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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01718-03

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01718-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 83 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01718-03 Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-01718-03

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01718-03
Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA
LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
MEDIANTE EL CUAL FUE EXPROPIADO EL PREDIO DEL ACTOR.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra

la sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la SECCIÓN

PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

1
En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01718-03
Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- El señor WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ, en ejercicio del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el

artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo CPACA- 2, mediante apoderada, presentó

demanda contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO3, con

la finalidad de discutir la legalidad de los siguientes actos

administrativos:

➢ Resolución 44996 de 19 de junio de 2015, «por la cual se

determina la adquisición de un inmueble por el procedimiento

de la expropiación por vía administrativa y se formula una

oferta de compra», expedida por la Dirección Técnica de

Predios del IDU.

➢ Resolución 66485 de 23 de diciembre de 2015, «por la que se

modifica la resolución no. 44996 del 19 de junio de 2015»,

expedida por la Dirección Técnica de Predios del IDU.

2
En adelante CPACA
3
En adelante el IDU

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3

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

➢ Resolución 03132 de 1o. de marzo de 2016, «por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa», expedida por

la Dirección Técnica de Predios del IDU.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como

restablecimiento del derecho, el actor elevó las siguientes

pretensiones:

“[…] 1.-Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 44996 del 19
de junio de 2015 del Instituto de Desarrollo Urbano, por la cual se
determina la adquisición de un inmueble por el procedimiento de
expropiación administrativa y se formula una oferta de compra.

2.- Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 66485 del 23 de
diciembre de 2015 del Instituto de Desarrollo Urbano, mediante la
cual se modifica la Resolución No. 44996 del 19 de junio de 2015.

3.- Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 3132 del 01 de
marzo de 2016 expedida por la Dirección Técnica de Predios del
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, mediante la cual se dispuso la
expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la
Carrera 91 No. 130C – 04 de la ciudad de Bogotá, identificado con
cédula catastral SBU 9180, CHIP AAA0128TWKL y matrícula
inmobiliaria 50N – 448502 cuyo titular de dominio es el señor William
Ortíz Rodríguez y donde se determinó el pago de la indemnización
por valor de Cuatrocientos Un Millón De Pesos (sic) Trescientos
Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos M/cte.
($401.324.585.00) Moneda Corriente.

4.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
anteriores actos administrativos se ordene la elaboración de un
nuevo avalúo del inmueble en el cual deberá tenerse en cuenta los
criterios establecidos en el avalúo comercial del 11 de agosto de
2015 elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Colombia -
Lonprocol, el cual fue debidamente allegado al expediente
administrativo.

5. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos arriba señalados se declare que el valor a pagar por
la expropiación del inmueble ubicado en la Carrera 91 No. 130C – 04
de la Ciudad de Bogotá, identificado con cédula catastral SBU 9180,

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CHIP AAA0128TWKL y matrícula inmobiliaria 50N – 448502 es mayor
al establecido en las resoluciones cuya nulidad se pretende. Lo
anterior, por cuanto el precio por el cual se expropió no corresponde
al que se debió reconocer a mi mandante, puesto que, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 67 de la Ley 388
de 1997, en concordancia con los criterios definidos en la Ley 1682
de 2013, éste deberá ser igual al avalúo comercial del año en curso
del inmueble a expropiar.

6. Que, como consecuencia de lo anterior, la Dirección Técnica de
Predios del IDU reconozca como valor rea del predio (terreno y
construcción) la suma de Seiscientos Treinta y Ocho Millones
Trescientos Setenta Mil Pesos M/cte ($638.370.000.00) según el
avalúo comercial del 11 de agosto de 2015 elaborado por la Lonja de
propiedad Raíz de Colombia – Lonprocol.

7. Que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU reconozca y pague al
señor William Ortíz Rodríguez la suma adicional de Doscientos
Sesenta Millones Setenta Mil Cuatrocientos Diez Pesos M/cte
(260.070.410.00) como precio indemnizatorio faltante por concepto
de terreno y construcción del predio, que resulta de la diferencia
entre: el valor de Seiscientos Treinta y Ocho Millones Trescientos
Setenta Mil Pesos M/cte ($638.370.000.00) determinado en el
avalúo comercial del 11 de agosto de 2015 elaborado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Colombia -Lonprocol y los Trescientos Setenta y
Ocho Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa
Pesos (378.299.590.oo) reconocido por la entidad convocada
mediante la Resolución No. 3132 del 01 de marzo de 2016 por
concepto de avalúo comercial terreno y construcción.

8. Que de no acogerse las pretensiones antes señaladas se de
aplicación a los presupuestos normativos contenidos en el numeral 4
del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, en el sentido de declarar sin
efecto el proceso de expropiación y surtirse nuevamente
procedimiento expropiatorio por parte del Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU.” (fls. 13 y 14) […]”.

I.2.- El demandante fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

Manifestó que, es titular del derecho real de dominio y poseedor

regular del inmueble ubicado en la carrera 91 # 130 C – 04 de la

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ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula catastral SBU 9180,

CHIP AAA0128TWKL y matrícula inmobiliaria 50N–448502, el cual

cuenta con un área de terreno de 160.65 m², conforme consta en la

escritura pública núm. 2821 de 25 de mayo de 2005, otorgada en la

Notaría Sexta del Círculo de Bogotá.

Señaló que el inmueble es esquinero, con frente y acceso principal

sobre la Avenida Carrera 91, ubicado en la intersección con la Calle

130C, consta de dos niveles, destinándose el primero a local

comercial y el segundo a vivienda familiar y que dispone de servicios

públicos domiciliarios y complementarios.

Refirió que, mediante el Decreto 450 del 16 de octubre de 2014, el

Alcalde Mayor de Bogotá declaró la existencia de condiciones de

urgencia para la adquisición de los inmuebles requeridos con ocasión

de la ejecución del proyecto denominado “Avenida El Rincón (AK 91

y AC 131 A)”.

Indicó que su inmueble quedó comprendido dentro del perímetro del

proyecto, razón por la cual el IDU expidió la Resolución núm. 44.996

de 19 de julio de 2015, mediante la cual dispuso su adquisición por

el procedimiento de expropiación por vía administrativa y formuló

oferta de compra por valor de $388.468.523.

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Expuso que el inmueble contaba con un local comercial que constituía

la principal y única fuente de ingresos del núcleo familiar,

circunstancia que, según afirmó, no fue valorada adecuadamente por

la administración al fijar la indemnización, toda vez que, la

expropiación implicó el cierre del establecimiento y generó gastos

adicionales de reubicación, publicidad y adecuación que no fueron

reconocidos.

Señaló que el valor ofrecido se sustentó en el Avalúo Comercial núm.

2014–2512 elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 4 el 14 de noviembre de 2014

y que dicho avalúo se basó en información imprecisa respecto del

área del terreno y en valores unitarios que no reflejaban el valor real

del inmueble.

Indicó que existía una diferencia de 33 m² entre el área consignada

en el Registro Topográfico núm. 44436 (127.58 m²) y la establecida

en el título de dominio (160.65 m²) y que, pese a dicha

inconsistencia, la entidad continuó el trámite expropiatorio sin que

se hubiera logrado acuerdo alguno respecto de la actualización de la

cabida y los linderos.

4
En adelante la UAECD

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Señaló que, vencida la etapa de negociación directa sin que se

hubiese alcanzado un acuerdo formal, el IDU profirió la Resolución

núm. 66.485 de 23 de diciembre de 2015, mediante la cual modificó

la oferta inicial e incorporó el reconocimiento del concepto de lucro

cesante por valor de $16.120.500.

Precisó que, en virtud de dicha modificación, se fijó el valor total de

la indemnización en la suma de $404.589.023, manteniéndose

incólumes los valores previamente determinados por concepto de

terreno, construcción y daño emergente.

Refirió que el IDU profirió la Resolución núm. 3132 de 1o. de marzo

de 2016, mediante la cual ordenó la expropiación administrativa y

fijó el precio indemnizatorio en $401.324.585, que se distribuyó

entre terreno y construcción, daño emergente y lucro cesante, con

fundamento en los avalúos oficiales de 2014 y su complemento de

2015.

Manifestó que del monto correspondiente al daño emergente

inicialmente calculado se efectuaron deducciones por concepto de

gastos de escrituración, desconexión de servicios públicos e impuesto

predial, y que las sumas finalmente reconocidas no se ajustaban a la

realidad económica del inmueble ni reflejaban los perjuicios

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efectivamente sufridos con ocasión del proceso expropiatorio.

Expuso que el 11 de agosto de 2015 la Lonja de Propiedad Raíz de

Colombia practicó un avalúo privado respecto del inmueble objeto de

expropiación y se determinó un valor de $638.370.000 por concepto

de terreno y construcción.

Indicó que ambos avalúos aplicaron los métodos previstos en el

Decreto 1420 de 4 de julio de 1998 5 y la Resolución 620 de 2008 del

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 6, tales como el

método de comparación de mercado y el método de costo de

reposición.

Refirió que, mediante derecho de petición, radicado el 13 de agosto

de 2015 ante el IDU, manifestó su aceptación de la venta del

inmueble, no obstante, expresó su desacuerdo con el precio ofrecido

y solicitó que se tuviera en cuenta el avalúo privado aportado,

petición que no fue acogida por la entidad.

Comentó que, en consecuencia, el 14 de marzo de 2016 le fue

5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
6
En adelante IGAC

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notificada la Resolución núm. 03132 de 1o. de marzo de 2016,

superando los términos legales previstos para la expedición y

notificación del acto administrativo de expropiación.

I.3.- Fundamentos de derecho

La parte actora formuló los cargos de violación de los artículos 2, 3,

4, 5, 6, 11,13, 21, 23, 25, 29, 42, 51, 58, 59, 90, 121, 123, 209, y

315 de la Constitución Política, los artículos 58 a 72 de la Ley 388 de

18 de julio de 19977, los artículos 19, 20, 21, 22 y 24 del Decreto

1420 de 1998, los artículos 20, 21, 23 a 26 y 37 de la Ley 1682 de

2014, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y

del Ciudadano y las Resoluciones 620 de 2008, 898 y 1044 del 2014

expedidas por el IGAC.

