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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00537-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00537-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018) que profirió la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así: PRIMERO: DECLÁRASE la caducidad de la acción en lo que atañe a la pretensión de reparación del daño por hurto de semovientes. SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa-Ejército Nacional con ocasión del desplazamiento forzado de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y de Mélida Parra, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, a título de perjuicio moral, las sumas de 100 Smlmv a Luis Carlos Pinilla Cuéllar, así como a Mélida Parra, vigentes al momento de ejecutoria de esta providencia. CUARTO: CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, a título de afectación a derechos convencional y constitucionalmente amparados, la suma de 100 Smlmv a favor de Luis Carlos Pinilla Cuéllar, vigentes al momento de ejecutoria de esta providencia. QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. 141 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”. 142 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-00537-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280).
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros.
Demandada: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Referencia: Medio de control de reparación directa – Ley 1437 de 2011.

Tema 1. Responsabilidad del Estado por daños causados con ocasión del desplazamiento
forzado, la desaparición forzada y el hurto de bienes. Subtema 1.1. Caducidad del medio
de control: acreditada parcialmente. Subtema 1.2. Daño antijurídico – acreditación de la
calidad de desplazado. Subtema 1.3: Imputación de responsabilidad por falla en el
servicio– no configurada. Subtema 1.4: Imputación de responsabilidad – riesgo excepcional
– acreditado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve los recursos de apelación que interpusieron las partes en
contra de la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el veintiséis (26) de abril de dos mil
dieciocho (2018), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS
Refieren los demandantes que el Ejército Nacional bombardeó la Vereda de Peñas
Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá,
en abril de dos mil cuatro (2004) causando su desplazamiento, el hurto de sus
bienes y de la desaparición y muerte de Rubén Darío Pinilla Parra. La primera
instancia accedió parcialmente a las pretensiones de su demanda por causa de este
hecho, en relación con el desplazamiento de los señores Luis Carlos Pinilla Cuéllar
y Mélida Parra de Pinilla, y con la desaparición forzada del hijo de estos dos
demandantes, no así en lo que concierne al hurto de bienes dado que no encontró
acreditado ese daño. Viene el asunto a segunda instancia por apelación de ambos
extremos procesales; la demandada, porque estima que no están probados los
elementos de la responsabilidad, y la demandante, con la pretensión de que le sean
reconocidos todos los perjuicios que pidió.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda

Luis Carlos Pinilla Cuéllar, Mélida Parra de Pinilla, Carlos Hernán Pinilla Parra y
Gloria Inés Pinilla Parra presentaron demanda de reparación directa1 el diecinueve
(19) de agosto de dos mil catorce (2014)2 contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional con el objeto de reclamar por (i) el desplazamiento forzado que
sufrieron Luis Carlos Pinilla Cuellar, Mélida Parra de Pinilla, Carlos Hernán Pinilla

1 Demanda. Folios 1 a 38, C.1. Escrito de subsanación de la demanda con la modificación de la pretensión, a

folios 52 a 66, C.1, presentado el 5 de agosto de 2015 (sello de radicación, folio 66, C.1). En la demanda y en
el escrito de subsanación la parte relató que Rubén Darío Parra Pinilla ( a quien identificó con las siglas “q.e.p.d”-
folio 52.C.1) murió y fue encontrado sin vida a finales de mayo de 2005, por cuanto fue asesinado por
paramilitares (folios 9 y 58, C.1).
2 Sello de radicación. Folio 38, C.1.

Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Parra y Gloria Inés Pinilla Parra; (ii) el hurto de bienes muebles e inmuebles; y (iii)
la desaparición forzada de Rubén Darío Pinilla Parra. Pidieron el reconocimiento de
perjuicios morales, derivados del desplazamiento forzado y de la alteración grave a
las condiciones de existencia, por concepto de los atentados, las amenazas y las
lesiones, y por la desaparición de Rubén Darío Pinilla Parra; y materiales por daño
emergente – semovientes, inmuebles urbanos e inmuebles rurales-3.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda4 para que se
precisara el daño antijurídico imputado a la Nación. Subsanada5, la demanda fue
admitida6, en proveído que fue notificado en debida forma7.

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional contestó8 con oposición a las
pretensiones. Con tal fin, arguyó la inexistencia de una actuación suya que hubiera
causado daño; protestó los montos solicitados a título de perjuicios, y planteó como
excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva; el hecho de un tercero;
la diligencia y cuidado por parte del Ejército Nacional; la inexistencia de la
obligación; la excesiva tasación de los perjuicios extrapatrimoniales; la ausencia de
material probatorio para atribuir responsabilidad; y en caso de condena, el
descuento de lo pagado. Pidió, se negaran las súplicas de la demanda y que no se
condenara en costas a las partes.

El Tribunal celebró audiencia inicial el treinta y uno (31) de julio de dos mil diecisiete
(2017)9 y el veintinueve (29) de septiembre siguiente10, en la que declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejército Nacional, decretó las pruebas11, y fijó el litigio así: “se centra en
las circunstancias fácticas no aceptadas por las partes, relacionadas con los HECHOS 1, 4
a 7, 10 al 12, 14 y 15 que guardan relación con las circunstancias fácticas y jurídicas que
configuran los elementos de la responsabilidad del Estado por: i) el desplazamiento forzado
de los demandantes, ii) la presunta muerte y desaparecimiento del señor RUBÉN DARÍO
PINILLA PARRA, y iii) los perjuicios ocasionados”12.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia de
pruebas1314 y corrió traslado a las partes para la presentación de sus alegatos, y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto. De dicha oportunidad hicieron uso
la demandante15 y la demandada16, quienes reiteraron sus posturas procesales.

2.3. La sentencia recurrida

La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia el veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho
(2018), en la que declaró la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-

3 Folios 63 a 65, C.1.
4 Auto inadmisorio de la demanda. Folios 49 a 50, C.1.
5 Subsanación de la demanda. Folios 52 a 66, C.1.
6 Auto admisorio de la demanda. Folios 69 a 70, C.1.
7 Notificaciones. Folios 72 a 74, C.1.
8 Contestación de la demandada Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Folios 78 a 104, C.1.
9 Acta de audiencia inicial y CD. Folios 141 a 142, C.1.
10 Acta de audiencia inicial y CD. Folios 161 a 166, C.1.
11 En cuanto a las pruebas documentales aportadas por la parte demandante, refirió que estuvieron relacionadas

con: (i) los registros civiles de nacimiento y fotocopia de las cédulas de ciudadanía; (ii) el carné de discapacitado
y de ganadero; (iii) extractos de prensa; (iv) inscripción en el registro de víctimas; y (v) comunicaciones
presentadas ante diferentes entidades del Estado. Realizada esta precisión, decretó, como pruebas
documentales, las que fueron allegadas con la demanda.
12 Acta de audiencia inicial. Folio 163, reverso, C.1. Corroborado con el C.D contentivo de la audiencia.
13 Acta y C.D de audiencia de pruebas, folios 174 a 176, C.1.
14 Acta y C.D de audiencia de pruebas, folios 223 a 225, C.1.
15 Alegatos de conclusión de la demandante en primera instancia. Folios 236 a 253, C.1.
16 Alegatos de conclusión de la demandada. Folios 254 a 261, C.1.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Ejército Nacional por el desplazamiento forzado y por la desaparición y negó las
demás pretensiones y condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
al pago de agencias en derecho. En apoyo de su decisión, sustentó:

2.3.1. Respecto del desplazamiento forzado, encontró probado que Luis Carlos
Pinilla Cuéllar y Mélida Parra de Pinilla fueron desplazados de Peñas Coloradas y
que no habían podido retornar, no así Carlos Hernán y Gloria Inés Pinilla Parra,
quienes, dijo, no probaron su condición de desplazados.

El a-quo determinó que, para abril de dos mil cuatro (2004), la población de Peñas
Coloradas sufrió una alteración del orden público que motivó la intervención militar
del Estado. Esa intervención se produjo con falla en el servicio, que se concretó en
la violación a los artículos 24 y 93 de la Constitución Política. A su juicio, en la
ofensiva militar el Ejército Nacional omitió adoptar medidas de planificación,
prevención y protección para evitar el desplazamiento de la población, que ocurrió
luego del operativo militar en la zona. Con fundamento en lo anterior, condenó a la
demandada a pagar la suma de cien (100) s.m.l.m.v a Luis Carlos Pinilla Cuéllar y
a Mélida Parra de Pinilla.

2.3.2. En lo atinente a la desaparición forzada y muerte de Rubén Darío, halló
probado que desapareció y murió en eventos que tuvieron lugar en mayo de dos mil
cinco (2005) en la vía que conduce de Valparaíso a Solita, Caquetá, a causa del
accionar de un grupo al margen de la ley, según pudo inferir del estudio técnico que
adelantó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional.

No obstante, precisó que el daño antijurídico era atribuible a la demandada ya que,
a pesar de que la desaparición no ocurrió por el actuar de un agente estatal, era de
público conocimiento la operación de grupos armados al margen de la ley en el
municipio de Valparaíso, de modo que como el hecho era conocido por la fuerza
pública, debió propender por la garantía de seguridad y protección de Rubén Darío
Parra. Como encontró demostrado que Rubén Darío era hijo de Luis Carlos Pinilla
Cuéllar y de Mélida Parra, y hermano de Carlos Hernán y Gloria Inés Pinilla Parra,
a partir de esa relación de consanguinidad dedujo el padecimiento moral y, por ello,
reconoció cien (100) s.m.l.m.v a favor de los padres de Rubén Darío Pinilla Parra, y
cincuenta (50) s.m.l.m.v para cada uno de sus dos hermanos, por la presunción de
aflicción.

2.3.3. Finalmente, en lo relativo al hurto de los bienes, el a-quo consideró que: (i)
en torno a los semovientes, no encontró prueba a partir de la cual pudiera inferir la
preexistencia del ganado porque faltó el certificado de titularidad sobre la marca.
Denotó discrepancia en cuanto al número de cabezas de ganado que fueron
hurtadas, y falta de demostración de las circunstancias en que ocurrió la incursión
por parte del Estado en el predio y su relación con el hurto de los semovientes; y (ii)
respecto de los bienes inmuebles, en concreto, de la finca “La Aurora”, una casa
donde funcionaba una ferretería, las fincas “El Ático” y “La Laguna de Chaira” y las
casas localizadas en Pitalito y en Neiva, consideró que la parte demandante no
probó la propiedad de esos bienes, y denotó que el propio demandante reconoció
la propiedad en cabeza de otra persona. Y, respecto de los últimos bienes, observó
que el traspaso de propiedad por venta acreditado con los respectivos certificados
de tradición y libertad de los inmuebles, se presumía legal a falta de prueba en
contrario.

2.3.4. El a-quo aclaró que los perjuicios morales que se solicitaron por concepto de
las amenazas, el atentado y las lesiones quedarían excluidos del debate de acuerdo
con la fijación del litigio, que ciñó la controversia a los daños antijurídicos derivados
del desplazamiento y de la desaparición forzada.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

2.4. El recurso de apelación

Apelaron los dos extremos de la litis, con los siguientes motivos de protesta.

2.4.1. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional17 solicitó la revocación
de la sentencia de primera instancia, con el fin de declarar probadas las excepciones
y abstenerse de condenar en costas18 por las siguientes razones:

2.4.1.1 Los daños patrimoniales y extrapatrimoniales aducidos como antijurídicos
carecen de fundamentación.

2.4.1.2. Existe ausencia de responsabilidad por el desplazamiento forzado de Luis
Carlos Pinilla Cuellar y de su núcleo familiar, y la muerte de su hijo.

2.4.1.3. Existe una carencia de elementos probatorios que permitan endilgarle
responsabilidad, al punto que están configurados los eximentes de hecho de un
tercero – porque los daños fueron producto del actuar de un grupo al margen de la
ley que dirigía su objetivo a la estabilización del Estado-, inexistencia de la posición
de garante e inexistencia de la obligación.

Precisó que se configuró una causa extraña y enfatizó en que no hubo una falla en
el servicio de su parte, ya que sus obligaciones de protección son de medio más no
de resultado. No está probado que los demandantes hubieran solicitado protección
que les hubiera sido negada, y, en todo caso, el Ministerio del Interior y de Justicia
es la entidad encargada de atender los pedimentos de protección como lo disponen
los Decretos 1470 de 2010 y 4912 de 2011, que impediría establecer un nexo causal
con el Ejército Nacional. En concreto, precisó que no existía nexo entre la omisión
de protección y el resultado dañoso.

