RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 25000-23-41-000-2024-01938-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01938-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01938-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 15 En particular, ver el Título III “EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Demandante: Fundación para el Estado de Derecho Demandado: Ecopetrol S.A. Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01 PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C. En su lugar, se ORDENA a Ecopetrol S.A. que, en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, salvo en los casos en los que se configure una causal de reserva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-01938-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de febrero de 2025

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01
Accionante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionado: ECOPETROL S.A.

Tema: Revoca sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 10 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el Estado
de Derecho presentó demanda en contra de Ecopetrol S.A., con el fin de obtener
el cumplimiento de lo previsto el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
por el artículo 53 de la Ley 2195 de 20221.

2. Como consecuencia, solicitó que se le ordene a la accionada cumplir con
el deber de publicar «toda la actividad contractual» en la plataforma del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

2. Hechos relevantes

3. El actor explicó que la actividad contractual de Ecopetrol S.A. está
exceptuada del Estatuto General de Contratación Pública, por lo tanto, se rige
por las reglas del derecho privado.

4. Precisó que Colombia Compra Eficiente, mediante la Circular Única
Externa No. 002 del 23 de agosto de 2024, reiteró la obligación legal de las
entidades estatales que cuentan con régimen de contratación especial y
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,

1«Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80

de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

de publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el
SECOP II.

5. Mencionó que el 26 de agosto de 2024 presentó requerimiento ante la
sociedad accionada, en el que puso de presente que, al consultar dicha
plataforma, evidenció que, desde julio de 2022 a agosto de 2024, no ha publicado
la totalidad de los documentos contractuales exigidos por la norma.

6. Ecopetrol S.A. dio respuesta a la solicitud el 4 de septiembre de 2024, en
la que le indicó que ha cumplido con el mandato debido a que ha publicado los
documentos de los contratos. Sin embargo, puso de presente que se reserva la
publicación de documentos que, de conformidad con las leyes 1712 de 2014,
1755 de 2015 y 2195 de 2022, se protege su circulación.

7. Como consecuencia, y en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
promovió la presente acción en la que solicitó el cumplimiento material de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53
de la Ley 2195 de 2022, dado que, al consultar la plataforma, no se observa que
le haya dado publicidad a la totalidad de los documentos que integran su actividad
contractual.

3. Actuaciones procesales en primera instancia

8. Mediante providencia del 12 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca admitió la demanda. En consecuencia, ordenó
notificar al Ecopetrol S.A. como accionado y le concedió el término de 3 días para
intervenir en el proceso.

3.1. Ecopetrol S.A.

9. Solicitó negar la acción de cumplimiento. Indicó que ha publicado en el
SECOP ll los procesos de contratación adelantados por la compañía, frente al
abastecimiento de bienes y servicios. Resaltó que el principio general es que las
entidades públicas y aquellas que administran recursos públicos, publiquen su
actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública,
según lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

10. Sin embargo, indicó que cuando prevalece la aplicación del derecho
privado en materia contractual, como es el caso de las actividades industriales y
estratégicas que tiene a su cargo, las cuales hacen parte del giro ordinario de sus
negocios, el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 faculta a las entidades a adoptar
un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en la publicación de la información.

11. Al respecto, indicó que dicha ley, por medio de la cual se creó la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional,
dispuso que en aquellas circunstancias en que la totalidad de la información
contenida en el documento no esté protegida por las excepciones que contempla
la norma, debe hacerse una versión pública que mantenga en reserva
únicamente la parte indispensable.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

12. Asimismo, puso de presente que la Circular No. 002 emitida por Colombia
Compra Eficiente contempla que, en aquellos documentos que, en aplicación de
la normatividad relacionada con la reserva y confidencialidad de la información,
sean catalogados como tal, la entidad estatal no se encontrará obligada a publicar
los mismos en la plataforma SECOP ll.

