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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01213-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01213-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en el sentido de conceder un término de seis (6) meses a la UNGRD y a la Fiduprevisora, para el cumplimiento de la norma. En todo lo demás se CONFIRMA la anterior decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-01213-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de septiembre de 2024

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandados: Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01213-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01213-01
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Demandados: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESATRES Y OTRO

Tema: Modifica decisión de primera instancia. Ordena el
cumplimiento de la norma que regula lo atinente a la publicidad
de la actividad contractual.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala las impugnaciones formuladas por las entidades accionadas, contra
la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

La Fundación para el Estado de Derecho, por conducto de su representante legal,
promovió acción de cumplimiento en contra de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, en lo sucesivo UNGRD, y la Fiduciaria La Previsora S.A.,
en lo sucesivo Fiduprevisora S.A.

Conforme lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

Ordenar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a la sociedad
Fiduciaria La Previsora S.A el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, así como del
artículo 21 de la Resolución No. 0532 del 10 de septiembre de 2020, proferida por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la publicación de
la actividad contractual del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
relacionada con actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las

1 Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia

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Riesgo de Desastres y otro
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zonas declaradas en situación de desastre, calamidad pública o similar naturaleza,
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).2

1.2. Hechos

Mediante la Ley 1523 de 2012, «Por la cual se adopta la política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones», se estableció en sus artículos 47 y
49 que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo sucesivo
FNGRD, conforma un patrimonio autónomo cuyo vocería y administración está en
cabeza de la Fiduprevisora S.A.

Asimismo, el citado cuerpo normativo consignó en su artículo 66, respecto a su
régimen de contratación que: «[…] se someterán a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley
80 de 1993.»

Con base en lo anterior, mediante Resolución 532 del 10 de septiembre de 2020,
adicionada por la Resolución 634 del 19 de octubre de 2020, la UNGRD expidió el
manual de contratación del FNGRD.

Por otra parte, conforme las Leyes 1150 de 20073 y 2195 de 20224, se estableció la
obligación en cabeza de las entidades estatales de publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública, en lo sucesivo SECOP II.

Conforme lo anterior, la accionante el 17 de mayo de 2024 radicó ante la UNGRD y
la Fiduprevisora S.A., documento por medio del cual constituye en renuencia a las
entidades frente al cumplimiento del citado deber.

Frente a la anterior solicitud, la UNGRD para la fecha de presentación de la acción
guardó silencio, y la Fiduprevisora S.A., dio respuesta mediante comunicado del 13
de junio de 2024. En éste se indicó lo siguiente:

No obstante, con el ánimo de dar claridad respecto de la petición, precisamos que, de
acuerdo con la entrada en vigencia del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, es decir,
de aquellos contratos celebrados con posterioridad al 18 de julio de 2022, de acuerdo
con lo definido en la Circular No. 002 del 2022 expedida por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, desde la Fiduciaria se han
adelantado las actividades correspondientes a la publicación de los contratos
celebrados a partir de la fecha enunciada.

2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
4 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra

la corrupción y se dictan otras disposiciones.

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1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda5

Por auto del 2 de julio de 2024, el magistrado ponente en primera instancia avocó
el conocimiento de la acción de cumplimiento, ordenó la notificación de la
accionadas. Igualmente, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Ministerio Público.

1.3.2. Intervenciones

1.3.2.1. Fiduprevisora S.A.6

Como punto de partida de su exposición, explicó sobre los antecedentes y
naturaleza jurídica del FNGRD, para indicar que el ordenador del gasto es la
UNGRD.

Frente a las competencias en materia contractual, trajo a colación lo dispuesto en
el artículo 17 del Manual de Contratación del FNGRD7, a partir del cual se establece
que: «[…] la elaboración de los tramites contractuales por parte de la Fiduprevisora
obedece exclusivamente a lo instruido por la UNGRD durante la etapa contractual
y que se desarrolla de conformidad a lo instruido por dicha entidad, sin que se
puedan tomar atribuciones por parte de la Fiduciaria de incluir o cambiar las
condiciones establecidas en los documentos precontractuales.»

Asimismo, refirió el artículo 21 del manual de contratación del FNGRD8, para indicar
que la obligación en cabeza de la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora
del patrimonio autónomo FNGRD, se contrae a la publicidad desde el cierre de la
etapa contractual y hasta la post-contractual.