2.4.1.4. No obran medios de convicción que den cuenta de la condición de daño, su
extensión y la caducidad del medio de control.

2.4.1.5. No están acreditados los perjuicios por falta de fundamentación y prueba
respecto de su certeza y quantum, debe descontarse lo pagado por indemnización
administrativa y existió una tasación excesiva de los perjuicios extrapatrimoniales.

2.4.2. Los demandantes19 pidieron la revocación del numeral TERCERO de la
sentencia apelada con el objeto de adicionar a las sumas que fueron reconocidas
por desplazamiento forzado y por desaparición forzada, lo pedido por la alteración
grave a las condiciones de existencia, y el valor material derivado del hurto del
ganado cuyo propietario era Luis Carlos Pinilla Cuéllar. La parte protestó que:

2.4.2.1. Debió condenar a reparación de perjuicios morales a favor Carlos Hernán y
Gloria Inés Pinilla Parra, porque aquellos también tenían la condición de
desplazados y porque en su condición de hijos, sufrieron “en carne propia dicha
victimización”.

2.4.2.2. El a-quo debió reconocer el perjuicio derivado de la alteración grave a las
condiciones de existencia, por lo menos, respecto de Luis Carlos Pinilla Cuéllar,
pues él sufrió una congoja y un dolor que está probado con los múltiples oficios que
radicó ante distintas autoridades, y con la prueba testimonial.

17 Recurso de apelación de la demandada. Folios 282 a 286, C. principal.
18 En tanto no se ha comprobado un uso indebido o arbitrario de los instrumentos procesales por parte de estas.
19 Recurso de apelación de la parte demandante. Folios 287 a 290, C.1.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

2.4.2.3. El a-quo tenía que reconocer el perjuicio material en relación con el ganado
hurtado, porque las denuncias y los oficios se revelan consecuentes en denotar el
número de reses.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

2.5.1. Surtida la audiencia de conciliación20 que resultó fallida, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concedió los recursos de apelación21 y, en sede
de segunda instancia, esta Corporación los admitió el treinta (30) de julio de dos
mil diecinueve (2019)22 y corrió traslado a las partes para la presentación de sus
alegatos y al Ministerio Público para que emitiera concepto23.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional24 insistió en la solicitud de
revocación de la decisión, no solo por los motivos que adujo en su apelación sino
por falta de demostración de los elementos de la responsabilidad. Argumentó que,
respecto de la desaparición forzada, no existió conocimiento previo de alguna
amenaza contra Rubén Darío Parra, al punto que habría que precisar si el daño es
la muerte o la desaparición para efectos del cómputo de la caducidad.
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa allegó concepto25
en el cual pidió la revocación de la sentencia en lo relativo a la responsabilidad por
desplazamiento forzado, por cuanto la condición de desplazados no es predicable
desde abril de dos mil cuatro (2004) sino desde octubre de dos mil siete (2007), esto
es, en fecha posterior a la ofensiva del Ejército Nacional; pero conceptuó que la
sentencia debía ser confirmada en lo referente a la desaparición del señor Pinilla
Parra, porque este último desapareció bajo la custodia del Ejército Nacional en un
contexto alterado del orden público.
2.5.2. La Sala dictó auto el veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro
(2024)26 en el que decretó e incorporó como prueba la certificación emitida por la
UARIV, que obra en el expediente a folios 226 a 234 del cuaderno 1. Ordenó,
además, correr traslado de esta prueba a las partes, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 110 del CGP. Este traslado se surtió silente los días diecisiete (17),
veinte (20) y veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)27.

III. PRESUPUESTOS PARA DICTAR SENTENCIA DE MÉRITO

3.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad con
los artículos 150, 152, numeral 6 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, porque la pretensión mayor por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente28 superó con
creces los 500 Smlmv exigidos para que el proceso tuviera vocación de doble
instancia29.

3.2. En lo relativo a la caducidad, nada impide que la Sala analice este aspecto
procesal que fue estudiado en primera instancia en la admisión de la demanda,
pues, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-335 de

20 Acta de audiencia de conciliación. Folio 298, C. Principal.
21 Auto del 9 de mayo de 2019 que concedió los recursos de apelación. Folio 305, C. Principal.
22 Auto que admitió los recursos de apelación. Folio 33, C. Principal.
23 Auto que corrió traslado para alegatos en segunda instancia. Folio 314, C. principal.
24 Alegatos de conclusión en segunda instancia por la demandada. Folios 316 a 319, C. Principal.
25 Concepto No. 048/2019 de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa – Procurador
Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee. Folios 327 a 332, C. Principal.
26 Documento contenido en el expediente digital que obra en el aplicativo SAMAÍ con el certificado

B111FA2401E260C0 A983369D702A36C7 24DCD01D94AF9197 A532ADD3C4A547E9, ubicado en el índice
51.
27 Anotación realizada en el índice 55 del expediente digital que obra en el aplicativo SAMAÍ.
28 Fue estimada en la suma de tres mil doscientos diez millones ochocientos mil pesos ($3.210.800.000).
29 El salario mínimo en Colombia para la fecha de interposición de la demanda – el 19 de agosto de 2014-

equivalía a $616.000, de manera que el daño emergente equivalía a más de 5.212 Smlmv.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

2023, “el principio procesal de la cosa juzgada judicial no es predicable de
autos que declaran no probadas las excepciones”30, aserción entendible si se
tiene en cuenta que la caducidad se erige como un presupuesto procesal de la
acción que debe verificar todo juez al momento de decidir de fondo un asunto.

De ahí que, como la caducidad es “un fenómeno de orden público que extingue la
acción correspondiente, (…), por tratarse de un defecto insaneable del proceso”31,
si el juez la advierte, deberá declararla, sin que lo impida el hecho de que, en etapas
previas del proceso se hubiere decidido este aspecto, como ocurre en el presente
caso.

Al punto, se observa que la causa petendi de la demanda se estructuró sobre tres
hechos dañosos distintos – (i) el desplazamiento forzado que sufrieron Luis Carlos
Pinilla Cuéllar, Mélida Parra de Pinilla, Carlos Hernán Pinilla Parra y Gloria Inés
Pinilla Parra; (ii) el hurto de bienes muebles e inmuebles; y (iii) la desaparición
forzada de Rubén Darío Pinilla Parra. Por tanto, la Sala abordará cada uno de estos
daños de forma separada para determinar la oportunidad en el ejercicio del derecho
de acción.
Para efectos de este proceso deberán tenerse en cuenta dos extremos temporales
relevantes: (i) el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014) – presentación
de solicitud de conciliación extrajudicial32-; y (ii) el diecinueve (19) de agosto de dos
mil catorce (2014), fecha de la interposición de la demanda de reparación directa.
3.2.1. Muerte y desaparición forzada: la parte demandante explicó que el daño
consistía en: “la muerte y desaparecimiento del cuerpo sin vida del señor RUBEN
DARÍO PARRA, quien, encontrándose en la carretera que comunica a Valparaíso
con Solitas, en el departamento del Caquetá, fue asesinado por paramilitares, a
finales de Mayo del 2.005, en momentos en que intentaba acercase a lo poco que
quedaba de las propiedades de su familia”. Concretó el hecho dañoso como la
permisividad del Ejército Nacional en dejarles a los grupos al margen de la ley el
control de las carreteras, con lo cual se vieron comprometidos en la desaparición de
Rubén Darío.
De modo que, la actora reclamó tanto por la muerte de Rubén Darío Pinilla como
por su desaparición, que ocurrieron en mayo de dos mil cinco (2005). En este punto,
la Sala encuentra que no hay claridad si la desaparición precedió la muerte o si lo
que desapareció fue el cuerpo sin vida. Esto, si se tiene en cuenta que, mientras en
el recuento fáctico de la demanda se indica que Rubén Darío murió y desapareció
su “cuerpo sin vida”, el testigo Diofante Anacona relató que Rubén Darío murió, pero
previo a ello había sido secuestrado y después había aparecido muerto.
Estas dos hipótesis, que serán estudiadas más adelante con ocasión del análisis de
la prueba de la antijuridicidad del daño, son contrapuestas y llevarían a dos análisis
distintos de la caducidad, pues si la Sala entendiera los hechos como los relató el
testigo Anacona, podría sustentar que Rubén Darío Pinilla sufrió una desaparición
previa a su muerte, y que luego apareció “muerto” en dos mil cinco (2005), de
manera que a partir de ese momento podría computarse el ejercicio del derecho de
acción para reclamar por el daño derivado del delito de desaparición forzada, y
habría operado la caducidad.
Sin embargo, en consideración a la conexión que asoma la parte demandante entre
el hecho dañoso y el derecho humanitario, la Sala acogerá la hipótesis que se
plantea en la demanda y, en aplicación del principio pro accione, tendrá como
oportunamente ejercido el medio de control en relación con la muerte y
desaparición de Rubén Darío, pues no obra en la foliatura el registro civil de

30 Corte Constitucional, Sentencia SU-335 del 29 de agosto de 2023.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-091 del 26 de septiembre de 2018.
32 Folios 2 a 3, C.2.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

defunción de quien se reputó como fallecido, que permita develar su deceso y el
momento en que ocurrió, pero la parte actora sí fue consecuente en expresar, desde
su escrito inicial, que Rubén Darío Pinilla Parra fue asesinado y su cuerpo sin vida
desapareció.
Por consiguiente, la Sala analizará de fondo los dos daños planteados, tanto la
muerte como la desaparición del cuerpo sin vida, en atención a las reglas de
caducidad especial para los casos de desaparición forzada (Inciso segundo, literal
i) del artículo 164 del CPACA).
3.2.2. Hurto de bienes muebles e inmuebles. La Sala precisa que este daño se
predica de semovientes, de inmuebles urbanos – una casa en Pitalito, una casa en
Peñas Coloradas, y una en Neiva una fábrica y una ferretería - e inmuebles rurales
– finca La Aurora, El Ático y Laguna de Chairá.

Frente a este daño, la parte demandante expresó que todas las pérdidas materiales
ocurrieron una vez culminó el bombardeo aéreo, auspiciadas por el silencio del
Estado, tal como lo refirió en múltiples escritos del once (11) de julio33 y del tres (3)
de septiembre de dos mil siete (2007)34, y del dieciocho (18) de noviembre de dos
mil ocho (2008) 35, en los cuales relató que perdió la casa, una finca y un ganado
cuando hubo desplazamientos en Peñas Coloradas y que tenía una casa en la cual
había una ferretería, también era dueño de 400 reses, corrales y una finca en la
Laguna de Chairá, todo lo cual despareció cuando el Ejército Nacional llegó a la
población de Peñas Coloradas-Caquetá a bombardear a la población36.

Concretamente, respecto del hurto de los semovientes, ─ a los cuales se contrajo
la apelación ─, el extremo demandante, en su escrito inicial, precisó que: (i) para
finales de dos mil dos (2002) las FARC le hurtó unas reses – 454- y otras 504 que
eran de propiedad de su socio “Tejada”; y (ii) para el dos mil cuatro (2004) intentó
recuperar algunas reses que tenía en Peñas Coloradas, pero le fueron robadas
otras 450 por parte del Ejército y los paramilitares en dos fincas que tenía en
Cartagena de Chairá y que tuvo que abandonar; (iii) en la finca “La Aurora” tenía
400 reses, que fueron tomadas por el ejército y por los paramilitares entre dos mil
dos (2002) y dos mil cinco (2005); (iv) de las fincas El Altico y la Laguna de Chairá
las FARC se tomó 504 reses para la tercera semana de noviembre de dos mil tres
(2003); (v) le fueron hurtadas 382 reses en la finca El Vergel, y 130 novillos; e (vi)
intentó recuperar una parte de la reses en septiembre de dos mil ocho (2008), pero
por orden de un fiscal fueron devueltos a las FARC en junio de dos mil nueve (2009)
– lo cual denunció ante las autoridades competentes-.

