RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2022-00013-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2022-00013-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2022-00013-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del 7 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró la COSA JUZGADA PARCIAL, por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo del Quindío, que RECHAZA la demanda respecto de los artículos 12 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 71 de 1988 y 3 y 5 del Decreto 1337 de 2016 y que DENIEGA las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en este Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Demandante: Zoraida Mora Terreros Demandado: Banco de la República y otro Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01 fallo. TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción frente a los incisos 7, 9 y el parágrafo transitorio No. 2 del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, por las razones expuestas en este fallo. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2022-00013-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de mayo de 2022

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00013-01
Demandante: ZORAIDA MORA TERREROS
BANCO DE LA REPÚBLICA Y ADMINISTRADORA
Demandado:
COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES-
Revoca declaratoria de cosa juzgada, declara improcedencia
frente a normas constitucionales y confirma rechazo de la
Tema:
acción y denegación de pretensiones – pensión de jubilación,
cuotas partes.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Conoce la Sala de la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia
del 7 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que rechazó
la demanda frente algunas normas, declaró cosa juzgada parcial en relación con los
artículos 78 de la Ley 1753 de 2015 y 1, 2 y 4 del Decreto 1337 de 2016 y negó las
pretensiones de la demanda ejercida contra el Banco de la República y la
Administradora Colombiana de Pensiones–Colpensiones-.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. La parte actora, mediante apoderado judicial, ejerció acción de cumplimiento
contra el Banco de la República y la Administradora Colombiana de Pensiones–
Colpensiones-, para que se les ordene acatar los mandatos contenidos en los artículos
11, 12 y 289 de la Ley 100 de 1993; literal b) del artículo 38 de la Ley 31 de 1992;
inciso segundo del literal b) del artículo 46 del Decreto 2520 de 1993; 19 y 56 del
Código Sustantivo del Trabajo; 78 del Código de Procedimiento Laboral; 8 de la Ley
71 de 1988; 9 del Decreto 1160 de 1989; 78 de la Ley 1753 de 2015; 1, 2, 3, 4 y 6 del
Decreto 1337 de 2016; 27, 28, 1626, 1627 y 1649 del Código Civil y en los incisos 7,
9 y el parágrafo transitorio No. 2 del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia
y, en consecuencia:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

“1. Que el Banco de la República proceda a pagar en su totalidad la pensión de
jubilación con sus propios recursos y que el pago de (sic) efectúe el primer día hábil de
cada mes como se venía haciendo el pago antes del 1º de enero de 2020.
2. Que una vez el Banco de la República cumpla con el pago total a su cargo por
concepto de la pensión de jubilación que nos reconoció, y siempre y cuando
efectivamente lo haga, Colpensiones quede eximido de pagar la pensión de vejez, por
así haberlo dispuesto las normas con fuerza de ley sobre supresión de cuotas partes.
3. Que como consecuencia de la eliminación de las cuotas partes pensionales
dispuesta por la ley 1753 de 2015 y las normas del decreto reglamentario 1337 de
2016, se ordene a Colpensiones y al Banco de la República que soliciten la terminación
de los procesos existentes entre estas dos entidades y que cursan en juzgados
laborales de Bogotá, en los cuales el Banco demanda a Colpensiones por el cobro de
cuotas partes” (sic).

1.1. Hechos

2. En septiembre de 1993 el Banco de la República reconoció a la demandante
una pensión mensual vitalicia de jubilación especial por los servicios que por más de
21 años prestó a la institución1. En abril de 2002 el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, reconoció una pensión de vejez a favor de la señora Mora Terreros2.

3. La parte actora indicó que el banco accionado siempre pagó en forma completa
la mesada de su pensión de jubilación y no por partes y que el Instituto de los Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, le reembolsaba a este los valores correspondientes a su
pensión de vejez3.

4. Señaló que la entidad bancaria informó que a partir del primero de enero de
2020 y, en adelante, Colpensiones pagaría directamente las pensiones legales (vejez,
invalidez, sobrevivencia) a su cargo y el Banco de la República, únicamente,
desembolsaría el mayor valor, si existiere, entre la pensión de jubilación (o sustitución
pensional) y la pensión legal4.

1 Según consta en el Acta de Conciliación de reconocimiento de la pensión de jubilación que obra como

anexo al documento “002Demanda.docx” dentro del índice 2 del expediente digital en el aplicativo
SAMAI.
2 Según consta en la Resolución No. 008837 de 2002 de Colpensiones a través de la cual se hace el

reconocimiento de la pensión por vejez a la asegurado Zoraida Mora Terrero y que obra como anexo al
documento “002Demanda.docx” dentro del índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
3 Según consta en la carta de reclamación que la demandante presentó al Banco de la República

(fechada el 18 de febrero 2021) y que obra como anexo al documento “002Demanda.docx” dentro del
índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
4 La decisión fue comunicada por el Banco mediante carta SGG-SC-0465-2019 del 24 de julio de 2019

dirigida a cada uno de los pensionados, en la que manifestó: “El Banco de la República y Colpensiones
firmaron desde hace varios años un convenio interadministrativo para que las pensiones compartidas
entre estas dos entidades (compartibilidad pensional) fuera pagadas por el Banco de la República, quien
le recobra a Colpensiones la parte que le corresponde.
Este convenio finalizará el próximo 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, a partir del 1º de enero
de 2020, Colpensiones pagará directamente las pensiones legales (vejez, invalidez, sobrevivencia) a
su cargo y el Banco de la República, únicamente, pagará el mayor valor si lo hay, entre la pensión de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

5. Por lo anterior, muchos de los pensionados reclamaron a las entidades
accionadas cuestionando las razones o fundamentos legales de esa decisión. El
Banco de la República y Colpensiones contestaron con base en lo establecido en el
Acuerdo del ISS 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 5.

