pretensiones, así como también a privar de obligaciones y pretensiones
preexistentes a sí mismo y a otros”. Guastini, R. (2016). La sintaxis del derecho (p. 86). Madrid: Marcial
Pons.
50
C.E., Sec. Tercera, Sent. CE-SEC3-EXP1992-N5626, jun. 15/1992. M.P. Juan de Dios Montes
Hernández.

25

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

90. Los poderes unilaterales en la contratación no solo pueden tener su fuente en
normas heterónomas. El contrato mismo, obra de la autonomía de la voluntad que
constituye una ley particular (Código Civil, art. 1602), también puede contener
cláusulas habilitantes para su ejercicio, como la terminación unilateral por
incumplimiento, cuya validez ha sido reconocida por la jurisprudencia civil51.

91. En conclusión, salvo que se adopte un criterio puramente orgánico para calificar
la manifestación de voluntad de la entidad estatal como acto administrativo —lo cual
resulta incongruente con la configuración legal de la institución en el derecho positivo
colombiano (Ley 489 de 1998, arts. 3 a 5; CCA, art. 1)—, la adopción de decisiones
unilaterales por parte de la entidad, en la ejecución de un contrato, no implica
necesariamente que estas revistan tal naturaleza jurídica. Si una entidad estatal
ejerce un poder unilateral concedido no por una ley que la habilite para ejercer una
prerrogativa de poder público en desarrollo de la función administrativa, sino por las
disposiciones civiles y comerciales, o por el negocio jurídico fruto del acuerdo de
voluntades con el contratista, la exteriorización de esa voluntad no es calificable como
acto administrativo.

92. Como resultado de lo anterior, en el caso de las cláusulas penales de apremio
(Código Civil, art. 1594), es necesario determinar si su imposición se fundamentó en
una prerrogativa de poder público —como la prevista en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007— o si se hizo efectiva con base en una habilitación contractual. En este
sentido, la Corporación ha señalado lo siguiente:

“[Aunque] la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2001 disponen que las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración pueden imponer
multas a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable por la Administración,
ello no quiere decir que las partes no puedan, además, hacer efectivas las multas según
la legislación civil o comercial en vigencia de aquellas disposiciones // La diferencia básica
entre estas dos figuras -la imposición de multas mediante acto administrativo o en el marco
del derecho privado- está dada en que estas últimas no comportan el ejercicio de una
prerrogativa de derecho público. Esto se debe a que su origen no está en las disposiciones
normativas de carácter legal que pretenden dotar a la Administración de poderes por fuera
del derecho común, sino que se ampara en el derecho privado, en cuyo marco, las partes
ejercen la autonomía privada en aras del interés particular del negocio y de cada uno de
los contratantes.

Este entendimiento, además de regresar —de alguna manera— a lo dispuesto en la Ley
80 de 1993 en su concepción original, permite sostener válidamente la coexistencia de la
posibilidad que tienen las entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública para imponer multas mediante acto administrativo —frente a las
cuales deberán respetar los preceptos establecidos en la Ley 1150 de 2007 y 1474 de
2011— o hacer efectiva la cláusula penal de apremio, igual que como lo haría un
particular. En el primer evento, el acto gozará de presunción de legalidad y tendrá carácter
ejecutivo y ejecutorio, mientras que, en el segundo, se deberá acudir a los mecanismos
propios del derecho privado para hacerlas efectivas, como lo son la compensación o el
inicio de un proceso ejecutivo en contra del deudor. // Para determinar las normas
aplicables se deberá diferenciar si la imposición de la multa se ejerció con fundamento en
una prerrogativa del poder público o en una facultad del tipo contractual. Cuando una
entidad sometida al estatuto indique, en el acto que impone la multa, que hizo uso de la
facultad establecida en la Ley 1150 de 2007, acuda al procedimiento establecido en la Ley
1474 de 2011 o inicie un procedimiento de cobro coactivo en contra del deudor, estará
expidiendo un acto administrativo en el marco de las prerrogativas del poder público,

51
C.S.J., Sala Civ., Sent. 11001-3103-012-1999-01957-01, ago. 30/2011. M.P. William Namén Vargas.

26

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

sujeto a los recursos legales y al control judicial dispuestos para esta figura en la ley. Por
el contrario, cuando la entidad acuda a los procedimientos propios del derecho privado
para hacerla efectiva, se deberá estudiar si concurren los propuestos regulados por la ley
o por las partes para adoptar esa decisión, lo cual excluye el análisis de legalidad porque
no comporta la expedición de un acto administrativo52.

93. Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto la necesidad de distinguir la
determinación de la naturaleza jurídica de la manifestación de voluntad de la entidad
estatal contratante —esto es, su calificación como acto administrativo— de otras dos
cuestiones aledañas, pero conceptualmente distintas. De una parte, la licitud o el
carácter abusivo de la estipulación negocial que confiere a la entidad la facultad de
hacer efectiva la pena; de otra, la responsabilidad que puede derivarse de ello. Estos
dos asuntos serán retomados por la Sala luego de determinar la naturaleza jurídica
de la manifestación de voluntad vertida en el oficio IDU-018431-STOE-5200.

94. Frente al caso concreto, la Sala constata que en el contrato celebrado entre el
IDU y el Consorcio ID el 28 de diciembre de 2007, perfeccionado bajo la vigencia de
la Ley 1150, se incluyó una cláusula que establecía lo siguiente: “en caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud del
contrato que se suscriba, el contratista autoriza al IDU para liquidarle y cobrarle
multas mediante el acto administrativo correspondiente, en la cuantía que se
establece a continuación (…)”53. En dicha cláusula se detallaron diez hipótesis de
incumplimiento, especificando para cada una el valor de la multa diaria por el retardo
y un período máximo de causación, cuya expiración habilitaba a la entidad a declarar
la caducidad del contrato. Por otra parte, en el documento denominado “cláusulas
comunes a los contratos celebrados por el Instituto de Desarrollo Urbano”, se incluyó
la siguiente estipulación:

“2. Procedimiento para la imposición de multas. El IDU tendrá la facultad de imponer las
multas mediante acto administrativo, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas
en el presente contrato y los documentos incorporados al mismo, previo cumplimiento del
procedimiento establecido en la normatividad vigente adoptada por el IDU para el efecto
en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007”54.

95. Debido a los retrasos en la terminación de las obras —los cuales habían llevado
a la entidad a iniciar un procedimiento para declarar la caducidad administrativa—,
en el Adicional No. 3, suscrito el 12 de diciembre de 2008, las partes pactaron una
cláusula penal de apremio o por el mero retardo (Código Civil, art. 1594), con un
alcance específico y diferenciado. Las consideraciones incluidas en dicho adicional,
así como la arquitectura del procedimiento para hacer efectiva la pena, evidencian
que las partes buscaron establecer un mecanismo expedito que fortaleciera los
incentivos para el cumplimiento riguroso de los hitos pactados en el nuevo
cronograma de obras, sin que ello supusiera el ejercicio de la competencia prevista
en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

96. A continuación, se transcriben los apartes más relevantes del Adicional No. 3:

52
C.E., Secc. Tercera, Sub. C, Sent. 38.102 (párr. 11), dic. 16/2022, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
53
C. pruebas (Anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 62.
54
C. pruebas (Anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 68.

27

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

“1) El objeto del contrato 159 de 2007 es la ‘Construcción de los andenes del eje vial de
calle 116, tramo comprendido entre la carrera 15 y la AK 19. costado norte y costado sur
en Bogotá D.C.’ (…) 7) Mediante el adicional No. 1, suscrito el 10 de octubre de 2008, las
partes contratantes acordaron prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir,
que el plazo previsto para la construcción de las obras vence el 13 de diciembre de 2008
y el contrato vence el 13 de enero de 2009. 8) Mediante el adicional No. 2 al contrato de
obra 159 de 2007, suscrito el 18 de noviembre de 2008, las partes contratantes acordaron
adicionar el valor del contrato en la suma de setecientos cincuenta millones de pesos
M/CTE ($750.000.000) 9) Para las partes y para la interventoría del Contrato, ejercida por
el CONSORCIO CG., es claro que al finiquitar el plazo estipulado para la construcción de
las obras, no se alcanza a finalizar la totalidad de ellas. 7) [sic] Que durante la audiencia
de descargos efectuada el día 10 de diciembre de 2008, el representante del
CONSORCIO ID, manifiesta su compromiso para finalizar las obras contratadas y solicita
una prórroga de dos (2) meses estableciendo que correrá con los costos derivados de la
prórroga del contrato de interventoría, así como con los que se generen a raíz de las obras
necesarias para la recuperación de la estructura y del asfalto de la calle 116. (…) 13) Es
propósito primordial del IDU en este momento, alcanzar los cometidos perseguidos con el
aludido contrato, incluso por encima de establecer con claridad las reales causas y
motivos por no haberse logrado terminar las obras durante el plazo convenido. 14) Dejar
inconclusas las obras siendo que la obra ya presenta un avance físico superior al
cincuenta por ciento (50%) para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, constituye
una situación que de manera notable afecta los intereses estatales en razón, no sólo de
la paralización de las obras, sino de los mayores costos que se derivarían por el hecho de
tener que convocar a un nuevo proceso de selección con costos mayores a los contenidos
en la actualidad. 15) Las partes cuentan con los instrumentos de que las dota el
ordenamiento jurídico en procura de lograr que se determine las responsabilidades a que
haya lugar por la situación planteada y las consecuencias, de todo orden, que emanen de
aquellas. 16) El ejercicio de tales instrumentos no se ve afectado por el acuerdo contenido
en este documento, el cual se dirige fundamentalmente a lograr la terminación satisfactoria
de las obras contratadas. 17) Ese fin se alcanza estableciendo un cronograma real de
ejecución de lo faltante, con estricto régimen de control conminatorio y sancionatorio por
su incumplimiento (…)

PRIMERA - PLAZO: Prorrogar en setenta y cinco (75) días calendario el plazo pactado
para la construcción de las obras del contrato 159 de 2007, contados a partir del 13 de
diciembre de 2008. SEGUNDA CRONOGRAMA DE OBRA: El contratista se obliga a
cumplir el cronograma de ejecución de obras que hace parte integral del presente
adicional, el cual ha sido aprobado por el interventor y avalado por la compañía
aseguradora SEGUREXPO S. A. TERCERA CLÁUSULA PENAL O DE APREMIO: En
desarrollo de los artículos 1592 y siguiente del Código Civil y 13 y 40 de la ley 80 de 1993,
el CONTRATISTA reconocerá al IDU la suma de veinte millones de pesos moneda
corriente ($20.000.000.00), por cada día de atraso en el cumplimiento del cronograma
indicado en la anterior estipulación. Con tal fin, el CONTRATISTA autoriza al IDU a
descontar la suma que se liquide por cuenta del atraso, de los pagos que por cualquier
concepto le deba el IDU sin que sea necesario iniciar algún procedimiento especial distinto
a la comunicación del IDU o de la interventoría en la cual se indique la actividad u obra
correspondiente, el plazo pactado para su terminación, la fecha real de terminación y la
liquidación de la pena. PARÁGRAFO: En caso de que el contratista encontrare algún
motivo de justificación para el atraso, lo pondrá en conocimiento del IDU, quien, previo
concepto de la Interventoría, en caso de aceptarlo procederá a reintegrar la suma retenida
y a comunicar de manera expresa que la pena queda sin efecto. En el evento en que el
IDU, previo concepto de la Interventoría, mantenga su postura, el CONTRATISTA podrá
reclamar lo pertinente en desarrollo de los instrumentos que el régimen jurídico establece
para tales fines. El ejercicio de lo aquí indicado por parte del CONTRATISTA, no impedirá
que el IDU aplique lo dispuesto en esta cláusula. CUARTA - MESES ADICIONALES DE
INTERVENTORÍA. EI CONTRATISTA asumirá el valor de la Interventoría del contrato por
el término de esta prórroga, conforme a lo establecido en la cláusula décima tercera del
contrato”55.

55
C. pruebas (Anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 105 – 108.

28

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

97.La cláusula transcrita y las consideraciones que llevaron a las partes a pactarla
permiten extraer varias conclusiones:

98. Primera: se convino una cláusula penal que no cumplía la función de estimar
anticipadamente los perjuicios moratorios causados por el retraso del deudor, sino
que se causaba por el simple retardo, conforme a lo previsto en el artículo 1594 del
Código Civil. Su función era coercitiva, en la medida en que implicaba una prestación
patrimonial adicional a la indemnización moratoria, lo que suponía un apremio para
el contratista por cada día de atraso en el cumplimiento del cronograma remedial.

99. Segunda: entre la cláusula de multas pactada en el contrato inicial con
fundamento en la Ley 1150 de 2007 y la cláusula penal de apremio incluida en el
Adicional 3 no existe identidad. Por una parte, en ejercicio de la autonomía de la
voluntad —de ahí la referencia expresa al artículo 40 de la Ley 80 de 1993 contenida
en la cláusula segunda del Adicional—, las partes persiguieron estipular una cláusula
penal de apremio no sujeta a las condiciones previstas para la multa regulada en el
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En efecto, la exigibilidad de la pena no se supeditó
a que la obligación permaneciera pendiente de cumplimiento, a diferencia de la multa,
cuya imposición “procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las
obligaciones a cargo del contratista”. Así, aun cuando el contratista hubiera cumplido
tardíamente, la pena pactada en el Adicional 3 podía hacerse efectiva, de modo que
la ejecución extemporánea no purgaba la mora ni lo liberaba de su pago.

100. Por otra parte, mientras en el contrato básico se hizo referencia expresa al
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y a la imposición de la multa mediante acto
administrativo, en el Adicional 3 las partes prescindieron de toda alusión a esa clase
de potestades legales y optaron por un mecanismo convencional para hacer efectiva
la cláusula penal de apremio, cuya exigibilidad se sustentó exclusivamente en la
habilitación contractual pactada entre las partes.

101.Tercera: en consonancia con lo anterior, dado que la exigibilidad de la cláusula
penal no presuponía la expedición de un acto administrativo, sino que se causaba
conforme a lo previsto en el Adicional, su aplicación no se sujetó al trámite previo del
procedimiento administrativo general regulado en el CCA. En consecuencia, las
partes acordaron un procedimiento contractual especial para hacer efectiva la
cláusula penal, en cuyo marco el contratista conservaba la posibilidad de controvertir
ex post el descuento practicado.

102.En el oficio IDU-018431-STOE-5200, expedido el 11 de marzo de 2009, el IDU
comunicó la decisión de hacer efectiva la pena causada por los retrasos en el
cumplimiento del cronograma presentado por el contratista en la audiencia de
descargos celebrada antes de la suscripción del Adicional 3. En este documento, el
establecimiento público distrital manifestó lo siguiente:

“Ingeniero
Helbert Hernando Olaya Garzón
Representante Legal
Consorcio ID

Acusando recibo de la comunicación de la referencia, nos permitimos informarle que de
acuerdo a las condiciones técnicas observadas en los frentes de obra del contrato IDU

29

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

159 de 207, esta Dirección Técnica encuentra méritos para acoger la solicitud de multa
de apremio remitida por el Consorcio CG a través del oficio con radicado IDU 014541 del
18 de febrero de 2009, dado que han transcurrido 22 días calendario sin que el Consorcio
ID haya subsanado la mora en la entrega del tramo 5 sur, que de acuerdo al cronograma
aprobado por las partes y avalado por la aseguradora, estaba prevista para el miércoles
28 de enero de 2009”56.

103.El IDU acogió así la solicitud elevada por la interventoría, quien en la
comunicación 014541 del 18 de febrero de 2009 había indicado lo siguiente:

“Dando alcance a la comunicación del asunto y en cumplimiento a lo establecido en el
parágrafo de la cláusula No. 1 del otrosí No. 3 al contrato de referencia, por medio de la
presente ratificamos la solicitud de multa realizada al Consorcio ID (…)

Que a la fecha de la solicitud de la multa representada en una ejecución presupuestal
programadas de 78.88%, versus una ejecución presupuestal ejecutada del 75.90%, que
implica su atraso, adicionalmente no se produjo la entrega final del tramo sur (…)

Con base en lo anteriormente expuesto, el hecho de que el contratista presenta
permanente atraso en la ejecución presupuestal y en lo establecido en la Cláusula No. 3
del Otrosí 3 ratificamos la multa solicitada en el oficio del asunto, la cual se tasa desde la
fecha inicial de la solicitud en CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($440’000.000), correspondientes a 22 días de atraso frente al cronograma de
obra”57.

104.En conclusión, la forma como el IDU comunicó al Consorcio ID que hacía efectiva
la pena por el mero retardo fue el resultado de aplicar el mecanismo pactado en el
Adicional No. 3 al contrato de obra. La pena no se impuso en ejercicio de la potestad
prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, la comunicación
018431-STOE-5200 no contenía una manifestación que revistiera la naturaleza de un
acto administrativo ni gozara de los atributos propios de estos.

105.La conclusión a la que arriba la Sala sobre la naturaleza jurídica de la
comunicación 018431-STOE-5200, expedida el 11 de marzo de 2009, tiene
implicaciones en la solución del caso. Al no tratarse de un acto administrativo, no es
susceptible de ser anulada por la violación de normas superiores —que constituye
uno de los vicios invalidantes previstos en el artículo 84 del CCA—, como lo pretende
el demandante. Esto, sin embargo, no implica que la actuación del IDU quede al
margen del control judicial. La calificación de esa manifestación de voluntad no zanja
dos cuestiones conceptualmente diferentes: de una parte, la licitud y el eventual
carácter abusivo de la estipulación negocial que confiere a la entidad la facultad de
hacer efectiva la cláusula penal de apremio; y, de otra, la responsabilidad contractual
que puede derivarse de hacer efectiva la cláusula penal, aunque ello no presuponga
la expedición de un acto administrativo.

106. Ingeconas no solicitó en su demanda que se declarara la nulidad absoluta de la
cláusula tercera del Adicional No. 3 del 12 de diciembre de 2008. Con todo, el juez
está facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato (Ley 80 de 1993,
art. 45), siempre que esta aparezca plenamente demostrada en el proceso (CCA, art.
87) y “cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato” respectivo (Código Civil,
art. 1742).

56
C. pruebas 2 (contestación demanda de reconvención), p. 105.
57
C. llamamiento en garantía, pp. 97 - 100.

30

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

107.Bajo el derecho común, la licitud de cláusulas como la pactada en el Adicional 3
es incuestionable. El artículo 1594 del Código Civil reconoce la facultad de que las
partes pacten una pena por el simple retardo del deudor, dejando a salvo el derecho
del acreedor a exigir el cumplimiento de la obligación principal (Código Civil, art.
1594): “Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a
su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni
constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento
de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a
menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos
que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la
obligación principal”. Las partes también pueden hacer efectivas estas penas,
autorizando al acreedor a practicar descuentos o compensaciones sobre saldos
pendientes de pago al deudor incumplido58.

108. Frente a los contratos estatales sometidos al EGCAP surge el interrogante de si
una cláusula como la acordada entre el IDU y el contratista, en virtud de la cual se
conviene hacer efectiva una cláusula penal de apremio sin que ello implique expedir
un acto administrativo ni seguir el procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley
1150 de 2007, presenta un vicio por ser incompatible con dicha disposición. La Sala
no considera que ello sea así y, en consecuencia, no resulta procedente declarar
oficiosamente la nulidad de la estipulación.

109.El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 es una norma secundaria o de competencia.
Confiere a “las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (…) la facultad de imponer [mediante acto administrativo] las
multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir
con sus obligaciones”, así como de “declarar el incumplimiento con el propósito de
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato”. El enunciado legal
precisa las condiciones para el ejercicio de ese poder, al disponer que “deberá estar
precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que
garantice el derecho al debido proceso del contratista” y al señalar que la imposición
de las multas “procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las
obligaciones a cargo del contratista”.

110. Esta habilitación legal debe entenderse sin perjuicio del principio de la autonomía
de la voluntad. En virtud de este principio, en los contratos estatales puedan incluirse
“las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración” (Ley 80 de
1993, art. 40). La cláusula tercera del Adicional 3 no resulta contraria a la ley ni al
orden público, como tampoco desconoce las finalidades y principios del EGCAP.

