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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00501-01

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00501-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en este fallo. del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”. 36 “por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Demandante: Gustavo Hernando Ramírez Alfonso Demandados: Banco de la República y otro Radicación No.: 25000-23-41-000-2022-00501-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2022-00501-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de septiembre de 2022

Demandante: Gustavo Hernando Ramírez Alfonso
Demandados: Banco de la República y otro
Radicación No.: 25000-23-41-000-2022-00501-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00501-01
Demandante: GUSTAVO HERNANDO RAMÍREZ ALFONSO
BANCO DE LA REPÚBLICA Y ADMINISTRADORA
Demandados:
COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES
Confirma sentencia de primera instancia – Pensión de
Tema: jubilación, pensión de vejez, compartibilidad pensional, no
aplica la figura de “cuotas partes pensionales”.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia
del 13 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda
formulada contra el Banco de la República y la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. La parte actora, mediante apoderado judicial, ejerció acción de cumplimiento
contra el Banco de la República y Colpensiones para requerir el acatamiento de los
artículos 19 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo, 78 del Código de Procedimiento
Laboral, 78 de la Ley 1753 de 2015 y 1, 2 y 4 del Decreto 1337 de 20161 y, en
consecuencia, se ordene:

«1. Que el Banco de la República proceda a pagar en su totalidad la pensión de jubilación
con sus propios recursos y que el pago de efectúe el primer día hábil de cada mes como
se venía haciendo el pago antes del 1º de enero de 2020.

2. Que una vez el Banco de la República cumpla con el pago total a su cargo por concepto
de la pensión de jubilación que nos reconoció, y siempre y cuando efectivamente lo haga,
Colpensiones quede eximido de pagar la pensión de vejez, por así haberlo dispuesto las
normas con fuerza de ley sobre supresión de cuotas partes.

1 “por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015”.

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Demandante: Gustavo Hernando Ramírez Alfonso
Demandados: Banco de la República y otro
Radicación No.: 25000-23-41-000-2022-00501-01

3. Que como consecuencia de la eliminación de las cuotas partes pensionales dispuesta
por la ley 1753 de 2015 y las normas del decreto reglamentario 1337 de 2016, se ordene a
Colpensiones y al Banco de la República que soliciten la terminación de los procesos
existentes entre estas dos entidades y que cursan en juzgados laborales de Bogotá, en los
cuales el Banco demanda a Colpensiones por el cobro de cuotas partes» (sic).

1.1. Hechos

2. La parte actora indicó que el Banco de la República reconoció al demandante
una pensión mensual vitalicia de jubilación de carácter especial desde el 10 de julio de
1995 y, posteriormente, Colpensiones concedió una pensión de vejez a favor del señor
Ramírez Alfonso2.

3. Manifestó que la entidad bancaria informó que a partir del primero de enero de
2020 y en adelante, Colpensiones pagaría directamente las pensiones legales (vejez,
invalidez, sobrevivencia) a su cargo y el banco, únicamente, desembolsaría el mayor
valor, si existiere, entre la pensión de jubilación (o sustitución pensional) y la pensión
legal3.

4. Expuso que, por lo anterior, los pensionados reclamaron a las entidades
explicaciones sobre las razones o fundamentos legales de esa decisión. El Banco de
la República y Colpensiones contestaron con base en lo establecido en el Acuerdo del
ISS 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 19904.

2 Según consta en los documentos “Acta de Conciliación de reconocimiento de la pensión de jubilación”

y “Certificados de Devengados y Deducidos expedidos por Colpensiones de 2020 y 2021”, anexos a la
demanda y la subsanación que obran dentro del índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI,
en los que se señala que: “(…) el Banco pagará al doctor GUSTAVO RAMÍREZ ALFONSO, a título de
conciliación, una pensión mensual vitalicia de jubilación de carácter especial, a partir del día 10 de julio
de 1995 (…)” y, por otro lado, que “(…) la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES,
reconoció como CAUSANTE de una prestación de VEJEZ a GUSTAVO HERNANDO RAMÍREZ
ALFONSO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 17112744”. (sic)
3 La decisión fue comunicada por el Banco mediante carta SGG-SC-0466-2019 del 24 de julio de 2019