13. En ese orden, consideró que para que la compañía pueda tener una
posición de competencia en el mercado de los hidrocarburos frente a los demás
agentes privados, debe actuar como un comerciante. Lo anterior implica que las
actividades propias de su objeto social, no estén sometidas a los mismos
parámetros de publicidad que les aplica a las entidades estatales que ejercen
«autoridad».

4. Fallo de primera instancia

14. En sentencia del 10 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, negó las pretensiones de la
demanda, debido a que no existe prueba que demuestre el incumplimiento de
Ecopetrol S.A. en la publicación de los documentos relacionados con su actividad
contractual en SECOP ll.

15. Además, recalcó que dicha compañía deberá continuar con el pleno
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, salvo las
excepciones que por disposición constitucional o legal establezcan reserva en
cada caso en concreto.

6. Impugnación

16. La parte accionante indicó que, si bien Ecopetrol S.A. ha realizado
publicaciones sobre su actividad contractual, en ninguna de las consultas se
constata la publicidad de la totalidad de los documentos que exige el artículo cuyo
cumplimiento solicita mediante esta vía.

17. Lo anterior, debido a que se evidencian órdenes de despacho y minutas
contractuales, pero no reposan los documentos asociados a la etapa
precontractual, como estudios previos, oferta del contratista, o de las fases
contractual y poscontractual, como actas de inicio, constitución de garantías,
informes de ejecución, etc.

18. Asimismo, destacó que la Sección Quinta del Consejo de Estado le ordenó
a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y a la Previsora
S.A., que cumpliera con su obligación de dar publicidad a la actividad contractual
del patrimonio autónomo de la entidad, que también esta exceptuada del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública2.

19. Por otra parte, refirió que el legislador no diferenció entre las tipologías
contractuales, ni distinguió entre los contratos de abastecimiento o misionales

2Consejo de Estado – Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-2024-01213-00/01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

para dar aplicación a su mandato. En ese orden, dichas distinciones hacen parte
de la autonomía contractual de cada una de las entidades, y no pueden
determinar la aplicación o no de una norma cuyo tenor literal es claro.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la Fundación para el Estado de Derecho contra la sentencia del 10 de diciembre
2024, proferida por el el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección C. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1253, 1504 y 2435 de la Ley 1437 de 20116, así como del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Esta última
disposición establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación
para conocer de «…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

21. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

22. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

23. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]7.

3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
5 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
6 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].

2.3. De la renuencia

24. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de este8 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

25. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.

26. Sobre este tema, esta Sección10 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está

4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos11. (Negrillas fuera de texto).

27. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

28. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, mencione, de forma explícita y expresa, que su
objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393
de 1997 no lo prevé así Por ello, basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

29. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»12.

30. Descendiendo al caso concreto, esta colegiatura comienza por señalar
que está acreditado que el 26 de agosto de 2024, la parte actora le solicitó a
Ecopetrol S.A. que diera cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. En particular, reclamó el
cumplimiento del deber de publicidad de los contratos suscritos por la entidad. Lo
anterior, debido a que, en el periodo de búsqueda de julio de 2022 a agosto de
2024, al entrar al SECOP II, advierte que no ha publicado la totalidad de los

11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
12Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

documentos contractuales desde esa fecha, para lo cual se refirió a
«documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en
la contractual y la postcontractual».

31. Adicionalmente, afirmó que, al consultar la página de la entidad, pudo
advertir que sí se registraron algunos contratos. Sin embargo, indicó que la ley
exige el cumplimiento de la obligación en la página del SECOP II y no en la de la
entidad.

32. En consecuencia, solicitó lo siguiente:

33. A su vez, Ecopetrol S.A. dio respuesta a la solicitud el 4 de septiembre de
2024. En esta, le indicó a la fundación accionante que ha dado cumplimiento al
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022. Esto, por cuanto ha publicado los documentos de los contratos
celebrados, garantizando la publicidad de la información, y, correlativamente, la
reserva frente a los documentos que, de conformidad con el amparo legal, se
impide su circulación, de conformidad con las leyes 1712 de 2014, 1755 de 2015
y 2195 de 2022.

34. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

35. La Fundación para el Estado de Derecho solicitó el cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022. Para el accionante, de acuerdo con estas normas, Ecopetrol S.A. tiene
del deber de publicar toda su actividad contractual en la plataforma SECOP II.

36. La parte actora señaló que dicho deber ha sido incumplido por la sociedad
accionada, porque no aparecen registros de la totalidad de la documentación
contractual, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 13 de la referida
Ley. Agregó que esta obligación fue reconocida por Colombia Compra Eficiente,
en la Circular Única Externa No. 002 de 23 de agosto de 2024.

37. Concluyó su demanda, advirtiendo que, si bien es cierto que Ecopetrol
S.A. puede reservar algunos documentos contractuales, las excepciones a la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

publicidad «por motivos de reserva y confidencialidad debe ser decidida en cada
caso y en consonancia con los principios de máxima publicidad y acceso a la
información pública, que rigen al Estado de Derecho».

38. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción, por las siguientes razones:

39. Primero, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley. En efecto, la
Fundación para el Estado de Derecho interpuso la acción que se estudia en esta
oportunidad para exigir el cumplimiento del deber contenido en el artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.

40. Segundo, el mandato está radicado en cabeza de la autoridad o del
particular en ejercicio de funciones públicas. El deber cuyo cumplimiento se exige
es Ecopetrol S.A., una sociedad de economía mixta que cuenta con un régimen
contractual exceptuado del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

41. Tercero, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad. Las
pretensiones de la accionante no involucran la protección directa de derechos
fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco se
advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva la obligación
establecida.

42. Cuarto, la norma que contiene el deber cuyo cumplimiento se exige se
encuentra actualmente vigente, en la medida en que no ha sido derogada,
modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.

43. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido es que la demandada haga la publicación
completa de los contratos y documentos que los integren.

44. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
en procedente.

2.5 Caso en concreto

45. Corresponde a la Sala determinar si Ecopetrol S.A. tiene a su cargo la
obligación de publicar «toda la actividad contractual» de la compañía en SECOP
ll y, en caso afirmativo, si ha incumplido con la misma, conforme a lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022.

46. Para resolver lo anterior, es necesario analizar el contenido del precepto
que se alega como desacatado, los elementos de convicción que forman parte
del expediente, de ser el caso, la exigencia de los mandatos y posteriormente,
realizar unas consideraciones finales.

47. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP II- o la plataforma transaccional que haga sus
veces. Para los efectos de este Artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en
la contractual y la postcontractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo
de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo
a lo aquí establecido.

48. La norma establece una obligación en cabeza de las «entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública» de aplicar, en
desarrollo de su régimen contractual, los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal. En consecuencia, dichas entidades deben publicar los
documentos relacionados con su actividad contractual —es decir, los
documentos descritos en el inciso segundo de dicho precepto— en el SECOP II.
Por lo demás, la norma consagró un régimen de transición de 6 meses contado
desde su promulgación.

49. Para la Sala, la norma antes descrita sí contiene un deber legal susceptible
de ser exigido mediante la acción de cumplimiento. Así lo ha reconocido esta
Sección en las decisiones identificadas con los radicados 25000-23-41-000-
2024-01213-00/01 y 25000-23-41-000-2024-01906-00/01. En estos casos, se
estudió el incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, en el caso de entidades exceptuadas del
régimen de contratación, a saber: la UNGRD, la Fiduprevisora S.A. y Satena.

50. La referida obligación le es exigible a Ecopetrol S.A. Como se señaló
previamente, la accionada es una sociedad de economía mixta, de carácter
comercial del orden nacional y, por disposición del artículo 6 de Ley 1118 de
200613, cuenta con un régimen contractual excepcional.

