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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01984-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01984-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-01984-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de febrero de 2026

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Internexa S.A.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01984-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01984-01
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Demandados: INTERNEXA S.A.

Tema: Confirma sentencia de primera instancia. Publicidad de la
actividad contractual en la plataforma SECOP II.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionada contra la sentencia
del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, por medio de la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

La Fundación para el Estado de Derecho, en lo sucesivo FedeColombia, por
conducto de su representante legal, promovió acción de cumplimiento en contra de
la empresa Internexa S.A., en la que solicitó el acatamiento del mandato establecido
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022, referente a la publicidad de la actividad contractual de la entidad.

Conforme lo anterior, formuló la siguiente pretensión:

Ordenar a, INTERNEXA S.A. el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, mediante la
publicación de su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (SECOP II).2

1 Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia
2 Transcripción original del texto con posibles errores.

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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Internexa S.A.
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01984-01

1.2. Hechos

La parte actora explicó que la demandada es una entidad de naturaleza estatal,
atendiendo que más del 50 % de su capital accionario se encuentra en cabeza de
Ecopetrol S.A., la cual, a su turno, es una sociedad de economía mixta de carácter
comercial adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Con base en lo anterior, indicó que el objeto social que realiza la demandada se
encuentra exceptuada del régimen de contratación estatal consignado en el estatuto
de contratación y, en consecuencia, sus negocios jurídicos se rigen primordialmente
por las normas del derecho privado.

Acotó que, en aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado
el primero por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, se estableció que la
documentación relacionada con su actividad contractual debía ser registrada en el
SECOP II.

Lo anterior, adquiere mayor relevancia en atención a los conceptos y circulares que
sobre la materia ha expedido Colombia Compra Eficiente, en donde se ha indicado
que la obligación de publicidad se debe garantizar, pese a que no sean destinatarias
del estatuto de contratación estatal.

Refirió que, mediante comunicado del 4 de noviembre de 2025 de 2025, presentó
escrito de constitución en renuencia a Internexa S.A., en el que se solicitó el
acatamiento del mandato que deviene del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.

A su turno, la accionada dio respuesta en la que alegó no estar en situación de
incumplimiento, para lo cual afirmó que en la plataforma SECOP II obran los
documentos relacionados con su actividad contractual.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda3

El magistrado ponente del tribunal de primera instancia dictó auto admisorio de la
acción constitucional el 2 de diciembre de 2025. En dicha oportunidad, ordenó la
notificación de la accionada.

1.3.2. Intervención

La sociedad Internexa S.A. alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Señaló que la acción de cumplimiento no procede en su contra, pues, aunque es

3 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia

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una sociedad de economía mixta, no ostenta la calidad de autoridad pública ni
ejerce funciones administrativas, como lo exigen el artículo 87 de la Constitución y
la Ley 393 de 1997. Indicó que no administra recursos públicos, no expide actos
administrativos ni ejerce potestades públicas, sino que desarrolla actividades
empresariales en el sector de telecomunicaciones bajo la Ley 1341 de 2009 y en
régimen de derecho privado.

En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que no ha incumplido el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por la Ley 2195 de 2022, pues, desde su vigencia, se
registró en el SECOP II y publica allí su actividad contractual conforme a su régimen
especial y al instructivo interno No. 006 de 17 de abril de 2022.

Explicó que, según los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 55 de
la Ley 1341 de 2009, las sociedades de economía mixta que actúan en competencia
con el sector privado se rigen por normas de derecho privado, y que la aplicación
de los principios de la función administrativa debe hacerse acorde con su régimen
especial, sin que ello implique aplicar la Ley 80 de 1993.

Precisó que publica en el SECOP II los contratos no asociados al “core” del negocio
ni a asuntos estratégicos o confidenciales. Añadió que parte de la documentación
contractual puede contener información estratégica o reservada, protegida por la
Ley 1712 de 2014, la Ley 1755 de 2015 y el artículo 61 del Código de Comercio, y
que la Ley 2195 de 2022 no eliminó tales causales de reserva. Indicó que cuenta
con un índice de información clasificada y reservada publicado en su página web.

1.4. Sentencia de primera instancia4

El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 22 de enero de 2026, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, ordenó a Internexa S.A. dar cumplimiento a la
normativa solicitada en cumplimento en un término de 3 meses.

Al examinar el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, la Sala concluyó que la
disposición impone a las entidades estatales con régimen contractual excepcional
el deber de publicar en el SECOP II los documentos relacionados con su actividad
contractual, entendida como los documentos, contratos, actos e información
generada en las etapas precontractual, contractual y poscontractual.