dirigida a cada uno de los pensionados, en la que manifestó: “El Banco de la República y Colpensiones
firmaron desde hace varios años un convenio interadministrativo para que las pensiones compartidas
entre estas dos entidades (compartibilidad pensional) fueran pagadas por el Banco de la República,
quien le recobra a Colpensiones la parte que le corresponde.
Este Convenio finalizará el próximo 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, a partir del 1° de enero
de 2020, Colpensiones pagará directamente las pensiones legales (vejez, invalidez o sobrevivencia) a
su cargo y el Banco de la República, únicamente, pagará el mayor valor, si lo hay, entre la pensión de
jubilación (o sustitución pensional) y la pensión legal. (…)”. Esta comunicación se encuentra como anexo
a la demanda y la subsanación que obran dentro del índice 2 del expediente digital en el aplicativo
SAMAI.
4 El Banco en carta DSGH-C-CA-141-2019 contestó: “En primer término, es importante recordar que,

tratándose de pensiones compartidas, la obligación de los empleadores que han reconocido pensiones
extralegales a sus trabajadores, de pagar la totalidad de la pensión, cesa, por ministerio de la ley, una
vez el pensionado cumple con los requisitos de edad y cantidad de cotizaciones exigidas por el régimen
legal para acceder a la pensión de vejez tal como lo establece el Acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990.”
Colpensiones en carta BZ2021_2644576-0564732 contestó precisando que: “Por efectos de la
compartibilidad de la prestación de la cual usted goza, Colpensiones y el Banco de la República, son
dos pagadores independientes; el primero de la pensión de vejez y, el segundo, de la diferencia entre
la pensión de jubilación por éste reconocida y la de vejez reconocida por esta Administradora.”

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Demandante: Gustavo Hernando Ramírez Alfonso
Demandados: Banco de la República y otro
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5. Señaló que las demandadas, tienen un entendimiento equivocado al considerar
que la compartibilidad de la pensión de jubilación reconocida por el banco como
empleador, era un asunto voluntario a discreción de esas entidades que, por lo mismo,
podían libremente y a su parecer disponer acerca de la manera de compartir la pensión
y de efectuar su pago.

6. Sostuvo que la compartibilidad nunca dependió del simple querer de los
obligados, sino de lo dispuesto en el ordenamiento legal. Que la terminación de los
convenios interadministrativos celebrados entre esas entidades para hacer efectiva la
compartibilidad, no era, ni es justificación legal válida para escindir la pensión y pagar
por separado y que lo que corresponde por ley es que el Banco asuma la totalidad de
la prestación con sus propios recursos y señaló, para ello, las normas que se citan en
la demanda en relación con el debido cumplimiento de las obligaciones y el pago.

2. Actuaciones procesales

7. Mediante auto del 4 de mayo de 2022 el Tribunal rechazó parcialmente e
inadmitió la demanda5 y le ordenó a la parte actora corregirla en el sentido de «allegar
la constancia de envió de la copia de la demanda de conformidad con lo preceptuado en el
inciso 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020».

8. En providencia del 2 de junio de 2022 el Tribunal admitió la demanda presentada
por el señor Gustavo Hernando Ramírez Alfonso contra el Banco de la República y
Colpensiones respecto del cumplimiento de los artículos 19 y 56 del Código Sustantivo
del Trabajo; 78 del Código de Procedimiento Laboral; 78 de la Ley 1753 de 2015 y; 1,
2 y 4 del Decreto 1337 de 2016.6

3. Contestación

3.1 Del Banco de la República.

9. A través de apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y
señaló que las normas que se reclaman como incumplidas no son aplicables a los
casos de compartibilidad pensional como el del demandante.

5 La demanda se rechazó de plano por falta de constitución en renuencia respecto del cumplimiento de

“los artículos 11, 12 y 289 de la Ley 100 de 1993; literal b) del artículo 38 de la Ley 31 de 1992; inciso
segundo, aparte final, del literal b) del artículo 46 del Decreto 2520 de 1993; artículo 8.º de la Ley 71 de
1988 y 9.º del Decreto 1160 de 1989; artículos 3 y 6 del Decreto 1337 de 2016; artículos 1626, 1627 y
1649 del Código Civil; el inciso 7.º, 9.º y parágrafo transitorio 2.º del artículo 48 de la Constitución
Nacional”.
Por otro lado, la demanda se inadmitió frente a los artículos 19 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo;
78 del Código de Procedimiento Laboral; a 78 de la Ley 1753 de 2015 y 1, 2 y 4 del Decreto 1337 de
2016, “por no allegar la constancia de envió de la copia de la demanda de conformidad con lo
preceptuado en el inciso 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020”
6Mediante esta providencia se ordenó notificar personalmente a los representantes legales del Banco

de la República y de la Administradora Colombiana de Pensiones y/o a quien haga sus veces. Índice 2
de SAMAI

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Demandante: Gustavo Hernando Ramírez Alfonso
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10. Manifestó que en el caso del accionante, se está en presencia de una “pensión
compartida” entre el Banco de la República y Colpensiones, en la que esta entidad le
paga al demandante la pensión legal de vejez y el Banco el mayor valor entre dicha
pensión y la reconocida extralegalmente. Figura que es diferente a la de las “cuotas
partes pensionales”, que se presenta cuando una persona adquiere el derecho a la
pensión legal por la suma de tiempos en diferentes entidades públicas.

