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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00117-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00117-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral primero y parcialmente el segundo, de la sentencia de 31 de marzo de 2022 de la Subsección “A” de la Sección Primera del 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carlos Alberto Ramírez Domínguez Demandados: Banco de la República y otro Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de los cuales se declaró cosa juzgada parcial y la improcedencia sobre los artículos “78 del Código Procesal Laboral y 1, 2 (con excepción del numeral 2.3., respecto del cual prosperó la cosa juzgada) y 3 del Decreto 1337 de 2016”, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de marzo de 2022, en cuanto DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la acción de cumplimiento respecto de los artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución Política de Colombia y la NEGATIVA de las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Samuel Eduardo Meza Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.719.007 y portador de la tarjeta profesional No. 268676 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de Colpensiones, conforme a los términos y facultades contenidas en el poder general y su sustitución, obrantes en el expediente37, de acuerdo con las reglas de los artículos 74 a 76 del CGP. Por Secretaría General, permítasele al referido abogado el acceso a SAMAI respecto del presente proceso. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2022-00117-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de junio de 2022

Demandante: Carlos Alberto Ramírez Domínguez
Demandados: Banco de la República y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01
Demandante: CARLOS ALBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
Demandados: BANCO DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Tema: Acción de cumplimiento – Pensión de jubilación, cuotas
partes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Quinta procede a resolver la impugnación interpuesta por el
accionante contra la sentencia de 31 de marzo de 2022, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que: i) declaró cosa juzgada parcial en relación con los artículos 78
de la Ley 1753 de 2015 y 2 [numeral 2.3.] y 4 del Decreto 1337 de 2016, ii)
declaró la improcedencia en relación con los artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la
Constitución Política; 78 del Código Procesal Laboral y 1, 2 (con excepción del
numeral 2.3.) y 3 del Decreto 1337 de 2016 y iii) negó las pretensiones de la
demanda ejercida contra el Banco de la República y la Administradora Colombiana
de Pensiones– en adelante Colpensiones.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

El señor Carlos Alberto Ramírez Domínguez, en ejercicio de la acción prevista en
la Ley 393 de 1997, demandó al Banco de la República y Colpensiones, para que
se les ordene acatar los artículos 3, 38 (literal b), 39 y 41 de la Ley 31 de 1992; 46
(literal b), 47, 57 y 58 del Decreto 2520 de 1993; 19, 55 y 56 del Código Sustantivo
del Trabajo; 27, 28, 71, 1626, 1627 y 1649 del Código Civil; 1, 2, 6, 46 y 48 de la
Constitución Política; 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3 y 2.2.4.13.5 del Decreto
1833 de 2016; 11, 12 y 289 de la Ley 100 de 1993; 78 del Código de
Procedimiento Laboral; 8 de la Ley 71 de 1988; 9 del Decreto 1160 de 1989; 78 de
la Ley 1753 de 2015; y 1, 2, 3, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016, para que se
accediera a lo siguiente:

“[…] 1. Que el Banco de la República proceda a pagar en su totalidad la pensión de
jubilación con sus propios recursos y que el pago se efectúe el primer día hábil de
cada mes como se venía haciendo antes del 1º de enero de 2020.

1
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Demandados: Banco de la República y otro
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2. Que una vez el Banco de la República cumpla con el pago total a su cargo por
concepto de la pensión de jubilación que me reconoció, y siempre y cuando
efectivamente lo haga, Colpensiones quede eximido de pagar la pensión de vejez,
por así haberlo dispuesto las normas con fuerza de ley sobre supresión de cuotas
partes.

3. Que como consecuencia de la eliminación de las cuotas partes pensionales
dispuesta por la ley 1753 de 2015 y las normas del decreto reglamentario 1337 de
2016, se ordene a Colpensiones y al Banco de la República que soliciten la
terminación de los procesos existentes entre estas dos entidades y que cursan en
juzgados laborales de Bogotá, en los cuales el Banco demanda a Colpensiones por
el cobro de cuotas partes”.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos de la demanda se sintetizan de la siguiente forma:

El 2 de febrero de 1998 el Banco de la República reconoció al demandante una
pensión mensual vitalicia de jubilación especial por los servicios que prestó a la
institución1. En diciembre de 2010 el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones reconoció una pensión de vejez a favor del señor Ramírez
Domínguez2.

La parte actora indicó que el banco accionado siempre pagó en forma completa la
mesada de su pensión de jubilación y no por partes y que el Instituto de los
Seguros Sociales, hoy Colpensiones, le reembolsaba a este los valores
correspondientes a su pensión de vejez.

Señaló que la entidad bancaria informó que a partir del primero de enero de 2020
y, en adelante, Colpensiones pagaría directamente las pensiones legales (vejez,
invalidez, sobrevivencia) a su cargo y el Banco de la República, únicamente,
desembolsaría el mayor valor, si existiere, entre la pensión de jubilación (o
sustitución pensional) y la pensión legal3.

Por lo anterior, muchos de los pensionados reclamaron a las entidades
accionadas cuestionando las razones o fundamentos legales de esa decisión. El

1
Según consta en el acta de conciliación de reconocimiento de la pensión de jubilación que cita en
la página 33 del archivo .pdf “ED_01CARLOSALBERTORAM(.pdf)NroActua2”, que obra en el
índice 2 de SAMAI.
2
Según el link a pp. 36, archivo .pdf “ED_01CARLOSALBERTORAM(.pdf)NroActua2”, página 33.
Índice 2 de SAMAI.
3
La decisión fue comunicada por el Banco mediante carta SGG-SC-0465-2019 del 24 de julio de
2019 dirigida a cada uno de los pensionados, en la que manifestó: “El Banco de la República y
Colpensiones firmaron desde hace varios años un convenio interadministrativo para que las
pensiones compartidas entre estas dos entidades (compartibilidad pensional) fuera pagadas por el
Banco de la República, quien le recobra a Colpensiones la parte que le corresponde.
Este convenio finalizará el próximo 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, a partir del 1º de
enero de 2020, Colpensiones pagará directamente las pensiones legales (vejez, invalidez,
sobrevivencia) a su cargo y el Banco de la República, únicamente, pagará el mayor valor si lo hay,
entre la pensión de jubilación (o sustitución pensional) y la pensión legal (…)”.
2
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Banco de la República y Colpensiones contestaron con base en lo establecido en
el Acuerdo del ISS 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

El accionante señaló que la entidad bancaria y Colpensiones, tienen un
entendimiento equivocado al considerar que la compartibilidad de la pensión de
jubilación reconocida por el banco como empleador, era un asunto voluntario a
discreción de esas entidades, que por lo mismo podían libremente y a su parecer
disponer acerca de la manera de compartir la pensión y de efectuar su pago.

Sostuvo que la compartibilidad nunca dependió del simple querer de los obligados,
sino de lo dispuesto en el ordenamiento legal, expresado en las normas que se
citan en la demanda en relación con el debido cumplimiento de las obligaciones y
el pago; y últimamente en normas constitucionales y administrativas que regularon
sobre las cuotas partes pensionales de las entidades públicas del orden nacional y
que inciden en la forma de pago de la pensión.

