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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00001-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00001-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 13 de febrero de 2026 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la accionada cumplir a cabalidad con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, esto es, publicar en el SECOP II toda la actividad contractual; documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales; salvo asuntos que encuentren sustento en reserva legal, dentro del término de 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00001-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de marzo de 2026

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandada: Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00001-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00001-01
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandada: Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS
Tema: Confirma la sentencia impugnada.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia de 13 de febrero de 2026, por medio de la cual la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a la acción
de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el
Estado de Derecho, por medio de su representante legal, demandó a la sociedad
Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS, por el presunto incumplimiento del artículo
13 de la Ley 1150 de 20071, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 20222.
En el escrito, solicitó «[o]rdenar a Ordenar a, ECOPETROL COSTA AFUERA
COLOMBIA S.A.S. el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, mediante la
publicación de su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II)»3.

2. Hechos

2.1. En resumen, la parte actora señaló que, Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS
es una sociedad por acciones simplificadas, de nacionalidad colombiana, cuyo
objeto social consiste en «el desarrollo, de manera exclusiva en o desde una o
varias zonas francas costa afuera, en calidad de usuario industrial de bienes o de
1
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
2
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la
corrupción y se dictan otras disposiciones.
3 Se trascribe tal cual incluso con posibles errores de redacción de la accionante.

1
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandada: Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS
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servicios, de las actividades propias de la industria del petróleo y gas,
especialmente la exploración, explotación, producción, transporte, distribución,
exportación, venta, comercialización de petróleo, gas y cualquier otro hidrocarburo
o sus derivados y productos, así como cualquier otra actividad relacionada con el
sector de hidrocarburos costa afuera». En ese orden, expone que de conformidad
con lo señalado en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, la actividad
contractual de la parte demandada está exceptuada del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se rige exclusivamente por las reglas
del derecho privado, los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, y las
políticas, procedimientos y manuales internos.

2.2. Bajo ese hilo argumentativo, la actora indicó que el artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, estableció, en
cabeza de las entidades estatales, la obligación de publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública, en lo sucesivo SECOP II4.

2.3. El 4 de noviembre de 2025, la accionante radicó ante la demandada,
documento por medio del cual pidió el cumplimiento de la disposición mencionada
con el fin de acreditar el requisito de constitución en renuencia. Frente a la anterior
solicitud, la accionada, en respuesta de 10 de noviembre, argumentó que, como
sociedad por acciones simplificada constituida bajo derecho privado colombiano, no
ostenta la calidad de entidad estatal y, por ende, no está obligada a publicar su
actividad contractual en SECOP II.

3. Admisión de la demanda

En auto de 16 de enero de 2026, el ponente de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda5, tuvo
como pruebas los documentos aportados y ordenó la notificación de lo decidido a la
actora, a la accionada y al Ministerio Público.

4. Informe

4.1. Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS, en síntesis, se opuso a la solicitud de
cumplimiento. Sostuvo que la acción debía negarse, porque es una sociedad por
acciones simplificada de naturaleza privada, regida exclusivamente por el derecho
privado, cuya condición no se altera por el control indirecto que ejerce Ecopetrol
S.A. a través de Hocol Petroleum Limited. Con base en ello, afirmó que no encaja
dentro del supuesto subjetivo del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, pues esa

4 Como sustento de la demanda y con el fin de fundamentar que la disposición invocada contiene un deber

imperativo, expreso e inobjetable pasible de este medio de control, la accionante citó las decisiones dictadas en
la acción de cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2024-01213-01.
5 Previa inadmisión y remisión por competencia funcional que realizó el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, según da cuenta las actuaciones contenidas en el índice 2 de SAAMAI dentro del radicado de
primera instancia.

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disposición se dirige únicamente a entidades estatales con régimen contractual
excepcional y no a sociedades privadas, aun cuando exista participación estatal
indirecta.

Añadió que no integra las categorías del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, que se
encuentra en etapa preoperativa y que, además, parte de la información vinculada
a la industria de hidrocarburos está amparada por reserva legal, secretos
comerciales e industriales, de modo que tampoco habría una obligación clara,
directa y exigible a su cargo, razón por la cual planteó incluso la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

4.2. El Ministerio Público conceptuó que sí debía accederse a las pretensiones, al
considerar que Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS incumplió el artículo 13 de la
Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, norma que
impone la publicidad de los documentos, contratos, actos e información generada
en las etapas precontractual, contractual y poscontractual.

Señaló que ese deber de publicación en SECOP II cobija a las entidades públicas y
a quienes administran recursos públicos, como expresión del principio de
publicidad y como garantía de transparencia, imparcialidad, contradicción, debido
proceso y control ciudadano sobre el manejo de bienes y fondos públicos. En
consecuencia, estimó que la falta de publicación o la publicación incompleta de los
expedientes contractuales desconoce un deber legal y pidió ordenar a la accionada
la publicación íntegra y precisa de su actividad contractual.