11. Explicó que el demandante confunde los mecanismos enunciados para intentar,
a través de esta acción, que al primero (compartibilidad pensional) se le aplique lo
dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1337 de 2016 sobre eliminación de
cuotas partes entre entidades del orden nacional.

12. Refirió las sentencias proferidas por el Consejo de Estado 7 en las que se
resolvieron casos iguales al presente, en los que la Sección Quinta precisó que el
concepto de compartibilidad pensional es diferente al de cuotas partes pensionales y
que, por tanto, no se puede pedir la aplicación de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto
1337 de 2016 a la figura de la compartibilidad pensional.

13. Aclaró que, desde el año 1995, el Banco de la República le reconoció una
pensión de jubilación (extralegal) al señor Gustavo Hernando Ramírez Alfonso pero la
entidad siguió realizando las cotizaciones al sistema de seguridad social con el fin de
que accediera a la pensión de vejez, lo cual se surtió el 6 de octubre de 2004, momento
a partir del cual operó la compartibilidad o subrogación de la obligación que tenía a
cargo la entidad bancaria.

14. Expuso que por lo anterior, solo quedó compelida a sufragar el mayor valor entre
la pensión de vejez y la extralegal, tal y como aconteció a finales del año 2019 con
ocasión de la terminación del convenio que para el efecto del pago existía entre las
demandadas, en cuyo marco el banco asumía la totalidad de la prestación al
demandante y la administradora de pensiones le reembolsaba a este la parte que le
correspondía por la pensión de vejez a su cargo.

15. Precisó que si dicho convenio no hubiera existido, desde el 2004, el
demandante habría recibido de forma independiente el pago del monto

7Para el efecto relacionó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. sentencia de 4 de marzo de 2021, rad. 25000234100020200088601,
C.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. sentencia de 25 de marzo de 2021, rad. 25000234100020200088401, C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
sentencia de 3 de febrero de 2022, rad. 25000234100020200089001, C.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. sentencia de 5 de mayo de 2022,
rad. 63001233300020220001301, C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. sentencia de 5 de mayo de 2022, rad.
68001233300020220008901, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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correspondiente a la pensión de vejez y del mayor valor a cargo del Banco, como
ocurrió a partir del 1 de enero de 2020.

16. Manifestó que el Banco de la República no puede atender lo dispuesto en el
Decreto 1337 de 2016 a las pensiones compartidas con Colpensiones y pagar la
pensión de vejez reconocida por esta entidad con cargo a sus recursos, en tanto dicha
norma no es aplicable a la situación concreta y particular del demandante y que motivó
el presente medio de control.

17. Propuso como argumento de defensa la «Inexistencia del incumplimiento
mencionado en la demanda: vigencia y cumplimiento estricto de las disposiciones legales
sobre compartibilidad pensional» y expuso que la compartibilidad mencionada ha
operado con todas las formalidades y exigencias dispuestas en la ley, por lo que no es
dable acusar al Banco de incumplimiento alguno.

18. También planteó la «Inexigibilidad de las normas de carácter laboral requeridas por
el demandante en el presente asunto», con fundamento en que el caso no versa sobre un
conflicto laboral y de las normas enlistadas por el demandante no existe ninguna que
establezca en cabeza de la entidad bancaria la obligación de pagar a favor de la parte
actora la totalidad de la mesada pensional y mucho menos que deba ser el primer día
hábil de cada mes.

19. Adicionalmente formuló una excepción que denominó como genérica.

3.2 De Colpensiones.

20. Mediante providencia de 14 de junio de 20228, se tuvo por no contestada la
demanda por parte de la entidad, en atención a que no se allegó respuesta de la
entidad oportunamente. Lo anterior se confirmó por auto del 28 de junio de 20229.

4. Sentencia impugnada

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a
través de sentencia del 13 de julio de 202210 denegó las pretensiones de la demanda.