6. La demandante señaló que la entidad bancaria y Colpensiones, tienen un
entendimiento equivocado al considerar que la compartibilidad de la pensión de
jubilación reconocida por el banco como empleador, era un asunto voluntario a
discreción de esas entidades, que por lo mismo podían libremente y a su parecer
disponer acerca de la manera de compartir la pensión y de efectuar su pago.

7. La parte actora sostuvo que la compartibilidad nunca dependió del simple querer
de los obligados, sino de lo dispuesto en el ordenamiento legal, expresado en las
normas que se citan en la demanda en relación con el debido cumplimiento de las
obligaciones y el pago; y últimamente en normas constitucionales y administrativas
que regularon sobre las cuotas partes pensionales de las entidades públicas del orden
nacional y que inciden en la forma de pago de la pensión.

8. Con fundamento en estos hechos y consideraciones, la señora Mora Terreros
interpuso la acción de la referencia.

3. Actuaciones procesales

9. Mediante providencia del 8 de marzo de 2022 el Tribunal inadmitió la demanda
por no cumplir con el requisito formal consagrado en el numeral 1º del artículo 10 de
la Ley 393 de 1997 en concordancia con los artículos 160 y 162 del CPACA aplicables
por remisión del artículo 30 de la citada Ley 3936.

jubilación (o sustitución pensional) y la pensión legal (…)”. Esta comunicación obra como anexo al
documento “002Demanda.docx” dentro del índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI
5 El Banco en carta DSGH-C-CA-141-2019 contestó: “En primer término, es importante recordar que,

tratándose de pensiones compartidas, la obligación de los empleadores que han reconocido pensiones
extralegales a sus trabajadores, de pagar la totalidad de la pensión, cesa, por ministerio de la ley, una
vez el pensionado cumple con los requisitos de edad y cantidad de cotizaciones exigidas por el régimen
legal para acceder a la pensión de vejez tal como lo establece el Acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990.”
Colpensiones en carta BZ2021_2644576-0564732 contestó precisando que: “Por efectos de la
compartibilidad de la prestación de la cual usted goza, Colpensiones y el Banco de la República, son
dos pagadores independientes; el primero de la pensión de vejez y, el segundo, de la diferencia entre
la pensión de jubilación por éste reconocida y la de vejez reconocida por esta Administradora.”
6 Alude el Tribunal que la demanda fue presentada por el abogado Alejandro Escovar Rodríguez en

calidad de apoderado-mandatario de la señora Zoraida Mora Terreros, sin embargo, el memorial
denominado contrato de mandato-poder; no cumple con lo establecido por el artículo 74 del Código
General del Proceso, ello es, con la nota de presentación personal de la demandante ante el juez, oficina
judicial de apoyo o notario, indicando que para que el otorgamiento del poder se presuma autentico se
hace necesario que se acompañe con el memorial poder, constancia de su envío o transmisión del
mensaje entre el poderdante y su apoderado, para lo cual se deberá indicar en el poder el correo
electrónico que tiene inscrito el abogado en el Registro Nacional de Abogados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

10. Mediante providencia de 14 de marzo de 2022, se admitió la demanda
presentada por la señora Zoraida Mora Terreros7.

4. Contestación

4.1 Del Banco de la República.

11. Su apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando
que las normas que se reclaman como incumplidas, no son aplicables a los casos de
compartibilidad pensional regulada de manera especial en los Acuerdos del ISS No.
029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, y No. 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, así como por el artículo 5 del Decreto
813 de 1994, modificado por el artículo 2 del Decreto 1160 de 1994.

12. Propuso la excepción de “Inexistencia del incumplimiento mencionado en la
demanda: vigencia y cumplimiento estricto de las disposiciones legales sobre compartibilidad
pensional” argumentando que la compartibilidad mencionada ha operado con todas las
formalidades y exigencias dispuestas en la Ley, por lo que no es dable acusar al Banco
de incumplimiento alguno.

13. También la “Inexigibilidad de las normas de carácter laboral requeridas por la
demandante en el presente asunto”, con fundamento en que el asunto no versa sobre un
conflicto laboral y de las normas enlistadas por la demandante no existe ninguna que
establezca en cabeza de la entidad bancaria la obligación de pagar a favor de la
demandante la totalidad de la mesada pensional y mucho menos que deba ser el
primer día hábil de cada mes; y otra que denominó como genérica.

14. Requirió que se declarara la excepción previa de cosa juzgada, señalando que
en sentencia de 4 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de Santander8, con
fundamento en decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado9, resolvió en una
acción de cumplimiento elevada también por un extrabajador del Banco de la
República que requería que se acataran los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015 y el
Decreto Reglamentario 1337 de 2016; es decir, se trata de un caso con identidad de
problema jurídico, pretensiones y causas que aquí se están alegando

15. Destacó que posterior a esa sentencia se han proferido otras más, lo que implica
que nos encontramos frente a la presentación de un nuevo proceso con posterioridad
a la ejecutoria de varios fallos que versan sobre el mismo asunto haciendo tránsito a
cosa juzgada.