En el Oficio 0903 del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009)37, la Décima
Segunda Brigada del Ejército Nacional le informó a Luis Carlos Pinilla las acciones
que adelantó para ubicar el ganado, pero que, como los hechos ocurrieron hacía
más de cinco (5) años, había una alta probabilidad de que el ganado hubiera sido
vendido y reemplazado; y, seguidamente, el catorce (14) del mismo mes y año el
señor Luis Carlos Pinilla le pidió colaboración al Procurador Regional de Caquetá
para recuperar el ganado que le fue hurtado en las últimas semanas de noviembre
de dos mil tres (2003) y abril de dos mil cuatro (2004)38.

33 Folio 110, C.2.
34 Folio 26, C.2.
35 Folio 95, C.2.
36. Así mismo, para el dieciocho (18) de mayo de dos mil diez (2010) , el señor Cuéllar junto a Mélida Parra de

Pinilla, se dirigió a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz y le expuso que perdió sus bienes, unas casas,
los haberes de los negocios y una ferretería (Folios 64 a 67, cuaderno 2.). Incluso, el diez (10) de mayo de dos
mil once (2011) enfatizó en la pérdida de cinco casas, de la finca y una ferretería (Folio 77, cuaderno 2).
37 Folios 92 a 93, C.1.
38 Folios 117 a 118, C.1.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Del recuento probatorio expuesto, la Sala colige que el hurto de los semovientes
ocurrió, según la parte demandante, entre el dos mil dos (2002) y el dos mil cinco
(2005), y que tuvo conocimiento desde entonces de esos hechos, tan solo que
guardó las esperanzas de poder recuperarlos. Tanto conocimiento tenía de ese
daño, que para el veinte (20) de septiembre de dos mil ocho (2008) Luis Carlos
Pinilla radicó denuncias penales por la pérdida de algunos de los semovientes y
otros bienes39, aspecto que denota no solamente el conocimiento, sino que estaba
en condiciones de acudir a las instancias judiciales, aun cuando antes de ello se
hubiera abstenido de denunciar, según dijo, por miedo a que lo “mataran”, pues
supuestamente estaba amenazado por la guerrilla y por el Ejército40.

Esto último es importante, dado que, de manera excepcional, el juez de la
reparación puede iniciar la contabilización de los dos (2) años desde un momento
distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando en el expediente aparezca
acreditado que al afectado le ha sido imposible acudir a la jurisdicción, bien sea
porque no sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado estaba
involucrado en los hechos lesivos, o porque objetiva y materialmente estaba
impedido para acudir a demandar41, situaciones que no se advierten en el presente
caso, ya que está visto que a pesar de la situación de desplazamiento el extremo
demandante acudió ante la Fiscalía a interponer denuncias penales por los hechos
que refiere como dañosos a instancias de este contencioso.

De esta manera, aun cuando no se conozca la fecha o fechas precisas en que
ocurrió el hurto de cada una de las cabezas de ganado, de los propios dichos del
demandante, de los cuales es posible deducir efectos de confesión en los términos
de los artículos 191 y 192 del CGP, se desprende que estos eventos sucedieron en
el año dos mil cinco (2005), con intentos de recuperación fallidos en el dos mil ocho
(2008), pues, según se dice en la demanda, existió una devolución de algunas reses
hurtadas por los grupos insurgentes, de ahí que, para cuando se presentó la
solicitud de conciliación y la demanda en dos mil catorce (2014), ya se había
superado con creces el término de que disponía el demandante para formular
reclamo judicial por tal daño, aun llevado a un término de conocimiento extendido
para el año dos mil ocho (2008).

Así las cosas, respecto de las pretensiones referidas a este daño “hurto de ganado”,
operó la caducidad y, frente a los demás bienes la Sala no se pronuncia por cuanto
no fueron objeto de apelación.

3.2.3. Desplazamiento forzado, respecto de este daño la Sala tendrá como
oportunamente presentada la demanda, por cuanto la Sección Tercera del Consejo
de Estado ha considerado que:

“(…) [E]l desplazamiento forzado es un daño continuado42, razón por la cual el término
de caducidad del medio de control de reparación directa de dos años previsto en la
ley solo podrá computarse teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, pues
se trata de eventos en que el daño se prolonga en el tiempo y, con ello, la
imposibilidad de demandar.

38. Así las cosas, se ha establecido que dicho término se cuenta a partir de la condena
de los responsables o desde el momento en el que el daño cesa, es decir, (i) cuando
están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o (ii) se

39 Folios 58 a 61, C.2.
40 Luis Carlos Pinilla Cuéllar en solicitud de reparación administrativa que presentó ante Acción Social el 3 de

septiembre de 2008, relató que perdió todos sus bienes cuando llegó el Ejército a bombardear a la población
de Peñas Coloradas, que no pudo recuperar por el desplazamiento, y que como estaba amenazado por la
guerrilla y por el ejército, le tocó quedarse callado.
41 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia

de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 22 de noviembre de 2012. Exp: 40.177.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

logra el restablecimiento al lugar de origen, independientemente de que los afectados
procedan o no de conformidad”4344.

En el sub lite las pruebas develan que no estuvieron dadas las condiciones de
seguridad para el retorno de los demandantes a Caquetá, por el contrario, los
testigos fueron contestes en afirmar que la familia llegó a Ibagué pero que no pudo
volver a su lugar de origen, sin que pueda concretarse un arraigo en este último
lugar.

Adicionalmente resulta notorio, porque así se encuentra documentado en la historia
oficial del conflicto armado interno colombiano, que, entre la Alcaldía de Cartagena
del Chairá y la Brigada Móvil No. 22 del Ejército se celebró un contrato de comodato
por las instalaciones ubicadas en Peñas Coloradas y que este “fue prorrogado el 31
de diciembre de 2018, desoyendo a los habitantes del pueblo que reclaman sus
tierras y poder retornar”45.

De manera que, la Sala tendrá por oportuno el ejercicio del derecho de acción para
reclamar por el desplazamiento forzado como una medida para privilegiar el acceso
a la administración de justicia, y ante la imposibilidad que representó para los
demandantes el retorno a la Vereda Peñas Coloradas.

Esclarecido lo anterior y, comoquiera que la parte demandante arguyó que sus
pretensiones ─refiriéndose a todos los daños que invocó─ fueron formuladas en
tiempo, de conformidad con lo establecido en la sentencia SU-254 de 2013 de la
Corte Constitucional, la Sala encuentra que no es posible acoger dicha
argumentación, porque la mencionada sentencia SU-254 solamente se refirió a
eventos de desplazamiento forzado, mas no a otra clase de daños y, además,
porque, tratándose de reparación directa, a la Sala le corresponde aplicar la
sentencia de unificación que expidió la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
Corporación el veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020)46.

Como corolario de lo expuesto, la Sala encuentra oportuna la formulación de la
demanda respecto del daño consistente en la muerte y desaparición forzada y, del
desplazamiento. En cuanto al hurto de ganado se advierte que operó la caducidad.

3.3. Luis Carlos Pinilla Cuéllar, Mélida Parra de Pinilla, Carlos Hernán Pinilla Parra
y Gloria Inés Pinilla Parra están legitimados en la causa por activa. Los dos
primeros en cuanto demostraron su condición de desplazados y padres de la
persona desaparecida47 y, los dos últimos, en cuanto acreditaron ser hermanos del
desaparecido Rubén Darío Pinilla4849.

Valga advertir que Carlos Hernán Pinilla Parra y Gloria Inés Pinilla Parra, a pesar
de que invocaron la condición de víctimas directas de desplazamiento forzado, no
podrán tenerse como legitimados en relación con ese daño, porque no allegaron
ninguna prueba que denote tal calidad. Al punto, no se aportó el correspondiente
registro como víctimas de desplazamiento, ni ningún otro medio suasorio que
permita tenerlos como afectados directos de ese flagelo.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo de 2022. Exp. 67.891.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de julio de 2022. Exp. 56.855.
45https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/comision-caqueta/casos.html#desplazamiento-de-penas-

coloradas.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, exp. 85001-33-33-002-2014-00144-

01(61033 )A.
47 Registro civil de nacimiento de Rubén Darío Pinilla. Folio 6, C.2.
48 Registro civil de nacimiento de Carlos Hernán Pinilla. Folio 7, C.2.
49 Registro civil de nacimiento de Gloria Inés Pinilla Parra. Folio 5, C.2.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Por su parte, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional está legitimada en
la causa por pasiva para responder por la atribución de responsabilidad, ya que
constitucionalmente a la Nación, por conducto de sus Fuerzas Militares –Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, le fue encomendada la labor de defender la soberanía, la
integridad del territorio y velar por el mantenimiento del orden constitucional50, y por
tal motivo, es la entidad a la cual la parte actora le achacó responsabilidad, además,
porque en desarrollo de tal función adelantó operaciones en la vereda Peñas
Coloradas en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, actuación de la
que los demandantes predican los daños que dicen haber padecido.

IV. PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala tiene competencia para abordar todo el litigo porque ambas partes apelaron
la decisión de primera instancia51, no obstante, como la acción caducó para
reclamar por el daño derivado del hurto de los bienes, se concentrará en la muerte
y desaparición de Rubén Darío Pinilla y en el desplazamiento forzado, de acuerdo
con la causa petendi de la demanda, la fijación del litigio, la providencia de primer
grado y los cargos de los recursos de apelación. A partir de ello, la Sala resolverá
los siguientes problemas jurídicos:

4.1. ¿Está probado que Luis Carlos Pinilla Cuéllar, Mélida Parra de Pinilla, Carlos
Hernán Pinilla Parra y Gloria Inés Pinilla Parra sufrieron un daño antijurídico
consistente en su desplazamiento forzado?

4.2. ¿Está probado el daño antijurídico de la muerte y desaparición de Rubén Darío
Pinilla Parra?

En caso de que la respuesta a alguno de los problemas jurídicos se revele
afirmativa, al menos, respecto de alguno de los demandantes, la Sala resolverá
estos otros interrogantes:

4.3 ¿La Nación, por conducto del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, es
responsable del desplazamiento forzado que sufrieron los actores, o el daño
antijurídico fue producto de una causa extraña?

4.4. ¿La Nación, por conducto del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, es
responsable de la muerte y desaparición de Rubén Darío Pinilla Parra?

Si la solución a cualquiera de los problemas jurídicos devela que alguno o ambos
daños antijurídicos son atribuibles a la demandada y que no operó un eximente de
responsabilidad, la Sala acometerá la solución de este último interrogante:

4.5. ¿Están probados los perjuicios que la parte actora reclamó?

De manera que, la Sala adoptará las determinaciones a que haya lugar con
fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas
en materia de reconocimiento de perjuicios para cada uno de los daños.

V. CONSIDERACIONES
5.1. El daño antijurídico

5.1.1. Desplazamiento forzado
50 Artículo 217 de la Constitución Política: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como
finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional. (…)”.
51 Artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), aplicable a esta instancia porque la demanda fue

presentada el 19 de agosto de 2014, esto es, en vigencia de esta normativa.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

El a-quo delimitó el daño antijurídico como “el desplazamiento forzado que sufrieron
los demandantes del departamento del Caquetá hacia la ciudad de Ibagué como
consecuencia de las amenazas provenientes de la guerrilla de las FARC y de un
atentado del que fue víctima Luis Carlos Pinilla Cuéllar” y precisó que Luis Carlos
Pinilla Cuéllar y Mélida Parra de Pinilla salieron desplazados de “Peñas Coloradas,
jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) y que nunca se produjo
su retorno”.

Así, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le atribuyó responsabilidad al
Ejército Nacional por la ofensiva militar que ocurrió en abril de dos mil cuatro
(2004), de modo que a partir del certificado de la Asociación de Desplazados de
Peñas Coloradas y Veredas Circunvecinas -ASDPEC- concluyó que Luis Carlos
Pinilla Cuéllar y Mélida Parra de Pinilla fueron desplazados de la Vereda Peñas
Coloradas como consecuencia del arribo del Ejército a esa zona.

La Sala se remonta a la causa petendi de la demanda, que consistió en el
desplazamiento de la Vereda Peñas Coloradas por la vulnerabilidad y el riesgo
derivado de la confrontación entre actores del conflicto, de quienes, se dice,
recibieron amenazas los demandantes, aunado al atentado que, aducen, sufrió Luis
Carlos Pinilla Cuéllar el dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), por milicianos “al
parecer” pertenecientes a las FARC, todo lo cual condujo a que migraran en su
condición de víctimas del conflicto armado interno.