1.3. Trámite de la solicitud en primera instancia

El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de
auto de 17 de febrero de 20224, inadmitió la demanda por cuanto: i) no se acreditó
en debida forma el requisito previsto en el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 393
de 1997, que establece la obligación de indicar la norma con fuerza material de ley
o acto administrativo presuntamente incumplido, lo anterior, porque las
disposiciones señaladas en la demanda como incumplidas no coincidían con las
indicadas en el acápite de la solicitud y ii) no se precisó con claridad, con cuáles
memoriales el actor estimó que constituyó en renuencia a las demandadas.

Una vez presentada la subsanación por parte del demandante5, a través de auto
de 3 de marzo de 20226, el Tribunal a quo indicó que, de los escritos que el actor
relacionó para acreditar el agotamiento de la renuencia, solamente de los
fechados el 24 de enero de 2022, dirigidos al Banco de la República y a
Colpensiones, permitían tener por agotado el requisito de que trata el artículo 8 de
la Ley 399 de 1997, porque el demandante exigió el cumplimiento de los artículos
3, 38 (literal b), 39 y 41 de la Ley 31 de 1992; 46 (literal b), 47, 57 y 58 del Decreto
2520 de 1993; 19, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; 71 del Código Civil;
1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución Política; 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3 y
2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de 2016; 78 del Código de Procedimiento Laboral; 78
de la Ley 1753 de 2015; y 1, 2, 3, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016, por lo cual
admitió la demanda respecto de dichas normas.

4
Índice 2 de SAMAI, archivo .pdf “ED_05INADMISORIOAC(.pdf)NroActua2”.
5
Como consta del índice 2 de SAMAI archivo .pdf “ED_08SUBSANACION(.pdf)NroActua2 ”.
6
Índice 2 de SAMAI, archivo .pdf “ED_132022117RECHAZA(.pdf)NroActua22”.
3
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Sin embargo, determinó que se omitió exigir el acatamiento respecto a los
artículos 11, 12 y 289 de la Ley 100 de 1993; 27, 28, 1626, 1627 y 1649 del
Código Civil; 8 de la Ley 71 de 1988 y 9 del Decreto 1160 de 1989, razón por la
cual, frente estas disposiciones, fue rechazada.

Igualmente, tuvo como pruebas las aportadas con la demanda y negó la solicitada
por el accionante.

En consecuencia, ordenó notificar de la decisión al demandante, al gerente
general del Banco de la República y al presidente de Colpensiones, para que en el
término de 3 días se pronunciaran sobre la solicitud de cumplimiento.

1.4. Informes

1.4.1. El Banco de la República7manifestó que las normas que se reclaman
como incumplidas, no son aplicables a los casos de compartibilidad pensional
regulada de manera especial en los Acuerdos del ISS No. 029 de 1985, aprobado
por el Decreto 2879 del mismo año, y No. 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 de esa anualidad, así como por el artículo 5 del Decreto 813 de 1994,
modificado por el artículo 2 del Decreto 1160 de 1994.

Propuso la excepción de “Inexistencia del incumplimiento mencionado en la
demanda: vigencia y cumplimiento estricto de las disposiciones legales sobre
compartibilidad pensional”, para lo cual manifestó que ha operado con todas las
formalidades y exigencias dispuestas en la ley, por lo que no es dable acusar al
banco de incumplimiento alguno.

También la “Inexigibilidad de las normas de carácter laboral requeridas por la
demandante en el presente asunto”, con fundamento en que el asunto no versa
sobre un conflicto laboral y de las normas enlistadas por la demandante no existe
ninguna que establezca en cabeza de la entidad bancaria la obligación de pagar a
favor del demandante la totalidad de la mesada pensional y mucho menos que
deba ser el primer día hábil de cada mes; y otra que denominó como genérica.

Requirió que se declarara la excepción previa de cosa juzgada, señalando que en
sentencia de 4 de marzo de 2021 la Sección Quinta del Consejo de Estado8,
resolvió en una acción de cumplimiento elevada también por un extrabajador del
Banco de la República que requería que se acataran los artículos 78 de la Ley
1753 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1337 de 2016; es decir, se trata de un
caso con identidad de problema jurídico, pretensiones y causas que aquí se están
alegando.

7
Radicó el escrito de contestación el 23 de marzo de 2022, según consta en el índice 20 del
trámite de primera instancia en SAMAI, 25000-23-41-000-2022-00117-00.
8
Expediente 25000-23-41-000-2020-00886-01.
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1.4.2. Colpensiones9 se opuso a todas las pretensiones de la demanda, para lo
cual propuso como excepciones la “improcedencia de la acción de cumplimiento
por no superar el requisito de procedibilidad ni el presupuesto de subsidiariedad” y
la que denominó de fondo “inexistencia del derecho reclamado”.

En cuanto a la primera, señaló que ha dado respuesta a las peticiones que ha
formulado el demandante10, en el sentido de explicarle que en su caso particular
ocurre la figura de la compartibilidad pensional y no de cuotas partes como
considera, por lo que no ha sido renuente y que el actor cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial, lo que torna la acción en improcedente en
atención a su carácter subsidiario.

Sobre la segunda, mencionó que el Banco de la República se encuentra sujeto a
un régimen propio en el que se ha desarrollado compartibilidad en la cual una vez
sea reconocida la pensión de origen legal, el empleador queda obligado
únicamente a continuar con el pago del mayor valor entre una y otra prestación.

Explicó que junto con el banco se suscribió el convenio 03047 de 15 de marzo de
1991 prorrogado por el Contrato 3696 de 01 de febrero de 1994 y posteriores
hasta el año 2019.

Destacó que la prestación se está pagando al demandante, y que la
inconformidad radica en la decisión, derivada de la terminación del referido
acuerdo.

Sostuvo, respecto a la compartibilidad pensional, que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que su fundamento jurídico se encuentra en el artículo
18 del Decreto 758 de 1990 y consiste en la posibilidad que tienen los
trabajadores de acceder a la pensión reconocida por su empleador en condiciones
más favorables que las prescritas legalmente y gozar de la protección y amparo de
su vejez, hasta cuando reunidos los requisitos de edad y semanas cotizadas,
puedan acceder a la pensión de vejez estipulada en la ley para todas las
personas, caso en el cual se requiere que el empleador que reconoce la pensión,

9
Según el trámite de primera instancia en SAMAI, radicado 25000-23-41-000-2022-00117-00, la
entidad fue notificada de la admisión de la demanda el 17 de marzo de 2022 (índice 19) y, según la
constancia de 18 de abril de 2022 (índice 31), la citada contestación se presentó el 28 de marzo de
2022. Por tanto, en atención a que, en el auto de 3 de marzo de 2022, se otorgó a las demandadas
el término de 3 días siguientes a la notificación para ejercer su derecho de oposición, de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 393 de 1997, la oportunidad vencía el 28 de marzo de
2022, atendiendo a que de conformidad con el artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020,
reglas que se entienden incorporadas con las modificaciones que la Ley 2080 de 2021 realizó al
artículo 199 del CPACA, la notificación personal por medios electrónicos se entiende realizada dos
días después al envío del respectivo mensaje, aunado a que los días 19 a 21 de marzo de 2022
eran inhábiles.
10
Transcribió y señaló las respuestas con los radicados No. BZ2021_5697170-1170924 de 6 de
marzo de 2021, BZ2021_5704444-1172424 de 30 de junio de 2021 y BZ2022_1058982-0210778
de 28 de febrero de 2022.
5
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continúe efectuando las respectivas cotizaciones al Sistema para que su
trabajador reúna los requisitos de ley y acceda a la pensión de vejez.

