RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2025-01780-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01780-01

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01780-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para, en su lugar, ORDENAR a Transelca S.A. E.S.P., que en el término de cuatro (4) meses, computados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, cumpla el mandato dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2002, salvo que por temas de reserva legal no pueda hacerlo, caso en el cual deberá explicar las razones de dicha determinación, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-01780-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01780-01
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO FEDE
COLOMBIA
Demandado: TRANSELCA S.A. E.S.P.

Tema: Revoca sentencia de primera instancia. Ordena el
cumplimiento del deber de publicar su actividad contractual en
SECOP II.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia
del 13 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

La Fundación para el Estado de Derecho, en lo sucesivo Fede Colombia, por
conducto de su representante legal2, promovió acción de cumplimiento en contra de
la empresa Transelca S.A. E.S.P., en la que solicitó el acatamiento del mandato
establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de
la Ley 2195 de 2022, referente a la publicidad de la actividad contractual de la
entidad.

Conforme lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

Ordenar a TRANSELCA S.A. E.S.P. el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, mediante

1 Índice 2, cuaderno de primera instancia
2 Señor Andrés Caro Borrero, conforme el certificado de existencia y representación legal expedido

por la Cámara de Comercio de Bogotá, identificado como anexo 1.1. de la demanda.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

la publicación de su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II).3

1.2. Hechos

Fede Colombia explicó que Transelca S.A. E.S.P. es una sociedad anónima filial del
grupo ISA, que se encuentra en situación de control por parte de Ecopetrol S.A.,
conforme se encuentra establecido en su certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla4.

Conforme lo anterior, en sentir de la parte actora, se tiene que la autoridad
demandada es de carácter estatal, pues siendo su matriz Ecopetrol S.A., se
encuentra subsumida en la hipótesis de que trata el literal a) del numeral 1.º del
artículo 2 de la Ley 80 de 19935.

Explicó que la accionada, en los términos de los artículos 13 y 14 de la Ley 80 de
1993, en materia contractual se rige por las disposiciones del derecho privado, no
resultándole aplicable las normas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

Trajo a colación las Circulares Externas6 expedida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en la que se consignó que
aquellas entidades con régimen de contratación especial tienen el deber de registrar
en SECOP. Igual situación ha sido establecida en los conceptos que sobre la materia
ha expedido la entidad7.

Finalmente, indicó que el 25 de abril de 2025, radicó ante Transelca S.A. E.S.P.
escrito de constitución en renuencia, en el que solicitó a la demandada a cumplir el
mandato establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el
artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, sin que a la fecha de interposición de la acción
constitucional se haya dado respuesta.

3 Transcripción original del texto con posibles errores.
4 Ver anexo 1 de la demanda.
5 De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos efectos de esta Ley:

1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles.
6 En concreto, la parte actora citó la Circular Externa Única, versión del 27 de diciembre de 2027, y la

Circular Externado 002 del 23 de agosto de 2024
7 Concepto C-071 del 28 de marzo de 2023, aportado con la demanda como anexo 6.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda8

El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, por auto del 6 de noviembre de 2025 admitió la acción
constitucional del asunto. La autoridad convocada fue notificada el 20 de noviembre
de 20259.

1.3.2. Intervención10

La sociedad Transelca S.A. E.S.P., dentro de la oportunidad procesal pertinente,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Como consideración preliminar, acotó que, contrario a lo aseverado por la parte
actora, la entidad ha cumplido cabalmente lo ordenado en el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022 y, en consecuencia, no es posible predicar una situación de
incumplimiento.

Acto seguido, realizó un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos
de la demanda, entre los que reconoció que la entidad se encuentra excluida del
régimen de contratación pública, pues es una empresa de servicios públicos que se
somete a las disposiciones de las leyes 142 y 143 de 1994.

Refirió que no se encuentra satisfecho el presupuesto de renuencia, dado que la
actora se limitó a enunciar algunos ejemplos, sin precisar cuál o cuáles son los
contratos o procesos es lo que se ha omitido dicho deber.

Aunado lo anterior, explicó que dicho escrito fue remitido a un buzón de correo
electrónico que no tiene como objeto alguno con la entidad, pues no guarda relación
con el establecido en el sitio web de la entidad y reiterado en su certificado de
existencia y representación legal.