Al respecto, se encuentra probado que Luis Carlos Pinilla Cuéllar salió desplazado
de Peñas Coloradas el (1) de mayo de dos mil cuatro (2004) conforme lo acreditó
la Coordinadora de Defensa Judicial de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas -UARIV- que registró a Luis Carlos Pinilla Cuéllar como
víctima directa – con estado “INCLUIDO” de desplazamiento52. De este modo,
seguida la línea de la Sección Tercera del Consejo de Estado en asuntos similares,
el documento de inscripción en el Registro Único de Víctimas53 permite acreditar la
condición de desplazado de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y con esta el suceso mismo
del desplazamiento.

Así las cosas, está probado es que el señor Luis Carlos Pinilla Cuéllar salió de
Peñas Coloradas el primero (1) de mayo de dos mil cuatro (2004)54 y no retornó.
Para efectos de la acreditación del daño, sin perjuicio del itinerario que hubiera
emprendido la víctima luego del desarraigo, tal corroboración será suficiente y, en
consecuencia, respecto del desplazamiento se tiene por demostrado el daño
padecido por el señor Pinilla.

En relación con Mélida Parra de Pinilla, la Coordinadora de Defensa Judicial de la
UARIV la incluyó en el registro de víctimas como esposa/compañera de Luis Carlos
Pinilla Cuéllar, y en calidad de víctima directa, pero no especificó en cuanto a su
ESTADO que haya sido “INCLUIDA” como víctima del desplazamiento forzado55,
como sí ocurrió con Luis Carlos Pinilla Cuéllar56; pese a ello, la Sala tiene por
acreditado que sufrió desplazamiento forzado, a partir de los siguientes elementos
de prueba:

(i) certificación de la UARIV en la cual consignó que Luis Carlos Pinilla Cuéllar se
encontraba incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante del

52 Folios 226 a 231, C.1.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4

de marzo de 2019, exp. 54001-23-31-000-2011-00198-01(44091), C.P: María Adriana Marín (E) y Subsección
A, sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 130012331000201100378 01 (51315).
54 Folios 226 a 231, C.1.
55 Ibídem.
56 Folio 30, C.2.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

desplazamiento forzado57 y, en dicha certificación se identificó que su “hogar”58
recibió una suma monetaria por concepto de ayuda humanitaria. A su vez, (ii) se
sabe que el señor Pinilla conforma hogar con la señora Mélida Parra, esto, conforme
al registro civil de matrimonio de Luis Carlos Pinilla y Mélida Parra Castaño 59. Lo
anterior, igualmente se corrobora con, (iii) la certificación que expidió la Asociación
de Desplazados de Peñas Coloradas y Veredas Circunvecinas del municipio
Cartagena del Chairá -ASDPEC- el cuatro (4) de octubre de dos mil siete (2007),60
que dio cuenta de que el núcleo familiar del señor Luis Carlos Pinilla Cuellar estaba
conformado por su señora Mélida Parra de Pinilla.

Estas pruebas, analizadas en conjunto permiten concluir, sin reparar en que la
señora Mélida Parra de Pinilla figure inscrita en el registro de víctimas, que aquella
siguió la suerte de su cónyuge, el padecimiento directo y personal del
desplazamiento forzado, de la Vereda Peñas Coloradas a Florencia.

En este sentido, tanto Luis Carlos Pinilla Cuéllar como Mélida Parra de Pinilla
sufrieron un menoscabo a un interés jurídicamente relevante, que no estaban en
la obligación de soportar61, pues, la Constitución Política en su artículo 24 protege
la libertad que tiene toda persona para escoger el lugar de su domicilio y es claro
que la condición de desplazamiento inhibe tal posibilidad.

Como se anticipó al momento de analizar la legitimación en la causa por activa,
distinto es el análisis respecto de la condición de desplazados de Carlos Hernán y
Gloria Inés Pinilla Parra, pues, más allá de sus dichos e invocaciones, no está
probado que hubieran sufrido tal daño de forma directa y personal, dado que si bien
está acreditado que son hijos de los señores Luis Carlos Pinilla Cuéllar y Mélida
Parra de Pinilla62, del solo vínculo de consanguinidad no puede establecerse que
aquellos fueron desplazados63 junto con sus padres, máxime, cuando Carlos
Hernán y Gloria Inés Pinilla Parra no eran menores de edad para el momento en
que ocurrió el desplazamiento, como tampoco están referidos o inscritos en el
registro de la UARIV64, en el que aparece su padre Luis Carlos Pinilla Cuéllar.

Pudiera sí acreditarse un daño por rebote al desplazamiento de sus progenitores,
pero, tal circunstancia excede la causa petendi, habida cuenta que sus pretensiones
se postularon en función de su condición de víctimas directas de desplazamiento.

5.1.2. Muerte y desaparición de Rubén Darío Pinilla Parra

La Sala dará especial relevancia a los dichos de la parte demandante, quien, tanto
en el escrito de demanda, como en múltiples escritos presentados el once (11) de
julio de dos mil siete (2007)65, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve

57 Folio 30, C.2.
58 Folio 227, C.1.
59 Folio 4, C.2. Indicativo serial número 6128978.
60 Folio 25, C.2.
61 En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de abril de

2018, exp. 43214.
62 Registros civiles de nacimiento de Gloria Inés Pinilla Parra y de Carlos Hernán Pinilla Parra, folios 5 y 7, C.2.
63 El testigo Diofante Anacona relató que no sabía hasta cuando “vivió la familia en Caquetá”, y que según Don

Luis no podía volver a Caquetá, porque le daba miedo, por eso fue que llegó a Ibagué con la ayuda de la Cruz
Roja. Por su parte, Luis Norberto Montez Zapata expresó que a Luis “le tocó desplazarse para estos lados”,
al punto que manifestó que “ellos nunca volvieron para allá, a él le toco venirse, y uno amenazado que va a
volver allá”. Finalmente, Martha Rocío Culma Orjuela expresó que conoció a partir del 2008 que “a los viejitos
que llegaron desplazados del Caquetá o de Florencia, decía que tenían plata pero la guerrilla los desplazó de
ahí”.
64 Folio 30, C.2.
65 Folio 110 a 111, C.2.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

(2009)66, el veinticuatro (24) de mayo67, el dieciocho (18) de mayo68, y el diez (10)
de junio69 de dos mil diez (2010), el diez (10) de mayo de dos mil once (2011)70, el
diez (10) de enero71, el primero (1)72 de marzo, el trece (13)73 de marzo, el veintitrés
(23) de marzo74 y el cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012)75, refirió que Rubén
Darío Pinilla murió como consecuencia del conflicto armado. En estos mismos
escritos, presentados ante diversas entidades, la parte demandante solicitó el pago
derivado de su fallecimiento e inició solicitud de reparación administrativa por el
hecho victimizante del homicidio de Rubén Darío Pinilla el catorce (14) de octubre
de dos mil ocho (2008)76, momento en el cual relató que su hijo murió a finales de
mayo de dos mil cinco (2005) entre Valparaíso y Solita porque un grupo de
paramilitares entraron a la región e “hicieron una barrida en toda la zona matando
campesinos… y allí cayó mi hijo, quien trabajaba en una finca” 77. Además, porque,
por el fallecimiento de Rubén Darío Pinilla, obró una denuncia por el tipo penal de
homicidio, y porque la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social78- estudió la solicitud de reparación administrativa que
presentó Luis Carlos Pinilla Cuéllar por el “homicidio” de Rubén Darío Pinilla, en
hechos que ocurrieron en Valparaíso, Caquetá.

Es verdad que la parte demandante no allegó el registro civil de defunción que
acredite la muerte de su ser querido, circunstancia que movería, bajo los cánones
del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 a tener por improbado su fallecimiento.
Empero, la jurisprudencia constitucional antes referida79 ha estimado que la
aplicación irrestricta de esta norma sin consideración por las particulares
circunstancias en que se pudo perpetrar un homicidio y por las dificultades que en
función de aquellas pueda tener la parte interesada en la reparación de ese daño
entraña un exceso de rigor formal manifiesto.

En este caso, la Sala ha dado credibilidad a los dichos del demandante80 en cuanto
estos han sido escuchados, apreciados y encontrados eficaces en sede
administrativa, por sobre las declaraciones del testigo Diofante Anacona, quien
expresó que Rubén Darío fue objeto de secuestro y apareció luego muerto, pues,
además, este dijo haber conocido esa noticia de oídas, de labios de Luis Carlos
Pinilla Cuéllar, un testigo que vino al proceso, llamado para revelar las
circunstancias que conoció sobre la convivencia en el Caquetá, las posesiones y
actividades de los demandantes, no sobre esa noticia, pero que en declaración extra
juicio ante la Notaría Séptima del Círculo de Ibagué81, cuya ratificación no fue pedida
en este proceso82, aludió a la desaparición de Rubén Darío Pinilla Parra en dos mil

66 Folio 80 a 83, C.2.

67 Folios 112, C.2.
68 Folios 64 a 67, C.2.
69 Folio 132 a 134, C.2.
70 Folio 77, C.2.
71 Folios 101 a 105, C.2.

72 Folios 98 a 100, C.2.
73 Folios 88 a 90, C.2.
74 Folios 68 a 69, C.2.
75 Folios 86 a 87, C.2.
76 Folio 35, C.2.
77 Ibidem.
78 Folios 34 a 39, C.2.
79 Ver notas al pie No. 30 y 31 de este proveído.
80 En la denuncia penal por el hurto de semovientes, Luis Carlos Pinilla Cuéllar relató que a su hijo lo mataron

los paramilitares entre Valparaíso y Solita, motivo por el cual acudió alrededor de 10 veces a esa región a
averiguar por su paradero. Folios 58 a 61, C.2.
81 Folio 33, C.2. Declaración incorporada como prueba documental al proceso, toda vez que fue aportada con

la demanda, y tuvo por finalidad ser presentada ante Acción Social, de manera que esta relacionada con la
calidad de víctima.
82 Artículo 222 del CGP: “Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan

rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre
que ésta lo solicite. Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

13

Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

cinco (2005), una versión que contradice los dichos del demandante en esta causa
de reparación, que no fue ratificada en su curso, y que no puede ser contrastada
con otros medios de prueba.

En esas condiciones, y porque es sabido que para el dos mil cinco (2005) existía
una alteración del orden público en Caquetá, ya que la zona era influenciada por el
actuar delictivo de los grupos al margen de la Ley83, la Sala tiene por probado el
hecho narrado en la demanda, del fallecimiento de Rubén Darío Pinilla a manos de
paramilitares que hicieron una incursión en el territorio comprendido entre
Valparaiso y Solita a finales de mayo de dos mil cinco (2005), perpetrando “una
barrida en toda la zona matando campesinos…” entre los que se hallaba aquel,
operando como trabajador de una finca84. Este es un hecho que se encuentra
reconocido en el estudio técnico sobre la acreditación de la calidad de víctima dentro
del caso radicado al número 126758 que efectuó Acción Social por la recepción de
un formulario el tres (3) de septiembre de dos mil ocho (2008)85, y prestó sustento
a una solicitud de reparación administrativa que presentó Luis Carlos Pinilla Cuéllar
el catorce (14) de octubre de dos mil ocho (2008)86, al lado del documento contentivo
del diagnóstico departamental del Caquetá que elaboró el Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en el cual registró
estadísticamente las cifras de asesinatos en los años en que estuvo latente el
conflicto, se concluyó que la zona era influenciada por la presencia de grupos
armados organizados, en el que, dentro de la caracterización del estudio se aludió
al hecho victimizante del homicidio de Rubén Darío Pinilla Parra.

Los anteriores documentos permiten inferir que su muerte está enmarcada en los
acontecimientos que afectaron ese territorio en el año dos mil cinco (2005), los
cuales provocaron un considerable aumento en la tasa de homicidios en los
municipios de Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Valparaíso, El Paujil,
el Doncello, Solano y Milán.

Al punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado que la
desaparición de un individuo determinado pueda ser demostrada mediante pruebas
indirectas y circunstanciales, complementadas con inferencias lógicas pertinentes,
así como su vinculación con una “práctica general de desapariciones.” Esto implica
considerar el contexto socio-político de la época en que ocurrió la desaparición,
siempre y cuando las pruebas e inferencias conduzcan a conclusiones
consistentes87.