Explicó que “…a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y con la
vinculación obligatoria de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones
a través de cualquiera de los dos regímenes pensionales creados al efecto (RPM
o RAIS), el panorama de aplicación de la figura de la compartibilidad pensional
como el reconocimiento de las pensiones mutó con la finalidad de garantizar no
solo (i) el derecho pensional a todos los trabajadores, sino también (ii) subrogar a
los empleadores públicos de las obligaciones pensionales contraídas con sus
funcionarios y pagadas con el presupuesto de la Nación”.

Por tanto, la normatividad citada por el accionante (la Ley 1753 de 2015 y el
Decreto 1337 de 2016), no es aplicable para el asunto que nos ocupa, ya que es
propia de las cuotas partes pensionales del orden nacional y no de la
compartibilidad pensional, figuras que coexisten pero que son diferentes, pues, el
Banco, con el objeto de subrogar su obligación económica, cotizó ante
Colpensiones con miras a lograr el cumplimiento de los requisitos para que el
accionante y todos los jubilados accedieran a la pensión de vejez con carácter de
compartida.

Debe precisarse, que la anterior contestación no se tuvo en cuenta por el a quo,
toda vez que solo pasó al despacho del ponente del Tribunal después de proferida
la sentencia de 31 de marzo de 2022.

Asimismo, en esta instancia, por medio de correo electrónico radicado el 24 de
mayo de 202211, el abogado Samuel Eduardo Meza Moreno manifestó que
anexaba “poder de sustitución y solicitar expediente y/o enlace para consulta del
proceso de referencia”12.

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de garantizar la representación judicial de
la entidad en este proceso, se reconocerá personería al mencionado profesional
del derecho, en esta providencia, de conformidad con las reglas de los artículos 74
a 76 del CGP.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 31 de marzo de 2022, resolvió:

11
Índice 4 de SAMAI del presente trámite.
12
Con el respectivo mensaje electrónico se adjuntó: i) copia de la Escritura Pública No. 1955 de
2022 de 18 de abril de 2022, elevada ante la Notaría 72 del Círculo de Bogotá D.C., que contiene
el poder general otorgado por Javier Eduardo Guzmán Silva, en su calidad de representante legal
suplente de Colpensiones a la Unión Temporal Abaco Paniagua & Cohen, de la cual es integrante
la abogada Angelica Margot Cohen Mendoza, según consta en los certificados de existencia y
representación legal que también se aportaron y ii) sustitución del poder general por parte de la
referida abogada a Samuel Eduardo Meza Moreno.
6
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Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01

“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE PROBADA la excepción de cosa juzgada parcial,
propuesta por el Banco de la República, en los términos del acápite denominado
“Cuestión previa”, frente al cumplimiento de los artículos 78 de la Ley 1753 de
2015 y 2 –numeral 2.3- y 4 del Decreto 1337 de 2016.

SEGUNDO.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE el medio de control de
cumplimiento en relación con los artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución
Política; 78 del Código Procesal Laboral y 1, 2 (con excepción del numeral 2.3.,
respecto del cual prosperó la cosa juzgada) y 3 del Decreto 1337 de 2016.

TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones del medio de control de cumplimiento
en relación con los artículos 3, 38 (literal b), 39 y 41 de la Ley 31 de 1992; 46
(literal b), 47, 57 y 58 del Decreto 2520 de 1993; 19, 55 y 56 del Código
Sustantivo del Trabajo; 71 del Código Civil; y 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3 y
2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de 2016. […]”.

Para declarar la cosa juzgada parcial destacó que, al existir un pronunciamiento
sobre el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 y 2 –numeral 2.3-, 4, 5 y 6 del Decreto
1337 de 2016, que el señor Ramírez Domínguez señaló como incumplidas, se
estructura dicho fenómeno por tratarse de una materia ya definida por una
autoridad judicial, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada, refiriéndose a la
decisión del Consejo de Estado contenida en el fallo del expediente con radicación
25000-23-41-000-2020-00886-01(ACU)13, que pretendía que se continuara
realizando el pago del 100% de la mesada pensional por parte del Banco y no de
manera compartida con Colpensiones.

Sin embargo, posteriormente también indicó que respecto de las anteriores
normas la acción de cumplimiento devenía en improcedente porque: i) el artículo
78 del Código Procesal Laboral, fue incorporado por el Decreto 1818 de 1998
“Estatuto de los Mecanismo Alternativos de Solución de Conflictos –artículo 54“,
disposición que no fue invocada de forma precisa en la demanda y ii) el Decreto
1337 de 2016 fue compilado en el Decreto 1833 de 2016, el cual sí fue solicitado,
pero reiteró que frente a algunas de las disposiciones invocadas operó la cosa
juzgada.

Sobre los artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución Política, determinó la
improcedencia por cuanto explicó que la acción de cumplimiento no es el
mecanismo procesal idóneo para que se ordene el acatamiento de disposiciones
constitucionales, toda vez que su propósito es el obedecimiento de normas con
fuerza material de ley o actos administrativos, para lo cual citó la postura asumida
por esta corporación en la sentencia de 25 de abril de 2012, radicado 25000-23-
24-000-2012-00120-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. MP. Luis Alberto
Álvarez Parra. Sentencia del 4 de marzo de 2021, actor: José Alberto Cruz Ortiz, demandado:
Banco de la República.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Carlos Alberto Ramírez Domínguez
Demandados: Banco de la República y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01

Explicó en lo relacionado con el cumplimiento de:

Los artículos 3, 38-literal b)-, 39 y 41 de la Ley 31 de 1992, regulan el
régimen jurídico al que se sujeta el Banco de la República, la naturaleza de
los empleados, la categoría especial como empleados de confianza y la
conciliación laboral.

Los artículos 46 –literal b)-, 47 y 57 del Decreto 2520 de 1993, establecen la
naturaleza de los empleados del Banco de la República, que la actividad de
Banca Central es un servicio público esencial, y la reorganización de la Caja
de Previsión Social.

Los artículos 19 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, prevén las normas
de aplicación supletoria y que todos los contratos deben ejecutarse de buena
fe y, si bien el artículo 56 ibídem regula las obligaciones de las partes, ello lo
hace de manera general.

El artículo 71 del Código Civil, prevé las clases de derogación.

Los artículos 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2 y 2.2.4.13.3 del Decreto 1833 de 2016,
establecen el objeto del Capítulo 13 denominado “supresión de cuotas partes
pensionales a que hace referencia el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015”, el
campo de aplicación y el procedimiento a aplicar para la supresión de cuotas
partes pensionales.

Sin embargo, consideró que de ninguna de las disposiciones referidas existe un
mandato claro, expreso y exigible a cargo del Banco de la República o de
Colpensiones, como se pretende en la demanda.

Igualmente, argumentó que el artículo 2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de 2016, de
acuerdo con la sentencia en la cual fundamentó que operó cosa juzgada, indicó
que las normas establecen una posibilidad a la que pueden acudir o no las
entidades públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto General
de la Nación, cualquiera sea su naturaleza, y sobre Colpensiones en cuanto a la
supresión de cuotas partes pensionales, pero no prevén un mandato imperativo e
inobjetable, por lo que resultaban aplicables tales consideraciones al presente
caso, teniendo en cuenta que se solicitó el cumplimiento de algunas normas del
Decreto 1833 de 2016, el cual, compiló el Decreto 1337 de 2016.

