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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00055-02

Fecha
3 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00055-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, del 31 de mayo de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 52 Esto acorde con los límites temporales de la reclamación administrativa y la demanda. 53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-00055-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00055-02 (6196-2019)1
Demandante: Clara Inés Enciso de Pinzón
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
bonificación de gestión judicial. Subtema 2: prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 31 de mayo de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante, quien ejerció como fiscal delegada ante Tribunal, solicita la nulidad del
acto administrativo expedido por la Fiscalía General de la Nación que le negó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo
devengado por los magistrados de alta corte, con la inclusión de los ingresos anuales
de los congresistas. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó
el reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80%.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Clara Inés Enciso de Pinzón, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 10 de julio de 2012, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con las siguientes
pretensiones:

2. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
201231000144211 del 7 de marzo de 2012, expedido por la jefe de la Oficina de
Personal, que negó el reajuste y pago de la diferencia causada por no haberle
reconocido la bonificación por compensación, desde el 1 de enero de 2001 y hasta el

1 Expediente híbrido.

Radicación: 25000-23-42-000-2012-00055-02 (6196-2019)
Demandante: Clara Inés Enciso de Pinzón
Demandado: Fiscalía General de la Nación

25 de noviembre de 2005, teniendo como base «lo que por todo concepto percibe un
magistrado de alta corte» y lo percibido por los congresistas, con «la equivalencia de
ingresos que la ley contempla para estos dos últimos cargos».

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad a pagar
el reajuste «que por ingresos resulte adeudársele hasta nivelar sus ingresos al
equivalente al 80% del total de ingresos que por todo concepto recibe un congresista
en equilibrio con un magistrado de alta corte, a partir del 1 de enero de 2001, y en
adelante hasta el 25 de noviembre de 2005, siguiendo los porcentajes establecidos en
el Decreto 610 de 1998».

4. Adicionalmente, solicitó que los valores adeudados sean actualizados, y que se
paguen intereses comerciales y moratorios2.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Clara Inés Enciso de Pinzón prestó sus servicios en la Fiscalía
General de la Nación en el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal Superior, del 1 de
enero de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2005.

7. Dado que desempeñó el cargo de fiscal delegada ante Tribunal, la Fiscalía le
reconoció la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, equivalente al
70% del valor total devengado anualmente por un magistrado de alta corte. Empero,
esta norma fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la
sentencia del 14 de diciembre de 20113. Por lo tanto, la entidad debe pagar la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80% de lo
devengado anualmente por un magistrado de alta corte.

8. Narró que el 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte guarda
equivalencia con lo que percibe por todo concepto un congresista.

9. El 29 de febrero de 2012, la accionante presentó reclamación administrativa
para obtener el pago de la diferencia entre las dos bonificaciones, pero esta petición
fue negada en el oficio demandado.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 2, 25, 29 y 53.
El Decreto 610 de 1998.
Ley 4 de 1992.

11. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de

2 Páginas 20 a 28 del documento 33_EXPEDIENTEDIGI. Samai, índice 45.
3 Proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, Conjuez Ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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Demandado: Fiscalía General de la Nación

diciembre de 2011, decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de
1998 volvió a ser aplicable.

12. Indicó que el acto administrativo demandado está viciado de nulidad por
desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los fiscales
delegados ante Tribunal. Igualmente, aseveró que desconoce los derechos al debido
proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a una remuneración mínima vital
y móvil, en tanto, la Fiscalía de forma arbitraria pagó un salario menor.

13. Así las cosas, la accionante tiene derecho al pago del 80% de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas.

2.2. Contestación de la demanda

14. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, al
indicar que:

15. La demandante desempeñó el cargo de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito
desde el 1 de enero de 2001 hasta el 25 de noviembre del 2005.

16. A partir del 1 de enero de 2004, la administración aplicó el
Decreto 4040 de 2004, que regulaba la bonificación de gestión judicial, y pagó el 70%
de lo que por todo concepto devengaban los magistrados de altas cortes.