Empero, allende la muerte de Rubén Darío Pinilla Parra en el contexto del conflicto
armado88, no hay elemento de juicio alguno que permita imputar responsabilidad a
83 Ver nota al pie No. 45 de este proveído. En igual sentido, “el estudio técnico sobre la desaparición de la

calidad de víctima caso radicado No. 126785”, realizado por la Agencia Presidencial para la Acción Social en
respuesta a la recepción de un formulario el tres (3) de septiembre de dos mil ocho (2008) (folio 26, C.2.),
destacó que para el año dos mil cinco (2005) existía una alteración en el orden público en el departamento del
Caquetá, ya que la guerrilla de las FARC ejercía un dominio militar y social sobre la zona, lo cual desencadenó
una guerra territorial con diferentes grupos de autodefensa, como las AUC. Relató que con la llegada del
expresidente Álvaro Uribe Vélez aumentó la presencia estatal en la zona, no obstante, aunque dicha presencia
redujo los homicidios y secuestros, se incrementaron otras violaciones de derechos humanos, como el
desplazamiento forzado y el uso de minas antipersonales, señalando a Florencia, San Vicente del Caguán,
Cartagena del Chairá y Puerto Rico como los municipios más afectados. El documento referido es visible a
folios 34 a 39, C.2.
84 Folio 35, C.2.
85 Folio 26, C.2.
86 Folios 34 a 39, C.2. F-OAP-021-CAR-V04.
87 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Blake vs. Guatemala, sentencia del 24 de enero de

1998.
88 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 32988. A propósito de la

flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, esta Corporación reconoció que en “la gran
mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional

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Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

la Nación, por acción u omisión por causa de ese fallecimiento. No hay elemento,
siquiera indiciario, que indique, al margen del hecho de que en la zona operaban
diversos grupos armados ilegales89, que su muerte pueda ser atribuida a la fuerza
pública, no por acción, ni por omisión en el deber de brindar protección y vigilancia
de los habitantes de la zona afectada, pues no se tiene noticia de que las
autoridades hubieren recibido solicitud de protección, y porque ese deber no puede
entenderse como una garantía universal de protección. Pero, además, porque
tampoco puede establecerse una conexidad entre su muerte que habría ocurrido en
mayo de dos mil cinco (2005) y el desplazamiento de la Vereda Peñas Coloradas,
pues este último hecho victimizante ocurrió el primero (1) de mayo de dos mil
cuatro (2004)90.

En consecuencia, la Sala avanzará al estudio de la imputación del daño únicamente
respecto del desplazamiento forzado que padecieron los esposos Luis Carlos Pinilla
y Mélida Parra.

5.2. Segundo problema jurídico – imputación de responsabilidad

Acreditado el daño antijurídico del desplazamiento forzado que padecieron Luis
Carlos Pinilla Cuéllar y Mélida Parra de Pinilla, consistente en la presencia de una
coacción que causó su traslado a una ubicación geográfica y una realidad socio-
económica no deseada previamente, la Sala analizará si ese daño puede ser
atribuido a la demandada.

La primera instancia, con amplia referencia a la parte motiva de la sentencia del
doce (12) de junio de dos mil trece (2013)91, en la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió un proceso de reparación directa en el cual
se discutieron hechos ocurridos en la Vereda de Peñas Coloradas con ocasión de
la ofensiva desplegada por el ejército en abril del dos mil cuatro (2004), imputó el
desplazamiento forzado de los señores Pinilla Cuéllar y Parra de Pinilla al Ejército
Nacional a título de falla del servicio, imputación que ha sido objeto de glosa por la
representación judicial del ejército en consideración a la ausencia de prueba de
dicha falla en este contencioso.

Pues bien, esta Sala encuentra válida la inconformidad de la parte demandada. Para
satisfacer el juicio de imputación subjetiva no podía bastar con trasladar los
razonamientos de la judicatura en la sentencia que resolvió un proceso foráneo, por
más análogo que le hubiere parecido al a quo, pues cada proceso debe ser resuelto
en función de las pruebas allí recaudadas. De modo que, siendo distintas las
pruebas recaudadas en el proceso que la jurisdicción resolvió en la sentencia del
doce (12) de junio de dos mil trece (2013), y no constituyendo esta, prueba en este
proceso de una falla en el servicio por omisión, mal podía atribuirse responsabilidad
a la demandada a título subjetivo, como lo hizo el a quo.

Al margen de los predicados extractados de esa sentencia, la primera instancia en
este proceso sólo contaba con las siguientes pruebas como elementos de juicio de
atribución del daño: (i) el Oficio del veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho
(2018)92 que expidió el Segundo Comandante y JEM Décima Segunda Brigada del
Ejército Nacional en el que respondió el oficio en el cual se le preguntó sobre el tipo

Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas
de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las víctimas, como
sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas
a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades
competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.”
89 Folio 35, C.2.
90 Folios 226 a 231, C.1.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de junio de 2013, exp. 36.415.
92 Folios 216 a 221, C.1.

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de operaciones militares llevadas a cabo entre dos mil cuatro (2004) y dos mil seis
(2006) en Caquetá, en la llamada zona de distensión, los puntos o lugares objeto
de la recuperación militar y los resultados de la misma; y (ii) el estudio técnico que
emitió Acción Social93 sobre la acreditación de la situación de desplazamiento en la
Vereda de Peñas Coloradas, elementos que permiten establecer que entre el dos
mil cuatro (2004) y el dos mil seis (2006) se llevaron a cabo operaciones en la
denominada “zona de distensión”, en el Departamento del Caquetá , en desarrollo
de la Campaña Militar J.M, con el fin de recuperar la gobernabilidad de los territorios
que se encontraban bajo el dominio de las FARC. En este sentido, informa este
estudio sobre la intensa presencia guerrillera en el Departamento de Caquetá desde
mil novecientos setenta (1970), y sobre el notable incremento que experimentó con
ocasión de la entrada en vigencia de la zona de distensión desde mil novecientos
noventa y ocho (1998) hasta el dos mil dos (2002), así como, sobre el Plan Patriota
que desplegó el Ejército Nacional a través de la Operación J.M, caracterizado,
primero, por la concentración de fuerza en la región, y después, por el incremento
de los combates que trajo la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega a
partir de dos mil cuatro (2004), incremento que implicó que Caquetá se convirtiera
en un teatro de intensas operaciones militares94.

Este material probatorio resulta ineficaz para develar la ocurrencia de falla alguna
en el diseño y/o ejecución de las labores de recuperación del territorio, y con mayor
razón, para prestar sustento a la afirmación que hizo la parte demandante sobre el
trabajo asociado que adelantaba, en la vereda de Peñas Coloradas, el Ejército con
los paramilitares que operaban en Putumayo y Caquetá, el llamado que la Fuerza
Pública habría hecho a sus pobladores, desde helicópteros, para que abandonaran
sus fincas95, y menos aún sobre las órdenes que habría impartido el Presidente96
para que fueran destruidos todos los bienes97 de los pobladores. Estas
afirmaciones, han quedado reducidas al dicho del aquí demandante, Luis Carlos
Pinilla Cuéllar.

Empero, la Sala no puede pasar por alto que el conflicto armado colombiano se
encuentra historiado y documentado en diversas fuentes oficiales, a partir de las
cuales se ha dado a conocer el desplazamiento masivo que sucedió en abril de dos
mil cuatro (2004) en la vereda Peñas Coloradas del municipio de Cartagena del
Chairá, hecho que coincide en sus circunstancias de tiempo y lugar con el
desplazamiento de Luis Carlos Pinilla certificado por la Asociación de Desplazados
de Peñas Coloradas y Veredas Circunvecinas del municipio Cartagena del Chairá -
ASDPEC- el cuatro (4) de octubre de dos mil siete (2007)98.

Tampoco puede pasar inadvertido para la Sala el significado que tuvo para los
pobladores de las veredas del Sur del Caguán la concesión que hizo el Estado
colombiano a las FARC, en el sentido de desmilitarizar un territorio delimitado al sur
del rio Caguán, comprensivo de cinco municipios y múltiples veredas entre estas la
de Peñas Coloradas, que vino a oficiar desde entonces como una suerte de “capital”
de la Zona de Distensión99, y núcleo de la acción militar de “retoma” de la zona una

93 Folios 34 a 39, C.2.
94 Folios 34 a 39, C.2.
95 Folio 99, C.2.
96 Escrito de petición que radicó Luis Carlos Pinilla Cuéllar el 10 de enero de 2012 ante el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial-Grupo de Atención y Servicio al Usuario. Allí expresó que los 3 coroneles que
dirigieron el operativo en el cual fueron desplazadas 1.500 familias se reunieron en Cartagena del Chairá y les
manifestaron que los demandaran al Gobierno porque ellos estaban en cumplimiento de órdenes que había
dictado este último. Folios 101 a 105, C.2.
97 Escrito de petición que envió Luis Carlos Pinilla Cuéllar a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz el 18

de mayo de 2010. Folios 64 a 67, C.2.
98 Folio 25, C.2.
99
Comisión de la Verdad, Legado. Hay futuro si hay verdad, capítulo III, consultado el 25 de agosto de 2024 en
https://www.comisiondelaverdad.co/caso-62-zona-de-despeje.

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vez cesada su vigencia100. En esas condiciones, la cruenta confrontación que
conllevaron las operaciones militares de retoma del territorio permite, sin mayor
juego de imaginación, entender la conexión que hubo, entre esa operación y la huida
de los pobladores de la zona hasta entonces dominada por los irregulares, hacia
diversos destinos, con el consiguiente abandono del territorio que hasta entonces
habitaban. De ello hablan, por un lado, el trabajo documentado del desplazamiento
masivo acaecido en abril de 2004 en la vereda Peñas Coloradas, y por otro, el
desplazamiento certificado de Luis Carlos Pinilla.

Luego, considerando que acreditar que los agentes de las fuerzas militares y de
policía omitieron proteger la vida de los habitantes del territorio nacional y supervisar
a sus uniformados en el cumplimiento de sus deberes "presenta dificultades
probatorias debido a que la mayoría de estos hechos ocurren en circunstancias
asociadas al conflicto, en lugares remotos, y las víctimas son personas en estado
de indefensión"101, la Sala atiende el llamado que ha hecho en diversos
pronunciamientos la Corte Constitucional para que en casos de violaciones a
derechos humanos se acuda a un criterio de valoración flexible de la prueba102, y
actúa en consecuencia con esa flexibilización, en función de la información
contextual proporcionada por las siguientes fuentes oficiales:

(i) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dio cuenta de que el
veinticinco (25) de abril de dos mil cuatro (2004) llegó el Estado en helicópteros,
en pirañas y en avionetas para hacer un acto de presencia que partió en dos la
historia de la comunidad de Peñas Coloradas, luego de lo cual la Vereda se
desintegró, por el desplazamiento forzado del que fue víctima su población103.
Expresó que “Entre el 23 y el 27 de abril de 2004, cerca de 3.000 personas se vieron
obligadas a desplazarse del corregimiento, luego de que el Ejército y la policía
antinarcóticos lanzara un operativo que terminó con la instalación de la Brigada
Móvil No. 22 de forma permanente en el corregimiento (…) bajo la figura de
comodato”104.

(ii) la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aludió a que la Asociación de
Desplazados de Peñas Coloradas -ASODESPECOL- presentó un informe del
desplazamiento forzado de la Vereda en el que precisó que hubo un desplazamiento
masivo de 744 familias del corregimiento de Peñas Coloradas, “entre el 24 y el 27
de abril de 2004”. De esto da cuenta el Auto MGM-10 No. 10 del veintinueve (29)
de junio de dos mil veintitrés (2023) que profirió la Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad de Determinación de los Hechos y Conductas en el
marco del Macrocaso No. 10105.