111. No es contraria al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, porque esta disposición
atribuye a las entidades públicas la potestad de imponer multas mediante acto
administrativo, pero no proscribe que las partes del contrato estatal, en ejercicio de

58
La validez de este mecanismo para hacer efectivas las multas no ha sido cuestionada por la
jurisprudencia civil. C.S.J., Sal. Civil, Sent. sept. 16/2005, Exp. C-5400131030042000-00125-01 M.P. Jaime
Arrubla Paucar.

31

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

la autonomía de la voluntad, pacten esquemas negociales para hacer efectivas
cláusulas penales de apremio sin que ello implique el ejercicio de prerrogativas de
poder público. La atribución legal de tales prerrogativas en la ejecución del contrato
no puede entenderse como un mandato que obligue a la Administración a huir del
derecho privado contractual en la configuración de sus negocios, porque este integra
el régimen jurídico aplicable al contrato estatal (Ley 80 de 1993, art. 13):

“Así las cosas, si se aplican a los contratos del Estado las reglas clásicas del derecho
privado, sería perfectamente posible pactar cláusulas penales y, dentro de este género,
multas, que se harán exigibles en la forma como tradicionalmente operaban en derecho
privado, esto es, por el solo hecho de la mora, sin que sea menester su imposición por la
autoridad administrativa o por el juez del contrato. En tal caso, la administración debería
proceder como lo haría un particular, por lo que no sería procedente proferir un acto
administrativo con el fin de imponer la multa”59.

112.Como en este caso el pago de la cláusula penal es exigible en virtud del Adicional
3 por el mero hecho de la mora y no por la expedición de un acto administrativo en
ejercicio de la función administrativa, la pena debía hacerse efectiva siguiendo el
procedimiento acordado libremente entre las partes. Así, en este caso, bastaba la
comunicación del IDU o de la interventoría indicando la obra, el plazo pactado para
su terminación, la fecha real de terminación y la liquidación de la pena, sin perjuicio
de que posteriormente el contratista pudiera demostrar que el retraso no era
imputable y solicitar el pago de las sumas descontadas.

113. La estipulación tampoco resulta contraria a las finalidades que informan las
normas que regulan la actividad contractual del Estado (Ley 80 de 1993, art. 3º). Por
el contrario, el esquema convencional diseñado para hacer efectiva la cláusula penal
de apremio fue concebido y pactado con fundamento en la autorización prevista en
el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 80 de 1993: “en caso de que la entidad
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e
intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado”.

114.La adopción del esquema incluido en el Adicional 3 para hacer efectiva la cláusula
penal constituía una medida de control necesaria para garantizar que se completara
el objeto contratado. Su necesidad estaba dada por el hecho de que la obra
presentaba retrasos que comprometían gravemente la movilidad del sector y exigían
generar incentivos suficientes para que el contratista cumpliera los plazos del
cronograma remedial, mediante un procedimiento expedito para hacer efectiva la
pena. En este orden de ideas, lejos de contrariar las finalidades de las normas que
rigen la contratación estatal, el mecanismo convencional para hacer efectiva la pena
por el mero retardo nació en obediencia al mandato legal de adoptar medidas para
garantizar la ejecución del objeto contratado cuando la entidad se abstiene de
declarar la caducidad.

115.La cláusula en la que se pactó la pena de apremio y la forma de hacerla efectiva
tampoco es abusiva. Respetadas las diferencias existentes en torno a la
conceptualización de los elementos que estructuran la nulidad y a la sanción que
debería imponerse a las cláusulas abusivas en la contratación estatal —aspecto que

59
Cárdenas Mejía, Juan Pablo, “La huida por la Administración del derecho privado contractual”, en
Sociedad, Estado y Derecho. Homenaje a Álvaro Tafur Galvis, Bogotá, 2014, pp. 372–373.

32

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

la Sala tuvo oportunidad de precisar en reciente pronunciamiento60—, lo cierto es
que, ante la ausencia de una definición legal expresa sobre la sanción aplicable, la
institución de la nulidad subsiste como herramienta auxiliar para su control. En este
contexto, dado que el juez se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad
total o parcial del contrato, se impone precisar por qué la cláusula penal de apremio
pactada en el Adicional 3 no reviste carácter abusivo.

116.Como señaló en oportunidad reciente la Sala, “la teoría de las cláusulas abusivas
tiene cabida en la contratación estatal, pero no mediante una reproducción
automática de la caracterización que le dio origen en el derecho privado, pues su
aplicación en los negocios públicos debe adecuarse a la especial naturaleza,
prerrogativas y finalidades que prevé el estatuto público de contratación; lo anterior,
sin perder de vista, como ya se explicó, que para considerar una estipulación como
abusiva es necesario que provenga del ejercicio de la posición de predominio de un
sujeto en la formación del contrato y ella materialice una asimetría injustificada para
la parte débil que revele la configuración de aquel abuso –no de una regla de poder–
, pues para estos casos, es decir para controlar las expresiones de poder, el
legislador dispuso las causales de nulidad de los actos y contratos estatales”61.

117.Uno de los requisitos para calificar como abusiva una cláusula es que esta no
haya sido objeto de negociación individual62. En este caso, no hay prueba de que el
contenido del Adicional 3 hubiera sido impuesto por el IDU al contratista, sin
posibilidad de discutir su contenido. Por el contrario, los considerandos de este
documento evidencian que fue el fruto de las negociaciones que emprendieron las
partes con el propósito de finiquitar las obras y terminar el procedimiento
administrativo adelantado para declarar la caducidad del contrato, debido a los
incumplimientos que afectaron la movilidad en el área de influencia del proyecto
constructivo.

118.El control de abusividad de las estipulaciones debe tener en cuenta “el contexto
integral del negocio y las motivaciones que asistieron a las partes en su pacto, dado
que el desbalance que formalmente exhibe la cláusula puede estar justificado o
contrarrestado por otras estipulaciones, o incluso en otras relaciones negociales que
incumben a los contrayentes”63. La Sala constata que, en este caso, además de que
la cláusula individualmente considerada no genera una asimetría prestacional
injustificada porque tiene fundamento expreso en la legislación civil (Código Civil, art.
1594), su contenido estaba justificado por el contexto en que se suscribió el Adicional
3.

119.El Adicional 3 se suscribió en un contexto preciso: el desarrollo de un
procedimiento administrativo para declarar la caducidad del contrato y la necesidad
de la Administración de concluir a la mayor brevedad las obras. Durante este trámite,
el contratista formuló el ofrecimiento de terminar las obras en un plazo suplementario

60
C.E, Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.562, nov. 25/2025. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
61
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.562 (párr. 160), nov. 25/2025. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
62
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.562 (párr. 123), nov. 25/2025. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
63
C.E., Sec. Tercera, Subsecc. A, Sent. 69.562 (párr. 137), nov. 25/2025. M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.

33

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

y asumir los costos que ello implicaba, entre estos, los honorarios del interventor por
este período adicional de seguimiento técnico al proyecto. En este contexto, adoptar
un mecanismo convencional para hacer más expedita la efectividad de la pena
pecuniaria, de forma que las obras se concluyeran siguiendo los hitos del cronograma
remedial, estaba justificado desde el punto de vista de las necesidades del servicio y
de la conducta del contratista. En conclusión, la cláusula tercera del Adicional 3 no
es abusiva.

120.Finalmente, desde la perspectiva de la responsabilidad contractual del IDU por
haber hecho efectiva la cláusula penal de apremio, la Sala tampoco encuentra
fundamento al reparo formulado al fallo de primera instancia. Para determinar la
eventual responsabilidad de quien hizo efectiva la cláusula penal de apremio por una
indebida aplicación del esquema convencional, debe atenderse al procedimiento
acordado entre las partes y no al previsto en el CCA para la expedición de decisiones
adoptadas en ejercicio de la función administrativa. Desde esta perspectiva, el reparo
debe desestimarse, pues el mismo apelante reconoció en su recurso que el IDU la
hizo efectiva conforme al procedimiento estipulado en el Adicional 3. Además,
INGECONAS no presentó argumentos en el sentido de que los retrasos en el
cronograma no le eran imputables.

121.De hecho, aunque el procedimiento pactado en el Adicional 3 no exigía un trámite
previo, el Consorcio ID sí tuvo la oportunidad de justificar el incumplimiento del
cronograma adoptado para remediar los retrasos, antes de que el IDU comunicara
su decisión en el oficio 018431-STOE-5200. En el considerando 2º de la
comunicación 014541 del 18 de febrero de 2009, que sirvió de fundamento a la
decisión del IDU, la interventoría dejó constancia de lo siguiente: “mediante nuestras
comunicaciones IDU-150-859 e IDU 150-878 se radicó ante el contratista la solicitud
de las justificaciones que permitan aplicar los mecanismos del debido proceso que
establece el otrosí No. 3, sin que a la fecha hayamos tenido una respuesta
debidamente soportada que pueda justificar los aspectos de incumplimiento que
motivaron la solicitud de la multa”64.

122.En la comunicación IDU-150859 del 2 de febrero de 200965, la interventoría
advirtió sobre el retraso en la entrega del tramo 5 sur, precisó el cronograma de obras
que el contratista se había comprometido a seguir e informó que, debido a estos
hechos, “estaría haciéndose acreedor a una sanción”, la cual, para ese momento,
ascendía a $120’000.000. Asimismo, le solicitó la entrega de la obra pendiente,
advirtiendo que, en caso contrario, procedería a “seguir aplicando la sanción que
establece la cláusula tercera del otrosí 3 [sic]”. En contraste, no obra en el expediente
prueba de que el contratista haya presentado justificaciones sobre el retraso ante los
dos requerimientos de la interventoría.

123.En conclusión, la decisión del IDU de hacer efectiva la pena de apremio tampoco
generó responsabilidad para la entidad, porque esta facultad se ejerció ciñéndose a
lo pactado en el Adicional 3.

64
C. llamamiento en garantía, pp. 112.
65
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 828 – 829.

34

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Las imputaciones recíprocas de incumplimiento y la alteración del equilibrio
económico del contrato

124.El demandante cuestionó la decisión de negar las pretensiones dirigidas a
declarar el incumplimiento del IDU y ordenar el pago de los saldos insolutos,
argumentando que, a diferencia de lo sostenido por el Tribunal, no era necesario
impugnar la legalidad de la Resolución 840 de 2009, por medio de la cual se declaró
la urgencia manifiesta para contratar directamente la terminación de las obras en el
espacio urbano. Como se expondrá a continuación, la Sala encuentra fundado el
motivo de inconformidad.

125. Tanto la función administrativa como la jurisdiccional constituyen expresiones de
la ejecución de la ley. En este contexto, los actos aplicativos de la ley —sentencias
judiciales y actos administrativos particulares—, al contener preceptos jurídicos
individuales y concretos, solo pueden modificarse conforme a las condiciones y
formas establecidas en la ley o en normas de jerarquía superior. El carácter decisorio
y preceptivo del acto administrativo, que es compartido con las providencias judiciales
y que ha llevado a un sector de la doctrina a postular la existencia de la “cosa juzgada
administrativa”66, impide que una sentencia judicial altere una situación jurídica
definida por la Administración, salvo que este haya sido objeto de impugnación con
el propósito de obtener su nulidad y su consecuente exclusión del ordenamiento
jurídico (CCA, art. 66).

126. Este fundamento teórico explica por qué la Corporación ha considerado
improcedente pronunciarse de fondo sobre demandas que buscan el reconocimiento
de perjuicios por incumplimientos contractuales o compensaciones por la alteración
de la ecuación económica, cuando un acto administrativo particular y concreto de
liquidación ha definido previamente quién debe a quién y cuánto, sin que se hubiera
solicitado su anulación67. En consecuencia, para determinar si en este caso era
necesario demandar la Resolución 840 de 2009 con el fin de habilitar el estudio de
fondo de las pretensiones de incumplimiento y alteración del equilibrio económico,
resulta indispensable analizar sus elementos esenciales. En particular, debe
establecerse si dicha resolución configuró una situación jurídica particular y concreta
—como la responsabilidad del contratista por la ejecución parcial del contrato y la
ausencia de responsabilidad de la entidad estatal por los mismos hechos—, cuya
modificación se pretenda sin que se haya solicitado la nulidad de la decisión
administrativa.

127. La Resolución 840 de 2009 consta de cuatro artículos. En ella, el IDU citó como
fundamento competencial el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y tomó las siguientes
decisiones: (i) declaró la urgencia manifiesta para contratar de manera directa la
terminación de la construcción de los andenes del eje vial (art. 1); (ii) ordenó remitir
la resolución y el expediente administrativo a la Contraloría Distrital, conforme a lo
establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 (art. 2); (iii) dispuso efectuar los

66
Cfr. Adolf Merkl, Teoría General del Derecho Administrativo (Santiago de Chile: Ediciones Olejnik, 2018),
281.
67
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 52.510, ago. 30/2017, C.P. Marta Nubia Velásquez.

35

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

traslados presupuestales necesarios para atender la urgencia manifiesta (art. 3); y
(iv) estableció que la resolución entraría en vigor a partir de su publicación (art. 4)68.

128. Considerando tanto los elementos externos como internos del acto
administrativo, se concluye que INGECONAS no debía solicitar su nulidad para que
se estudiaran las pretensiones de incumplimiento formuladas en su demanda. El IDU
no ejerció una competencia administrativa destinada a definir la situación jurídica
particular y concreta del contratista. En su lugar, empleó la atribución legal de declarar
la configuración de una situación excepcional que la dispensaba de acudir a los
procedimientos de selección que implican convocatorias públicas, en razón de la
necesidad de garantizar la continuidad del servicio público y contratar directamente
las prestaciones requeridas (Ley 80 de 1993, art. 42; Ley 1150 de 2007, art. 2.4, literal
a).

129.Además, el objeto del acto administrativo —esto es, el contenido mismo de la
decisión en cuanto reflejo de la voluntad de la Administración— no consistía en
modificar la situación jurídica del Consorcio ID mediante la declaración de su
incumplimiento o la imposición de obligaciones dinerarias. De hecho, aunque en la
motivación del acto se hizo referencia a lo ocurrido en la ejecución del contrato No.
159 de 2007 y a los presuntos incumplimientos del contratista, la decisión carecía de
un destinatario específico o de un conjunto determinado de destinatarios, como es
propio de los actos administrativos de contenido particular y concreto.

130.En conclusión, el motivo de inconformidad expresado por INGECONAS resulta
atendible. En consecuencia, procede el estudio de las pretensiones de
incumplimiento y alteración del equilibrio económico del contrato por causas
imputables al IDU. Ahora bien, como precisó la Sala, también deben estudiarse las
pretensiones de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal formuladas por el
IDU en la demanda de reconvención. Dado que las solicitudes de la demanda
principal y de la demanda de reconvención involucran un cruce de imputaciones
recíprocas de incumplimiento y alegaciones sobre la alteración del equilibrio
económico del contrato, la Sala adoptará el siguiente orden de análisis.

131.Inicialmente, examinará las compensaciones reclamadas por el demandante
para restablecer el equilibrio económico del contrato. Posteriormente, la Sala
determinará a cuál de las partes es imputable la falta de finalización de las obras de
construcción sobre el espacio urbano dentro del plazo contractual. Este análisis
permitirá definir si procede (i) ordenar al contratista el pago de la cláusula penal, como
lo reclama el IDU, o (ii) condenar a la entidad estatal al pago de los perjuicios
alegados por el contratista, correspondientes a los saldos que quedaron pendientes
por causarse debido a la terminación del contrato. Finalmente, se estudiarán las
imputaciones específicas de incumplimiento formuladas por INGECONAS contra el
IDU, referidas a: (i) el impago de obras ejecutadas y reconocidas en el acta de
terminación, (ii) la falta de pago de los ajustes de precios pactados, (iii) la no
devolución de las sumas retenidas durante la ejecución del contrato y, (iv) la retención
de materiales de su propiedad que quedaron en poder del IDU.

68
C. pruebas (anexo 2 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 433 – 449.

36

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

(i) LAS COMPENSACIONES RECLAMADAS POR LA ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO
DEL CONTRATO

132. En su demanda, INGECONAS alegó que, debido a hechos sobrevenidos en la
ejecución del contrato e imputables al IDU, se incrementaron significativamente los
costos de la obra, los cuales pueden clasificarse en dos grupos según su causa
inmediata. El primero corresponde a los sobrecostos generados por dificultades
materiales en la construcción de los andenes, atribuidas a (i) la imposibilidad de
ejecutar trabajos sobre las redes subterráneas de alcantarillado sanitario en la
calzada vial, (ii) la saturación de dichas redes con otras infraestructuras de servicios
públicos y (iii) la inexistencia de ductos independientes para alcantarillado y aguas
lluvias. Según el demandante, estos factores, sumados a niveles imprevistos de
pluviosidad, impidieron trabajar en corredores secos, lo que derivó en sobrecostos
asociados a mayores excavaciones, tiempos de inactividad de la maquinaria (stand
by), relleno en recebo, retiro y disposición de escombros, traslado de materiales,
manejo de aguas con motobomba y manejo de redes secas.

133.El segundo grupo de sobrecostos proviene de la ampliación del plazo de
ejecución del contrato, lo que generó costos adicionales por concepto de gestión
ambiental, social y de tráfico durante 4,5 meses, así como sobrecostos
administrativos derivados de la mayor permanencia en obra. Según el contratista,
estos perjuicios fueron consecuencia de la deficiente planeación del contrato, ya que
las condiciones técnicas contempladas en los estudios del IDU, sobre las cuales se
estructuró la propuesta, no coincidieron con las reales condiciones durante la
ejecución de la obra, afectando tanto su programación como sus costos.

134.La Sala analizará las pruebas sobre la ejecución del contrato para determinar: (i)
si efectivamente hubo un cambio de circunstancias respecto de las condiciones
técnicas preexistentes al momento de presentar la propuesta (Ley 80 de 1993, art.
4.8); (ii) a quién son imputables las causas de los dos adicionales que prorrogaron el
plazo y prolongaron la permanencia en obra; y (iii) si, en el marco de las
modificaciones contractuales, se resolvieron de manera integral las consecuencias
económicas y programáticas derivadas de los hechos alegados por el demandante.

135.Este análisis es necesario debido a la modalidad de pago pactada en el contrato
para las obras de espacio urbano (incluidas las de construcción de andenes). A
diferencia de las obras sobre las redes subterráneas de servicios públicos que se
pagaban por el sistema de precios unitarios, la construcción de los andenes se
remuneraba mediante un precio global fijo ($1.304’214.992), como lo establece la
cláusula tercera del contrato:

“Un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total para la construcción, el
cual será amortizado en el mismo porcentaje de cada acta mensual de obra // Hasta un
Noventa por ciento (90%) del valor total para la construcción, se pagará mediante
presentación de actas mensuales por parte del Contratista, según avance de obra
ejecutada, de acuerdo con el programa de ejecución de obra y de pagos aprobado por la
Interventoría y el IDU antes de iniciar la etapa de construcción. La Interventoría deberá
verificar el cumplimiento de dicho programa para aprobar el pago correspondiente // El
diez por ciento (10%) restante del valor total para la construcción, una vez se suscriba por
las partes el acta de liquidación del contrato, previo recibo final por parte del IDU y de las
Empresas de Servicios Públicos y suscrita por las partes el acta de recibo final y
liquidación de la etapa de construcción

37

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Valor global para las Obras de Construcción. Se pagará a precio Global (con ajustes)
'mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa medición y aprobación a'
satisfacción de las actividades adelantadas por el contratista, la cual será efectuada por
la interventoría.

Valor total para las obras de Redes de Servicios Públicos. Se pagará a precios
Unitarios Fijos (con ajustes), mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa
medición y aprobación a satisfacción y valoración del cumplimiento del contratista, la cual
será efectuada por la interventoría

Valor global para la Gestión Ambiental. Se pagará a precio global fijo (con ajustes). El
pago al contratista por el valor ambiental se pagará proporcionalmente al valor facturado
mensualmente de avance de obra (…)

Valor global para la Gestión Social. Se pagará a precio global fijo (con ajustes). Este
valor será dividido en el número de meses de la etapa de construcción y se pagará una
parte en cada Acta mensual (…)

Valor global Plan de Manejo de Tráfico y Señalización en la etapa de Construcción.
Se pagará a precio global fijo (con ajustes). Se pagará a precio global fijo (con ajustes). El
valor será cancelado mediante pagos mensuales proporcionales al porcentaje de obra
ejecutada del mes correspondiente en la etapa de construcción (…)”69.