17. Señaló que la liquidación de las cesantías de los servidores de la Fiscalía General
de la Nación se rige por los decretos 3118 de 1968 y 1045 de 1978, que establecieron
los factores de salario para la liquidación de las cesantías y pensiones.

18. El 29 de febrero de 2012, la actora solicitó el pago de la bonificación por
compensación con fundamento en el referido fallo de nulidad; no obstante, dado que
se retiró del servicio el 25 de noviembre de 2005, lo pedido eran prestaciones
definitivas. Por consiguiente, operó la caducidad del medio de control, pues a partir del
25 de noviembre de 2005, la demandante debió agotar la vía gubernativa, en lugar de
esperar 7 años, con lo cual pretende revivir los términos a través de la presentación
de una petición.

19. Asimismo, la reclamación se presentó el 29 de febrero de 2012, pasados más de
tres años desde el retiro de la entidad4.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 31 de mayo de 2019, se estuvo a lo resuelto en el fallo del 14
de diciembre de 20115 y la sentencia de «unificación» del 18 de mayo de 2016; declaró

4 Idem, páginas 91 a 105.
5 En efecto, el Tribunal indicó «en la actualidad, el Decreto 610 de 1998 está vigente, cosa que no acontece con el

Decreto 4040 de 2004, el cual fue declarado nulo mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2011».
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Demandado: Fiscalía General de la Nación

la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio OP 20123100014211 del 7 de
marzo de 2012; y ordenó a título de restablecimiento del derecho:

TERCERO.- Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar
a la demandante Clara Inés Enciso Pinzón, en su calidad de Fiscal Delegada ante
Tribunal de Distrito, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por
concepto de Bonificación por Compensación (Decreto 610 de 1998), equivalente al
ochenta por ciento (80 %) de lo que, por todo concepto, devengan como salario los
Magistrados de las Altas Cortes, incluyendo la prima de servicio, prima de vacaciones,
prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto
de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los
ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y
vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, con el
correspondiente reajuste, durante el período comprendido entre el 1.º de enero de 2001
y el 25 de noviembre de 2005. Haciéndose la salvedad de que, en el hipotético caso de
que la demandante hubiese recibido algún pago por concepto del derecho contenido en
el extinto Decreto 4040 de 2004, deberá ser descontado de la suma que le corresponda
por la condena impuesta en esta sentencia.

21. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

22. No operó la caducidad del medio de control, dado que en el expediente no obra
prueba sobre que el acto administrativo haya sido notificado a la demandante, por
tanto, consideró que la notificación fue por conducta concluyente el 11 de abril de 2012,
fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. De modo que la
demanda se interpuso oportunamente el 10 de julio de 2012, en el término de 4 meses.

23. El acto demandado está viciado de nulidad porque desconoció la vigencia del
Decreto 610 de 1998, que quedó como única norma vigente, resultado de la
declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, en sentencia del 14 de septiembre
de 2011, cuyos efectos son ex tunc, es decir, hacia el pasado.

24. En conclusión, el Tribunal determinó que la demandante quien laboró en el cargo
de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 25
de noviembre de 2005, tiene derecho a la bonificación por compensación que regula
una remuneración equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados de alta
corte, que solo tiene carácter salarial para efectos pensionales.

25. Determinó que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992
tiene incidencia en la liquidación de la bonificación por compensación, al considerar
que «el techo del 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
magistrados de alta corte incluye ya la prima especial de servicios y todo concepto
salarial y no salarial que haga parte del 100% del ingreso total de esta categoría de
magistrados; sobre ese 100% se aplica el 80% de la bonificación por compensación».

26. Durante la coexistencia de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 no inició el
conteo del término de prescripción, dada la dualidad de regímenes; por ello, dicho
fenómeno extintivo solo empezó a correr desde la notificación de la sentencia que
declaró la nulidad del referido Decreto 4040 de 2004.

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27. En cuanto a la prescripción trienal, indicó que como la actora solicitó el pago de
la bonificación por compensación el 29 de febrero de 2012, la cual se había causado
del 1 de enero de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2005, por ese periodo no corrió
la prescripción «por la ausencia de exigibilidad del derecho derivada de la dualidad de
regímenes».

