RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 54001-23-31-000-2011-00198-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2011-00198-01

Acción de reparación directa

Fecha
4 de marzo de 2019
Consejero ponente
María Adriana Marín (e)
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2011-00198-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A MODIFICAR conforme a las consideraciones expuestas la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así: PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: DECLÁRASE la indebida escogencia de la acción respecto de los cuestionamientos formulados en contra del acto de desacuartelamiento. TERCERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda. CUARTO: DEVUÉLVASE a la parte actora la suma consignada para gastos del proceso o su remanente, si los hubiere. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-31-000-2011-00198-01

Consejero ponente: María Adriana Marín (e)

4 de marzo de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS SUFRIDOS O CAUSADOS POR SERVIDORES ESTATALES / DAÑO SUFRIDO POR INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO A INTEGRANTE DE LA FUERZA PUBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / DESPLAZAMIENTO FORZADO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DESVINCULACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL

[L]a acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. En el presente asunto la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de i) la detención del señor […], ii) el desplazamiento forzado del que fue víctima junto con su núcleo familiar […] y iii) la falta de expedición de su libreta militar y del certificado de buena conducta […] La Sala advierte que esta acción no resulta pertinente para resolver los planteamientos formulados a la decisión del Ejército de desvincular al soldado de sus filas en tanto que la misma se adoptó mediante la orden de prestación de servicios número 001104, acto administrativo cuyos efectos y alcances debieron cuestionarse en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no de la acción de reparación directa, razón por la que respecto de este punto, se declarará la indebida escogencia de la acción. Así las cosas, si se pretendiera atacar el motivo por el que el señor […] fue desvinculado del Ejército Nacional, la vía idónea no sería la de la acción de reparación directa, sino que tendrían que haberse interpuesto los recursos en contra del correspondiente acto administrativo, para luego acudir ante la jurisdicción mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido el daño antijurídico como aquel menoscabo de un interés jurídicamente tutelado, que no debe ser soportado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”. En este sentido, el daño debe cumplir con características que permitan su reparación, tales como, (1) su certeza; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto - , esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN (E)

Bogotá D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 54001-23-31-000-2011-00198-01(44091)

Actor: ALVEIRO BAUTISTA SUÁREZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DESPLAZAMIENTO FORZADO / No se acreditó que resulte imputable a la demandada / AUSENCIA DE DAÑO / niega pretensiones por ausencia de daño derivado de la no entrega del certificado de buena conducta.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Alveiro Bautista Suárez prestó su servicio militar como soldado campesino. Antes de terminar el periodo, fue desacuartelado por supuestos vínculos con grupos armados al margen de la ley. Alega en la demanda que, con ocasión de los señalamientos fue víctima de desplazamiento junto con su núcleo familiar y que no se le otorgó su libreta militar y el certificado de buena conducta.

II. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda

Mediante demanda presentada el 1° de julio de 2010 (fls. 4 al 22, 90 al 93 c. 1), los señores Alveiro Bautista Suárez, Adiela Bautista Suárez, José de Dios Bautista Figueredo y María de Jesús Suárez Durán, quienes obran en nombre propio y en representación de sus hijos menores José Vicente, José de la Cruz, Heider, Ever, Elizabeth y Maribel Bautista Suárez, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 al 3 c. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsables a la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-, por los perjuicios de orden moral y material que les fueron irrogados como consecuencia de la desvinculación del Ejército Nacional del señor Alveiro Bautista Suárez, quien prestaba su servicio militar obligatorio como soldado campesino.

En concreto, los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

A) PARTE DECLARATIVA

ÚNICA – Que se declare responsable a la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de Defensa Nacional, como garante de la protección de todas las personas residente (sic) en Colombia y como único titular del monopolio de la fuerza pública, en el derecho fundamental a la vida, honra, creencias y demás derechos y libertades como responsable indirecto y también como responsable directo en los hechos que desencadenaron en imputaciones falsas dentro del estamento militar como miembro activo del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y/o como presunto colaborador de grupos armados al margen de la ley, que trajeron como consecuencia, el calificativo al señor Albeiro (sic) Bautista Suárez, enrostrado internamente como miembro de fuerzas al margen de la ley, sin que se le hubiese adelantado, notificado, investigado o condenado por cualquier conducta típica, antijurídica y culpable; igualmente encontrarse dentro del sistema de información que se maneja a nivel nacional en cada una de las fuerzas que componen el Ministerio de Defensa Nacional, como condenado y así mismo, como consecuencia de dichos señalamientos, se vio todo su núcleo familiar obligado a desplazarse de su lugar de domicilio y residencia; por lo tanto, deberá reconocer el pago de los perjuicios materiales y morales a favor de los accionantes, en su calidad de consanguíneos y afines del peticionario principal en el grado que se demuestra.