La anterior, conclusión la hizo extensible frente al artículo 58 del Decreto 2520 de
1993, porque la norma establece que la Caja de Previsión Social del Banco de la
República podrá asumir completamente todo el régimen prestacional en favor de
sus funcionarios, trabajadores y pensionados, inclusive los riesgos y prestaciones

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otorgados actualmente por el Instituto de Seguros Sociales, es decir, que no se
observa un mandato imperativo.

1.6. Impugnación

El demandante hizo una retrospectiva de la situación de pago unificado de las
pensiones compartidas entre el Banco de la República, que fue la entidad que la
otorgó, y el ICSS – ISS (hoy Colpensiones) que reconoció parte de aquellas en
calidad de “pensión de vejez”.

Indicó que ante la ambigüedad de la normativa que expuso, solo quedó la
aplicación del Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 19 (Normas de
aplicación supletoria), en el entendido de que tanto los trabajadores como los
pensionados del Banco están regidos, según la Ley 31 de 1992 y el Decreto 2520
de 1993, en los apartes legales citados como incumplidos en la demanda, para
aludir que la “compartibilidad pensional se pagó desde un principio por cuotas
partes”.

Manifestó que “El suscrito controvierte la errada apreciación que hace el
Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca dando por hecho que la
norma mencionada se entiende como sujeta a proceso conciliatorio. La
interpretación verdadera en el caso presente es otra pues estuvo siendo cumplida
la condición durante muchísimos años hasta diciembre de 2019 y a partir de enero
de 2020 empezó a ser incumplida. O sea que ese acatamiento legal ya existía de
antemano antes de fraccionar las pensiones”.

Sostuvo que la sentencia impugnada extiende indebidamente la fuerza obligatoria
de una sentencia dictada en otro proceso con objeto y partes distintas, a la causa
instaurada, obrando así por vía de disposición general o reglamentaria, lo que es
prohibido por la ley.

Señaló que en el citado trámite del señor José Alberto Cruz se demandó el
cumplimiento de normas con fuerza de ley exclusivamente al Banco de la
República, mientras que en el presente proceso la demanda se ejerce también
contra la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, situación
que confirma la inexistencia de la identidad jurídica de las partes, a su vez son
distintas y diferentes los preceptos cuyo obedecimiento solicita hacer efectivo.

Explicó que el Consejo de Estado, en la sentencia referida como cosa juzgada
adoptó un criterio totalmente equivocado expuesto como defensa por el Banco de
la República, y conforme al cual se sostiene que existe una presunta diferencia no
contemplada ni en la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, entre pensiones
supuestamente compartibles y compatibles, para reiterar que las pensiones
reconocidas por servicios prestados exclusivamente a entidades del Estado son

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prestaciones por cuotas partes, mientras que la pensión del empleador compartida
por Colpensiones no es una pensión de cuotas partes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley 393
de 199714, 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 201115, así como en el artículo
13, numeral 7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de “[…] las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento. […]”.

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
31 de marzo de 2022 de la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente al
Banco de la República y Colpensiones, respecto del los artículos 3, 38 (literal b),
39 y 41 de la Ley 31 de 1992; 46 (literal b), 47, 57 y 58 del Decreto 2520 de 1993;
19, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; 27, 28, 71, 1626, 1627 y 1649 del
Código Civil; 1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución Política; 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2,
2.2.4.13.3 y 2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de 2016; 11, 12 y 289 de la Ley 100 de
1993; 78 del Código de Procedimiento Laboral; 8 de la Ley 71 de 1988; 9 del
Decreto 1160 de 1989; 78 de la Ley 1753 de 2015; y 1, 2, 3, 4 y 6 del Decreto

14
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
15
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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1337 de 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de
1997?

Asimismo, debe determinarse si ¿En el presente caso operó cosa juzgada como lo
determinó el Tribunal?

Superado lo anterior, corresponde resolver si ¿Hay lugar a ordenar al Banco de la
República y Colpensiones lo solicitado en la demanda?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de
procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento
del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o
el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
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a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo
cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que
tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”16.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere17, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)18.

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts.
5º y 6º).

iii) Que se pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o
por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…]
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (Art. 8º).

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, circunstancia
que hace improcedente la acción, salvo el caso excepcional en el que se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales
de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que
establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

2.3.1.1. Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y
requisitos

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de
cumplimiento comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último

16
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
17
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, MP. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación 20001-23-
33-000-2016-00371-01 MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E).
18
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política19.

Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos
administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos
reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se
precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la
observancia de normas constitucionales.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello,
es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto
de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado20.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Así mismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,21 a menos que estén
apropiados;22 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 Superior23.

2.3.2. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
21
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
22
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
23
Sentencia ibidem.
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mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este24 y
que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”25.

Sobre el tema, esta Sección26 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de

24
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, MP. Mauricio Torres Cuervo.
26
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP. Susana Buitrago.
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ley o actos administrativos […]27” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.

Para el caso particular, la Sala evidencia que la parte actora en su escrito de
subsanación relacionó la petición de 24 de enero de 2022 con el fin de acreditar
que constituyó en renuencia a las demandadas respecto de la totalidad de las
normas que invocó en la demanda.

El Banco de la República y Colpensiones respondieron que jurídicamente se han
limitado a cumplir las obligaciones que le corresponden frente al pago de la
prestación pensional del demandante, sin incurrir, en desconocimiento de norma
alguna y que es legítimo el pago independiente del monto de la prestación
pensional a cada entidad, no siendo aplicables a la situación particular las
disposiciones invocadas, como quiera que hacen referencia a situaciones
diferentes a las que surgen con ocasión de la compartibilidad pensional.

Así las cosas, no hay duda que previo a ejercer la presente acción de
cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia, toda
vez que solicitó a las entidades demandadas el acatamiento de los preceptos
legales admitidos con su demanda28, con excepción de los artículos 11, 12 y 289
de la Ley 100 de 1993; 27, 28, 1626, 1627 y 1649 del Código Civil; 8 de la Ley 71

27
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla.
28
Los artículos 3, 38 (literal b), 39 y 41 de la Ley 31 de 1992; 46 (literal b), 47, 57 y 58 del Decreto
2520 de 1993; 19, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; 71 del Código Civil; 1, 2, 6, 46 y 48
de la Constitución Política; 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3 y 2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de 2016;
78 del Código de Procedimiento Laboral; 78 de la Ley 1753 de 2015; y 1, 2, 3, 4 y 6 del Decreto
1337 de 2016.
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de 1988 y 9 del Decreto 1160 de 1989, como bien lo determinó el Tribunal a quo
dado que no se exigió en sede administrativa su acatamiento, por tanto, no
hicieron parte de la constitución en renuencia, sobre aquellas se rechazó la
solicitud y de traslado a las demandadas.

2.3.3. De la excepción de cosa juzgada

La Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la cosa
juzgada parcial por considerar que, en la sentencia del 4 de marzo de 2021,
dictada dentro del expediente 25001-2341-000-2020-00886-01, ya se había
emitido una decisión en un caso similar al presente, aspecto que el actor
controvirtió en la impugnación y señaló que su trámite versa sobre un objeto,
causa y partes distintas.

Como lo expuso el a quo, en sentencia de 4 de marzo de 2021 dictada dentro del
expediente 25001-2341-000-2020-00886-0129, esta Sección resolvió en segunda
instancia una demanda presentada por José Alberto Cruz Ortiz contra el Banco de
la República, cuyas pretensiones perseguían el cumplimiento del artículo 78 de la
Ley 1753 de 2015 y los artículos 2 (numeral 2.3), 4, 5 y 6 del Decreto
reglamentario 1337 de 2016.