Aún si estos informes se desestimaran como pruebas directas del desplazamiento
masivo ocurrido en la vereda Peñas Coloradas por la época en la que el señor Pinilla
salió de ese lugar con su esposa y en el marco de la ofensiva militar desarrollada
en abril de dos mil cuatro (2004), la situación habría de estimarse como un hecho
notorio, que, de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 167 del Código General del
Proceso (CGP) no requiere prueba, deviene de una verificación de los elementos

100
https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/comision-caqueta/casos.html#desplazamiento-de-penas-
coloradas.
101 Ver, entre otras, Corte Constitucional sentencias SU-060 de 2021, SU-035 de 2018, T-117 de 2022.
102 Ibidem.
103 https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/penas-coloradas-estado-declaro-fuerzas-militares-
duenas-del-caserio-condeno-destierro.
104 https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/comision-caqueta/casos.html#desplazamiento-de-penas-
coloradas.
105 https://www.jep.gov.co/Notificaciones/ESTADO%20SRVR.0000756.2023%20CASO%2010%20A%20-10-
2023..pdf. https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/anexo_auto_srvr-102_11-julio-2022.htm. La
JEP avocó el conocimiento del Caso No. 10 en el Auto SRVR No. 102 del 11 de julio de 2022, y según reporte
de cifras de los avances del mismo que publicó en su página web el 5 de enero de 2024, no se registran
versiones realizadas al interior del Caso No.10.

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que jurisprudencialmente caracterizan el hecho notorio106, pues está visto que en
este caso:

(i) El hecho notorio fue alegado por la parte demandante107 cuando refirió que a
comienzos del dos mil cuatro (2004) el orden público en el Caquetá fue alterado de
forma dramática por la retoma del Caguán o zona de Distensión, lo cual generó el
arrasamiento de nueve pueblos ribereños por una acción conjunta de las fuerzas
militares, y de ello dieron cuenta múltiples publicaciones periodísticas de índole
nacional e internacional – “los actos llevados a cabo en la zona de distensión fueron
de público conocimiento”-; (ii) la notoriedad del desplazamiento masivo y de la
ofensiva militar están soportados en fuentes noticiosas que permiten establecer no
solo la existencia de los hechos notorios, sino su intensidad; (iii) la dimensión de los
hechos los convirtió en conocimiento público, por su amplia difusión108, lo cual hace
que estén al alcance del conocimiento judicial y que, además, pudieran haber sido
conocidos por el común de las personas en ese marco temporal, y en dicho territorio,
sin que necesariamente el conocimiento haya sido universal o presenciado por
todos109.

En síntesis, este cuadro de circunstancias denota, por un lado, una marcada y
dominante actividad insurreccional, potenciada como resultado de una política de
Estado ´proclive a la generación de espacios de diálogo al punto de conceder una
zona de “distención” que supuso el abandono del territorio por parte de las fuerzas
del orden, con la consiguiente situación de subordinación de sus pobladores ante
las fuerzas insurrectas; y por el otro, una actuación de la fuerza pública, una vez
cesados los acuerdos de distención, en cumplimiento de un mandato constitucional
que le fue instituido en el artículo 217 de la Constitución Política, con el objetivo de
velar por el orden constitucional y recuperar la gobernabilidad de los territorios en
los cuales las FARC hacía presencia de forma consolidada, autónoma y general,
que dejaba a los pobladores inmersos en un estado de incertidumbre y falta de
certezas, que les llevó a optar entre, sumirse en el grave dilema de sufrir las
consecuencias colaterales de los combates, o huir, desertar o desplazarse a otros
contextos territoriales lejanos de ese peligro.

Este escenario, reitera la Sala, no revela per se, falla alguna del servicio, ni acredita
hechos indicantes de esa falla. La ausencia de prueba de ese factor de imputación
no puede, tampoco, suplirse con recurso a los únicos escritos de petición que obran
en el plenario y que dirigió Luis Carlos Pinilla Cuéllar al Ministerio de Defensa
Nacional pues estos datan del veintiocho (28) de julio de dos mil nueve (2009) y del
once (11) de marzo de dos mil trece (2013) , fechas claramente ulteriores a la
ofensiva militar de abril de dos mil cuatro (2004) en la vereda de Peñas Coloradas,
circunstancia que no puede, por su temporalidad, sugerir un conocimiento previo
por las fuerzas militares de una situación amenazante previsible y evitable del
desplazamiento, en particular, de Pinilla Cuellar y de su señora cónyuge. Además,
porque los deberes a cargo del Estado, de protección a los habitantes del territorio
nacional no pueden entenderse absolutos, pues ello sería tanto como asumir que el
ejercer un mandato constitucional lleva implícita una falla en el servicio y, que por
tanto, cualquier desplazamiento que haya ocurrido en una zona del conflicto durante

106 “el hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen

una cultura media. (…) el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene
determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las
personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”. Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 34349.
107 Sobre el requisito de haber sido alegado, salvo en materia penal, se pronunció la Subsección C de la Sección

Tercera de esta Corporación en la sentencia del 22 de febrero de 2021, exp. 51172.
108 Corte Constitucional, auto 035 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Citada por la Subsección A de la Sección

Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 65457.
109 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de abril de 2016, exp. 25000-23-24-000-2005-01438-

01.

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el despliegue de acciones tendientes a recuperar el control territorial, es imputable
a la fuerza pública como si el Estado fuese un respondiente universal.

Por tanto, la Sala se aparta del juicio de atribución que hizo la primera instancia y
desestimará, consecuentemente, la pretensión declarativa de responsabilidad a
título de falla del servicio, sin que ello la exima, como juez de la responsabilidad
extracontractual del Estado, del análisis de las circunstancias fácticas del sub
examine por la cuerda de un título objetivo de responsabilidad, por cuanto el
régimen y el título de imputación son del resorte del juez, pues así lo ha considerado
la jurisprudencia de la Corporación al defender que el artículo 90 constitucional no
privilegió ningún régimen y que es tarea del juez identificar aquél que resulte acorde
con los hechos y las pruebas de cada caso110.

En esa perspectiva, el principal factor de imputación se edifica en función de las
circunstancias que aparejan algunas actividades lícitas del Estado, que, aunque
justificadas por la necesidad de asegurar la vigencia de valores superiores y
generales, traen, a manera de cargas sobre personas determinadas, riesgos
excepcionales que, de materializarse, quiebran la ecuación que por razones de
equidad debe subyacer a la distribución de cargas y beneficios entre los asociados.

En este caso, aunque los detalles específicos de la operación que desplegó el
Ejército Nacional en abril de dos mil cuatro (2004) en la Vereda Peñas Coloradas
del municipio de Cartagena del Chairá sólo alcanzan a avizorarse en el ya aludido
informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, este mismo
documento refiere las consecuencias que aparejó la operación en la generalidad de
los pobladores de esa vereda, con particular alusión al desplazamiento masivo de
cerca de 3.000 personas, luego de que el Ejército y la policía antinarcóticos lanzara
un operativo que terminó con la instalación de la Brigada Móvil No. 22 de forma
permanente en el corregimiento (…) bajo la figura de comodato”.

En ese sentido, la Sala, a partir del conocimiento de la existencia de la operación
militar que se llevó a cabo en abril de dos mil cuatro (2004) en la vereda Peñas
Coloradas del municipio de Cartagena del Chairá y del desplazamiento masivo que
por consecuencia adoptó la población que habitaba ese sector, en un plano
inferencial y con apoyo de la lógica como un rubro hermenéutico al servicio del
razonamiento, encuentra que existe un patrón de identidad fáctica y de
concomitancia temporal que indica que las operaciones de la fuerza pública se
perfilan como la causa más probable del desplazamiento de Luis Carlos Pinilla
Cuéllar y su cónyuge, el primero (1) mayo de dos mil cuatro (2004) desde dicha
vereda hacia Florencia.

De ahí que resulte posible sostener, a través de ese proceso de integración
indiciaria111, que, dentro del universo de causas que pudieron propiciar el
desplazamiento del señor Pinilla y su esposa, la que se perfila como la más probable
y razonable es aquella que viene a indicar que, ante el temor de los efectos
colaterales de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales
asentados en la zona, los demandantes, al igual que lo hizo el resto de la
comunidad, salieron desplazados del sitio, con el propósito de proteger sus vidas.

110 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21515.
111 “Es importante señalar que en esta clase de asuntos [desplazamiento forzado], la valoración probatoria debe

realizarse con especial cuidado, toda vez que conlleva una dificultad mayor que otros casos, en razón a su
particularidad y características únicas. Es claro que en este tipo de delitos, no existen pruebas directas de las
circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos y los implicados tampoco son fácilmente identificados, por lo
tanto, la prueba indiciaria debe ser utilizada a la hora de argumentar y fundamentar las decisiones, así lo ha
reiterado esta Corporación en diferentes oportunidades” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22
de abril de 2004, exp. 14240.

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De esta manera, es posible colegir que la llegada del Ejército, aunque provechosa
para los fines de la recuperación del orden público, creó un riesgo para la población
oriunda de la Vereda Peñas Coloradas y, en concreto, para los señores Luis Carlos
Pinilla Cuéllar y Mélida Parra, que excede en mucho el estándar de riesgo que
soporta la generalidad de sus connacionales, y que les llevó, temerosos por sus
vidas, a salir desplazados de su lugar de habitación y residencia, en procura de
garantías existenciales. Ninguna duda hay, respecto de la condición que aquellos
tenían como habitantes de Peñas Coloradas, ni sobre su desplazamiento, según la
certificación que expidió la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas de
Cartagena del Chairá, en la cual consignó que el señor Pinilla Cuéllar es desplazado
de la Vereda Peñas Coloradas, lugar del que se vio obligado a salir por la afectación
del orden público en la zona, y de conformidad con la certificación de la UARIV 112,
que incluyó como el lugar del siniestro del desplazamiento forzado al municipio de
Cartagena del Chairá, dentro del cual está ubicada la Vereda Peñas Coloradas.

En el plano del nexo causal no habría, tampoco, cómo desestimar la relación
perceptible entre el riesgo que generó el propio operativo y el daño antijurídico
objeto de la pretensión de reparación directa, pues la conexidad tempero espacial
es evidente, a la luz de las pruebas de carácter documental que dieron cuenta del
despliegue operaciones ofensivas de la fuerza pública en contra de las FARC en los
municipios bajo su influencia en el marco de la “zona de distensión”, marco en el
que se encuentra localizada la vereda Peñas Coloradas113-, y de los testimonios
que obran en la foliatura, de Diofante Anacona y de Luis Norberto Montez Zapata,
quienes, han sido apreciados de conformidad con las reglas fijadas en los artículos
208 y subsiguientes del Código General del Proceso (CGP) en cuanto reconocieron
una relación expresa de amistad con alguno de los demandantes.

Sin embargo, una apreciación más rigurosa de estos testimonios, no implica que
estas pruebas dejen de ser objeto de valoración, especialmente en un caso como
el presente, donde se rompe el principio tradicional del derecho procesal según el
cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en
estos eventos las víctimas se encuentran en una relación “diametralmente
asimétrica” en cuanto a la prueba, lo que obliga al juez de daños a ponderar la
situación fáctica concreta y a flexibilizar los estándares probatorios 114. Además,
porque lo dicho por estos testigos se refuerza con la convicción que genera la
certificación de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas de Cartagena

112 Folios 226 a 231, C.1.
113 La Agencia Presidencial Para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social- elaboró estudio

técnico sobre la acreditación de la calidad de víctima en el caso radicado al número 126758, en el que se
conceptualizó que existía una afectación del orden público en la zona por la presencia de grupos al margen de
la Ley. Indicó que las FARC han hecho presencia a través de la columna móvil de Teófilo Forero y de manera
esporádica por otros frentes, que la guerrilla ha ejercido dominio, lo cual propició la inclusión de grupos de las
autodefensas y permitió el asentimiento de las AUC. Se incrementó la presencia de las FARC mientras estuvo
vigente la zona de distensión entre 1998 y 2002 en el marco de los diálogos de paz sostenidos por el gobierno
de Pastrana. Los guerrilleros ejercieron dominio en Cartagena del Chairá. Folios 34 a 39, C.2.
114 La Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, al resolver un caso de graves

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la
flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: “Puestas las cosas en los
términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente
a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean
directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el
estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el
presente –en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las
autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y
hermanos–, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13
superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos
casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos
fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo
interno para efectos de dificultar su realización”.

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del Chairá, que indicó que la afectación del orden público fue la que generó el
desplazamiento115.

Por los motivos expuestos, la Sala considera que el desplazamiento forzado del que
fueron objeto los señores Luis Carlos Pinilla y Mélida Parra el primero (1) de mayo
de dos mil cuatro (2004) es imputable a la demandada, no a título de falla en el
servicio, como lo dispuso la primera instancia, sino de riesgo excepcional.