El Tribunal consideró que la accionada, en tanto sociedad de economía mixta del
orden nacional con participación estatal superior al 50 %, se encuentra comprendida
dentro del ámbito de aplicación de la norma. Si bien verificó que la entidad ha
publicado procesos contractuales en el SECOP II desde 2022, advirtió que la
información cargada no incluye de manera integral los documentos

4 Índice 22 de Samai. Cuaderno de primera instancia

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correspondientes a todas las etapas del proceso contractual, limitándose en muchos
casos a órdenes de compra o contratos, sin evidenciar la totalidad de documentos
e información exigida por la norma.

Frente al argumento de reserva comercial, la Sala señaló que no todos los
documentos contractuales pueden considerarse información reservada y que las
causales de reserva son taxativas y de interpretación restrictiva. Indicó que la
reserva debe analizarse caso a caso y no puede alegarse de forma general respecto
de la actividad comercial de la empresa.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante oficio remitido
el 27 de enero de 2026.

1.5. Impugnación

Internexa S.A. presentó escrito de impugnación al fallo de primera instancia. Refirió
que SECOP II fue concebido como una plataforma transaccional diseñada para
gestionar integralmente en línea los procesos de contratación sometidos al Estatuto
General de Contratación Pública. Explicó que no se trata de un simple repositorio
documental, sino de un sistema estructurado para adelantar electrónicamente todas
las etapas del proceso contractual bajo las modalidades de selección propias del
régimen general.

En esa medida, reprochó que obligar a entidades con régimen contractual especial
o excepcional a utilizar el SECOP II únicamente como mecanismo de publicidad de
contratos celebrados bajo reglas de derecho privado desnaturaliza el diseño técnico
de la plataforma.

En tal sentido, planteó que la aplicación rígida del mandato de publicidad introducido
por la Ley 2195 de 2022, sin adaptación al régimen especial de la entidad, afecta la
seguridad jurídica. Subrayó que las normas sectoriales permiten a Internexa S.A.
emplear métodos contractuales distintos a los del régimen general, mientras que la
exigencia de publicar todos los documentos en una plataforma diseñada para
procesos públicos tradicionales genera tensiones operativas y normativas.

Por otro lado, cuestionó que la sentencia de primera instancia hubiera considerado
inválido cualquier criterio previo de clasificación documental. Se sostiene que es
legítimo establecer lineamientos generales orientadores sobre tipologías de
documentos potencialmente sensibles siempre que no operen como reservas
automáticas y que, en cada caso concreto, se verifique la procedencia de la
confidencialidad.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionada
de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 10,
125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección
Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución de renuencia de la entidad demandada
frente a las disposiciones invocadas como incumplidas, correspondientes al
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 2022?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿Internexa S.A., se encuentra en la obligación de acatar las disposiciones
legales indicadas, en cuyo caso debe realizar la publicación de la actividad
contractual en el SECOP II?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».
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En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art.
1.º)5

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para

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exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [6]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»8

FedeColombia, mediante correo electrónico remitido el 4 de noviembre de 2024,
presentó ante Internexa S.A. escrito con la finalidad de constituirla en renuencia, y
en el cual formuló la siguiente solicitud:

Se solicita a la sociedad INTERNEXA S.A. identificada con NIT 811021654-9 cumplir
con su deber legal y administrativo de publicar toda la actividad contractual en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) en los términos del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de
2022.

6 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
7 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
8 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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A su turno, se tiene que Internexa S.A. dio respuesta mediante oficio del 13 de
noviembre de 2025, en la que aseveró no estar en una situación de incumplimiento
del mandato alegado. Al respecto, precisó lo siguiente:

Efectivamente InterNexa S.A., viene cumpliendo con su deber de publicar la actividad
contractual en el SECOP II, en concordancia con lo establecido en la Ley 2195 de
2022 y según lo establecido en el instructivo interno de InterNexa No. 006, expedido
el 17 de abril de 2022 […]

Conforme lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se encuentra
satisfecho el requisito de renuencia, en los términos de que trata el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997.

2.3.3. Caso concreto

Como punto de partida, la Sala debe traer a colación las disposiciones sobre las
cuales recae la pretensión de la demandante, en ese sentido, se itera, la actora
busca que se ordene a Internexa S.A. el acatamiento del artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, el cual consigna lo
siguiente:

Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces.
Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la
contractual y la postcontractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de
transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo
aquí establecido.

Frente a la anterior disposición, como punto de partida se tiene que se trata de una
ley susceptible de la acción de cumplimiento en los términos del artículo 1.° de la
Ley 393 de 1997. Asimismo, la citada norma se encuentra vigente, pues, no existe
otra disposición legal o decisión judicial que la haya removido del ordenamiento
jurídico.