Sobre el particular, en aquella oportunidad la Sala consideró lo siguiente:

“(…)
En el presente caso, la parte actora pretende que la autoridad accionada cumpla
con lo previsto en los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015 y 2 (numeral 2.3), 4, 5 y 6
del Decreto 1337 de 2016 que reglamentaron el referido artículo 78, con el fin que el
Banco de la República pague el 100% de la pensión de jubilación del actor.

Al analizar el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 se advierte que este prevé que
“Las entidades públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto
General de la Nación, cualquiera sea su naturaleza, y Colpensiones, suprimirán las
obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales. Esta posibilidad aplicará
tanto para las cuotas causadas como a las que a futuro se causen. (…)” (Subraya la
Sala).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que la supresión de las cuotas
partes pensionales es una posibilidad a la que pueden acudir o no las entidades
públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación,
cualquiera sea su naturaleza, y Colpensiones, por tanto, dicha norma no prevé un
mandato imperativo e inobjetable y mucho menos el que busca el accionante, esto
es, que el Banco de la República asuma el 100% del pago de su pensión de
jubilación. Lo cual es suficiente para negar las pretensiones de la presente acción
de cumplimiento, Máxime si se atiende que las demás normas que se invocaron
fueron expedidas para reglamentar dicho artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, que se
reitera no es imperativo.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero ponente:
Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 25000-23-41-000-2020-
00886-01(ACU), actor: José Alberto Cruz Ortiz, demandado: Banco de la República
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Demandante: Carlos Alberto Ramírez Domínguez
Demandados: Banco de la República y otro
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01

Además, la Sala comparte los argumentos expuestos por parte del Banco de la
República atinentes a que el accionante incurre en confusión al considerar que las
normas que pidió acatar son aplicables a su caso concreto.

En efecto, sobre el concepto de cuotas partes pensionales la Corte Constitucional
en sentencia C-895 de 2009 determinó su origen y naturaleza jurídica “(…) han sido
consideradas como ´soportes financieros de un sistema de seguridad social en
pensiones, cuando el trabajador ha cotizado a diferentes entidades gestoras´”30. En
ese sentido, la figura de las cuotas partes pensionales no es aplicable a la situación
del actor, por cuanto como lo manifestó solo ha trabajado para el Banco de la
República, otra cosa es que en su caso existan dos reconocimientos pensionales,
uno de origen convencional y otro de origen legal pero tal circunstancia no se
circunscribe a la figura jurídica de financiación pensional de cuotas partes
pensionales que prevén las normas que se pidieron cumplir.

En conclusión, para esta Sala la acción de cumplimiento será negada ante la
inexistencia del mandato imperativo e inobjetable que pretende el accionante.
(…)

Aunque es claro que los aspectos relacionados con tales disposiciones ya fueron
definidos en la sentencia de segunda instancia del 4 de marzo 2021, para esta
Sala no se configura la cosa juzgada parcial en el presente caso toda vez que, el
señor Ramírez Domínguez, en este proceso, se refiere al cumplimiento de los
preceptos contenidos en otras disposiciones adicionales, que no se consideraron
en el estudio del proceso 25001-2341-000-2020-00886-01.

Tampoco puede acreditarse que hay identidad jurídica de las partes, toda vez que
a diferencia de lo ocurrido en el mencionado proceso, el aquí demandante también
dirigió la acción contra Colpensiones, entidad que no hizo parte del referido
expediente, ni el accionante.

De igual forma, no se puede concluir que la causa sea la misma, toda vez que la
configuración del derecho pensional del demandante se concretó en
circunstancias similares pero diferentes a las que se advierten en la decisión del 4
de marzo de 2021, lo que impide señalar que se cumplan con los mínimos
establecidos en el artículo 30331 del Código General del Proceso para declarar la
cosa juzgada, al no verificarse que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
que exista identidad jurídica de las partes y que se funde en idéntica causa.

30
“Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2002.”
31
“ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde
en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores
por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre
vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como
parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
17
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Demandante: Carlos Alberto Ramírez Domínguez
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Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01

Dichas circunstancias conducen a que la decisión del Tribunal de declarar la cosa
juzgada parcial en relación con la solicitud de los artículos 78 de la Ley 1753 de
2015 y 2 –numeral 2.3- y 4 del Decreto 1337 de 2016 deba revocarse32.

2.3.4. Procedibilidad de la acción de cumplimiento

Como se advirtió con anterioridad, este medio de control no es el procedente para
buscar el acatamiento de normas de rango constitucional, razón por la cual
confirmará la improcedencia de la acción frente al requerido cumplimiento de los
artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución Política.

Así se ha determinado de forma pacífica por parte de esta Sección y la Corte
Constitucional “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede ésta (sic)
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas […]”33.

Ahora bien, el Tribunal a quo también declaró la improcedencia porque: i) el
artículo 78 del Código Procesal Laboral, fue incorporado por el Decreto 1818 de
1998 “Estatuto de los Mecanismo Alternativos de Solución de Conflictos –artículo
54“, disposición que no fue invocada de forma precisa en la demanda y ii) el
Decreto 1337 de 2016 fue compilado en el Decreto 1833 de 2016, el cual sí fue
solicitado, pero reiteró que operó la cosa juzgada.

Al respecto, para la Sala el hecho de que las referidas normas fueran incorporadas
y compiladas con posterioridad por otras disposiciones no implica que tal
circunstancia afectara su vigencia o que al no haber sido invocado expresamente
la disposición posterior que las reprodujo, conlleve a declarar la improcedencia
pues, como el propio Tribunal lo indicó sí se alegaron en la demanda y en la
renuencia, asimismo, como se determinó con antelación, la decisión de la cosa
juzgada parcial será revocada, razón por la cual el numeral segundo de la
sentencia impugnada solo será confirmada sobre los artículos constitucionales
señalados por el actor.

De esta manera esta Sala procederá a estudiar y decidir el asunto en relación con
las normas que fueron objeto de la demanda admitida por la Subsección “A” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que hace referencia
al presunto incumplimiento por parte de las entidades demandadas de los artículos
3, 38 (literal b), 39 y 41 de la Ley 31 de 1992; 46 (literal b), 47, 57 y 58 del Decreto
2520 de 1993; 19, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; 71 del Código Civil;
2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3 y 2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de 2016; 78 del
32
En similar sentido puede consultarse la sentencia de 5 de mayo de 2022, radicado 63001-23-33-
000-2022-00013-01 (ACU), MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
33
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-00047-01(ACU).
18
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Código de Procedimiento Laboral; 78 de la Ley 1753 de 2015; y 1, 2, 3, 4 y 6 del
Decreto 1337 de 2016, preceptos que son actualmente exigibles porque no están
derogados ni suspendidos, su acatamiento no implica gasto, no se advierte que
procedan otros mecanismos de defensa judicial y no se invocó expresamente la
protección de derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de
cumplimiento, como se ha señalado en casos similares34.

