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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02052-03

Era el procedente: frente a una de las pretensiones debió adecuarse al de nulidad

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02052-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia del 31 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad en relación con las pretensiones formuladas contra la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones formuladas en contra de la Rama Judicial, por error jurisdiccional. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, en segunda instancia, a la sociedad demandante, en favor de la Rama Judicial, de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho en segunda instancia se fijan en la suma equivalente a (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que deberá repartirse en partes iguales en favor de las demandadas. Se confirma la decisión del 31 de marzo de 2020 en lo relacionado con la condena en costas de la primera instancia. 43 Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570) Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Reparación directa CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-02052-03

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: LAMADRID & CÍA. S EN C. EN LIQUIDACIÓN

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - daño causado por
la Administración de Justicia / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA NO
ERA EL PROCEDENTE – frente a una de las pretensiones debió adecuarse al de nulidad
y restablecimiento del derecho / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – la demanda no se presentó en la oportunidad
debida frente a una de las pretensiones de la demanda / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA – frente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural / ERROR
JURISDICCIONAL - no se configuró / CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA - que le permita
al juez establecer cuáles fueron los errores, de hecho o de derecho, so pena de negar las
pretensiones de la demanda – argumentos fácticos y jurídicos.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2020, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B,
declaró probadas las excepciones (i) de caducidad en relación con las pretensiones
planteadas frente a la Agencia Nacional de Tierras y (ii) de falta de legitimación en
la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; además, (iii)
negó las pretensiones formuladas en contra de la Rama Judicial.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Entre julio y octubre de 1989, el Instituto de la Reforma Agraria expidió las
resoluciones números 000857, 000850 y 001161, a través de las cuales les adjudicó
a terceros unos terrenos ubicados en el municipio de Tubará, en el predio baldío
denominado “La Bahía”.

La sociedad Lamadrid interpuso acción reivindicatoria en contra del Instituto de la
Reforma Agraria, con sustento en que con esos actos administrativos le fueron

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

“usurpados” los predios denominados “La Salvación I” y “La Salvación II”, que no
tenían la condición de baldíos y que eran de su propiedad. El 18 de diciembre de
2007, en primera instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla
declaró legítimo el derecho de dominio de la sociedad sobre los predios
mencionados. Esa decisión fue revocada el 16 de noviembre de 2012 por la Sala
Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, ente judicial que negó
las pretensiones de la demanda. El 27 de noviembre de 2015, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del 16 de
noviembre de 2012.

El demandante pretende que se declare la responsabilidad: (i) por la operación
administrativa que se concretó en “la usurpación ilegal de los predios no baldíos ‘La
Salvación I’ y ‘La Salvación II’, en el municipio de Tubará, Atlántico” y (ii) por el
supuesto error jurisdiccional en el que incurrió la Rama Judicial con las decisiones
del 16 de noviembre de 2012 y 27 de noviembre de 2015, ya mencionadas.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En escrito presentado el 31 de octubre de 20172, la sociedad Lamadrid & Cía. S en
C.S., “en liquidación”, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de
reparación directa en contra de la Agencia Nacional de Tierras, la Nación - Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural y la Rama Judicial, con el propósito de que se les
declare patrimonialmente responsables por la operación administrativa que se
concretó en “la usurpación ilegal de los predios no baldíos ‘La Salvación I’ y ‘La
Salvación II’, en el municipio de Tubará, Atlántico” y por el supuesto error judicial en
que incurrió la Sala Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias del 16 de
noviembre de 2012 y 27 de noviembre de 2015, respectivamente.

Por lo anterior, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagarle: (i)
“lo que resultara probado en el proceso” por concepto de perjuicios morales; (ii) la
suma de $3.841’971.092, por daño emergente -correspondiente al valor de los lotes
“La Salvación I” y “La Salvación II”- y (iii) el monto de $4.187’749.035, por lucro
cesante.

1 Folios 8 a 62 del cuaderno principal.
2 Folio 62 del cuaderno principal.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:

El 12 de febrero de 1996, la sociedad Lamadrid compró el lote denominado “Bajo
de Bula”, acto que se inscribió en la matrícula inmobiliaria número 040-6584 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

El 16 de enero de 1998, a través de la Resolución número 002, la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Barranquilla ordenó la inserción de “falsa tradición” en
la anotación número 9 del folio de matrícula inmobiliaria 040-6584, “contentiva de la
compraventa que h[izo] Hugo José Lamadrid Camargo a favor de Pedro Socarras
(sic) Rivera mediante escritura número 69 del 24 de enero de 1979”.

Ese mismo día, la sociedad Lamadrid solicitó ante la alcaldía municipal de Tubará
(Atlántico) la “adjudicación administrativa del lote denominado Bajo de Bula”.
Mediante la Resolución número 007 del 28 de enero de 1998, el alcalde del
municipio de Tubará adjudicó a la sociedad mencionada el lote localizado en el
sector rural de “Bajo de Bula” y, a través de la escritura pública número 284 de 5 de
febrero de 1998 de la Notaría Décima del Círculo de Barranquilla, se protocolizó el
acto administrativo de adjudicación.

Se narró que el lote “Bajo de Bula” fue segregado y se “constituyeron” los predios
“La Salvación I” y “La Salvación II”.

La sociedad Lamadrid & Cía. promovió juicio reivindicatorio en contra del Instituto
de la Reforma Agraria -hoy Agencia Nacional de Tierras-, con la finalidad de que le
fuera reconocido el dominio pleno y absoluto de los predios “La Salvación I” y “La
Salvación II”. En ese proceso, la sociedad actora manifestó que la entidad
demandada, a través de las resoluciones números 000857, 000850 y 001161 de
1989, adjudicó unos terrenos del predio baldío “La Bahía” y que a través de esos
actos administrativos usurpó los lotes denominados “La Salvación I” y “La Salvación
II”, que eran de su propiedad.

El 18 de diciembre de 2007, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla
declaró el legítimo derecho de dominio de la sociedad sobre los predios “La
Salvación I” y “La Salvación II”, decisión que fue apelada y revocada por la Sala
Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, a través de providencia
del 16 de noviembre de 2012.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

La sociedad Lamadrid y Cía. interpuso recurso extraordinario de casación contra la
sentencia del 16 de noviembre de 2012. El 27 de noviembre de 2015, la Corte
Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida por la Sala Cuarta Civil
• Familia del Tribunal Superior de Barranquilla.

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B,
mediante auto del 23 de noviembre de 2017, admitió la demanda 3, decisión que se
notificó en debida forma a las entidades demandadas4 y al Ministerio Público5.

2.2. En el escrito de contestación6, la Nación – Rama Judicial se opuso a las
pretensiones de la demanda. Alegó que las providencias judiciales acusadas de
error judicial contaban con sustento jurídico y probatorio, y que sus conclusiones
fueron razonables.

2.3. La Agencia Nacional de Tierras7 también contestó la demanda y se opuso a
sus pretensiones. Como defensa presentó las excepciones de “cosa juzgada”8 y
“caducidad”. En esta última excepción destacó que la sociedad demandada
acumuló de forma indebida sus pretensiones, pues, aunque solicitó reparación por
error judicial, atacó, a la par, la legalidad de las resoluciones que profirió el Instituto
de la Reforma Agraria, para lo cual resultaba idóneo el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, que se encontraba caducado.

2.4. Por último, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural9 propuso las
excepciones que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”10 y
“caducidad”. En relación con la caducidad indicó que desde 1989 el demandante
conoció el daño que le ocasionaron las resoluciones proferidas por el Instituto de la
Reforma Agraria, por lo que ya habían fenecido los 2 años para promover el proceso
de reparación directa.

3 Folios 65 a 68 del cuaderno principal.
4 Folios 81, 97 y 98 del cuaderno principal.
5 Folio 80 del cuaderno principal.
6 Folios 82 a 91 del cuaderno principal.
7 Folios 103 a 110 del cuaderno principal.
8 Cosa juzgada, toda vez que la sociedad actora demandó de forma previa al Incora para que se

declarara su pertenencia sobre los predios “La Salvación I” y “La Salvación II”, frente a lo cual se
configuró cosa juzgada. También resaltó que en esta oportunidad se demandó a la Agencia Nacional
de Tierras por la expedición de unas resoluciones que datan del año 1989, a través del medio de
control de reparación directa, que no resultaba idóneo para controvertir la legalidad de actos
administrativos.
9 Folios 122 a 136 del cuaderno principal 2.
10 Indicó que no estaba llamado a responder por las pretensiones formuladas en la demanda, pues

no adjudicó los terrenos que la sociedad demandante afirmó que eran de su propiedad, así como
tampoco profirió las decisiones que ahora se acusan de incurrir en error judicial.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

2.5. La sociedad Lamadrid & Cía. S en C.S., “en liquidación”, presentó un escrito en
el que solicitó que se desestimaran las excepciones propuestas por las entidades
demandadas11.

3. El 30 de agosto de 2018 se realizó la audiencia inicial12, oportunidad en la que
el Tribunal declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por la Agencia
Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; además, “difirió”
para la sentencia lo relacionado con la falta de legitimación en la causa por pasiva13.

Ambas determinaciones fueron apeladas y el a quo únicamente concedió el recurso
frente a lo decidido en torno a la caducidad14; finalmente, esta Corporación, el 1° de
abril de 2019, confirmó el auto del 30 de agosto de 2018 -por medio del cual se
declaró no probada la excepción de caducidad-15.

La diligencia continuó el 9 de julio de 2019, fecha en la que se procedió a fijar el
litigio en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores)16:

Frente a la Nación – Rama Judicial habrá de resolverse lo siguiente:
• Determinar si la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL es administrativamente responsable por los
perjuicios materiales y morales causados a la sociedad demandante, por el
presunto error jurisdiccional (…) derivado de la expedición de las providencias
proferidas dentro del proceso reivindicatorio en segunda instancia por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala Cuarta Civil - Familia
Civil - Familia el 16 de noviembre de 2012 y en sede de casación por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 2015,

11 Folios 148 a 156 del cuaderno principal 2.
12 Folios 205 a 217 del cuaderno principal 2.
13 Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que la actora no cuestionó la
legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se delimitó el bien baldío, pues, “si
bien el daño puede consolidarse al momento de proferir dicho acto administrativo, esto no quiere
decir que el origen del daño sea el acto per se, situación que no se evidencia en el presente caso al
menos del contenido del escrito de demanda”. De otro lado, explicó que “mal haría el Despacho en
este momento procesal determinar restrictivamente la fuente del daño en un sentido u otro, por lo
que bajo el análisis realizado con base en las pretensiones y hechos de las demanda se concluye
que en el presente caso el medio de control de reparación directa es procedente”. A su turno, “difirió”
la decisión frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva para la sentencia.
14 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación presentado frente a

la caducidad y rechazó el relativo a la falta de legitimación en la causa por pasiva, tras considerar
que dicha excepción no fue resuelta sino diferida para el fallo. En contra de la providencia que
rechazó la apelación, la Agencia Nacional de Tierras interpuso recurso de queja, visible a folios 205
a 216 del cuaderno principal 2. El 19 de noviembre de 2018, esta Corporación rechazó por
improcedente el recurso de queja presentado, al haberse formulado de manera directa y no en
subsidio del de reposición (folios 223 a 225 del cuaderno principal 2).
15 En esa oportunidad se determinó que sería al momento de proferir el fallo, y luego de recaudar

todo el material probatorio, que se podría determinar de manera exacta la “forma de contar la
caducidad”, en relación con la pretensión de la supuesta operación administrativa endilgada a la
Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (folios 224 a 232 del
cuaderno principal 2).
16 Folios 272 a 279 del cuaderno principal 2.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

con las cuales se consolidó el daño antijurídico por la usurpación ilegal de los
predios de su propiedad.

• O si por el contrario, no le asiste responsabilidad a la entidad porque se
configuran los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima
porque la sociedad demandante no atacó la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales se materializó la supuesta perturbación y
hecho exclusivo de un tercero porque las actuaciones que se demandan fueron
desplegadas por el INCORA en la adjudicación de los predios.
Frente a la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, habrá de resolverse lo siguiente:
• Determinar si la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE REFORMA
AGRARIO – INCORA HOY AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS son
responsables por los perjuicios materiales y morales causados a la sociedad
demandante por la operación administrativa consistente en la usurpación y
adjudicación irregular a diferentes particulares mediante las Resoluciones N°
000857 del 28 de julio de 1989, N° 00850 del 28 de julio de 1989, N° 00850 del
28 de julio de 1989, N° 001161 del 11 de octubre de 1989, que ocasionaron la
afectación a los predios La Salvación I y La Salvación II de propiedad de la
sociedad actora.