5. Sentencia de primera instancia

En fallo de 13 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concluyó que Ecopetrol Costa Afuera Colombia SAS
incumplió el deber previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por
el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, porque no acreditó la publicación en SECOP II
de la totalidad de los documentos que integran su actividad contractual. Para llegar a
esa conclusión, entendió que la obligación de publicidad era exigible en el caso
concreto y precisó que las eventuales reservas sobre información técnica, comercial
o industrial no podían alegarse de manera general o abstracta para excluir todo el
deber de publicación, sino que debían justificarse de forma específica respecto de
cada documento, con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
interpretación restrictiva de las causales de reserva. Con ese fundamento, accedió a
las pretensiones y ordenó a la accionada cumplir, dentro del término de tres meses,
lo previsto en la disposición legal invocada, sin condena en costas.

6. Impugnación

La parte accionada impugnó la decisión de primera instancia y solicitó revocarla.
Insistió en que la acción de cumplimiento es improcedente y existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que el artículo 13 de la Ley 1150 de

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2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, se dirige únicamente a
entidades estatales, mientras que la impugnante es una SAS de naturaleza
estrictamente privada, regida por el derecho comercial. Señaló que ni la
participación indirecta de Ecopetrol S.A. ni la pertenencia al grupo empresarial
alteran su autonomía patrimonial ni su naturaleza jurídica, de modo que el Tribunal
erró al extenderle un deber de publicidad en SECOP II propio de sujetos sometidos
al régimen estatal de contratación.

Asimismo, afirmó que la sentencia desconoció que en la industria de hidrocarburos
existe un régimen especial de reserva y confidencialidad sobre información técnica,
científica, económica y comercial, amparado por normas especiales y por la Ley
1712 de 2014, por lo que no era posible imponer una orden general de publicación
sin considerar esas restricciones legales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
13 de febrero de 2026 de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta Corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 13
de febrero de 2026. Para lo anterior, la Sala plantean los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

¿En el presente caso se debe revocar o confirmar la negativa de las pretensiones
al advertir la existencia e incumplimiento de un mandato imperativo, expreso e
inobjetable?

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3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo6 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la
Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con
fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del [e]stado [s]ocial de [d]erecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo7.

6 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta,

sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU), sentencia de 15
de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E) y Sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-2022-00203-01
(ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera

Vergara.

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Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]8.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica
de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.

8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de

21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.

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Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»10.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado11.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,12 a menos que estén apropiados;13 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales. En este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
constitucional14.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este15 y

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-

2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
12 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
14
Sentencia antes citada.
15Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es
necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».

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que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»16. Igualmente, esta Sección17 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[18] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
18 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».

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En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano»19.

En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda escrito de 4 de
noviembre de 2025, en donde requirió a la accionada el obedecimiento del artículo
13 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de que publicara los documentos
relacionados con su actividad contractual en el SECOOP II. La autoridad accionada
emitió respuesta el 10 de noviembre siguiente, argumentó que, como sociedad por
acciones simplificada constituida bajo derecho privado colombiano, no ostenta la
calidad de entidad estatal y, por ende, no está obligada a publicar su actividad
contractual en SECOP II. Por tanto, tal circunstancia resulta suficiente para la Sala
para encontrar agotado el requisito de procedibilidad de este medio de control.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La parte demandada alega que existe falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022, que se pide cumplir se dirige únicamente a entidades estatales,
mientras que la impugnante es una SAS de naturaleza estrictamente privada,
regida por el derecho comercial.

La Sala considera que no prospera el cargo de impugnación. Aunque la
impugnante insiste en que es una sociedad por acciones simplificada regida por el
derecho privado, que no ostenta la calidad de entidad estatal ni ejerce funciones
públicas, y que por ello no encuadra en el supuesto subjetivo de la norma, tal
entendimiento no desvirtúa, por sí solo, la obligación de publicidad contractual cuya
observancia se reclama en este asunto.

En efecto, esta Sala, en un caso sustancialmente análogo referido a Hocol S.A.,20
precisó que el deber previsto en el citado artículo 13 sí es exigible respecto de
entidades exceptuadas del régimen general de contratación cuando, pese a su
configuración societaria especial, ostentan la condición de entidades públicas
descentralizadas indirectas por su origen, integración y control dentro de la
estructura del Grupo Ecopetrol; y, con fundamento en ello, concluyó que dicha
compañía debía publicar en SECOP II la totalidad de los documentos de su

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Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
20 Sentencia de 14 de agosto de 2025, radicado 25000-23-41-000-2025-00819-01, M. P. Pedro Pablo Vanegas

Gil.

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actividad contractual, salvo aquellos amparados por reserva legal debidamente
justificada en cada caso.