22. Sobre las normas señaladas como incumplidas, definió lo siguiente:

23. En relación con los artículos 19 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo y 78 del
Código de Procedimiento Laboral, precisó que no resultan exigibles a la entidad

8
Según consta en el documento “ED_1420220050100AC(.pdf)” del índice 2 de SAMAI.
9
Según consta en el documento “ED_23202200501ACNI(.pdf)” del índice 2 de SAMAI.
10
Según consta en el documento “ED_2720220050100AC(.pdf)” del índice 2 de SAMAI.

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demandada en el caso concreto, porque no existe una relación actual de empleador y
trabajador entre el demandante y el Banco de la República y Colpensiones. Tampoco
se advierte ningún conflicto que esté dirimiendo un juez laboral, en tanto lo pretendido
es el cumplimiento de unas normas con el fin de que el Banco de la República pague
la totalidad de la pensión del demandante, obligación que de ninguna manera se
desprende de las normas enunciadas.

24. De los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015 y 1, 2 y 4 del Decreto 1337 de 2016
indicó que dicha normatividad dispone la eliminación de las cuotas partes pensionales
y el procedimiento que se debe adelantar para su supresión, por lo que tampoco le
resulta exigible a las entidades demandadas toda vez que no le son aplicables al caso
concreto del demandante en el que se predica una compartibilidad pensional que
existe entre el Banco y Colpensiones. Exaltó que lo que se presenta es una confusión,
entre los referidos conceptos y, por ende, las normativas atendibles en cada una de
estas situaciones concretas.

25. Aclaró que «la cuota parte pensional se configura cuando el peticionario laboró en
diferentes entidades públicas, lo que implica que todos los empleadores deben concurrir a
prorrata en el porcentaje que sea del caso para el pago de la pensión de vejez. Esta disposición
encuentra su sustento normativo en el Decreto 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848
de 1969. Además, en lo concerniente a su eliminación, la regulación normativa es la prevista
en la Ley 1753 de 2015, desarrollada por el Decreto 1337 de 2016».

26. En igual sentido explicó que «la compartibilidad pensional o pensión compartida
ocurre cuando el empleador reconocía, en su momento, pensiones de carácter voluntario o
convencional a los empleados que cumplían los requisitos para tener acceso a la respectiva
prestación. Sin embargo, el empleador continuaba cotizando las tres contingencias (invalidez,
vejez y muerte) al Seguro Social hoy Colpensiones y, una vez el afiliado cumple con los
requisitos para acceder a la pensión de vejez y esta es reconocida por Colpensiones, es esta
entidad la que asume el pago y el empleador. En este caso, el Banco de la República es
responsable únicamente del pago de la diferencia o mayor valor (si lo hay) que pudiera
presentarse entre la pensión de jubilación y la de vejez».

27. Refirió algunos apartados de las consideraciones de una providencia del 23 de
junio de 2022, en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado11, confirmó una
decisión proferida por esa subsección del Tribunal, en la que se debatían las mismas
pretensiones que fueron negadas por las idénticas argumentaciones.

28. Manifestó que la compartibilidad pensional cuenta con un sustento normativo
distinto al de la cuota parte pensional y se encuentra en el Acuerdo del ISS número
029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985 y modificado por el Acuerdo 049

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Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente 2022-00251-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

29. Concluyó que los mandatos que pretende hacer cumplir la parte actora,
relacionados con el pago de la mesada pensional en su totalidad por parte del Banco
de la República, no están contenidos en los preceptos que señala como incumplidos,
toda vez que la Ley 1753 de 2015 y su decreto reglamentario, regulan e imponen un
deber para una situación prestacional que difiere de la reconocida a favor del
demandante en el caso concreto y por tanto se impuso negar las pretensiones de la
demanda.

5. Impugnación

30. La parte actora, mediante apoderado judicial, impugnó la sentencia de primera
instancia. Alegó que la prestación reconocida por el Banco de la República, siempre
fue una pensión compartida, pagadera por cuotas partes y reiteró los argumentos
expuestos en la demanda relacionados con la inexistencia de norma que regule
exactamente el pago de la pensión patronal compartida con Colpensiones por lo que:
«ha debido darse aplicación no solo al artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 sino a todas las
normas contenidas en el Decreto 1337 de 2016”, así como “debió considerarse la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que estableció que la
pensión no puede dividirse ni pagarse por partes, ni diferir su pago para 30 días después».