Como fundamento de la presunta vulneración normativa, la parte

actora estructuró y formuló dos cargos de nulidad, a saber:

.- Primer cargo: Expedición de los actos acusados con
infracción de las normas en que debían fundarse

a) Vulneración del artículo 58 de la Constitución Política

7
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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La parte actora sostuvo que la indemnización fijada en los actos

administrativos demandados no puede considerarse justa en los

términos del artículo 58 de la Constitución Política, por cuanto no

comporta el reconocimiento integral de los perjuicios ocasionados

con ocasión de la expropiación.

Afirmó que los valores establecidos para efectos de otorgar la

indemnización se sustentaron en un estudio elaborado con base en

información imprecisa y en la aplicación de criterios que resultaban

improcedentes al momento de ordenarse la expropiación y

efectuarse el cálculo indemnizatorio.

Señaló que con dicha actuación se desconocieron los presupuestos

constitucionales y jurisprudenciales que rigen la indemnización

previa en los eventos de expropiación por vía administrativa, que

deben establecerse consultando tanto los intereses generales de la

comunidad como los del sujeto afectado, de modo que el valor

reconocido corresponda efectivamente a una indemnización justa.

b) Vulneración de los artículos 61, 62 y 71 de la Ley 388
de 1997; 22 y 24 del Decreto 1420 de 1998; Resoluciones
898 y 1044 de 2014; y numeral 2 del artículo 21 del Pacto
de San José

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El actor adujo que la indemnización no puede limitarse al precio

comercial del bien expropiado, pues si el particular sufre daños

adicionales a la pérdida material del inmueble, el resarcimiento debe

comprender el valor real de los daños y perjuicios derivados de la

expropiación.

Manifestó que, en lo atinente al daño emergente, los valores

reconocidos no se ajustaron a los criterios legales aplicables en la

medida en que la entidad pretendió trasladarle el pago de los costos

correspondientes a gastos notariales y de registro, desconexión de

servicios públicos e impuesto predial, conceptos que componen el

daño emergente y, por ende, debían ser reconocidos a su favor

dentro de la indemnización.

Sostuvo que el avalúo oficial utilizado en el trámite administrativo

presentó una diferencia sustancial respecto del valor real del predio

y omitió valorar el local comercial que allí funcionaba, desconociendo

el lucro cesante actual y futuro derivado de la expropiación.

Afirmó que dicha omisión configuró un desequilibrio prestacional en

su perjuicio y evidenció que la indemnización fijada no se ajustó a

las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia.

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c) Vulneración de los artículos 58 a 72 de la Ley 388 de
1997 y 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 37 de la Ley 1682 de 2013

Al respecto, el actor señaló que el parágrafo 2° del artículo 20 de la

Ley 1682 de 22 de noviembre de 20138 impone a la administración

la obligación de garantizar el debido proceso en la adquisición de

predios requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura

de transporte, lo cual implica la estricta sujeción a los procedimientos

legalmente establecidos y el respeto del derecho de contradicción del

afectado.

Afirmó que en el desarrollo del proceso expropiatorio se presentaron

irregularidades administrativas que comportaron el desconocimiento

del debido proceso y, en consecuencia, derivaron en la ilegalidad de

los actos administrativos acusados.

Indicó que la certificación de cabida y linderos fue expedida sin el

cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 26 de la Ley

1682 de 2013, en la medida en que dicha certificación solo procede

cuando exista acuerdo entre las partes respecto del área del terreno.

8
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y
se conceden facultades extraordinarias”.

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Sostuvo que, pese a no haberse logrado ningún tipo de acuerdo

respecto del área de terreno del predio, la entidad continuó el trámite

administrativo y profirió el acto de expropiación, omitiendo además

realizar la anotación correspondiente en el registro de instrumentos

públicos.

Advirtió que, en el desarrollo del trámite expropiatorio, se desconoció

lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, en la medida en

que se desconoció el término perentorio de 30 días establecido en

dicha disposición, lo que comporta la vulneración de esa norma y

afecta la validez del procedimiento adelantado.

Señaló que la administración incurrió en inactividad con posterioridad

a la ejecutoria de los actos administrativos, al no materializar

oportunamente el pago de la indemnización ni efectuar la

correspondiente anotación registral del acto de expropiación,

circunstancia que conlleva la ineficacia de la decisión expropiatoria y

la obligación de adelantar nuevamente el procedimiento, en los

términos previstos en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 388 de

1997.

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.- Segundo cargo: Falsa motivación de los actos acusados

El actor afirmó que el inmueble objeto de expropiación reviste

especial relevancia constitucional, por cuanto constituía su vivienda

y el lugar donde funcionaba el establecimiento comercial del cual

derivaba su sustento económico, circunstancia que no fue

debidamente considerada en el avalúo oficial núm. 2014–2512.

Afirmó que el valor de la indemnización fijado mediante la Resolución

03132 de 2016 se sustentó en un informe técnico que presentaba

inconsistencias derivadas de la imprecisión de la información

utilizada para su elaboración.

Indicó que la administración adoptó como parámetro valores que no

correspondían a cifras reales vigentes para la fecha en que se hizo

efectiva la indemnización, lo que, a su juicio, incidió en la incorrecta

determinación del monto indemnizatorio.

Sostuvo que la certificación de cabida y linderos carecía de validez

jurídica, en la medida en que su expedición únicamente resultaba

procedente en caso de existir acuerdo entre las partes respecto del

área del terreno, circunstancia que no se configuró en el caso

concreto.

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Concluyó que, al haberse solicitado y empleado dicha certificación sin

el cumplimiento de los presupuestos normativos exigidos para su

expedición, no resultaba jurídicamente viable continuar con el

trámite expropiatorio hasta tanto no se esclareciera la inconsistencia

advertida.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El IDU, por conducto de apoderado judicial, contestó la

demanda y su reforma y manifestó su oposición a las pretensiones.

Afirmó que, con fundamento en lo previsto en el artículo 40 del

CPACA y previo a la adopción de una decisión de fondo en el trámite

administrativo, con el propósito de precisar el componente de lucro

cesante y esclarecer la diferencia de áreas entre el registro

topográfico y la escritura pública, mediante auto de 19 de agosto de

2015 se decretaron pruebas en esa instancia y se requirió a la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO

DISTRITAL9 para que certificara la cabida y linderos del inmueble y

para que allegara la información correspondiente a la indemnización

9
En adelante la UAECD

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por concepto de lucro cesante, con traslado de los documentos

aportados por el propietario.

Indicó que, en el trámite adelantado por la UAECD, se realizaron

visitas al predio que fueron atendidas por el demandante, en las

cuales se verificó que el mismo comprendía un área de 125.1 m²,

frente a lo cual el propietario manifestó desacuerdo y no aceptó el

resultado.

Sostuvo que, ante la falta de acuerdo con el demandante, la UAECD

no pudo certificar la cabida y linderos, razón por la cual se

confirmaron los linderos del Registro Topográfico núm. 44436.

Señaló que el 10 de agosto de 2015 recibió una complementación del

informe técnico del avalúo comercial núm. 2014–2512 de 14 de

noviembre de 2014, incorporando el componente de lucro cesante.

Expuso que, en virtud de lo anterior, profirió la Resolución núm.

66485 de 23 de diciembre de 2015, mediante la cual modificó el

artículo 3 de la Resolución núm. 44996 de 2015 y adicionó al precio

indemnizatorio un total de $404.589.023, discriminado en

$378.299.590 por terreno y construcción, $10.168.933 por daño

emergente y $16.120.500 por lucro cesante, con sustento en el

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

informe de 2014 y su complemento de 2015 elaborados por la

UAECD.

Manifestó que la resolución de oferta inicial fue inscrita en la Oficina

de Registro para dar publicidad al inicio de la actuación y sustraer el

inmueble del comercio, y debido a que no hubo acuerdo alguno

respecto al área del terreno, no se alteró la misma ni el titular del

dominio, por lo cual únicamente se modificaron aspectos económicos

de la indemnización que no eran objeto de registro.

Indicó que ante la imposibilidad de concretar una enajenación

voluntaria, expidió la Resolución núm. 03132 de 1o. de marzo de

2016, mediante la cual ordenó la expropiación administrativa y fijó

el precio indemnizatorio en un valor de $401.324.585, así:

$378.299.590 por avalúo de terreno y construcción, $6.904.495 por

daño emergente y $16.120.500 por lucro cesante, con fundamento

en los informes de avalúo elaborados por la UAECD en 2014 y su

complemento de 2015, así como el informe de reconocimientos

económicos de 17 de febrero de 2016 elaborado por el IDU.

Señaló que el valor finalmente pagado por concepto de lucro cesante

difirió del inicialmente previsto en las resoluciones núms. 44996 y

66485 de 2015, mediante las cuales se determinó la adquisición del

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

inmueble y se formuló la respectiva oferta de compra, debido a que

dentro del concepto de daño emergente se incluyeron los valores

correspondientes a los gastos que, en una enajenación voluntaria,

asumiría el propietario por concepto de emolumentos notariales, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1681 de

16 de septiembre de 199610 y el artículo 17 del Decreto 1428 de 26

de julio de 200011, así como otros costos derivados de la desconexión

o traslado de servicios públicos.

Precisó que tales emolumentos fueron previstos por la UAECD bajo

el supuesto de que se realizara una transferencia voluntaria del bien,

en la cual el propietario debe entregar el inmueble saneado en

materia de servicios públicos y asumir los gastos correspondientes;

sin embargo, explicó que al haberse materializado la adquisición por

vía de expropiación el demandante no incurrió en dichos pagos, razón

por la cual no procedía su reconocimiento y, en consecuencia, debían

ser descontados.

Cuestionó la idoneidad del avalúo aportado con la demanda, al

afirmar que carecía de respaldo técnico y jurídico por no ajustarse a

10
"Por el cual se fijan los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial y se dictan otras
disposiciones".
11
“Por el cual se fijan los derechos por concepto de la funci6n registral y se dictan otras disposiciones”.

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

los parámetros del Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620

de 2008.

Señaló que el avalúo oficial núm. 2014–2512 de 14 de noviembre de

2014 y su complemento de 10 de agosto de 2015 tenían vigencia de

un año y que la oferta de compra fue notificada personalmente el 3

de julio de 2015, de manera que se puso en conocimiento del

propietario dentro del término legal.