136. Por lo tanto, la suficiencia del precio global del componente de obras de
construcción para cubrir las cantidades de obra ejecutadas y las erogaciones
realmente incurridas constituía un riesgo asumido por el contratista. Así, el Consorcio
ID solo podría trasladar dichos sobrecostos al IDU si se cumplían dos condiciones:
(i) que las causas determinantes de las erogaciones sean jurídicamente atribuibles a
la entidad y (ii) que tales asuntos no hayan sido resueltos mediante acuerdos entre
las partes. De lo contrario, el contratista tendría el deber jurídico de soportarlos con
su patrimonio por la modalidad de pago pactada70.

137.Las pruebas obrantes en el expediente evidencian que la decisión de ejecutar los
trabajos sobre las redes subterráneas de alcantarillado sanitario en los andenes —
en lugar de realizarlos sobre la calzada vial destinada al tránsito vehicular— fue
debatida por el contratista. Asimismo, acreditan que el consorcio atribuyó a esta
determinación tanto las dificultades que impidieron la finalización de las obras como
los sobrecostos generados durante su ejecución.

138. En la comunicación CID-CT-159-280 del 1 de septiembre de 2008, el Consorcio
ID solicitó al IDU una reprogramación de la obra aduciendo la siguiente justificación:

“El principal problema presentado es que los diseños que establecieron que la red de
alcantarillado de 24’’ y 16’’ se debe instalar por el mismo corredor de las existentes, es
decir sobre el andén, lo cual ha originado un problema de manejo de A.N impresionante,
a punto tal que se han tenido que manejar volúmenes de A.N hasta de 20’’ en algunos
tramos, lo cual hace casi imposible la instalación de la tubería, esta situación se agrava
en razón a que se instalan motobombas para evacuar las aguas pero no hay dónde
botarlas. Como si fuera poco la alta ola invernal a [sic] incrementado el problema de

69
C. pruebas (anexo 2 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 52 – 53.
70
Respecto de las implicaciones que tiene el pacto de un precio global fijo sobre la distribución de riesgos
y las solicitudes de restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato, véase: C.E., Secc.
Tercera, Sub. C, Sent. 54714, sept. 2022, C.P. Rodríguez Navas, citada en C.E., Secc. Tercera, Sub. A,
Sent. 65.650, may. 6/2024. En el mismo sentido: C.E., Secc. Tercera, Sent. 9347, ago. 29/1996; C.E., Secc.
Tercera, Sent. 14.855, abr. 29/1999; C.E., Secc. Tercera, Sent. 14.854, ago. 29/2007; C.E., Secc. Tercera,
Sent. 14.823, abr. 6/2011; C.E., Secc. Tercera, Sent. 41.008, jun. 29/2015.

38

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

manejo de aguas, ya que las excavaciones realizadas para la instalación de tubería de
A.N además de las aguas residuales se llena con aguas lluvias”71.

139.La incidencia de la instalación de las redes de alcantarillado en los andenes en
el desarrollo del proceso constructivo fue reconocida por la interventoría en respuesta
a una solicitud del IDU sobre la calidad de los diseños empleados por el contratista y
su relación con la no terminación de las obras. En el oficio IDU-150-1008, el consorcio
encargado de la vigilancia técnica de la ejecución contractual manifestó lo siguiente:

“Trazado de la red de alcantarillado, sobre la zona de anden: El hecho de tender la red de
alcantarillado sanitario sobre el andén fue la causa principal de las afectaciones que
sufrieron las demás estructuras de redes, aunado a las difíciles condiciones de instalación
en las que tuvo que hacerse la instalación ya que siempre se tenían altos flujos de agua
corriendo por los zanjados, lo que entorpeció los rendimientos de obra propuestos y generó
toda serie de problemas estructuras y edificaciones vecinas, ya que los hombros de
excavaciones se saturaban con las aguas de escorrentía, socavando los suelos de soporte
de las estructuras de las demás redes que se desarrollaban sobre el corredor de andén
afectando las edificaciones vecinas que poseían construcciones por debajo de cotas de
excavación”72.

140. El testimonio rendido por Jorge Velásquez, quien fungió como director de
interventoría, es congruente con el contenido de los anteriores documentos. En su
declaración, hizo la siguiente manifestación sobre la causa técnica de los retrasos y
dificultades de la confección de las obras de espacio público (se transcribe
literalmente, incluso con errores):

“Ya en la ejecución de obra propiamente dicha se pudo verificar que las redes que se
desarrollan en la 116, y valga la pena anotar que la 116 es una arteria comercial y que
posee todas las redes de servicios que se desarrollan en la ciudad, que no había un
catastro actualizado de redes y que cuando se iniciaba a excavar se encontraban bancos
de ductos que tenían más de 25 años de construidos por ende la calidad y estabilidad los
mismos materiales que los constituían no ofrecían ninguna estabilidad. (…) esto trajo
como consecuencia que nunca se tuviera un corredor seco para trabajar y que una vez se
retiraban los tubos para el reemplazo que tocaba hacer las zanjas se inundaban
provocando el colapso de los hombros de excavación y de las redes que en ellos se
apoyaban, sin embargo y ante la negativa de modificar los trazados de las redes de
alcantarillado que además por ley deben ir por los corredores viales, no por el corredor de
andenes, se iba avanzando en la obra de manera muy lenta y tortuosa porque en cada
metro que se excavaba se encontraban nuevas dificultades que para solucionarlas debían
ser concertadas con las empresas de servicios ya que el IDU no es dueño ni operador, ni
administrador de ninguna de las redes”73.

141. A partir de los elementos probatorios analizados, la Sala concluye que la
instalación y reemplazo de la red subterránea de alcantarillado sanitario sobre los
andenes —en lugar de sobre la calzada vial— incidía en el procedimiento
constructivo, al no permitir que el Consorcio ID dispusiera de corredores secos para
ejecutar los trabajos. No obstante, otros documentos del expediente, así como el
dictamen pericial técnico practicado a solicitud de INGECONAS, evidencian que: (i)
esta condición técnica existía al momento en que el consorcio presentó su propuesta;
(ii) los diseños suministrados por el IDU reflejaban esta condición, que fue exigida por

71
C. 6 (contestación demanda de reconvención), pp. 75-76.
72
C. llamamiento en garantía, pp. 118 – 119.
73
C. ppal., pp. 221 – 222.

39

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

el propietario de la red; y, (iii) el contratista la validó en la fase de preconstrucción al
apropiarse de los diseños suministrados por la entidad estatal.

142. En la comunicación de la EAAB S.A. E.S.P. S-2017-029076 —anexada al
dictamen pericial técnico elaborado por el ingeniero Antonio María Gutiérrez—, la
empresa de servicios públicos precisó lo siguiente: "De acuerdo con la normatividad
de la EA (Norma NS-085, numeral 4.4), es preferible que las redes de alcantarillado
queden instaladas a lo largo de la vía. Sin embargo, para el caso de los andenes de
la calle 116, donde el alcance de los contratos solo se dio para andenes y no para
vía, se debieron instalar las redes de alcantarillado sanitario por andén" 74. El
contenido de esta comunicación concuerda con otros documentos producidos en
2006, durante la ejecución del contrato de consultoría 202 de 2005, celebrado entre
el IDU e INARE Ltda., cuyo objeto era la elaboración de los diseños con base en los
cuales el IDU convocó la licitación pública IDU-LP-DTE-039-2007 que culminó con la
adjudicación del contrato de obra al Consorcio ID75.

143.En primer lugar, es consistente con la comunicación 01207 del 13 de febrero de
2006, en la que la EAAB S.A. E.S.P. señaló lo siguiente: "Según lo acordado entre el
Acueducto de Bogotá y el IDU, en la etapa de diseños los consultores del IDU
deberán realizar inspección con cámara de televisión a los colectores existentes (…).
En los sectores en los cuales los colectores de alcantarillado sanitario y/o pluvial se
desarrollan por andén, se deberá verificar la capacidad hidráulica y estructural de los
mismos. En los casos en los que se determine que los tramos existentes deben ser
reemplazados, los diseños de las obras correspondientes se deberán realizar por la
zona de andén, para lo cual deben presentar las memorias de cálculo teniendo en
cuenta las áreas de aporte demarcadas en las planchas F-82"76.

144.Asimismo, es concordante con los documentos emitidos por INARE Ltda., firma
encargada de la elaboración de los diseños. En el expediente obra la comunicación
202.C.31906 del 24 de abril de 2006, en la que el diseñador informó al IDU y al
interventor de diseños lo siguiente: "Después de firmado nuestro contrato, [la EAAB
S.A.] establece ahora una serie de exigencias a tener en cuenta antes de renovar
estas redes, así: que en los casos en los cuales los colectores de alcantarillado
sanitario se desarrollan [sic] por andén, se deberá verificar la capacidad hidráulica y
estructural de los mismos. Que en los casos en que se determine que los tramos
existentes deben ser reemplazados, los diseños de las obras correspondientes se
deberán realizar por la zona del andén"77. Asimismo, en el expediente se encuentra
una comunicación del 6 de septiembre de 2007, en la que el diseñador precisó:

“El diseño contempla la renovación de los colectores sanitarios ubicados bajo los andenes
norte y sur de la calle 116 entre avenida carrera 15 y avenida 19, por cambio de material
y por cambio de diámetro // Una evaluación preliminar indicó la necesidad de ampliar la
tubería existente bajo el andén a partir de la transversal 19, punto en el cual recibe un
aporte de 18.39 hectáreas, manejando un caudal de 359.87 IPS, que nosotros
recomendamos renovar por la calzada // No obstante lo anterior, la propia EAAB en los
referidos datos técnicos ordenó que la renovación debe hacerse por andén, que dicho sea
de paso es compartido con una gran cantidad de redes de otros servicios públicos. Con

74
C. ppal., p. 494.
75
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 183.
76
C. pruebas 8, p. 51.
77
C. pruebas 8, p. 38.

40

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

estas limitaciones, se procedió a calcular los nuevos colectores, siguiendo el alineamiento
actual y utilizando las estructuras de los pozos existentes”78.

145.Esta información se refuerza con la respuesta que dio el representante legal de
INARE Ltda. a una consulta formulada por el perito Antonio María Gutiérrez en
relación con la justificación de haber diseñado las intervenciones sobre las redes
subterráneas a través del andén. En su respuesta, el diseñador indicó que adoptó
esta decisión "cumpliendo orden expresa de esas entidades, sustentada y
documentada en debida forma, y con las justificaciones técnicas de dicha empresa
[EAAB S.A. E.S.P]" 79.

146. El ingeniero civil Antonio María Gutiérrez, autor del dictamen pericial solicitado
por INGECONAS en la contestación a la demanda de reconvención, confirmó que la
decisión de diseñar las obras sobre las redes subterráneas de alcantarillado sanitario
a través de los andenes fue adoptada por la EAAB S.A. E.S.P. Asimismo, ratificó que,
con fundamento en dicha determinación, el diseñador (INARE Ltda.) estructuró las
soluciones de ingeniería que el IDU incorporó en los estudios previos y que suministró
en el marco de la licitación para la adjudicación del contrato de obra pública. El
demandante no pidió aclaraciones ni objetó por error grave esta respuesta en el
término de traslado del dictamen80:

“P. ¿Determine así mismo si es permitido la reposición de colectores de
alcantarillado sobre el andén como sucede en la Av. Calle 116 entre carrera 15 y
carrera 19?

R: En este punto no identifica cuáles fueron los colectores sometidos a reposición.
Evaluados los planos de diseño de Redes de alcantarillado establecí que el plano 6/7
muestra los perfiles de los colectores de alcantarillado (tramo 3) de los costados norte y
sur. Este plano (6/7) muestra el perfil del colector 14-92 ubicado en la transversal 19. El
plano 7/7 muestra el perfil de los colectores del alcantarillado (tramo 2) de los costados
Norte y sur.

En cuanto a que, si es permitida la reposición de colectores de alcantarillado sobre el
andén, TAMBIEN ES POTESTATIVO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA con sujeción a la normatividad vigente. Es importante
anotar que EAAB suministró el 14-02-06 al IDU E INARE DA, la relación de colectores en
el área que se intervendría, tal como a continuación lo transcribo: En el costado Norte
existían dos colectores de 16" y 21" Costado norte calle 116 entre avenida 15 y avenida
19. y dos colectores de 10" y 20" instalados en el costado sur calle 116 entre avenida 15
y avenida 19.

NOTA.- Este y el anterior punto abarcan un tema técnico similar, por lo cual el texto
extractado de la comunicación dirigida por el Director de Vías, Transporte Servicios
Públicos del IDU al CONSORCIO ID (20 de Abril de 2009) es válido para ambos, lo que
confirma mi respuesta en cuanto a que es la EAAB la que determina acerca de la
reposición de colectores de alcantarillado sobre el andén, en virtud de la Resolución 033
del 26 de enero de 2001 y de la Resolución Distrital 591 del 4 de Marzo de 2002”81.

147. En conclusión, el diseño de las intervenciones sobre los andenes constituía, en
los términos del artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, una condición técnica existente al
momento en que el Consorcio ID presentó su propuesta, la cual derivaba de la

78
C. pruebas 8, p. 41.
79
C. ppal., p. 481.
80
C. ppal., p. 498.
81
C. pruebas 8, p. 27.

41

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

decisión adoptada por la EAAB S.A. E.S.P., empresa propietaria y operadora de la
red. Por lo tanto, la Sala considera que la solicitud del IDU de ejecutar los trabajos
sobre los andenes y no sobre la calzada vial destinada al tránsito vehicular no
configuró un cambio de circunstancias atribuible a una indebida planeación del
proyecto que alterara el equilibrio económico del contrato.

148.La conclusión sobre la improcedencia de ordenar, por un cambio de
circunstancias, una compensación económica adicional al precio global fijo pactado,
se afianza con otro hecho probado documentalmente: el Consorcio ID se apropió y
aceptó sin objeciones los diseños suministrados por el IDU en la licitación, los cuales,
como se ha analizado, estaban concebidos para la intervención del recolector de
aguas negras a través de los andenes.

149.En el numeral 4.2 del pliego de condiciones de la licitación se estableció lo
siguiente:

“Si bien el IDU entrega con el presente pliego un CD con la información de los estudios y
diseños existentes, es importante aclarar que dichos documentos se entregan,
considerando que el contratista a quien se le adjudique la presente licitación, deberá
durante la etapa de Preconstrucción efectuar la revisión, verificación, actualización,
ajustes y complementación de los Estudios y Diseños aprobados y a partir de esto se
apropiará de los estudios y diseños y los tomará como suyos. Dichos planos de
apropiación, deberán llevar la firma de los especialistas responsables del Contratista.

Previo al inicio de las obras, el Contratista contará con un mes para adelantar con la
Interventoría la Etapa Preconstrucción, donde el Contratista revisará, verificará,
actualizará, ajustará, complementará y apropiará los diseños realizados por la firma
INARE LTDA suministrados por el IDU, para lo cual después de revisar, verificar,
actualizar, ajustar y complementar las memorias de cálculo, planos de diseño y demás
documentación relevante, efectuará la apropiación de los diseños y tomará como suyos
los tales. Esto deberá realizarse mediante la expedición de un acta de apropiación de los
diseños suscrita entre el Contratista y la Interventoría de Obra. La motivación de la
apropiación de los diseños es dejar constancia que el Contratista conoce y acepta
totalmente los diseños y está en capacidad de asumir la responsabilidad total por
la obra y garantizará la estabilidad de las obras, así como de garantizar su recibo
por parte de las empresas de servicios públicos y entidades Distritales
competentes” (Énfasis añadido)82.

150.En el expediente reposa el Acta No. 3 de apropiación de los diseños, suscrita el
9 de mayo de 2008, en la que se dejó constancia de la siguiente manifestación: “Por
medio de la presente acta, yo, Helbert Olaya Garzón, representante legal de la firma
Consorcio ID, contratista de obra del contrato IDU 159 de 2007, manifiesto que me
apropio de los estudios y diseños para la construcción de los andenes del eje vial de
la calle 116 (…)”83. El acta incluyó un cuadro con anotaciones del contratista y de la
interventoría sobre los diseños geométricos, la red de acueducto y alcantarillado, las
redes eléctricas y de iluminación, así como las redes de gas natural y telefonía.

151.En el apartado correspondiente a la red de alcantarillado, el contratista dejó
constancia de observaciones relacionadas con el diámetro de los pozos y la
necesidad de construir cajas de inspección, pero no formuló objeción alguna sobre la
viabilidad de ejecutar las obras conforme a los diseños que contemplaban su

82
C. pruebas (anexo 2 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 183.
83
C. pruebas (anexo 2 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 79 – 82.

42

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

intervención a través del andén. En consecuencia, conforme a lo previsto en el pliego
de condiciones, la suscripción de dicha acta implicó que el contratista reconoció y
aceptó que estaba en capacidad de asumir la responsabilidad total de la obra,
siguiendo los procedimientos constructivos resultantes de los diseños de los que se
apropió. Por lo tanto, cualquier alegación posterior sobre la inviabilidad técnica de
estos diseños carece de sustento contractual e impide reconocer sumas adicionales
al precio global pactado por las obras de construcción.

152.En su demanda, INGECONAS también afirmó que otro conjunto de eventos —la
saturación de las redes de alcantarillado con otras infraestructuras de servicios
públicos, la inexistencia de ductos independientes para alcantarillado y aguas lluvias,
así como niveles anormales de pluviosidad— generaron un incremento en los costos
directos de construcción. En consecuencia, la Sala procederá a valorar las pruebas
relativas a estos hechos, así como el tratamiento contractual que las partes otorgaron
a sus efectos económicos y programáticos.

153.En cuanto a la previsibilidad de los flujos de aguas lluvias y negras a través de
los ductos subterráneos que debían intervenirse para la construcción de los andenes
—aspecto que requiere conocimientos técnicos especializados para su elucidación
(CPC, art. 233)—, la Sala no encuentra probados los enunciados fácticos en que se
fundamenta la pretensión de INGECONAS. En el dictamen técnico elaborado por el
ingeniero civil Antonio María Gutiérrez, único peritaje dirigido a evaluar los aspectos
técnicos que sustentan la reclamación del contratista84, no se abordó la cuestión
relativa a los niveles anormales de pluviosidad. Dado que el demandante no formuló
una pregunta específica sobre este punto, el experto no analizó si, conforme a los
registros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, era posible
concluir que, durante la fase de construcción, las lluvias alcanzaron niveles de
intensidad y volumen que superaron el umbral de previsibilidad y generaron
sobrecostos derivados de la disminución de los rendimientos de obra, los cuales no
estarían comprendidos dentro del riesgo constructivo asumido por el contratista.

154.En cuanto a la descarga de aguas lluvias en el ducto de alcantarillado sanitario,
el perito Antonio María Gutiérrez, lejos de corroborar el supuesto fáctico en que se
fundamentan las pretensiones del demandante, concluyó que se trataba de una
circunstancia previsible a la luz de los documentos que integraban las bases técnicas
de la licitación. Esta conclusión no fue objetada por el demandante en el término de
traslado del dictamen:

“De acuerdo con los diseños de la firma Consultora INARE, se determine a) Si la red
de aguas negras contemplaba al momento del diseño el flujo de agua tan alto en el
momento de alguna precipitación.

R/ Debo conceptuar que sí se contempló flujo alto en el evento de alguna precipitación.
No es factible diseñar un sistema de alcantarillado sanitario sin tener en cuenta este factor
tan importante, que se estudia, analiza y se calcula previamente.

84
El otro dictamen pericial que se practicó a petición del demandante fue elaborado por Carlos Javier de la
Rosa Salceda, de profesión economista (C. pruebas 7, pp. 1 – 21). Sin embargo, esta prueba no aborda
cuestiones de carácter técnico, sino exclusivamente financiero, como los cálculos de intereses y la
actualización de las sumas reclamadas por INGECONAS.