Asimismo, solo se hace mención a algunos contratos, los cuales se enuncian como
ejemplos, pero no se determina de manera clara en qué casos se ha dado la situación
de incumplimiento.

Por otro lado, en criterio de la accionada, la norma invocada en el presente asunto
no contiene un mandato, pues no puede considerarse que existe la obligación de
publicar toda la documentación relacionada con la actividad contractual de la entidad.

8 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia
9 Índice 8 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Oficio 51593 remitido al buzón de correo
electrónico notificaciones@transelca.com.co.
10 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

Finalmente, indicó que se configura una carencia de objeto, dado que, con base en
los contratos aducidos en la renuencia, se verificó que ya reposa la documentación
pertinente en SECOP II, con exclusión de aquellos documentos que por su
naturaleza gozan de reserva legal.

1.4. Sentencia de primera instancia11

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
clausuró el trámite mediante sentencia del 13 de abril de 2026 en la que negó las
pretensiones de la demanda. En sustento de dicha decisión se explicó lo siguiente:

ii). La sociedad demandada también aportó al proceso, prueba de publicaciones
efectuadas en el SECOP II por las diferentes modalidades de contratación, como
también adjuntó un listado de los contratos suscritos y publicados en la plataforma, con
sus principales datos, de acuerdo con la relación de contratos que presentó la
demandante. De ahí se establece que la entidad demandada no ha sido renuente ante
la obligación que en este proceso se le reclama. A lo que se agrega que aquí no se
manifestó en rebeldía frente al tema, pues adujo que no toda contratación puede ser
pública por asuntos de reserva -Lo que debe decidir y demostrar en cada caso-, pero
que respecto de los contratos que no tienen esa restricción, han sido publicados en
cumplimiento al mandato legal.

Sin embargo, y pese a que no existe prueba que demuestre el incumplimiento de la
demandada en la obligación de publicar los documentos relacionados con su actividad
contractual en el SECOP II, es claro que Transelca deberá continuar con el pleno
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, salvo las excepciones que por disposición
constitucional o legal establezcan la protección de reserva en cada caso particular y
concreto.

La anterior decisión fue notificada a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 14 de abril de 202612

1.5. Impugnación13

Fede Colombia, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, presentó escrito
de impugnación al fallo de primera instancia. Lo anterior, por cuanto considera que
el informe aportado en la contestación de la demanda, lejos de acreditar el
cumplimiento del mandato, pone en evidencia la omisión de la demandada respecto
a la obligación de registro en la plataforma de SECOP II.

Explicó que la instrucción dada desde la parte directiva de la entidad no puede ser
utilizada como base para justificar el incumplimiento. Lo anterior, por cuanto al
amparo de una reserva legal injustificada, se niega el control de la ciudadanía.

11 Índice 16 de Samai. Cuaderno de primera instancia
12 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia
13 Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia. El escrito fue presentado el 17 de abril de 2026.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

Lo anterior, pone en evidencia que lejos de acatarse el mandato dispuesto en la
norma, se permite una situación de incumplimiento generalizado, lo cual no atiende
la finalidad perseguida en la disposición legal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante
de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125,
150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección
Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución de renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida, correspondiente al artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de
2022?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿Transelca S.A. E.S.P., se encuentra en la obligación de acatar las
disposiciones legales indicadas, en cuyo caso debe realizar la publicación de
la actividad contractual en el SECOP II?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento
del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)14

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que,
de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas
que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

14 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la
aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [15]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»16, ya
que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»17

Fede Colombia, mediante correo electrónico remitido el 25 de abril de 2025, presentó
ante Transelca S.A. E.S.P., constitución en renuencia en la cual formuló la siguiente
solicitud:

Se solicita a la sociedad TRANSELCA S.A. E.S.P., identificada con NIT 802007669-8
cumplir con su deber legal y administrativo de publicar toda la actividad contractual en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) en los términos del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de
2022.