13ARTÍCULO 6. RÉGIMEN APLICABLE A ECOPETROL S.A. Todos los actos jurídicos, contratos

y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una
vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del
derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la
empresa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

51. En tales términos, le corresponde a Ecopetrol S.A. publicar su actividad
contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP),
según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el
artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. En consecuencia, tiene la obligación de
publicar los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes,
contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual,
como en la contractual y la postcontractual. Este deber es actualmente exigible,
comoquiera que ya culminó el periodo transición previsto en la ley.

52. Sin embargo, tal como lo reconocieron la Fundación para el Estado de
Derecho y Ecopetrol S.A., el cumplimiento de esta obligación debe evaluarse, a
su vez, conforme a las causales de reserva de la información pública. Al respecto,
se refirieron, entre otras, a las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, que
establece que en «la interpretación del derecho de acceso a la información se
deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad». Esto supone que
las limitaciones al deber de publicidad proceden de acuerdo con «las
excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley».

53. En el caso concreto, se discute el incumplimiento parcial de la referida
obligación por de Ecopetrol S.A. Para la parte actora, aun cuando la sociedad
accionada publica sus procesos contractuales, no lo hace en los términos
señalados en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, es decir,
no carga en el SECOP II los «documentos, contratos, actos e información
generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto
en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual».

54. Al verificar la página web del SECOP ll14, la Sala advierte que, si bien
existen múltiples publicaciones por parte de la entidad desde el 2022, en su
mayoría los contratos aparecen en estado de «presentación de oferta», como se
observa a continuación:

14https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa

nguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

55. Tras consultar la opción de «Detalle» para consultar la información de
cada uno de los procesos contractuales, se evidencia que, en su mayoría, ya han
sido finalizados, y, a pesar de ello, solo es posible conocer órdenes de compra,
sin que se advierta la publicación de documentos relativos a la etapa a la etapa
precontractual y poscontractual, como se evidencia a continuación:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

56. Lo anterior evidencia que, en efecto, en los procesos contractuales que
Ecopetrol S.A. ha cargado al SECOP II, la información publicada no refleja la
actividad contractual. Ciertamente, más allá de la publicación de la oferta, no
existe mayor información acerca del estado del proceso contractual y sus etapas.
En relación con este tipo de información, Ecopetrol S.A. no alegó reserva alguna.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

57. La consulta al SECOP ll también evidencia que la información publicada
por la sociedad accionada no incluye los «documentos, contratos, actos e
información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
postcontractual».

58. Por ende, resulta suficiente concluir que, con base en la información que
reposa en SECOP ll, Ecopetrol S.A. no ha cumplido a cabalidad con el mandato
imperativo que le impone el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, sin que se advierta que la referida ley
excluye a la sociedad accionada del cumplimiento de dicho deber de publicidad.

59. Ahora bien, la Sala reconoce que, tal como lo advirtió la compañía, los
documentos contractuales pueden contener información reservada o
confidencial, respecto de la cual no es exigible su publicación. Así mismo,
reconoce que es Ecopetrol S.A. quien está en capacidad de determinar, en
principio, si se configura o no una causal de reserva respecto de los documentos
que integran cada contrato.

60. Las objeciones que se presenten frente a la reserva alegada por Ecopetrol
S.A. deberán estudiarse caso a caso; análisis que, por demás, escapa de la
competencia del juez de cumplimiento.

61. Sin embargo, la Sala reitera que las causales de reserva son taxativas y
de interpretación restrictiva. Por tanto, estas no pueden ser alegadas de forma
general, bajo un argumento universal acerca de la actividad comercial de la
empresa. Corresponde a Ecopetrol S.A. analizar en cada caso la procedencia de
la reserva, para lo cual deberá ceñirse a lo dispuesto en la Ley 1712 de 201415.

2.6. Conclusión

62. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida
el 10 de diciembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda, y
en su lugar, le ordenará a la demandada que, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022,
salvo en los casos en los que se configure una causal de reserva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

15 En particular, ver el Título III “EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ecopetrol S.A.
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01938-01

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de diciembre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C. En
su lugar, se ORDENA a Ecopetrol S.A. que, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022,
salvo en los casos en los que se configure una causal de reserva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.