5.2.1. Del eximente de responsabilidad

La Sala, atendiendo las circunstancias que vienen de describirse, tiene por
descontada la configuración de una causa extraña, en la modalidad del hecho de
un tercero, que enerve la responsabilidad. Denota, al respecto, que aunque
inmersos bajo el poder de la guerrilla potenciado por las consecuencias que trajo la
creación de la zona de distensión, ellos permanecieron arraigados a su vida veredal
hasta el momento en que las operaciones de “retoma” de ese territorio por el
ejército, con el riesgo de daño colateral que una operación de tal envergadura
comporta para la población civil allí asentada, les llevó a asumir el desplazamiento
forzado por las circunstancias116, desplazamiento al que se sumaron Luis Carlos
Pinilla Cuéllar y de Mélida Parra de Pinilla, primero hacia el Caquetá y luego, hacia
Ibagué-117, esto último, a consecuencia de amenazas contra sus vidas por parte de
la guerrilla.

Este hecho también se encuentra referido en escrito del dieciséis (16) de diciembre
de dos mil nueve (2009), en sede de tutela, en el que el señor Pinilla Cuéllar expresó
que fue víctima de un segundo desplazamiento en septiembre del dos mil ocho
(2008), cuando el Ejército Nacional le rescató un ganado, momento en el cual vivía
en Florencia y una “muchacha joven y el cabo le dijo a la guerrilla que me sacaran
del Caquetá o que me mataran”118.

En consecuencia, está probado que Luis Carlos Pinilla fue víctima de una amenaza
el veintitrés (23) de septiembre de dos mil ocho (2008) por parte de los Frentes
14,15, y 40 de las FARC quienes le enviaron una nota al señor Pinilla Cuéllar en la
que lo declararon objetivo militar y le dieron treinta y seis (36) horas de plazo para
que se fuera del Caquetá – so pena de ser asesinado-119, evento sobre el cual obró
una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación120; y, por el cual, Luis Carlos

115 Folio 25, C.2. Luis Carlos Pinilla Cúellar es desplazado de la Vereda Peñas Coloradas, lugar en que se vio

obligado a salir por la afectación del orden público en la zona.
116 En la certificación de la UARIV, obra como fecha del hecho, no así del siniestro con su respectivo registro.

Folios 226 a 231, C.1.
117 Diofante Anacona relató que, en el 2008, “estando en Ibagué (…) vi un señor pidiendo limosna y lo vi como

conocido y lo reconocí y me le acerqué” y era Don Luis, quien le comentó que fue desplazado y que tuvo que
migrar porque la guerrilla lo quería asesinar, quien incluso le hizo un atentado. Seguidamente, indicó que “Don
Luis” no podía volver al Caquetá, por eso fue que llegó a Ibagué con la ayuda de la Cruz Roja. Por su parte,
Luis Norberto Montez Zapata contó que Don Luis sufrió problemas, estuvo en Florencia y que después de eso
tuvo un atentado, y “ahí le tocó desplazarse para estos lados”. Así pues, el testigo indicó que Luis tuvo un
atentado en el 2007 con una granada y que perdió bienes muebles e inmuebles, hecho que ocurrió cuando ya
vivía en Florencia, y que después del atentado del 2007 “estaban en el proceso de que le iban a entregar un
ganado” y han mantenido contacto desde que “se vino para acá”. Finalmente, Martha Rocío Culma Orjuela
contó que conoció a partir del 2008 “a los viejitos que llegaron desplazados del Caquetá o de Florencia”. El
mismo demandante, Luis Carlos Pinilla Cuéllar, expresó que “yo llegue a Ibagué Tolima en octubre del 2008”.
Folio 102, C.2.
118 Folios 80 a 83, C.2.
119 Folio 24, C.2.
120 La Fiscalía General de la Nación respondió al Oficio No. 2018-JCGM-032 el catorce (14) de febrero de dos

mil dieciocho (2018) en el sentido de informar que una vez efectúo una búsqueda en los sistemas de información
tanto en vigencia de la Ley 600 del 2000 como de la Ley 906 de 2004 no encontró registro en el que figure LUIS
CARLOS PINILLA CÚELLAR como denunciante o como víctima por el punible de hurto en sus distintas
modalidades. Precisó que no existió noticia criminal seguida en vigencia de la Ley 906 de 2004 que se haya
tramitado por las Unidades Fiscales de la Seccional del Huila, al punto que por acontecimientos penales
investigados en vigencia de la Ley 600 del 2000 obró un radicado por el delito de amenazas que fue indagado,
pero que a la fecha está archivado. Folio 209, C.1.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Pinilla Cuéllar fue acreditado como víctima por esta entidad, conforme al Oficio No.
447 UNJYP-D10 que emitió la Fiscalía General de la Nación121.

Por ello, Pinilla Cuéllar fue incluido en calidad de víctima directa en la UARIV por la
amenaza que ocurrió en Florencia-Caquetá, cuyo responsable, según lo consignó
la UARIV, fue el grupo insurgente de las FARC122.

De ahí que, está acreditado que Luis Carlos Pinilla temía por su vida y la de su
familia123, como lo relataron los testigos Diofante Anacona, Luis Norberto Montez y
Martha Rocío Culma Orjuela quien indicó que el señor Pinilla Cuéllar fue desplazado
“por el terrorismo de las FARC”124, razón por la cual huyeron del Caquetá, porque
“nos iban a asesinar al igual que hicieron con nuestro hijo quien vivía con
nosotros”125.

Con todo, y si bien, respecto de este segundo desplazamiento puede predicarse el
hecho de un tercero, pues las pruebas revelan que fue la guerrilla la causante de
que el señor Pinilla y su esposa salieran de Florencia hacia Ibagué, la Sala
considera que esa circunstancia no afecta ni mengua la responsabilidad atribuida al
Ejército por el desplazamiento provocado el primero (1) de mayo de dos mil
cuatro (2004), por cuanto está demostrado que el señor Pinilla Cuéllar y su esposa
en ese momento no encontraron las condiciones para retornar a Peñas Coloradas,
a tal punto que debieron salir para un lugar distinto (Ibagué), circunstancia que se
prolongó en el tiempo, pues, desde el primero (1) de mayo de dos mil cuatro
(2004), no pudieron retornar a su lugar de origen.

Luego entonces, resultaría inane segmentar la responsabilidad, cuando es claro que
el primer evento, esto es, el que le es imputable al Ejército, mantuvo los efectos de
desarraigo en el tiempo.

En síntesis, las mismas fuentes oficiales que sirvieron de fundamento para soportar
la notoriedad de lo sucedido en abril de dos mil cuatro (2004) en Peñas Coloradas,
mueven a la Sala a sustentar que quienes fueron desplazados originalmente de la
Vereda aludida no han podido retornar a la misma, porque el comodato que fue
celebrado entre la Alcaldía de Cartagena del Chairá y la Brigada Móvil No. 22 “fue
prorrogado el 31 de diciembre de 2018, desoyendo a los habitantes del pueblo que
reclaman sus tierras y poder retornar”126; de ahí que el desplazamiento del (1) de
mayo de dos mil cuatro (2004) se extendió, en sus efectos y en el tiempo, para
Luis Carlos Pinilla y para Mélida Parra de Pinilla.

5.3. Como el desplazamiento forzado del (1) de mayo de dos mil cuatro (2004) es
imputable a la demandada a título de riesgo excepcional, la Sala deberá
pronunciarse sobre el último problema jurídico propuesto, relativo al reconocimiento
de los perjuicios.

5.4. Tercer problema jurídico - Reconocimiento de perjuicios

El a-quo únicamente reconoció perjuicios morales a favor de Luis Carlos Pinilla
Cuéllar y de Mélida Parra de Pinilla por el equivalente a 100 SMLMV para cada uno,
frente a lo cual la demandada protestó que no existió fundamentación y prueba de

121 Folio 48 y 53, C.2.
122 Folio 228, C.1.
123 Denuncia del hurto del 20 de septiembre de 2008. Folios 58 a 61, C.2.
124 Luis Carlos Pinilla Cuéllar radicó escrito de impugnación en sede de tutela ante el Tribunal Superior de Ibagué

el 16 de diciembre de 2009. Folios 80 a 83, C.2.
125 Escrito que radicó Luis Carlos Pinilla Cuéllar ante el Subdirector del Programa de Atención a Víctimas de

Violencia el 14 de septiembre de 2011. Folios 70 a 72, C.2.
126 https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/comision-caqueta/casos.html#desplazamiento-de-penas-
coloradas.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

los perjuicios y de su quantum, que debía descontarse lo pagado por indemnización
administrativa y que existió una tasación excesiva de perjuicios extrapatrimoniales.

Por su parte, la demandante cuestionó que derivado del desplazamiento forzado
solo se hayan reconocido perjuicios morales a favor de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y
Mélida Parra de Pinilla, cuando lo cierto es que también debió reconocerse la
condición de desplazados de Carlos Hernán y Gloria Inés Pinilla Parra, porque, en
sus calidades de hijos, sufrieron “en carne propia dicha victimización”.

De acuerdo con los parámetros de la sentencia de primera instancia y, los cargos
de los recursos de apelación, la Sala considera que la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación127 ha sostenido que el desplazamiento forzado produce un daño
moral, por lo cual no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que
sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia
o asiento de su actividad económica y proyecto de vida, esto, debido a la
vulneración múltiple de sus derechos fundamentales y la pérdida de sus condiciones
de vida, de sus costumbres, su identidad, su entorno social, familiar y laboral. Por
esto, pese a que el Tribunal en la providencia apelada hizo alusión a la prueba
testimonial que acreditó la congoja y la tristeza que supuso para Luis Carlos Pinilla
Cuéllar y para Mélida Parra de Pinilla, también soportó su decisión en jurisprudencia
de esta Corporación que aludió a que, en lo referente al daño por desplazamiento
forzado, constituye un hecho notorio el padecimiento de un daño moral.

A partir de ello, la demostración del daño que devino de la calidad de desplazados
de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y de Mélida Parra de Pinilla, permite presuponer aun
sin necesidad de una prueba, que sufrieron el perjuicio moral por el que reclaman.

Cuestión distinta radica en lo atinente al quantum del perjuicio moral, pues el a-quo
sustentó el reconocimiento de 100 Smlmv como “el tope máximo” que estableció la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil catorce (2014)128, cuando lo cierto es que la sentencia de
unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014)129 se remitió a
una tabla que fue objeto de incorporación en otra providencia de unificación130, que
fijó un tope indemnizatorio para los perjuicios derivados de la muerte de una persona
en el contexto de graves violaciones a los DDHH y al DIH, más no para casos de
desplazamiento.

En tal sentido, la Sala precisa que jurisprudencialmente no fue instituido un tope
indemnizatorio para el reconocimiento de perjuicios morales derivados del daño del
desplazamiento forzado, pues el derrotero máximo de 100 Smlmv opera es respecto
del daño por muerte. Pese a ello, la cuantificación del a-quo de 100 Smlmv a título
de perjuicios morales, aun cuando no fue motivada ampliamente, resulta razonable
para la Sala aplicados los criterios diferenciales que han sido utilizados por la
jurisprudencia para establecer la intensidad del daño, puesto que, en decisiones en
las que el desplazamiento ha estado precedido por muertes violentas, ejecuciones
extrajudiciales, actos de violencia sistemática contra la población, y/o
hostigamientos, como directamente atribuibles a agentes del Estado, la tasación del
perjuicio ha sido de 100 Smlmv y de 200 Smlmv en un caso excepcional131.

127 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, rad 25000232600020010021301;

de 15 de agosto de 2007, rad. 190012331000200300385-01; de18 de febrero de 2010, rad. 18436; de 14 de
julio de 2016, expediente No35029; de 23 de marzo de 2017, expediente No 50941; de 1 de junio de 2017,
expediente No 35197; de 12 de julio de 2017, expediente No 43637, de 30 de noviembre de 2017, expediente
No 47370 y; de 25 de julio de 2019, expediente No 50364.
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 32.988.
129 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 32.988.
130 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto del 2014,

rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y rad. 27709, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
131 Ver las sentencias del: (i) 14 de julio de 2016 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de

Estado, exp. 35029; (ii) 23 de marzo de 2017 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Mientras, que, en eventos en que el desplazamiento ha sido consecuencia del
contexto del conflicto armado, y hechos delictivos atribuibles a grupos al margen de
la ley, la indemnización ha oscilado entre 25 y 50 Smlmv132.