43

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Los documentos atinentes al tema, así como los planos de diseño de la red de
alcantarillado sanitario, lo confirman. La firma INARE LTDA, en Oficio 054960 de julio 6
de 2006, dirigido a la Directora de Interventoría Consorcio Avenida 116, presentó los
planos correspondientes de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y acueductos
existentes, y los diseños conforme lo solicitó Datos Técnicos entregados por la EAAB y
los términos de referencia.

Esto implica que, para realizar los diseños, el Consultor adelantó las investigaciones y
estudios, tales como el caudal de saturación (flujos altos), capacidad hidráulica,
mediciones de volúmenes hídricos de precipitaciones altas, escorrentías y flujos,
fundamentales para diseñar los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias y aguas
servidas, tal como lo exigen las normas y procedimientos reglados por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado.

Por consiguiente, mi concepto profesional es que, efectivamente, la firma INARE LTDA
tenía que contemplar flujos altos en el evento de fuertes precipitaciones, basado en
estadísticas pluviométricas y, sobre esa base, fijar los parámetros propios del diseño.
Anexos los planos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DISEÑO REDES DE ALCANTARILLADO”85.

155.Finalmente, en lo que atañe a la saturación de las redes de alcantarillado con
otras infraestructuras de servicios públicos subterráneas, las pruebas del expediente
evidencian que, al definirse la ejecución de las intervenciones sobre el andén, era
previsible que se presentaran incongruencias o cruces de otras redes de servicios
públicos de gas y telefonía con la red de acueducto sanitario. Esta conclusión se
plasmó en el dictamen del perito Antonio María Gutiérrez86. Sin embargo, al margen
de que esta fuera una circunstancia que pudiera preverse en abstracto al momento
de presentarse la propuesta debido las deficiencias existentes en los inventarios de
redes87, los documentos del expediente también evidencian que, en la ejecución
concreta del proyecto, cuando se advirtieron las condiciones precisas de dichas
interferencias, surgió la necesidad de ejecutar obras no previstas88. De hecho, esta
circunstancia justificó dos modificaciones contractuales.

156. La primera modificación contractual derivada de estos hechos fue el Adicional
No. 1, suscrito el 10 de octubre de 200889, más de seis meses después del acta de
inicio del contrato (14 de abril de 2008), a partir de la cual comenzó a correr el plazo

85
C. pruebas 8, p 12.
86
El perito dio la siguiente respuesta: “P/:c-) Si dentro de la consultoría se contemplaban los cruces de
redes e interferencias de las mismas redes sobre la red de alcantarillado. R/ De acuerdo con los documentos
estudiados y evaluados, de los cuales transcribiré lo concerniente al tema, la consultoría sí contempló los
cruces de redes e interferencias de las mismas sobre la red de alcantarillado. Mi afirmación radica en el
contenido de las siguientes comunicaciones: el 6 de septiembre de 2007 (Radicado No. 082422), INARE
LTDA dirige comunicación a CONSORCIO AVENIDA 116 y, a partir del cuarto párrafo, anota: ‘Una
evaluación preliminar indicó la necesidad de ampliar la tubería existente bajo el andén norte a partir de la
transversal 19, punto en el cual recibe un aporte de 18.30 hectáreas, manejando un caudal de 359.87 lps,
que nosotros recomendamos renovar por calzada, cumpliendo la normatividad vigente. No obstante lo
anterior, la propia EAAB, en los referidos Datos Técnicos, ordenó que la renovación debe hacerse por
andén, que dicho sea de paso es compartido con gran cantidad de redes de otros servicios públicos... etc.’.
Lo manifestado por INARE implica la existencia de los cruces de redes e interferencias de otras redes sobre
la red de alcantarillado proyectado, por lo cual se infiere que la consultoría sí los contempló en su momento”.
C. pruebas 8, p 14.
87
Circunstancia que determina, asimismo, la incertidumbre sobre las cantidades de obra requeridas para
manejar tales interferencias y justificó la adopción del esquema de precios unitarios para remunerar este
componente.
88
Esta circunstancia también fue destacada por la interventoría en sus informes técnicos. C. llamamiento
en garantía, pp. 118 – 119.
89
C. pruebas (anexo 2 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 86 - 87.

44

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

de ejecución90. En este documento, las partes acordaron prorrogar el plazo del
contrato por dos meses —sin modificar la remuneración del contratista— debido a
interferencias del ducto de alcantarillado sanitario con otras redes:

“4) La solicitud de prórroga, firmada conjuntamente por el Director Técnico de Espacio
Público, la Subdirectora Técnica de Ejecución de Obras, el coordinador, el interventor y el
CONTRATISTA, según consta en el documento del veinticinco (25) de septiembre de
2008, en el cual invocan como causal de la misma lo siguiente: ‘La prórroga se fundamenta
en las mayores cantidades de obra e ítems no previstos presentados en la ejecución de
las actividades, los cuales están estimados aproximadamente en un 35 % del valor total
del contrato y un 90 % aproximadamente del valor contractual de las redes (…) // otro
factor que incide en el retraso de las obras son las interferencias de las otras redes que
se desarrollan por encima de las redes de alcantarillado y que han obligado a realizar una
gran cantidad de obras manuales, cuando inicialmente se tenían previstas por medio
mecánicos (...)’. De conformidad con lo anterior, es procedente suscribir el presente
documento, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PLAZO: Prorrogar el plazo pactado en la cláusula quinta del contrato principal
en DOS (2) MESES. PARÁGRAFO: La presente prórroga no generará para el IDU ningún
tipo de costo adicional, ni reclamación por parte del contratista.

SEGUNDA: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes
certificados de modificación de la Garantía Única de Cumplimiento dentro de los cinco (5)
días siguientes a la firma del presente documento. PARÁGRAFO: En caso de
incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el contratista se hará
acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato principal”.

157.La segunda modificación derivada de estos hechos corresponde al Adicional 2,
suscrito el 18 de noviembre de 200891. En este documento, las partes acordaron
adicionar $750’000.000 al valor inicial del contrato para remunerar, mediante precios
unitarios adicionales, obras de redes (no obras de construcción) derivadas de la
identificación de actividades no previstas asociadas a la solución de interferencias
con otras redes de servicios públicos:

" (…) 8) Solicitud de adición firmada conjuntamente por el CONTRATISTA, el Interventor,
el Coordinador, el Subdirector Técnico de Ejecución de Obras de Espacio Público y el
Director Técnico de Espacio Público, según consta en documento del 17 de octubre de
2008, en el cual invocan como causal de la misma lo siguiente:

‘LA ADICIÓN PRESUPUESTAL SE FUNDAMENTA EN LA NECESIDAD DE EJECUTAR
LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
QUE SUBYACEN EN EL ÁREA DE LOS ANDENES A CONSTRUIR, YA QUE
CUALQUIER INTERVENCIÓN POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
VULNERA LA INTEGRIDAD DE LA OBRA Y DEJA SIN EFECTO LAS PÓLIZAS DE
ESTABILIDAD QUE DEBE CONSTITUIR EL CONTRATISTA // CON BASE EN LO
ANTERIOR, CON EL FIN DE MANTENER LA INVERSIÓN Y EL BENEFICIO QUE SE
BUSCA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL
PROYECTO, SE DEBEN EJECUTAR LA TOTALIDAD DE OBRAS DE REDES’.

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el Anexo
No. 1, el cual constituye parte integral de esta solicitud. En el mismo documento, el
interventor manifestó al respecto: ‘Teniendo en cuenta la interferencia de redes, así como
las mayores cantidades de obra que se han presentado en el contrato debido a las
condiciones particulares del sector y a la ampliación de las canalizaciones de las
diferentes Empresas de Servicios Públicos sobre el tramo de intervención, la Interventoría

90
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 74 – 75.
91
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 101 – 103.

45

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

considera procedente aprobar la presente solicitud de adición en valor al contrato IDU-
159-07’ (...)

11) Teniendo en cuenta que los valores adicionados al contrato No. 159 de 2007,
incluyendo el que se adiciona a través del presente documento, no superan el cincuenta
por ciento (50 %) del valor inicial del mismo expresado en salarios mínimos legales
mensuales, como se observa en la tabla que se anexa, y que, por tanto, se ajustan a lo
consagrado en el parágrafo segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es procedente
suscribir el presente documento, de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: VALOR. Adicionar al valor pactado en el contrato principal la suma de
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES ($750.000.000,00) DE PESOS MONEDA
CORRIENTE, equivalente a 1.625,1354 salarios mínimos legales mensuales vigentes
para el año 2008 // PARÁGRAFO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Para la presente
adición se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7192 del 30 de
septiembre de 2008, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Registro
Contable del IDU.

SEGUNDA. El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes
certificados de modificación a la garantía única, dentro de los cinco (5) días siguientes a
la firma de este documento, de conformidad con el presente adicional // PARÁGRAFO. En
caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el contratista se
hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato principal.

TERCERA. El CONTRATISTA deberá efectuar la publicación del presente documento en
el Registro Distrital, así como el pago del impuesto de timbre, si a ello hay lugar, en la
cuantía que señale la ley, requisitos que se entienden cumplidos con la presentación de
los recibos de pago de los derechos correspondientes, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la firma de este documento.

CUARTA. Los documentos no modificados continúan vigentes y surten los efectos legales
que ellos fijan”.

158.De los anteriores documentos contractuales, la Sala concluye que la detección
—durante la ejecución del proyecto— de interferencias entre la red de acueducto
sanitario y otras redes de servicios públicos incidió en el procedimiento constructivo,
a punto tal de justificar una prórroga del plazo y una adición cercana a la tercera parte
del valor inicial del contrato. Con todo, los acuerdos a los que llegaron las partes en
estas dos modificaciones, motivadas por circunstancias semejantes, también
evidencian que regularon bilateralmente las consecuencias programáticas y
económicas de la aparición de las interferencias (o saturación de las redes).

159.En el Adicional No. 1, mediante el cual se acordó la prórroga del plazo contractual
debido a la detección de las inferencias con otras redes, el contratista declaró
expresamente que dicha modificación no generaría costos adicionales para el IDU ni
daría lugar a reclamaciones económicas por los hechos que motivaron su
suscripción. Esta declaración es válida y vinculantes para las partes.

160.Además, en el expediente no obra prueba de que el IDU hubiera condicionado la
modificación contractual a la manifestación contenida en el documento en el sentido
de que no daría lugar a “reclamación por parte del contratista”, lo que excluye una
posible infracción del artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993, como tampoco se alegó que
la estipulación estuviera viciada de nulidad. En consecuencia, resulta improcedente
desconocer lo estipulado en el adicional y pretender el reconocimiento de sumas

46

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

adicionales por los presuntos sobrecostos incurridos en la ejecución de las obras por
estos mismos hechos.

161.En consonancia con la postura unificada de la Sección92, la Sala destaca que la
improcedencia de la pretensión no se debe a la ausencia de salvedades en el
modificatorio, sino a la voluntad expresa de las partes al suscribir el Adicional No. 1.
De acuerdo con sus antecedentes, las partes regularon los impactos de las
interferencias con redes y acordaron prorrogar el plazo sin que ello diera lugar a
reconocimientos económicos adicionales.

162. La misma consideración es aplicable frente al Adicional No. 2. Los hechos
aducidos para sustentar la reclamación de los mayores costos directos de
construcción de los andenes son coincidentes con los que motivaron la suscripción
de este modificatorio, en el cual se adicionaron recursos para remunerar al contratista
por la ejecución de obras no previstas. Esto pone en evidencia que las partes tenían
la intención de regular los efectos económicos de esta circunstancia y que, como
parte de los acuerdos logrados, se adicionaron precios unitarios no previstos para el
componente de redes, mas no se incrementó la partida correspondiente al precio
global de las obras de construcción del espacio urbano. Por ende, resulta
improcedente desconocer lo pactado en el adicional y pretender el reconocimiento de
sumas adicionales por los presuntos sobrecostos incurridos en la ejecución de las
obras.

163.La improcedencia de reconocer los sobrecostos reclamados, además de estas
razones sustantivas, se afianza porque no está probada su causación efectiva. En
primer lugar, no hay certeza de que los montos indicados por el demandante hubieran
generado un costo para los integrantes del consorcio. El demandante no aportó los
comprobantes contables que debían elaborarse para efectuar los asientos
correspondientes (Decreto 2649 de 1993, art. 56, vigente en la época de los hechos).
Tampoco presentó los libros de contabilidad (CPC, art. 271) con el registro de las
erogaciones reclamadas.

164. El dictamen pericial económico practicado a solicitud de INGECONAS,
elaborado por Carlos Javier de la Rosa Salcedo, no constituye un medio de prueba
que acredite de manera fiable los costos reclamados por el demandante 93. Por un
lado, el perito no verificó que los montos indicados en la demanda hubieran
representado un costo real para los integrantes del Consorcio ID, pues no revisó los
estados financieros básicos, los libros de contabilidad en los que debían estar
reflejados ni los documentos externos que los respaldaran. Ninguno de estos
soportes hace parte de la base probatoria del dictamen ni se mencionan en su
contenido.

165.Por otro lado, el perito procedió a cuantificar los sobrecostos a partir de supuestos
que carecen de justificación técnica. Un ejemplo de ello es la determinación de los
mayores costos directos de excavación, para lo cual calculó la diferencia entre las
cantidades reales ejecutadas para la instalación de tuberías de distintos diámetros y
aquellas que quedaron parcialmente cubiertas por los pagos efectuados por la

92
C.E., Secc. Tercera, Sent. 39.121 (párr. 44), jul. 27/2023, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
93
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención) C. pruebas 7, pp. 2 – 21.

47

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

entidad, tomando en consideración el incremento en el ancho y alto del espacio
excavado. Sobre este punto, el dictamen dice lo siguiente:

La diferencia de las cantidades reales de m3 de tierra que fue necesario excavar con las
cantidades reconocidas por la interventoría y pagadas por la entidad contratante (7.916.00
m3-3.863.40 m3 = 4.052.60 m3) constituye el desequilibrio económico por este concepto.
Dicha diferencia constituida por excavación mecánica (2.535.00 m3) y manual (1.517.60
m3) multiplicadas por el valor unitario sugerido para la excavación mecánica y reconocido
por el IDU para la excavación manual, dan como resultado el valor de la DIFERENCIA
ECONOMICA POR EXCAVACION e igual a $74.754.029. El anterior valor más el factor
del AIU (administración, imprevistos y utilidades) igual a $21.454-406 ($74.754.029 x
28.70%), se constituye en la DIFERENCIA ECONÓMICA a reconocer por el IDU e igual a
$96.208.435”.

166. Esta metodología no se encuentra debidamente sustentada, pues los
documentos anexos al dictamen no respaldan en modo alguno las asunciones
técnicas sobre las cantidades reales de excavación (metros cúbicos) resultantes de
multiplicar la longitud de la perforación horizontal, que es una constante en los dos
escenarios (cantidades reales v. cantidades pagadas), por el ancho y alto de la
cavidad excavada94. Además, la información de carácter técnico sobre el ancho y alto
no puede constatarse con otros documentos que obran en el expediente y describen
las obras, como el acta de terminación de las obras suscrita el 25 de marzo de 200995
o la última acta (No. 6) parcial de obra, suscrita por las partes en diciembre de 2009 96.

167.En suma, la Sala estima que es improcedente ordenar el pago de los sobrecostos
(excavaciones, stand by, relleno en recebo, retiro y disposición de escombros,
traslado de materiales, manejo de aguas con motobomba y manejo de redes secas)
generados por: (i) la imposibilidad de ejecutar trabajos sobre las redes subterráneas
de alcantarillado sanitario en la calzada vial, (ii) la saturación de dichas redes con
otras infraestructuras de servicios públicos y (iii) la inexistencia de ductos
independientes para alcantarillado y aguas lluvias.

94
Aunque el perito no lo indicó, esta información fue tomada de unos cuadros de elaboración propia del
demandante anexos a su demanda que no tienen ninguna fundamentación técnica. C pruebas 2, pp. 109 –
111.
95
C pruebas (Anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1300.
96
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención) pp. 996 a 1005.

48

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

168.Procede ahora la Sala a analizar los sobrecostos relacionados con la mayor
permanencia en obra reclamados por INGECONAS, que incluyen costos adicionales
por gestión ambiental, social y de tráfico durante 4,5 meses, así como sobrecostos
administrativos derivados de la mayor permanencia en obra.

169.En el expediente está demostrado que el plazo inicial del contrato era de siete
meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de las obras, y que este
fue ampliado en dos ocasiones. La primera ampliación se realizó mediante el
adicional No. 1, suscrito el 10 de octubre de 2008; la segunda, a través del adicional
No. 3, firmado el 12 de diciembre del mismo año97. La extensión del plazo de
ejecución conlleva costos adicionales, incluso si la meta física de la obra no se
modifica, pues la prolongación del tiempo de ejecución implica que el contratista deba
mantener activos recursos como personal administrativo, operativo y equipos, lo que
incrementa los costos necesarios para cumplir sus prestaciones98. Ahora bien, en los
contratos de obra remunerados a precio global fijo, la posibilidad de trasladar estos
sobrecostos derivados de la mayor permanencia a la entidad estatal depende, entre
otros factores, de: (i) la atribución jurídica de los hechos que determinaron la
ampliación del plazo —por ejemplo, si fueron consecuencia de un incumplimiento de
la entidad o de la materialización de riesgos contractuales asumidos por ella— y (ii)
la existencia de acuerdos entre las partes que hayan regulado voluntariamente los
efectos económicos de la prórroga del plazo99.

170. En cuanto a la mayor permanencia en obra derivada del Adicional No. 1, suscrito
el 10 de octubre de 2008, la Sala concluyó que, al convenirse la prórroga del plazo
con el propósito de regular los efectos de las interferencias entre la red de
alcantarillado sanitario y otras infraestructuras de servicios públicos, el contratista
declaró expresamente que dicha modificación no generaría costos adicionales para
el IDU ni daría lugar a reclamaciones económicas por los hechos que motivaron su
suscripción. En consecuencia, resulta improcedente desconocer lo pactado en el
adicional y pretender el reconocimiento de sumas adicionales por los presuntos
sobrecostos incurridos en la ejecución de las obras a raíz de estos mismos hechos.

171. En relación con el Adicional No. 3, suscrito el 12 de diciembre de 2008, la Sala
concluye que la reclamación de los costos derivados de la mayor permanencia resulta
improcedente, pues los hechos que motivaron la ampliación del plazo no son
jurídicamente atribuibles al IDU. Por el contrario, estos derivan de los retrasos que
para ese momento presentaba la ejecución de las obras por razones atribuibles al
consorcio y explican que este haya renunciado a pretender estos costos. Así se
desprende de los considerandos que fundamentaron la modificación contractual y de
los acuerdos expresamente consignados en ella:

“(7) Mediante el Adicional No. 1, suscrito el 10 de octubre de 2008, las partes contratantes
acordaron prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses, es decir, que el plazo previsto
para la construcción de las obras vence el 13 de diciembre de 2008 y el contrato vence el
13 de enero de 2009. (8) Mediante el Adicional No. 2 al contrato de obra 159 de 2007,
suscrito el 18 de noviembre de 2008, las partes contratantes acordaron adicionar el valor
del contrato en la suma de setecientos cincuenta millones de pesos M/CTE

97
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 105 – 108.
98
C.E., Secc. Tercera, Sent. 70.250 (párr. 33), feb. 07/2025, C.P. José Roberto Sáchica.
99
C.E., Secc. Tercera, Sent. 54.004 (párr. 24), sept. 24/2021, C.P. José Roberto Sáchica.