15 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
16 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
17 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-
2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

Sobre este punto, la Sala debe detenerse a estudiar si la parte actora agotó en debida
forma la constitución en renuencia, bajo el entendido de notificar en debida forma a
la accionada. Lo anterior, por cuanto se trata de uno de los argumentos expuestos
como defensa y que fue superado por el a quo con la siguiente premisa:

3.1. La demandada asegura que no se agotó el requisito de renuencia prevista en el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997, ya que la solicitud fue radicada en el correo electrónico
servicioalcliente@transelca.com.co y no en el buzón de
notificaciones@transelka.com.co aspecto que no incide para decidir, toda vez que la
referida norma jurídica no impone ningún tipo de carga respecto de la manera en la
cual se realice la petición de renuencia, ya que lo que exige es que para la procedencia
de la acción, se requerirá que el peticionario previamente haya reclamado el
cumplimiento del deber legal, lo cual sucedió en el presente caso, y además, la entidad
en ningún momento desconoce que el correo al que se allegó la petición de renuencia,
no sea de su dominio.

Por su parte, se tiene que Transelca S.A. E.S.P., respecto a dicho punto, precisó lo
siguiente:

En el presente caso, la accionante NO radicó en debida forma ante TRANSELCA
solicitud de cumplimiento de lo que ahora persigue con el presente medio de control.
La accionante con su escrito de demanda presenta una solicitud que fue dirigida al
buzón serviciocliente@transelca.com.co, a pesar de que en la página web y en el
certificado de existencia y representación legal se indica que el buzón definido para
recepción de solicitudes y peticiones es el buzón notificaciones@transelca.com.co

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

La Sala estima que la accionada efectivamente desconoció el buzón de correo
electrónico utilizado por la parte accionante para remitir el escrito de constitución en
renuencia, pues en el plenario no obra medio de prueba alguno que permita colegir,
sin asomo de duda alguno, que el correo serviciocliente@transelca.com.co sea de
uso único y exclusivo de la demandada.

Ahora bien, revisado el certificado de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio de Barranquilla, correspondiente a la sociedad Transelca
S.A. E.S.P., se tiene lo siguiente:

No obstante, consultado el sitio web de la entidad accionada, se encontró lo
siguiente:

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

Ahora bien, se tiene que la autoridad convocada, dentro del término legalmente
establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, guardó silencio. Lo anterior, es
suficiente para dar por satisfecho el requisito de constitución en renuencia.

2.3.3. Caso concreto

Como punto de partida, la Sala debe traer a colación las disposiciones sobre las
cuales recae la pretensión de la demandante, en ese sentido, se itera, la actora busca
que se ordene a Transelca S.A. E.S.P. el acatamiento del artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, el cual consigna lo
siguiente:

Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces.
Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los documentos,
contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante,
supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
postcontractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de
transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo
aquí establecido.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

Frente a la anterior disposición, como punto de partida se tiene que se trata de una
ley susceptible de la acción de cumplimiento en los términos del artículo 1° de la Ley
393 de 1997. Asimismo, la citada norma se encuentra vigente, pues, no existe otra
disposición legal o decisión judicial que la haya removido del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en igual
sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser ventilado
a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados derechos
fundamentales.

Finalmente, el acatamiento de la norma no conlleva para la parte demandada incurrir
en un gasto no presupuestado.

2.3.3.1. Sobre la existencia de un mandato

La obligación consignada en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 constituye un
deber imperativo, expreso e inobjetable; aunado que Transelca S.A. E.S.P., es
destinatario del cumplimiento de ésta. Al respecto, vale la pena traer a colación el
concepto dado por Colombia Compra Eficiente, en el que se explicó lo siguiente:

Las empresas de servicios públicos tienen una naturaleza jurídica especial que viene
dada directamente por el artículo 356 de la Constitución Política. El hecho de que su
composición accionaria esté compartida por recursos públicos tiene su clasificación
propia dependiendo de la composición de su capital accionario: empresas de servicios
públicos oficiales, mixtas y privadas. Ahora, sin importar su clasificación, todas hacen
parte de la Rama ejecutiva, del sector descentralizado por servicios.

El artículo 31 de la le Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de
2001, dispone que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los
servicios públicos domiciliarios «no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa». Por su parte, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, consagra el
régimen de derecho privado para las empresas de servicios públicos domiciliarios,
indicando que sus actos se rigen por los principios y reglas aplicables a los particulares.