B) PARTE CONDENATORIA

PRIMERA: Que se condene a la Nación como Estado Social de Derecho con participación y anuencia del señor Ministro del Interior y de Justicia, por ser parte de la composición política del Estado y responder por los juicios contra la Nación e igualmente al Ministerio de Defensa Nacional, a la indemnización de los perjuicios materiales, que comprenderá el Daño Emergente, derivados del enrostramiento, imputaciones falsas, supuestas actividades al margen de la ley, registros de antecedentes reportados en las centrales de información en contra del señor Albeiro (sic) Bautista Suárez, como miembro activo del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y/o como presunto colaborador de grupos al margen de la ley, imputaciones por las cuales fue detenido y cesado del servicio militar, razón por la cual junto con su familia se vieron forzados a un desplazamiento, al tener que abandonar su hogar hasta el día de hoy, en cuantía razonada para cada uno de los demandantes así:

Para el señor ALBEIRO (sic) BAUTISTA SUÁREZ en cuantía de Trescientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (300 s.m.m.l.v.).

Para la señora ADIELA BAUTISTA SUÁREZ, en su calidad de hermana a razón de doscientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (200 s.m.m.l.v.).

Para los señores JOSÉ DE DIOS BAUTISTA FIGUEREDO Y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ DURÁN, en cuantía de doscientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (200 s.m.m.l.v.).

SEGUNDA: Que se condene a la Nación como Estado Social de Derecho con participación y anuencia del señor Ministro del Interior y de Justicia, por ser parte de la composición política del Estado y responder por los juicios contra la Nación e igualmente al Ministerio de Defensa Nacional, a la indemnización de los perjuicios materiales, que comprenderá el Lucro Cesante, derivados del enrostramiento, imputaciones falsas, supuestas actividades al margen de la ley, registros de antecedentes reportados en las centrales de información en contra del señor Albeiro (sic) Bautista Suárez, como miembro activo del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y/o como presunto colaborador de grupos al margen de la ley, imputaciones por las cuales fue detenido y cesado del servicio militar, razón por la cual junto con su familia se vieron forzados a un desplazamiento, al tener que abandonar su hogar hasta el día de hoy, en cuantía razonada para cada uno de los demandantes así:

Para el señor ALBEIRO (sic) BAUTISTA SUÁREZ en cuantía de Trescientos Cincuenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (350 s.m.m.l.v.).

Para la señora ADIELA BAUTISTA SUÁREZ, en su calidad de hermana a razón de doscientos cincuenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (250 s.m.m.l.v.).

Para los señores JOSÉ DE DIOS BAUTISTA FIGUEREDO Y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ DURÁN, en cuantía de doscientos cincuenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (250 s.m.m.l.v.).

TERCERA: Condenar a los demandados al pago de la indemnización de los perjuicios morales subjetivos derivados del enrostramiento, imputaciones falsas, supuestas actividades al margen de la ley, registros de antecedentes reportados en las centrales de información en contra del señor Albeiro (sic) Bautista Suárez, como miembro activo del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y/o como presunto colaborador de grupos al margen de la ley, imputaciones por las cuales fue detenido y cesado del servicio militar, razón por la cual junto con su familia se vieron forzados a un desplazamiento, al tener que abandonar su hogar hasta el día de hoy, en cuantía razonada para cada uno de los demandantes así:

Para el señor ALBEIRO (sic) BAUTISTA SUÁREZ en cuantía de doscientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (200 s.m.m.l.v.).

Para la señora ADIELA BAUTISTA SUÁREZ, en su calidad de hermana a razón de cien Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (100 s.m.m.l.v.).