7 Subsanada la demanda, se admitió y se ordenó notificar personalmente a los representantes legales

o quienes hagan sus veces del Banco de la República y la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado y al Ministerio Público.
8
– MP. Solange Blanco Villamizar Rad. 68001-2333-000-2022-00063-00
9 Expediente 25000-23-41-000-2020-00886-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

4.2 De Colpensiones

16. La apoderada judicial se opuso a todas las pretensiones de la demanda porque
no existe vulneración en la prestación de jubilación reconocida y pagada a la señora
Zoraida Mora Terreros.

17. Señaló que la normatividad citada por la accionante (Artículo 785 de la Ley 1753
de 2015 y el Decreto 1337 de 2016), no es aplicable en este asunto ya que es propia
de las cuotas partes pensionales del orden nacional y no de la compartibilidad
pensional, figuras que coexisten pero que son diferentes.

18. Indicó que no se ha desconocido el derecho pensional de la demandante; que
en ningún momento la mesada fue dejada de pagar o fue reducida, precisando que el
cambio que se dio consistió en que el Banco siguió pagando el primer día hábil la
porción que le correspondía y Colpensiones pagaba su porción el último día hábil de
cada mensualidad; y que, aunque en las “numerosas reclamaciones” se señala el
desacatamiento de múltiples normas, no hubo tal incumplimiento por parte de las
demandadas.

19. La entidad propuso como excepciones la “improcedencia de la acción por
existencia de otro instrumento judicial” como es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; la “cosa juzgada”, para lo cual refiere el expediente del
Consejo de Estado radicado 25000-23-41-000-2020-00886-01 advirtiendo que el litigio
consiste en que el pago de la pensión de la accionante pasó a hacerse en forma
fraccionada por el Banco de la República y Colpensiones desde el 01 de enero de
2020; el “estricto cumplimiento a los mandatos legales”, sobre el supuesto de que el
reconocimiento pensional y forma de pago del mismo se encuentra ajustado a derecho;
la “prescripción” y; otra que denominó como “declarables de oficio”.

4.3 Del Ministerio Público

20. En concepto de la Procuraduría la acción de cumplimiento no es procedente en
este caso, porque la misma es subsidiaria, dado que existe un acto administrativo
expreso de carácter particular y concreto que le reconoció una pensión de vejez
compartida a la actora y, por ende, debe discutir su legalidad en sede de lo contencioso
administrativo a través de la acción ordinaria correspondiente.

5. Sentencia impugnada

21. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 7 de abril de
2022, decidió:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

“PRIMERO: RECHÁCESE la demanda respecto de los artículos 12 de la Ley 100 de
1993; 8 de la Ley 71 de 1988; 3 y 5 del Decreto 1337 de 2016; 27, 28, 1626, 1627 y
1649 del Código Civil; y los incisos 7º y 9º del artículo 48 de la Constitución Política, de
los cuales no se exigió en sede administrativa su acatamiento, por tanto, no hicieron
parte de la constitución en renuencia, de acuerdo a lo previamente manifestado.

SEGUNDO: DECLÁRESE que en el presente asunto operó el fenómeno de COSA
JUZGADA PARCIAL, en relación con la solicitud de cumplimiento respecto de las
siguientes disposiciones: artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 y artículos 1, 2 y 4 del
Decreto 1337 de 2016. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NIÉGUESE la acción de cumplimiento intentada por ZORAIDA MORA
TERREROS en contra del BANCO DE LA REPÚBLICA y la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por lo expuesto en la parte
motiva. En aplicación del inciso final del artículo 21 de la Ley 393 de 1997,
ADVIÉRTASE a la actora sobre la imposibilidad de instaurar nueva acción sobre el
mismo objeto de la presente.

(…)”

22. Para declarar la cosa juzgada parcial destacó que, al existir un pronunciamiento
sobre algunas de las normas que la señora Mora Terreros señala como incumplidas,
se estructura dicho fenómeno por tratarse de una materia ya definida por una autoridad
judicial en una anterior oportunidad que se encuentra debidamente ejecutoriada,
refiriendo la decisión del Consejo de Estado contenida en el fallo del expediente con
radicación 25000-23-41-000-2020-00886-01(ACU)10, e indicando que, además, se
mencionaron otras decisiones adoptadas por la corporación11 en procesos promovidos
por pensionados del Banco de la República que pretendían que se continuara
realizando el pago del 100% de la mesada pensional por parte del Banco y no de
manera compartida con Colpensiones, en los que se analizó lo dispuesto en el artículo
78 de la Ley 1753 de 2015 y 1° al 4º del Decreto 1337 de 2016, y se negaron las
pretensiones de los demandantes.