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

31. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la
sentencia del 13 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 12512, 15013 y 24314 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –CPACA- Ley 1437 de 201115, así como del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “… las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

12 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
13 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
14 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
15 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en
el artículo 245 de este código. (…)”.

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32. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el acatamiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto
es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

33. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de
1997 , que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la
16

renuencia” (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de
ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

34. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio
de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto, se
establezca que existe la desatención de la norma o acto;

b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró
como obligado, el acatamiento de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr la
efectiva obediencia del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el caso
que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien
ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos, ni tampoco del
reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la acción de tutela.

3. Del agotamiento de la renuencia como requisito de procedibilidad

35. La procedencia de la presente acción se supedita a la constitución en renuencia
de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el
interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo
con citación precisa de éste17 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste

16 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
17 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir

en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para
lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende,
exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de
renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento
de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741
de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál

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en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

36. Para dar por surtido este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
«…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de
la acción de cumplimiento»18.

37. Sobre este tema, esta Sección19 ha dicho que:
«Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el
señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica
el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la
entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto
muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del
destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de
la petición de cumplimiento que previamente debió formular la demandante, pues, como
se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial
para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos»20 (Negrillas fuera de texto).

38. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
«Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez
(10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la
jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de
texto)
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
19 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente

47001-23-31-000-2011-00024-01. M.P: Susana Buitrago Valencia.
20 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-

2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.

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39. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad. En efecto, el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así, por tanto, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda
inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

40. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia»21.

41. En este caso concreto, el actor mediante solicitudes del 12 y de 18 de agosto
de 202122, requirió a las accionadas el acatamiento de las normas que refiere como
incumplidas y que no fueron objeto de rechazo por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B23.

42. Observa la Sala que, en el expediente, se encuentra la respuesta del 26 de
agosto de 2021 que el Banco de la República emitió frente a la petición referida24, en
la que se indica que lo requerido carece de viabilidad en consideración a que «tanto el
Banco de la República como Colpensiones han actuado de manera correcta y cancelan
oportunamente el monto de la prestación que a cada entidad le corresponde, tal como lo
establecen las normas que regulan la compartibilidad de las pensiones reconocidas». Pese a
que en la demanda y en la subsanación se refiere una respuesta con fecha de “6 de
marzo de 2021” (sic) que Colpensiones emitió frente a la mencionada carta de
reclamación, lo cierto es que la misma no se aportó al expediente.

43. Así las cosas, no hay duda de que previo a ejercer la presente acción de
cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia, toda vez
que solicitó a las entidades demandadas el acatamiento de los preceptos legales
admitidos con su demanda25.

21 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp.

ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
22 Según consta en el documento “Carta de reclamación al Banco de la República (de 63 hojas de

razones del incumplimiento y las normas incumplidas) con fecha Febrero 26 de 2021” que obra dentro
del índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI
23 Como se indicó mediante providencia del 4 de mayo de 2022, el Tribunal rechazó de plano la demanda

respecto del cumplimiento de “los artículos 11, 12 y 289 de la Ley 100 de 1993; literal b) del artículo 38
de la Ley 31 de 1992; inciso segundo, aparte final, del literal b) del artículo 46 del Decreto 2520 de 1993;
artículo 8.º de la Ley 71 de 1988 y 9.º del Decreto 1160 de 1989; artículos 3 y 6 del Decreto 1337 de
2016; artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil; el inciso 7.º, 9.º y parágrafo transitorio 2.º del artículo
48 de la Constitución Nacional”, toda vez que no se exigió en sede administrativa su acatamiento, por
tanto, no hicieron parte de la constitución en renuencia a las entidades demandadas.
24 Según consta en los documentos anexos al escrito de demanda y subsanación que obran dentro del

índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
25 Mediante providencia del 2 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B, admitió la demanda de cumplimiento respecto de los artículos 19 y 56 del
Código Sustantivo del Trabajo; 78 del Código de Procedimiento Laboral; 78 de la Ley 1753 de 2015 y;
1, 2 y 4 del Decreto 1337 de 2016.

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4. De la procedencia de la acción de cumplimiento.

44. Respecto de las normas que fueron objeto de la demanda admitida por el A quo
por la presunta inobservancia por parte de las entidades demandadas, esto es de los
artículos 19 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo, 78 del Código de Procedimiento
Laboral, 78 de la Ley 1753 de 2015 y 1, 2 y 4 del Decreto 1337 de 2016, encuentra la
Sala que son preceptos actualmente exigibles porque no están derogados ni
suspendidos y su acatamiento no implica gasto ni la protección de derechos
fundamentales, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.
5. Del caso concreto.