Para los señores JOSÉ DE DIOS BAUTISTA FIGUEREDO Y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ DURÁN, en cuantía de ciento veinte Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (120 s.m.m.l.v.).

Para los hermanos menores JOSÉ VICENTE, JOSÉ DE LA CRUZ, HEIDER, EVER, ELIZABETH Y MARIBEL BAUTISTA SUÁREZ, en cuantía de Cincuenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (50 s.m.m.l.v.).

CUARTA: Condenar a los demandados al pago de la indemnización de los perjuicios morales objetivados derivados del enrostramiento, imputaciones falsas, supuestas actividades al margen de la ley, registros de antecedentes reportados en las centrales de información en contra del señor Albeiro (sic) Bautista Suárez, como miembro activo del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y/o como presunto colaborador de grupos al margen de la ley, imputaciones por las cuales fue detenido y cesado del servicio militar, razón por la cual junto con su familia se vieron forzados a un desplazamiento, al tener que abandonar su hogar hasta el día de hoy, en cuantía razonada para cada uno de los demandantes de acuerdo con la relación de afinidad o consanguinidad entre el perjudicado principal y el grado de aflicción y sufrimiento que les generó el enrostramiento de dicha calidad de su congénere y en su pervivencia y labores diarias a saber:

Para el señor ALBEIRO (sic) BAUTISTA SUÁREZ en cuantía de Quinientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (500 s.m.m.l.v.).

Para la señora ADIELA BAUTISTA SUÁREZ, en su calidad de hermana a razón de cien Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (100 s.m.m.l.v.).

Para los señores JOSÉ DE DIOS BAUTISTA FIGUEREDO Y MARÍA DE JESÚS SUÁREZ DURÁN, en cuantía de ciento veinte Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (120 s.m.m.l.v.).

Para los hermanos menores JOSÉ VICENTE, JOSÉ DE LA CRUZ, HEIDER, EVER, ELIZABETH Y MARIBEL BAUTISTA SUÁREZ, en cuantía de Cincuenta Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (50 s.m.m.l.v.).

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró que el señor Alveiro Bautista Suárez ingresó al Ejército Nacional, como soldado campesino, el 19 de mayo de 2004. Durante el periodo del servicio militar, en diversas oportunidades, sus superiores sugirieron que era colaborador de grupos armados al margen de la ley, al punto que fue detenido en las instalaciones del batallón por espacio de ocho días.

El 14 de mayo de 2005, el soldado recibió la orden de desacuartelamiento en el Grupo Mecanizado n.° 5 Maza, sin que en su contra se hubiera adelantado previamente un proceso ante la jurisdicción penal militar o la ordinaria. Como consecuencia de lo anterior, el señor Bautista Suárez no recibió su libreta militar, pues en el sistema de información aparecía una anotación en su contra que decía “despedido por infiltrado de la guerrilla”. El señor Alveiro Bautista Suárez recibió su libreta militar luego de presentar múltiples peticiones, pero no se le entregó el certificado de buena conducta, el cual es necesario para acceder al empleo formal.

Con ocasión de los señalamientos como colaborador de grupos subversivos, los demandantes se vieron obligados a abandonar su vivienda en La Gabarra y se desplazaron a la ciudad de Cúcuta.

Posteriormente, el señor Alveiro Bautista Suárez solicitó su ingreso al Ejército Nacional como soldado profesional, para lo que cumplió todos los requisitos y formalidades. Así, inició el curso y fue trasladado a la Escuela Militar ubicada en el municipio de Nilo, Cundinamarca, pero fue excluido por cuanto registraba antecedentes penales y le entregaron $20.000 que le alcanzaron para llegar a la ciudad de Bogotá, en donde acudió a la buena voluntad de la gente para llegar a Cúcuta.

Por lo anterior, solicitó a las autoridades que borraran los antecedentes que existían en su contra y se expidiera, además, el certificado de buena conducta, el que fue negado mediante comunicación del 7 de diciembre de 2009, por no aparecer en los archivos y haber sido retirado del servicio.

La parte demandante atribuyó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- el daño relatado, en cuanto la persecución en su contra le ha impedido vincularse a la vida laboral y llevar una vida normal.