• O si por el contrario, no le asiste responsabilidad a las entidades demandadas
porque los actos administrativos de adjudicación de los predios se presumen
legales y porque no existe nexo causal entre el hecho dañoso y la conducta de
las entidades.

Lo anterior fue puesto a consideración de las partes y del Ministerio Público, quienes
manifestaron su aceptación. Posteriormente, se decretaron las pruebas aportadas
por la parte actora y las solicitadas por la Agencia Nacional de Tierras.

El 29 de agosto de 201917 se llevó a cabo la audiencia de pruebas; más adelante,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 181 del CPACA, se prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó la presentación por escrito de los
alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.

La parte actora se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la demanda y a
solicitar que se accediera a sus pretensiones18; por su parte, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural19 y la Rama Judicial20 reafirmaron lo expuesto en sus
contestaciones. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B,
mediante sentencia del 31 de marzo de 2020, declaró probadas las excepciones de

17 Folios 305 a 309 del cuaderno principal 2.
18 Folios 320 a 356 del cuaderno principal 2.
19 Folios 311 a 317 del cuaderno principal 2.
20 Folios 357 a 377 del cuaderno principal 2.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

caducidad respecto de las pretensiones relacionadas con la Agencia Nacional de
Tierras y de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural; además, negó las pretensiones formuladas en contra de la
Rama Judicial21.

En cuanto a la caducidad, advirtió que la parte actora tuvo conocimiento de la
“operación administrativa” desde el 28 de julio de 1989, porque cuando promovió el
proceso reivindicatorio en contra del Instituto de la Reforma Agraria relató que fue
a partir de esa fecha que inició la “usurpación” sobre sus predios “La Salvación I” y
“La Salvación II”; por lo anterior, el quo determinó que “respecto de las pretensiones
en contra de la Agencia Nacional de Tierras (antes Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria), el medio de control se enc[ontraba] caducado”.

En relación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, advirtió que no
existía “imputación fáctica y/o jurídica” en su contra, aunado al hecho de que
ninguna de las pruebas obrantes en el expediente tenía “la entidad de acreditar [su]
participación (…) en el litigo que se demanda”; por lo expuesto, concluyó que no le
asistía legitimación en la causa por pasiva.

Luego, negó las pretensiones de la demanda formuladas en contra de la Rama
Judicial, por considerar que no se acreditó “que la Administración de Justicia
hubiese hecho un juicio irrazonable, que aplicó una ley incorrecta, que violó el
debido proceso o que no fundamentó jurídicamente su decisión basada en las
pruebas”.

Por último, condenó en costas a la parte demandante, en favor de las entidades
demandadas; para el efecto, fijo las agencias en derecho en la suma de
$90’769.283.

5. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación22, con el fin de que se revoque la
sentencia de primera instancia. En su escrito consignó, en síntesis, cuatro
argumentos de inconformidad.

En primer lugar, y en relación con la caducidad de las pretensiones formuladas
contra la Agencia Nacional de Tierras, indicó que debía entenderse que era “un
daño continuado”, porque “el padecimiento de los perjuicios no ha cesado en el

21 Folios 379 a 396 del cuaderno principal 2.
22
Folios 412 a 432 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

tiempo, contrario sensu, se ha incrementado desde los fallos de segunda instancia
y de casación proferidos por los operadores judiciales de la jurisdicción ordinaria”.

Al respecto, también advirtió que aún se encontraban vigentes las resoluciones
números 00857, 000850 y 001161 de 1898, proferidas por el entonces Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, hoy Agencia Nacional de Tierras, que usurparon
los terrenos de su propiedad, los que, a la fecha, no han podido recuperar.

Agregó que “el Consejo de Estado ha preceptuado que el conteo del término de
caducidad empieza a correr desde el momento en que el daño ha cesado” y que
esa posición va “en consonancia con lo preceptuado por la Corte Constitucional que
(…) acog[ió] la misma tesis en la Sentencia SU-659 de 2015”.

En segundo lugar, en lo relacionado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, advirtió que sí le asistía legitimación en la causa por pasiva, pues cuando se
disolvió y se liquidó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, mediante el
Decreto número 1292 del 21 de mayo de 2003, “se le ordenó asumir los procesos
judiciales en los que fuese parte la entidad extinta”.

En tercer lugar, insistió en que la Sala Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior
de Barranquilla, en las sentencias del 16 de noviembre de 2012 y 27 de noviembre
de 2015, respectivamente, sí incurrieron en error judicial, porque:

• Omitieron que los predios "La Bahía", "La Salvación I” y "La Salvación II" eran
totalmente independientes, pues mientras el primero era público y adjudicable, los
otros eran de naturaleza privada.

• Soslayaron que el alcalde, como máxima autoridad del municipio de Tubará
(Atlántico), reconoció el derecho real de la sociedad demandante mediante la
Resolución número 007 del 28 de enero de 1998 y que ese acto administrativo se
protocolizó a través de la escritura pública número 0284 de ese mismo año; además,
que “el hecho jurídico que había sido reconocido en el fallo de primera instancia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso reivindicatorio de
dominio”.

• No valoraron el dictamen pericial rendido por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi el 11 de septiembre de 2007, que concluyó que sí se presentó una
usurpación ilegal de los predios “La Salvación I” y “La Salvación II”, los que no tenían
la naturaleza de baldíos.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

• Incurrieron en “excesivas ritualidades”, pues “se han realizado múltiples intentos
de que se tutele el derecho real que le asiste a mi poderdante [y] han prevalecido
las formas”, pese a que la Constitución Política consagra, en el artículo 228, la
supremacía del derecho sustancial sobre el formal.

En cuarto lugar, respecto de la condena en costas, puso de presente que esa
sociedad se encontraba en estado de liquidación y que, por ello, no contaba “con el
patrimonio para solventar tales costas, aun cuando conforme al Código General del
Proceso está exenta de pagarlas”.

Para finalizar, a modo de “petición especial”, solicitó que se tuvieran en cuenta en
sede de segunda instancia “todas las pruebas que integran el acervo probatorio del
expediente de referencia”.

6. Trámite de segunda instancia

El 14 de octubre de 2021 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante23. Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto24.

La sociedad Lamadrid & Cía. S en C.S., “en liquidación”, resaltó y profundizó los
argumentos planteados en su recurso de apelación25.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia, que declaró probada su falta de legitimación en la
causa por pasiva26.

La Agencia Nacional de Tierras resaltó que “la parte actora (…) deb[ía] desvirtuar la
legalidad de los actos administrativos, situación que en sede judicial no se pod[ía]
lograr con la reparación directa y el medio idóneo de nulidad y restablecimiento del
derecho se enc[contraba] caducado”27.

La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

23 Índice 3 de Samai.
24 Índice 21 de Samai.
25 Índice 26 de Samai.
26 Índice 27 de Samai.
27 Índice 28 de Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en
virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de marzo de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera –
Subsección B, toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la mayor de las
pretensiones28, supera la exigida por la norma para tal efecto29.

2. Objeto y alcance del recurso de apelación

Como se vio en el acápite de los antecedentes, en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, determinó que:
operó la caducidad del medio de control frente a las pretensiones formuladas en
contra de la Agencia Nacional de Tierras; no se acreditó la legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y no le asistía
responsabilidad a la Rama Judicial por error jurisdiccional.

La demandante expresó su desacuerdo con esas conclusiones; al respecto, aseguró
que no había operado la caducidad de las pretensiones formuladas en contra de la
Agencia Nacional de Tierras; que al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le
asistía legitimación en la causa por pasiva y que sí acreditó el error judicial alegado
en la demanda. También advirtió que se encontraba en estado de liquidación y que,
por ello, no contaba con patrimonio para solventar la condena en costas, aunado a
que “conforme al Código General del Proceso esta[ba] exenta de pagarlas”.

La competencia de la Sala para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que
se encuentra limitada por las referencias conceptuales y argumentativas aducidas
por el apoderado de Lamadrid & Cía. S en C.S., “en liquidación”, en contra de la
decisión adoptada en primera instancia30, las cuales se centran en determinar:

28 Según lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, la cuantía se fija con el valor de la

multa impuesta o de los perjuicios causados; no obstante, si en la demanda se formulan varias
pretensiones, aquella se determina por el valor de la pretensión mayor, sin tener en cuenta lo pedido
por perjuicios inmateriales.
29 De acuerdo con el numeral 6 del artículo 152 del CPACA, antes de la modificación introducida por

el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, los tribunales administrativos conocían de los asuntos de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales,
en primera instancia, cuando la cuantía excediera el equivalente a 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; en ese sentido, como en la demanda la mayor pretensión, individualmente
considerada, correspondió a $4.187’749.035, suma solicitada por concepto de lucro cesante, se
impone concluir que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de

unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

i) Si operó la caducidad de las imputaciones realizadas en contra de la Agencia
Nacional de Tierras.

ii) Si se acreditó la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

iii) Si la Rama Judicial está llamada o no responder por los daños causados a la
sociedad demandante por incurrir en error jurisdiccional.

iv) Si la condena en costas a la sociedad Lamadrid & Cía. S en C.S., “en liquidación”
estaba llamada a prosperar.

3. Primer argumento de apelación: ejercicio oportuno del medio de control de
reparación directa

Para definir este asunto, la Subsección se remitirá a la causa petendi formulada en
la demanda. La sociedad Lamadrid & Cía S en C.S., “en liquidación”, pretendió la
declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por: i) la operación
administrativa consistente en la “usurpación” y “adjudicación irregular” de unos
predios de su propiedad y ii) el error judicial contenido en las sentencias de segunda
instancia y de casación, proferidas por el Tribunal Superior de Barranquilla y la Corte
Suprema de Justicia, respectivamente.

De la lectura de los hechos se extrae que la primera pretensión formulada en la
demanda busca el reconocimiento de los supuestos perjuicios ocasionados por el
extinto Instituto de la Reforma Agraria, con “la operación administrativa consistente
en la usurpación y adjudicación irregular que hizo a diferentes particulares mediante
las Resoluciones No. 000857 del 28 de julio de 1989, No. 000850 del 28 de julio de
1989, No. 001161 del 11 de octubre de 1989, que ocasionaron la afectación a los
predios La Salvación I y La Salvación II de propiedad de LAMADRID & CÍA. EN
C.S. “EN LIQUIDACIÓN”, en la totalidad de sus áreas”, imputación de la que la
actora responsabilizó tanto a la Agencia Nacional de Tierras como al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

De otra parte, la pretensión relacionada con el error judicial se dirigió en contra de
la Rama Judicial, en concreto, del Tribunal Superior de Barranquilla y de la Corte
Suprema de Justicia.

Así fijó el litigio el a quo en la audiencia inicial, oportunidad en la que puso de
presente que debían determinarse dos aspectos: el primero, “si la NACIÓN –
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y EL INCORA HOY

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Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS [eran] responsables por (…) la operación
administrativa consistente en la usurpación y adjudicación irregular a diferentes
particulares (…) que ocasionaron la afectación a los predios La Salvación I y La
Salvación II”, y, el segundo, “si la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL e[ra] administrativamente
responsable (…) por el presunto error jurisdiccional”; lo anterior fue puesto a
consideración de las partes, quienes manifestaron su aceptación.

3.1. Entonces, en lo que concierne a la primera pretensión, consistente en la
“usurpación y adjudicación irregular de unos bienes de propiedad” de Lamadrid &
Cía S en C.S., “en liquidación”, el Tribunal Administrativo advirtió que el medio de
control de reparación directa, que se interpuso el 31 de octubre de 2017, se ejerció
por fuera de los dos años previstos en la ley.