Con base en lo anterior, precisó que ha dado cabal cumplimiento a las normas que
le imponen la obligación de publicar los documentos relacionados con la actividad
contractual.

5 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia
6 Índice 9 de Samai. Cuaderno de primera instancia
7 De acuerdo con lo previsto en el presente Manual, corresponde a la UNGRD la ordenación del

gasto de todos los contratos o convenios celebrados por el FNGRD; y a FIDUPREVISORA S.A., la
celebración de todos los instrumentos atinentes al cumplimiento de cada etapa que integra la gestión
contractual, en su calidad de representante legal y administrador del FNGRD
8 El FNGRD establecerá los mecanismos para garantizar la publicidad de las gestiones contractuales

que se realicen con cargo a los recursos del patrimonio autónomo. Para el efecto, deberá adelantar
las acciones para la publicación de los contratos a través del Sistema Electrónico de Contratación
Pública—SECOP. En todo caso, para los efectos atientes al cumplimiento de la presente disposición,
será responsabilidad de la UNGRD la publicación de todos los instrumentos referentes a la etapa
pre-contractual de la gestión en sistema dispuesto para el efecto, y de FIDUPREVISORA, la de
publicar desde la etapa contractual hasta la post contractual, entiéndase esta como liquidación y
cierre, inclusive los contratos que se celebraren a través de dicho sistema.

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1.3.2.2. UNGRD9

Explicó que todo proceso de contratación en el que se encuentra involucrado el
FNGRD se realiza por conducto de la Fiduprevisora S.A., por lo que indicó que no
tiene la obligación de publicar los contratos que celebra la sociedad fiduciaria.

Informó el paso a paso que recorren los contratos que se celebran, para indicar que,
una vez se cuenta con la documentación correspondiente, se imparte la instrucción
a la fiduciaria para que proceda a la elaboración y suscripción del contrato. Por lo
anterior, realizó la siguiente precisión:

1. La generación del vínculo contractual se da con el Patrimonio Autónomo,
representado por Fiduprevisora, y no con la UNGRD como entidad pública.

2. La creación de la Entidad parte de su identificación, incluido el NIT, el cual es
abiertamente distinto entre patrimonios y el de la UNGRD.

3. La UNGRD en su rol de ordenadora del gasto, determina la necesidad a satisfacer,
estructura la documentación previa (conforme determina la Ley 1523 de 2012) e
instruye a Fiduprevisora la celebración del negocio jurídico.

4. El ordenador del gasto no es quien tiene la facultad de firmar el contrato, sino que
debe ser el representante legal del patrimonio autónomo.

Precisó que, con base en el manual de contratación pertinente, el FNGRD, cuya
vocera y administradora es la fiduciaria, es la que tiene el deber de garantizar la
publicidad de los documentos relacionados con gestión contractual, por lo que la
UNGRD ha adelantado acciones para lograr el cumplimiento de la normativa.

1.4. Sentencia de primera instancia10

El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 30 de julio de 2024, en la que resolvió:

SEGUNDO: ORDENAR a la UNGRD y a la Fiduprevisora, deber que se asigna en
cabeza de sus respectivos Directores o Jefes de entidad quienes tienen la obligación
de cumplir, que procedan a la publicación de la totalidad de la actividad contractual,
en todas sus etapas, que se haya realizado desde el 18 de julio de 2022 inclusive,
con cargo a los recursos de la Unidad y del FNGRD e incluyan todos los documentos,
contratos, actos e información generada por oferentes, contratistas, contratantes,
supervisores o interventores, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual
y la poscontractual; lo deben hacer en un término máximo e improrrogable de dos (2)
meses en la plataforma SECOP II, tal como lo ordenan las disposiciones incumplidas,
sin más dilaciones; y también deben proceder a la publicación inmediata en la misma
forma que se acaba de ordenar, de toda la actividad contractual en todas sus etapas,
que realicen a partir de la fecha de notificación de esta sentencia.

9 Índice 15 de Samai. Cuaderno de primera instancia
10 Índice 22 de Samai. Cuaderno de primera instancia

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Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
las normas sobre las que versó la demanda contienen mandatos susceptibles de
cumplimiento, los cuales, con base en las intervenciones de las accionadas, han
sido desconocidos. Al respecto, indicó lo siguiente:

Revisados de nuevo los pronunciamientos de las entidades demandadas en sus
escritos de contestación, se observa que ambas reconocen la existencia de la
obligación de publicidad a su cargo; sin embargo, también reconocen de manera
explícita que dicho mandato no está siendo atendido en debida forma, fundamentados
en aspectos competenciales y temporales.