2.- El trámite de primera instancia

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cúcuta declaró su falta de competencia para conocer del asunto mediante auto del 27 de abril de 2011 (fl. 85 c. 1), de manera que el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. La demanda fue admitida por auto del 17 de junio de 2011 (fl. 97 c. 1), la cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 97 vto., 98, 101 y 112 c. 1).

La Nación-Ministerio del Interior y de Justicia solicitó que se declararan a su favor las excepciones de falta de legitimación procesal en la causa por pasiva y falta de legitimación material en la causa por pasiva (fls. 109 al 111 c. 1). Fundamentó su petición en que, de la lectura del libelo se deduce que no tuvo ninguna participación en la concreción del daño alegado y, en consecuencia, no está llamado a intervenir en el proceso de forma alguna.

La Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional- contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fls. 114 al 116 c. 1). En su defensa indicó que no se probaron por la actora los elementos de la responsabilidad estatal, es decir, el daño antijurídico y su imputación. Propuso además la excepción de caducidad de la acción, en cuanto el hecho dañoso alegado ocurrió el 13 de mayo de 2005 y la demanda fue presentada en el 2010.

Mediante providencia del 16 de septiembre de 2011 (fl. 130 c. 1), el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y mediante auto del 24 de noviembre del mismo año (fl. 137 c. 1), se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

En esta oportunidad, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Agregó que, dada la ausencia de actividad probatoria de la parte actora, debían ser negadas sus pretensiones. Reiteró, además, los argumentos relacionados con la caducidad de la acción (fls. 139 al 142 c. 1).

El Ministerio Público sugirió que se negaran las súplicas de la demanda, comoquiera que no se allegaron elementos que sustentaran los hechos narrados en la demanda (fls 144 al 145 c. 1).

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal (fl. 146 c. 1).

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 16 de febrero de 2012 (fls. 148 al 155 c. ppal. 2), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones. Como fundamento de su decisión, concluyó:

Se deben denegar las súplicas de la demanda, por cuanto no se probó que la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y Ministerio de Defensa Ejército Nacional, hubieren incurrido en una falla del servicio que hubiere ocasionado un daño antijurídico al señor Alveiro Bautista Suárez y a su núcleo familiar.

Lo anterior, comoquiera que no se allegaron elementos probatorios por los que se demostraran las afirmaciones del libelo y permitieran concluir que con ocasión de una acción u omisión de un agente estatal se causó un daño antijurídico a los demandantes.

En el mismo sentido, declaró no probada la excepción de caducidad de la acción, con base en que el Ejército Nacional negó la expedición del certificado de buena conducta mediante comunicación del 7 de diciembre de 2009 y la demanda se presentó en el año 2010, es decir, dentro del término bienal previsto para la acción de reparación directa.

4.- El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante expresó su discrepancia con el fallo de primera instancia. Discutió en concreto que, de acuerdo con el dicho de las autoridades del Ejército Nacional, no existía un motivo que justificara la negativa en la expedición del certificado de buena conducta a favor del señor Alveiro Bautista Suárez. Cuestionó, además, el retiro intempestivo de la institución, el cual ocurrió antes de cumplirse el término de la prestación del servicio militar.

Aunado a lo anterior, se encuentra demostrado que fue desacuartelado de manera irregular, sin que precediera un proceso, y se le privó de la libertad injustificadamente, en estado de indefensión, dadas las condiciones de sumisión frente a la estructura jerárquica militar.

Adicionalmente, debido a los señalamientos hechos por el Ejército Nacional, se vio en la obligación de abandonar, junto con su familia, el municipio en el que residían para iniciar su nueva vida en Cúcuta, pues se convirtieron en blanco de amenazas.

Por lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedieran las pretensiones formuladas en la demanda (fls. 158 al 162 c. ppal. 2).