Afirmó que la pérdida de utilidad por renta se encontraba

comprendida en el lucro cesante, con base en el contrato de

arrendamiento allegado el 6 de julio de 2015, y sostuvo que la

actividad comercial en el inmueble correspondía a los arrendatarios

Martha Nidia González Novoa y Richard Yesith Gutiérrez González,

más no al propietario, por lo que los ingresos alegados provenían

únicamente del arrendamiento.

Invocó que los avalúos comerciales tienen vigencia de un año a partir

de la fecha de su comunicación o desde aquella que fue decidida y

notificada la revisión o impugnación, conforme a lo establecido en el

Decreto 1420 de 1998 y en el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley

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1682 de 2013, y reiteró que tanto el informe técnico como la

Resolución 44996 de 2015 fueron notificaron en ese término.

Adujo que el artículo 70 de la Ley 388 de 1997 no exige como

requisito para pagar la indemnización que se efectúe la anotación

registral previa de la expropiación en el folio de matrícula inmobiliaria

ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, toda vez que el

dinero se pone a disposición del propietario una vez ejecutoriada la

resolución y surtidos los respectivos trámites financieros, por lo que

el pago se puso a disposición del actor el 26 de julio de 2016 y la

entrega material del bien ocurrió el 10 de abril de 2017.

Indicó que el avalúo de la UAECD se elaboró conforme a los métodos

establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de

2008, precisando que para la valoración del terreno se aplicó el

método comparativo de mercado y para las construcciones se empleó

el método de costo de reposición con análisis de edad, vida útil,

conservación y depreciación correspondientes.

Alegó que el avalúo aportado por la parte actora presentaba

falencias, por lo que carecía de soporte probatorio para desvirtuar el

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avalúo oficial y demostrar que el precio ofertado fuera inferior al

comercialmente correspondiente.

Propuso como excepciones de fondo las siguientes:

-. “Falta de elementos que desvirtúen la presunción de legalidad del

acto administrativo demandado”: la sustentó en el hecho de que la

Resolución núm. 03132 de 2016 fue expedida por autoridad y

funcionarios competentes, en desarrollo de las competencias

asignadas por acuerdos distritales y normas orgánicas del Distrito,

con soporte en la declaratoria de condiciones de urgencia y en el

marco del artículo 58 constitucional y la Ley 388 de 1997.

Sostuvo que no existió falsa motivación ni desviación de poder, toda

vez que la decisión de expropiación obedeció a la prelación del interés

de la comunidad, ello sin desconocer la indemnización del

propietario, por lo que actuó con fundamento en el Registro

Topográfico 44436 y en los informes técnicos y de reconocimiento

económico que sustentaron los componentes del precio

indemnizatorio.

. – “Legalidad del acto administrativo demandado”: señaló que en el

presente asunto se acataron las normas que regulan la realización de

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avalúos y que el mismo fue practicado por la UAECD como entidad

competente y que la indemnización se determinó conforme a

parámetros de imparcialidad y equidad, sin que el actor demostrara

su improcedencia.

. - “Ausencia total de imputabilidad del perjuicio al IDU”: afirmó que

en el desarrollo del proceso se observaron las garantías de legalidad,

debido proceso e indemnización previa y justa, que el avalúo cumplió

el marco normativo aplicable y que las pruebas de la parte actora no

acreditaban un perjuicio que le fuera imputable, máxime aun,

teniendo en cuenta las inconsistencias del informe aportado con la

demanda.

Solicitó, finalmente, la prosperidad de la excepción genérica o

innominada, con el propósito de que se declarara de oficio cualquier

otra excepción que apareciera probada en el proceso.

I.4.2.- La UAECD, entidad llamada en garantía, por intermedio de

apoderado judicial contestó la demanda 12, y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

12
Folios 39-51; Cuaderno de llamamiento en garantía

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Sostuvo que la cabida superficiaria empleada en el avalúo se asumió

en 127,58 m², por corresponder al área consignada en el Registro

Topográfico núm. 44436 aportado por el IDU, habida cuenta que,

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.12 del Decreto

1170 de 28 de mayo de 2015 13, era esa área la que se debía asumir

para la liquidación del avalúo.

Afirmó que el valor del terreno se fijó de acuerdo con las ofertas

encontradas para la fecha en el corredor comercial, según lo indicado

en el numeral 1.7 del informe, por lo cual el valor de la construcción

se determinó a partir de un valor de reposición a nuevo calculado en

$718.000/m², el cual fue depreciado en los términos previstos en la

Resolución IGAC 620 de 2008 atendiendo a una edad de 20 años

reportada en visita técnica y un estado de conservación calificado

como bueno (1,5).

Indicó que complementó el avalúo comercial 2014-2512 de 14 de

noviembre de 2014 mediante adición de 10 de agosto de 2015,

incorporando el rubro de lucro cesante por el monto de $16.120.500,

con lo cual el avalúo quedó en la suma de $404.589.023, y precisó

que la información para tasar el lucro cesante y el daño emergente

13
“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de
Información Estadística”.

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fue suministrada por el IDU.

Cuestionó el avalúo aportado con la demanda, enfatizando en que el

mismo no provenía de una lonja reconocida ni acreditaba calidades,

registros o experiencia del avaluador, y, además carecía de

exposición metodológica sobre la determinación del valor del metro

cuadrado de terreno, la asimilación a inmuebles comparables, la

fuente del costo de reposición y el proceso de depreciación.

Señaló que en el avalúo privado se indicó que el área del inmueble

se encontraba sujeta a verificación, por fundarse en la información

documental contenida en el título, pero no explicó la conformación

del valor total de $638.370.000, destacando que incluso reportó un

área construida total de 160,65 m² y la calificó como inferior al área

valorada por la UAECD en el Registro Topográfico núm. 44436, el

cual sí tenía carácter de levantamiento topográfico de precisión

efectuado en campo.

Afirmó que el avalúo oficial se elaboró con sujeción al Registro

Topográfico núm. 44436 y que los valores por metro cuadrado de

terreno y construcción se sustentaron en datos reales del mercado

inmobiliario, obtenidos a partir de ofertas o transacciones recogidas

en dicho mercado y que a su vez fueron incorporadas en el avalúo

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oficial que no presentaba inconsistencias, pues contenía la

identificación de sus fuentes y el desarrollo metodológico propio de

la fecha de la elaboración del estudio.

Indicó que el avalúo de la indemnización correspondiente al daño

emergente sí tuvo en cuenta los valores por concepto de notariado

y registro ($7.074.497), desconexión de servicios públicos

($485.436) e impuesto predial ($2.079.000), y afirmó que los

descuentos por esos conceptos fueron efectuados por el IDU al

expedir el acto de expropiación, añadiendo que los cálculos para

determinar el daño emergente y lucro cesante obedecieron al

cumplimiento de la Resolución IGAC 0898 de 2014 y, además precisó

que no se requería de un acuerdo previo para corroborar la cabida

superficiaria del predio, toda vez que la misma fue tomada del

Registro Topográfico núm. 44436, aclarando que si se pretende

adquirir un predio con recursos públicos, no resulta viable pagar por

lo que no existe.

Propuso como excepciones las siguientes:

. – “Falta de legitimación en la causa por pasiva”: sostuvo que su

intervención se limitó a elaborar el avalúo a solicitud del IDU en

virtud de las normas que lo facultan para ello y, además, que el

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avalúo es un acto preparatorio o de trámite, por lo que no existía

relación de autoría y nexo alguno respecto de los actos acusados

expedidos por el IDU, a partir de los cuales se le pudiera endilgar

ningún tipo de responsabilidad, por lo cual estimó improcedente el

llamamiento en garantía.

. – “Ausencia de un derecho legal o contractual alegado – inexistencia

de cláusula de indemnidad”: afirmó que suscribió con el IDU los

convenios interadministrativos 1321 y 942 de 2013, cuyo objeto fue

la elaboración de los avalúos comerciales requeridos dentro del

marco del Decreto 583 de 2011, para la adquisición por enajenación

voluntaria o expropiación administrativa o judicial de los inmuebles

declarados de utilidad pública o de interés social, pero no se pactó

obligación expresa o tácita de asumir condenas o mayores valores

fijados judicialmente, y que no existe norma legal o estipulación

contractual que habilite al IDU a exigir pago o reembolso por resultas

adversas en demandas contra resoluciones de expropiación.

. – “Contratos interadministrativos liquidados a paz y salvo”: indicó

que los contratos celebrados con el IDU se encuentran liquidados y

las partes se encuentran a paz y salvo en los términos establecidos

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en la Ley 80 de 28 de octubre de 1993 14 y la Ley 1150 de 16 de julio

de 200715, por lo que consideró inviable controvertir esas

liquidaciones mediante un llamamiento en garantía para trasladar

eventuales condenas.

. – “Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos”:

sostuvo que no se agotó la conciliación extrajudicial previa con

participación de esa entidad, exigida en los términos del artículo 23

de la Ley 640 de 5 de enero de 200116, y añadió que, dada la

existencia de los contratos interadministrativos, el IDU podía

promover acción contractual por presunto incumplimiento.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal en sentencia de 27 de octubre de 2022, desestimó las

pretensiones de la demanda en relación con la Resolución núm.

03132 de 1o. de marzo de 2016, declaró probada la excepción

previa de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de las

Resoluciones núms. 44996 y 66485 de 2015 y, rechazó las demás

14
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA”
15
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.
16
"Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones".

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excepciones propuestas, con fundamento en los siguientes

argumentos:

Afirmó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad del acto administrativo acusado, toda vez que no acreditó

la configuración de infracción de normas superiores ni la existencia

de falsa motivación, en la medida en que (i) el avalúo se elaboró con

fundamento en el área efectivamente verificada en terreno y

conforme a las etapas técnicas previstas en la normativa aplicable;

(ii) la inscripción del acto inicial se solicitó dentro del término legal y

la falta de inscripción del acto modificatorio no afectó la validez del

procedimiento; (iii) el silencio del propietario frente a la oferta

habilitaba a la administración para avanzar a la etapa expropiatoria;

(iv) la expedición del acto definitivo se produjo dentro del marco

temporal permitido por la ley; (v) no se demostró indebida exclusión

de rubros indemnizatorios en el daño emergente; (vi) el avalúo oficial

se encontraba vigente al momento de proferirse la decisión de

expropiación; y (vii) el avalúo privado aportado no desvirtuó

técnicamente el dictamen oficial que sirvió de soporte al precio

indemnizatorio reconocido.