[…]

Con lo anterior se determina que en efecto, hay omisión en la labor de publicación de
la actividad contractual a cargo de la UNGRD y la Fiduprevisora en la plataforma
SECOP y que no hay coordinación ni unidad de criterio entre ambas entidades, lo que
deriva no solo en incumplimiento sino en desconocimiento de los principios de
publicidad y transparencia que se debe acreditar en la contratación con dineros
públicos.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante Oficios 18688
al 18692 del 5 de agosto de 202411.

1.5. Impugnaciones

1.5.1. Fiduprevisora S.A.12

Explicó que, conforme se colige del manual de contratación del FNGRD, la
competencia de la entidad se circunscribe a las directrices que para tal efecto
imparte la UNGRD, lo cual, reitera, imposibilita introducir modificaciones a las
condiciones fijadas por las partes.

Alegó que la entidad ha procurado dar cumplimiento a las disposiciones legales que
rigen la materia, por lo que solicita; por un lado, que se modifique la decisión en el
sentido de que se puntualicen las competencias en cabeza de las entidades
conforme el citado manual; y, por otro lado, que el plazo establecido en la decisión
se amplíe a seis meses, pues, es necesario adelantar mesas de trabajo entre ambas
instituciones para consolidar toda la actividad contractual.

1.5.2. UNGRD13

Reiteró que en el presente asunto la UNGRD ha adelantado las acciones
pertinentes para lograr el cumplimiento de las normas objeto de la pretensión; no
obstante, atribuye la falta de información en la plataforma SECOP II a la conducta
de la Fiduprevisora S.A., para lo cual reiteró lo siguiente:

11 Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia
12 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia
13 Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia

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4) Se evidencia que aun cuando el Ordenador del Gasto instruye y remite la
comunicación escrita, acompañada con la totalidad de los documentos que hacen
parte del proceso de selección y/o contratación, la Fiduciaria publica los contratos
bajo su discrecionalidad en la modalidad de “Régimen Especial” (a manera de
repositorio) para la plataforma SECOP II, y para SECOP I están publicando a través
de la Modalidad de Contratación Directa (Ley 1150 de 2007); y para las dos
plataformas están adjuntando solo el documento de la minuta del contrato o convenio,
y para algunos casos en el mismo archivo se encuentra adjunto la aprobación de la
póliza y la póliza.

5) Así mismo se puede ver que la cuenta para la plataforma SECOP II, en la que se
está realizando la publicación de algunos contratos, está bajo el nombre de la
Fiduciaria la Previsora S.A. con NIT 860.525.148-5; y no bajo el nombre de Patrimonio
Autónomo FNGRD – Fiduprevisora con NIT 900.978.341-9. Esto hace que bajo este
usuario no se encuentre solo la contratación de aquellos contratos con recursos del
FNGRD, si no que se esté mezclado con contratos de funcionamiento directo de la
Fiduciaria y de otros negocios fiduciarios.14

Asimismo, resaltó que se han adelantado mesas de trabajo entre las entidades con
el acompañamiento de Colombia Compra Eficiente, el cual dio lugar a un
cronograma de capacitaciones.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la
Fiduprevisora S.A. y la UNGRD contra la sentencia de primera instancia del 30 de
julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la
Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que accedió a la pretensión de cumplimiento. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución de renuencia de las autoridades
demandadas frente a las disposiciones invocadas como incumplidas,
correspondientes al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el
artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, y el artículo 21 de la Resolución 532 del
10 de septiembre de 2020 de la UNGRD?

14 Transcripción original del texto con posibles errores

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• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿La UNGRD y la Fiduprevisora S.A. se encuentran en la obligación de
acatar las disposiciones legales indicadas, en cuyo caso deben realizar la
publicación de la actividad contractual del FNGRD en el SECOP II?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el

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cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)15

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

15Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[16] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»17,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»18

16 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
17 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
18 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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Al respecto, con la demanda se aportó la copia del requerimiento radicado ante la
UNGRD y la Fiduprevisora S.A., del 17 de mayo de 2024 en el que se lee lo
siguiente:

Se solicita a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UGNRD) y
a la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A cumplir con su deber legal y administrativo
de publicar la actividad contractual del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II),
respecto de las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas
declaradas en situación de desastre, calamidad pública o similar naturaleza, en los
términos del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022 y del artículo 21 de la Resolución No. 0532 del 10 de septiembre
de 2020 proferida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UGNRD).