2.3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

Resuelto lo anterior, se procede a exponer el contenido de las disposiciones que
se dicen desacatadas por las entidades demandadas:

“LEY 31 DE 1992
por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la
República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen
de cambio internacional, para la expedición de los estatutos del Banco y para el
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se
determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que
administra el Banco y se dictan otras disposiciones.
[…]
Artículo 3º. Régimen jurídico. El Banco de la República se sujeta a un régimen legal
propio. En consecuencia, la determinación de su organización, su estructura, sus
funciones y atribuciones y los contratos en que sea parte, se regirá exclusivamente por
las normas contenidas en la Constitución Política, en esta Ley y en los Estatutos. En los
casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones mercantiles y civiles y, en
general, los actos del Banco que no fueren administrativos, se regirán por las normas
del derecho privado.

El Banco podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones bancarias y
comerciales en el país o en el exterior que sean necesarios para el cumplimiento de su
objeto, ajustándose a las facultades y atribuciones que le otorgan la Constitución, esta
Ley y sus Estatutos.

[…]
Artículo 38. Naturaleza de los empleados del Banco. Las personas que bajo
condiciones de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del
Banco de la República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y
contratos vigentes, son trabajadores al servicio de dicha entidad, clasificados en dos
categorías, como enseguida se indica:

[…]
b) Los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral propio
consagrado en esta ley, en los Estatutos del Banco, en el reglamento interno de trabajo,
en la Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones
del Código Sustantivo del Trabajo que no contradigan las normas especiales de la
presente ley. […]

Artículo 39. Categoría especial. Para los efectos previstos en el Código Sustantivo del
Trabajo, todos los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, continuarán
siendo empleados de confianza.

Para los fines del artículo 56 de la Constitución Política, defínese como servicio público
esencial la actividad de banca central.

[…]

34
Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 5 de mayo de 2022, radicado 63001-23-
33-000-2022-00013-01 (ACU), MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, 5 de mayo de 2022, radicado 68001-
23-33-000-2022-00089-01.
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Artículo 41. Conciliación. Cualquier diferencia que se presente entre un trabajador o
extrabajador del Banco y la entidad como empleador, siempre y cuando se refiera a
derechos inciertos y discutibles, podrá solucionarse por medio de la conciliación laboral.

“DECRETO 2520 DE 1993.
por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República.
[…]
Artículo 46. Naturaleza de los empleados del Banco. Las personas que bajo
condiciones de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del
Banco de la República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y
contratos vigentes, son trabajadores al servicio de dicha entidad, clasificados en dos
categorías, como enseguida se indica:

[…]
b) Los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral propio
establecido en la Ley 31 de 1992, en estos Estatutos, en el reglamento interno de
trabajo, en la Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que no contradigan las normas
especiales de dicha ley y estos Estatutos.

Las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus trabajadores continuarán
siendo contractuales y rigiéndose por el Código Sustantivo del Trabajo con las
modalidades y peculiaridades que se derivan de su carácter de empleados del Banco de
la República, que se expresan dentro de las normas que constituyen el Régimen
Jurídico del Banco, descrito en los presentes Estatutos. Las relaciones entre el Banco y
sus pensionados continuarán igualmente regulándose por el Código Sustantivo del
Trabajo, con las modalidades y peculiaridades del mismo régimen jurídico del Banco.

[…]
Artículo 47. Servicio público esencial. De conformidad con el artículo 39 de la Ley 31
de 1992 y para los fines del artículo 56 de la Constitución Política, la actividad de Banca
Central es un servicio público esencial.

[…]
Artículo 57. Caja de Previsión Social. El Banco de la República con la aprobación de
su Consejo de Administración, podrá reorganizar su Caja de Previsión Social existente,
con el objeto de atender a través de ella parte o todas las obligaciones legales,
reglamentarias y convencionales que sobre previsión social tenga o adquiera la entidad
en relación con sus empleados, trabajadores y pensionados y desarrollar programas
que propendan por la salud, la educación, el bienestar social, cultural y recreativo de los
mismos.

Reorganizada la Caja de Previsión Social, será una persona de derecho público
vinculada al Banco de la República; sus actos y contratos se regirán por el derecho
privado y gozará de los mismos beneficios previstos en el inciso 1° del artículo 57 de la
Ley 31 de 1992.

Artículo 58. Acuerdos entre el Banco de la República y el Instituto de Seguros
Sociales. La Caja de Previsión Social del Banco de la República podrá asumir
completamente todo el régimen prestacional en favor de sus funcionarios, trabajadores y
pensionados, inclusive los riesgos y prestaciones otorgados actualmente por el Instituto
de Seguros Sociales. En este evento, el Banco se encuentra autorizado por el artículo
44 de la Ley 31 de 1992, para convenir con el Instituto de Seguros Sociales todas las
obligaciones que implique el traslado del reconocimiento y pago de prestaciones de una
entidad a otra, así como la devolución de aportes. En caso de que la Caja de Previsión
del Banco o el mismo Banco asuma los riesgos y prestaciones otorgados actualmente
por el Instituto de Seguros Sociales, sin perjuicio de las normas vigentes y de lo que se
convenga con el Instituto de Seguros Sociales, los empleados y pensionados deberán
obligatoriamente aportar a la Caja de Previsión Social del Banco al menos un monto
igual al valor de los aportes que el empleado o pensionado debería cotizar al Instituto de
Seguros Sociales o a la entidad que haga sus veces, de estar afiliado a ellas.

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“CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
[…]
ARTÍCULO 19. Normas de aplicación supletoria. <Aparte subrayado
condicionalmente exequible C-401 de 2005> Cuando no haya norma exactamente
aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes,
los principios que se deriven de este Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la
doctrina, los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización y las
Conferencias Internacionales del Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales
del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del Derecho del
Trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.

(…)

ARTICULO 55. Ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los
contratos, deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en
él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella.

ARTÍCULO 56. Obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al
empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a
éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador”.

“CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL

Artículo 78. [Incorporado en el artículo 54 del Decreto 1818 de 1998] Acta de
conciliación- En el día y hora señalados, el Juez invitara a las partes a que, en su
presencia, y bajo su vigilancia, procuren conciliar su diferencia. Si se llegare a un
acuerdo se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza
de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él señale. Si
el acuerdo fuere parcial, se ejecutará en la misma forma, en lo pertinente, y las
pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de instancia”.

“CÓDIGO CIVIL
[…]
Artículo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.

Es expresa, cuando la nueva Ley dice expresamente que deroga la antigua.

Es tácita, cuando la nueva Ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las
de la ley anterior.

La derogación de una Ley puede ser total o parcial.”.

“LEY 1753 DE 2015
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un
nuevo país

[…]
Artículo 78. Supresión de cuotas partes pensionales. “Las entidades públicas del
orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea
su naturaleza, y Colpensiones, suprimirán las obligaciones por concepto de cuotas
partes pensionales. Esta posibilidad aplicará tanto para las cuotas causadas como a las
que a futuro se causen. Para el efecto, las entidades harán el reconocimiento contable y
la respectiva anotación en los estados financieros.

Lo dispuesto en el inciso anterior también aplicará a las entidades que al primero de
abril de 1994 tuvieran la calidad de entidades del orden nacional. (...)”.

“DECRETO 1337 DE 2016

Artículo 1º. Objetivo. “Esta disposición tiene por objeto determinar las entidades
autorizadas por la ley para llevar a cabo la supresión de las cuotas partes pensionales
que se encontraban causadas y no hubieren sido pagadas a la fecha de entrada en

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vigencia de la Ley 1753 de 2015, es decir, a 9 de junio de 2015, así como las que se
causen a partir de dicha fecha.