La actora cuestionó esa conclusión bajo el argumento de que debía entenderse que
el daño era “continuado”, si se tenía en cuenta que “el padecimiento de los
perjuicios no ha[bía] cesado en el tiempo” y que aún se encontraban vigentes las
resoluciones números 00857, 000850 y 001161 de 1898, proferidas por el entonces
Instituto de la Reforma Agraria, hoy Agencia Nacional de Tierras, que usurparon los
terrenos de su propiedad que aún no habían podido recuperar. También puso de
presente que esta Corporación había determinado que “el conteo del término de
caducidad emp[ezaba] a correr desde el momento en que el daño ha[bía] cesado”
y que esa posición iba “en consonancia con lo preceptuado por la Corte
Constitucional que (…) acog[ió] la misma tesis en la Sentencia SU-659 de 2015”.

3.1.1. La Sala abordará primero lo atinente a la procedencia o no del medio de
control ejercido, a pesar de que dicho aspecto no fue objeto de estudio en la
sentencia dictada por el Tribunal a quo y que tampoco fue mencionado en el recurso
de apelación interpuesto en su contra. Lo anterior, por cuanto es tarea de los jueces,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CPACA31, indicar la vía
procesal correspondiente aun cuando la actora haya señalado una inadecuada.

De manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
sostenido que el origen del daño es lo que está llamado a determinar el medio de
control procedente para desatar la controversia, circunstancia que, de plano,

31 Artículo 171. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que

le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (…) (se
destaca).

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

excluye que esa elección se encuentre reservada al arbitrio o capricho del
demandante.

Ese planteamiento no se alteró con el régimen normativo contenido en el CPACA,
toda vez que, sin perjuicio de la viabilidad de acumular pretensiones de varios
medios de control siempre que sean conexas entre sí y que puedan tramitarse por
el mismo procedimiento, entre otros requisitos, en todo caso, la pretensión
formulada deberá hallar directa correspondencia con el origen del daño irrogado.

Así, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública, el
medio de control procedente, con apego a lo dispuesto en el artículo 140 del
CPACA, será el de reparación directa.

En contraste, la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, según los dictados del artículo 138 del CPACA, se circunscribe a los
eventos en que “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño”.

Además, se precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CPACA, “el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el
trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal
inadecuada”.

En la audiencia inicial, el Tribunal a quo declaró no probada la excepción de
caducidad propuesta por la Agencia Nacional de Tierras y por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, bajo el argumento de que “en es[e] momento procesal
no se podía determinar restrictivamente la fuente del daño en un sentido u otro”, por
lo que “bajo el análisis realizado con base en las pretensiones y hechos de las
demanda se concluy[ó] que (…) el medio de control de reparación directa e[ra]
procedente”. La Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio Público apelaron esa decisión y, a través de auto del
1° de abril de 2019, el Consejo de Estado la confirmó, con la precisión de que sería

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Referencia: Reparación directa

al momento de proferir el fallo que se determinaría “de manera exacta la caducidad
de esta imputación”32.

Ciertamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el momento en que
resolvió la excepción de caducidad, sostuvo que la reparación directa era en
principio la vía procedente para reclamar los perjuicios alegados y bajo ese contexto
realizó el cómputo de la caducidad, pero con la precisión de que “solo es en la
sentencia donde podrá establecerse con total claridad el origen del daño y sus
eventuales responsables (...) mal haría el despacho en este momento procesal en
determinar restrictivamente la fuente del daño”. Posteriormente, el Consejo de
Estado, al desatar el recurso de apelación contra tal determinación, avaló la decisión
del a quo, pero hizo énfasis en que sería al momento de proferir el fallo, luego de
recaudar todo el material probatorio, que se podría definir la caducidad, pues la
demanda no dio cuenta del momento exacto del conocimiento daño, en lo que se
refiere a la imputación por la supuesta operación administrativa.

En efecto, una vez revisado el expediente en su integridad, la Sala advierte que el
daño alegado no tuvo origen en una operación administrativa y que no era
procedente el medio de control de reparación directa sino el de nulidad y
restablecimiento del derecho, por las razones que pasan a explicarse.

Con el material probatorio aportado al proceso se acreditó que el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria adjudicó los siguientes terrenos baldíos: i) el
conocido como “Bellavista”, ubicado en “La Bahía”, a José Martín Ariza Higgins y
Ubaldo Jiménez Sanjuán, a través de la Resolución número 000857 del 28 de julio
de 1989; ii) el denominado “Calabacillos”, ubicado en “La Bahía”, a Magdaleno de
la Cruz Mendoza, a Desiderio Salcedo Gerónimo y a Antonio Santiago de la Hoz,
por medio de la Resolución número 000850 del 28 de julio de 198933 y iii) el
conocido como “La Esperanza”, ubicado en “La Bahía”, a Buenaventura Molina
Rocha, a través de la Resolución número 001161 del 11 de octubre de 198934.

32 Se transcribe la conclusión a la que llegó, en ese momento, esta Corporación (folios 224 a 232 del

cuaderno principal 2): “En este caso, a pesar de que la demanda no da cuenta de un momento exacto
de conocimiento del daño, se comparte la teoría del a quo, en tanto que será al momento de proferir
el fallo que en derecho corresponda —luego de recaudar todo el material probatorio- cuando se
determine de manera exacta la caducidad de esta imputación, razón por la cual, se confirmará la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la audiencia inicial del 30 de
agosto de 2018”.
33 Folio 44 del cuaderno 3.
34 Folio 45 del cuaderno 3.

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Referencia: Reparación directa

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad Lamadrid interpuso demanda
reivindicatoria en contra del Instituto de la Reforma Agraria, en la que alegó que esa
entidad había adjudicado a unos terceros, a través de los actos administrativos
mencionados, los terrenos denominados “La Salvación I” y “La Salvación II”, pese a
que no formaban parte del predio baldío “La Bahía” y, con fundamento en lo anterior,
solicitó que se declarara que le pertenecía el dominio pleno y absoluto de esos
terrenos, ubicados en la jurisdicción del municipio de Tubará e identificados con los
folios de matrícula inmobiliaria números 040-311-690 y 040-311-691.

El proceso reivindicatorio, como se verá más adelante, no fue favorable a las
pretensiones de la sociedad Lamadrid, por lo que el 31 de octubre de 2017 interpuso
el presente medio de control de reparación directa, a través del cual pretende la
declaratoria de responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural por la supuesta usurpación de esos predios, que -
aseguró- eran de su propiedad.

En el escrito inicial se indicó que el medio de control ejercido era el procedente
porque se presentó una “operación administrativa irregular”, que comenzó con “la
expedición de las resoluciones de adjudicación de baldíos a particulares, siguiendo
por hechos continuados sucesivos como la entrega real de la posesión y tenencia,
los actos sucesivos de reconocimiento, de inventario de los bienes baldíos
adjudicados (…) hasta la decisión de casación del 27 de noviembre de 2015 de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que decidió sobre la acción
reivindicatoria”.

Llama la atención de esta Sala que la parte actora puso de presente en su demanda
que el Instituto de la Reforma Agraria profirió las Resoluciones números 000857 del
28 de julio de 1989, 000850 del 28 de julio de 198935 y 001161 del 11 de octubre de
198936, pese a que “no tenía el poder legal para expedirl[a]s”, en tanto “entreg[ó]
derechos de propiedad y dominio sobre tierras no catalogadas como baldías”.

Bajo esa lógica, lo que alegó la sociedad Lamadrid fue que el Instituto de la Reforma
Agraria no tuvo en cuenta que los terrenos denominados “La Salvación I” y “La
Salvación II” no formaban parte del predio baldío “La Bahía”, aspecto que de
haberse considerado habría conducido a una decisión diferente.

35 Folio 44 del cuaderno 3.
36 Folio 45 del cuaderno 3.

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Referencia: Reparación directa

Tales afirmaciones constituyen un cargo de nulidad frente a las Resoluciones
números 000857, 000850 y 001161 de 1989, concretamente, que fueron expedidas
con falsa motivación37, porque lo que se reprocha es que lo consignado en esos
actos administrativos -que los terrenos adjudicados eran baldíos- fue contrario a la
realidad, pues, según dice la sociedad actora, se trataban de bienes de dominio
privado, que no tenían la calidad de baldíos.

Es así como la Sala deduce, incluso de la misma argumentación de la demanda,
que el origen del daño por cuya indemnización se demandó se concretó con las
resoluciones números 000857, 000850 y 001161 de 1989, en la medida en que fue
a través de estos actos administrativos que se presentó la “usurpación ilegal” de los
predios denominados “La Salvación I” y “La Salvación II”.

Visto lo anterior, la Sala advierte que, aunque la demanda se formuló como
reparación directa, este no resultaba ser el mecanismo procesal idóneo para ventilar
la reclamación sometida al conocimiento de esta jurisdicción, porque los
argumentos a partir de los cuales se pretende erigir la responsabilidad del Estado
devienen del cuestionamiento de que el Instituto de la Reforma Agraria expidió los
actos administrativos mencionados con falsa motivación, los que originaron los
perjuicios aquí reclamados y debieron ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y dentro del término de caducidad pertinente.

3.1.2. La Sala procederá, a continuación, a indagar si el medio de control que
procedía –nulidad y restablecimiento del derecho- fue interpuesto dentro de la
oportunidad legal prevista o si, por el contrario, se interpuso fuera del término legal.

En atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 201238, en este caso la caducidad se computará

37 Sobre la causal de nulidad de falsa motivación, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha

señalado lo siguiente: “La falsa motivación de un acto administrativo es el vicio que afecta el
elemento causal del acto, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el
ordenamiento jurídico para provocarlo. Se genera cuando las razones expuestas por la
Administración, para tomar la decisión, son contrarias a la realidad. Así, la jurisprudencia ha
sostenido que la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública,
ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por
razones engañosas o simuladas, iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho
un alcance que no tienen y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión”.
Al respecto, ver: Consejo de Estado. Sentencia 12 de febrero de 2014, exp. 63001-23-31-000-2000-
01156-01(27776)
38 “Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

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con las normas del CCA y no con las del CPACA, porque dicho plazo empezó a
correr en vigencia del artículo 136 del CCA.

El artículo 136 del CCA39 disponía que las acciones de nulidad y establecimiento
del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos, proferidos por el Instituto
de la Reforma Agraria, caducaban en dos años contados desde la publicación,
cuando ésta fuera necesaria, o desde su ejecutoria en los demás casos. A su turno,
el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, modificó el texto del artículo 136 del CCA, en
el sentido de agregar que “para los terceros, el término de caducidad se contar[ía]
a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de
Instrumentos Públicos”.

Como se desconoce la fecha exacta en que fueron inscritos los respectivos actos
en la Oficina de Instrumentos Públicos, la Sala considera pertinente contar la
caducidad desde la fecha en que la sociedad Lamadrid promovió acción
reivindicatoria en contra del Instituto de la Reforma Agraria -que se tramitó con el
radicado número 2001-00247-, pues en fue en ese proceso que hizo expresa
referencia a las resoluciones números 000857, 000850 y 001161 de 1989 y a su
contenido y, además, en aquel se solicitó “que se condenara a la demandada a
restituir en forma material o ficta los inmuebles y a pagar los frutos naturales y civiles
(…) causados desde el 28 de julio de 1989, fecha en la que inició la posesión
hasta el momento en que se realizara el pago”40. Vale la pena resaltar que la primera
de las resoluciones del Instituto de la Reforma Agraria, la número 000857, fue
expedida precisamente ese día, el 28 de julio de 1989.

‘Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones (…)”.
39 A continuación, el texto original del Decreto 1 de 1984 establecía: ARTÍCULO 136. CADUCIDAD

DE LAS ACCIONES (…) Las de nulidad y las de restablecimiento del derecho contra los actos de
adjudicación de baldíos, proferidos por el Incora, caducarán en dos (2) años contados desde la
publicación cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria en los demás casos.
40 Además, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla transcribió los hechos de la demanda,

así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Décimo sexto: la ocupación del predio objeto de la reivindicación proviene desde el mes de julio de
1989, sufriendo desde esa fecha mi agenciada la ocupación física del terreno y los perjuicios
sobrevinientes, destruyéndose de hecho la unidad material del mismo y reputándose el Incora la
calidad de dueño públicamente sin serlo, ya que no solo ocupó arbitrariamente el terreno a través de
terceros, sino que lo entregó en adjudicación para ser explotado por particulares, en cumplimiento
de procesos programas de interés social, como es la dotación de tierras a campesinos pobres.
Décimo séptimo: el proceder ilegal, arbitrario y de mala fe de la entidad demandada, causó grandes
perjuicios a mi representada, puesto que con las adjudicaciones efectuadas interrumpió la
explotación de los predios, debidamente identificados en esta demanda (…).