5.- Trámite en segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander concedió el recurso de apelación, mediante auto del 20 de marzo de 2012 (fl. 164 c. ppal. 2), el cual fue admitido por esta Corporación el 8 de junio de 2012 (fl. 169 c. ppal. 2) y, en providencia de 9 de julio de ese mismo año (fol. 171 c. ppal. 2), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en este proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida de la Ley 446 de 1998 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa, toda vez que el recurso se interpuso el 9 de marzo de 2012 y fue admitido el 8 de junio del mismo año. La Sala se pronunciará en el marco del recurso interpuesto por la demandante, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el presente asunto la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se originó en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de i) la detención del señor Alveiro Bautista Suárez (13 de mayo de 2005 –de acuerdo con el relato del libelo-), ii) el desplazamiento forzado del que fue víctima junto con su núcleo familiar (31 de julio de 2006 –certificación expedida por Acción Social-) y iii) la falta de expedición de su libreta militar y del certificado de buena conducta (7 de diciembre de 2009 –comunicación proveniente de las Fuerzas Militares).

En consideración a que la demanda se presentó el 1° de julio de 2010 y a la identificación que se hace de los daños reclamados, es importante advertir que lo relacionado con el punto i) la detención de señor Alveiro Bautista Suárez se encuentra caducado pues de acuerdo con lo expuesto en el libelo, esta tuvo lugar el 13 de mayo de 2005 durante una semana, razón por la que es claro que para el momento de presentación de la demanda el término concedido por la norma ya se había superado. No ocurre lo mismo respecto del punto ii) el desplazamiento forzado del que fue víctima junto con su núcleo familiar por tratarse de un daño continuado respecto del cual no ha operado la caducidad. Tampoco ha operado el fenómeno en lo que tiene que ver con el ítem iii) la falta de expedición de su libreta militar y del certificado de buena conducta, pues, la última comunicación en este sentido data del 7 de diciembre de 2009, motivo por el que la demanda se presentó dentro del término respecto de estos dos aspectos.

3.- La legitimación en la causa

Con ocasión del daño que originó la presente acción concurrieron al proceso los señores Alveiro Bautista Suárez, José de Dios Bautista Figueredo y María de Jesús Suárez, en calidad de padres del primero, y sus hermanos Adiela, Ever, Maribel, Heider, Elizabeth, José Vicente y José de la Cruz Bautista Suárez, de acuerdo con los registros civiles de nacimiento aportados al plenario (fls. 27 al 34 c. 1), motivo por el cual tales demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa en el presente asunto.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la cual tiene interés en controvertir las pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre esta repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del supuesto daño antijurídico al que se refiere el libelo.

No se concluye lo mismo respecto de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, entidad que no tiene ninguna relación con los hechos de la demanda, de manera que la misma no cuenta con legitimación en la causa por pasiva.

4.- Problema jurídico

La Sala establecerá en primer lugar, si la acción interpuesta es la adecuada para cuestionar el acto de desacuartelamiento. Posteriormente analizará si se encuentran acreditados los daños señalados en la demanda, esto es, si con ocasión de la expulsión del Ejército Nacional del señor Alveiro Bautista Suárez por habérsele atribuido tener vínculos con grupos armados al margen de la ley, sufrió desplazamiento junto con su núcleo familiar, al tiempo que no se le expidió tarjeta de reservista de primera clase ni el certificado de buena conducta. En caso de tener por acreditado los daños, se pasará a establecer si se encuentra probada la responsabilidad del Estado con fundamento en alguno de los títulos de imputación aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tipo de eventos.

4.1 Indebida escogencia de la acción en lo relacionado con el acto de desacuartelamiento.

Se sostiene en la demanda que el 14 de mayo de 2005, el soldado Alveiro Bautista Suárez recibió la orden de desacuartelamiento en el Grupo Mecanizado n.° 5 Maza, sin que en su contra se hubiera adelantado previamente un proceso ante la jurisdicción penal militar o la ordinaria y que como consecuencia de lo anterior, el señor Bautista Suárez no recibió su libreta militar, pues en el sistema de información aparecía una anotación en su contra que decía “despedido por infiltrado de la guerrilla”. La Sala advierte que esta acción no resulta pertinente para resolver los planteamientos formulados a la decisión del Ejército de desvincular al soldado de sus filas en tanto que la misma se adoptó mediante la orden de prestación de servicios número 001104, acto administrativo cuyos efectos y alcances debieron cuestionarse en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no de la acción de reparación directa, razón por la que respecto de este punto, se declarará la indebida escogencia de la acción.

