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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00343-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00343-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, de la siguiente manera: La demandada deberá atender el límite porcentual impuesto por el legislador anualmente, por lo que deberá verificar que, efectuada la liquidación, no se supere el tope del 80%, de lo que por todo concepto perciben los magistrados de alta corte. Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las pretensiones. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 25000-23-42-000-2012-00343-02 (4477-2019) Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-00343-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00343-02 (4477-2019)
Demandante: Alfonso Antonio Quintero García
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Alfonso Antonio Quintero García instauró demanda1 en contra de la
Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad del oficio S.G. 758 del 27 de febrero de 2012 por
medio del cual la Procuraduría General de la Nación negó la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998.

1 Folios 93 a 106.

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2. A título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar el
reajuste de su remuneración, equivalente al 80% de lo percibido por los
magistrados de altas cortes, así como el pago del retroactivo indexado y con
intereses moratorios de las diferencias salariales existentes entre el 70%
reconocido y el 80% debido, desde el 1.° de marzo de 2010 y hasta que se
profiera sentencia.

3. Que se reliquiden los salarios y las prestaciones sociales pagadas al
demandante durante el periodo reclamado, tomando como factor para lo
propio la diferencia del 10% que no le fue cancelada oportunamente.

4. Que se dé cumplimiento a la sentencia según disponen los artículos 176, 177
y 178 del CCA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que resumen de la siguiente
manera:

5. Que se desempeña como procurador judicial II desde el 1.° de marzo de 2010
al menos hasta la fecha de presentación de la demanda, y que el 24 de enero
de 2012 solicitó a la entidad su reliquidación salarial y el pago de las
diferencias dejadas de percibir, pero fue negada a través del acto acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228,
277 y 280 de la Constitución Política; los convenios 95, 100 y 111 de la OIT;
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, capítulo III Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; las Leyes 22 de 1967, 10 de 1987, 63 de
1988, 4.ta de 1992 y el Decreto 610 de 1998.

7. Que su derecho a la bonificación por compensación se encuentra
expresamente consagrado en las normas mencionadas, y el acto desconoce
un derecho adquirido, cierto e irrenunciable, vigente desde el ingreso a su
cargo.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

8. La demanda fue admitida el 22 de julio de 20152, y la Procuraduría General
de la Nación manifestó3 que no estaba facultada para definir el régimen
salarial de los funcionarios vinculados a la entidad.

2 Folio 130.
3 Folios 150 a 155.

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9. Que de manera previa a la nulidad del Decreto 4040 de 2004 al actor le fueron
cancelados la totalidad de emolumentos y prestaciones sociales a los que
tenía derecho, y que a partir de la expedición del Decreto 1102 de 2012 que
modificó la bonificación por compensación, se ordenaron los respectivos
ajustes, pero que, considerando que el Gobierno nacional no estableció en
tal norma efectos retroactivos, no resulta procedente la pretensión del actor.

10. Afirmó que la situación jurídica consolidada del demandante era la
establecida en el Decreto 4040 de 2004, pues este fue el régimen aplicado a
su caso antes de ser declarado nulo, por lo que no puede aplicarse la
bonificación por compensación del 80% de forma retroactiva.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 25 de
septiembre de 2017, accedió a las pretensiones. Expuso que, el actor es
destinatario del Decreto 610 de 1998, y que, en su calidad de procurador
judicial II adquirió un derecho que el acto demandado no podía desconocer,
ni a partir de la aplicación del Decreto 4040 de 2004, ni con ocasión a una
transacción inconstitucional de sus derechos para pagarle únicamente el 70
% de la remuneración debida, cuando lo procedente era el pago del 80 %
correspondiente.

12. Ordenó el pago del 80 % mensual de lo percibido por un magistrado de alta
corte, incluyendo las primas de servicios, vacaciones, y navidad, la
bonificación por servicios, y las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios, para cuya liquidación deben considerarse todos los
ingresos laborales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas. En consecuencia, dispuso el reconocimiento y pago del 10 %
mensual de los devengado por dichos operadores judiciales, correspondiente
a la diferencia entre lo recibido y lo legalmente debido, suma que deberá
pagarse desde el 1.° de marzo de 2010 hasta el 2 de septiembre de 2016.