El régimen jurídico que, por regla general, debe aplicarse a la contratación que
efectúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es el derecho
privado y solo, excepcionalmente, el contenido en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública –Ley 80 de 1993–. En otras palabras, dichas empresas
se sujetan, en su actividad contractual, a las disposiciones del derecho privado, salvo
en aquellos casos en los que la Constitución, la Ley 142 de 1994 u otras leyes
especiales, sometan tal conducta al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, es decir, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás
normas complementarias.

[…]

De lo expuesto en los considerandos de este concepto, de cara a la consulta planteada
acerca de la obligación de publicación de las empresas de servicios públicos, se
concluye que estas empresas, independientemente de que el régimen contractual que
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

les aplica sea el derecho privado, deben publicar su actividad en el SECOP II o la
plataforma transaccional que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. La disposición citada no consagra ninguna
excepción respecto a su aplicación, por lo cual todas las entidades que no se
encuentran sometidas al EGCAP deberán cumplir con el deber de publicación
analizado en el presente concepto, sin que sea posible modular sus efectos.18

Precisado lo anterior, resulta pertinente acotar en cuanto a la exigibilidad del
mandato, que no se encuentra expresamente establecido en la norma objeto de la
presente acción. No obstante, se debe traer a colación las consideraciones vertidas
por esta Sala en donde se precisó lo siguiente19:

129. En tal sentido, se considera que, ante la omisión de un plazo o de una condición
que de acaecer permitan verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se
solicita, será el juez quien caso por caso determine el alcance de la obligación
«atendiendo a las diferentes modalidades que puede revestir»42.Para ello, podrá
valerse del escrito de constitución en renuencia (requisito de procedibilidad) y de la
respuesta que proporcione la entidad accionada para delimitar y precisar el alcance de
la obligación incumplida, así como las circunstancias de tiempo modo y lugar, de
conformidad con lo señalado por el alto tribunal.

130. De ahí, que el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un
deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

131. Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos
ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades
públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda
actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de
realizar»43.

132. De manera que, entender que un precepto no pueda ser exigible por la falta de
rigor o técnica legislativa, además de desatender los fines Estado Social de Derecho,

18 Concepto C-071 de 2023
19 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-386 de 2023, refiriéndose a la exigibilidad

del mandato en tratándose de las acciones de cumplimiento, precisó: «En términos generales, el
incumplimiento tiene lugar a partir de una omisión de la administración. No obstante, la inactividad de
la administración que da origen al incumplimiento de un deber jurídico también puede expresarse a
través de acciones que, a pesar de mostrar una actividad positiva por parte de diferentes órganos del
Estado, se traducen en una forma de eludir sus obligaciones o cumplen de manera insuficiente los
deberes contenidos en una ley o en un acto administrativo. En estos casos, al juez competente le
corresponderá determinar en qué consiste el incumplimiento del deber jurídico en cuestión y tomar las
decisiones complementarias que aseguren el reconocimiento de los derechos de los particulares y la
obtención de las finalidades perseguidas por las normas incumplidas. […] Ahora bien, ¿cuándo es
posible afirmar que se presenta el incumplimiento de un deber jurídico, consagrado en una ley o un
acto administrativo, por parte de la administración? Lo primero que ha de precisarse es que ni la
Constitución ni la Ley 393 de 1997 exigen la fijación de un término o plazo para la ejecución de un
deber contenido en una ley o acto administrativo por parte del obligado para que sea posible exigir su
cumplimiento a través de la acción de cumplimiento y, en consecuencia, tampoco es a partir de un
plazo que habría de establecerse cuándo el obligado se encuentra en mora». (resaltado de la sala)
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

conminaría a las autoridades con potestad legislativa y reglamentaria a proferir
mandatos ambiguos de imposible ejecución. Además, se dejaría al deseo o juicio de
conveniencia, oportunidad o viabilidad de la autoridad, el cumplimiento de la ley o acto
administrativo de que se trate.20

En este punto, la Sala estima pertinente acotar que, contrario a lo sostenido por
Transelca S.A. E.S.P. en su escrito de contestación, la disposición sobre la cual
descansa la pretensión incoada por Fede Colombia sí contiene un mandato
imperativo e inobjetable conforme se ha sostenido pacíficamente en varias
decisiones21.