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Entonces, es claro que para la fecha en que la sociedad demandante presentó la
demanda reivindicatoria ya tenía pleno conocimiento de que se habían proferido
actos administrativos a través de los cuales se habían adjudicado los terrenos que
pretendía reivindicar. Pese a que no obra prueba de la fecha de radicación de la
demanda, se logró establecer, con las sentencias proferidas en primera y segunda
instancia en el proceso 2001-00247, que fue admitida el 16 de julio de 2001 por el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla.

Así las cosas, incluso si se cuenta el término de dos años desde el 17 de julio de
2001 tendría que decirse que el mismo venció el 17 de julio de 2003. Por tanto, al
haberse presentado la demanda el 31 de octubre de 201741, se concluye que para
este entonces ya había operado la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos. La anterior
conclusión no se altera por el hecho de que el 15 de agosto de 2017 hubiera
presentado solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 11 Judicial II
para Asuntos Administrativos de Bogotá, toda vez que para ese entonces ya había
vencido, con creces, el término de caducidad42.

En este punto de la providencia resulta pertinente advertir que, aunque la parte
actora en su apelación alegó que en este caso se presenta un daño continuado y
que por tal razón la caducidad no ha operado, en el sub lite, como ya se explicó, el
daño se concretó con las Resoluciones números 00857, 000850 y 001161 de 1898,
proferidas por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

No sobra aclarar que el apelante hizo mención de la sentencia SU-659 de 2015,
proferida por la Corte Constitucional, pese a que la situación fáctica y los problemas
jurídicos resueltos en esa decisión judicial difieren completamente de los planteados
en este caso43, por lo que no puede considerarse como un precedente judicial
aplicable a esta decisión.

Antes de finalizar este estudio se recuerda que, en primera instancia, después del
análisis de la caducidad, el Tribunal Administrativo determinó que al Ministerio de

41 Folio 62 del cuaderno principal.
42 Folios 180 a 182 del cuaderno principal.
43 En esa decisión judicial, los hechos estudiados giraron en torno al caso de una menor de edad
que fue abusada sexualmente y hallada muerta en las instalaciones de una estación de policía de
Bogotá; en el proceso de reparación directa se declaró probada la excepción de caducidad de la
acción respecto de algunos de sus familiares y la Corte Constitucional consideró que se configuró
un defecto sustantivo “por no haber aplicado un enfoque constitucional fundado en la salvaguardia
de los derechos fundamentales, relacionados con la especial protección que debe brindarse a la
familia y las menores de edad”.

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Referencia: Reparación directa

Agricultura y Desarrollo Rural no le asistía legitimación en la causa por pasiva y que
esa conclusión fue atacada por la sociedad demandante en su recurso de
apelación; sin embargo, la imputación que se efectuó en contra del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural fue la consistente en la “adjudicación irregular” de los
predios “La Salvación I” y “La Salvación II”, respecto de la que, como ya se explicó,
operó la caducidad.

Por lo expuesto, la Sala se releva de evaluar si el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural estaba o no legitimado en la causa por pasiva. Es así como debe
modificarse, en este punto, la sentencia de primera instancia para, en su lugar,
declarar que respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho -que resultaba ser procedente- operó la caducidad en lo que concierne a la
imputación formulada no solo en contra de la Agencia Nacional de Tierras sino también
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3.2. En lo que corresponde a la imputación realizada en contra de la Rama Judicial,
esta Sección ha indicado que cuando se discute la responsabilidad del Estado por
error jurisdiccional, el término de caducidad inicia su conteo a partir del día siguiente
de aquel en que quedó en firme la providencia que supuestamente lo contiene44,
salvo que el daño se produzca o se manifieste con posterioridad a la referida
providencia judicial, evento en el cual el plazo de dos años no podría contarse a
partir de la ejecutoria de la decisión judicial acusada de ser la fuente del daño, sino
desde que el afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta,
dependiendo de las circunstancias del caso concreto45.

En este punto de la providencia, de cara al caso concreto, resulta necesario precisar
cuándo queda ejecutoriada una sentencia dictada en segunda instancia dentro de
un proceso civil que inició en el año 2001, frente a la cual se interpuso el recurso
extraordinario de casación.

44 En ese mismo sentido, esta Corporación ha señalado que: “Se sigue entonces que, en principio,

el término de caducidad empieza a contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la
providencia que agote la instancia, entiéndase también el recurso de casación, en tanto que su
interposición, -como ya lo ha dicho la Sala-, aun cuando su concesión no lo sea en el efecto
suspensivo excepto en los casos previstos en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, evita
la ejecutoria de la sentencia recurrida hasta tanto se encuentre en firme la inadmisión del recurso o
se entienda ejecutoriada la sentencia de casación (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 31.510, M.P. Hernán
Andrade Rincón (E).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 59096.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Sobre la ejecutoria de las providencias el artículo 331 del Código de Procedimiento
Civil –norma aplicable al presente caso- dispone lo siguiente:

Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en
caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su
firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva (se destaca).

De la disposición citada se desprende que las providencias cobran ejecutoria tres
días después de su notificación, siempre y cuando no se hayan presentado “los
recursos que fueren procedentes”, en cuyo caso, cobrarán ejecutoria cuando
adquieran firmeza las decisiones que resuelvan los mismos.

En cuanto al alcance de la disposición en cita y la ejecutoria de las sentencias
cuestionadas en sede del recurso extraordinario de casación, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de indicar que 46:

[C]uando se trata de la ejecutoria de providencias de segundo grado, es claro
que de no proceder más recursos, su ejecutoria se predica una vez ejecutoriado
el proveído y finiquitado el término previsto en la norma, que puede ser usado,
valga recordarlo, para solicitar la corrección, la aclaración o la complementación
del veredicto, caso en el cual aplica una vez emitida la decisión correspondiente.

En todo caso, no sobra mencionar que el evento de la procedencia de una
impugnación, no propuesta o ya resuelta, hace referencia a los recursos
ordinarios incluso también a la casación; pues, si bien, los recursos
extraordinarios teóricamente proceden contra sentencias ejecutoriadas,
como regla general, el recurso de casación, de proceder, normativamente
no se circunscribe al ataque de sentencias ejecutoriadas, cual brota de
consultar el derogado artículo 366 del Código de Procedimiento Civil e
igualmente el 334 del Código General del Proceso. De ese modo, la ejecutoria
se presentaría cuando no procede la casación o cuando, de proceder, no
se interpone o se resuelve (se destaca).

A partir de lo expuesto, no hay duda de que para la Corte Suprema de Justicia el
recurso extraordinario de casación incide en la ejecutoria del fallo acusado, en tanto
“tiene la virtualidad de prolongar el término de ejecutoria de las providencias
judiciales”47.

46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 17 de julio de 2018, radicado: 2016-

01535-00, M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. En la misma línea, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, auto del 30 de agosto de 2007, radicado: 2006-01218-00, M.P. César Julio
Valencia Copete.
47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 30 de agosto de 2007, radicado: 2006-

01218-00, M.P. César Julio Valencia Copete.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Lo anterior sin perjuicio de que, según el artículo 371 del Código de Procedimiento
Civil, la concesión este recurso “no imp[ide] que la sentencia se cumpla, salvo (…)
cuando verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate
de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas
partes”. La redacción de la norma permite concluir que el recurso extraordinario de
casación se concede en el efecto devolutivo, en la medida en que no suspende el
cumplimiento de la providencia -al respecto, ver el numeral 2 del artículo 354 del
Código de Procedimiento Civil, que aunque verse sobre el recurso de apelación,
resulta ilustrativo en este asunto48-.

En lo que a este punto concierne, esta Subsección también se ha pronunciado en
el sentido de que, cuando se discute la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional de una providencia cuestionada en sede de casación, el término de
caducidad empieza a contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la
providencia que agote la instancia, dentro de la cual se entiende incluido el recurso
de casación, “en tanto que su interposición, aún cuando su concesión no lo sea en
el efecto suspensivo excepto en los casos previstos en el artículo 371 del Código
de Procedimiento Civil, evita la ejecutoria de la sentencia recurrida hasta tanto se
encuentre en firme la inadmisión del recurso o se entienda ejecutoriada la sentencia
de casación”49.

Lo expuesto está en línea con los planteamientos realizados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-252 de 2001, cuando se pronunció sobre la
constitucionalidad del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, contenido en
la Ley 600 de 2000, que establecía que en materia penal “el recurso de casación
procedía contra sentencias ejecutoriadas”. Esto fue lo que, en cuanto al contexto
del recurso extraordinario, manifestó la alta corte:

El recurso de casación tanto en materia civil como laboral además de continuar
siendo un recurso extraordinario, se interpone contra sentencias que aún no
han adquirido firmeza. En cambio, en materia penal, con la reforma introducida
por la ley acusada, primero se ejecuta la sentencia y luego se discute su legalidad
(se destaca).

48 Artículo 354. Podrá concederse la apelación:

(…).
2. En el efecto devolutivo. En este caso, no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada,
ni el curso del proceso.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 31.510, C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Los argumentos precedentes resultan suficientes para señalar que el recurso
extraordinario de casación incide de manera directa en la firmeza de la providencia
judicial que es materia de dicho recurso, la cual se adquiere una vez que queda
resuelto y en firme el pronunciamiento sobre la demanda de casación. Lo anterior
se dice sin perjuicio de que la interposición de dicho recurso no suspende, como
regla general, el cumplimiento del fallo de segunda instancia, criterio que comparte
la doctrina, así50:

Variando radicalmente su criterio en este punto, el actual Código [el de
Procedimiento Civil] le quitó a la casación el efecto suspensivo que tenía en la
anterior legislación y estableció en el artículo 371 la regla contraria, o sea que, la
admisión del recurso de casación, así impida la ejecutoria, no suspende el
cumplimiento del fallo de segunda instancia; en buena hora se realizó tal
modificación debido a la poca cantidad de sentencias que casaban los fallos
recurridos, por lo que se estimó como más prudente invertir la regla general
existente y permitir la ejecución de las sentencias recurridas.

En este caso se encuentra que en contra de la sentencia del 16 de noviembre de
2012, proferida por la Sala Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla, se interpuso recurso extraordinario de casación, que fue resuelto el 27
de noviembre de 2015 y de manera desfavorable por la Corte Suprema de Justicia.

Aunque no se cuenta con la fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de
casación, lo cierto es que tomando como referencia el día en que se profirió -el 27
de noviembre de 2015- se llegaría a la conclusión de que la demanda de reparación
directa se presentó cuando no había operado la caducidad, en tanto se interpuso el
31 de octubre de 2017,

Bajo la lógica anterior, la Subsección entiende que, al menos en lo que corresponde
al error judicial, el medio de control de reparación directa se ejerció en la oportunidad
prevista para ello.

4. Análisis probatorio

La sociedad demandante solicitó en su recurso de apelación, a modo de “petición
especial”, que se tuvieran en cuenta en sede de segunda instancia “todas las
pruebas que integran el acervo probatorio del expediente de referencia”.

50 López Blanco Hernán Fabio, “Procedimiento Civil, T. I”, 10ª edición, Editorial Dupré, 2009,

página 820.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Por lo anterior, la Sala realizará un análisis probatorio detallado que permita
reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos objeto de la
presente demanda. Así, del extenso material probatorio allegado en debida forma a
este proceso, se destaca lo siguiente:

4.1. En relación con el predio denominado "Bajo de Bula"

• El 16 de septiembre de 1966, Virginia Bula Escorcia transfirió “a título de venta
pura y simple” la propiedad de “una finca rural situada en jurisdicción del municipio
de Tubará, en el lugar denominado ‘Bajo de Bula’ que es también conocida con el
mismo nombre” a Adelaida del Charo Celin, según la escritura pública número 1980
de la Notaría 3° del Círculo de Barranquilla51.