28. Ordenó la indexación de los valores adeudados y no condenó en costas6.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandada

29. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia para lo cual sostuvo que el término de prescripción de
3 años empieza a correr desde que el derecho es exigible. Por tanto, como la
accionante interpuso la reclamación el 29 de febrero de 2012, se debe declarar la
prescripción de todos los derechos causados antes del 29 de febrero de 2009, pero en
esta fecha ya estaba desvinculada de la entidad, de donde se colige que es imposible
acceder al reconocimiento desde el 1 de enero de 2001.

30. Además, se configuró la caducidad del medio de control, toda vez que la relación
legal y reglamentaria de la demandante terminó el 25 de noviembre de 2005.

31. En todo caso, la Fiscalía afirmó que obró en cumplimiento de un deber legal.
Relató que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011, y que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 del 2012 el
cual dispuso que a partir de la ejecutoria de la sentencia los servidores continuarían
percibiendo la bonificación por compensación.

32. Agregó que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos generales no
tiene efectos frente a las situaciones consolidadas bajo su vigencia, en razón de la
intangibilidad de los actos individuales y particulares. Por tanto, adujo que la Fiscalía
no está en la obligación de modificarlas7.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. A través de autos de 18 de febrero, 24 de junio y 8 de julio de 20228 se tramitaron
y resolvieron los impedimentos manifestados por los magistrados de la Subsecciones
A y B de la Sección Segunda, y se dispuso la designación de un conjuez.

34. Mediante auto del 31 de enero de 20239, se admitió el recurso de apelación, y en
auto del 6 de junio de 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión10.
El expediente pasó a despacho para sentencia el 22 de agosto de 202311.

35. En providencia del 5 de marzo de 202512, el conjuez ponente, en atención a la

6 Idem, páginas 188 a 205.
7 Idem, páginas 222 a 230.
8 Folios 164, 166, 167 y 171.

9 Folio 171.
10 Folio 173.
11 Folio 174.
12 Samai, índice 50.

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modificación de la integración de la Sección Segunda y en aplicación del artículo 116
del CPACA ordenó remitir el proceso a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, corresponde
a la Sala definir si:

38. ¿Operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación,
así como la caducidad, dado que la reclamación data del 2012, mientras que el retiro
del servicio fue en el año 2005?

39. ¿La sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 no tiene efectos
frente a las situaciones particulares consolidadas, de modo que es improcedente
acceder al pago de las diferencias por concepto de la bonificación por compensación
antes de la providencia del 14 de diciembre de 2011?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

40. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados13 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201314, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se

13 Y autoridades equivalentes.

14
M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
6

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requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó
la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados
a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre
niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de
finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo
gradual de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una
política de "nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía
ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto,
esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla,
propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero
recibirían el 60% de lo percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer
nivel del artículo 15; para el segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados
al 70 y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del
salario idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer
nivel y los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación
salarial, la "prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por
compensación" y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor
salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.

41.En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 15, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor
salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en
los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes.

42. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199816 dictado por el presidente de la República.

43.En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:

i) Carácter permanente;

ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

15 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.

16 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

7

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Demandado: Fiscalía General de la Nación

iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

iv) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;

v) se paga mensualmente;

vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);

viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.

44. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201617, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

45. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con

radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
8

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Radicación: 25000-23-42-000-2012-00055-02 (6196-2019)
Demandante: Clara Inés Enciso de Pinzón
Demandado: Fiscalía General de la Nación

2º del Decreto 610 de 1998».

46. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

47. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»18.

48. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201919, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».

49. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación20. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

50. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.3.2. Bonificación de gestión judicial

51. El Decreto 4040 de 200421, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso con

radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de octubre
de 2019.
20 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,

663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
21 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

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determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

52. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.

53. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la
publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en
los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.

54. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

55. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201122 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

56. La Sala de conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P.

Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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Demandado: Fiscalía General de la Nación

57. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

58. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de la
República dictó el Decreto 1102 de 201223, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 24
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

59. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».