49

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

($750.000.000). (9) Para las partes y para la interventoría del contrato, ejercida por el
CONSORCIO CG, es claro que, al finiquitar el plazo estipulado para la construcción de las
obras, no se alcanza a finalizar la totalidad de ellas. (7) [sic] Que durante la audiencia de
descargos efectuada el día 10 de diciembre de 2008, el representante del CONSORCIO
ID manifiesta su compromiso para finalizar las obras contratadas y solicita una prórroga
de dos (2) meses, estableciendo que correrá con los costos derivados de la prórroga del
contrato de interventoría, así como con los que se generen a raíz de las obras necesarias
para la recuperación de la estructura y del asfalto de la calle 116. (8) [sic] Que mediante
oficio CID-159-584 con radicado IDU No. 179154 del 12 de diciembre de 2008, el
CONSORCIO ID presenta formalmente la propuesta realizada durante la audiencia de
descargos llevada a cabo el día 12 de diciembre de 2008. (…) (13) Es propósito primordial
del IDU en este momento alcanzar los cometidos perseguidos con el aludido contrato,
incluso por encima de establecer con claridad las reales causas y motivos por los cuales
no se logró terminar las obras durante el plazo convenido. (14) Dejar inconclusas las
obras, siendo que la obra ya presenta un avance físico superior al cincuenta por ciento
(50%), para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, constituye una situación que,
de manera notable, afecta los intereses estatales en razón, no solo de la paralización de
las obras, sino de los mayores costos que se derivarían por el hecho de tener que
convocar un nuevo proceso de selección con costos mayores a los contenidos en la
actualidad. (15) Las partes cuentan con los instrumentos que les dota el ordenamiento
jurídico en procura de lograr que se determinen las responsabilidades a que haya lugar
por la situación planteada y las consecuencias, de todo orden, que emanen de aquellas.
(16) El ejercicio de tales instrumentos no se ve afectado por el acuerdo contenido en este
documento, el cual se dirige fundamentalmente a lograr la terminación satisfactoria de las
obras contratadas. (17) Ese fin se alcanza estableciendo un cronograma real de ejecución
de lo faltante, con estricto régimen de control conminatorio y sancionatorio por su
incumplimiento. Por lo expuesto, la entidad considera conveniente y procedente acceder
a la prórroga solicitada por el contratista, con el único objeto de lograr el cumplimiento de
los fines propuestos al celebrar el contrato, sin que con ello se subsanen los
incumplimientos en que se encuentre incurso el contratista (…) razón por la cual se hace
necesario suscribir el presente documento de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA - PLAZO: Prorrogar en setenta y cinco (75) días calendario el plazo pactado
para la construcción de las obras del contrato 159 de 2007, contados a partir del 13 de
diciembre de 2008. (…) CUARTA - MESES ADICIONALES DE INTERVENTORÍA: El
CONTRATISTA asumirá el valor de la interventoría del contrato por el término de esta
prórroga, conforme a lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato. (…)
SEXTA: La presente prórroga no generará ningún costo para el IDU por ningún concepto,
tales como, pero sin limitarse a ellos, mayor permanencia en obra, stand by o ineficiencia
de equipos, reajuste o revisión de precios”100.

172. Los considerandos que fundamentaron la suscripción del Adicional No. 3
evidencian que la ampliación del plazo contractual por 75 días calendario fue
solicitada por el contratista como parte de un plan remedial dentro de un
procedimiento administrativo sancionatorio. Según la comunicación IDU-187605 del
4 de diciembre de 2008, que dio inicio a dicha actuación, el procedimiento tenía como
finalidad declarar la caducidad del contrato debido al incumplimiento reiterado del
cronograma de obra101. La Sala considera relevante que el nuevo cronograma tuviera
como propósito subsanar los retrasos en la ejecución y que el contratista, de manera
voluntaria, hubiera aceptado un esquema de apremios para incentivar su
cumplimiento —aspecto previamente analizado—. Asimismo, resulta significativo que
el contratista haya asumido, por iniciativa propia, los costos adicionales del servicio
de interventoría requeridos por la ampliación del plazo.

100
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 105 – 108.
101
C. pruebas (anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), pp. 1066 - 1074.

50

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

173. De acuerdo con el literal g) de la cláusula séptima del contrato, “el contratista de
obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del contrato de
interventoría, cuando quiera que éstas se generen por causas imputables al
contratista de obra, caso en el cual el IDU descontará de las actas de obra los montos
correspondientes” 102. En el mismo sentido, la cláusula décima tercera estableció que
“si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato
para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad y no se
considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los
costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista, incluyendo
el valor del período adicional de interventoría” 103.

174.A la luz de estas estipulaciones y de los hechos consignados en los
considerandos del Adicional No. 3, la Sala concluye que el comportamiento
contractual del Consorcio ID, al asumir voluntariamente el pago de los honorarios
derivados de los servicios adicionales de interventoría durante el período de mayor
permanencia, demuestra que los hechos que motivaron la prórroga —
específicamente, los retrasos que dieron lugar al inicio del procedimiento de
caducidad— son jurídicamente imputables al contratista. Esto explica que haya
renunciado a reclamar los sobrecostos por mayor permanencia en obra. Por lo tanto,
la solicitud de reconocimiento de estas sumas resulta improcedente.

(ii) LA ATRIBUCIÓN JURÍDICA DEL HECHO DE NO HABERSE TERMINADO COMPLETAMENTE
LAS OBRAS DE ESPACIO URBANO

175. En el recurso de apelación, el demandante manifestó su inconformidad con la
decisión del Tribunal de declarar el incumplimiento total del contrato debido a la no
finalización de las obras sobre el espacio urbano, alegando que esta no era imputable
a su conducta. La Sala procederá a resolver este motivo de inconformidad y, de
concluir que no operó una causal de exoneración de responsabilidad del constructor
por el hecho de no haberse concluido las obras, se examinará la procedencia de la
pretensión de la demanda de reconvención de condenar a INGECONAS al pago de
la cláusula penal.

176.Los documentos del expediente prueban que, a la expiración del plazo
contractual el 25 de marzo de 2009, las obras de construcción de los andenes no se
completaron. En el acta de terminación del contrato por vencimiento de plazo se dejó
constancia de este hecho y se incluyó un cuadro con la estimación de las cantidades
de obra que se requerían para completar las intervenciones constructivas. La
discrepancia entre las partes radicó, exclusivamente, en el porcentaje faltante para
completar la meta física. La interventoría incluyó una manifestación, reiterada por el
IDU en la Resolución 840 de 2009, en el siguiente sentido: “Quedó pendiente por
ejecutar el 46 % del espacio público contratado a precio global, que, a criterio del
IDU, incluía las bocacalles”104. En cambio, el Consorcio ID manifestó lo siguiente: “El
contratista manifiesta que, de las contratadas a precio global, está pendiente por

102
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 59.
103
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 62.
104
C. pruebas (anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1307.

51

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

ejecutar el 33 % del proyecto, de acuerdo con las longitudes del apéndice G y
ratificadas mediante Otrosí No. 2”105.

177. La construcción completa de los andenes del eje vial de la calle 116 de Bogotá
D.C., entre las carreras 15 y 19, constituía la obligación principal del artífice de la
obra106 y, al tratarse de una obligación de resultado, su inejecución determina que se
presuma la culpa del deudor (Código Civil, art. 1604). En el expediente está
acreditado que dicho resultado no se alcanzó. En consecuencia, correspondía al
demandado en reconvención desvirtuar el nexo causal entre la conducta imputada y
la insatisfacción del acreedor, acreditando la existencia de un elemento extraño,
como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa exclusiva del acreedor o la
intervención determinante de un tercero107.

178. La Sala concluyó que no se acreditó que la imposibilidad de ejecutar trabajos
sobre las redes subterráneas de alcantarillado sanitario en la calzada vial destinada
al tránsito vehicular, por un lado, ni que los volúmenes de agua subterránea
manejados para la ejecución de las intervenciones sobre los andenes, por otro,
constituyeran hechos imprevistos e imprevisibles, extraños a las condiciones técnicas
existentes al momento de proponer y contratar (Ley 80 de 1993, art. 4.8). En
consecuencia, este conjunto de eventos, mencionados por INGECONAS en la
contestación a la demanda de reconvención, no configuran una causa extraña que
justifique la falta de culminación de las obras de construcción de los andenes.

179. La Sala también concluyó que, para el 12 de diciembre de 2008, cuando se
suscribió el Adicional No. 3 y habían transcurrido casi ocho meses desde el inicio de
las obras, las partes adoptaron un nuevo cronograma de ejecución. Esta
reprogramación fue propuesta por el contratista en el marco de los descargos
rendidos dentro del procedimiento de caducidad, con el propósito de subsanar los
retrasos en los que había incurrido por hechos que le eran imputables. Además, estos
mismos retrasos determinaron que el contratista asumiera los costos de los servicios
de interventoría durante el período de prórroga (75 días calendario).

180. Esta conclusión es relevante tanto desde el punto de vista probatorio como
sustancial: implica que solo aquellos eventos ocurridos con posterioridad a esta
fecha, que revistieran un carácter imprevisible e irresistible y que hubieran
imposibilitado la finalización de las obras, podrían exonerar al contratista de
responsabilidad por la construcción incompleta de los andenes. En efecto, los hechos
acaecidos con anterioridad al 12 de diciembre de 2008 —incluidos, por ejemplo, los
retrasos en la entrega del anticipo advertidos por la Aseguradora— carecen de aptitud
causal para eximir al contratista de responsabilidad por la ejecución parcial de sus
obligaciones, dado que preexistían a la adopción del nuevo cronograma de obras, el
cual fue fijado por iniciativa del propio Consorcio ID para remediar sus atrasos.

181.
En la contestación a la demanda de reconvención, además de invocar los hechos
que la Sala descartó como eximentes de responsabilidad por la inconclusión de las

105
C. pruebas (anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1311.
106
Y no la simple ejecución del presupuesto destinado a remunerar las obras sobre las redes subterráneas.
107
C.S.J., Sal. Civil, Sent. Rad. 05001310301220060023401 (párr. 6.3.1), may. 24/2017, M.P Luis Armando
Tolosa.

52

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

obras en el espacio público —es decir, la imposibilidad de ejecutar trabajos sobre las
redes subterráneas de alcantarillado sanitario en la calzada vial destinada al tránsito
vehicular y la necesidad de manejar volúmenes de agua subterránea para la
ejecución de intervenciones sobre los andenes—, el contratista sostuvo que el IDU,
pese a la necesidad de pactar nuevos precios para la ejecución de ítems no previstos
que resultaban indispensables para intervenir las redes subterráneas y completar la
construcción de los andenes, se negó injustificadamente a adicionar el valor del
contrato para sufragar dichos trabajos. Según este planteamiento, la negativa del IDU
constituyó el factor determinante y exclusivo que impidió la finalización de las obras
dentro del plazo contractual, lo que configuraría un supuesto de culpa exclusiva de la
víctima o acreedor contractual.

182.Como se indicó anteriormente, los documentos del expediente acreditan que la
detección —durante la ejecución del proyecto— de interferencias entre la red de
acueducto sanitario y otras redes de servicios públicos afectó el procedimiento
constructivo y justificó una adición al precio del componente de redes (Adicional No.
2) para incluir ítems no previstos junto con sus respectivos precios unitarios.
Asimismo, la Sala advierte que, según lo señalado en la comunicación del interventor
con radicado IDU-150-886 del 10 de febrero de 2009 —cuyo contenido es coherente
con lo manifestado en el testimonio de su director técnico108—, la interventoría
consideró técnicamente necesaria una nueva adición de ítems no previstos, para lo
cual expuso la siguiente justificación:

“Cordial saludo

Desde el inicio del contrato se detectaron varias falencias en los diseños, lo que conllevó
al análisis detallado de los requerimientos del proyecto y de las cantidades reales
requeridas para la completa ejecución de la obra. En el mes de agosto de 2008, cuando
se tenía una ejecución aproximada del 31 %, se realizó un análisis de las necesidades del
proyecto para su completa ejecución. El balance analizado, que fue socializado en
reuniones sostenidas en el IDU, arrojó que la adición presupuestal requerida era cercana
a los MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($1.095'500.000,00). Sin embargo, por efectos de apropiación presupuestal, el IDU pidió
ajustar la adición solicitada a SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($750'000.000,00), cifra en la cual se adicionó el contrato en el mes de diciembre y que
equivale a 1.625,13 SMML del año 2008 // Sin embargo, por efectos de la gran confluencia
de redes en el corredor de andenes y la interferencia que existe entre las mismas, durante
la ejecución del contrato se han detectado nuevas necesidades de obra para corregir
problemas que, si no se atienden en este momento, antes de construir los andenes,
podrán generar problemas futuros que requieran intervenciones sobre las obras a
construir, afectando los andenes y demás estructuras que se vienen construyendo.

Ahora bien, en respuesta a la comunicación del asunto, anexo enviamos la valuación de
mayores y menores cantidades de obra requeridas para la terminación del contrato de la
referencia, cuyo balance final da un valor adicional de obras por la suma de
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M/CTE. ($764.389.375,38).
Suma que puede tener una variación una vez se revisen y pacten los APU's de obras no
previstas (…).

3. El balance actual de las obras se ve afectado principalmente por las siguientes
actividades:

108
C. llamamiento en garantía, pp. 118 – 119.

53

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

● El reconocimiento por parte de la entidad del factor de expansión en las excavaciones,
que afecta en un 30 % los volúmenes inicialmente contemplados para el cargue y retiro
de material de escombros, más algunos aumentos en las cantidades de obra inicialmente
contempladas, que se produjeron por la necesidad de realizar nuevas excavaciones en
sitios donde inicialmente no se tenía contemplado realizar ninguna intervención. También
la necesidad de aumentar el ancho de zanja en algunos sitios para poder instalar las
tuberías de alcantarillado.
● Un incremento en los volúmenes de escombros, porque en el balance anterior no se
tuvo en cuenta el coeficiente de expansión de los lodos.

LAS OBRAS DE ETB QUE CONTEMPLAN:

● Las tuberías de reemplazo de tuberías de asbesto cemento y los bancoductos de la
ETB.
● Reparaductos para encamisado en algunos tramos donde la ETB no permitió realizar
encamisados con tubería corriente.
● La reconstrucción de cámaras de ETB, por ampliación en la cantidad de ductos y en el
cambio de nivel de la rasante.
● La renivelación de cámaras de la ETB.
● Las demoliciones de tapas de concreto de las cámaras de ETB”109.

183. No obstante, la Sala considera que este documento no tiene la suficiencia
probatoria para demostrar que la culpa de la víctima o acreedor contractual fue
determinante, desde el punto de vista de su contribución causal, en la no culminación
de las obras dentro del plazo establecido en el nuevo cronograma pactado en el
Adicional No. 3, el cual vencía el 25 de marzo de 2009. En primer lugar, resulta
llamativo que, en dos comunicaciones adicionales de la interventoría —una emitida
ocho días antes de la que planteó la posibilidad de adicionar el contrato y otra enviada
siete días después—, se haya solicitado al IDU aplicar el esquema de apremios
introducido en el Adicional No. 3 para conminar al contratista a finalizar las obras
dentro del plazo fijado como medida remedial frente a los retrasos previamente
incurridos. Esto pone en evidencia que, más allá de la solicitud de adición de ítems,
la interventoría atribuyó los retrasos a la conducta del contratista, lo que refuerza la
conclusión de que no hubo un obstáculo insalvable e imputable a la entidad estatal
que determinara que las obras quedaran inconclusas.

184. En la comunicación IDU-150-861 del 2 de febrero de 2009, la interventoría solicitó
la aplicación de los apremios pactados, al considerar imputables al Consorcio ID los
retrasos en la finalización de las obras dentro del cronograma acordado. En dicha
comunicación, precisó lo siguiente: “aclaramos que la tasación del apremio se hace
con el incumplimiento que presenta actualmente el cronograma de obra, por lo que
en caso que [sic] el contratista no entregue las obras del tramo 5 sur se seguirá
aplicando a la sanción de aprecio que establecía la cláusula tercera del otrosí 3 de
veinte millones de pesos ($20.000.000) por cada día de retraso”110. Por su parte, en
la comunicación IDU-150-902 del 17 de febrero de 2009, la interventoría ratificó la
solicitud de imposición de la multa, argumentando que se habían presentado trece
eventos de incumplimiento del cronograma en igual número de tramos o frentes de
obra. Además, indicó que algunos de estos retrasos correspondían a intervenciones
que no dependían de la ejecución de obras subterráneas, como los remates en el

109
C. llamamiento en garantía, pp. 107 – 109.
110
C. llamamiento en garantía, pp. 105 –106.

54

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

tramo norte 5, tramo sur 5 y la instalación de acabados en la esquina del local
comercial de Mimo’s111.

185. Las pruebas obrantes en el expediente tampoco acreditan que los ítems de obra
no previstos, mencionados por INGECONAS y la interventoría en su comunicación
IDU-150-886 del 10 de febrero de 2009, hubieran sido identificados con posterioridad
a la suscripción del Adicional No. 3 del 12 de diciembre de 2008. Ni la comunicación
de la interventoría ni los dictámenes periciales obrante en el expediente establecen
las fechas en que se identificaron dichos ítems, lo que impide establecer si esta
presunta causa de imposibilidad de cumplimiento sobrevino a la adopción del
cronograma de obra pactado en el Adicional No. 3, el cual no fue condicionado a la
adición de nuevos ítems de obra.

186. El dictamen pericial técnico elaborado por el ingeniero Antonio María Gutiérrez,
que no fue objetado por INGECONAS, tampoco fue concluyente sobre la necesidad
técnica de ejecutar los ítems adicionales (demoliciones, renivelación y
reconstrucción) relacionados con las cámaras de propiedad de la Empresa de
Teléfonos de Bogotá (ETB S.A. E.S.P.), mencionadas en la comunicación IDU-150-
886 del 10 de febrero de 2009. Por el contrario, el perito indicó que no disponía de
elementos de juicio suficientes para determinar las causas que originaron su
ejecución y, además, no concluyó que la incorporación de estos ítems tuviera la
aptitud causal para impedir la consecución de la meta física de las obras de espacio
urbano que quedaron pendientes. Este es un aspecto de naturaleza técnica que, por
su complejidad, requería un análisis especializado, el cual no obra en el expediente
e impide acoger la defensa de INGECONAS (CPC, art. 233). La respuesta del perito
sobre este asunto fue la siguiente:

“• P:/ ¿Determine si debieron modificarse los diseños por solicitud de la Empresa de
Teléfonos de Bogotá y las causas por las cuales se solicitaron la demolición y
reconstrucción de 40 cámaras telefónicas ubicadas en las esquinas del proyecto?

• R:/ En los documentos obrantes dentro del proceso y en los suministrados por el IDU e
INGECONAS LTDA, no existe ninguna referencia sobre la posible modificación de los
diseños por solicitud de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Los tres planos de redes
existentes diseñados por INARE LTDA, con base en la información suministrada por dicha
empresa, no tienen anotación que conduzca a establecer la posible modificación en los
términos de la pregunta.

Sin embargo, con el fin de determinar sobre este punto, consulté nuevamente los
documentos obrantes en el expediente sin encontrar soporte, y reiteré solicitud a
INGECONAS de documentación relacionada con el tema para tener claridad y conceptuar
al respecto, pero al término de este informe no me los había suministrado.

Respecto de la demolición y reconstrucción de 40 cámaras telefónicas, en los documentos
obrantes no existe ninguno que concretamente establezca las causas por las cuales se
solicitó la demolición y reconstrucción de este número de cámaras en las esquinas del
proyecto. En cuanto a la reconstrucción de las 40 cámaras telefónicas, luego de revisar
los documentos obrantes, la única referencia es la siguiente:

111
C. llamamiento en garantía, pp. 111 – 113.

55

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

En el Radicado IDUSTESV 20103360673801 (27 de diciembre de 2010), dirigido al
CONSORCIO ID en respuesta al Derecho de Petición Radicado IDU20105260569512 del
15 de diciembre de 2010, en el cuadro de obras ejecutadas se relaciona:

● 16.1.19 Cámara ETB canalización tipo 16 h-2.30 mts. Cantidad ejecutada: 0.0
● 17.4 Cámara canalizaciones T-13. Cantidad ejecutada: 3.0
● 17.5 Cámara canalizaciones T-14. Cantidad ejecutada: 3.0

No es posible conceptuar sobre las causas concretas que dieron origen a la demolición y
reconstrucción de las 40 cámaras a que hace alusión la pregunta, porque ninguno de los
documentos consultados, emanados del IDU y la interventoría, proyecta una directiva al
respecto. Son situaciones que se ordenan y se resuelven "in situ"112.