Explicó que pese a que el demandante sostuvo que la certificación de

cabida y linderos se expidió sin cumplimiento de los requisitos legales

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y que, ante la ausencia de acuerdo sobre el área del inmueble, el

IDU no podía continuar el trámite expropiatorio ni fijar el avalúo con

base en un área distinta a la consignada en la escritura pública, lo

cierto era que no resultaba jurídicamente viable reconocer valor

indemnizatorio respecto de un área cuya existencia material no

estaba demostrada, razón por la cual el cargo fue desestimado.

Precisó que, ante la ausencia de acuerdo de voluntades entre las

partes respecto de la cabida y en aplicación de criterios de

verificación técnica y primacía de la realidad física del inmueble, el

avalúo debía elaborarse con fundamento en el área efectivamente

medida en terreno, esto es, 127,58 m², y no en los 160,65 m²

consignados en la escritura pública.

Sostuvo que tal proceder se ajustaba a las etapas técnicas previstas

en el artículo 6 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, las cuales

exigen el reconocimiento físico del bien y la comprobación de las

mediciones como presupuesto para la determinación del valor.

Agregó que el inciso final del artículo 26 de la Ley 1682 de 2013

prevé que, en caso de no existir acuerdo sobre la cabida y los

linderos, el titular puede promover la correspondiente demanda para

que se determine judicialmente el área; sin embargo, sostuvo que

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en el presente asunto no se acreditó la existencia de una decisión

judicial ejecutoriada que fijara un área distinta a la reconocida en el

trámite administrativo.

Afirmó que el IDU propuso, entre otras, la excepción de “caducidad

del medio de control”, con fundamento en que la Resolución núm.

03132 de 2016 fue notificada al actor el 14 de marzo de 2016; que

aquel presentó solicitud de conciliación el 12 de julio de 2016; y que,

declarada fracasada dicha diligencia el 9 de agosto de 2016, por lo

cual, la demanda debió radicarse a más tardar el 12 de agosto de

2016, pese a que fue presentada el 17 de agosto de 2016.

Al respecto, precisó que dicha excepción no estaba llamada a

prosperar, en la medida en que, mediante auto de 9 de febrero de

2017, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado se

revocó el rechazo de plano por caducidad dispuesto en primera

instancia y se ordenó proveer sobre la admisión de la demanda,

decisión que hizo tránsito a cosa juzgada y fue acatada por esa

Corporación a través de auto de obedézcase y cúmplase de 17 de

abril de 2017.

Declaró probada la excepción previa de “ineptitud sustantiva de la

demanda frente a las Resoluciones 44996 de 2015 y 66485”

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formulada por el IDU, bajo el argumento de que el artículo 71 de la

Ley 388 de 1997 prevé la acción especial contra la decisión de

expropiación por vía administrativa, la cual reviste carácter de acto

administrativo definitivo y, precisó que las resoluciones mediante las

cuales se determinó el carácter administrativo de la adquisición y se

formuló y/o modificó la oferta de compra constituían actos de

trámite, por lo que no eran susceptibles de control judicial autónomo

en el marco del medio de control ejercido; no obstante, aclaró que la

Resolución núm. 03132 de 2016 sí fue demandada en calidad de acto

definitivo, por lo cual, respecto de esa súplica, no había lugar a

declarar la ineptitud de la demanda.

Indicó que los medios exceptivos propuestos por el IDU,

denominados “falta de elementos para desvirtuar la presunción de

legalidad”, “legalidad del acto demandado”, “ausencia de

imputabilidad” e “innominada”, no constituían verdaderas

excepciones procesales autónomas, sino argumentos de defensa

dirigidos a controvertir el fondo del asunto.

En relación con las excepciones orientadas a cuestionar la vinculación

de la UAECD como llamada en garantía concluyó que no tenían

vocación de prosperidad, en la medida en que mediante auto de 20

de septiembre de 2019, proferido por la Sección Primera del Consejo

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de Estado se aceptó el llamamiento en garantía, providencia que hizo

tránsito a cosa juzgada y fue acatada por esa Corporación mediante

auto de obedézcase y cúmplase del 28 de octubre de 2019.

Analizó el cargo relativo a la inscripción de la Resolución núm. 44996

de 2015, mediante la cual se determinó la adquisición del inmueble

por expropiación administrativa y se formuló oferta de compra, no

era susceptible de recursos y fue notificada el 3 de julio de 2015 y se

acreditó que el IDU solicitó su inscripción ante la Oficina de Registro

de Instrumentos Públicos el 6 de julio de 2015, es decir, dentro de

los cinco días hábiles siguientes a su ejecutoria, en cumplimiento de

lo previsto en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, y que el registro

fue practicado el 14 de julio de 2015.

Estableció que la entidad expropiante satisfizo la carga legal de

solicitar oportunamente la inscripción y que el lapso transcurrido

hasta la materialización del asiento registral, esto es, siete días,

resultaba prudente y razonable, atendiendo los trámites internos

propios de la oficina registral, por lo que desestimó la prosperidad

del cargo.

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Frente al reproche relativo a que la Resolución núm. 66485 de 23 de

diciembre de 201517 también debía ser inscrita ante la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos, sostuvo que, aunque dicha

resolución modificatoria no fue objeto de inscripción en el folio de

matrícula inmobiliaria, la Resolución núm. 44996 de 2015 sí fue

debidamente registrada, lo cual produjo el efecto de sustraer el

inmueble del comercio desde el inicio del trámite expropiatorio, por

lo que las modificaciones introducidas a la oferta constituían aspectos

accesorios de carácter administrativo que no afectaban la validez del

procedimiento ni vulneraban el debido proceso.

En relación con el cuestionamiento según el cual la Resolución núm.

66485 de 2015 que modificó la oferta de compra, fue notificada al

actor sin que este se pronunciara dentro del término de quince días

hábiles previsto en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, y que, en

consecuencia, al guardar silencio tras la notificación debía

entenderse rechazada la oferta y ello impedía continuar con el

trámite expropiatorio, frente a lo cual, el Tribunal precisó que la

citada disposición establece que el propietario cuenta con dicho

término para aceptar o rechazar la oferta, y que el silencio comporta

la renuncia a la etapa de negociación directa.

17
Mediante la cual se modificó la Resolución 44996 de 2015

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Indicó, además, que si transcurren treinta días hábiles sin que se

logre un acuerdo formal de enajenación voluntaria, materializado en

una promesa de compraventa o escritura pública, la entidad queda

habilitada para expedir el acto motivado que ordena la expropiación

por vía administrativa y, en consecuencia, concluyó que el silencio

del propietario no impedía la continuación del trámite, sino que

facultaba a la administración para expedir el acto definitivo, por lo

que el cargo fue desestimado.

Sostuvo que no le asistió razón a la parte actora al afirmar que el

procedimiento expropiatorio fue contrario a la Ley, habida cuenta que

la Resolución 3132 no fue expedida dentro del término de treinta

días previsto legalmente, respecto a lo cual manifestó que las normas

aplicables no imponen la obligación de expedir el acto de

expropiación de manera inmediata al vencimiento del término de

negociación directa, sino que facultan a la entidad para iniciar la

etapa siguiente una vez configurado el supuesto habilitante, esto es,

la falta de acuerdo formal dentro del plazo legal.

En ese sentido, determinó que la Resolución núm. 03132 de 1o.

de marzo de 2016 fue expedida dentro de un marco temporal

razonable, posterior al agotamiento de la negociación directa, sin que

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se evidenciara vulneración de las normas que regulan el trámite

expropiatorio.

En lo concerniente al desacuerdo del actor por el descuento en la

indemnización de los valores correspondientes a gastos notariales,

desconexión de servicios públicos e impuesto predial, el Tribunal

sostuvo que el avalúo oficial incorporó los componentes técnicos

exigidos por la normativa aplicable y que los valores finalmente

reconocidos se ajustaban a los parámetros legales y metodológicos

pertinentes.

Desestimó el cargo relacionado con la presunta pérdida de vigencia

del avalúo oficial al momento de expedirse la Resolución núm.

03132, al establecer que, conforme a la normativa aplicable, los

avalúos tienen vigencia de un año contado desde su comunicación o

desde la decisión que resuelva su revisión, para lo cual verificó que

el avalúo núm. 2014-2512 fue objeto de revisión y complementación,

que culminó el 10 de agosto de 2015, por lo que su vigencia se

extendía hasta el 10 de agosto de 2016, y concluyó que, dado que la

Resolución núm. 03132 fue expedida el 1o. de marzo de 2016, el

avalúo se encontraba vigente.

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En lo atinente a la inconformidad relacionada con que el valor de la

indemnización reconocido no correspondía al precio real del mercado,

sustentada en el avalúo privado elaborado por “Lonprocol”, concluyó

que el mismo no contenía elementos técnicos suficientes para

desvirtuar el avalúo oficial rendido por la UAECD, en la medida en

que no se aportaron pruebas idóneas que acreditaran error técnico,

metodológico o de cuantificación en este último; en consecuencia,

determinó que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del

acto administrativo acusado ni demostrar que el valor reconocido

fuera inferior al avalúo comercial fijado conforme a la normativa

aplicable.

Finalmente, el Tribunal concluyó que ninguno de los cargos

formulados logró acreditar la infracción de normas superiores ni la

configuración de falsa motivación en el acto definitivo de

expropiación, y que el procedimiento adelantado se ajustó a lo

dispuesto en la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013 y la normativa

técnica aplicable en materia de avalúos.

En consecuencia, decidió negar las pretensiones de la demanda, al

no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que ampara el

acto administrativo acusado.