3.3.3. Sobre la prescripción

60. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección
Segunda25, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se
predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción
de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza
no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto
de ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad
prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la prestación debida,
salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso
del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro del cual se debe exigir
el cumplimiento de la obligación, so pena de que se extinga».

61.En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón de la
sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el demandado o la
declaratoria de oficio por el juez».

62.En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el patrimonio
público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se reconozcan

23 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

24 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33-000-

2013-00666-01 (0833-2016).
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derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del proceso,
[tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido a su
conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está, de la
no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción extintiva
puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»26.

63. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.

64. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado oficial
formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

65. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201127, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.

66. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201928, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».

67. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,

proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), C.P.

Carlos Arturo Orjuela Góngora.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

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el Decreto 2668 de 199829 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.

68. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 9 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:

[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre
de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante
dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al
salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían
efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la
prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3
de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre
de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción
por haber presentado reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de
regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de diciembre de 2004».

69.En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:

i) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;

ii) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;

iii) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.

70. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).

3.4. Hechos probados relevantes

71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del

25 de septiembre de 2001.
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72. La actora afirmó en la demanda que fue fiscal desde el 1 de enero de 2001 y hasta
el 25 de noviembre de 2005, hecho acreditado con el certificado de la subdirectora de
Apoyo a la Gestión. Así, la señora Clara Inés Enciso Pinzón ejerció el empleo de fiscal
delegado ante Tribunal de Distrito y se retiró del servicio el 26 de noviembre de 2005,
en el mismo empleo30. Además, en el proceso obran los certificados de deducidos y
devengados hasta el año 200531.

73. La Sección de Control y Registro del Congreso de la República, en respuesta a lo
pedido por el Tribunal, certificó los ingresos totales anuales de 2001 a 2005, de los
congresistas constituidos por los siguientes emolumentos: sueldo, gastos de
representación, primas de localización, salud, servicios y de navidad. En cuanto a las
cesantías solo informó que son asumidas por el Fondo de Previsión Social del
Congreso o por el Fondo Nacional del Ahorro32.

74. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial certificó: «que teniendo en
cuenta las sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las
certificaciones que anualmente expide el pagador del Senado de la República y el
formato de la liquidación de las cesantías expedido por el Jefe de la División de
Prestaciones Económicas del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República;
el régimen salarial especial que poseen los Magistrados de las Altas Cortes
contemplado en el artículo 187 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992, el
Decreto 10 de 1993 y las disposiciones contenidas en la Ley 644 de 2001; los decretos
salariales que expide el Gobierno Nacional y el Decreto 610 de 1998, [certificó] los
ingresos mensuales y anuales para los Magistrados de Altas Cortes, desde el año 2001
al 2005 […]»33.

75. En escrito del 29 de febrero de 2012, la actora solicitó a la Fiscalía General de la
Nación el reconocimiento de la bonificación por compensación, dado que desde el 1
de enero de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2005 fue fiscal delegada ante Tribunal.
Pidió que fuera liquidada en el 80% «del valor que debe corresponder a un magistrado
de alta corte. Es decir de lo devengado por todo concepto por un congresista»34.

76. A través del oficio OP 20123100014211 del 7 de marzo de 2012, la Oficina de
Personal de la Fiscalía General de la Nación respondió que dentro del presupuesto no
estaba previsto el pago de obligaciones derivadas del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, y que, en consecuencia, se adelantarían las actuaciones
pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Precisó que «una vez
sean dispuestos los recursos presupuestales en la entidad, se estará efectuando la
liquidación en nómina adicional para su respectivo pago»35.

3.5. Caso concreto

77.En el asunto bajo análisis, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados
30 Idem, páginas 128 a 129.
31 Idem, páginas 169 a 178.

32 Idem, página 180.
33 Idem, página 182.
34 Idem, páginas 9 a 10.
35 Idem, página 14.

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de alta corte, con la inclusión de los ingresos anuales de los congresistas. El Tribunal
accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la
bonificación por compensación equivalente al 80% «de lo que por todo concepto
devengan los magistrados de alta corte […] teniendo en cuenta para la liquidación de
esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados
por los congresistas», durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2001 hasta
el 25 de noviembre de 2005.