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Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales.

Finalmente, la observancia de la norma no conlleva para la parte demandada incurrir
en un gasto no presupuestado.

2.3.3.1. Sobre la existencia de un mandato

La obligación consignada en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 constituye un
deber imperativo, expreso e inobjetable; aunado que Internexa S.A. es destinatario
del cumplimiento de ésta, toda vez que, como se lee en su certificado de existencia
y representación legal, es una empresa de servicios públicos mixta, de carácter
comercial, del régimen jurídico de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley
142 de 1994). Al respecto, vale la pena traer de presente el concepto dado por
Colombia Compra Eficiente, en el que se explicó lo siguiente:

Las empresas de servicios públicos tienen una naturaleza jurídica especial que viene
dada directamente por el artículo 356 de la Constitución Política. El hecho de que su
composición accionaria esté compartida por recursos públicos tiene su clasificación
propia dependiendo de la composición de su capital accionario: empresas de servicios
públicos oficiales, mixtas y privadas. Ahora, sin importar su clasificación, todas hacen
parte de la Rama ejecutiva, del sector descentralizado por servicios.

El artículo 31 de la le Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de
2001, dispone que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los
servicios públicos domiciliarios «no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa». Por su parte, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, consagra el
régimen de derecho privado para las empresas de servicios públicos domiciliarios,
indicando que sus actos se rigen por los principios y reglas aplicables a los
particulares.

El régimen jurídico que, por regla general, debe aplicarse a la contratación que
efectúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es el derecho
privado y solo, excepcionalmente, el contenido en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública –Ley 80 de 1993–. En otras palabras, dichas empresas
se sujetan, en su actividad contractual, a las disposiciones del derecho privado, salvo
en aquellos casos en los que la Constitución, la Ley 142 de 1994 u otras leyes
especiales, sometan tal conducta al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, es decir, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás
normas complementarias.

[…]

De lo expuesto en los considerandos de este concepto, de cara a la consulta
planteada acerca de la obligación de publicación de las empresas de servicios
públicos, se concluye que estas empresas, independientemente de que el régimen
contractual que les aplica sea el derecho privado, deben publicar su actividad en el
SECOP II o la plataforma transaccional que haga sus veces, de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. La disposición citada no
consagra ninguna excepción respecto a su aplicación, por lo cual todas las entidades
que no se encuentran sometidas al EGCAP deberán cumplir con el deber de
publicación analizado en el presente concepto, sin que sea posible modular sus
efectos.9

Precisado lo anterior, resulta pertinente acotar, en cuanto a la exigibilidad del
mandato, que no se encuentra expresamente establecido en la norma objeto de la
presente acción. No obstante, se deben reiterar las consideraciones vertidas por
esta Sala en donde se precisó lo siguiente10:

129. En tal sentido, se considera que, ante la omisión de un plazo o de una condición
que de acaecer permitan verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se
solicita, será el juez quien caso por caso determine el alcance de la obligación
«atendiendo a las diferentes modalidades que puede revestir»42.Para ello, podrá
valerse del escrito de constitución en renuencia (requisito de procedibilidad) y de la
respuesta que proporcione la entidad accionada para delimitar y precisar el alcance
de la obligación incumplida, así como las circunstancias de tiempo modo y lugar, de
conformidad con lo señalado por el alto tribunal.

130. De ahí, que el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un
deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

131. Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»43.

132. De manera que, entender que un precepto no pueda ser exigible por la falta de
rigor o técnica legislativa, además de desatender los fines Estado Social de Derecho,
conminaría a las autoridades con potestad legislativa y reglamentaria a proferir

9 Concepto C-071 de 2023
10 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-386 de 2023, refiriéndose a la exigibilidad

del mandato en tratándose de las acciones de cumplimiento, precisó: «En términos generales, el
incumplimiento tiene lugar a partir de una omisión de la administración. No obstante, la inactividad
de la administración que da origen al incumplimiento de un deber jurídico también puede expresarse
a través de acciones que, a pesar de mostrar una actividad positiva por parte de diferentes órganos
del Estado, se traducen en una forma de eludir sus obligaciones o cumplen de manera insuficiente
los deberes contenidos en una ley o en un acto administrativo. En estos casos, al juez competente
le corresponderá determinar en qué consiste el incumplimiento del deber jurídico en cuestión y tomar
las decisiones complementarias que aseguren el reconocimiento de los derechos de los particulares
y la obtención de las finalidades perseguidas por las normas incumplidas. […] Ahora bien, ¿cuándo
es posible afirmar que se presenta el incumplimiento de un deber jurídico, consagrado en una ley o
un acto administrativo, por parte de la administración? Lo primero que ha de precisarse es que ni la
Constitución ni la Ley 393 de 1997 exigen la fijación de un término o plazo para la ejecución de un
deber contenido en una ley o acto administrativo por parte del obligado para que sea posible exigir
su cumplimiento a través de la acción de cumplimiento y, en consecuencia, tampoco es a partir de
un plazo que habría de establecerse cuándo el obligado se encuentra en mora». (resaltado de la
sala)
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mandatos ambiguos de imposible ejecución. Además, se dejaría al deseo o juicio de
conveniencia, oportunidad o viabilidad de la autoridad, el cumplimiento de la ley o
acto administrativo de que se trate.11