23. Manifestó que los argumentos expuestos por la parte actora se basan en la tesis
de que la pensión de jubilación otorgada era una pensión de cuotas partes;
señalamiento que no resulta cierto en tanto se tratan de dos reconocimientos distintos,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero ponente: Luis

Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 4 de marzo de 2021. Radicación número: 25000-23-41-000-2020-
00886-01(ACU). Actor: José Alberto Cruz Ortiz. Demandado: Banco de la República.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Radicación número: 25000-23-
41-000-2020-00889-01(ACU). Actor: Rosa Patricia Rodríguez Mejía. Demandado: Banco de la
República. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera
ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 25 de marzo de 2021. Radicación número:
25000-23-41-000-2020-00884-01(ACU). Actor: Alberto Martínez Ávila. Demandado: Banco de la
República. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero
ponente: Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 29 de abril de 2021. Radicación número: 25000-23-
41-000-2020-00885-01(ACU). Actor: Gloria María Avendaño Cubillos. Demandado: Banco de la
República.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

pues está claro que la señora Zoraida Mora Terrenos percibe sus pensiones de
jubilación y vejez, y la entidad en el acto de reconocimiento de esta última no tuvo
concurrencia de empleadores.

24. Concluyó que en el caso concreto ninguna de las normas que se pide hacer
cumplir contiene un mandato imperativo e inobjetable que obligue al Banco de la
República a asumir el pago del 100% de las pensiones reconocidas y por tanto niega
las pretensiones, especialmente si se tiene en cuenta que los demás preceptos -
distintos al artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 y las reglamentarias- se invocaron como
normas de interpretación, por lo que precisa que no son imperativas.

6. Impugnación

25. Mediante apoderado judicial la demandante impugnó la sentencia de primera
instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

26. Indicó que la sentencia impugnada extiende indebidamente la fuerza obligatoria
de una sentencia dictada en otro proceso con otro objeto y entre partes distintas, a la
causa instaurada por la señora Mora Terreros, obrando así por vía de disposición
general o reglamentaria, lo que es prohibido por la ley.

27. Señaló que en el citado proceso del señor José Alberto Cruz se demandó el
cumplimiento de normas con fuerza de ley exclusivamente al Banco de la República,
mientras que en el presente proceso la demanda se ejerce también contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, situación que confirma
la inexistencia de la identidad jurídica de las partes, a su vez son distintas y diferentes
los preceptos cuyo cumplimiento solicita hacer efectivo

28. Explicó que el Consejo de Estado, en la sentencia referida como cosa juzgada
adoptó un criterio totalmente equivocado expuesto como defensa por el Banco de la
República, y conforme al cual se sostiene que existe una presunta diferencia no
contemplada ni en la ley, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, entre pensiones
supuestamente compartibles y compatibles, para sostener que las pensiones
reconocidas por servicios prestados exclusivamente a entidades del Estado son
pensiones por cuotas partes, mientras que la pensión del empleador compartida por
Colpensiones no es una pensión de cuotas partes.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

29. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada contra la
sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12512, 15013 y 24314 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA- Ley 1437
de 201115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
Corporación para conocer de “…las apelaciones contra las providencias susceptibles de
ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento”.

2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

30. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto
es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

31. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 29 de julio de
1997 , que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la
16

renuencia” (artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de
ejercitar la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

32. Para que la demanda proceda, se requiere:

a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e
inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio
de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto, se
establezca que existe la desatención de la norma o acto;

b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró
como obligado, el cumplimiento de su deber legal;

c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para

12 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
13 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
14 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
15 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia. (…)”.
16 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

quien ejerció la acción; que no se trate de una norma que establezca gastos, ni
tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la acción de
tutela.

3. Del agotamiento de la renuencia como requisito de procedibilidad

33. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en
renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe
elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto
administrativo con citación precisa de éste 17 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de
la solicitud.

34. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado
que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento”18.

35. Sobre este tema, esta Sección19 ha dicho que:
“Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el
señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica
el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la
entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto
muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del

17 3. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir

en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para
lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende,
exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de
renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento
de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741
de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál
de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la
jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de
texto)
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
19 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente

47001-23-31-000-2011-00024-01. M.P: Susana Buitrago Valencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de
la petición de cumplimiento que previamente debió formular la demandante, pues, como
se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial
para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos20” (Negrillas fuera de texto).

36. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez
(10) días siguientes a la presentación de la solicitud”.

37. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo
prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es
el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el
propósito de agotar el requisito en mención.

38. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia”21.

39. En este caso concreto, la actora mediante peticiones del 18 de febrero y del 13
de agosto de 2021, solicitó a las accionadas el cumplimiento del Decreto 2520 de 1993,
2º del Decreto 1160 de 1994; 19 del Código Laboral, 55 y 56 del Código Sustantivo del
Trabajo, 48 incisos 2º, 10 y parágrafos transitorios 2º y 4° de la Constitución Política
de Colombia; artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 y 1, 2, 4 y 6 del Decreto 1337 de
2016; 2.2.4.13.1, 2.2.4.13.2, 2.2.4.13.3, 2.2.4.13.4 y 2.2.4.13.5 del Decreto 1833 de
2016, Cláusula Décimo Tercera del Convenio 076 de 27 de junio de 2019; artículos 1º
y 2º de la Constitución Política; y, en consecuencia, que el banco revocará su decisión
de cambiar la forma de pago de la pensión de jubilación y continúe pagando en su
totalidad la pensión mensual plena de jubilación reconocida; una vez lo haga, que
Colpensiones deje de pagar la pensión de vejez y de ser legamente lo indicado
reembolse el valor al Banco de la República o quede liberado de esa obligación.

40. Observa la Sala que, en el expediente, se encuentran las respuestas de las

20 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-

2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
21 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002, exp.

ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

entidades a las peticiones referidas 22 , en las que explican a la parte actora las
diferencias entre cuotas partes pensionales y compartibilidad pensional, precisando
que las normas contenidas en la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 1337 de 2016 no
le son aplicables a su situación particular e informando que el cambio de fechas en el
pago de las mesadas pensionales obedece al propósito de estandarizar y hacer más
eficientes los procesos de liquidación de nómina.

41. Así las cosas, no hay duda de que previo a ejercer la presente acción de
cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia, toda vez
que solicitó a las entidades demandadas el acatamiento de los preceptos legales
admitidos con su demanda23, con excepción de los artículos 12 de la Ley 100 de 1993;
8 de la Ley 71 de 1988; 3 y 5 del Decreto 1337 de 2016; de los cuales, como bien lo
señaló el A quo no se exigió en sede administrativa su acatamiento, por tanto, no
hicieron parte de la constitución en renuencia y se debe confirmar el rechazo de las
mismas. Valga aclarar que los artículos 1, 2 y los incisos 2 y 10 y parágrafo 4 del
artículo 48 de la Constitución Política, pese a estar relacionados en las solicitudes de
constitución de renuencia no fueron referidos en las pretensiones de la demanda y por
tanto no se realizará su estudio en el presente medio de control.

4. De la procedencia de la acción de cumplimiento.

42. La Sala anticipa que este medio de control no es el procedente para buscar el
acatamiento de normas de rango constitucional, razón por la cual declarará la
improcedencia de la acción frente al requerido cumplimiento de los incisos 7, 9 y el
parágrafo transitorio No. 2 del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

43. De esta manera esta Sala procederá a estudiar y decidir el asunto en relación
con las normas que fueron objeto de la demanda admitida por el A quo que hace
referencia al presunto incumplimiento por parte de las entidades demandadas de los
artículos 11 y 289 de la Ley 100 de 1993; literal b) del artículo 38 de la Ley 31 de 1992;
inciso segundo del literal b) del artículo 46 del Decreto 2520 de 1993; 19 y 56 del
Código Sustantivo del Trabajo; 78 del Código de Procedimiento Laboral; 9 del Decreto
1160 de 1989; 78 de la Ley 1753 de 2015; 1, 2, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016; 27,
28, 1626, 1627 y 1649 del Código Civil, preceptos que son actualmente exigibles
porque no están derogados ni suspendidos y su acatamiento no implica gasto ni la

22 Según consta en los documentos “8. Respuesta del Banco de la República a la carta de reclamación,

de marzo 2 de 2021”, “10. Respuestas de Colpensiones a carta de reclamación, de septiembre 14 de
2021”, “25. Respuesta del Banco de la República a carta de reclamación sobre fechas en el pago de la
pensión” y “27. Respuesta de Colpensiones a carta de reclamación sobre fechas en el pago de la
pensión” que obran como anexos al documento “002Demanda.docx” dentro del índice 2 del expediente
digital en el aplicativo SAMAI.
23 Los artículos 11, 279 y 289 de la Ley 100 de 1993; 1, 3, 38 y 39 de la Ley 31 de 1992; 46 literal b) del

Decreto 2520 de 1993; 2º del Decreto 1160 de 1994; 19, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; 48
incisos 2º, 10 y parágrafos transitorios 2º y 4° de la Constitución Política de Colombia; 78 de la Ley 1753
de 2015 y 1, 2, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016, parágrafo transitorio No. 2 del artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

protección de derechos fundamentales, lo que torna procedente la acción de
cumplimiento.

5. Del caso concreto.

44. En la impugnación, la demandante cuestionó la configuración de la cosa
juzgada declarada por el Tribunal Administrativo del Quindío, por considerar
básicamente que la sentencia del 4 de marzo de 2021 dictada dentro del expediente
Nº 25001-2341-000-2020-00886-01 versa sobre un objeto, una causa y unas partes
distintas, a los de la acción instaurada por la señora Mora Terreros.

45. Como lo expuso el a quo, advierte la Sala que en sentencia de 4 de marzo de
2021 dictada dentro del expediente Nº 25001-2341-000-2020-00886-01 24 , esta
corporación resolvió en segunda instancia una demanda presentada por José Alberto
Cruz Ortiz contra el Banco de la República, cuyas pretensiones perseguían el
cumplimiento del artículo 78 de la Ley 1753 de 201525 y los artículos 2 (numeral 2.3),
4, 5 y 6 del Decreto reglamentario 1337 de 201626.

46. Sobre el particular, en aquella oportunidad la Sala consideró lo siguiente:

(…)
“En el presente caso, la parte actora pretende que la autoridad accionada cumpla con
lo previsto en los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015 y 2 (numeral 2.3), 4, 5 y 6 del
Decreto 1337 de 2016 que reglamentaron el referido artículo 78, con el fin que el Banco
de la República pague el 100% de la pensión de jubilación del actor.