A partir del anterior panorama, resulta incuestionable que Transelca S.A. E.S.P.,
tiene el deber de publicar su actividad contractual en la plataforma de SECOP II,
conforme lo ordena el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo
53 de la Ley 2195 de 2002. Es decir, debe registrar «[…] los documentos, contratos,
actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
postcontractual».

Al realizar la consulta en el sitio web de SECOP II, se encontró que la empresa
Transelca S.A. E.S.P., efectivamente registra los procesos de contratación que
adelanta la entidad. A manera de ejemplo, se tiene que en lo que va corrido el año
2026, se encontraron los siguientes:

No obstante, al adentrarse a la consulta detallada de algunos de ellos, se evidencia
que no se encuentra toda la información y documentación de que trata la norma,
pues algunos solo cuentan con la minuta del contrato sin firmas, no se advierte que

20 Acción de cumplimiento No. 25000-23-41-000-2022-00243-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
21 Al respecto, se pueden consultar, entre otras: i) 25000-23-41-000-2024-01213-01 sentencia del 12

de septiembre de 2024, ii) 25000-23-41-000-2024-01938-01 sentencia del 20 de febrero de 2025, y
iii) 25000-23-41-000-2024-01657-01 sentencia del 28 de noviembre de 2024.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

haya documentación relacionada con las garantías otorgadas por el contratista, actas
de interventoría, si a ello hubiere lugar, etc.

Es decir, en otros términos, la información que reporta Transelca S.A. E.S.P., en
SECOP II no se acompasa con la realidad, presentando inconsistencias en torno a
la documentación que se encuentra cargada en la plataforma, así como en la fase
en la que se encuentra cada contrato.

En este punto, conviene precisar un aspecto que fue planteado por la demandada en
su defensa, en el que indicó que se debía individualizar respecto a cuál proceso
contractual debe hacer la publicación, haciendo ver que por cada uno de éstos se
debiera hacer una constitución en renuencia y una acción de cumplimiento autónoma
e independiente.

Lo cierto es que tal postura prontamente no resulta lógica o razonable, pues contraría
la finalidad de la acción constitucional, que tiene como fin el acatamiento de un
mandato, el cual, para el presente asunto, resulta unívoco y predicable de todo
contrato, por lo que no es necesario en este tipo de casos que la parte individualice
uno por uno en cuál o cuáles contratos no se está registrando la información en la
plataforma de SECOP II.

Ahora bien, la Sala reconoce que, los documentos contractuales pueden contener
información reservada o confidencial, respecto de la cual Transelca S.A. E.S.P. es
quien está en capacidad de determinar, en principio, si se configura o no una causal
de reserva.

En ese sentido, se debe precisar que la reserva legal de información y/o documentos
tiene una aplicación e interpretación restrictiva, conforme lo disponen los artículos 18
y siguientes de la Ley 1712 de 201422, por lo que Transelca S.A. E.S.P., deberá
fundamentar en cada caso particular las razones de hecho y de derecho que
justifiquen su publicación en SECOP II.

Asimismo, dado que dicho estudio desborda la finalidad de la acción de
cumplimiento, aunado que para tales escenarios la ley estableció un instrumento
judicial de defensa, la Sala no hará un estudio a las citadas excepciones, siendo el
interesado en la información el que acuda al instrumento correspondiente.

Como conclusión de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia y,
en su lugar, accederá a las pretensiones de la demanda, concediendo a Transelca
S.A. E.S.P., que en el término de cuatro meses registre y actualice toda la
información relacionada con su actividad precontractual, contractual y post
contractual, conforme lo ordena el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado

22 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Transelca S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01780-01

por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2002, salvo que por temas de reserva legal no
pueda hacerlo, caso en el cual deberá explicar las razones de dicha determinación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, para, en su lugar,
ORDENAR a Transelca S.A. E.S.P., que en el término de cuatro (4) meses,
computados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, cumpla el mandato
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de
la Ley 2195 de 2002, salvo que por temas de reserva legal no pueda hacerlo, caso
en el cual deberá explicar las razones de dicha determinación, conforme lo expuesto
en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.