Así las cosas, si se pretendiera atacar el motivo por el que el señor Alveiro Bautista Suárez fue desvinculado del Ejército Nacional, la vía idónea no sería la de la acción de reparación directa, sino que tendrían que haberse interpuesto los recursos en contra del correspondiente acto administrativo, para luego acudir ante la jurisdicción mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2.- El daño y la imputación

La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido el daño antijurídico como aquel menoscabo de un interés jurídicamente tutelado, que no debe ser soportado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”.

En este sentido, el daño debe cumplir con características que permitan su reparación, tales como, (1) su certeza; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto-, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

[T]anto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia.

En el caso objeto de estudio, la actora solicita que se condene a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- por cuanto, de un lado, sufrió desplazamiento junto con su núcleo familiar con ocasión de los señalamientos de pertenecer a un grupo al margen de la ley y porque no entregó al señor Alveiro Bautista Suárez su libreta militar y el certificado de buena conducta, luego de haber sido desacuartelado.

Pues bien, analizados los medios probatorios obrantes en el plenario, el único medio de prueba que da cuenta del desplazamiento del señor Alveiro Bautista Suárez, sus padres y hermanos es el documento por medio del cual la Profesional UAO de Acción Social de la Unidad Territorial Norte de Santander, presentó a todos los actores, ante el Hospital Erasmo Meoz, como beneficiarios de la Ley 387 de 1997, el 23 de septiembre de 2008, elemento que resulta suficiente para acreditar que el señor Alveiro Bautista Suárez y su núcleo familiar en efecto, fueron víctimas de desplazamiento de su lugar de origen, La Gabarra, Norte de Santander.

No obstante, dicho documento señala como fecha “incluido: 37/07/2006”, esto es, más de dos años después de haber sido desacuartelado, el 29 de abril de 2004, según respuesta a derecho de petición suscrito por el Segundo Comandante y Ejecutivo del Grupo de Caballería N°. 5 “Maza”. Y, en todo caso, analizados en conjunto los medios de prueba no es posible inferir que dicha situación haya tenido como causa la misma del desacuartelamiento, esto es, los señalamientos como integrante de un grupo al margen de la ley, aspecto este último que tampoco se encuentra acreditado.

Visto lo anterior, aunque para la Sala no existe duda de que los actores fueron víctimas de desplazamiento, los escasos medios de prueba que obran en el expediente dan cuenta de la calidad de beneficiarios de la Ley 387 de 1997, únicamente a partir del 31 de julio de 2006, esto es, más de dos años después de la alegada causa, razón por cual no es posible concluir que su condición de desplazados se haya originado en los supuestos señalamientos del soldado como integrante de un grupo al margen de la ley. En conclusión, aunque se encuentra acreditado el daño, no es posible su atribución a la demandada conforme los argumentos expuestos.

Ahora, se encuentra acreditado que el señor Alveiro Bautista Suárez recibió su tarjeta de reservista de primera clase, en cuanto se halla copia del documento a folio 35 del cuaderno 1, cuya fecha de expedición es el 13 de octubre de 2005. En consecuencia, no es viable proceder a declarar la responsabilidad de la administración por el daño relacionado con la falta de entrega de este documento, ya que el actor sí lo recibió, de lo que se concluye que no hay daño.

Ahora bien, en relación con el certificado de buena conducta mencionado tanto en el libelo como en el recurso de apelación, se encuentra que el Ejército Nacional, mediante comunicación del 7 de diciembre de 2009, negó su expedición. Como única razón de su negatoria señaló que “verificado el archivo se logra establecer que usted fue retirado mediante OAP número 001104 de fecha 29 de abril de 2004”(fl. 48 c. 1). El Ejército reiteró la respuesta en comunicación del 18 de octubre de 2011, dirigida al Tribunal de primera instancia. En esta oportunidad precisó que “fue retirado por determinación del Comandante de la Fuerza” (fls. 133 y 134 c. 1).

No obstante, la Sala concluye que no se demostró que la falta de expedición de tal documento le generara algún daño, en cuanto es la tarjeta de reservista el documento necesario para lograr la vinculación laboral, pues da cuenta de la definición de la situación militar por parte de su portador. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, modificado por el artículo 111 del decreto 2150 de 1995:

Los colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los siguientes efectos:

a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;
b. Ingresar a la carrera administrativa;
c. Tomar posesión de cargos públicos, y
d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior.