• Con posterioridad, el 28 de noviembre de 1978, Hugo José Lamadrid Camargo le
compró a Adelaida del Charo Celin el referido predio, según consta en la escritura
pública número 3132 de la Notaría 5 del Círculo de Barranquilla52. El 24 de enero
de 1979, Hugo José Lamadrid Camargo vendió ese bien inmueble a Pedro Urbano
Socarrás, mediante escritura pública número 69 de la Notaría 1ª del Círculo de
Barranquilla53, aclarada por la escritura pública número 2085 del 05 de septiembre
de 198554.

• El 12 de febrero de 1996, Pedro Urbano Socarrás Rivera transfirió “a título de venta
pura y simple” en favor de la sociedad Lamadrid y Cía. Ltda. “el derecho de dominio
y la posesión que t[enía] y ejerc[ía]” sobre el inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 040-0065840, según consta en la escritura pública número 184,
otorgada en la Notaría Única de Malambo55.

• El 16 de enero de 1998, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo
de Barranquilla, mediante la Resolución número 002, realizó “la corrección de un
folio de matrícula inmobiliaria”56; en concreto, ordenó la inserción de falsa tradición
en la anotación número 9 del folio de matrícula inmobiliaria número 040-65840; esto
fue lo que se consignó (transcripción literal):

Que la falsa tradición es la inscripción que se hace a favor de una persona a
quien otra, que carece de dominio sobre el bien, le ha hecho acto- de
transferencia. Son tres actos que conllevan la falsa tradición: a) enajenación de

51 Folio 16 del cuaderno número 3.
52 Folios 22 a 26 del cuaderno número 3.
53 Folios 27 a 29 del cuaderno número 3.
54 Folios 31 y 32 del cuaderno número 3.
55 Folio 48 del cuaderno número 3.
56 Folios 48 y 49 del cuaderno 3.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

cosa ajena b) transferencia de derecho sin antecedente propio, y c) posesión
inscrita.
(…).
El 16 de enero de 1998, la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del
Circulo de Barranquilla expidió resolución 002 donde resolvió inscribir la compra
de la sociedad, como falsa tradición porque existía un error en la anotación 009
del 30 de enero de 1979.
(…).
Que con fundamento en la solicitud de registro radicada al turno 97-52570
contentiva de división del predio rural con matrícula inmobiliaria 040-65840
escritura No. 2626 de diciembre 30 de 1996 notaria 4a de Barranquilla sea
establecido que el inmueble ubicado en Tubará constante de 30 hectáreas inicia
su tradición con declaraciones de posesión en 1923 que hace Pablo González
Duque mediante escritura 173/23 Notaria 2da de Barranquilla y la denominación
de falsa tradición, solo se insertó en las anotaciones 01 a la 08, omitiéndose su
inserción en anotación 09 contentiva de compraventa que hace Hugo José
Lamadrid Camargo a favor de Pedro Socarras Rivera mediante escritura # 69
de 24 de enero/79 notaria 1ª de Barranquilla.

• Ese mismo día -el 16 de enero de 1998- la sociedad Lamadrid y Cía S en C.S.
solicitó ante la alcaldía municipal de Tubará la adjudicación administrativa del lote
denominado "Bajo de Bula".

• Mediante la Resolución número 007 de 28 de enero de 199857, el alcalde del
municipio de Tubará adjudicó a la sociedad Lamadrid y Cía S en C.S. un lote
localizado en el sector rural “Bajo de Bula”. En ese acto administrativo se indicó que,
a través de la Resolución número 001 de 22 de agosto de 1992, el Concejo
Municipal de Tubará facultó al alcalde de ese municipio “para adjudicar lotes de
terrenos en los sectores urbanos, rural y turístico”, teniendo en cuenta que “muchas
personas [eran] poseedoras de predios, y que carec[ían] de títulos de escrituras
públicas, que los acredita[ran] como dueños o propietarios inscritos”.

• El 5 de febrero de 1998, por medio de la escritura pública número 284, la Notaría
Décima del Círculo de Barranquilla protocolizó el acto administrativo que dispuso la
adjudicación -Resolución número 001 de 22 de agosto de 1992-58.

• El 11 de febrero de 1998, el representante legal de sociedad Lamadrid y Cía S en
C.S. solicitó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla “el
registro, de conformidad con lo expresado en el artículo 52 del Decreto 1250 de
1970”, para lo cual indicó que “el título” era “la escritura pública número 284 del 5
de febrero de 1998, otorgada por la Notaria Décima del Círculo de Barranquilla”59.

4.2. En relación con las resoluciones que expidió el Instituto de la Reforma
Agraria
57 Folio 53 del cuaderno 3.
58 Folios 54 a 56 del cuaderno 3.
59 Folio 58 del cuaderno 3.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

• El 3 de junio de 1987, a través de la Resolución número 2689, el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria declaró que “no han salido del patrimonio del
Estado y por tanto, conservan la condición de baldíos, los terrenos que conforman
el predio rural denominado ‘LA BAHÍA’, ubicado en jurisdicción del municipio de
TUBARA, departamento del atlántico, con una extensión total aproximada de ciento
treinta y cinco (135) hectáreas”60.

• El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adjudicó los siguientes terrenos
baldíos: i) el conocido como “Bellavista”, ubicado en “La Bahía”, a José Martín Ariza
Higgins y a Ubaldo Jiménez Sanjuán, a través de la Resolución número 000857 del
28 de julio de 1989, ii) el denominado “Calabacillos”, ubicado en “La Bahía”, a
Magdaleno de la Cruz Mendoza, Desiderio Salcedo Gerónimo y Antonio Santiago
de la Hoz, por medio de la Resolución número 000850 del 28 de julio de 198961 y
iii) el conocido como “La Esperanza”, ubicado en “La Bahía”, a Buenaventura Molina
Rocha, a través de la Resolución número 001161 del 11 de octubre de 198962.

4.3. En relación con la acción reivindicatoria que se tramitó con el radicado
número 2001-00247

• La sociedad Lamadrid y Cía. S en C.S. interpuso, a través de apoderada judicial,
demanda reivindicatoria contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, con
el propósito de que se declarara que le pertenecía el dominio pleno y absoluto de
los inmuebles “La Salvación I” y “La Salvación II”, segregados del predio "Bajo de
Bula", ubicados en la jurisdicción del municipio de Tubará – Atlántico e identificados
con los folios de matrícula inmobiliaria números 040-311-690 y 040-311-691,
respectivamente. Esa demanda fue tramitada con el radicado número 2001-00247
y admitida, el 16 de julio de 2001, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Barranquilla63.

• El 11 de septiembre de 2007, en el transcurso de la primera instancia, se practicó
un “informe pericial de avalúo comercial suburbano de los predios La Salvación I
(…) y La Salvación II”, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el
que se llegó a la conclusión de que: “la usurpación por parte del Incora y la
adjudicación que esta hizo a las diferentes personas anteriormente relacionadas,
afectó al predio en la totalidad de sus áreas, es decir, 14,0102 has en el predio La

60 Folios 35 a 41 del cuaderno 3.
61 Folio 44 del cuaderno 3.
62 Folio 45 del cuaderno 3.
63 Folio 104 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Salvación I y 3,7800 has en el predio La Salvación II”64. Este informe fue objeto de
complementación, porque había “quedado pendiente el avalúo de los inmuebles y
los frutos civiles desde la ocupación hasta el 31 de diciembre de 2007”65.

• El 18 de diciembre de 2007, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla: i)
declaró que la sociedad Lamadrid & Cía. Ltda. tenía vigente “su legítimo derecho de
dominio inscrito sobre los predios denominados La Salvación I y La Salvación II,
ubicados en el municipio de Tubará, departamento del Atlántico”; ii) condenó al
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en liquidación a pagar en favor de la
sociedad la suma de $4.187’749.035,00, correspondiente al valor de los predios
materia de la acción reivindicatoria y, por último, iii) ordenó que los títulos de
dominio de los inmuebles materia del litigio quedaran en cabeza del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria66.

• El 16 de noviembre de 2012, la Sala Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla revocó la decisión anterior y negó las pretensiones de la demanda,
después de concluir que la sociedad Lamadrid no era la propietaria de los inmuebles
que pretendía reivindicar “porque no demostró la existencia de título y modo”67.

• Inconforme con la decisión de segunda instancia, la sociedad demandante
presentó recurso extraordinario de casación y planteó cinco cargos en contra de la

64 Folios 61 a 84 del cuaderno 3.
65 Folios 85 a 87 del cuaderno 3.
66 A continuación, se transcribe la parte resolutiva de la decisión proferida el 18 de diciembre de

2007, visible a folios 90 a 17 del cuaderno 3 (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
1. DECLARAR infundadas las excepciones propuestas por INCORA - en liquidación
2. DECLARAR que la sociedad LAMADRID & CIA. Ltda. tiene vigente su legítimo derecho de dominio
inscrito sobre los predios denominados la Salvación I y La Salvación II, ubicados en el municipio de
Tubará, departamento del Atlántico y que se identifican conforme a ubicación, linderos y medidas
que se consignan en el hecho primero de la demanda que origina esta providencia.
3. DECLARAR prospera como aparece, la acción reivindicatoria ficta o presunta, ACCÉDESE a ella
de conformidad con lo expresado en la motivación de este fallo.
4. En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA –
INCORA EN LIQUIDACIÓN a pagar a la sociedad LAMADRID & CÍA LTDA. el justiprecio del lote LA
SALVACIÓN I, en cuantía de tres mil veinticinco millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos
noventa y dos pesas ($3.025’42.792,00) M.L.
5. Igualmente CONDENAR al INCORA EN LIQUIDACIÓN a pagar a LAMADRID & CÍA. LTDA. el
justiprecio del lote La Salvación II, en cuantía de ochocientos dieciséis millones trescientos veintiocho
mil ochocientos pesos ($816'328.800.00) M.L., para un total de tres mil ochocientos cuarenta y un
millones novecientos setenta y un mil quinientos noventa y dos pesos ($3'841.971.592.00) M.L.
6. CONDENAR al INCORA a pagar a LAMADRID & CÍA. LTDA. por concepto de frutos civiles la
suma de cuatro mil ciento ochenta y siete millones setecientos cuarenta mil treinta y cinco pesos
($4.187'749.035.00) M.L.
7. Costas a cargo de la parte demandada.
8. Como consecuencia de lo dicho, ORDENASE que los títulos de dominio que posee la accionante
sobre los inmuebles materia del litigio, quede en cabeza del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria -Incora- en liquidación, para cuyo efecto se ordena inscribir esta sentencia en el registro
público competente.
67 Folios 108 a 134 del cuaderno 5.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

sentencia proferida por la Sala Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla.

• Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2015, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Barranquilla68.

• Adicional a las pruebas relacionadas de manera precedente, la parte actora aportó
el certificado de tradición y libertad “del lugar denominado bajo de bula”, identificado
con la matrícula inmobiliaria número 040-65840, documento que data del 2 de
marzo de 2001 y que advierte lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores)69:

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES
MATRICULAS:

>311688 LOTE LA SUERTE
>311689 LOTE EL ENCUENTRO
>311690 LOTE LA SALVACIÓN I
>311691 LOTE LA SALVACIÓN II
>311692 LOTE ESTRELLA DEL CARMEN

• También se aportaron los certificados de tradición y libertad correspondientes a
los predios “La Salvación I” y “La Salvación II”, identificados con las matrículas
inmobiliarias números 040-311690 y 040-311691, ambos documentos expedidos el
7 de diciembre de 201670.

5. Caso concreto

5.1. Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración
de la Sala, se precisa que el error jurisdiccional es uno de los supuestos por los
cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos causados por acción o
la omisión de sus agentes judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Además, esta Corporación ha
señalado que para su configuración se requiere que: i) se trate de una providencia
proferida por una autoridad investida de la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la
misma71; ii) contra la providencia atacada se hubieren interpuesto los recursos de

68 Folios 135 a 161 del cuaderno 3.
69 Folios 169 a 171 del cuaderno 3.
70
Folios 165 a 168 del cuaderno 3.
71 Ley 270 de 1996, artículo 66: “Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley” (se destaca).

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
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Referencia: Reparación directa

ley y aquella se encuentre en firme72; iii) resulte contraria a la realidad procesal
(error fáctico) o al ordenamiento jurídico (error de derecho), sin que ello signifique
que la contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o arbitraria y iv) que el error
en ella contenido incida en la decisión judicial y cause un daño personal, cierto y
antijurídico73.