De la misma manera este decreto establece el procedimiento que deberá surtir cada
entidad para la supresión de que habla el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Para los efectos del artículo 78 de la Ley 1753 de
2015, se entiende que las entidades públicas del orden nacional objeto de la supresión
de cuotas partes pensionales son las siguientes:

2.1. Las entidades públicas del orden nacional, que formen parte del Presupuesto
General de la Nación, cualquiera sea su naturaleza. Para este fin, se entiende que estas
entidades son las incluidas en el primer nivel de cobertura del Estatuto Orgánico de
Presupuesto, de acuerdo con los incisos primero y segundo del artículo 3° del Decreto
número 111 de 1996.

2.2. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

2.3. Las entidades que a 1° de abril de 1994 ostentaban la calidad de entidades públicas
del orden nacional y tenían a su cargo el reconocimiento y pago de cuotas partes
pensionales. Dentro de este grupo se incluyen las entidades descentralizadas del orden
nacional que reúnan las características mencionadas, sin importar que a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015 se encuentren liquidadas o privatizadas, y
los organismos autónomos del orden nacional tales como el Banco de la República y las
universidades públicas del orden nacional.

2.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en relación con las obligaciones por cuotas
partes pensionales que haya reconocido a partir del momento en que asumió la función
de reconocimiento pensional de entidades del orden nacional liquidadas o en
liquidación, que sean financiadas con recursos del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (FOPEP).

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015,
continúan vigentes las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar entre entidades
territoriales, y entre estas entidades y las entidades del orden nacional, las cuales
continuarán reconociéndose y pagándose en la forma prevista en las disposiciones
vigentes.

Parágrafo 2°. Este decreto aplica también para las cuotas partes de entidades del orden
nacional, liquidadas o no, que estén siendo administradas por patrimonios autónomos,
Fiducias, fondos cuentas o quien haga sus veces.

Artículo 3°. Procedimiento de supresión. Para efectos de dar cumplimiento a la
supresión de cuotas partes pensionales de que trata el artículo 78 de la Ley 1753 de
2015 y el presente decreto, las entidades objeto de su aplicación deberán suprimir las
obligaciones y los derechos que tuvieren por este concepto, a favor y en contra de las
entidades mencionadas en el artículo 2°, efectuando el reconocimiento contable y la
respectiva anotación en los estados financieros conforme al procedimiento que señale la
Contaduría General de la Nación.

Artículo 4º. Pago de las obligaciones pensionales y procesos administrativos.
“Como consecuencia de la supresión de cuotas partes pensionales de que trata el
presente decreto, las entidades objeto de su aplicación que hubieren reconocido
pensiones deberán asumir con sus propios recursos el pago total de la obligación
pensional, sin que sea procedente el reembolso por parte de las entidades
concurrentes. A pesar de lo anterior, las entidades deberán surtir el procedimiento de
consulta de cuota parte pensional tal como lo establecen las normas vigentes que sean
aplicables.

Si se hubieren iniciado procedimientos administrativos o judiciales de cobro de la
obligación en relación con las cuotas partes causadas y no pagadas al 9 de julio de
2015, deberá solicitarse la terminación de dichos procedimientos en virtud de la
extinción de la obligación ordenada por Ley.”

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Artículo 5°. Verificación de certificaciones. Las entidades comprendidas por el
artículo 2° del presente decreto, cuando deban realizar reconocimientos de pensiones
por acumulación de tiempos de servicio público o de aportes, deberán surtir el
procedimiento de consulta de la cuota parte pensional de acuerdo con la normatividad
vigente.

Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. “El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación.”.

“DECRETO 1833 DE 2016
por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.

[…]

Artículo 2.2.4.13.1. Objeto. Este capítulo tiene por objeto determinar las entidades
autorizadas por la Ley para llevar a cabo la supresión de las cuotas partes pensionales
que se encontraban causadas y no hubieran sido pagadas a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1753 de 2015, es decir, a 9 de junio de 2015, así como las que se
causen a partir de dicha fecha. De la misma manera este capítulo establece el
procedimiento que deberá surtir cada entidad para la supresión de que habla el artículo
78 de la Ley 1753 de 2015.
(Decreto 1337 de 2016, artículo 1°)

Artículo 2.2.4.13.2. Campo de aplicación. Para los efectos del artículo 78 de la Ley
1753 de 2015, se entiende que las entidades públicas del orden nacional objeto de la
supresión de cuotas partes pensionales son las siguientes:

1. Las entidades públicas del orden nacional, que formen parte del Presupuesto General
de la Nación, cualquiera sea su naturaleza. Para este fin, se entiende que estas
entidades son las incluidas en el primer nivel de cobertura del Estatuto Orgánico de
Presupuesto, de acuerdo con los incisos primero y segundo del artículo 3° del Decreto
111 de 1996.

2. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

3. Las entidades que a 1° abril de 1994 ostentaban la calidad de entidades públicas del
orden nacional y tenían a su cargo el reconocimiento y pago de cuotas partes
pensionales. Dentro de este grupo se incluyen entidades descentralizadas del orden
nacional que reúnan características mencionadas, sin importar a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1753 de 2015 se encuentren liquidadas o privatizadas, y los
organismos autónomos del orden nacional tales como el Banco de la República y las
universidades públicas del orden nacional.

4. La Unidad Administrativa de Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), en relación con las obligaciones por cuotas partes pensionales que haya
reconocido a partir del momento en que asumió la función reconocimiento pensional de
entidades orden nacional liquidadas o en liquidación, que sean financiadas con recursos
del Fondo Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015,
continúan vigentes las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar entre entidades
territoriales, y entre estas entidades y las entidades del orden nacional, las cuales
continuarán reconociéndose y pagándose en la forma prevista en este capítulo.

Parágrafo 2°. Este capítulo aplica también para las cuotas partes de entidades del
orden nacional, liquidadas o no, que estén siendo administradas por patrimonios
autónomos, fiducias, fondos cuentas o quien haga sus veces.
(Decreto 1337 de 2016, artículo 2°)

Artículo 2.2.4.13.3. Procedimiento de supresión. Para efectos de dar cumplimiento a
la supresión de cuotas partes pensionales de que trata el artículo 78 de la Ley 1753 de
2015 y el presente capítulo, las entidades objeto de su aplicación deberán suprimir las
obligaciones y los derechos que tuvieren por este concepto, a favor y en contra de las
entidades mencionadas en el artículo 2.2.4.13.2 de este decreto, efectuando el

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reconocimiento contable y la respectiva anotación en los estados financieros conforme
al procedimiento que señale la Contaduría General de la Nación.
(Decreto 1337 de 2016, artículo 3°)

[…]
Artículo 2.2.4.13.5. Verificación de certificaciones. Las entidades comprendidas por
el artículo 2.2.4.13.2 del presente decreto, cuando deban realizar reconocimientos de
pensiones por acumulación de tiempos de servicio público o de aportes, deberán surtir
el procedimiento de consulta de la cuota parte pensional de acuerdo con la normatividad
vigente.
(Decreto 1337 de 2016, artículo 5°)”.