Aplicado lo anterior al presente asunto, la Sala constata que el desplazamiento del
(1) de mayo de dos mil cuatro (2004) representó para las víctimas una honda
afectación de tipo moral, ya que no han podido retornar a su lugar de origen de
manera que la condición de desplazamiento aún subsiste, y que, por tanto, su
condición como desplazados se extendió desde la ofensiva militar de abril de dos
mil cuatro (2004), en adelante, hasta la fecha.

Adicionalmente, el testimonio de Martha Rocío Culma Orjuela, quien fue traída al
proceso para acreditar perjuicios, permitiría inferir que el asentamiento en Ibagué
no implicó el restablecimiento de las condiciones económicas del señor Pinilla
Cuéllar y de su esposa, por cuanto relató que debían cuatro meses de arriendo,
pero que no los sacaban del sitio donde vivían porque por su edad ello generaba
pesar.

Entonces, lo cierto es que el desplazamiento que aquí es objeto de análisis no solo
entrañó un evento de pública envergadura, sino que además los medios suasorios
que militan en el expediente revelan un impacto negativo en las condiciones
afectivas de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y, por ende, de su esposa Mélida Parra, con
quien vivía y conformaba un hogar, pues está probado que de forma concomitante
a la ofensiva militar, debieron salir y dejar todos sus bienes, a sabiendas que por su
edad no les era fácil recomponerse moral y económicamente en otro lugar.

En consecuencia, la Sala encuentra razonable que el a-quo haya impuesto una
condena por perjuicios morales equivalente a 100 Smlmv para los cónyuges, de la
cual no sería procedente descontar “lo pagado por indemnización administrativa”,
como lo protestó la parte demandada, ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha precisado que en los casos de desplazamiento forzado no puede asumirse que
la indemnización administrativa “se produce en el marco de un contrato de
transacción, pudiendo descontarse de la reparación que se reconozca por vía
judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación
administrativa” 133. En concreto, la Corporación aludida ha indicado que:

“la indemnización por vía administrativa no es una medida ni exclusiva, ni
suficiente, para asegurar el goce efectivo del derecho a la reparación integral
de las víctimas de desplazamiento, sino que constituye tan solo uno de los
mecanismos dirigidos a lograr tal fin. De esta forma, la indemnización por vía
administrativa de que tratan los artículos 132 a 134 de la Ley 1448 de 2011,
y los artículos 146 a 162 del Decreto 4800 de 2011, constituye tan solo un
componente de la reparación integral para las víctimas de desplazamiento,
cuyo otorgamiento se protegerá en todo caso mediante esta decisión, sin
menoscabo, ni exclusión, de otras medidas de reparación integral contenidas
en la Ley 1448 de 2011”134.

Por consiguiente, la reparación otorgada en sede administrativa no es excluyente
respecto de la indemnización judicial.

exp. 50941; y (iii) 12 de julio de 2017 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, exp.
43637.
132 Ver las sentencias del: (i) 1 de junio del 2017 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de

Estado, exp. 35197; (ii) 25 de julio de 2019 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
exp. 50364¸(iii) 30 de noviembre de 2017, de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
exp. 47370.
133 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 2013.
134 Ibídem.

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Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

Adicionalmente, la Sala no tiene certeza de que, en efecto, a Luis Carlos Pinilla y a
su esposa Mélida Parra se les haya pagado la indemnización administrativa, por
cuanto a pesar de que la UARIV certificó135 que el hogar recibió el pago de una
suma por concepto de ayuda humanitaria y que referente a la indemnización
administrativa recibió el pago por los hechos de desplazamiento y de homicidio,
también relacionó que no se había efectuado el pago por concepto de
indemnización administrativa, pero que se le iba a entregar136, fundamento a partir
del que precisó cuáles eran los criterios para la priorización del pago. Al punto, la
Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada137 le puso de presente
a Pinilla Cuéllar que había hecho seguimiento a su proceso, y que estaba recibiendo
ayuda por ser un adulto mayor.

En tal sentido, la Sala comparte el reconocimiento de los perjuicios morales, siempre
y cuando de esta misma congoja no se desprenda una reparación adicional a título
de afectación a bienes y derechos convencional y constitucionalmente amparados,
y, bajo tal parámetro, descarta que hayan constituido una tasación excesiva.

Ahora bien, en torno al perjuicio por el concepto que la demandante reclamó a título
de alteración grave a las condiciones de existencia, la Sala pone de presente que
de acuerdo con la sistematización de los perjuicios inmateriales138, esta categoría
quedó subsumida como un daño a la salud o como una afectación a cualquier otro
derecho e interés legítimo convencional y constitucionalmente amparado. Esto,
aplicado al presente asunto, mueve a la Sala a sustentar que el reclamo de la parte
no estuvo motivado por un perjuicio de tipo fisiológico o biológico, sino más bien en
los derechos constitucionales que resultan comprometidos por el desplazamiento
forzado, como lo son, entre otros, el derecho a escoger su lugar de domicilio, y a la
libertad de circulación por el territorio nacional con la posibilidad de permanecer en
el sitio escogido para vivir.

Así pues, en el presente asunto el desplazamiento forzado que sufrieron Luis Carlos
Pinilla Cuéllar y Mélida Parra de Pinilla produjo un atentado contra los derechos a
la libertad de escogencia del lugar de domicilio y a la libertad de circulación y de
elección frente al sitio en que se desean vivir, por cuanto está probado conforme al
hecho notorio del comodato que pactó la Alcaldía de Cartagena del Chairá y la
Brigada Móvil No. 22, que este “fue prorrogado el 31 de diciembre de 2018,
desoyendo a los habitantes del pueblo que reclaman sus tierras y poder retornar”139.
De manera que, a pesar de que los demandantes hubieran querido retornar a la
Vereda Peñas Coloradas, estaban imposibilitados para hacerlo, y dicha afectación
a los bienes constitucionales no es excluyente respecto del perjuicio moral, que es
una categoría autónoma de daño inmaterial que indemniza la congoja y la aflicción.

En ese orden de ideas, la Sala considera que están dados los presupuestos para
condenar por el pedimento de alteración grave a las condiciones de existencia
(“daño a la vida de relación social y familiar”), ajustado a una afectación
constitucional140 a la libertad de circulación y de escogencia del domicilio como una
garantía para propender por el restablecimiento pleno de Luis Carlos Pinilla Cuéllar
y de Mélida Parra de Pinilla en su condición de desplazados forzosamente,
comoquiera que respecto de estos dos demandantes conforme ya lo analizó la Sala

135 Folios 226 a 231, C.1.
136 Folio 30, C.2.
137 Folio 27, C.2.
138 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique

Gil Botero.
139 https://web.comisiondelaverdad.co/especiales/comision-caqueta/casos.html#desplazamiento-de-penas-
coloradas.
140 Sobre la tipología de afectación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados, la Sala

aplica la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación del 28 de agosto
de 2014, exp. 32.988.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

cuando examinó el elemento del daño, está plenamente acreditada su condición
como víctimas directas.

La naturaleza del caso hace improcedente el acogimiento de medidas de reparación
no pecuniarias, lo cual conduce a la Sala a acudir a la excepcionalidad de ordenar
medidas pecuniarias a favor de las víctimas directas. Sin embargo, respecto del
quantum, precisa que la parte demandante pidió, (i) para Luis Carlos Pinilla Cuéllar,
200 Smlmv por daño moral y por alteración a las condiciones de existencia; y (ii) por
los mismos conceptos, 100 Smlmv para Mélida Parra de Pinilla. Frente a ello la parte
se pronunció en apelación, y precisó que pidió, para el señor Pinilla Cuéllar, 200
Smlmv como perjuicio acumulado, esto es, tanto por daño moral como por
afectación a las condiciones de existencia. De ahí que, tal precisión conduce a la
Sala a aplicar la misma interpretación frente al pedimento que en la demanda se
efectuó para Mélida Parra de Pinilla.

Bajo tales derroteros, la Sala reconocerá a favor de Luis Carlos Pinilla Cuéllar una
suma equivalente a 100 Smlmv por la afectación a sus derechos constitucionales,
porque tal quantum, sumado a los 100 Smlmv reconocidos a título de perjuicio
moral, guardaría congruencia con el pedimento de la demanda.

Sería del caso, en tanto está probado, reconocer perjuicios por afectación a bienes
constitucionales relevantes en favor de Mélida Parra de Pinilla; sin embargo, como
en la demanda, respecto de esta persona se limitó la pretensión de condena al tope
de 100 salarios mínimos y esa cifra ya se colmó con el reconocimiento a título de
perjuicios morales, la Sala, no otorgará ningún valor, comoquiera que, de hacerlo,
excedería la pretensión y conllevaría a la adopción de un fallo ultra petita.

El quantum indemnizatorio de 100 Smlmv a favor de Luis Carlos Pinilla Cuéllar por
la afectación a sus derechos de locomoción y libertad de escogencia de su domicilio-
está justificado en la intensidad del daño que sufrió y en la expansión y la notoriedad
del bombardeo que ocurrió en Peñas Coloradas con la imposibilidad de retorno a
su lugar de origen.

Finalmente, la Sala considera que los reconocimientos efectuados a título de
perjuicios solo pueden ser ordenados a favor de Luis Carlos Pinilla y de Mélida Parra
de Pinilla, puesto que fueron las únicas víctimas directas del desplazamiento.
Conforme ya lo decantó la Sala, Carlos Hernán y Gloria Inés comparecieron a este
proceso, sin probar tal condición, como víctimas directas del desplazamiento
forzado -pues así se desprende de la pretensión declarativa-, aspecto que impide
variar la calidad en que acudieron a este contencioso para tenérseles como víctimas
indirectas por el desplazamiento de sus padres y reconocérseles perjuicios, ya que
ello conllevaría a una modificación de la causa petendi que transgrediría el debido
proceso de la parte demandada, en su garantía de defensa.

5.5. Por las razones expuestas, la Sala modificará la providencia apelada para, en
su lugar, declarar la caducidad en cuanto al hurto de semovientes, declarar
administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional por el desplazamiento forzado que sufrieron Luis Carlos Pinilla Cuéllar y
Mélida Parra de Pinilla, y condenar a la demandada al pago de: (i) perjuicios morales
a favor de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y de Mélida Parra de Pinilla, por 100 Smlmv
para cada uno; y (ii) por la afectación a bienes convencional y constitucionalmente
amparados, la suma de 100 Smlmv únicamente para Luis Carlos Pinilla Cuéllar.

Negará las demás pretensiones de la demanda, porque no está probado el daño del
desplazamiento forzado respecto de Carlos Hernán y Gloria Inés Pinilla, ni la
imputación de la muerte y desaparición de Rubén Darío Pinilla, y mantendrá
incólume tanto la negativa del daño derivado del hurto de los restantes bienes

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

distintos a los semovientes, como la condena al pago de agencias en derecho en
contra de la demandada, que efectuó la primera instancia.
VI. COSTAS

El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su vez, los artículos 365.1141 y 366142 ejusdem, aplicables a los
procesos contencioso-administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA143,
establecen que se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación.

La Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta instancia, pues ambos
recursos de apelación prosperaron parcialmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil
dieciocho (2018) que profirió la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLÁRASE la caducidad de la acción en lo que atañe a la
pretensión de reparación del daño por hurto de semovientes.
SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional con ocasión del desplazamiento
forzado de Luis Carlos Pinilla Cuéllar y de Mélida Parra, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional a pagar, a título de perjuicio moral, las sumas de 100 Smlmv a Luis
Carlos Pinilla Cuéllar, así como a Mélida Parra, vigentes al momento de
ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
a pagar, a título de afectación a derechos convencional y constitucionalmente
amparados, la suma de 100 Smlmv a favor de Luis Carlos Pinilla Cuéllar,
vigentes al momento de ejecutoria de esta providencia.
QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

141 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación
o revisión que haya propuesto […]”.
142 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias
en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
143 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-00537-01 (63280)
Demandantes: Luis Carlos Pinilla Cuellar y otros

SEXTO: FIJAR, como agencias en derecho a favor de la parte demandante,
la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), las cuales deberá
pagar la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL.
SÉPTIMO: LIQUÍDANSE por Secretaría los gastos ordinarios del proceso, y,
en caso de remanentes, devuélvanse al interesado.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en segunda instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente

VF
VMP

28

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