Entonces, para que una providencia judicial dictada por una autoridad investida de
la facultad jurisdiccional y, en ejercicio de tal, se entienda incursa en un error
jurisdiccional, se requiere que resulte “contraria a la ley”74, bien sea por una omisión
de decreto o práctica de pruebas o una defectuosa apreciación probatoria -error de
hecho- o por la infracción directa, la interpretación errónea o la aplicación indebida
de la ley -error de derecho-; circunstancias capaces de influir en el sentido de la
determinación final.

En ese sentido, se ha precisado que, como el régimen de responsabilidad aplicable
a estos eventos es subjetivo, por cuanto el factor de atribución “corresponde a una
causa expresamente prevista por el legislador como contraria a la ley”75, la parte
interesada tiene que cumplir con una carga mínima argumentativa que le permita al
juez de lo contencioso administrativo establecer con claridad y precisión cuál o
cuáles son los yerros -de hecho o de derecho- que contiene la providencia acusada,
o que al menos el juez de instancia pueda interpretarlos, a partir de una valoración
integral de la demanda.

Así, cuando se trate de un error de derecho, se deberá establecer, por lo menos,
“un señalamiento de las normas que se consideran como transgredidas y una
explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas”. Por su parte, en el
error de hecho deberá indicarse “cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó

72 Ley 270 de 1996, artículo 67: “El error jurisdiccional se sujeta a los siguientes presupuestos: 1. el

afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,
excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de
una providencia judicial; 2. la providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de

agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
74 Ley 270 de 1996, artículo 66: “Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad

jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley”.
A su vez, esta Subsección ha señalado lo siguiente:
Para la Subsección, la violación y/o contrariedad con la ley debe ser entendida en sentido amplio,
esto es, la ley en forma material. Esto, por antonomasia, incluye la vulneración de normas
constitucionales. De esta forma, el régimen subjetivo de responsabilidad, en estos casos, guardaría
consonancia con la constitucionalización del derecho de daños, dado que amplió el análisis de la
responsabilidad del Estado a un plano que va más allá del entendimiento formal de la ley.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 43042. C.P. María Adriana Marín.
75 Ibidem.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley”. Sobre el
particular, esta Subsección se refirió en los siguientes términos:

En efecto, la fundamentación de las causales para cimentar el error judicial,
exige demostrar los yerros cometidos por el juzgador en la providencia de la
que se alega deviene el daño antijurídico, el cual pudo haber comprometido la
legalidad de la decisión cuestionada, tanto en la aplicación de las normas de
derecho sustancial (in judicando), como las relativas al derecho procesal (in
procedendo) y que, de todos modos, podrían haber mutado la decisión que
tomó.

Por lo dicho, en el título de imputación por error jurisdiccional, el interesado
deberá cumplir con la identificación del objeto del mismo, así como establecer
un concepto de violación. Con este fin, le incumbirá cumplir con las cargas de
claridad, precisión y debida argumentación para demostrar que existe una
imputación de tipo jurídico a la demandada:

a) La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer
comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error
judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté determinado o sea
determinable.

b) La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la
decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento nodal de la decisión que
se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la
providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado, entonces, un
daño antijurídico.

c) La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en
las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la
claridad y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional.

Para la Sala es indispensable que la crítica de la providencia aparentemente
contentiva del error judicial guarde adecuada consonancia con lo esencial de la
motivación que se pretende descalificar. Vale decir, que se refiera directamente
a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre
la cual se asienta la decisión. De ahí que si el blanco de ataque se hace bajo
los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el demandante y no a los
que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se
configura una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la demandada,
lo que confluiría en un fallo denegatorio de pretensiones76 (se resalta).

El interesado en que se declare la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
debe tener en cuenta que unas son las competencias ejercidas por las autoridades
judiciales de instancia y otras las de la Corte Suprema de Justicia cuando se
pronuncia como tribunal de casación. Es así que, mientras “los jueces de primera y
segunda instancia examinan la conducta de los particulares frente al derecho
vigente”, en el recurso extraordinario de casación “varía el objeto del control, pues

76Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 43042. C.P. María Adriana Marín; reiterada por la
misma Subsección, entre otras, en: sentencias del 12 de diciembre de 2019, exps. 45602A y 45443.
C.P. María Adriana Marín y sentencias del 30 de julio de 2021, exps. 52026 y 50974 C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

el Tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso
fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no
a lo ordenado por la ley”77.

El recurso de casación, como medio extraordinario de impugnación, no activa una
nueva instancia judicial y tiene como función proteger la coherencia del
ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo. Así lo ha dicho la Corte
Constitucional78:

[L]a casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional
expreso, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede
confundírsela con una tercera instancia. Por ende, es razonable concluir que en
materia de casación “la regla general es la improcedencia del recurso; la
excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”79. Esto explica
entonces que la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean
contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer requisitos más
severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin
que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la
justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los conflictos y solucionar los
problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé
el trámite de las instancias.

En ese contexto, para que prospere la acusación en torno al error jurisdiccional
cometido por la Corte Suprema de Justicia, cuando profiere una decisión de
casación, es imperativo que la parte actora identifique y demuestre el yerro de hecho
y/o de derecho cometido por esta autoridad, dentro del marco fundamental de su
competencia, teniendo en cuenta que como tribunal de casación se pronuncia
únicamente sobre los aspectos singularmente acusados por el casacionista, quien
debe encuadrarlos en una o varias de las causales consagradas de forma taxativa
en la ley.

Como causales de casación, el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil
consignó las siguientes: i) la violación directa de una norma jurídica sustancial; ii) la
violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho o
error de hecho manifiesto y trascendente; iii) la falta de consonancia de los hechos,
con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el
demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio; iv) las declaraciones o

77 Así lo explicó la Corte Constitucional, en la sentencia C-252 de 2011, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
78 Corte Constitucional, sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
79Original de la cita: “Sentencia C-058 de 19996. MP Jorge Arango Mejía, criterio reiterado por la
sentencia C-684 de 1996”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

disposiciones contradictorias en la parte resolutiva; v) las decisiones que hagan más
gravosa la situación del apelante único y vi) haberse dictado sentencia en un juicio
viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que
tales vicios hubieren sido saneados.

Por su parte, el Código General del Proceso, en su artículo 336, estableció las
mismas causales, excepto la relacionada con las “declaraciones o disposiciones
contradictorias en la parte resolutiva”, y dispuso en su inciso final que “la Corte no
pod[ía] tener en cuenta casales de casación distintas a las expresamente alegadas
por el demandante”, pero que sí se encontraba autorizada para casar la sentencia,
aún de oficio, en aquellos casos en los cuales fuera “ostensible que la misma
compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los
derechos y garantías constitucionales”80.

Lo hasta aquí dicho implica que, cuando se trate de decisiones de casación, el
estándar para identificar el error -de hecho o de derecho- es aún más riguroso, en
la medida en que el juez de la reparación debe verificar no solo que la providencia
de casación censurada contenga un yerro que haya producido un daño a quien lo
alega, sino que debe tener en cuenta, además, que la competencia de la Corte
Suprema de Justicia estuvo circunscrita a una o varias causales de casación y “a
los contenidos valorativos que caracterizan e identifican cada causal en sus
singulares motivos y sentidos de violación”81.

5.2. En el caso concreto se sintetizan los motivos por los cuales la parte actora
consideró que las decisiones proferidas el 16 de noviembre de 2012 y el 27 de
noviembre de 2015, por la Sala Cuarta Civil – Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, incurrieron en un error
jurisdiccional:

i) Sentencia del 16 de noviembre Indicó que no valoró pruebas aportadas al proceso, lo
de 2012, proferida por la Sala que lo llevó a considerar erradamente que los predios
Cuarta del Tribunal Superior de “La Salvación I” y “La Salvación II” eran baldíos. En
Barranquilla. concreto, hizo referencia a las siguientes pruebas:

i) El dictamen pericial elaborado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi el 11 septiembre de 2007,

80 Artículo 336. (…).

La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente
alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea
ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra
los derechos y garantías constitucionales.
81 Pabón Gómez, Germán, “De la casación y la revisión en el Estado Constitucional, Social y

Democrático de Derecho”, página 124.

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Referencia: Reparación directa

que determinó que “la usurpación por parte del Incora y
la adjudicación que esta hizo a las diferentes personas
(…) afectó el predio [de la sociedad demandante] en la
totalidad de sus áreas".

ii) La Resolución número 02689 del 3 de junio de 1987,
a través de la cual se delimitó el área de un predio baldío
denominado "La Bahía" y no del denominado "Bajo de
Bula".

iii) La Resolución número 007 de 28 de enero de 1998,
que le adjudicó el predio "Bajo de bula" a la sociedad
demandante, que se protocolizó mediante la escritura
pública número 284 de la Notaría Décima del Círculo de
Barranquilla, que fue inscrita en la oficina de registro de
instrumentos públicos el 6 de febrero de 1998 en el folio
de matrícula inmobiliaria número 040-65840.

-Aseguró que el Tribunal Superior de Barranquilla
desconoció el “Título III” del Código Civil cuando afirmó
que la entidad demandada no tenía “la postura de
poseedor”. Mencionó los artículos 674, 675 y 669 del
Código Civil.

ii) Sentencia del 27 de noviembre Resaltó que presentó una “indebida valoración”, toda
de 2015, proferida por la Sala de vez que “pese a tener como cierto el hecho de que los
Casación Civil de la Corte bienes pretendidos en reivindicación no [eran] baldíos,
Suprema de Justicia. y a pesar del dictamen pericial de una autoridad como
el IGAC, mediante la cual se prueba la usurpación, no
garantizó el derecho del aquí demandante, pues (…)
pasó concluir que se trataban de predios diferentes,
cuando la realidad procesal y real, es que se viene
poseyendo irregularmente los predios del señor
Lamadrid Camargo”.

Las afirmaciones que realizó la parte actora en la demanda fueron reafirmadas en
su escrito de apelación, momento en el que, además, resaltó que ambos entes
judiciales incurrieron en “excesivas ritualidades”, pues “se han realizado múltiples
intentos de que se tutele el derecho real que le asiste a mi poderdante [y] han
prevalecido las formas”, pese a que la Constitución Política consagra, en el artículo
228, la supremacía del derecho sustancial sobre el formal.

5.3. Lo primero que debe aclararse es que la acción reivindicatoria o acción de
dominio ha sido definida en el artículo 946 del Código Civil como aquella “que tiene
el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor
de ella sea condenado a restituirla” y corresponde a un proceso declarativo, en tanto
su pretensión principal es restablecer el derecho de propiedad que le asiste a una
persona frente a una cosa sobre la que no ejerce la posesión material.

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Referencia: Reparación directa

Para la prosperidad de la acción reivindicatoria, la Corte Suprema de Justicia,
autoridad de cierre de la jurisdicción ordinaria, ha determinado es que es necesario
que se pruebe la existencia de cinco elementos: i) que el demandante tenga
derecho de dominio sobre la cosa que persigue; ii) que el demandando tenga la
posesión material del bien; iii) que se trate de una cosa singular o cuota
determinada de la misma; iv) que haya identidad entre el bien objeto de controversia
con el que posee el demandado, y además, v) que los títulos del demandante sean
anteriores a la posesión del demandado82. Sobre estos requisitos la Corte
Constitucional se ha pronunciado así83:

1.2.2.- En lo que toca con el primer elemento enunciado, vale decir, la obligación
del demandante de demostrar que es el propietario de la cosa cuya restitución
busca, tiene su razón de ser en que debe aniquilar la presunción de dominio que
conforme al artículo 762 del C.C., ampara al poseedor demandado, pues para
estos efectos, defendiendo aquella, se defiende por regla general ésta. Luego,
mientras el actor no desvirtúe el hecho presumido, el poseedor demandado en
reivindicación seguirá gozando de la presunción de dueño con que lo ampara la
ley.

1.2.3.- El segundo elemento, esto es, la posesión material del bien por parte del
demandado, al decir artículo 952 del C.C. que "la acción reivindicatoria se dirige
contra el poseedor" implica que corre por cuenta del demandante demostrar que
su oponente ostenta la calidad de poseedor del bien que pretende reivindicar, para
que así éste tenga la condición de contradictor idóneo.