45. La Sala procede a exponer el contenido de las disposiciones que se dicen
desacatadas:
a) Del Código Sustantivo del Trabajo.

«ARTÍCULO 19. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se
deriven de este Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los Convenios y
Recomendaciones adoptados por la Organización y las Conferencias Internacionales del Trabajo,
en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no
sean contrarios a los del Derecho del Trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.

(…)

ARTÍCULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general, incumben
al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos
obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador».

b) Del Código de Procedimiento Laboral.

«ARTÍCULO 78. ACTA DE CONCILIACION26. Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 54. ARTICULO 54. ACTA DE CONCILIACION.
En el día y hora señalados, el juez invitará a las partes a que, en su presencia y bajo su vigilancia,
procuren conciliar sus diferencias. Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia de sus términos
en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo
dentro del plazo que él señale. Si el acuerdo fuere parcial, se ejecutará en la misma forma, en lo
pertinente, y las pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de instancia (artículo
78 Código de Procedimiento Laboral)».

c) De la Ley 1753 de 2015.

«Artículo 78. Supresión de cuotas partes pensionales. “Las entidades públicas del orden
nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea su naturaleza,
y Colpensiones, suprimirán las obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales. Esta
posibilidad aplicará tanto para las cuotas causadas como a las que a futuro se causen. Para el

26
Incorporado en el artículo 54 del Decreto 1818 de 1998, 'Por medio del cual se expide el Estatuto de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos,' publicado en el Diario oficial No 43.380 del 7 de
septiembre de 1998.

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efecto, las entidades harán el reconocimiento contable y la respectiva anotación en los estados
financieros.
Lo dispuesto en el inciso anterior también aplicará a las entidades que al primero de abril de 1994
tuvieran la calidad de entidades del orden nacional. (...)».

d) Del Decreto 1337 de 2016.

«Artículo 1º. Objetivo. “Esta disposición tiene por objeto determinar las entidades autorizadas
por la ley para llevar a cabo la supresión de las cuotas partes pensionales que se encontraban
causadas y no hubieren sido pagadas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015,
es decir, a 9 de junio de 2015, así como las que se causen a partir de dicha fecha.
De la misma manera este decreto establece el procedimiento que deberá surtir cada entidad para
la supresión de que habla el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015.

Artículo 2º. Campo de aplicación, “Para los efectos del artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, se
entiende que las entidades públicas del orden nacional objeto de la supresión de cuotas partes
pensionales son las siguientes:

2.1. Las entidades públicas del orden nacional, que formen parte del Presupuesto General de la
Nación, cualquiera sea su naturaleza. Para este fin, se entiende que estas entidades son las
incluidas en el primer nivel de cobertura del Estatuto Orgánico de Presupuesto, de acuerdo con
los incisos primero y segundo del artículo 3° del Decreto número 111 de 1996.

2.2. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

2.3. Las entidades que a 1° de abril de 1994 ostentaban la calidad de entidades públicas del
orden nacional y tenían a su cargo el reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales. Dentro
de este grupo se incluyen las entidades descentralizadas del orden nacional que reúnan las
características mencionadas, sin importar que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1753
de 2015 se encuentren liquidadas o privatizadas, y los organismos autónomos del orden nacional
tales como el Banco de la República y las universidades públicas del orden nacional.

2.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), en relación con las obligaciones por cuotas partes pensionales que
haya reconocido a partir del momento en que asumió la función de reconocimiento pensional de
entidades del orden nacional liquidadas o en liquidación, que sean financiadas con recursos del
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP).

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, continúan
vigentes las cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar entre entidades territoriales, y entre
estas entidades y las entidades del orden nacional, las cuales continuarán reconociéndose y
pagándose en la forma prevista en las disposiciones vigentes.

Parágrafo 2°. Este decreto aplica también para las cuotas partes de entidades del orden nacional,
liquidadas o no, que estén siendo administradas por patrimonios autónomos, Fiducias, fondos
cuentas o quien haga sus veces.

Artículo 4º. Pago de las obligaciones pensionales y procesos administrativos. “Como
consecuencia de la supresión de cuotas partes pensionales de que trata el presente decreto, las
entidades objeto de su aplicación que hubieren reconocido pensiones deberán asumir con sus
propios recursos el pago total de la obligación pensional, sin que sea procedente el reembolso
por parte de las entidades concurrentes. A pesar de lo anterior, las entidades deberán surtir el
procedimiento de consulta de cuota parte pensional tal como lo establecen las normas vigentes
que sean aplicables.