RECURSO DE APELACIÓN

13. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación. Expresó que, conforme
al Decreto 610 de 1998, la bonificación por compensación solo constituye
factor salarial en los eventos expresamente previstos en dicha norma, a
saber, solo para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes.

4 Folios 191 a 197.
5 Folios 198 a 201.

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14. En relación con el auxilio de cesantías, afirmó que este no debe incluirse en
la base de liquidación de la prima especial ni de la bonificación por
compensación, porque el artículo 2 del Decreto 10 de 1993 delimita los
ingresos laborales percibidos por los congresistas a aquellos de carácter
permanente, esto es a las sumas percibidas de manera habitual y periódica
como retribución por sus servicios, excluyendo las prestaciones sociales,
salvo la prima de navidad expresamente prevista en la norma. Que en
consecuencia, el auxilio de cesantías no puede integrar la base de
liquidación, por cuanto constituye una prestación social no contemplada por
el legislador en el Decreto 610 de 1998.

15. Agregó que el reconocimiento de la bonificación por compensación no resulta
viable aritméticamente, en la medida en que las prestaciones sociales
percibidas por el procurador judicial II ya superan el 80 % (incluso exceden
el 100 %) de aquellas devengadas por un magistrado de alta corte.

16. Finalmente expuso que la liquidación del Decreto 610 de 1998 se efectúa de
manera anual sobre el total de ingresos percibidos, comparados con los de
un magistrado de alta corte, con el fin de establecer la diferencia respecto del
80 %, por tanto, la condena no puede implicar una liquidación mensual de las
remuneraciones y prestaciones sociales del demandante.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 19 de enero de 20226 se admitió el recurso. El demandante reiteró7 los
argumentos de la demanda. La demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso8 y por ello se
avocará conocimiento del proceso.

6 Ver índice 32 de SAMAI.
7 Ver índice 49 de SAMAI.
8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).

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19. La Sala debe determinar si es procedente el reconocimiento y la reliquidación
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 a
favor del demandante, en particular, si para tal efecto debe incluirse el auxilio
de cesantías en su base de liquidación, y si la consideración de los factores
prestacionales como parte de los emolumentos devengados por el actor en
su calidad de procurador judicial II conlleva la superación del límite del 80 %
a equiparar.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

20. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de
1998 tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de
tribunal y otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues
para ese momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de
estos últimos.

21. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial
progresiva, mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los
ingresos laborales de los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en
1999 con un reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los
magistrados de las altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

22. De manera posterior, con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se
derogaron los Decretos 610 de 1998 y el 1239 del mismo año—que lo había
adicionado—, impidiendo la posibilidad de reclamar la Bonificación por
Compensación. Sin embargo, dicha disposición fue declarada nula mediante
sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, proferida el 25 de septiembre de 200110, con lo cual recobraron
vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada bonificación,
configurándose este como un primer momento en que la asignación resultó
plenamente exigible.

23. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los

9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.

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mismos beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar
sus emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por
los magistrados de las altas cortes.

24. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales
aplicables a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el
régimen introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la
Bonificación por Compensación) reconoció un porcentaje inferior de
nivelación salarial y condicionó su acceso al desistimiento de las acciones
judiciales promovidas con ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998
o, en su defecto, a la suscripción de contratos de transacción cuando no se
hubieran formulado reclamaciones previas.

25. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el
Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un
régimen salarial regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en
desconocimiento de los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad
aplicables en materia salarial para los beneficiarios de la norma.

26. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el
esquema de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones,
incompatibilidades ni condicionamientos introducidos por la norma anulada,
consolidándose nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha
remuneración.

27. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo
caso, una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial,
tampoco había claridad del momento a partir del cual era exigible la
Bonificación por Compensación.

28. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 201612, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la
prescripción trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a
partir de la exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas
presentada, la cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó

11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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del ordenamiento jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de
enero de 2012.

29. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las
sumas reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen
ingresos laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación
de la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio
que también aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que
esta se determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos
funcionarios.

Resolución del caso concreto

30. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de
congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia
del superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro
que en esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo
respecto de los argumentos de reparo puntuales de la única parte apelante
que en este caso fue la entidad demandada.

31. En tal sentido, al observar que parte del sustento de su impugnación fue
plantear la tesis de que la bonificación por compensación solo constituye
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, y no para la liquidación de las prestaciones sociales, se
advierte que en el problema jurídico fijado por el tribunal de primera instancia
y en las órdenes dadas en la parte resolutiva de la sentencia no se abordó la
naturaleza salarial del emolumento, por tanto, lo que procede en este caso
es abstenerse de resolver este punto específico por falta de correspondencia
entre lo fallado y lo manifestado como argumento de inconformidad.

32. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con el
reconocimiento de la bonificación por compensación, su base de liquidación,
la forma en que fue concedida, y la inviabilidad del reajuste por superar el
80% a igualar.

33. Pues bien, en relación con el derecho al reajuste de la remuneración, la Sala
comparte las consideraciones del tribunal de origen sobre la procedencia de
su reconocimiento, porque el actor, como procurador judicial II, es
beneficiario de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610
de 1998, cuyo objeto es equiparar su remuneración al ochenta por ciento (80
%) de lo que perciben anualmente los magistrados de las altas cortes.

34. Respecto al motivo de inconformidad relacionado con la exclusión de las
cesantías en la base de liquidación, conviene precisar que, de acuerdo con

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la jurisprudencia de esta corporación13, la bonificación por compensación se
fija como un porcentaje de lo que por todo concepto reciben los magistrados
de altas cortes, razón por la cual su cuantía depende de la base utilizada
para el cálculo de la prima especial de servicios reconocida a dichos
funcionarios. Dicha prima, a su vez, se liquida con fundamento en la
equiparación de la totalidad de los emolumentos percibidos por los
congresistas, dentro de los cuales las cesantías han sido reconocidas14 como
ingresos laborales anuales de carácter permanente, y, por tanto,
consideradas como factor de liquidación.

35. Ahora, la eventual superación del límite del 80 % de los ingresos de un
magistrado de alta corte como resultado de un reajuste, alegada por la
apelante con fundamento en una comparación entre prestaciones sociales,
no puede analizarse de manera aislada ni a partir de un solo rubro porque la
diferencia a reconocer requiere considerar la totalidad de los emolumentos
pagados a dichos funcionarios. Según lo previsto en el artículo 1.° del
Decreto 610 de 1998, la bonificación por compensación es aquella «que
sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales
actuales iguale al […] de los ingresos laborales que por todo concepto
devenguen los Magistrados […]», de modo que, para determinar el valor a
reconocer por este concepto, no puede efectuarse una comparación parcial.

36. Corresponde a la entidad demandada ajustar la remuneración del actor con
observancia del límite previsto, por lo que se adicionará el fallo apelado en
ese sentido conforme a lo previsto en el artículo 287 del CGP; además, se
confirmará la forma de reconocimiento establecida, toda vez que, es la misma
norma la que prevé realizar el pago de la bonificación de manera mensual,
sin que ello desconozca que el derecho se determina con base en lo
devengado anualmente por los magistrados de las altas cortes.

De la condena en costas en segunda instancia

37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

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38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público. Esto creó una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume. En ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

40. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso
de apelación en la medida en que se adicionará el fallo en algunos aspectos
a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva.

Segundo. ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, de la
siguiente manera:

La demandada deberá atender el límite porcentual impuesto por el legislador
anualmente, por lo que deberá verificar que, efectuada la liquidación, no se
supere el tope del 80%, de lo que por todo concepto perciben los magistrados
de alta corte.

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veinticinco (25)
de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-42-000-2012-00343-02 (4477-2019)

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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