78. Inconforme con esta decisión, la Fiscalía interpuso recurso de apelación con
fundamento en que operaron la prescripción y la caducidad. Además, indicó que la
declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 no conlleva para la entidad la
obligación de modificar las situaciones particulares consolidadas durante su vigencia.

79. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
se acreditó que la señora Clara Inés Enciso de Pinzón fue fiscal delegada ante Tribunal
y se retiró del servicio el 26 de noviembre de 200536; el 29 de febrero de 201237, la
actora solicitó el reconocimiento de la bonificación por compensación, desde el 1 de
enero de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2005; petición que fue negada por la
entidad en el oficio demandado38. También está probado en el proceso lo devengado
por la demandante desde 2001 a 2005; así como los ingresos totales anuales de los
congresistas39 y de los magistrados de alta corte40.

80. Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó, en el
certificado del 2 de enero de 2018, que los ingresos mensuales y anuales de los
magistrados de alta corte tienen en cuenta las certificaciones del pagador del Senado
de la República y el formato de liquidación de cesantías de FONPRECON41.

81. En este orden de ideas, en primera medida la Subsección precisa que la actora
quien ejerció el cargo de fiscal ante Tribunal es beneficiaria de la bonificación por
compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo, se destaca que percibió
la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 (hecho que no es discutido
por las partes), y que la entidad considera que no procede el pago de la diferencia del
10%. Esto, al estimar que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 no
implica el desconocimiento de situaciones jurídicas consolidadas, pues durante su
vigencia los pagos realizados se fundaron en la normativa vigente.

82. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

83. Cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201642, la Sala de Conjueces

36 Idem, páginas 128 a 129.
37 Idem, páginas 9 a 10.
38 Idem, página 14.
39 Idem, página 180.

40 Idem, página 182.
41 Idem, página 182.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-

02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-00055-02 (6196-2019)
Demandante: Clara Inés Enciso de Pinzón
Demandado: Fiscalía General de la Nación

de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías, «para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio
a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

84. También señaló que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, debe observar «para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas». Así pues, la
discusión sobre la liquidación de la prima especial de los magistrados de alta corte se
resolvió en la providencia de conjueces de 2016. Evidencia de ello es que en el
presente proceso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que tiene
en cuenta dichos valores para calcular todo lo devengado por los magistrados de altas
cortes.

85. Entonces, se reitera que el derecho discutido en el proceso está regulado en el
Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse hasta alcanzar
el tope del 80%, y que conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de
hacer el cálculo correcto de la bonificación por compensación.

86. En segundo lugar, la Sala considera respecto a la prescripción que la regla general
es que operó para los derechos causados antes del 2 de diciembre de 2004, salvo que
la parte acredite que presentó una petición entre el «5 de octubre de 2001 al 2 de
diciembre de 2004», como lo precisó el auto del 7 de octubre de 201943. Sin embargo,
en el presente caso, la reclamación se interpuso el 29 de febrero de 2012. Por
consiguiente, operó la prescripción del derecho al pago de las diferencias causadas
antes del 2 de diciembre de 2004. Esto en atención a lo considerado sobre la
prescripción en los fallos de la Sala de Conjueces del 15 de mayo de 201644 y del 2 de
septiembre de 201945.

87. Por consiguiente, se modificará el fallo apelado en el sentido de indicar que operó
la prescripción del derecho al pago de las diferencias reclamadas a título de la
bonificación por compensación, que se causaron antes del 2 de diciembre de 2004,
sin perjuicio de considerar que los aportes a pensión son imprescriptibles, como se
precisará más adelante.