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Si se hubieren iniciado procedimientos administrativos o judiciales de cobro de la obligación en
relación con las cuotas partes causadas y no pagadas al 9 de julio de 2015, deberá solicitarse la
terminación de dichos procedimientos en virtud de la extinción de la obligación ordenada por Ley»

46. Los referidos preceptos del Código Sustantivo del Trabajo y del Código de
Procedimiento Laboral establecen de forma general las normas a las que se puede
acudir en temas laborales de manera supletoria en caso de que no exista norma
exactamente aplicable, a las obligaciones generales entre empleadores y trabajadores
y lo concerniente a las generalidades del acta de conciliación judicial en las
controversias laborales.

47. Sin embargo, en el caso particular, de estas disposiciones legales no se advierte
que derive una obligación clara, expresa y exigible en cabeza de las accionadas
respecto de las pretensiones de la parte actora referidas a que el Banco de la
República continúe sufragando la totalidad de su pensión de jubilación, que el
desembolso se efectúe el primer día hábil de cada mes, que la Administradora de
Pensiones quede eximida de pagar su pensión de vejez, y como consecuencia que se
ordene a las demandadas que soliciten la terminación de los procesos existentes entre
estas dos y que cursan en juzgados laborales de Bogotá, en los que la entidad
Bancaria demanda a Colpensiones por el cobro de cuotas partes, razón por la cual
deberá confirmarse la decisión del Tribunal A quo de denegar la solicitud de que se
declare el incumplimiento de las mismas.

48. Por otro lado, las normas contenidas en los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015
y 1, 2, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016, disponen la eliminación de las cuotas partes
pensionales y el procedimiento que se debe adelantar para su supresión.

49. Por lo tanto, esta Sala pasa a explicar, como lo ha hecho en casos similares27,
el concepto de “cuotas partes pensionales”. Al respecto, la Corte Constitucional en la
sentencia C-895 de 2009, concluyó que:
«…las cuotas partes son un importante soporte financiero para la seguridad social
en pensiones, que representan un esquema de concurrencia para el pago de las
mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de
las contribuciones efectuadas.

Las cuotas partes son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad
encargada de reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras, las siguientes
características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento

27 En este mismo sentido pueden consultarse las sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, del

23 de junio de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2022-00251-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; Consejo
de Estado, Sección Quinta, del 2 de junio de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2022-00117-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Quinta, del 5 de mayo de 2022, Rad. 68001-23-33-
000-2022-00063-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado, Sección Quinta, del 5 de mayo de
2022, Rad. 63001-23-33-000-2022-00013-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; Consejo de Estado,
Sección Quinta, de 21 de abril de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2021-01138-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Consejo de Estado, Sección Quinta, de 4 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2020-
00886-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Quinta, de 11 de marzo de
2021, Rad. 25000-23-41-000-2020-00889-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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administrativo en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al
pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho
pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se
realiza el pago de la mesada al ex trabajador. En otras palabras, si bien nacen cuando
una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del
momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas».
(Negrillas fuera de texto)

50. Estas normas, que pide hacer cumplir el demandante, se refieren a la figura de
las “cuotas partes pensionales” que, como señaló la Corte Constitucional, se configura
cuando el peticionario laboró en diferentes entidades públicas, lo que implica que todos
los empleadores deben concurrir, en el porcentaje que sea del caso, al pago de su
pensión de vejez.

51. Diferente es la situación del caso particular del demandante a quien el Banco
de la República en el año 1995 le reconoció una pensión de jubilación después de
laborar para ese único empleador, y a quien posteriormente en el año 2004, después
de realizar las respectivas cotizaciones en el sistema general de pensiones y de
acreditar los requisitos legalmente exigidos, Colpensiones le reconoció la pensión por
vejez, momento a partir del cual el pago de las mesadas pensionales es compartido
entre el banco y dicha entidad.

52. Debe aclararse que este pago compartido de la prestación del accionante no
resulta asimilable al concepto de cuotas partes pensionales, pues es claro que el
reconocimiento de la pensión de vejez del señor Gustavo Hernando Ramírez Alfonso,
no tuvo concurrencia de empleadores porque él prestó sus servicios únicamente al
Banco de la República.