187.Finalmente, en el expediente no obra documentación que acredite que el
Consorcio ID, ante la presunta necesidad de adicionar ítems no previstos en el
componente de obras de redes para completar las intervenciones sobre el espacio
urbano, hubiera presentado oportunamente a la interventoría los análisis de precios
unitarios (APU) de dichos ítems, con el fin de que esta los revisara y los remitiera al
IDU para su aprobación y formalización contractual. En este sentido, no es posible
establecer si el contratista cumplió con la obligación prevista en el numeral 2.4.3 del
pliego de condiciones, que disponía lo siguiente: “Para los ítems no previstos, el
análisis de precios unitarios debe ser entregado a la interventoría del contrato, quien
deberá emitir su concepto y someterlo a revisión y aprobación por parte del IDU. En
caso de obra adicional o complementaria, los precios unitarios convenidos tendrán
aplicación”113.

188.Así las cosas, tampoco se puede concluir que la entidad estatal haya incumplido
su obligación de revisar oportunamente los APU, ya que no hay constancia de que
estos le hubieran sido formalmente presentados. La Sala considera que el deber
secundario de conducta de colaboración que rige la ejecución de los contratos
estatales (Ley 80 de 1993, arts. 3 y 28; C. Co, art. 871) imponía al IDU la obligación
implícita de analizar, dentro de un término razonable, los APU que el contratista
hubiera sometido a su consideración, siempre que fueran indispensables para la
culminación de las obras —lo cual no fue debidamente probado—. Sin embargo, ante
la ausencia de prueba sobre la presentación de dichos APU, no es posible concluir
que una eventual omisión del IDU en su revisión haya sido la causa determinante de
la no finalización de las obras dentro del plazo contractual.

189.En conclusión, puesto que está demostrado que el Consorcio ID incumplió el
resultado pactado y no se configuró ninguna causal de exoneración de
responsabilidad, se declarará su incumplimiento contractual. Como consecuencia, se
rechazarán las pretensiones indemnizatorias de INGECONAS, relacionadas con el
pago de los valores no facturados correspondientes a las obras del componente de
espacio urbano que no fueron ejecutadas. Asimismo, se negará la pretensión sobre
el pago de saldos no causados por gestión ambiental y plan de manejo de tráfico,
ítems cuyo pago —según la cláusula tercera del contrato— estaba condicionado a su
facturación mediante "pagos mensuales proporcionales al porcentaje de obra
ejecutada en el mes correspondiente, tanto en las etapas de construcción como en

112
C. pruebas 8, pp. 28 – 29.
113
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 164.

56

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

la de recibo final"114. Dado que la inejecución de las obras sobre el espacio urbano
impidió la facturación proporcional de estos conceptos, y esta situación es atribuible
al contratista, no procede el reconocimiento de dichas sumas.

(iii) LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE NO HABERSE TERMINADO COMPLETAMENTE LAS OBRAS
DE ESPACIO URBANO

190. Según lo explicado previamente, en la medida en que prosperó la pretensión de
incumplimiento formulada por el IDU en la demanda de reconvención, también
procede el estudio de la solicitud relativa a la imposición de la cláusula penal
pecuniaria a cargo de INGECONAS. Antes de abordar este punto, la Sala precisa
que no se pronunciará sobre la procedencia de condenas adicionales por perjuicios
distintos a los estimados en la cláusula penal, dado que, a diferencia de esta última,
cuyo pago el Tribunal ordenó dentro de la liquidación del contrato (aspecto favorable),
la solicitud de reconocimiento de otros perjuicios fue desestimada en primera
instancia sin que se impugnara esta decisión.

191. La estipulación en que se funda esta solicitud establece lo siguiente:

“En caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento total del contrato, el
CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al treinta
por ciento (30%) del valor total del mismo. La imposición de esta pena pecuniaria se
considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause
al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del
contrato, la indemnización integral de los perjuicios causados, si estos superan el valor de
la cláusula penal. El valor de esta cláusula penal se descontará de los pagos pendientes
a favor del CONTRATISTA o en su defecto se hará efectiva el amparo de cumplimiento
de la garantía única”115.

192.La obligación de pagar la pena pecuniaria (Código Civil, art. 1592) estaba
condicionada a la declaratoria de caducidad o al incumplimiento total del contrato.
INGECONAS y la Aseguradora, basándose en el tenor literal de la cláusula,
sostuvieron que esta condición no se cumplió, dado que el incumplimiento no fue
absoluto (100%), sino parcial, pues las obras pendientes de ejecución representaban
un porcentaje menor al total del contrato.

193. A diferencia de la interpretación de normas legales (Código Civil, art. 27), en
materia contractual prevalece la intención de las partes, de modo que cuando esta
es clara debe primar sobre el sentido literal de las palabras (Código Civil, art. 1618).
Tal como se desprende de los pliegos de condiciones y del objeto del contrato, la
construcción de los andenes de la calle 116 constituía una obligación indivisible para
el Consorcio ID, pues el interés de la entidad estatal como acreedora de esta
prestación de hacer solo se satisfacía con la ejecución integral de la obra y no por
partes, ya que solo así se garantizaba el interés público que motivó su contratación:
la libre circulación de personas sobre esta área del espacio público. En consecuencia,
la intención perseguida con la celebración del contrato era que, al término de su
ejecución, la entidad recibiera la obra como una prestación indivisible; si este
resultado no se obtenía, el incumplimiento tenía carácter total o definitivo, pues el

114
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 50.
115
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 69.

57

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

acreedor de una prestación indivisible no está obligado a recibirla de manera
fraccionada116.

194.La intención de los contratantes al pactar la cláusula penal no podía ser que la
pena solo se hiciera exigible si el incumplimiento era del 100%, pues ello significaría
que el contratista quedaría exonerado con el cumplimiento de una prestación mínima
e insustancial, como la firma del acta de inicio. Una interpretación en tal sentido
privaría de efectos a una de las condiciones de exigibilidad de la pena, lo que
contradiría el principio según el cual debe preferirse el sentido de una cláusula en el
que produzca algún efecto sobre aquel en el que no lo tenga (Código Civil, art. 1620).

195. En este contexto, como ya lo ha señalado la Sección117, la cláusula debe
interpretarse en el sentido de que el adjetivo total no se refiere exclusivamente a la
magnitud del avance de obra en términos cuantitativos o porcentuales, lo que sería
incompatible con su carácter indivisible, sino a su carácter definitivo, es decir, a la
imposibilidad de remediarlo mediante medidas de apremio, como la imposición de
multas contractuales, por la expiración del plazo para la entrega de la obra finalizada.
Esta interpretación, además de preservar el efecto útil de la estipulación, se alinea
con una de las acepciones del término total, entendido como concluyente. La Sala
estableció que la inejecución parcial de las obras civiles sobre el espacio público es
jurídicamente atribuible al Consorcio ID, por lo que se configura el supuesto que hace
exigible la pena pactada. No obstante, dado que el incumplimiento de la obligación
no fue absoluto, no procede la condena por el valor total de la pena, sino su reducción
proporcional.

196.El artículo 867 del Código de Comercio dispone que, cuando la prestación
principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, el
juez podrá reducir equitativamente la pena si la considera manifiestamente excesiva,
teniendo en cuenta el interés del acreedor en el cumplimiento de la obligación 118.
Asimismo, señala que la reducción también procede cuando la obligación principal
haya sido cumplida en parte. En la misma línea, el artículo 1596 del Código Civil
dispone que si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el
acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la
pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal. Como ha

116
Código Civil, art. 1649. Esta interpretación no excluye la posibilidad de aplicar una rebaja proporcional
de la pena, dado que el artículo 1596 del Código Civil prevé que, incluso cuando la obligación incumplida
sea indivisible, procede la reducción si el acreedor acepta la parte de la prestación ejecutada. En este
sentido, la Corporación ha señalado que “si el objeto del contrato es indivisible, de modo que sólo sirve al
contratante su ejecución completa, el valor de la cláusula penal se debe pagar íntegramente; salvo que la
administración acepte del contratista la parte ejecutada” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia
17.009, nov. 13/2018, C.P. Enrique Gil Botero).
117
“La Sala entiende que los calificativos de incumplimiento “total” o “parcial”, que usan las partes del
proceso, no son necesarios para definir el derecho a cobrar la cláusula penal pecuniaria, pues lo que se
debe verificar es si se cumplieron o no las obligaciones pactadas, de manera que si alguna(s) de ellas no
se ejecutaron esto es suficiente para declarar el incumplimiento del contrato”. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia 17.009, nov. 13/2018, C.P. Enrique Gil Botero
118
Al margen del similar contenido de la regla, el régimen jurídico aplicable en este caso es el Código de
Comercio, conforme a su artículo 1º, por las siguientes razones: (i) INGECONAS es un comerciante, pues
su objeto social está constituido por actividades mercantiles como lo precisa su certificado de existencia y
representación legal (Código de Comercio, art. 10; Ley 222 de 1995, art. 1); (ii) los contratos de
construcción, reparación, montaje, instalación y ornamentación tienen naturaleza mercantil (Código de
Comercio, art. 20, núm. 15); y (iii) si un acto es mercantil para una de las partes, se rige por la ley comercial
(Código de Comercio, art. 10; Ley 222 de 1995, art. 22). Por lo tanto, a la luz del artículo 13 de la Ley 80 de
1993, la regla controlante del caso no es el artículo 1596 del Código Civil, sino el 867 del Código de
Comercio.

58

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

sostenido la Corporación, estas disposiciones tienen un doble alcance: por un lado,
consagran un derecho en favor del deudor de la pena pecuniaria y, por otro, imponen
al juez119 el deber de evaluar si la sanción se ajusta al principio de proporcionalidad
y al criterio de equidad120.

197. La obligación principal del artífice de la obra, construir los andenes en el eje vial
de la calle 116, se cumplió en parte. El IDU tomó posesión de tales obras en una
operación administrativa que tuvo lugar el 20 de marzo de 2009, cinco días antes de
la expiración del plazo121. Por otra parte, en el acta de terminación del 25 de marzo
del mismo año, la interventoría, el IDU y el contratista incluyeron una relación
exhaustiva de las cantidades de obra ejecutadas del componente de obra civil. En el
documento se agregó la siguiente nota de la que se infiere la conformidad del IDU
con la parte de construcción realizada: “las obras que presentan observaciones por
parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para
la liquidación del contrato de acuerdo con la cláusula décima quinta del contrato
anteriormente citado”.

198. Los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio establecen que
la rebaja de la pena no debe calcularse con base en el monto del perjuicio, sino en
función de la parte efectivamente ejecutada de la prestación principal. Como se indicó
anteriormente, en el acta de terminación del 25 de marzo de 2009, las partes
presentaron estimaciones divergentes sobre el porcentaje de cumplimiento. En una
nota del acta, reiterada en la resolución que declaró la urgencia manifiesta, se
consignó lo siguiente: “el interventor manifiesta que quedó pendiente por ejecutar el
46% del espacio público contratado a precio global que, a criterio del IDU, incluía las
bocalles”. Por su parte, el Consorcio ID incluyó la siguiente anotación: “está pendiente
por ejecutar el 33% del proyecto, de acuerdo a las longitudes plasmadas en el
apéndice g y ratificadas mediante otrosí 2”122.

199. La divergencia entre las partes es de orden técnico, ya que involucra el
establecimiento de las longitudes reales de avance de la construcción de los andenes
respecto de los 6 tramos establecidos para el hito 1 de la construcción (andenes del
costado norte del eje vial) y de otros seis tramos del hito 2 (andenes del costado sur).
La divergencia no puede solucionarse a partir de lo decidido en la Resolución 860 de
2009, donde se indicó un porcentaje faltante del 46%, ya que este acto administrativo
fue anulado por violación del debido proceso. Tampoco puede resolverse apelando
a la Resolución 840 de 2009, que declaró la urgencia manifiesta, ya que esta decisión
administrativa no tenía por objeto determinar el incumplimiento del contratista ni
definir una situación jurídica particular y concreta como esta.

200.Los dictámenes periciales practicados en el proceso tampoco resuelven la
discrepancia. La única pericia que trató el asunto fue la elaborada por Uriel Alzate
Salazar, ingeniero civil que elaboró el dictamen solicitado por el IDU en la demanda

119
La Sala precisa que el análisis sobre la aplicación de esta figura no corresponde a un cargo de nulidad
contra la Resolución 860 de 2009, sino a un asunto que determina la procedencia de la pretensión formulada
en la demanda de reconvención.
120
C.E., Secc. Tercera, Sent. 17.009 (sección. 3.1), nov. 13/2018, C.P. Enrique Gil Botero.
121
C. llamamiento en garantía, p. 129.
122
C. pruebas (anexo 5 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1311.

59

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

de reconvención. Sin embargo, en la respuesta a la pregunta formulada por la
entidad, el perito expresó lo siguiente:

“P. Establecer cada una de las obras dejadas de realizar y pagadas, debidamente
descritas, y las obras de corrección que se tuvieron que realizar y el valor de estas. Se
deberá cuantificar el valor de pérdida para el IDU por cada obra o ítem que se describa,
incluyendo, si es el caso, el valor de la demolición, el costo de nuevos materiales y el valor
de la nueva construcción y corrección de la obra mal realizada.

En la voluminosa información suministrada por el IDU, que estamos entregando en físico
y en CDs, no aparecen los elementos necesarios para dar las respuestas puntuales que
se nos solicitan en este numeral 3. Por ejemplo, no aparecen las conclusiones
consolidadas del INFORME DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con sus
respectivas valoraciones, al menos en la información que tuvimos a la mano // En la etapa
de recibo de obras, tanto LA INTERVENTORÍA como el IDU dejaron constancia de que el
46 % de la obra objeto del contrato 159 de 2007 estaba pendiente por ejecutar y/o
terminar, pero no soportan en un documento la relación de actividades correspondientes
a ese 46 %, y mucho menos su valoración por ítem”123.

201.En conclusión, no está probado el supuesto fáctico que permita cuantificar con
certeza el porcentaje de cumplimiento de la obligación principal del contrato de obra.
La regla de la carga de la prueba establece que incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen (CPC, art. 177; CGP, art. 167). En este caso, la parte que persigue que se
produzcan las consecuencias jurídicas asociadas al supuesto fáctico que sanciona el
legislador mercantil no es el IDU, acreedor de la pena pecuniaria, sino el deudor de
la misma: el Consorcio ID. Sin embargo, la Sala no considera que el hecho de la
incertidumbre sobre la hipótesis fáctica (el porcentaje de la construcción de andenes
que no se completó) conduzca a imponer la pena por su valor total, pues el mismo
acreedor perjudicado con el incumplimiento indicó que correspondía a un 46%.

202.Como consecuencia de lo anterior, la pena pecuniaria que se ordenará pagar a
INGECONAS, conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, se reducirá
en un 54%. La cláusula penal pactada equivale al 30% del valor total del contrato,
que incluyendo las sumas del Adicional No. 2 asciende a $3.089’073.551. En
consecuencia, el monto original de la pena era de $926’722.065, pero, aplicando la
reducción del 54%, el valor final es de $426’292.150, suma por la cual se proferirá la
condena en contra de INGECONAS.

203. La liquidación de los intereses de mora solicitados por el IDU no es procedente,
ya que estos representan la estimación legal de los perjuicios derivados de la mora
en el cumplimiento de una obligación dineraria (Código Civil, art. 1617). En este caso,
no hay cabida para su reconocimiento por dos razones: (i) la exigibilidad de la
obligación de pagar la pena surge a partir de esta sentencia y (ii) aunque las partes
pactaron que su pago "no es óbice para que el demandante, ante el juez del contrato,
solicite la indemnización integral de los perjuicios causados, si estos superan el valor
de la cláusula" (Código Civil, art. 1600)124, la obligación incumplida era de hacer
(confeccionar las obras). Por lo tanto, los intereses moratorios, que son propios de
las obligaciones de dar sumas de dinero, no pueden considerarse un perjuicio
derivado de la inejecución del contrato de construcción.

123
C. ppal., p. 519.
124
C.S.J., Sal. Civil, Sent. SC3971-2022 (párr. 7) mar. 23/2023, M.P. Hilda González Neira.

60

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

(iv) LAS SUMAS CAUSADAS PENDIENTES DE PAGO Y LAS DEVOLUCIONES POR CONCEPTO DE
DINEROS Y MATERIALES RETENIDOS POR EL IDU

204.En su demanda, INGECONAS solicitó el reconocimiento de cuatro partidas
específicas que no habían sido pagadas al momento de la suscripción del acta de
terminación del contrato, el 25 de marzo de 2009: (i) $468’418.506 por el saldo de las
obras construidas pendientes de pago; (ii) $245’746.627 por el saldo resultante de
practicar los ajustes pactos a los precios; (iii) $263’564.154 por las retenciones que
el IDU aplicó sobre los pagos efectuados durante la ejecución del contrato; y, (iv)
$56’962.281 por los materiales de su propiedad que fueron retenidos por el IDU y que
no le fueron devueltos.

205.Respecto del saldo de las obras construidas pendientes de pago, el perito Carlos
Javier de la Rosa Salcedo estableció lo siguiente en su dictamen:

“Según el Cuadro 2, dicho valor se obtiene de la diferencia entre el total de la obra
ejecutada menos el total pagado en las actas de obra, incluido el anticipo, menos la
amortización del mismo anticipo.

El valor de $2.167.222.043, no contiene los descuentos que le hizo el IDU del 10% sobre
el total de la construcción y obras de redes como garantía. En el Cuadro 3, se liquidan los
intereses según lo normado en la Ley 80 de 1993 ya que se refieren las CLAUSULAS
COMUNES A LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL IDU. De acuerdo con la Ley 80
de 1993, el valor histórico (valor a devolver), se actualiza con el incremento del índice de
precios al consumidor o tasa de inflación del año inmediatamente anterior al de la fecha
de cálculo.

61

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Los cuarenta y seis (46) días hábiles equivalen a 60 días calendario”125.

206.Los fundamentos de este cálculo reúnen la firmeza y calidad requeridas para
reconocer el valor de la obra ejecutada y no pagada por el IDU, con base en las
conclusiones periciales. En relación con la primera variable para la determinación de
la suma pendiente de pago —es decir, el valor correspondiente al “total de la obra
ejecutada a la terminación del contrato”—, la Sala precisa que dicho valor se
encuentra soportado en el acta de terminación del contrato, suscrita el 25 de marzo
de 2009, en la cual el IDU, la interventoría y el contratista incorporaron un cuadro en
el apartado D, denominado "Obra ejecutada". En este cuadro se discriminaron los
ítems correspondientes tanto a las obras de construcción remuneradas a precio
global como a las obras de redes remuneradas mediante el sistema de precios
unitarios:

125
C pruebas 7, p. 8.

62

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

207. En el término de traslado del dictamen, el IDU objetó por error grave la conclusión
del perito, argumentando que, con base en las actas de recibo parcial de obra, el
valor realmente ejecutado ascendía a $2.451’897.753. Esta suma la obtuvo al
adicionar el valor neto a pagar consignado en cada una de dichas actas más el 10%
retenido en cada una de ellas, porcentaje que solo se desembolsaba hasta la
liquidación del contrato126.

208. No obstante, la Sala considera que esta objeción no es atendible. Por una parte,
la última acta parcial de recibo de obra (denominada Acta No. 6 de Recibo Parcial
No. 4), suscrita el 4 de febrero de 2009, corresponde a los trabajos “correspondientes
a diciembre de 2008”127. Como se analizó previamente, el Consorcio ID continuó con
la ejecución de trabajos sobre las redes subterráneas y la superficie del espacio
urbano hasta el 20 de marzo de 2009, fecha en la que el IDU tomó posesión de la
obra. En consecuencia, la Sala concluye que las actas de recibo parcial no reflejan
la totalidad de las obras ejecutadas, ya que su cobertura temporal se limitó a
diciembre de 2008.

209.Por otra parte, en el acta del 25 de marzo de 2009, donde las partes consignaron
la totalidad de las obras realizadas hasta la toma de posesión, se incluyó una
anotación en el cuadro de obra ejecutada, en la que se fijó como valor total la suma
de $2.635’641.549. En dicha nota se señaló lo siguiente: "Las obras que presentan
observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se
tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la cláusula décima
quinta del contrato anteriormente citado"128. A partir de esta confirmación, la Sala
concluye que el valor determinado por el perito se encuentra debidamente respaldado
en las verificaciones realizadas por las mismas partes.