88. En tercer lugar, en lo que respecta a la caducidad, se observa que en el proceso
no consta la notificación del oficio demandado, con la indicación de los recursos que
procedían, ante quien debían interponerse y el plazo. Solamente obra una nota con el
sello «CARVAJAL LONDOÑO», con fecha de 28 de marzo de 2012. Por lo tanto, al no
cumplirse con los requisitos del artículo 67 del CPACA46, la notificación no es válida, tal

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-

02(0845-15).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

46 Artículo 67. Notificación Personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se
notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada
por el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo,
con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. […].
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Demandante: Clara Inés Enciso de Pinzón
Demandado: Fiscalía General de la Nación

como lo dispone la norma en comento. Así pues, «sin el lleno de los anteriores
requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la
decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la
decisión o interponga los recursos legales»47.

89. En este orden de ideas, con la solicitud para realizar la audiencia de conciliación
del 11 de abril de 201248, la parte reveló que conocía el acto y empezó a correr el
término de 4 meses para demandar (artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA. El
cual se suspendió con el trámite de conciliación hasta el 9 de julio de 2012, cuando se
celebró la audiencia de conciliación. Por lo tanto, como la demanda se interpuso al día
siguiente el 10 de julio de 2012, no se configuró la caducidad del medio de control.

90. Frente al último reparo del recurso de apelación, la Sala debe decir que la
sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, es
decir, desde su expedición. En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha
considerado que la declaratoria de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria, por
la cual, las partes tienen derecho «para ser restituidas al mismo estado en que se
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo», como lo señala el artículo 1746
del Código Civil, por ello, el acto ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las
situaciones particulares deberían retrotraerse49.

91. Por ello, la parte está facultada para incoar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que la autoridad judicial analice si procede la
condena en concreto contra la administración pública respecto de los derechos
subjetivos y particulares involucrados, de modo que no asiste la razón a la entidad
recurrente cuando afirma que con la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004
en el contencioso objetivo de simple nulidad, se impide que la parte actora acuda al
contencioso subjetivo, bajo el entendido que las situaciones particulares quedaron
consolidadas y son inmutables.

92. En este orden de ideas, se confirmará parcialmente el fallo del Tribunal en el
sentido de ordenar que el pago será efectivo desde el 3 de diciembre de 2004. Sin
que en ningún caso supere el tope salarial fijado por el Gobierno Nacional para cada
anualidad.

93.Por otra parte, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable50 e
imprescriptible51, se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y

47 Art. 72 CPACA.

48 Idem, páginas 16 y 17.

49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
50 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios

mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-

01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
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pague los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor de la demandante por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación por
compensación, desde el 1 de enero de 2001 y hasta el 25 de noviembre de 200552.

4. Costas

94. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario53 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

95.Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en atención
a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las anteriores
conductas.

5. Conclusión

96. La señora Clara Inés Enciso de Pinzón, en la calidad de fiscal ante Tribunal, tiene
derecho al reconocimiento y pago de las diferencias causadas entre el pago de la
bonificación de gestión judicial y la bonificación por compensación, desde el 3 de
diciembre de 2004 (por prescripción) y hasta el 25 de noviembre de 2005, y a que se
efectúe el pago de aportes a pensión a partir del 1 de enero de 2001.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, del 31 de mayo
de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

52 Esto acorde con los límites temporales de la reclamación administrativa y la demanda.
53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandado: Fiscalía General de la Nación

SEGUNDO: Modificar el numeral tercero del fallo apelado, para declarar la
prescripción del derecho al pago de las diferencias causadas antes del 2 de diciembre
de 2004 y disponer que el pago de la bonificación por compensación será efectivo
desde el 3 de diciembre de 2004, por prescripción. Sin que en ningún caso supere el
tope salarial del 80% fijado por el Gobierno nacional para cada anualidad.

TERCERO: Adicionar la sentencia para disponer que la entidad debe reliquidar y
pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor de la demandante con ocasión de las diferencias surgidas a causa del reajuste
ordenado a título de bonificación por compensación, desde el 1 de enero de 2001 hasta
el 25 de noviembre de 2005.

CUARTO: Aceptar la renuncia al poder presentada por Héctor Alfonso Carvajal
Londoño en los términos del memorial que obra a índice 56 de Samai, al reunir los
requisitos dispuestos por el artículo 76 del CGP.

QUINTO: Sin condena en costas en las dos instancias.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

19

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