53. Lo que ocurre en este caso es que el Banco debe acudir al pago del mayor valor
de la mesada a favor del demandante, pues el monto reconocido por concepto de
pensión de vejez por parte de Colpensiones resulta inferior al reconocido por pensión
de jubilación, lo que conlleva a que la accionada deba pagar mensualmente dicha
diferencia.

54. Lo anterior, en consonancia con lo advertido por el Tribunal en la sentencia
objetada, encuentra sustento normativo en lo regulado por el Acuerdo del ISS número

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029 de 198528 (artículos 529 y 630), aprobado por el Decreto 2879 de 198531 y modificado
por el Acuerdo 049 de 199032 (artículos 1633 1734 y 1835), aprobado por el Decreto 758

28 “por el cual se modifica parcialmente el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte”.
29 “Artículo 5°Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de

publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de
jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente,
continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados
cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el
Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si
lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.
La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este artículo, sólo
rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.
Parágrafo 1°Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva Convención Colectiva,
Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.
Parágrafo 2°Las pensiones de jubilación a que se refiere esta disposición, serán aquellas que
reconozcan las empresas que tengan un capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda
corriente, o superior”.
30 “Artículo 6° Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse al Instituto de Seguros

Sociales contra los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, lleven en una misma empresa de capital de
ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente, o superior, diez o más años de servicios
continuos o discontinuos, ingresarán al Seguro Social Obligatorio como afiliados en las mismas
condiciones establecidas en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en caso de ser despedidos por
los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la Ley al pago de la
pensión restringida de que habla el artículo 8°de la Ley 171 de 1961, con la obligación de seguir
cotizando de acuerdo con los reglamentos del Instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos
por éste para otorgar la pensión de vejez; en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el
Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.
La obligación consagrada en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en esta disposición, de seguir
cotizando al Seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la
pensión de vejez, sólo rige para el patrono.
31 “por el cual se aprueba el acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del consejo

nacional de seguros sociales obligatorios”.
32 “por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y

Muerte”.
33 “Artículo 16. Compartibilidad de las pensiones legales de jubilación. Los trabajadores que al

iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez,
vejez y muerte, lleven 10 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o superior, ingresarán al seguro
obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios
y la edad exigidos por la ley para las pensiones plenas o especiales en ella consagradas, podrán exigir
la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha pensión de jubilación, pero el
patrono continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos
mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere,
entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado.”.
34 “Artículo 17. Compartibilidad de las pensiones sanción. Los trabajadores que sean despedidos

por el patrono sin justa causa y tengan derecho al cumplir la edad requerida por la ley, al pago de la
pensión restringida de que habla el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, tendrán derecho a que el patrono
cotice para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, a partir de la fecha en que cubra dicha pensión y
hasta cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos por estos Reglamentos para la pensión de
vejez. En este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
cubriendo al pensionado”.
35 “Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los patronos registrados como tales

en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación
reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir

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de 199036, razón por la cual no le asiste razón al demandante en su impugnación
cuando reitera que no existe norma que regule exactamente el pago de la pensión
patronal compartida con Colpensiones que pueda aplicarse al caso particular.

55. Así las cosas, resulta evidente que el mandato que se pide hacer cumplir por la
parte actora, referido a que el Banco de la República continúe con el pago total
mensual de sus mesadas pensionales no está contenido en los preceptos que señala
como desacatados, pues como se demostró la Ley 1753 de 2015 y su decreto
reglamentario, regulan e imponen un deber para una situación prestacional que difiere
de la reconocida a favor del señor Gustavo Hernando Ramírez Alfonso la cual se
encuentra regulada en otras normas.

56. De igual forma no se advierte que de las disposiciones legales referidas como
incumplidas se establezca que el Banco de la República tenga que asumir el pago de
la pensión de vejez reconocida por Colpensiones y tampoco que los pagos de
prestación deban efectuarse el primer día hábil de cada mes, razón por la cual también
corresponderá confirmar la denegación de lo solicitado en ese sentido.

57. Considerando lo anteriormente explicado, esta Sección puede concluir que
ninguno de los preceptos legales que el demandante exige cumplir al Banco de la
República y Colpensiones, le son aplicables a su preciso y específico caso pensional,
por lo que corresponde confirmar la denegación de las pretensiones de la demanda.

58. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 13 de julio de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en este
fallo.

del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta
cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez
y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
cancelando al pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva,
pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.
36 “por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional

de Seguros Sociales Obligatorios”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandante: Gustavo Hernando Ramírez Alfonso
Demandados: Banco de la República y otro
Radicación No.: 25000-23-41-000-2022-00501-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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