Al analizar el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 se advierte que este prevé que “Las
entidades públicas del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la
Nación, cualquiera sea su naturaleza, y Colpensiones, suprimirán las obligaciones por
concepto de cuotas partes pensionales. Esta posibilidad aplicará tanto para las cuotas
causadas como a las que a futuro se causen. (…)” (Subraya la Sala).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que la supresión de las cuotas partes
pensionales es una posibilidad a la que pueden acudir o no las entidades públicas del
orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea
su naturaleza, y Colpensiones, por tanto, dicha norma no prevé un mandato imperativo
e inobjetable y mucho menos el que busca el accionante, esto es, que el Banco de la
República asuma el 100% del pago de su pensión de jubilación. Lo cual es suficiente
para negar las pretensiones de la presente acción de cumplimiento, Máxime si se
atiende que las demás normas que se invocaron fueron expedidas para reglamentar
dicho artículo 78 de la Ley 1753 de 2015, que se reitera no es imperativo.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero ponente: Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 4 de marzo de 2021. Radicación número: 25000-23-41-000-2020-
00886-01(ACU). Actor: José Alberto Cruz Ortiz. Demandado: Banco de la República
25 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ´Todos por un nuevo país´”
26 “Por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

Además, la Sala comparte los argumentos expuestos por parte del Banco de la
República atinentes a que el accionante incurre en confusión al considerar que las
normas que pidió acatar son aplicables a su caso concreto.

En efecto, sobre el concepto de cuotas partes pensionales la Corte Constitucional en
sentencia C-895 de 2009 determinó su origen y naturaleza jurídica “(…) han sido
consideradas como ´soportes financieros de un sistema de seguridad social en
pensiones, cuando el trabajador ha cotizado a diferentes entidades gestoras´”27.
En ese sentido, la figura de las cuotas partes pensionales no es aplicable a la situación
del actor, por cuanto como lo manifestó solo ha trabajado para el Banco de la
República, otra cosa es que en su caso existan dos reconocimientos pensionales, uno
de origen convencional y otro de origen legal pero tal circunstancia no se circunscribe
a la figura jurídica de financiación pensional de cuotas partes pensionales que prevén
las normas que se pidieron cumplir.

En conclusión, para esta Sala la acción de cumplimiento será negada ante la
inexistencia del mandato imperativo e inobjetable que pretende el accionante.
(…)

47. Observa la Sala que la controversia resuelta por esta corporación en la citada
sentencia giró alrededor de la aplicación de las normas contenidas en los artículos 78
de la Ley 1753 de 2015 y 2, 4, 5 y 6 del Decreto 1337 de 2016, que disponen la
eliminación de las cuotas partes pensionales y el procedimiento que se debe adelantar
para su supresión.

48. Es decir, corresponde a una parte del debate que la demandante está
planteando en la presente acción, pues busca que el banco demandado pague el
100% de su pensión, a partir del cumplimiento de las referidas normas que fueron
objeto de estudio en el proceso 25001-2341-000-2020-00886-01 en el que se
denegaron las pretensiones de la parte actora, en consideración a que las mismas no
resultaban aplicables a su situación particular.

49. Aunque es claro que los aspectos relacionados con tales disposiciones ya
fueron definidos en la sentencia de segunda instancia del 4 de marzo 2021, para esta
Sala no se configura la cosa juzgada parcial en el presente caso toda vez que, además,
de las normas enunciadas, este proceso se refiere al cumplimiento de los preceptos
contenidos en el numeral 1 del Decreto 1337 de 2016, norma que no se consideró en
el estudio del proceso 25001-2341-000-2020-00886-01.

50. Tampoco puede acreditarse que hay identidad jurídica de las partes, toda vez
que a diferencia de lo ocurrido en el proceso 25001-2341-000-2020-00886-01, la parte

27 “Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2002.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

actora también dirigió la acción contra Colpensiones, entidad que no hizo parte del
referido expediente, como tampoco la accionante.
51. De igual forma, no se puede concluir que la causa sea la misma, toda vez que
la configuración del derecho pensional de la demandante se concretó en
circunstancias similares pero diferentes a las que se advierten en la decisión del 4 de
marzo de 2021, lo que impide señalar que se cumplan con los mínimos establecidos
en el artículo 30328 del Código General del Proceso para declarar la cosa juzgada, al
no verificarse que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, que exista identidad
jurídica de las partes y que se funde en idéntica causa.

52. Dichas circunstancias conducen a que la decisión del tribunal de declarar la
cosa juzgada parcial en relación con la solicitud de los artículos 78 de la Ley 1753 de
2015 y 1, 2 y 4 del Decreto 1337 de 2016 deba revocarse.

53. Resuelto lo anterior, se procede a exponer el contenido de las disposiciones
que se dicen desacatadas por las entidades demandadas:

a) De la Ley 100 de 1993

“ARTÍCULO 11. CAMPO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de
la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,
conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de
trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos
para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez,
invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en
todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que
el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.

(…)

ARTÍCULO 289. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de la
fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1966,
el artículo 5o. de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del art. 7o. de la Ley 71 de 1988, los
artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código de Sustantivo del Trabajo y demás
normas que los modifiquen o adicionen.”

28 “ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en
la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos
celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte,
incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el
emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

b) De la “Ley del Banco de la República”.

“Literal b) del artículo 38 de la Ley 31 de 1992. “Los demás trabajadores del Banco
continuarán sometidos al régimen laboral propio consagrado en esta ley, en los
Estatutos del Banco, en el reglamento interno de trabajo, en la Convención Colectiva,
en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código Sustantivo del
Trabajo que no contradigan las normas especiales de la presente ley.”

c) Del Decreto 2520 de 1993.