Así las cosas, se tiene que el certificado de buena conducta aludido no figura como un requisito sine qua non para el ingreso a la vida laboral, sino que ello se encuentra restringido para la libreta militar, incluso en la actualidad, en los términos del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017.

Es del caso resaltar que la parte actora no allegó pruebas con las que se acreditara que la ausencia de este documento resultara determinante al momento de obtener un empleo, motivo por el que sus afirmaciones carecen de sustento.

Así las cosas, se advierte que no se probó que la ausencia del certificado de conducta causara un daño cierto, personal y directo, de lo cual se concluye que no es viable proceder al estudio de su imputación, tampoco a su indemnización, por lo que se impone confirmar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones del libelo.

5. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

MODIFICAR conforme a las consideraciones expuestas la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia y no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la indebida escogencia de la acción respecto de los cuestionamientos formulados en contra del acto de desacuartelamiento.

TERCERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.

CUARTO: DEVUÉLVASE a la parte actora la suma consignada para gastos del proceso o su remanente, si los hubiere.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Si bien la demanda se formuló en contra del Ministerio del Interior, la contestación la presentó el Ministerio del Interior y de Justicia en consideración a la escisión dispuesta en la Ley 1444 de 2011. Es de anotar que esta fecha no coincide con la señalada por el Ejército Nacional que en todas las comunicaciones se refiere a la fecha de desacuartelamiento como el 29 de abril de 2004. El recurso fue presentado y sustentado el 9 de marzo de 2012, esto es, dentro del término otorgado para tal fin, habida cuenta de que aquel fenecía el 14 de marzo del mismo año. Para la época de presentación de la demanda, esto es, 1° de julio de 2010, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 257´500.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. Para el caso presente, la cuantía se estimó en 3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que supera ampliamente el mínimo exigido en la norma. Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
“…en vigencia del artículo 347 del C.C., y la Ley 57 de 1887, el estado civil respecto de personas bautizadas, casadas o fallecidas en el seno de la Iglesia, se acreditaba con los documentos tomados del registro del estado civil, o con las certificaciones expedidas por los curas párrocos, pruebas que, en todo caso, tenían el carácter de principales. Para aquellas personas que no pertenecían a la Iglesia Católica, la única prueba principal era la tomada del registro del estado civil. Con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1.938 se estableció la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales por supletorias. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del registro civil, que lo era el notario, y a falta de éste, el alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de 1970 estableció como prueba única para acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento”. Sentencia de 22 de abril de 2009, exp. 16.694. M.P. Myriam Guerrero de Escobar, reiterada por la Subsección A en sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 19.352, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. En otros documentos que obran en el plenario se precisa que el desacuartelamiento tuvo lugar el 29 de abril de 2004. Entre otras, véase Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2018, rad. 81001-23-31-003-2003-00012-01(39539), M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”, ob., cit., p.507. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998. Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2018, rad. 81001-23-31-003-2003-00012-01(39539), M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021. ARTÍCULO 42. ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR PARA EL TRABAJO. La situación militar se deberá acreditar para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público.

Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los dieciocho (18) meses, las demoras que no le sean imputables al trabajador. Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en el presente artículo, deberán tramitar ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite de la definición de la situación militar por una única vez, que será válida por el lapso de tiempo indicado anteriormente. PARÁGRAFO 1o. Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas, que tengan una vinculación laboral vigente y no hayan definido su situación militar, tendrán un plazo para normalizar su situación de dieciocho (18) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley. PARÁGRAFO 2o. La vinculación laboral de población no apta, exenta o que haya superado la edad máxima de incorporación no dará lugar a la sanción prevista en el literal d) del artículo 46 de la presente ley o de las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. PARÁGRAFO 3o. Para el pago de la cuota de compensación militar y las sanciones e infracciones de la presente ley de quienes se acojan a este beneficio, podrán realizarse descuento de nómina, libranzas o cualquier otra modalidad de pago, que reglamente el Gobierno nacional, siempre y cuando medie autorización escrita del trabajador.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.