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III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia

proferida en primera instancia, para lo cual expuso que los motivos

de inconformidad con la decisión apelada se sustentan en los

siguientes términos:

Adujo que el Tribunal en su decisión tuvo como presupuesto fáctico

que, mediante Resolución núm. 03132 de 1o. de marzo de

2016, la Dirección Técnica de Predios del IDU ordenó la expropiación

por vía administrativa del inmueble ubicado en la AK 91 # 130 C –

04 de Bogotá, identificado con cédula catastral SBU 9180, CHIP

AAA0128TWKL y matrícula inmobiliaria núm. 50N-448502, con un

área de terreno de 127,58 m², área construida de 265,37 m² y zona

dura de 1,25 m².

Indicó que en dicho acto se fijó como precio indemnizatorio la suma

total de $401.324.588, discriminada en $378.299.590 por concepto

de terreno y construcción, $6.904.495 por daño emergente y

$16.120.500 por lucro cesante, con fundamento en el avalúo

comercial núm. 2014-2512 de 10 de agosto de 2015, aclaratorio y

complementario del avalúo inicial de 14 de noviembre de 2014.

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Sostuvo que uno de los cuestionamientos centrales frente a la

legalidad del acto expropiatorio radica en la forma como la

administración determinó el objeto a expropiar y, particularmente,

en la manera como definió el área de terreno del inmueble para

efectos de establecer la indemnización reconocida al propietario.

Indicó que la entidad demandada determinó que el inmueble contaba

con un área de 127,58 m² de terreno, 265,37 m² de construcción y

1,25 m² de zona dura, definición que, a su juicio, contradice el título

de dominio del bien, en el cual consta que el área del terreno es de

160,25 m², discrepancia que incidió directamente en la realización

del avalúo y en la determinación del monto indemnizatorio

reconocido.

Expuso que, en la vida jurídica de un inmueble como objeto

apropiable, su ubicación, cabida y linderos se determinan y

consignan en documento solemne sujeto a registro, y que los bienes

inmuebles circulan jurídicamente conforme a las características y

dimensiones contenidas en los títulos de propiedad, de manera que

quien adquiere un inmueble lo hace como cuerpo cierto, salvo

modificación acordada o tramitada conforme a los procedimientos

legalmente establecidos.

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Afirmó que la Constitución y la ley otorgan a la administración la

facultad de adelantar el proceso de expropiación y certificar cabida y

linderos; sin embargo, sostuvo que dicha facultad no comprende la

potestad de imponer unilateralmente dimensiones distintas a las

contenidas en el título de dominio cuando exista desacuerdo con el

propietario, ni autoriza desconocer las condiciones jurídicas del bien.

Alegó que, si la administración discrepaba de las dimensiones del

inmueble, debía acudir al trámite legal correspondiente y garantizar

el derecho de contradicción, en lugar de imponer sus propios

criterios, resaltando que su desacuerdo como propietario no era

caprichoso sino sustentado en su título de dominio.

Arguyó que, la imposición unilateral de la cabida y linderos del

inmueble objeto de expropiación constituye una actuación arbitraria

que desconoce el debido proceso, el derecho de defensa y

contradicción y, en general, los derechos que protegen la propiedad,

en tanto la administración desconoció los títulos legítimos de

propiedad y las formas previstas en la ley para controvertirlos, sin

que exista norma que autorice tal proceder.

Indicó que los títulos de propiedad contienen la identidad, la cabida

y los linderos del inmueble, y que las controversias sobre dichas

características están reguladas por la ley civil, mientras que la

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información catastral y las certificaciones de cabida y linderos,

aunque emanadas de la administración, deben ser controvertidas y

resueltas con sujeción a las formas legales y respetando los derechos

de los interesados.

Expuso que las actuaciones unilaterales de la administración en el

procedimiento de expropiación están determinadas en la norma, pero

no pueden extenderse a aspectos no regulados expresamente, y que

el criterio de prevalencia del interés general y la necesidad que

fundamenta la expropiación no autorizan la construcción de una

actuación administrativa sobre supuestos arbitrariamente definidos.

Concluyó que la administración, al imponer unilateralmente la

certificación de cabida y linderos del inmueble desconoció el

contenido de los títulos de propiedad e incurrió en vicios que, en su

criterio, desvirtúan la presunción de legalidad del acto administrativo

que ordenó la expropiación.

Solicitó, en consecuencia, que se revoque la sentencia apelada y se

acceda a todas las pretensiones de la demanda.

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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante providencia de 10 de febrero de 2023 el Despacho

sustanciador dispuso admitir el recurso de apelación y, en atención

a que no se solicitaron pruebas en esta instancia, determinó que no

había lugar a conceder traslado para alegar de conclusión, de

conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del

CPACA.

Al respecto, se debe aclarar que el 23 de febrero de 2023 el

apoderado del IDU presentó memorial de “pronunciamiento frente al

recurso de apelación”; 18 sin embargo, de conformidad con lo

dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA 19, dicho

memorial no será tenido en cuenta, toda vez que fue radicado con

posterioridad a que se concediera la apelación y a la ejecutoria del

auto que la admitió en segunda instancia, providencia que fue

18
Índice 13 del expediente digital
19
ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

(…)

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la
admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el
recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.

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notificada electrónicamente el 14 de febrero de 2023 20 y por estado

el 16 de ese mismo mes y año21.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 3132 de 1o. de marzo de 2016, “Por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa”, expedida por la

Dirección Técnica de Predios del IDU, mediante la cual dispuso la

expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la parte

actora ubicado en la carrera 91 # 130 C – 04 de la ciudad de Bogotá,

identificado con cédula catastral SBU 9180, CHIP AAA0128TWKL y

matricula inmobiliaria 50N – 448502, cuyo titular de dominio es el

actor y donde se determinó, entre otros aspectos, el pago de la

indemnización por valor de $401.324.585.

Con tal propósito, la parte demandante estructuró como cargos de

ilegalidad los siguientes: a) Expedición de los actos acusados con

infracción de las normas en que debían fundarse, subdividido

en los siguientes reproches: i) vulneración del artículo 58 de la

Constitución Política; ii) desconocimiento de los artículos 61, 62 y 71

20
Índice 00007 del expediente digital
21
Índice 00008 del expediente digital

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de la Ley 388 de 1997; de los artículos 22 y 24 del Decreto 1420 de

1995; de las Resoluciones 898 y 1044 de 2014; y del numeral 2 del

artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al

no haberse reconocido la totalidad de los componentes económicos

que la ley impone integrar en la indemnización; y iii) infracción de

los artículos 58 a 72 de la Ley 388 de 1997 y de los artículos 20, 21,

23, 24, 25, 26 y 37 de la Ley 1682 de 2013; y b) Falsa motivación

del acto administrativo demandado.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, por considerar

que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad que

ampara el acto acusado.

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de

apelación, argumentando su inconformidad con la conclusión del a

quo, según la cual no se logró desvirtuar la presunción de legalidad

los actos administrativos demandados, por estimar que la

administración no tenía la facultad de determinar el área, la cabida y

los linderos en el proceso de expropiación administrativa del que fue

objeto el inmueble de su propiedad, habida cuenta que existe

discrepancia con el título de dominio inscrito y el área técnica

establecida por la administración en el avalúo oficial.

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Al respecto, el apelante precisó que la administración vulneró el

debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, al

determinar el área del inmueble con base en un levantamiento

topográfico que arrojó 127,58 m², pese a que el título adquisitivo

consignaba un área de 160,65 m², circunstancia que, a su juicio,

incidió en el avalúo oficial, en el monto de la indemnización, y que

viciaba de ilegalidad el acto de expropiación.

Por tal razón, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera

instancia.

Previo al análisis de fondo, es del caso advertir que la Sala es

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos

contra los fallos de primera instancia en aquellos temas que

constituyeron la oposición específica a la decisión de los Tribunales.

De este modo, el estudio y la competencia del fallador de segunda

instancia se limitará a examinar los reproches invocados en el

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera

instancia.

Problema jurídico

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

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corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la

sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la Subsección “B”

de la Sección Primera del Tribunal.

Para resolver el problema jurídico aludido, la Sala enunciará el acto

acusado y su contenido, para enseguida desarrollar el estudio de los

cargos planteados en la apelación.

. - Acto acusado y su contenido

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad del siguiente

acto administrativo:

➢ Resolución núm. 03132 de 1o. de marzo de 2016,

expedida por la Dirección Técnica de Predios del IDU, “Por la

cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, del

área denominada del inmueble ubicado en la AK 91 # 130 С -

04, de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula

catastral SB U 9180, CHIP AAA0128TWKL y matrícula

inmobiliaria núm. 50N-448502, en cuya parte resolutiva,

dispone lo siguiente:

“[…] RESUELVE

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ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en la AK 91 130 С - 04, de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral SB U 9180, CHIP
AAA0128TWKL y matrícula inmobiliaria 50N-448502 conforme
al Registro Topográfico número 44436 donde aparece
debidamente delimitado y alinderado con un área de
terreno de 127.58M2, de terreno, Construcción Casa de
265.37M2 y Zona Dura de 1.25M2, elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de junio de 2014, cuyos linderos
específicos son POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea
recta y distancia (16.23 ml) colindando con propiedad privada;
POR EL SUR: Del punto C al D en línea recta y distante en (15.40
ml) con la calle 130C; POR EL ORIENTE: Del punto B al C en
línea recta y distante en (8.06 ml) colindando con propiedad
privada; POR EL OCCIDENTE: Del punto D al A en línea recta y
distante en (8.11 ml) lindando con la AK 91 y sus linderos
Generales son: POR EL NORTE: En extensión de dieciocho
metros con veinticinco centímetros (18.25 mts)
aproximadamente, con la mitad del lote número treinta y nueve
(39); POR EL SUR: En extensión de diecisiete metros con treinta
centímetros (17.30 mts), con la calle "B" de la parcelación. POR
EL ORIENTE: En extensión le nueve OCCIDENTE: En extensión
de nueve metros (9.00 mts), con la carrera que va a suba. Cuyo
titular de derecho de dominio inscrito es el señor WILLIAM ORTIZ
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
11.389.351.

ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de:
CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($401.324.585.00)
MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con informe Técnico Avalúo
Comercial No 2014-2512 de fecha 10 de agosto de 2015, el cual
complementa y aclara el informe técnico avalúo comercial No.
2014-2512 del 14 de noviembre de 2014, elaborado por la
Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital de Bogotá
(UAECD) - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica y el informe de Reconocimiento
Económico del 17 de febrero de 2016. El referido valor
comprende: 1. La suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MII. QUINIENTOS
NOVENTA PESOS ($378.299.590.00) MONEDA CORRIENTE por
concepto de avalúo comercial terreno y construcción. 2. la suma
de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($6.904.495.00)
MONED/ CORRIENTE por concepto de indemnización por daño
emergente. 3. La suma de suma DIECISEIS MILLONES CIENTO

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VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS ($16.120.500.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de Lucro Cesante [...]”.

V.2.- Caso concreto

Precisado el problema jurídico y determinado el contenido de los

actos acusados, procede la Sala a resolver los cargos planteados en

el recurso de apelación. En ese orden de ideas, para resolver el

interrogante planteado, se hará referencia al marco jurídico general

aplicable a la expropiación administrativa, para enseguida abordar el

estudio del caso concreto.

• Del procedimiento de expropiación administrativa -
Generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social. La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.

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Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio […]”.

De esta norma se destaca que el derecho a la propiedad no es

absoluto y se funda en varios principios que la Corte Constitucional 22

ha decantado como resultado de la interpretación del artículo 58 de

la Carta, así: i) La garantía a la propiedad privada y los demás

derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la

Constitución Política protege y promueve las formas asociativas y

solidarias de la propiedad; iii) se reconoce el carácter limitable de la

propiedad; iv) se establecen las condiciones en que prevalece el

interés público o social sobre el interés privado; v) se le asigna a la

propiedad una función social y ecológica; y, vi) se fijan las

modalidades y los requisitos de la expropiación.

De otra parte, y acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, la Ley 9ª de 11 de enero de 198923 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997, que modificó la citada Ley 9ª.

22
Así se puntualizó por la Corte Constitucional entre otros en los siguientes pronunciamientos.
Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11.
23
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

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Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 regulan el procedimiento que se

adelanta con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía

administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 24, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el carácter

administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor del precio

indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS, el cual será igual

al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo

6125 de la presente ley […]”. (Destacado fuera de texto).

24
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
25
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].

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De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho que la actuación del Estado se

hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

Sobre el particular, esta Sección 26 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad
que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación
patrimonial a la cual es sometido de manera forzada.
En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no
significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal
un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de
la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 05001-23-31-000-2007-03162-
01.

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sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral […]”. (Destacado fuera de
texto).

Corolario de lo anterior, para la Sala se hace necesario traer a

colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la

acción especial contencioso administrativa de nulidad y

restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de

expropiación por vía administrativa, ya que servirán para el análisis

del recurso interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.

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[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 27 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 200928, aleccionó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196
01.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.

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patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y
el H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues

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no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ , señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor R AFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al

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patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones para

el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el artículo

61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo que

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para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el segundo,

además de comprender aquel, contiene el daño emergente y el

lucro cesante, así como los demás perjuicios que merezcan ser

reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que permitan

inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio técnico

apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado29.

. De la indebida determinación de la cabida y linderos del

inmueble

Ahora, como se dijo anteriormente, la parte actora, en el recurso de

apelación, cuestionó la legalidad del acto administrativo que ordenó

la expropiación por la forma como la entidad demandada estableció

el área de terreno del inmueble, circunstancia que, a su juicio, incidió

en el avalúo oficial, en el monto de la indemnización; y que, además,

viciaba de ilegalidad el acto de expropiación acusado.

29
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).

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Al efecto, la parte recurrente sostuvo que la administración vulneró

el debido proceso y sus derechos de defensa y contradicción, al

determinar el área del inmueble objeto de expropiación, con

fundamento en un levantamiento topográfico que estableció un área

de 127,58 m², pese a que en el título adquisitivo se consignaba un

área de 160,65 m².

Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el valor del avalúo comercial en el acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se

siente afectada probar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

bien expropiado, de la siguiente manera30:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de
esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido
en los actos acusados se encuentra amparado por la presunción de
legalidad y de certeza de las decisiones de la administración, y que
la misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar
objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento para la
determinación del monto de una indemnización expropiatoria, y en
la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse incorporado

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00196-01.

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo
concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la
incorrección del avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo
Urbano determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria
y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera
de texto).

Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la prueba

para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala 31 ha precisado lo siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de
la administración, no es del caso que el escrito de demanda anexe
otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el realizado por la
entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial, es indispensable que
el actor, con base en las normas que regulan la materia,
indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de que se
ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00115-
01.

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Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el cual

recayó la medida, sino que corresponde al interesado probar los

errores del avalúo oficial y, en particular, la incidencia de estos en el

precio que fue determinado.

Ahora bien, en lo que atañe a la diferencia de áreas, a partir de los

elementos de juicio obrantes en el plenario, la Sala advierte que el

avalúo oficial núm. 2014-2512 de 14 de noviembre de 2014

elaborado por la UAECD, determinó como área del inmueble, objeto

de la controversia, una extensión de 127.58m2, así:

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Precisamente, el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, establece que

la solicitud de avalúo debe acompañarse, entre otros documentos,

de la identificación del inmueble por su dirección o descripción de

linderos y la indicación expresa de las áreas del terreno y de las

construcciones o mejoras. En efecto, dicha disposición prevé:

“[…]Artículo 13.- La solicitud de realización de los avalúos
de que trata el presente Decreto deberá presentarse por la
entidad interesada en forma escrita, firmada por el
representante legal o su delegado legalmente autorizado,
señalando el motivo del avalúo y entregando a la entidad
encargada los siguientes documentos:

1. Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección
y descripción de linderos.
2. Copia de la cédula catastral, siempre que exista
3. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble
objeto del avalúo, cuya fecha de expedición no sea anterior
en más de tres (3) meses a la fecha de la solicitud.
4. Copia del plano del predio o predios, con indicación de
las áreas del terreno, de las construcciones o mejoras
del inmueble o motivo de avalúo, según el caso.
5. Copia de la escritura del régimen de propiedad horizontal,
condominio parcelación cuando fuere del caso.
6. Copia de la reglamentación urbanística vigente en el
municipio o distrito, en la parte que haga relación con el
inmueble objeto del avalúo. Se entiende por reglamentación
urbanística vigente aquella expedida por autoridad
competente y debidamente publicada en la gaceta que para
el efecto tenga la administración municipal o distrital.
7. Para el caso del avalúo previsto en el artículo 37 de la Ley
9 de 1989, deberá informarse el lapso de tiempo durante el
cual se imposibilite la utilización total o parcial del inmueble
como consecuencia de la afectación […]” (Destacado fuera
de texto).

De lo anterior se desprende que la precisión en la determinación del

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área constituye un insumo técnico esencial para la válida elaboración

del avalúo comercial, en tanto incide directamente en la

cuantificación del valor del bien objeto de adquisición.

En cumplimiento de dicha disposición, el IDU practicó el

levantamiento topográfico del inmueble, identificado como Registro

Topográfico núm. 44436, mediante el cual, luego de la medición en

campo y del procedimiento técnico correspondiente, se determinó

que el área real del terreno ascendía a 127,58 m², en los siguientes

términos:

«[…]

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[…]»32.

Del acervo probatorio obrante en el expediente se advierte que el

título adquisitivo de dominio consignaba un área de 160,65 m²,

circunstancia que dio lugar a la discrepancia detectada por la

administración y que motivó la activación del trámite previsto en el

artículo 26 de la Ley 1682 de 2013 33, orientado a obtener

certificación de cabida y linderos por parte de la UAECD. En

desarrollo de dicho procedimiento, la autoridad catastral presentó

una propuesta técnica de actualización que arrojó un área

aproximada de 125,1 m², la cual no fue aceptada por el propietario,

por lo que no se expidió certificación definitiva ni se acreditó que el

interesado hubiera acudido a la jurisdicción para definir el metraje

controvertido.

32
SAMAI Índice 00002; Cuaderno principal 002; folio 38.
33
“[…]ARTÍCULO 26. Actualización de cabida y linderos. En caso de que en el proceso de
adquisición o expropiación de inmuebles necesarios para la realización de proyectos de infraestructura
de transporte, se requiera la actualización de cabida y/o linderos, la entidad pública, o quien haga sus
veces, procederá a solicitar dicho trámite ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la
autoridad catastral correspondiente.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente comparará la
información contenida en los títulos registrados con la que tiene incorporada en sus bases de datos,
disponiendo y practicando una inspección técnica para determinar su coincidencia. Si la información de
los títulos registrados coincide en un todo con la de sus bases de datos, procederá a expedir la
certificación de cabida y/o linderos.

Si la información de catastro no coincide con la de los títulos registrados, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente convocará a los titulares de derechos de
dominio y demás interesados, directamente o a través de un medio de comunicación idóneo, para
buscar un acuerdo a partir de una propuesta que sobre cabida y/o linderos el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) o quien haga sus veces realice. Si se llega a un acuerdo, se expedirá la
certificación de cabida y/o lindero; en caso contrario, se agotarán las instancias judiciales a que
haya lugar por parte de los titulares de derecho de dominio. […]” (Destacado fuera de texto).

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En desarrollo de dicho trámite, se dio inicio al procedimiento de

certificación ante la autoridad catastral competente y, conforme

consta en el acta de 14 de julio de 2015, se llevó a cabo reunión con

representantes de la UAECD, del IDU y del propietario del predio,

en la cual se presentó y explicó la propuesta técnica de actualización

de cabida y linderos, con la indicación detallada de las medidas,

linderos y del área del inmueble objeto de la solicitud.

Obra en el expediente el acta de 14 de julio de 2015, documento que

acredita la celebración de la reunión y cuyo contenido pertinente es

del siguiente tenor:

Del contenido del acta se evidencia que el 14 de julio de 2015 se

llevó a cabo reunión técnica en la UAECD, con la participación de

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funcionarios de dicha entidad y que el actor manifestó expresamente

su desacuerdo con la propuesta técnica presentada por la autoridad

catastral de actualización de cabida y de linderos del predio objeto

de expropiación, razón por la cual no se logró acuerdo de voluntades

y el trámite de adquisición de la certificación culminó sin la expedición

de certificación definitiva de cabida y linderos.