Bajo ese entendimiento, no resulta de recibo la tesis de la impugnante conforme a
la cual la sola forma societaria o su sometimiento al derecho privado excluyen
automáticamente la aplicabilidad del artículo 13 ibidem. El planteamiento de la
impugnante desconoce que la determinación del sujeto obligado no depende
únicamente de la forma societaria adoptada, sino también de la posición
institucional que la entidad ocupa dentro de una estructura empresarial controlada
por una sociedad de economía mixta como Ecopetrol S.A., aspecto que ya ha sido
valorado por esta Sección para afirmar la exigibilidad del deber de publicidad
contractual en supuestos semejantes. De ahí que tampoco sea de recibo el
argumento según el cual el tribunal extendió indebidamente obligaciones
predicables solo de Ecopetrol S.A., pues la fundamentación de la decisión no
descansa únicamente en la calidad de esta última, sino en la relación de
integración y control que permite examinar si la accionada se encuentra
comprendida dentro del ámbito de aplicación material del mandato legal.

En otras palabras, el régimen de derecho privado o configuración societaria
especial no impide, per se, la imposición del deber que se pretende cuando se trata
de entidades vinculadas a una estructura pública descentralizada indirecta y
sometidas, por disposición legal, a estándares mínimos de transparencia y
publicidad en su actividad contractual. Por consiguiente, el cargo no está llamado a
prosperar.

Clarificado lo anterior, la Sala reitera que este mecanismo procura por hacer
efectiva la observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva
autoridad; es decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente.
La parte demandante invocó como disposición incumplida el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que dispone lo
siguiente:

Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces.
Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,

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contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la
contractual y la postcontractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de
transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo
aquí establecido.
[…].

De acuerdo con lo anterior, el primer requisito para la procedencia de la acción,
esto es, que se busque el cumplimiento de normas vigentes, se satisface en este
caso, dado que la disposición transcrita no ha sido derogada o declara nula o
inexequible por parte de autoridad judicial.

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala no advierte que la parte demandante cuente
con otro mecanismo de defensa judicial, para que la demandada publique su
actividad contractual en el SECOP II, lo que, en principio, torna procedente el
ejercicio de la acción. Tampoco se evidencia que lo pretendido pueda ser discutido
vía acción de tutela, ni que el cumplimiento de la norma que se pide acatar implique
un gasto no presupuestado. En consecuencia, se procederá al estudio del fondo
del asunto.

3.5. De la existencia de mandatos imperativos, expresos e inobjetables

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
deberes21.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos
de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la
norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito
bajo estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.

Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los mandatos imperativos, expresos e inobjetables
que son susceptibles de ser materializados por medio de este mecanismo judicial.
Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la siguiente manera22:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las

21 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o
positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
22Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 2500-23-41-000-2022-

00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

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circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de
la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»23.

La obligación consignada en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 constituye un
deber imperativo, expreso e inobjetable24, consistente en publicar en el SECOP II
toda la actividad contractual, esto es, los documentos precontractuales,
contractuales y poscontractuales; mandato que le atañe a la accionada tal y como
se explicó en el curso del trámite de primera instancia.

El sustento en el que se fundamentó la demanda de cumplimiento fue la ausencia
de documentos registrados en el SECOP II. La parte accionada alegó que no tiene
tal obligación y manifestó que no ha publicado su actividad contractual en el
mencionado sistema electrónico de contratación pública. De ahí, el a quo
estableció que la entidad demandada ha sido renuente ante la obligación que en
este proceso se le reclama.

A su turno, en la impugnación, la parte actora insistió en que no ha atendido el
deber legal. En ese sentido, señaló que tampoco obraban los documentos de la
actividad contractual. Sin embargo, como se dijo acorde con la línea que n casos
análogos ha adoptado esta Corporación se debe cumplir con el deber de
publicación dado que en tales actos jurídicos están comprometidos recursos del
erario.

Ahora bien, es lo cierto que, como lo advirtió el Tribunal de primera instancia, no
toda contratación puede ser pública por asuntos de reserva -Lo que debe decidir y
demostrar en cada caso-. y tal circunstancia no exime del deber que se endilga y
que se busca justificar por la impugnante, pues ni se sustentó ni acreditó por parte
de la demandada cuales contratos o actuaciones en concreto tienen tal reserva, lo
cual resulta suficiente para concluir que no se ha acatado a cabalidad con la
obligación legal.

Ahora bien, consultado el SECOP II, la accionada no ha registrado su actividad
contractual tal y como se evidencia a continuación:

23 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social

de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
24 Sobre el particular se puede consultar la sentencia de 12 de septiembre de 2024, radicado 25000-23-41-000-

2024-01213-01, MP, Gloria María Gómez Montoya.

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A partir de lo expuesto, es claro que la accionada ha desconocido su mandato de
registrar la información y documentación en la plataforma SECOP II, lo cual impone
revocar la decisión de primera instancia y, en consecuencia, ordenarle que, en el
término de 3 meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, cumpla
con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, salvo asuntos de reserva legal,
actuaciones que deberán registrarse y publicarse; en caso de estar amparadas por
reserva, esta deberá estar sustentada y acreditada respecto de cada contrato o
documento en particular.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

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III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 13 de febrero de 2026 de la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a
la accionada cumplir a cabalidad con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, esto es,
publicar en el SECOP II toda la actividad contractual; documentos precontractuales,
contractuales y poscontractuales; salvo asuntos que encuentren sustento en
reserva legal, dentro del término de 3 meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia judicial fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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