En este punto, la Sala estima pertinente precisar que la disposición sobre la cual
descansa la pretensión incoada por FedeColombia sí contiene un mandato
imperativo e inobjetable conforme se ha sostenido pacíficamente en varias
decisiones12.

Asimismo, no merece reparo alguno el hecho que la demandada efectivamente,
dada su naturaleza jurídica, cuenta con un régimen de contratación especial que no
se somete al estatuto de contratación, tal como fue alegado en el escrito de
contestación donde se precisó lo siguiente:

Es decir que los proveedores de TIC, sin importar su naturaleza jurídica tienen según
la Ley 1341 de 2009 un régimen de derecho privado aplicable a todos sus actos y
contratos, condición que se compadece perfectamente con las excepciones a la
aplicación de la ley de contratación de la administración pública a que se refieren los
artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, cuando hablan de regímenes especiales o
de entidades que se encuentren en competencia con el sector privado o que
desarrollen sus actividades en mercados monopolísticos o regulados.

A partir del anterior panorama, resulta incuestionable que Internexa S.A. tiene el
deber de publicar su actividad contractual en la plataforma de SECOP II, conforme
lo ordena el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2002. Es decir, debe registrar «[…] los documentos, contratos, actos e
información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o
interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la
postcontractual».

Al realizar la consulta en el sitio web de SECOP II, se encontró que la empresa
Internexa S.A. efectivamente registra los procesos de contratación que adelanta la
entidad:

11 Acción de cumplimiento No. 25000-23-41-000-2022-00243-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12 Al respecto, se pueden consultar, entre otras: i) 25000-23-41-000-2024-01213-01 sentencia del 12

de septiembre de 2024, ii) 25000-23-41-000-2024-01938-01 sentencia del 20 de febrero de 2025, y
iii) 25000-23-41-000-2024-01657-01 sentencia del 28 de noviembre de 2024.
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No obstante, al adentrarse a la consulta detallada de algunos de ellos, se evidencia
que no se encuentra toda la información y documentación de que trata la norma,
pues algunos solo cuentan con la minuta del contrato sin firmas, no se advierte que
haya documentación relacionada con las garantías otorgadas por el contratista,
actas de interventoría, si a ello hubiere lugar, etc.
Incluso, al ser más exigentes, se tiene que los procesos contractuales visibles en
SECOP II reportan como fase actual la de presentación de la oferta, encontrándose
casos en los que ya se adjudicó y firmó el correspondiente contrato.

Es decir, en otros términos, la información que reporta la accionada en SECOP II
no se acompasa con la realidad, presentando inconsistencias en torno a la
documentación que se encuentra cargada en la plataforma, así como en la fase en
la que se encuentra cada contrato.
Ahora bien, la Sala reconoce que, los documentos contractuales pueden contener
información reservada o confidencial, respecto de la cual no es exigible su
publicación. Así mismo, reconoce que es Internexa S.A. quien está en capacidad de
determinar, en principio, si se configura o no una causal de reserva respecto de los
documentos que integran cada contrato.

En ese sentido, se debe precisar que la reserva legal de información y/o
documentos tiene una aplicación e interpretación restrictiva, conforme lo disponen
los artículos 18 y siguientes de la Ley 1712 de 201413, por lo que la sociedad
accionada deberá fundamentar en cada caso particular las razones de hecho y de
derecho que justifiquen su publicación en SECOP II.

Asimismo, dado que dicho estudio desborda la finalidad de la acción de
cumplimiento, aunado que para tales escenarios la ley estableció un instrumento
judicial de defensa, la Sala no hará un estudio a las citadas excepciones, siendo el
interesado en la información el que acuda al instrumento correspondiente.

Como conclusión de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a Internexa S.A. que en el
término de tres meses registre y actualice toda la información relacionada con su
actividad precontractual, contractual y post contractual. Lo anterior, conforme lo
ordena el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley
2195 de 2002, salvo que por temas de reserva legal no pueda hacerlo, caso en el
cual deberá explicar las razones de dicha determinación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

13 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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