“Inciso segundo, aparte final, del del literal b) del artículo 46. Naturaleza de los
empleados del Banco. “Las relaciones entre el Banco y sus pensionados continuarán
igualmente regulándose por el Código Sustantivo del Trabajo, con las modalidades y
peculiaridades del mismo régimen jurídico del Banco.”

d) Del Código Sustantivo del Trabajo

“ARTÍCULO 19. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> Cuando no haya norma exactamente aplicable al
caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes, los
principios que se deriven de este Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la
doctrina, los Convenios y Recomendaciones adoptados por la Organización y las
Conferencias Internacionales del Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales
del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del Derecho del
Trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad.

(…)

ARTÍCULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo general,
incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los
trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador”.

e) Del Código de Procedimiento Laboral

“ARTÍCULO 79. OPORTUNIDAD DEL INTENTO DE CONCILIACIÓN. La conciliación
podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda”.

f) Del Código Civil

“Artículo 27 del Código Civil. Interpretación gramatical. “Cuando el sentido de la
ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna
de su establecimiento.”

Artículo 28 del Código Civil. Significado de las palabras. “Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras...”

(…)

Artículo 1626 del Código Civil. Definición de pago. “El pago efectivo es la prestación
de lo que se debe.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

Artículo 1627 del Código Civil. Pago ceñido a la obligación. “El pago se hará bajo
todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en
los casos especiales dispongan las leyes.

El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a
pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.

(…)

Artículo 1649 del Código Civil. Pago de especie o cuerpo cierto. “El deudor no
puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de
convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.

El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.

(…)”.

g) De la Ley 1753 de 2015

Artículo 78. Supresión de cuotas partes pensionales. “Las entidades públicas del
orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea
su naturaleza, y Colpensiones, suprimirán las obligaciones por concepto de cuotas
partes pensionales. Esta posibilidad aplicará tanto para las cuotas causadas como a
las que a futuro se causen. Para el efecto, las entidades harán el reconocimiento
contable y la respectiva anotación en los estados financieros.

Lo dispuesto en el inciso anterior también aplicará a las entidades que al primero de
abril de 1994 tuvieran la calidad de entidades del orden nacional. (...)”

h) Del Decreto 1337 de 2016

Artículo 1º. Objetivo. “Esta disposición tiene por objeto determinar las entidades
autorizadas por la ley para llevar a cabo la supresión de las cuotas partes pensionales
que se encontraban causadas y no hubieren sido pagadas a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 1753 de 2015, es decir, a 9 de junio de 2015, así como las que se
causen a partir de dicha fecha.

De la misma manera este decreto establece el procedimiento que deberá surtir cada
entidad para la supresión de que habla el artículo 78 de la Ley 1753 de 2015.”

Artículo 2º. Campo de aplicación “Para los efectos del artículo 78 de la Ley 1753 de
2015, se entiende que las entidades públicas del orden nacional objeto de la supresión
de cuotas partes pensionales son las siguientes:

2.1 (...)

2.2 La Administradora Colombiana de Pensiones. COLPENSIONES.

2.3 (...), y los organismos autónomos del orden nacional tales como el Banco de la
República...”
(…)

Artículo 4º. Pago de las obligaciones pensionales y procesos administrativos.
“Como consecuencia de la supresión de cuotas partes pensionales de que trata el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

presente decreto, las entidades objeto de su aplicación que hubieren reconocido
pensiones deberán asumir con sus propios recursos el pago total de la obligación
pensional, sin que sea procedente el reembolso por parte de las entidades
concurrentes. A pesar de lo anterior, las entidades deberán surtir el procedimiento de
consulta de cuota parte pensional tal como lo establecen las normas vigentes que sean
aplicables.

Si se hubieren iniciado procedimientos administrativos o judiciales de cobro de la
obligación en relación con las cuotas partes causadas y no pagadas al 9 de julio de
2015, deberá solicitarse la terminación de dichos procedimientos en virtud de la
extinción de la obligación ordenada por Ley.”

(…)

Artículo 6º. Vigencia y derogatorias. “El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación.

(…)”.

54. De la lectura de la anterior normativa, se advierte que los referidos preceptos
de la Ley 100 de 1993, de las leyes que regulan al Banco de la República, del Código
Sustantivo del Trabajo y del Código de Procedimiento Laboral establecen de forma
general las normas a las que se pueden acudir en temas laborales de manera
supletoria en caso de que no exista precepto exactamente aplicable, a las obligaciones
generales entre empleadores y trabajadores y a la oportunidad de intentar la
conciliación prejudicial o judicial en las controversias laborales.

55. Los transcritos artículos del Código Civil señalan de forma general algunos
mecanismos de interpretación de las leyes y unas definiciones de pago.

56. De estas normas en este caso particular no se advierte una obligación clara,
expresa y exigible en cabeza de las demandadas respecto de las pretensiones de la
parte actora referidas a que el Banco de la República continúe sufragando la totalidad
de su pensión de jubilación, que el desembolso se efectúe el primer día hábil de cada
mes y que Colpensiones quede eximido de pagar su pensión de vejez, y como
consecuencia que se ordene a las demandadas que requieran la terminación de los
procesos existentes entre estas dos entidades y que cursan en juzgados laborales de
Bogotá, en los cuales el Banco demanda a Colpensiones por el cobro de cuotas partes,
razón por la cual deberá denegarse la solicitud de que se declare el incumplimiento de
las mismas.