1.2.4.- También se requiere, como tercer elemento de la acción reivindicatoria que
recaiga sobre cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular, lo
que quiere decir que el bien sobre el cual el actor invoca la propiedad, sea o se
encuentre particularmente determinado y el título de dominio que invoca abarque
la totalidad del mismo, y si se trata de cuota de la cosa singular, el título ha de
comprender la plenitud de la cuota que reivindica.

1.2.5.- Como (…) elemento axiológico de la acción reivindicatoria está el de la
identidad del bien que persigue el actor con el que posee el demandado, esto
es, que los títulos de propiedad que exhibe el reivindicante correspondan al mismo
que el opositor posee. Sobre la necesidad de acreditar este requisito tiene dicho
la Corte que "en tratándose de hacer efectivo el derecho, ha de saberse con
certeza cuál es el objeto sobre el cual incide. Si el bien poseído es otro, el derecho
no ha sido violado, y el reo no está llamado a responder" (Cas.27 de abril de 1955,
LXXX).

Además de los elementos enunciados, la acción reivindicatoria exige la existencia
de un título de dominio anterior a la posesión del demandado. En estas acciones,
el demandante no está obligado a pedir que se declare dueño de la cosa que
pretende reivindicar, pero es indispensable que demuestre que es dueño del bien
con anterioridad a la posesión del demandado, pues de esa manera se desvirtúa
la presunción que protege al demandado como poseedor del bien prevista en el
artículo 762 del Código Civil, según la cual “el poseedor es reputado dueño,
mientras otra persona no justifique serlo.

82 Al respecto, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre dos

(2) de mil novecientos noventa y siete (1997), expediente No. 4987, Magistrado Ponente: Pedro
Lafont Pianetta.
83 Al respecto, ver: Sentencia T-076 de 2005, de la Corte Constitucional.

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Referencia: Reparación directa

En el caso concreto, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla declaró, el
18 de diciembre de 2007, que la sociedad Lamadrid & Cía. Ltda. tenía el “derecho
de dominio inscrito sobre los predios denominados Salvación I y Salvación II,
ubicados en el municipio de Tubará, departamento del Atlántico”; después de
encontrar acreditados cada uno de los requisitos anteriormente mencionados84.

Por vía de apelación, la Sala Cuarta Civil – Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla revocó esa decisión. Ese ente judicial determinó, después de
analizar los medios de convicción aportados en el proceso reivindicatorio, que la
sociedad Lamadrid contaba con “dos títulos excluyentes, el primero, la escritura
pública de compraventa de derechos de posesión que hace Pedro Socarrás Rivera
a favor de Lamadrid & Cía Ltda. en el año de 1997 y que fue inscrita como falsa
tradición, y la adjudicación gratuita realizada por el Municipio de Tubará en el año
de 1998” y que ninguno de estos permitía “comprobar la propiedad”.

Como sustento de su determinación, sostuvo que en el folio de matrícula inmobiliaria
número 040-65840, en la anotación número 1, aparecía inscrito Pablo González
Duque, quien declaró “de manera unilateral (…) que ejercía la posesión sobre el
predio, manifestación que no era constitutiva de un título válido de dominio” y que,
por ese motivo, las ventas realizadas sobre ese terreno no traspasaron el derecho
de propiedad y “constituyeron falsa tradición”, es decir, “actos de los que no se
deriva el derecho de propiedad o dominio”.

Agregó que “el otro título aportado por la actora para acreditar su condición de
propietaria, correspondiente a la resolución [número 007] emitida [el 28 de enero de

84 En la decisión de primera instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla indicó que:

• Se probó el derecho de dominio de la sociedad demandante con: i) el “certificado de registro” de
los inmuebles pretendidos, identificados con las matrículas inmobiliarias números 040-311690 y 040-
311691; ii) la escritura pública número 184 del 12 de febrero de 1996 de la Notaría Única de
Malambo, “en virtud de la cual la reivindicante adquirió el dominio del predio de mayor extensión” y
iii) la escritura pública número 284, del 5 de febrero de 1998, “por medio de la cual a la actora le es
saneada la propiedad mediante adjudicación gratuita otorgada por el municipio de Tubará”.
• Se acreditó la posesión material de “los usuarios de reforma agraria”; al respecto, se advirtió que
este aspecto fue “un hecho pacifico desde el instante en que se trabó la litis”, que encontró respaldo
en “las copias de las respectivas resoluciones de adjudicación (…), los testimonios recibidos y el
dictamen del IGAC”.
• En relación con la cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular, afirmó que
había “qued[ado] debidamente determinado el bien por su ubicación, linderos y demás
especificaciones”.
• Ninguna objeción encontró frente a la identidad entre el inmueble de propiedad de la sociedad
demandante y sobre el cual detentaban la posesión “los usuarios de reforma agraria”, lo que encontró
demostrado con “el dictamen rendido por el experto del IGAC y los títulos aportados por el
demandante”.
• Por último, “de la constatación de la cadena de títulos” encontró que el derecho de dominio alegado
por la parte demandante del proceso reivindicatorio era anterior a la posesión alegada.

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Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
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Referencia: Reparación directa

1998] por el municipio de Tubará, a través de la cual se le adjudicó el terreno
localizado en el sector ‘Bajo de Bula’ tampoco [era] útil”, pues “mediante la
Resolución No. 2689 de junio 3 de 1987 se declaró como baldío ese predio (…)”,
por lo que “la facultad de adjudicación estaba reservada al Incora”85.

También indicó que no se había acreditado otro de los requisitos de la acción
reivindicatoria: “el relativo a que el demandado tenga la calidad jurídica de
poseedor”; al respecto, aclaró que la competencia del Instituto de la Reforma Agraria
“se limita[ba] a declarar los terrenos como baldíos y a adjudicarlos a personas que,
conforme su aserto, venían poseyéndolo y explotándolo de tiempo atrás (…) [y que]
sus actos no [eran] comparables, bajo ninguna óptica, con los de un poseedor”.

En definitiva, el Tribunal Superior valoró, entre otras, dos de las pruebas a las que
hizo alusión el recurrente: la Resolución número 2689 del 3 de junio de 1987 -a
través de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria declaró como baldíos
los terrenos que conformaban el predio denominado "La Bahía"- y la Resolución
número 007 del 28 de enero de 1998 -por medio de la cual el alcalde del municipio
de Tubará adjudicó a la sociedad Lamadrid y Cía S en C.S. un lote localizado en el
sector rural “Bajo de Bula”-, para llegar a la conclusión de que no se habían
acreditado dos de los requisitos trazados jurisprudencialmente para la prosperidad
de la acción reivindicatoria: los relacionados con el derecho de dominio de la
sociedad demandante y la posesión material del bien por parte del Instituto de la
Reforma Agraria.

En esa medida, no fue necesario que ese ente judicial valorara en su decisión el
“informe pericial de avalúo comercial suburbano de los predios La Salvación I (…) y
La Salvación II”, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, medio de
convicción que buscaba determinar si se había presentado una usurpación por parte
del Instituto de la Reforma Agraria, el valor de estos inmuebles y sus frutos civiles,

85 A continuación, se transcriben las conclusiones a las que llegó la Sala Cuarta Civil – Familia del

Tribunal Superior de Barranquilla (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
2.4.3 Así las cosas, no se encuentra cumplido el primer requisito aducido para la prosperidad de la
acción, por lo que delanteramente se advierte su improcedencia, al no lograrse comprobar la
propiedad, y al presumirse la legalidad de los actos administrativos emanados del INCORA, que
como bien expresa la parte demandada, al presente no han sido controvertidos ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
Itera la Sala, el actor no ha demostrado ser el titular de dominio de los inmuebles que pretende
reivindicar puesto que los documentos anexos así lo prueban i) porque la enajenación de la posesión
que se hizo en 1997 el señor Pedro Socarrás no corresponde a un título traslaticio de dominio sino
que tan solo es una transferencia del derecho de posesión, registrada como falsa tradición, así,
generaba un derecho incompleto, sin antecedente propio y ii) la adjudicación gratuita que en 1998
le hizo el Municipio de Tubará, mal podía ser realizada por tal ente, dado que tratándose de un baldío
como viene demostrado, tal facultad de adjudicación estaba reservada al INCORA.

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Referencia: Reparación directa

pues, se repite, ante la falta de acreditación de los dos requisitos mencionados
devenía la negativa de las pretensiones.

La sociedad Lamadrid & Cía. S en C.S., ahora “en liquidación”, interpuso recurso
extraordinario de casación, oportunidad en la que planteó cinco cargos en contra de
la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2012 por la Sala Cuarta Civil - Familia
del Tribunal Superior de Barranquilla.

Tres de esos cargos no encuentran relación con el error jurisdiccional que se alegó
en este proceso. A modo de precisión, el casacionista adujo en el cargo primero,
que se había configurado una nulidad, por la supuesta falta de competencia de la
Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo establecido en el inciso sexto del artículo
121 del Código General del Proceso; en el cargo segundo, que el Tribunal violó
indirectamente algunos artículos del Código Civil, porque no hizo uso de la facultad
oficiosa para el decreto de pruebas y en el cargo quinto, que la sentencia acusada
violó de forma indirecta de la ley “al haber mal interpretado la demanda presentada”.

En los dos cargos que a este caso interesa, la sociedad alegó que se había
presentado una “equivocación de facto por pretermisión y tergiversación” de
algunos medios probatorios. En su demanda de casación hizo referencia a las
siguientes pruebas: i) la escritura pública número 1 del 31 de diciembre de 1886, a
través de la cual “el municipio de Tubará adquirió por compra al señor Manuel
Palacios el terreno que posteriormente le adjudicó a la sociedad demandante, del
cual fueron segregados los inmuebles objeto de la reivindicación”, de ahí que estos
no sean baldíos”; ii) la Resolución número 2689 de 3 de junio de 1987 emitida por
el Incora, que solo hizo alusión al predio conocido como “La Bahía”, diferente al
denominado “Bajo de Bula”, iii) el dictamen pericial presentado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y su complementación y iv) la Resolución número 007
de 28 de enero de 1998, expedida por el alcalde municipal de Tubará. También
indicó que el hecho de que estas pruebas fueron cercenadas y/o alteradas en su
“contenido material” fue lo que llevó a concluir de forma desacertada “que los
predios a reivindicar eran baldíos, cuando realmente no lo eran”.

Frente a estos cargos, que se encuadraron en la causal de casación consistente en
la “violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho
o error de hecho manifiesto y trascendente”, la Corte Suprema de Justicia concluyó
lo siguiente:

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[E]s evidente el yerro cometido por el sentenciador al apreciar esa prueba, pues
al evaluarla, tergiversó su contenido material, yerro que lo condujo a concluir
que los predios objeto de la acción reivindicatoria, habían sido declarados
baldíos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, a través de la
Resolución nº 2689 de 3 de junio de 1987.

A su vez, esa omisión del sentenciador generó que le restara valor probatorio a
la Resolución n° 007 de 28 de enero de 1998, expedida por el alcalde municipal
de Tubará, así como a la escritura pública nº 284 de 5 de febrero de 1998 de la
Notaría Décima del Círculo de Barranquilla, a través de la cual se protocolizó
dicho acto administrativo, toda vez que en el fallo se consideró que como los
predios adjudicados a la sociedad demandante por el municipio tenían la
condición de baldíos, no era esa la autoridad competente para transferir la
propiedad, sino el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

No obstante lo transcrito, la Alta Corte concluyó que esas “equivocaciones”
relacionadas con la prueba del derecho de dominio de Lamadrid eran
“intrascendentes para casar el fallo de segundo grado”, en la medida en que “la
acción reivindicatoria esta[ba] destinada al fracaso, porque no se cumpl[ía] [otro] de
los presupuestos para su prosperidad, específicamente, el de la identidad de los
predios Salvación I y Salvación II con los que fueron adjudicados por el INCORA”.