Asimismo, se encuentra demostrado que la Fiduprevisora S.A., mediante oficio
20241041002049061 del 13 de junio de 2024 dio respuesta a la anterior solicitud en
estos términos:

No obstante, con el ánimo de dar claridad respecto de la petición, precisamos que, de
acuerdo con la entrada en vigencia del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, es decir,
de aquellos contratos celebrados con posterioridad al 18 de julio de 2022, de acuerdo
con lo definido en la Circular No. 002 del 2022 expedida por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, desde la Fiduciaria se han
adelantado las actividades correspondientes a la publicación de los contratos
celebrados a partir de la fecha enunciada.

Por su parte, la UNGRD mediante comunicado del 25 de junio de 2024 dio respuesta
a la constitución en renuencia del actor, en la que puso de presente que la entidad
estaba adelantando las actividades pertinentes para garantizar la publicidad de los
contratos en los términos solicitados.

No obstante, de los anexos de la respuesta, se echa de menos prueba alguna que
permita inferir que efectivamente la UNGRD remitió dicha respuesta a la accionante.

Conforme lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto se encuentra
satisfecho el requisito de renuencia, en los términos de que trata el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997.

2.3.3. Caso concreto

Como punto de partida, la Sala debe traer a colación las disposiciones sobre las
cuales recae la pretensión de la demandante, en ese sentido, se itera, la actora
busca que se ordene a la UNGRD y a la Fiduprevisora S.A., el acatamiento del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de
2022, y el artículo 21 de la Resolución 532 del 10 de septiembre de 2020. Tales
disposiciones establecen lo siguiente:

Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces.
Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la
contractual y la postcontractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de
transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo
aquí establecido.

Artículo 21. Publicidad El FNGRD establecerá́ los mecanismos para garantizar la
publicidad de las gestiones contractuales que se realicen con cargo a los recursos del
patrimonio autónomo. Para el efecto, deberá adelantar las acciones para la
publicación de los contratos a través del Sistema Electrónico de Contratación
Pública— SECOP.

En todo caso, para los efectos atientes al cumplimiento de la presente disposición,
será́ responsabilidad de la UNGRD la publicación de todos los instrumentos
referentes a la etapa pre-contractual de la gestión en sistema dispuesto para el efecto,
y de FIDUPREVISORA, la de publicar desde la etapa contractual hasta la post
contractual, entiéndase esta como liquidación y cierre, inclusive los contratos que se
celebraren a través de dicho sistema.

Frente a las anteriores disposiciones, como punto de partida se tiene que se trata
de una ley y un acto administrativo, los cuales son susceptibles de la acción de
cumplimiento en los términos del artículo 1° de la Ley 393 de 1997. Asimismo, las
citadas normas se encuentran vigentes, pues, no existe otra disposición legal o
decisión judicial que las haya removido del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales.

2.3.3.1. Sobre la existencia de un mandato

La obligación consignada en los artículos 13 de la Ley 1150 de 2007 y 21 de la
Resolución 532 del 10 de septiembre de 2020 constituye un deber imperativo,
expreso e inobjetable; aunado que la UNGRD y la Fiduprevisora S.A., son los
encargados del cumplimiento de ésta, pues ambas se encuentran en el deber de
publicar la actividad contractual del FNGRD.

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Ahora bien, frente a la exigibilidad del mandato, cuando no se encuentra
expresamente establecido en la norma el plazo para su cumplimiento, la Corte
Constitucional en la sentencia SU- 386 de 2023, precisó:

« 51. En términos generales, el incumplimiento tiene lugar a partir de una omisión de
la administración. (…)

52. Así, las manifestaciones del incumplimiento de la administración pueden
materializarse a través de su inacción o de una acción que manifiesta ineficiencia o
evasión de la administración en el cumplimiento de sus deberes.