De la lectura de la anteriores disposiciones, Ley 31 de 1992, Decreto 2520 de
1993, Código Sustantivo del Trabajo y Código de Procedimiento Laboral, se
establecen de forma general, la naturaleza de los trabajadores del Banco de la
República, la actividad de la banca como servicio público esencial, las normas y
régimen jurídico a las que se pueden acudir en temas laborales de manera
supletoria en caso de que no exista precepto exactamente aplicable, a las
obligaciones generales entre empleadores y trabajadores, el principio de buena fe
que debe regir en los contratos de trabajo, sobre la conciliación prejudicial o
judicial en las controversias laborales y los mecanismos que se previeron como
facultades para que el Banco de la República pudiera realizar la reorganización de
su Caja de Previsión Social.

A su turno, el artículo 71 del Código Civil señala de forma general la derogatoria
de las normas como mecanismo de interpretación de las leyes.

Sin embargo, para el caso particular, de dichas disposiciones no se advierte una
obligación clara, expresa y exigible en cabeza de las demandadas respecto de las
pretensiones de la parte actora referidas a que el Banco de la República continúe
sufragando la totalidad de su pensión de jubilación, que el desembolso se efectúe
el primer día hábil de cada mes y que Colpensiones quede eximido de pagar su
pensión de vejez y, como consecuencia, que se ordene a las demandadas que
requieran la terminación de los procesos existentes entre estas dos entidades y
que cursan en juzgados laborales de Bogotá, en los cuales el Banco demanda a
Colpensiones por el cobro de cuotas partes, razón por la cual deberá confirmarse
la negativa de la demanda.

Por otro lado, las normas contenidas en los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015 35
y 1, 2, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016, estas últimas, que como se expuso fueron
compiladas en los artículos 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3 y 2.2.4.13.5 del
Decreto 1833 de 2016, disponen la eliminación de las cuotas partes pensionales y
el procedimiento que se debe adelantar para su supresión.

35
Incorporado en por el artículo 54 del decreto 1818 de 1998.
24
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Como lo ha expuesto esta Sala en casos similares36, sobre el concepto de
“cuotas partes pensionales”, la Corte Constitucional en la sentencia C-895 de
2009, concluyó que:

“…las cuotas partes son un importante soporte financiero para la seguridad
social en pensiones, que representan un esquema de concurrencia para el
pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en
diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas.

Las cuotas partes son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad
encargada de reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras, las
siguientes características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un
procedimiento administrativo en el que participan las diferentes entidades que
deben concurrir al pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable
reconoce el derecho pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido
crediticio una vez se realiza el pago de la mesada al ex trabajador. En otras
palabras, si bien nacen cuando una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son
exigibles por esta última a partir del momento en el que se hace efectivo el
desembolso de las respectivas mesadas”. (Negrillas fuera de texto)

Las normas que pide hacer cumplir el demandante se refieren a la figura de las
“cuotas partes pensionales” que, como señaló la Corte Constitucional, se configura
cuando el peticionario laboró en diversas entidades públicas, lo que implica que
todos los empleadores deben concurrir, en el porcentaje que sea del caso, al pago
de su pensión de vejez.

Sin embargo, resulta diferente la situación del señor Ramírez Domínguez a quien
el Banco de la República en el año 1998 le reconoció una pensión de jubilación
por laborar para ese único empleador, y a quien posteriormente en 2010, después
de realizar las respectivas cotizaciones en el sistema general de pensiones y de
acreditar los requisitos legalmente exigidos, Colpensiones le reconoció la pensión
por vejez, momento a partir del cual el pago de las mesadas pensionales es
compartido entre el banco y dicha entidad.

Debe aclararse que este pago compartido de la mesada pensional del accionante
no resulta asimilable al concepto de cuotas partes pensionales, pues es claro que
el reconocimiento de la pensión de vejez no tuvo concurrencia de empleadores
porque él prestó sus servicios únicamente al Banco de la República.

Lo que ocurre es que el Banco debe acudir al pago del mayor valor de la mesada
pensional a favor del demandante, porque el monto reconocido por concepto de
pensión de vejez por parte de Colpensiones resulta inferior al reconocido por

36
En este mismo sentido pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado, Sección
Quinta, de 5 de mayo de 2022, radicado 63001-23-33-000-2022-00013-01 (ACU), MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil, 5 de mayo de 2022, radicado 68001-23-33-000-2022-00089-01, MP Rocío Araújo
Oñate, de 21 de abril de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2021-01138-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, de 4 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2020-00886-01, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; de 11 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2020-00889-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: Carlos Alberto Ramírez Domínguez
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Radicación: 25000-23-41-000-2022-00117-01

pensión de jubilación, lo que conlleva que el accionado deba pagar mensualmente
dicha diferencia.

Así las cosas, resulta evidente que el mandato que se pide hacer cumplir, referido
a que el Banco de la República continúe con el pago total mensual de sus
mesadas pensionales no está contenido en los preceptos que señala como
desacatados, pues como se demostró la Ley 1753 de 2015 y su decreto
reglamentario, regulan e imponen un deber para una situación prestacional que
difiere de la reconocida a favor del señor Carlos Alberto Ramírez Domínguez.

Igualmente, no se advierte que de las disposiciones legales referidas como
incumplidas se establezca que el Banco de la República tenga que asumir el pago
de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones y tampoco que los pagos de
las mesadas pensionales deban efectuarse el primer día hábil de cada mes, razón
por la cual también corresponderá denegarse lo solicitado en ese sentido.

De esta forma, esta Sección puede concluir que ninguna de las normas que el
accionante exige que cumplan el Banco de la República y Colpensiones le son
aplicables para su preciso y específico caso pensional por lo que corresponde
denegar las pretensiones de la demanda.

Nótese que el actor en la impugnación alude a la ambigüedad de la normativa
aplicable a su situación e incluso apela a su criterio de interpretación sobre las
disposiciones invocadas, con el fin de crear los mandatos que pretende. Sin
embargo, el deber derivado de la ley o acto administrativo debe surgir de forma
diáfana, porque de lo contrario el juez de cumplimiento sería el que producto de la
interpretación impone obligaciones y ese no es el objeto de este medio de control.

En consecuencia, la Sala: 1) revocará; i) el numeral primero de la decisión de
primera instancia, de acuerdo con lo explicado en el acápite 2.3.3. y ii)
parcialmente el numeral segundo de la sentencia impugnada, en el sentido de
declarar la improcedencia de la acción solo frente artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la
Constitución Política de Colombia por lo señalado en punto 2.3.4 de esta
providencia; y 2) confirmará la denegación de las pretensiones de la demanda,
pero por las razones de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero y parcialmente el segundo, de la
sentencia de 31 de marzo de 2022 de la Subsección “A” de la Sección Primera del

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de los cuales se declaró cosa
juzgada parcial y la improcedencia sobre los artículos “78 del Código Procesal
Laboral y 1, 2 (con excepción del numeral 2.3., respecto del cual prosperó la cosa
juzgada) y 3 del Decreto 1337 de 2016”, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de marzo de 2022, en cuanto
DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la acción de cumplimiento respecto de los
artículos 1, 2, 6, 46 y 48 de la Constitución Política de Colombia y la NEGATIVA
de las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Samuel Eduardo Meza
Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.719.007 y portador de
la tarjeta profesional No. 268676 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado judicial de Colpensiones, conforme a los términos y facultades
contenidas en el poder general y su sustitución, obrantes en el expediente37, de
acuerdo con las reglas de los artículos 74 a 76 del CGP.

Por Secretaría General, permítasele al referido abogado el acceso a SAMAI
respecto del presente proceso.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login

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Índice 4 de SAMAI.
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