57. Por otro lado, las normas contenidas en los artículos 78 de la Ley 1753 de 2015
y 1, 2, 4 y 6 del Decreto 1337 de 2016, disponen la eliminación de las cuotas partes
pensionales y el procedimiento que se debe adelantar para su supresión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

58. Lo que impone que esta Sala debe explicar, como lo ha hecho en casos
similares 29 , el concepto de “cuotas partes pensionales”. Al respecto, la Corte
Constitucional en la sentencia C-895 de 2009, concluyó que:
“…las cuotas partes son un importante soporte financiero para la seguridad social
en pensiones, que representan un esquema de concurrencia para el pago de las
mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de
las contribuciones efectuadas.

Las cuotas partes son obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad
encargada de reconocer y pagar la pensión, que presentan, entre otras, las siguientes
características: (i) se determinan en virtud de la ley, mediante un procedimiento
administrativo en el que participan las diferentes entidades que deben concurrir al
pago; (ii) se consolidan cuando la entidad responsable reconoce el derecho
pensional; y (iii) se traducen en obligaciones de contenido crediticio una vez se
realiza el pago de la mesada al ex trabajador. En otras palabras, si bien nacen cuando
una entidad reconoce el derecho pensional, sólo son exigibles por esta última a partir del
momento en el que se hace efectivo el desembolso de las respectivas mesadas”.
(Negrillas fuera de texto)

59. Estas normas, que pide hacer cumplir la demandante, se refieren a la figura de
las “cuotas partes pensionales” que, como señaló la Corte Constitucional, se configura
cuando el peticionario laboró en diversas entidades públicas, lo que implica que todos
los empleadores deben concurrir, en el porcentaje que sea del caso, al pago de su
pensión de vejez.

60. Diferente es la situación del caso particular de la actora a quien el Banco de la
República en el año 1993 le reconoció una pensión de jubilación después de laborar
por más de veinte años para ese único empleador, y a quien posteriormente en el año
2002, después de realizar las respectivas cotizaciones en el sistema general de
pensiones y de acreditar los requisitos legalmente exigidos, Colpensiones le reconoció
la pensión por vejez, momento a partir del cual el pago de las mesadas pensionales
es compartido entre el banco y dicha entidad.

61. Debe aclararse que este pago compartido de la mesada pensional de la
accionante no resulta asimilable al concepto de cuotas partes pensionales, pues es
claro que el reconocimiento de la pensión de vejez de la señora Zoraida Mora Terreros,
no tuvo concurrencia de empleadores porque ella prestó sus servicios únicamente al
Banco de la República.

62. Lo que ocurre en este caso es que el Banco debe acudir al pago del mayor valor
de la mesada pensional a favor de la demandante, pues el monto reconocido por
concepto de pensión de vejez por parte de Colpensiones resulta inferior al reconocido

29 En este mismo sentido pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, de

21 de abril de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2021-01138-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; Consejo de
Estado, Sección Quinta, de 4 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-41-000-2020-00886-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Quinta, de 11 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-
41-000-2020-00889-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

por pensión de jubilación, lo que conlleva que el accionado deba pagar mensualmente
dicha diferencia.

63. Así las cosas, resulta evidente que el mandato que se pide hacer cumplir por la
parte actora, referido a que el Banco de la República continúe con el pago total
mensual de sus mesadas pensionales no está contenido en los preceptos que señala
como desacatados, pues como se demostró la Ley 1753 de 2015 y su decreto
reglamentario, regulan e imponen un deber para una situación prestacional que difiere
de la reconocida a favor de la señora Zoraida Mora Terreros.

64. De igual forma no se advierte que de las disposiciones legales referidas como
incumplidas se establezca que el Banco de la República tenga que asumir el pago de
la pensión de vejez reconocida por Colpensiones y tampoco que los pagos de las
mesadas pensionales deban efectuarse el primer día hábil de cada mes, razón por la
cual también corresponderá denegarse lo solicitado en ese sentido.

65. De esta forma, esta Sección puede concluir que ninguna de las normas que la
demandante exige que cumplan el Banco de la República y Colpensiones le son
aplicables para su preciso y específico caso pensional por lo que corresponde denegar
las pretensiones de la demanda.

66. En consecuencia, la Sala revocará el numeral segundo la sentencia impugnada;
confirmará parcialmente el rechazo de la demanda respecto de los artículos 12 de la
Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 71 de 1988 y 3 y 5 del Decreto 1337 de 2016 por lo
señalado en el numeral 41 de este fallo; declarará la improcedencia de la acción frente
a los incisos 7, 9 y el parágrafo transitorio No. 2 del artículo 48 de la Constitución
Política de Colombia por lo señalado en el numeral 42 de esta providencia; y
confirmará la denegación de las pretensiones de la demanda, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia del 7 de abril de 2022
del Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró la COSA JUZGADA PARCIAL,
por las razones expuestas en este fallo.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2022 del Tribunal
Administrativo del Quindío, que RECHAZA la demanda respecto de los artículos 12 de
la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 71 de 1988 y 3 y 5 del Decreto 1337 de 2016 y que
DENIEGA las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en este

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Demandante: Zoraida Mora Terreros
Demandado: Banco de la República y otro
Radicación No.: 63001-23-33-000-2022-00013-01

fallo.

TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción frente a los incisos 7, 9
y el parágrafo transitorio No. 2 del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia,
por las razones expuestas en este fallo.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393
de 1997.

QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.