Cabe mencionar que, de conformidad con el citado artículo 26 de la

Ley 1682, si no se llegare a un acuerdo sobre la actualización de

cabida y linderos, como ocurrió en este caso, “se agotarán las

instancias judiciales a que haya lugar por parte de los

titulares de derecho de dominio”.

Por lo anterior, ante la ausencia de acuerdo respecto de la cabida y

sin que el titular del derecho de dominio acreditara haber

promovido la acción judicial prevista para dirimir la

controversia sobre el metraje del predio, la administración

prosiguió el trámite con fundamento en la medición técnica

practicada en campo, actuación que no puede reputarse arbitraria,

en tanto estuvo precedida del agotamiento del procedimiento legal

orientado a esclarecer la discrepancia advertida y del intento formal

de concertación técnica ante la autoridad catastral competente.

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Ahora bien, la diferencia entre el área consignada en el título

adquisitivo de dominio y la determinada en el Registro Topográfico

núm. 44436 no fue desapercibida por el IDU, pues mediante auto de

19 de agosto de 2015 la Dirección Técnica de Predios de esa entidad

dispuso, -en aplicación del artículo 40 del CPACA y del principio de

primacía de lo sustancial sobre lo formal-, decretar prueba de oficio

con el fin de esclarecer tanto la diferencia de áreas como la

indemnización por concepto de lucro cesante, en los siguientes

términos:

“[…] AUTO:

Expediente identificado con RT 44436

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2015

De conformidad con el artículo 40 del CPCA, previo a adoptar la
decisión de fondo que corresponde y con el fin de dar claridad a
la Indemnización por concepto de lucro cesante y a la
Diferencia de áreas que existe, con ocasión al Registro
Topográfico No. 44436, elaborado en el mes de junio de
2014 y el título adquisitivo de dominio, se decretará la
práctica de una prueba de oficio. Ello en aplicación al
Principio de Primacía de lo sustancial sobre lo formal. En mérito
de lo expuesto la Dirección Técnica de Predios del instituto de
Desarrollo Urbano.

RESUELVE

1. Ordenar, para mejor proveer, requerir a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, para que
allegue con destino al expediente identificado con el R.T. No
44436, Indemnización por concepto de Lucro Cesante y
Certificación de Cabida y Linderos […]” (Destacado fuera de
texto).

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En efecto, el IDU resolvió requerir a la UAECD para que allegara,

con destino al expediente identificado con el Registro Topográfico

núm. 44436, la certificación de cabida y linderos del inmueble objeto

de expropiación, lo cual pone de manifiesto que la administración no

impuso unilateralmente un metraje, sino que continuó con el

mecanismo técnico-institucional previsto para resolver la

discrepancia advertida.

En atención a la divergencia existente entre el área consignada en el

título adquisitivo de dominio (160,65 m²) y la determinada en el

Registro Topográfico núm. 44436 (127,58 m²), la entidad

expropiante formuló solicitud formal de certificación de cabida y

linderos ante la UAECD, mediante oficio núm. 20155321403731 de

3 de septiembre de 2015, con lo cual dio continuidad al

procedimiento legalmente previsto para dirimir la discrepancia

advertida.

Posteriormente, mediante Resolución 66485 de 23 de diciembre de

2015, la Dirección Técnica de Predios del IDU reiteró la necesidad de

aclarar el área del inmueble antes de la elaboración de la minuta de

compraventa, disponiendo expresamente que dicha precisión debía

efectuarse con base en la certificación de cabida y linderos que

emitiera la UAECD, conforme a lo previsto en la Ley 1682 de 2013 y

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

en las Resoluciones IGAC núm. 193 de 20 de febrero de 2014 y

UAECD núm. 0405 de 4 de marzo de 2015, así:

“[…] PARAGRAFO: Teniendo en cuenta la diferencia de áreas
de terreno entre el Registro Topográfico No 44436 elaborado por
la Dirección Técnica de Predio del IDU en el mes de junio de
2014 y el título adquisitivo de dominio, previa a la elaboración
de la minuta de compraventa que perfeccione el presente
contrato, se deberá aclarar el área de terreno del inmueble con
base en la certificación de cabida y linderos que emita la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), solicitada
por el IDU conforme a la Ley 1682 de 2013 y las Resoluciones
del IGAC No 193 del 20 de febrero de 2014 y de la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital (UAECD) No 0405 del 04 de
marzo de 2015.

Que mediante radicado oficio radicado IDU No.
20155261106972 del 13 de agosto de 2015, se recibió por parte
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
informe técnico de avalúo No 2014-2512 del 10 de agosto de
2015, el cual complementa y aclara el informe técnico de avalúo
comercial No 20 14-2512 del 14 de noviembre de 2014.

Que, por lo expuesto, se hace necesario modificar los artículos,
tercero y cuarto de la Resolución No. 44996 DEL 19 DE JUNIO
DE 2015 […]” (Destacado fuera de texto).

En el referido acto administrativo se dejó consignado que, ante la

diferencia entre el área del Registro Topográfico núm. 44436 y la

contenida en el título de dominio, resultaba necesario acudir al

trámite técnico correspondiente, lo cual pone de presente que la

administración reconoció expresamente la existencia de la

discrepancia y procuró su esclarecimiento por la vía legal prevista.

En ese orden y ante la inexistencia de certificación definitiva y en

aplicación de los principios de primacía de la realidad y de sana crítica

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probatoria, el avalúo debía elaborarse con fundamento en el registro

topográfico practicado en terreno, máxime cuando los numerales 4 y

5 del artículo 6º de la Resolución 620 de 2008 del IGAC exigen el

reconocimiento físico del bien y la verificación de las mediciones

como etapas obligatorias del proceso técnico de valoración, así:

“[…]ARTÍCULO 6o. ETAPAS PARA ELABORACIÓN DE
LOS AVALÚOS.

Para la elaboración de los avalúos utilizando cualquiera de
los métodos enunciados anteriormente deben realizarse las
siguientes etapas:

1. Revisión de la documentación suministrada por la
entidad peticionaria, y si hace falta algo de lo previsto en
el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a
solicitarlo por escrito.

2. Definir y obtener la información que adicionalmente se
requiere para la correcta identificación del bien. Se
recomienda especialmente cartografía de la zona o
fotografía aérea, para la mejor localización del bien.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del
Decreto 1420 de 1998, verificar la reglamentación
urbanística vigente en el municipio o distrito donde se
encuentre localizado el inmueble. En el evento de contar
con un concepto de uso del predio emitido por la entidad
territorial correspondiente, el avaluador deberá verificar
la concordancia de este con la reglamentación urbanística
vigente.

4. Reconocimiento en terreno del bien objeto de
avalúo. En todos los casos dicho reconocimiento
deberá ser adelantado por una persona con las
mismas características técnicas y profesionales de
la persona que ha de liquidar y firmar el avalúo.

5. Siempre que sea necesario se verificarán las
mediciones y el inventario de los bienes objeto de
la valoración. En caso de edificaciones deberán
constatarse en los planos las medidas y escalas en

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

que se presente la información. Y cuando se
observen grandes inconsistencias con las medidas,
se informará al contratante sobre las mismas.

6. En la visita de reconocimiento deberán tomarse
fotografías que permitan identificar las características
más importantes del bien, las cuales posteriormente
permitirán sustentar el avalúo.

7. Cuando se realicen las encuestas, deberán
presentarse las fotografías de los inmuebles, a los
encuestados para una mayor claridad del bien que se
investiga.

8. Aun cuando el estudio de los títulos es responsabilidad
de la entidad interesada, una correcta identificación
requiere que el perito realice una revisión del folio de
matrícula inmobiliaria para constatar la existencia de
afectaciones, servidumbres y otras limitaciones que
puedan existir sobre el bien, excepto para la
determinación de los avalúos en la participación de
plusvalías […]” (Destacado fuera de texto).

Como consecuencia de lo anterior, la entidad continuó con el

procedimiento expropiatorio y expidió la Resolución núm. 03132

de 1o. de marzo de 2016, en la cual se dejó consignado

expresamente que el área del inmueble objeto de expropiación

correspondía a la determinada en el Registro Topográfico 44436,

elaborado por la Dirección Técnica de Predios del IDU en junio de

2014.

En sus considerandos, se indicó que el predio aparecía

“debidamente delimitado y alinderado”, conforme a dicho

registro topográfico, estableciendo un área de terreno de 127,58 m²,

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junto con una construcción de 265,37 m² y una zona dura de 1,25

m². Asimismo, la resolución dejó constancia de la discrepancia

existente entre el área consignada en el título adquisitivo (160,65

m²) y la arrojada por el Registro Topográfico núm. 44436, señalando

que por tal motivo se solicitó certificación de cabida y linderos ante

la UAECD; no obstante, al no lograrse acuerdo, se continuó el

trámite de expropiación con fundamento en la medición técnica

efectuada en campo.