210. Respecto de la segunda variable para la determinación de la suma pendiente de
pago, correspondiente al "total pagado incluyendo anticipo", cuantificada en
$2.167’223.043, la Sala tampoco encuentra fundada la objeción formulada por el IDU.
Según la demandada, a partir de las cuatro actas de recibo parcial y las dos de
entrega del anticipo, se concluye que el valor efectivamente pagado por el IDU fue
superior: $2.223’939.967. Para sustentar esta afirmación, en la objeción se sumaron
los montos desembolsados como anticipos más los valores consignados en las filas
denominadas "valor total a pagar" de las actas de recibo parcial No. 3
($363’057.422129), No. 4 ($390’835.736,00130), No. 5 ($579’508.907131) y No. 6
(246’172.655132). Sin embargo, estos documentos no prueban que las sumas
liquidadas como pendientes de pago en las actas hayan sido efectivamente
desembolsadas al contratista.

126
C. ppal, pp. 445 – 446.
127
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1007.
128
C. pruebas 7, p. 56.
129
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 978.
130
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 985.
131
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1004.
132
C. pruebas (anexo 4 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 1014.

63

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

211.Los documentos del expediente evidencian que las sumas efectivamente giradas
al contratista por concepto de anticipo y pagos de las actas parciales de obra fueron
menores a las señaladas por la entidad en su objeción al dictamen pericial. En efecto,
en una certificación del Subdirector Técnico de Tesorería, emitida el 29 de diciembre
de 2014 e incorporada al expediente en respuesta a los oficios librados por el
Tribunal, se precisó que las sumas giradas por el IDU y recibidas en caja por el
contratista ascendieron a $2.030’679.585, monto que difiere del valor indicado en la
objeción de la entidad.

212.Aunque el monto considerado por el perito sobre las sumas efectivamente
pagadas por el IDU es incluso superior al certificado por la tesorería de la entidad
estatal—lo que implicaría un mayor saldo por pagar por concepto de las obras
ejecutadas— la Sala ordenará este pago con base en la suma determinada en el
dictamen pericial ($468’418.506). Esta decisión se fundamenta en el principio de
congruencia, según el cual la sentencia debe guardar correspondencia con los
hechos y pretensiones aducidos en la demanda (CGP, art. 281). En la pretensión I.1
de la demanda, INGECONAS solicitó expresamente: “Que se reconozca y ordene
pagar la suma de $468.418.506,38 por concepto de saldo de la obra ejecutada a la
terminación del contrato 159 de 2007 según acta 08 de 25 de marzo de 2009” 133. La
suma pedida por el demandante, coincidente con la indicada por el perito, es precisa,
determinada y no fue condicionada a lo que resultara probado en el proceso. Dado
que la sentencia no puede conceder más de lo solicitado (ultra petita), la Sala
accederá al reconocimiento de este monto en la liquidación del contrato.

213.
El valor realmente pagado por el IDU, precisado en la certificación del Subdirector
Técnico de Tesorería, refleja las retenciones del 10% que se practicaron sobre los
montos liquidados en las actas de recibo parcial. Por lo tanto, no procede ordenar el

133
C. ppal, p. 7.

64

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

pago de la diferencia entre el valor de las obras realmente ejecutadas y el monto
efectivamente desembolsado, sumando también el valor de las retenciones. Esto
implicaría reconocer dos veces un mismo hecho económico o duplicar una parte del
saldo pendiente de pago por el IDU. En consecuencia, en la liquidación se incluirá
como saldo a favor del Consorcio ID el valor pendiente de pago de las obras, pero no
el correspondiente a las retenciones o deducciones practicadas sobre las actas de
recibo parcial.

214.Respecto del saldo anterior, no se liquidarán intereses de mora, como solicitó el
demandante. La cláusula primera del apartado de cláusulas comunes a los contratos
de obra del IDU, anexas al negocio jurídico objeto de la controversia, estableció lo
siguiente:

“Cuando el IDU no cancela al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación del orden de
pago debidamente elaborado, documentada (se refiere a todos los anexos
exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada, el IDU reconocerá como
intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor
histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en
cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993”134.

215. El plazo suspensivo para el cumplimiento de la obligación dineraria a cargo del
IDU, cuyo vencimiento determinaba la configuración de la mora (Código Civil, art.
1608.1), empezaba a correr una vez se radicara la orden de pago junto con la
documentación exigida por la entidad estatal. En el expediente no obra constancia
de que la orden de pago, la factura y los anexos respectivos hubieran sido
presentados para solicitar el cobro de los saldos pendientes tras la suscripción del
acta de terminación del 25 de marzo de 2009. En consecuencia, dado que el IDU no
se había constituido en mora, no procede el reconocimiento de los intereses a partir
del día siguiente a la suscripción del acta, como fue solicitado en la demanda. No
obstante, la Sala actualizará esta suma para compensar la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, cuestión que se abordará en el apartado relativo a la
liquidación del contrato.

216.INGECONAS también reclamó en su demanda el pago de $56’962.281 por los
materiales de su propiedad que fueron retenidos por el IDU y no le fueron devueltos.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal presentó un argumento específico
frente a esta pretensión, adicional a la falta de impugnación de la resolución que
declaró la urgencia manifiesta. En su decisión, determinó que en el expediente obra
un acta en la que el IDU puso a disposición del contratista los equipos y materiales
encontrados en la obra, razón por la cual negó el reconocimiento solicitado135. En el

134
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 68.
135
El documento al que hizo referencia el Tribunal corresponde a la comunicación IDU-054653 del 11 de
agosto de 2009, que dice lo siguiente: “Por otra parte, es pertinente advertir que el Consorcio ID siempre
ha administrado el acceso al almacén localizado en el campamento provisional de obra, tal como puede ser
corroborado en el acta suscrita el 5 de junio de 2009, en la cual el señor Darío Cárdenas, en representación
del Consorcio ID, entregó el medidor de agua potable del predio localizado en la nomenclatura urbana Calle
116 N.º 18-12, en presencia del señor Héctor Gómez y del ingeniero Juan Camilo Villazón, coordinador de
acompañamiento del contrato de obra IDU 006 de 2009, e inmediatamente procedió a dejar bajo llave
nuevamente el mencionado almacén // Por lo anterior, los elementos que allí se encontraron al momento
de la toma de posesión por parte del IDU en ningún momento han podido ser cuantificados ni valorados, ya
que se ha impedido el acceso a este sitio por parte de la firma contratista (…)” C. 6 (contestación demanda
de reconvención), pp. 31 – 33.

65

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

recurso de apelación, el demandante no formuló ningún reparo contra este
fundamento de la decisión. Dado que la competencia del juez de segunda instancia
está delimitada por los motivos de inconformidad del apelante (CGP, art. 328), y
frente a esta decisión no se presentó objeción alguna, la Sala mantendrá lo resuelto
en primera instancia.

217.Finalmente, INGECONAS solicitó el reconocimiento y pago de $245’746.627 por
el saldo resultante de practicar los ajustes pactos a los precios. En la cláusula tercera
sobre la forma de pago, transcrita anteriormente, efectivamente se estableció que los
diferentes componentes del valor contrato, tanto los pagados a precio como global
como los que se saldaban por el sistema de precios unitarios, se cancelarían “con
ajustes”. Las reglas para aplicar este mecanismo de ajuste, que tenía por objeto
preservar el valor intrínseco del contrato (Ley 80 de 1993, arts. 4.8 y 5.1), se
establecieron en el numeral 1.3.2 del pliego de condiciones, en los siguientes
términos:

“1.3.2 AJUSTES

El ajuste se hará únicamente por cambio de vigencia de acuerdo con el índice total del
ICCP certificado por el DANE, aplicando el porcentaje de la diferencia entre el ICCP del
mes de presentación de la propuesta y el mes de enero de la siguiente vigencia, a cada
precio unitario, siempre y cuando el cambio de vigencia obedezca a las condiciones
originales del contrato (fecha de inicio y plazo).

Cuando el cambio de vigencia no obedezca a las condiciones originales del contrato y se
produzca dicho cambio a causa de prórrogas o suspensiones imputables al contratista, no
habrá lugar a tales ajustes, debiendo el contratista asumir los posibles sobrecostos, sin
perjuicio de las sanciones establecidas por el IDU para este tipo de situaciones”136.

218. Con todo, a diferencia de lo relacionado con el valor de la obra pendiente de
pago, la Sala considera que los fundamentos de este cálculo por el perito no reúnen
la firmeza y calidad requeridas para reconocer el valor de los saldos resultantes de
los ajustes. En el dictamen, el experto registró en un cuadro la siguiente
información137:

136
C. pruebas (anexo 1 contestación demanda y demanda de reconvención), p. 133.
137
C. pruebas 7, p. 12.

66

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

219. Revisados los anexos del dictamen, se advierte que el perito no realizó un cálculo
propio considerando la variación del índice de costos de la construcción pesada, sino
que reprodujo la información que aparece en un borrador denominado “Acta de ajuste
n.º 1” del 7 de abril de 2009, que fue aportada con la contestación de la demanda de
reconvención138:

220.La Sala considera que el documento en el que el perito basó sus conclusiones
no es fiable para determinar el monto resultante del ajuste de precios, por varias
razones. En primer lugar, el borrador del acta del 7 de abril de 2009, a diferencia del
acta de terminación del 25 de marzo de 2009, no fue suscrito por el IDU. En segundo
lugar, en el expediente obra la comunicación IDU-150-1002 del 13 de abril de 2009,
en la que la interventoría remitió dicho documento a la entidad estatal, precisando
que era un insumo para revisión conjunta. En efecto, en esa comunicación se indicó:

138
C. 6 (contestación de la demanda de reconvención), p. 233.

67

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

“Con el fin de dar cumplimiento a la aplicación de la fórmula aprobada por el IDU, por
medio de la presente, de manera atenta, solicitamos una reunión con el funcionario
que usted designe para revisar los criterios que rigen la aplicación de la fórmula con
base en la propuesta que fue presentada por el contratista (…)”139. Dado que el
cálculo se presentó como una estimación sujeta a revisión, carece de certeza
suficiente para respaldar la cuantificación del ajuste de precios.

221. Además, el pliego de condiciones estableció que el ajuste de los precios no
procedería cuando "el cambio de vigencia no obedezca a las condiciones originales
del contrato y se produzca dicho cambio a causa de prórrogas o suspensiones
imputables al contratista". La Sala concluyó anteriormente que la ejecución de obras
en noviembre y diciembre de 2008, así como el cambio de vigencia 2008 – 2009, se
derivó de los Adicionales 1 y 3, en los que el contratista declaró expresamente que
tales modificaciones no generarían costos adicionales para el IDU. Asimismo, del
análisis de los antecedentes del Adicional 3, mediante el cual se prorrogó el plazo por
75 días calendario, se concluyó que la ampliación fue consecuencia de hechos
jurídicamente atribuibles al IDU. En consecuencia, no resulta procedente ordenar el
pago de ajustes y la Sala negará esta solicitud de INGECONAS.

La liquidación judicial del contrato

222.La Sala procede a abordar la liquidación judicial del contrato, dado que este
aspecto está directamente vinculado con el objeto de la apelación y su reforma resulta
indispensable para reflejar las determinaciones adoptadas en segunda instancia, sin
que ello implique un perjuicio para los apelantes (CPC, art. 357; CGP, art. 328). Fuera
de los reparos ya examinados, INGECONAS no formuló objeciones respecto de las
demás partidas de la liquidación practicada en la sentencia de primera instancia, la
cual se fundamentó en el dictamen pericial elaborado por Uriel Alzate Salazar. En
consecuencia, la Sala procederá a liquidar judicialmente el contrato, manteniendo
exactamente las mismas denominaciones de las partidas que integran el balance de
cuentas establecido en primera instancia. No obstante, se introducirán dos
modificaciones puntuales conforme a las razones previamente expuestas: la primera,
en el rubro correspondiente a la cláusula penal pecuniaria; la segunda, en la cuenta
por pagar al Consorcio ID por concepto del valor de la obra ejecutada.

223. Adicionalmente, debido a la depreciación monetaria propia de una economía
inflacionaria, la Sala actualizará los saldos incluidos en el balance de cuentas, pues
el pago solo tendrá efecto solutorio si las sumas reconocidas mantienen su valor en
términos reales y no meramente nominales140. En las cuentas por pagar del
Consorcio ID al IDU, se reflejará la rebaja proporcional de la cláusula penal

139
C. 6 (contestación de la demanda de reconvención), p. 235.
140
CSJ, Cas. Civil, rad. SC11331, ago. 27/2015. Sobre la necesidad de efectuar la actualización o
indexación monetaria, esta Subsección ha puntualizado: “es necesario actualizar el monto de la condena
pecuniaria, dada la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo, con el fin de que no se produzca
una afectación patrimonial a la parte favorecida con esta y para ello se debe acudir a la indexación, que se
define como un “sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las
variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se
utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida,
el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos
alimenticios de primera necesidad, etc. [Corte Constitucional, Sentencia T - 007 de 2013]” C.E., Secc.
Tercera, Sub. A, exp. 70.119, oct. 25/2024, C.P. Fernando A. Pardo Flórez.

68

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

pecuniaria. Por su parte, en el apartado de cuentas por pagar del IDU al Consorcio
ID, se incluirá el valor correspondiente a la obra ejecutada pendiente de pago, que
es el único nuevo componente de la liquidación incorporado en esta sentencia.

224. Esta última suma ($468’418.506) se actualizará tomando como IPC inicial el
correspondiente al mes en que se firmó el acta de terminación del contrato, en la que
se reconoció el valor total de la obra ejecutada (marzo de 2009: 71,15), y como IPC
final el del mes de la sentencia de primera instancia que liquidó el contrato (mayo
2022: 118,70), con el propósito de expresar todas las sumas en un mismo referente
temporal. Esta operación arroja una cuenta por pagar de $781’465.589.

225.Posteriormente, se establecerá el saldo neto entre los valores a favor del IDU y
aquellos a favor del Consorcio ID. Finalmente, esta suma neta se actualizará
nuevamente, tomando como IPC inicial el del mes de la sentencia de primera
instancia—en el que están expresados todos los valores— y como IPC final el último
disponible a la fecha de esta sentencia (diciembre de 2025: 152,27).

LIQUIDACIÓN JUDICIAL
Valor del contrato
Valor Inicial del contrato de obra $2.339’073.551.00
Valor Adición 2 del 18 de noviembre de 2008 $750’000.000.00
Valor total contrato $3.089’073.551
Valor pagos realizados al CONSORCIO ID $2.030’679.585
Saldos a favor del IDU
Concepto Valor histórico
Valor cláusula penal pecuniaria $426’292.150
Valor de las multas de apremio impuestas al $1.040’000.000
CONSORCIO ID67 - cláusula tercera, adicional 3 y
otrosí 3
Valor 75 días de interventoría del contrato de obra 159 $149’263.000
de 28 de diciembre de 2007, que el CONSORCIO ID se
obligó a pagar - cláusula cuarta, adicional 3 y otrosí 3
Valor obras pagadas al Consorcio ID, pero no $555’840.249
ejecutadas 69 - el contratista solamente ejecutó el 44%
de la obra
Total (A) $2.171’395.399

Saldos a favor del Consorcio ID
Pago de las obras ejecutadas certificadas en el acta del $781’465.589
25 de marzo de 2009, pero no pagadas (B)
Total (B) $781’465.589

Saldo total a favor del IDU (A-B) $1.389’929.810
Saldo total neto a favor del IDU actualizado (factor $1.783.021.164
de ajuste: 1,282813816)

La obligación de la llamada en garantía de asumir el pago parcial de la cláusula
penal

226.
La Aseguradora, llamada en garantía por el IDU, impugnó la decisión del Tribunal
de acoger la pretensión de la entidad y condenarla al pago de la cláusula penal

69

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

pecuniaria, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza 00008586 141.
Para sustentar su oposición, expuso varios reparos coincidentes con las defensas
esgrimidas por INGECONAS al contestar la demanda de reconvención, en particular,
la inimputabilidad del incumplimiento por culpa del acreedor y el carácter total de la
inejecución como presupuesto para hacer efectiva la cláusula penal.

227. Frente a estos cargos, tal y como se ha razonado, la Sala ha concluido que las
pretensiones de la demanda de reconvención sobre el incumplimiento del contratista
—tomador de la póliza— y la condena al pago de la cláusula penal resultan
procedentes, independientemente de que (i) se hubiere declarado la nulidad de la
Resolución 860 de 2009 y (ii) no fuera necesario impugnar la legalidad de la
Resolución 840 de 2009, mediante la cual se declaró la urgencia manifiesta que
permitió la contratación directa para la terminación de las obras. Asimismo, se ha
establecido que la cláusula penal debe interpretarse en el sentido de que el adjetivo
"total" no se refiere exclusivamente a la magnitud del incumplimiento en términos
porcentuales, sino a su carácter definitivo, es decir, a la imposibilidad de remediarlo
mediante medidas de apremio, como la imposición de multas contractuales, debido
a la expiración del plazo de ejecución. En consecuencia, la Sala se remite a dichas
consideraciones como fundamento para desestimar este grupo de reparos del
llamado en garantía.

228.Por otra parte, la Aseguradora alegó que al haberse declarado en otro proceso
judicial la nulidad del artículo 4º de la Resolución 860 de 2009 -—acto mediante el
cual se ordenó hacer efectivo el amparo de cumplimiento para el cobro de la cláusula
penal—, no era viable que la obligación se reconociera con fundamento en el fallo
dictado en este proceso.

229. La Sala no considera atendible este reparo del llamado en garantía. Ciertamente,
como consecuencia de la anulación del artículo 4º de la Resolución 860 de 2009, el
IDU no podía perseguir coactivamente el patrimonio de la Aseguradora con base en
esa decisión administrativa, pues la providencia judicial produjo dos efectos jurídicos:
(i) expulsó del ordenamiento la declaración administrativa sobre la afectación del
amparo de cumplimiento y (ii) privó a dicha manifestación del carácter ejecutivo y
ejecutorio propio de los actos administrativos (CCA, arts. 66 y 68). No obstante, la
nulidad parcial del acto administrativo no conllevó la extinción de la obligación
condicional pactada en la póliza que consistía en el pago de la cláusula penal,
cobertura expresamente incluida en el amparo de cumplimiento142.

230.La nulidad de una decisión administrativa que hace efectiva una garantía no
constituye un modo de extinción de las obligaciones previsto en el artículo 1625 del
Código Civil, ni en la normativa general de los seguros de daños, ni en las
disposiciones específicas del seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales.

141
Respecto de la procedencia del llamamiento en garantía se ha sostenido: “Conforme a lo expuesto,
existe la posibilidad de que tanto el demandante como el demandado llamen a las aseguradoras bajo la
figura del llamamiento en garantía, en virtud de que no solo es aplicable a la persona que tomó el seguro,
en este caso Prago Ingeniería S.A.S., sino que a su vez, puede llamar en garantía Ecopetrol S.A., toda vez
que lo involucra materialmente, como en efecto sucedió al ser el beneficiario del seguro”. C.E., Secc.
Tercera, Sub. C, Auto. 62.934, mar. 29/2019, C.P. Nicolás Yepes Corrales. La doctrina planteaba un criterio
coincidente en vigencia del CPC, estatuto bajo el cual se efectuó el llamamiento: Hernando Fabio López.
Código de Procedimiento Civil (Tomo I). Bogotá: Dupré, 9ª Ed., 2007, p. 344.
142
C. llamamiento en garantía, p. 97.

70

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Asimismo, las condiciones contractuales de la póliza 00008586 no contemplaban
esta hipótesis como una causal para que la compañía aseguradora se liberara del
pago de su obligación. De igual forma, la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 12 de junio de 2014, confirmada por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, no estableció lo contrario.
En consecuencia, la anulación parcial del acto administrativo no extinguió la
obligación condicional, dado que esta tiene su fuente en el contrato de seguro. Esta
conclusión se refuerza si se considera que la sentencia dictada en el otro proceso se
limitó a analizar la garantía del debido proceso administrativo, sin abordar de fondo
la cuestión sobre la realización del riesgo asegurado.

231.En síntesis, la ausencia —por declaración de nulidad— de un acto administrativo
que ordene la afectación del amparo de cumplimiento, no impide la efectividad de la
póliza, pues el cumplimiento de la condición suspensiva de la cual depende la
exigibilidad de esta prestación puede verificarse voluntariamente conforme a la
regulación general del seguro de daños (Código de Comercio, arts. 1053.3 y 1071),
o bien mediante un pronunciamiento judicial, como el solicitado en este proceso. Por
estas razones, el motivo de inconformidad no es atendible.