53. Ahora bien, ¿cuándo es posible afirmar que se presenta el incumplimiento
de un deber jurídico, consagrado en una ley o un acto administrativo, por parte de la
administración? Lo primero que ha de precisarse es que ni la Constitución ni la Ley
393 de 1997 exigen la fijación de un término o plazo para la ejecución de un
deber contenido en una ley o acto administrativo por parte del obligado para
que sea posible exigir su cumplimiento a través de la acción de cumplimiento
y, en consecuencia, tampoco es a partir de un plazo que habría de establecerse
cuándo el obligado se encuentra en mora.

54. La Corte ha precisado que la constatación de la inactividad estatal es una
labor que corresponde apreciar al juez caso por caso19, atendiendo a las diferentes
modalidades que puede revestir un deber señalado en la ley o contenido en un acto
administrativo. Y dicho deber puede haber sido definido por la norma teniendo en
cuenta circunstancias de tiempo, modo o lugar, que tienen un peso y una relevancia
diferente en cada caso concreto. De manera que la orden que imparta el juez ha de
corresponder a la modalidad del deber omitido20.

Siguiendo lo expuesto, esta Sala concluyó21:

129. En tal sentido, se considera que, ante la omisión de un plazo o de una condición
que de acaecer permitan verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se
solicita, será el juez quien caso por caso determine el alcance de la obligación
«atendiendo a las diferentes modalidades que puede revestir»22.Para ello, podrá
valerse del escrito de constitución en renuencia (requisito de procedibilidad) y de la
respuesta que proporcione la entidad accionada para delimitar y precisar el alcance
de la obligación incumplida, así como las circunstancias de tiempo modo y lugar, de
conformidad con lo señalado por el alto tribunal.

130. De ahí, que el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un
deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

131. Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo
en el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el

19 Corte Constitucional C-1194 de 2001, C-157 de 1998.
20 Corte Constitucional C-1194 de 2001.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta; Sentencia del 25 de enero de 2024; Exp. 25000-23-41-000-

2022-00243-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU- 386 de 2023.

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ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»23.

132. De manera que, entender que un precepto no pueda ser exigible por la falta de
rigor o técnica legislativa, además de desatender los fines Estado Social de Derecho,
conminaría a las autoridades con potestad legislativa y reglamentaria a proferir
mandatos ambiguos de imposible ejecución.

Por otra parte, de los escritos de contestación e impugnación presentadas por las
accionadas, tal como lo consideró el juez de primera instancia, la UNGRD y la
Fiduprevisora S.A., no niegan ni desconocen la existencia de la obligación; por el
contrario, han puesto de presente una serie de diferencias entre una y otra, lo cual
ha conllevado que el registro de la información establecida en las normas no se
haya efectuado.

Al respecto, el artículo 21 del manual de contratación del FNGRD establece de
manera clara e irrefutable que es competencia de la UNGRD «[…]la publicación de
todos los instrumentos referentes a la etapa pre-contractual de la gestión […]»;
mientras que la Fiduprevisora S.A., «[…] la de publicar desde la etapa contractual
hasta la post contractual, entiéndase esta como liquidación y cierre, inclusive los
contratos que se celebraren a través de dicho sistema.»

De manera que, es claro que ambas entidades han desconocido su deber de
registro de la información y documentación en la plataforma SECOP II, lo cual
impone confirmar la decisión de primera instancia.

En lo que atañe al argumento de acciones tendientes al cumplimiento de la norma,
como lo alegaron en sus escritos de impugnación, basta indicar que en materia de
acciones de cumplimiento no existe una zona de cumplimiento parcial en la que se
analicen las buenas gestiones o intenciones de las entidades, sino que se pretende
lograr el resultado establecido en la ley o acto administrativo correspondiente.

Finalmente, frente a la solicitud de la Fiduprevisora S.A., traducida en que el plazo
para el cumplimiento de la norma sea modificado, pasando de dos a seis meses, se
estima procedente acceder a dicho pedimento, pues, resulta razonable el
argumento expuesto en su oportunidad por la entidad, esto es que se están
adelantado una serie de reuniones entre las entidades con miras a conjurar la
presente situación, en las que se encuentra participando activamente la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE).

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

23 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del

Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 30 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, en el sentido de conceder un término de seis (6) meses a la UNGRD
y a la Fiduprevisora, para el cumplimiento de la norma. En todo lo demás se
CONFIRMA la anterior decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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