Entonces, aunque la Corte Suprema de Justicia concluyó, en sede de casación, que
la Sala Cuarta Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla “tergiversó el
contenido material” de la Resolución número 2689 del 3 de junio de 1987, proferida
por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, al concluir que los
predios objeto de la acción reivindicatoria habían sido declarados baldíos y que ello
generó que, a su vez, le “restara valor probatorio” a la Resolución número 007
proferida el 28 de enero de 1998, para esa Alta Corte ese yerro fue “intrascendente”,
porque no se probó la identidad entre los bienes objeto de controversia con los
poseídos, otro de los presupuestos para la prosperidad de la acción reivindicatoria,
lo que conducía –nuevamente- a la negativa de las pretensiones de esa demanda.

Vale la pena resaltar que la Corte Suprema de Justicia cotejó los linderos de los
predios “La Salvación I” y “La Salvación II”, identificados con los folios de matrícula
inmobiliaria números 040-311-690 y 040-311-691, respectivamente, y los
correspondientes al predio denominado “La Bahía” y determinó que “no exist[ía]
identidad alguna entre ellos, conclusión que también encuentra respaldo en el
dictamen pericial rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al que
se hizo mención antes”.

Fue así como la Corte Suprema de Justicia decidió el caso a su cargo con
fundamento en la causal de casación consistente en la “violación indirecta de la ley

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

sustancial, como consecuencia de error de derecho o error de hecho manifiesto y
trascendente”, últimos requisitos que implican, primero, que la conclusión a la que
llegó el juzgador resulte “evidentemente contraria a la realidad fáctica exteriorizada en
la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no después de un intrincado análisis” y,
segundo, que el error incida en la decisión final, “descartándose, por tanto, el
irrelevante”86.

En línea con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia puede establecer que se
presentó un yerro probatorio en una decisión judicial, pero que este no fue
trascendente y, por ese último motivo, no casar la sentencia en cuestión. Eso fue lo
que sucedió en este caso, en el que la Alta Corte estudió y valoró el contenido de
cada una de las pruebas que puso de presente el casacionista, pero concluyó que,
pese a la tergiversación del contenido material de las resoluciones números 2689
de 1987 y 007 del 28 de enero de 1998, ese yerro no permitía variar las conclusiones
del fallo y que, por ese motivo, podía catalogarse como intranscendente.

5.2.3. En lo relacionado con las pruebas sometidas a consideración de los entes
judiciales mencionados y de su “indebida valoración”, evidente viene a ser que: i) el
Tribunal Superior de Barranquilla no pretermitió los medios de convicción allegados
al proceso reivindicatorio, pues fueron esas pruebas las que fundamentaron su
decisión y ii) que la Corte Suprema de Justicia puso en evidencia que la Sala Cuarta
Civil - Familia del Tribunal Superior de Barranquilla tergiversó el contenido de la
resolución número 2689 de 1987 y le restó valor probatorio a la resolución número
007 del 28 de enero de 1998, pero que ese error no era trascendente, en la medida
en que otro de los requisitos de la acción reivindicatoria no se había acreditado, lo
que, a su juicio, conducía –nuevamente- a la negativa de las pretensiones de la
demanda, de ahí que decidió no casar la sentencia del 16 de noviembre de 2012.

Conviene agregar que, aunque es cierto que las sentencias mencionadas no fueron
favorables a los intereses de la sociedad Lamadrid & Cía., S en C.S., “en liquidación”
ese solo hecho no puede considerarse como un daño antijurídico, pues debe
tenerse en cuenta que promover un proceso judicial no implica necesariamente que
las decisiones que correspondan deban ser completamente favorables a las
pretensiones de quien demanda87.

86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de marzo de 1997, expediente

4.636, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.
87 Al respecto, se ha dicho lo siguiente:

Es oportuno precisar que cuando un ciudadano acude a la Administración de Justicia para que por
intermedio de los jueces de la República se decida una controversia, está expuesto a que la decisión
que dirima el litigio le sea favorable o desfavorable a sus pretensiones, porque el derecho de iniciar

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Incluso, como ya se explicó, la sentencia del 16 de noviembre de 2012 fue objeto
de recurso de casación, que se decidió el 27 de noviembre de 2015 por la Corte
Suprema de Justicia, oportunidad en la que la sociedad actora esgrimió los mismos
argumentos presentados en este proceso de reparación directa, observándose que
dicha parte insiste en la certeza de sus alegatos, esta vez endilgando un error
jurisdiccional a la providencia judicial que fue desfavorable a sus intereses
económicos. Lo anterior pone de presente que lo que pretende la sociedad
Lamadrid es una suerte de instancia adicional, lo que hace necesario aclarar que
este proceso judicial no tiene la vocación de constituirse en una tercera instancia
adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el que se aduce su
configuración88. En un caso similar, esta Subsección sostuvo lo siguiente:

Para la Sala no resulta viable que, a través de la reparación directa, se pretenda
acceder a una suerte de tercera instancia, en la cual se intente una nueva
valoración de las pruebas y los argumentos planteados en el proceso
disciplinario, aunado a que la discusión de la demandante se centró en señalar
que su conducta no podía ser calificada como de desatención elemental. Es
dable recordar, que el error judicial no constituye una vía alternativa para darle
trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto ordinario o disciplinario,
pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño
antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones
que le son inherentes, como es la de administrar justicia.

Por lo anterior, el juez administrativo debe ser extremadamente cuidadoso
al momento de efectuar análisis como el que ahora enfrenta la Sala, por
cuanto no puede, bajo el propósito de revisar la materialización de un
posible menoscabo antijurídico, entrar a fungir como un nuevo juzgador
ordinario de la causa puesta a su conocimiento y proceder a estudiarla
como si se tratara de una nueva instancia procesal 89(se destaca).

5.3. La sociedad Lamadrid & Cía. S en C.S., “en liquidación” también indicó que
cuando el Tribunal Superior de Barranquilla aseguró que el Instituto de la Reforma
Agraria no tenía “la postura de poseedor” desconoció el “Título III” del Código Civil,
en concreto, los artículos 669, 674 y 675, sin mayores explicaciones. También refirió

un proceso y promover un pronunciamiento judicial no conlleva, en sí mismo, que la decisión que
corresponda necesariamente debe ser positiva en relación con sus intereses.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 49493; reiterada por esta Subsección, entre otras, en:
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 53212 y en sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 52026
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
88 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera:

Sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690;
sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215;
sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540;
sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763).
C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras.
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49666. C.P. María Adriana Marín; reiterada por esta
Subsección en la sentencia del 13 de julio de 2021, exp. 50974. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

que ambos entes judiciales incurrieron en “excesivas ritualidades”, pese a que la
Constitución Política consagra, en el artículo 228, la supremacía del derecho
sustancial sobre el formal.

Los artículos que menciona la sociedad demandante como vulnerados en el Código
Civil son aquellos que disponen que “el dominio (…) es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella” (artículo 669); que se llaman bienes públicos
“aquellos cuyo dominio pertenece a la República” (artículo 674) y bienes baldíos
“todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de
otro dueño” (artículo 675). Por su parte, la Constitución establece en su artículo 223
que “la Administración de Justicia es función pública”, que sus “actuaciones serán
públicas (…) y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”.

Esas afirmaciones de la sociedad demandante resultan insuficientes para que se
configuren los elementos de la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional,
pues el interesado tiene que cumplir con la carga no solo de señalar las normas que
se consideran como transgredidas sino de explicar, con claridad, precisión y
suficiente argumentación, la forma en que ello ocurrió, por cuanto este proceso
de reparación directa no tiene por objeto que el juez realice un nuevo análisis, sin
limitaciones, de la providencia cuestionada.

En este caso es evidente que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia
que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y
argumentación de este yerro, pues no demostró cómo el Tribunal Superior de
Barranquilla contrarió de forma clara y evidente los artículos 669, 674 y 675 del
Código Civil, que, dicho sea de paso, se limitan a definir los conceptos de dominio,
bienes públicos y bienes baldíos. Tampoco hay claridad ni precisión sobre las
razones por las que las sentencias acusadas de error trasgredieron, de alguna
manera, el artículo 223 Superior.

5.4. Por lo hasta aquí expuesto, los argumentos del apelante, más allá de su
evidente inconformidad con las sentencias del 16 de noviembre de 2012 y 27 de
noviembre de 2015, porque no fueron favorables a sus intereses, resultan
insuficientes para establecer los yerros con los que supuestamente se le causó un
daño antijurídico, razón por la que la Sala confirmará el fallo de primera instancia,
que negó las pretensiones de la demanda

6. Costas

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Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

6.1. Procedencia de la condena en costas

En primera instancia se condenó en costas a la parte demandante, en favor de las
entidades demandadas y, para el efecto, fijó las agencias en derecho en la suma
de $90’769.283.

La demandante cuestionó la anterior decisión, con el argumento de que se
encontraba en estado de liquidación y que “conforme al Código General del Proceso
esta[ba] exenta de pagarlas”,

Pues bien, dado que la impugnación se dirigió a cuestionar la imposición de la
condena en costas y no el monto de las expensas o agencias en derecho, las cuales,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 366 del Código General
del Proceso, solo pueden controvertirse mediante los recursos de reposición y
apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, la Sala considera que
la procedencia de la condena sí es susceptible de ser discutida a través del recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia y, por ende, ser estudiada en la
providencia que desata la apelación90.

En el presente asunto, estima la Sala que no le asiste razón a la sociedad
recurrente, si se tiene en cuenta que no hay norma que consagre que las
sociedades en liquidación se encuentren exentas de esta condena, por lo que se
confirmará la sentencia de primera instancia en lo que a este punto concierne.
Además, de conformidad con el artículo 18891 del CPACA y con la disposición
especial del artículo 36592 del CGP, para el caso particular también procede la
condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el
recurso de apelación, en este caso, Lamadrid & Cía. S en C.S., “en liquidación”.

90 Al respecto, esta Subsección se ha pronunciado en los siguientes términos: “Ahora, si bien el

artículo 366-5 del Código General del Proceso dispone que la liquidación de las expensas y el monto
de las agencias en derecho solo es cuestionable a través de los recursos de reposición y apelación
en contra del auto que aprueba la liquidación de costas, lo cierto es que esa norma no resulta
aplicable a este asunto, por la sencilla razón de que la impugnación está orientada a cuestionar la
procedencia de la condena en costas y no el monto de agencias en derecho que se fijó en primera
instancia. De este modo, por la vía del recurso de apelación contra la sentencia del a quo, sí resulta
viable cuestionar la procedencia de la condena en costas en el sub examine”. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de
2021, exp. 65018.
91 Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
92 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación (subrayado fuera del texto).

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

Conviene señalar que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”93.

De igual manera, debe indicarse que aquellas proceden en favor de los
demandados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Es
importante resaltar que la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural alegaron de conclusión en sede de segunda instancia y que,
aunque la Rama Judicial no lo hizo, tal hecho no desvirtúa que, en todo caso, contaba
con un apoderado que asumió su representación judicial y que debió ejercer una
labor de vigilancia de proceso94.

La liquidación de las costas de segunda instancia se debe adelantar de manera
concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP.

6.2. Fijación de agencias en derecho

El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo
Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda -31
de octubre de 2017-, estableció las tarifas de agencias en derecho.

En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso-
administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en
cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el
apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias
relevantes. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de
agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes

93 La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte

condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según
el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas
como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni
tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una
parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra.
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
94 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 19

de febrero de 2021, exp. 64401 y sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 63836.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la
sentencia.

Así, para los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en derecho en
segunda instancia, según el mencionado Acuerdo, deben fijarse entre 1 y 6 salarios
mínimos legales mensuales vigentes; es por ello que la Sala las fijará en la suma
equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que
deberá repartirse en partes iguales en favor de las entidades demandadas -1 salario
mínimo legal mensual vigente para cada una-.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 31 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de caducidad en relación con las
pretensiones formuladas contra la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones formuladas en contra de la Rama Judicial,
por error jurisdiccional.

TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, en segunda instancia, a la sociedad
demandante, en favor de la Rama Judicial, de la Agencia Nacional de Tierras y del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales serán liquidadas de manera
concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 366 del Código General del Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho en segunda instancia se fijan en la suma
equivalente a (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que deberá
repartirse en partes iguales en favor de las demandadas.

Se confirma la decisión del 31 de marzo de 2020 en lo relacionado con la condena
en costas de la primera instancia.

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Radicación: 25000-23-36-000-2017-02052-03 (67.570)
Actor: Lamadrid & Cía S. en C.S. en liquidación
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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