En la parte resolutiva de la citada Resolución núm. 03132

acusada, el artículo primero reiteró que la expropiación se ordenaba

respecto del inmueble “conforme al Registro Topográfico número

44436”, consolidando, de esta manera, como área oficial para efectos

indemnizatorios un área de 127,58 m², así:

“[…] RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en la AK 91 130 С - 04, de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral SB U 9180, CHIP
AAA0128TWKL y matrícula inmobiliaria 50N-448502 conforme
al Registro Topográfico número 44436 donde aparece
debidamente delimitado y alinderado con un área de
terreno de 127.58M2, de terreno, Construcción Casa de
265.37M2 y Zona Dura de 1.25M2, elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de junio de 2014, cuyos linderos
específicos son POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea
recta y distancia (16.23 ml) colindando con propiedad privada;
POR EL SUR: Del punto C al D en línea recta y distante en (15.40
ml) con la calle 130C; POR EL ORIENTE: Del punto B al C en
línea recta y distante en (8.06 ml) colindando con propiedad

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privada; POR EL OCCIDENTE: Del punto D al A en línea recta y
distante en (8.11 ml) lindando con la AK 91 y sus linderos
Generales son: POR EL NORTE: En extensión de dieciocho
metros con veinticinco centímetros (18.25 mts)
aproximadamente, con la mitad del lote número treinta y nueve
(39); POR EL SUR: En extensión de diecisiete metros con treinta
centímetros (17.30 mts), con la calle "B" de la parcelación. POR
EL ORIENTE: En extensión le nueve OCCIDENTE: En extensión
de nueve metros (9.00 mts), con la carrera que va a suba. Cuyo
titular de derecho de dominio inscrito es el señor WILLIAM ORTIZ
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
11.389.351 [...]”. (Destacado fuera del texto)

Ahora, la Sala destaca que, además del levantamiento topográfico

44436 realizado por la Dirección Técnica de Predios del IDU, obra en

el expediente el Boletín Catastral expedido por la UAECD el 10 de

junio de 2015, en el cual consta que para el año 2014, -fecha en la

cual se realizó tanto el levantamiento como el avalúo oficial-, que el

inmueble tenía una superficie de terreno de 125,10 m², que resulta

sustancialmente coincidente con la medición física efectuada en

campo (127,58 m²) y notoriamente divergente del área de 160,65

m² consignada en la escritura pública. En efecto, dicho Boletín

Catastral determinó el metraje del terreno así:

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Conforme a lo anterior, la Sala advierte que dicha información

catastral, si bien no constituye título de dominio, también lo es que

sí constituye un instrumento técnico de identificación física del predio

que refleja su realidad material y que, en armonía con el artículo 13

del Decreto 1420 de 1998 y los numerales 4 y 5 del artículo 6 de la

Resolución 620 de 2008 del IGAC, legitima que el avalúo comercial

se funde en mediciones verificadas en terreno, de acuerdo con la

realidad encontrada.

Aunado a lo anterior, la Sala constata que obra, igualmente, en el

expediente la certificación catastral de 3 de diciembre de 2014,

expedida por la UAECD, en la cual se establece para el inmueble una

superficie de terreno de 123,7 m² y un área construida de 258,7

m², información que resulta concordante con el Boletín Catastral de

10 de junio de 2015 y con el levantamiento topográfico 44436,

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practicado por la Dirección Técnica de Predios del IDU, todos los

cuales ubican el área física real del predio en un rango aproximado

de 123 a 127 m², de la siguiente manera:

Al respecto, la Sala advierte que esta coincidencia técnica, sostenida

de manera reiterada, evidencia que la determinación administrativa

no obedeció a una variación arbitraria, como lo sostuvo el apelante,

sino a la constatación objetiva de la realidad material del inmueble,

de conformidad con las reglas técnicas previstas en el artículo 13 del

Decreto 1420 de 1998 y en el artículo 6º de la Resolución 620 de

2008 del IGAC.

En ese orden de ideas, es evidente que la coincidencia técnica entre

el registro topográfico y la información catastral desvirtúa la alegada

arbitrariedad administrativa y pone de manifiesto que la

determinación del área no obedeció a una imposición de la

administración, conforme lo sostuvo el recurrente, sino a la

constatación objetiva de la superficie física existente, sin que el

apelante hubiese acreditado, mediante prueba idónea o decisión

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judicial ejecutoriada, la existencia real del metraje adicional

consignado en el título, al que él hace referencia.

En consecuencia, del análisis integral del trámite administrativo y del

contenido de la Resolución núm. 03132 de 2016 acusada se

concluye que la determinación del área del inmueble en 127,58 m²

no obedeció a una decisión arbitraria de la administración, sino a la

adopción del metraje establecido en el Registro Topográfico 44436,

elaborado mediante medición técnica en campo y debidamente

incorporado al expediente, en consonancia con la normativa

aplicable.

La sala reitera que la discrepancia con el área consignada en el título

adquisitivo fue advertida y tramitada conforme al procedimiento

previsto en el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013, sin que se lograra

acuerdo ni se acreditara decisión judicial que fijara un metraje

distinto y, en consecuencia, la administración actuó con sujeción al

marco normativo aplicable y con fundamento a la realidad física

verificada del bien, por lo que la fijación del área para efectos del

avalúo oficial y de la indemnización se ajustó a derecho y no

configura vulneración del debido proceso.

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Así las cosas, la Sala advierte que no se configuró vulneración alguna

del derecho al debido proceso y de los derechos que protegen la

propiedad, alegados por el apelante, por cuanto la determinación del

área del inmueble no obedeció a una actuación arbitraria ni a la

imposición unilateral del criterio de la administración, sino al ejercicio

de competencias expresamente previstas en el ordenamiento jurídico

y desarrolladas conforme a los procedimientos técnicos y normativos

aplicables al asunto.

En efecto, lo que se observa es que la actuación administrativa

estuvo amparada por el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, los

numerales 4 y 5 del artículo 6º de la Resolución 620 de 2008 del

IGAC, el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013, que autorizan y exigen

la verificación técnica en terreno del bien objeto de avalúo, así como

la activación del trámite de certificación de cabida y linderos, al

advertir discrepancias entre la información registral y la realidad

física del predio.

Además, la Sala destaca que las actuaciones realizadas por el IDU

ponen de manifiesto que no desconoció la diferencia de áreas, habida

cuenta que practicó levantamiento topográfico en campo, solicitó

formalmente la certificación de cabida y linderos ante la UAECD,

promovió reunión técnica con la participación del propietario para

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exponer la propuesta de actualización, recibió el informe técnico

complementario de avalúo y ajustó los actos administrativos

correspondientes a los resultados obtenidos, entre otras actuaciones

antes señaladas, que evidencian la debida diligencia administrativa

orientada a garantizar claridad técnica y respeto por los derechos del

titular del dominio.

De ahí que le asistió razón al Tribunal cuando dijo:

“[…] g) Por lo tanto, el cargo de nulidad formulado por la parte
actora no está llamado a prosperar, dado que no es posible
reconocer suma alguna de dinero por un área de terreno que, si
bien se encuentra establecida en el título jurídico de adquisición
-160.65 m2- (fl. 194 vlto. cdno. antecedentes), lo cierto es que
su existencia física no se encuentra acreditada.

h) Asimismo, cabe anotar que el inciso final del artículo 26 de la
Ley 1682 de 2013 dispone, entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…) Si se llega a un acuerdo, se expedirá la certificación de
cabida y/o lindero; en caso contrario, se agotarán las instancias
judiciales a que haya lugar por parte de los titulares de derecho
de dominio”. La norma es clara en establecer que, si el
propietario no estaba de acuerdo con la certificación de cabida y
linderos – como ocurrió en este caso– podía acudir a instancias
judiciales. Sin embargo, en este proceso el demandante no
acreditó que hubiese acudido a alguna instancia judicial o que
exista una sentencia ejecutoriada que hubiese determinado un
área de terreno distinta a la reconocida en el proceso de
expropiación que culminó con el acto acusado.

i) En ese orden, este cargo de nulidad carece de sustento real y
válido [...]”.

Por lo tanto, la Sala considera que la administración no vulneró el

debido proceso y los derechos de defensa y contradicción de la parte

actora, al determinar el área del inmueble objeto de expropiación con

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fundamento en un levantamiento topográfico que estableció un área

de 127,58 m², pese a que en el título adquisitivo se consignaba un

área de 160,65 m². Y en tal sentido, el monto o valor de la

indemnización determinado en el avalúo oficial núm. 2014-2512 de

14 de noviembre de 2014, elaborado por la UAECD y contenido en

la Resolución núm. 03132 de 2016 acusada, no fue desvirtuado.

En consecuencia, la Sala considera que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos acusados,

en tanto que, no puede afirmarse que la administración haya

impuesto su criterio desconociendo el debido proceso o el derecho de

defensa, pues su actuación se apoyó en mediciones técnicas

verificadas, en la información catastral disponible y en el

procedimiento legalmente establecido para resolver discrepancias.

Al respecto, se debe señalar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el

avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

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incorreciones. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 15 de

agosto de 2019 34 indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”35.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección36 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación
dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.
35
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

36
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la Sala considera que los argumentos de la alzada no

están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la presunción de

legalidad del proceso expropiatorio y de los actos administrativos

acusados, razón por la que se confirmará la sentencia recurrida,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 37 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP38, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo 39, corresponde examinar

si hay lugar a condenar a la parte apelante, en los términos del

numeral 3 del artículo 36540 ibidem, al pago de las costas en esta

instancia.

37
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
38
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
39
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
40
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

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Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso 41 y por las agencias en derecho42“. Así, producto de la

comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le corresponde

a la Sala fijar el valor de las costas en el componente de agencias en

derecho al verificarse en esta instancia la intervención de la parte

vencedora. Por su parte, las expensas y los gastos del proceso, y por

ser estos previamente determinados por auto o acto que lo acredite

durante la actuación procesal, su fijación se sujeta a la liquidación 43

que realice el secretario del Tribunal a quo y según la comprobación

de que se incurrieron en éstos.

[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
41
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
42
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
43
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01718-03
Actor: WILLIAM ORTÍZ RODRÍGUEZ

Según estas reglas, y en cumplimiento de lo previsto en los

numerales 1 y 8 44 del artículo 365 y 4 del 366 del CGP 45, la Sala se

abstendrá de fijar agencias en derecho, toda vez que de la revisión

del expediente se advierte que la entidad demandada no realizó

gestión alguna dentro de esta instancia 46, motivo suficiente para

adoptar esta decisión.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, mediante providencia de 10 de

febrero de 2023 el Despacho sustanciador dispuso admitir el recurso

de apelación y, en atención a que no se solicitaron pruebas en esta

instancia, determinó que no había lugar a conceder traslado para

alegar de conclusión, de conformidad con lo previsto en el numeral 5

del artículo 247 del CPACA.

44
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
45
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
46
De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó
gestión alguna en el trámite de segunda instancia.

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Al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto que el 23 de febrero

de 2023 el apoderado del IDU presentó memorial de

“pronunciamiento frente al recurso de apelación”, también lo es que

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del

CPACA, dicho memorial no fue tenido en cuenta, toda vez que fue

radicado con posterioridad a que se concediera la apelación y a la

ejecutoria del auto que la admitió en segunda instancia, providencia

que fue notificada electrónicamente el 14 de febrero de 2023 y por

estado el 16 de ese mismo mes y año.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta instancia,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
Salva voto parcial

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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