232.La Aseguradora también alegó que el Tribunal no se pronunció expresamente
sobre los fundamentos fácticos en los que basó su excepción de prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro. Este señalamiento es cierto, pues en la
sentencia de primera instancia no hubo un análisis concreto sobre su planteamiento,
según el cual la prescripción operó porque entre el 25 de marzo de 2009 —fecha en
la que el IDU tuvo conocimiento del incumplimiento— y el momento en que la
Resolución 860 adquirió firmeza, transcurrió un período superior a dos años.

233. La prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro es de dos
años, contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción (Código de Comercio, art. 1081). El
25 de marzo de 2009, fecha en la que expiró el plazo de ejecución contractual sin
que las obras fueran completadas, la entidad beneficiaria identificó el incumplimiento
y dejó constancia de ello en el acta de terminación. Este fue el momento en el que la
entidad beneficiaria tuvo conocimiento del hecho que fundamenta la pretensión
contra la Aseguradora, es decir, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento. En
consecuencia, el término de prescripción expiraba el 25 de marzo de 2011. Con todo,
el 1 de abril de 2009, tuvo lugar la actuación para hacer efectiva la garantía, cuando
el IDU expidió la Resolución 860 de 2009, mediante la cual declaró la ocurrencia del
siniestro e hizo efectiva la garantía, decisión que fue notificada tanto a la aseguradora
como al contratista.

234.A diferencia de lo señalado por la Aseguradora, el acto administrativo mediante
el cual se declaró la ocurrencia del siniestro no requería quedar en firme dentro del
término de prescripción previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio: bastaba
con que fuera expedido y notificado dentro de ese plazo. Esta conclusión, sostenida
en casos análogos por la Subsección, se fundamenta en la diferencia entre la
actuación administrativa y la vía gubernativa143. La primera concluye cuando la

143
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 19.519, jul. 11/2012, C.P. Carlos Alberto Zambrano: “Anota la Sala
que la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo concreta el privilegio de

71

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Administración, tras agotar el procedimiento respectivo, adopta la decisión y define
la situación jurídica en ejercicio del privilegio de autotutela declarativa (CCA, art. 35).
En cambio, la vía gubernativa (CCA, art. 49 y ss.) tiene una finalidad distinta:
constituye un medio de defensa del administrado que se concreta en el ejercicio de
los recursos dispuestos para controvertir la decisión primigenia. Es decir, esta etapa
es posterior y distinta de la decisión administrativa inicial.

235. La facultad legal de declarar la ocurrencia del siniestro, estableciendo la
exigibilidad de la obligación a cargo de la aseguradora por el acaecimiento de la
condición suspensiva, sin necesidad de acudir al juez, se ejerce oportunamente a
través del acto administrativo definitivo, no mediante los actos que resuelven los
recursos contra la decisión primigenia. Por lo tanto, el acto que finaliza la actuación
administrativa —y no el que se expide en el marco de la vía gubernativa— es el que
debe ser proferido y notificado dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la
entidad tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro. Esta conclusión se reafirma
con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece que el “acaecimiento del
siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al
respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo
declare”, sin supeditar este efecto a la resolución de los recursos interpuestos contra
el acto.

236.
Esta tesis también ha sido planteada en casos semejantes por otras
Subsecciones:

“De lo expuesto, la Sala puede establecer varias conclusiones a saber: (i) Primero es la
ocurrencia del riesgo o siniestro y posteriormente, se produce su declaratoria; (ii) La
Administración debe declarar la ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo; (ii)
El plazo máximo con que cuenta la entidad estatal para esta declaratoria, es a más tardar
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia
del siniestro; (iv) El riesgo debe acaecer durante la vigencia del seguro; y por último, (v)
No obstante, la declaratoria de ocurrencia del mismo, puede producirse después del
vencimiento de la póliza.

Así las cosas, se infiere que el término establecido de dos años para que opere la
prescripción ordinaria aludido por el artículo 1081 del C.Co., no significa que el acto
administrativo que declara el siniestro debe quedar en firme dentro de ese periodo, solo
se requiere, entiéndase bien, que durante ese término de vigencia de la póliza haya
ocurrido del siniestro y que la Administración lo haya declarado mediante acto
administrativo a más tardar dentro de los dos años siguientes a la fecha en que tuvo
conocimiento de la realización del riesgo amparado”144.

237. A los planteamientos previamente expuestos, que por sí solos resultan
suficientes para desestimar la premisa jurídica en la que se funda el reparo de la
Aseguradora, cabe agregar lo siguiente. El asegurado que no está investido del
privilegio de autotutela declarativa puede evitar la prescripción extintiva presentando

la decisión previa (autotutela administrativa), es decir, permite que la entidad estatal declare la existencia
de la obligación, sin acudir al juez, de modo que dicho acto debe ser proferido y notificado dentro de los dos
años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, pues es éste el término
de prescripción ordinaria que el artículo 1081 del C. de Co. prevé para ejercer las acciones derivadas del
contrato de seguro // Ahora bien, contrario a lo que afirma el recurrente, el acto administrativo a través del
cual se declara la ocurrencia del siniestro en ejercicio de la potestad administrativa no requiere quedar en
firme dentro de los dos años a los cuales se refiere la norma en cita; basta con que se haya proferido y
notificado el acto principal dentro de ese plazo”.
144
C.E., Secc. Tercera, Sub. C, Sent. 53.914, nov. 26/2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio. Reiterada en:
C.E., Secc. Tercera, Sub. C, Sent. 53.674 (sección 6.4.1), ene. 24/2024, C.P. Nicolás Yepes Corrales.

72

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

la demanda judicial dentro de los dos años siguientes al conocimiento del siniestro,
ya que este acto procesal interrumpe el término de prescripción (CPC, art. 90), aun
cuando la situación jurídica sobre su ocurrencia y la exigibilidad de la obligación solo
se defina con la sentencia que se dicte en el proceso judicial. Por lo tanto, con mayor
razón (a minore ad maius), debe concluirse que si la Administración, investida de la
facultad de definir por sí y ante sí la situación jurídica, inicia el procedimiento
administrativo y lo culmina con la expedición del acto administrativo definitivo, no se
configura la prescripción extintiva prevista en el artículo 1081 del Código de
Comercio.

238. El 1 de abril de 2009, el IDU expidió la Resolución 860 de 2009, la cual fue
notificada tanto al Consorcio ID como a la Aseguradora. Ambas partes, al conocer la
decisión, interpusieron recurso de reposición: el contratista el 8 de mayo de 2009 y
la Aseguradora el 14 de mayo del mismo año. En consecuencia, el acto administrativo
mediante el cual la entidad estatal definió la situación jurídica fue expedido y
notificado antes del vencimiento del término de prescripción de que trata el artículo
1081 del Código de Comercio (25 de marzo de 2011). Por lo tanto, el motivo de
inconformidad expresado por la llamada en garantía no es de recibo para la Sala.

239. Finalmente, la Aseguradora solicitó la revocatoria de la condena proferida en su
contra, argumentando que el Tribunal no advirtió que la toma de posesión de la obra
no ocurrió al expirar el plazo contractual, sino cinco días antes, hecho que el IDU
reconoció en su demanda de reconvención. Con fundamento en ello, reiteró que esta
actuación del asegurado llevó a la terminación del contrato de seguro y, en
consecuencia, la compañía quedó exonerada del pago de la cláusula penal. La Sala
tampoco considera fundado este reparo, por las razones que se exponen a
continuación.

240. El hecho en que se funda el reparo de la Aseguradora corresponde a lo que
indican las pruebas del expediente: de acuerdo con el acta del 20 de marzo de 2009,
el IDU tomó posesión de la obra en esa fecha, cinco días antes del vencimiento del
plazo contractual, “informando a los participantes que el contratista Consorcio ID, a
partir del presente momento, no podrá ejecutar obra alguna ni podrá disponer de los
equipos y materiales encontrados en la obra”145. Sin embargo, este hecho no implica
la terminación anticipada del contrato de seguro ni la inexigibilidad del pago de la
cláusula penal.

241.El argumento sobre la terminación del contrato de seguro se funda, en primer
lugar, en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio que establece lo
siguiente:

“El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del
riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o
circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del
contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso lo del artículo 1058, signifiquen
agravación del riesgo o variación de su identidad local // La notificación se hará con
antelación no menor de diez días a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende
del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes
a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos
treinta días desde el momento de la modificación // Notificada la modificación del riesgo

145
C. llamamiento en garantía, p. 129.

73

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato
o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima // La falta de notificación
oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado o del
tomador dará derecho al asegurador a retener la prima no devengada” (Énfasis
agregado).

242. La Sala no considera de recibo este planteamiento, ya que la terminación
anticipada por falta de notificación de la agravación del estado del riesgo prevista en
el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio no aplica a los contratos de
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales. Esta inaplicabilidad obedece
tanto a la función económica de estos seguros como a su finalidad de garantizar un
interés asegurable que, dada su especialidad y trascendencia jurídica, está regido
por normas de orden público (Ley 1150, art. 7), aspecto que ha sido precisado en los
siguientes términos:

“42. Así las cosas y dado que a la entidad estatal le corresponde cumplir con los fines
esenciales del Estado, para lo cual utiliza el contrato como medio eficiente para su
consecución al contar con la colaboración de un tercero especializado en la ejecución del
objeto requerido, es claro que surge el riesgo de que un eventual desconocimiento de las
obligaciones de aquél le pueda acarrear perjuicios, lo cual eleva como una necesidad
imperiosa contar con una garantía de aseguramiento, toda vez que los daños
patrimoniales que se le puedan causar no se circunscriben a afectar a un sujeto individual,
sino a perturbar al colectivo que representa la sociedad y la prosperidad comunal. Reflejo
de esto se halla en normas de orden público y, por ende de obligatoria observancia, que
imponen a los contratistas contar con una garantía que avale el cumplimiento de sus
obligaciones, como es apenas obvio, durante todo el tiempo que permanezca el riesgo de
su incumplimiento. // 43. La Ley 1150 de 2007, en su artículo 7, prevé con carácter
imperativo e ineludible tal obligación, la cual, dado su carácter de orden público, incluso si
estuviera ausente en el clausulado del contrato –salvo en los que fueron expresamente
excluidos por la ley– se entendería incorporada en él (…)

46. En ese contexto y en atención a que lo que impone la Ley 1150 de 2007 con carácter
imperativo es que las obligaciones derivadas del contrato estatal deben contar con una
garantía que avale su cumplimiento, de donde claramente se deriva que deben estar
vigentes por el mismo tiempo que permanezca el riesgo de su inobservancia –lo cual, a
su vez, es concordante con las normas reglamentarias que desarrollan esta ley en este
aspecto–, dable es concluir que se opone abiertamente a dicha norma de orden público
el contenido de otras de derecho privado que admiten la posibilidad de que la vigencia de
la póliza que se ha pactado en función de la del contrato amparado, pueda cesar en sus
efectos de manera anticipada, bien sea por la decisión unilateral del asegurador o del
tomador, o bien por una consecuencia legal. [T]ratándose de contratos estatales y por las
razones previamente explicadas sobre el carácter irrevocable de la póliza de
cumplimiento, el interés asegurable que se identifica cuando el beneficiario de la
indemnización es una entidad estatal y las normas de orden público que se instituyeron
como expresión de tales aspectos, resulta forzoso concluir que una vez notificada de la
alteración del estado del riesgo, la aseguradora solo podrá reajustar el valor de la prima.
A su turno, si no acontece la notificación de la agravación del estado del riesgo, la
consecuencia prevista en el derecho común no podrá tener operancia, pues ello
significaría admitir que el contrato estatal podría quedar desprovisto de protección
patrimonial, en contravía de las normas que imponen su obligatoria salvaguarda durante
toda la vigencia del negocio jurídico”146 (Énfasis agregado).

243.Aunque las consideraciones anteriores son suficientes para desestimar el reparo,
la Sala también concluye que la actuación realizada el 20 de marzo de 2009,

146
C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 62.324 (párrs. 34 a 48), feb. 05/2024, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez. Tesis reiterada en: C.E., Secc. Tercera, Sub. A, Sent. 70.576 (párr. 88), sept. 27 /2024, C.P.
Fernando Alexi Pardo Flórez.

74

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

encaminada a asegurar materialmente el lugar donde se ejecutaban las
intervenciones, no configuraba una agravación del riesgo que justificara la
terminación del contrato de seguro por falta de notificación. El deber de informar al
asegurador sobre hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con
posterioridad a la celebración del contrato se activa cuando tales eventos son
relevantes, esenciales o determinantes. En este sentido, el artículo 1060 del Código
de Comercio parte del supuesto de que la agravación del riesgo asegurado debe ser
significativa y capaz de alterar su configuración inicial, en lugar de un cambio inocuo
o irrelevante que haría nugatorio el principio de conservación del contrato.

244. Para que una agravación del riesgo configure el supuesto fáctico de aplicación
del artículo 1060 del Código de Comercio, este debe ser jurídicamente relevante.
Como ha señalado la doctrina, el incremento del riesgo merece este calificativo si, de
haber conocido el asegurador la nueva circunstancia agravatoria —o el nuevo estado
del riesgo—, hubiera condicionado su actuación en el sentido de no celebrar el
contrato o de hacerlo en otras condiciones147. En este caso, la supuesta agravación
del riesgo consistió en la limitación material de la ejecución de las intervenciones
constructivas por un período de solo cinco días, es decir, el tiempo transcurrido entre
la toma de posesión física de la obra y la expiración del plazo contractual. Dada la
brevedad de esta restricción, no hay elementos que permitan concluir que, de haberla
conocido con antelación, la Aseguradora habría condicionado la celebración del
contrato o modificado sus términos.

245. Las circunstancias fácticas de la ejecución del contrato refuerzan esta conclusión,
pues el atraso del 33% reconocido por el contratista no podría haberse subsanado
en un plazo tan reducido. Esta consideración cobra aún mayor relevancia si se tiene
en cuenta que el plazo inicial de la obra era de siete meses y que, con el conocimiento
y la aceptación de la compañía de seguros, la cobertura temporal de los amparos fue
modificada mediante dos prórrogas: una por dos meses (Adicional 1) y otra por 75
días calendario adicionales148. En consecuencia, el reparo relacionado con la
terminación del contrato de seguro por falta de notificación oportuna, de conformidad
con el artículo 1060 del Código de Comercio, tampoco resulta atendible.

246.
Finalmente, la alegación de la Aseguradora sobre la terminación del contrato de
seguro también descansa sobre otra disposición legal: el artículo 1061 del Código de
Comercio:

“Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer
o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o
niega la existencia de determinada situación de hecho // La garantía deberá constar en la
póliza o en los documentos accesorios a ella. Podrá expresarse en cualquier forma que
indique la intención inequívoca de otorgarla // La garantía, sea o no sustancial respecto
del riesgo, deberá cumplirse estrictamente. En caso contrario, el contrato será anulable.
Cuando la garantía se refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el
asegurador podrá darlo por terminado desde el momento de la infracción” (Énfasis
agregado).

147
Cfr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. La modificación del estado del riesgo en el contrato de seguro.
Rev.Ibero-Latinoam. Seguros, p. 88 (2021). https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris56.merc
148
C. ppal, pp. 26 – 29.

75

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

247. En las condiciones generales de la póliza se incluyó la siguiente cláusula de
garantía: “6 Cláusula de garantía. Modificaciones al contrato: La aseguradora otorga
el presente seguro bajo la garantía aceptada por el tomador y la entidad asegurada,
que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato afianzado por
la presente póliza, sin la notificación y consentimiento de aquella y la expedición del
certificado de modificación correspondiente”149.

248. La operación material del IDU de tomar posesión de las obras cinco días antes
de la expiración del plazo, ante los evidentes problemas causados por los retrasos
en su ejecución, no puede calificarse como una modificación del contrato afianzado.
Esta actuación no constituye una declaración unilateral de voluntad dirigida a alterar
el contenido del contrato de obra en ejercicio de la facultad excepcional prevista en
el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, ni obedece a un acuerdo de voluntades entre los
contratantes para modificar sus estipulaciones. Se trata, más bien, de una medida
adoptada en el marco de las facultades de dirección, control y supervisión del contrato
por parte de la entidad estatal para asegurar materialmente el lugar donde se
acometían las intervenciones constructivas. En consecuencia, aun si se admitiera la
aplicabilidad de la facultad de terminación al seguro de cumplimiento a favor de
entidades públicas, esta actuación no configuró una infracción de la garantía.

249. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará la decisión adoptada por el
Tribunal que condenó a la Aseguradora a pagar el valor de la cláusula penal
pecuniaria. Dado que la Sala concluyó que era procedente la rebaja proporcional de
la pena y que la condena de la Aseguradora está supeditada a la prosperidad del
pedimento de reconvención contra INGECONAS, conforme a la naturaleza del
llamamiento en garantía, la suma a pagar se fijará con base en la pena reducida:
$426’292.150. Esta suma se actualizará, del mismo modo que en la liquidación
judicial, tomando como IPC inicial el de mayo de 2022 (118,70) y como IPC final el
último disponible a la fecha de esta sentencia (diciembre de 2025: 152,27), lo que
arroja un valor de $546.853.460. Dicho monto se encuentra dentro del límite de
cobertura del amparo de cumplimiento.

250. La Sala precisa que, en virtud del principio indemnizatorio que rige el seguro de
daños, el IDU no puede percibir dos veces el valor de la cláusula penal —cuyo
importe fue incorporado en la liquidación judicial del contrato—, una vez del
contratista y otra de la aseguradora, pues ello desnaturalizaría el seguro al convertirlo
en una fuente de enriquecimiento para la entidad estatal asegurada. En
consecuencia, si el IDU exige y obtiene el pago de la cláusula penal por parte del
contratista, queda excluida la posibilidad de reclamar ese mismo valor a la
aseguradora, por el límite que impone el artículo 1088 del Código de Comercio; y, a
la inversa, si exige y obtiene el pago como prestación asegurada, no podrá reclamarlo
también al contratista, en virtud de la subrogación legal prevista en el artículo 1096
del mismo estatuto.

149
C. llamamiento en garantía, p. 98.

76

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

Costas

251.En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998150.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 27 de mayo de 2022, por lo cual
su parte resolutiva será la siguiente:

“PRIMERO: NEGAR las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa e
ineptitud sustantiva de la demanda, formuladas por el Instituto de Desarrollo Urbano.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 860 de 2009 y 3527 de 2011,
expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano con ocasión del contrato No. 159 de 28
de diciembre de 2007.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones principales y subsidiarias de la demanda
principal.

CUARTO: DECLARAR el incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del
Consorcio ID emanadas del contrato No. 159 de 28 de diciembre de 2007.

QUINTO: CONDENAR a Ingeconas Ltda. a pagar al Instituto de Desarrollo Urbano el
valor de la cláusula penal pecuniaria, conforme a lo indicado en la parte motiva de la
sentencia.

SEXTO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de obra No. 159 de 28 de diciembre de
2007, conforme a lo indicado en la parte motiva de la sentencia.

SÉPTIMO: DECLARAR que, como resultado de la liquidación judicial, el Consorcio ID
adeuda al Instituto de Desarrollo Urbano la suma de mil setecientos ochenta y tres
millones veintiún mil ciento sesenta y cuatro pesos ($1.783’021.164 m/cte.).

OCTAVO: CONDENAR a SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. a pagar al Instituto de
Desarrollo Urbano la suma de quinientos cuarenta y seis millones ochocientos cincuenta
y tres mil cuatrocientos sesenta ($546’853.460m/cte.), correspondiente a la cláusula
penal pecuniaria cubierta por el amparo de cumplimiento de la póliza 00008586.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de reconvención.

DECIMO: Sin condena en costas ni agencias en derecho en esta instancia”.

150
La demanda se presentó el 20 de mayo de 2011 (folio 18, c. ppal), antes de que entrara en vigor el
CPACA. Por lo tanto, este proceso se rige por el CCA.

77

Radicación: 25000232600020110049101 (69.090)
Actor: Ingeconas Ltda.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

78

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.